Este documento presenta los hallazgos de estudios sobre las causas económicas, sociales y culturales de la violencia en cuatro ciudades mexicanas. Entre los principales hallazgos se encuentran: 1) El crecimiento urbano anárquico ha generado desigualdad y presiones; 2) Hay segregación y desigualdad en el acceso a servicios como educación y salud; 3) Los servicios públicos son insuficientes y de baja calidad para las poblaciones de bajos ingresos.

1. Algunas conclusiones de los estudios sobre las causas económicas
sociales y culturales de la violencia social en cuatro ciudades.
Incide Social, A.C.
Agosto 2012
La investigación promovidas y apoyadas por INCIDE Social A.C. en varias
ciudades y municipios se fundamenta en las siguientes hipótesis
a. Que los procesos de modernización e individuación afectan y son
afectados por transformaciones que están ocurriendo en los agentes
de socialización de los seres humanos, fundamentalmente las
familias, las escuelas, los grupos de pares, (incluyendo los
ámbitos del trabajo) y los medios de comunicación. Es decir, hay
cambios en la forma de construcción y desarrollo de los seres
humanos.
b. Que esos procesos también afectan y se ven afectados por las
transformaciones en los procesos de construcción de identidades
colectivas y solidaridades sociales. Es decir, hay cambios en la
forma de construir comunidad.
c. Que en el caso mexicano esas transformaciones en las formas y
procesos de construir seres humanos y comunidad han destruidos
los mecanismos de contención individual y social que permitieron
un cierto orden social.
d. Que la desigualdad, la impunidad generalizada, el estancamiento
económico y el desmantelamiento del Estado han impedido la
construcción de un nuevo orden social que teniendo en cuenta la
creciente complejidad y diferenciación social establezca normas de
convivencia en donde las reglas del juego sean iguales para todos y
todas.
e. Que por lo anterior las violencias son construcciones económicas,
sociales, culturales e inclusive, políticas
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2. f. Que existen factores precursores, de riesgo y detonadores que al
ser reconocidos es posible actuar sobre ellos mediante intervenciones
sociales y políticas públicas de prevención social oportunas,
relevantes, pertinentes y articuladas.
g. Que asimismo existen en la sociedad factores de contención que
operan para evitar que el conflicto devenga en violencia y daño y que
impulsando, apoyando y extendiendo esos factores es posible
prevenir, mitigar o revertir situaciones de violencia.
El propósito de los ejercicios diagnósticos que promueve INCIDE Social es
prevenir, evitar, reducir, mitigar y revertir mediante herramientas sociales,
económicas y culturales, los daños en vidas, integridad y bienestar humano
que derivan de las violencias social y de género.
El estudio realiza una revisión de la relación que guardan las violencias
con los procesos y situaciones que se observan en el territorio estudiado en
los campos del desarrollo urbano, demográfico y de la vivienda; la
evolución del capital social y las transformaciones de las familias; las
oportunidades del empleo y los ingresos de las personas y las familias; la
disponibilidad y acceso a diversos servicios sociales como educación,
salud, recreación, cultura y deporte; los patrones y prácticas de
discriminación, el papel que juegan los medios de comunicación, la cultura
de la legalidad que prevalece y la disponibilidad y eficacia de las
instituciones de seguridad y acceso a la justicia. Asimismo se alienta a
investigar la forma como las violencias están afectando y se manifiestan en
la evolución de los ámbitos estudiados. Por ejemplo: la violencia
doméstica, el bullyng, los ataques a los medios de comunicación, entre
otros.
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3. INICIDE Social ha procurado y postulado que las investigaciones deben
ser realizadas por equipos locales de investigadores, vinculados a centros
académicos de investigación y docencia con miras a ir introduciendo la
perspectiva de violencias en los trabajos de las distintas disciplinas.
Por la naturaleza de los fondos públicos que se han dispuesto para realizar
estos ejercicios diagnósticos se ha contado con plazos muy cortos para su
realización. Los equipos de investigación verifican en un periodo menor a
un año, las hipótesis sobre la relación entre las violencias y los factores
económicos, sociales y culturales subyacentes, mediante la revisión
bibliográfica y hemerográfica y la realización de entrevistas a informantes
clave y de grupos focales.
Algunos de los principales hallazgos se sintetizan a continuación.
1.- Por cuanto al crecimiento urbano y la desigualdad
1.1.- En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido en
forma anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo
que determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus
habitantes. Bajo la presión de migraciones campo-ciudad e interurbanas
que se acentuaron a partir de 1980 en la búsqueda de oportunidades de
ingreso y empleo de la población y frente a la liberación del mercado de
tierras con las modificaciones al artículo 27 constitucional de 1992, las
ciudades se han extendido en forma horizontal siguiendo un modelo
extensivo y disperso ampliándose muy rápidamente el territorio urbano con
poca densidad de construcciones. La mayor presión demográfica la han
experimentado las ciudades de frontera y las de desarrollo turístico.
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4. 1.2.- La falta de planeación y regulación del desarrollo urbano, la
práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la
gestión urbana han provocado
• Desarrollos suburbanos aislados (formales e informales) y carentes de
calidad urbanística;
• Insuficiencia y rezagos sostenidos en materia de redes de agua, de
energía, drenaje, alumbrado, , servicios comerciales y sociales y de
seguridad, pavimentación y vialidades de acceso
• La instalación de viviendas precarias en terrenos de alto riesgo o de
reserva ecológica y recarga de acuíferos;
• Lotes baldíos salpicados por diversas zonas del área urbana que
obedecen a estrategias de especulación de sus dueños y generan serios
riesgos para los pobladores
• Alianzas entre empresas inmobiliarias y funcionarios públicos en donde
la inversión del estado contribuye al desorden y a la especulación
urbana.
• La separación en las ciudades entre zonas de trabajo, zonas de servicios
y zonas de vivienda que complican los traslados y afectan la seguridad
• La ausencia e insuficiencia de servicios sociales y la creciente
deslocalización de los existentes respecto de los nuevos desarrollos de
vivienda.
• Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso del automóvil y
genera aumento de accidentes y muerte de personas.
• La insuficiencia y saturación de vialidades y el desorden en el tráfico
urbano
• La insuficiencia, mala calidad, alto costo y concentración en la
propiedad del transporte público urbano. Modelo de gestión que
promueve la irresponsabilidad de los operadores de los vehículos.
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5. • Un abuso de los recursos hídricos disponibles en el territorio
circundante
• Serios problemas en la calidad del agua, el aire y la energía eléctrica
provocados por la distribución espacial de las empresas e industrias.
• El aumento de fenómenos naturales como sismos, ciclones y tormentas
tropicales que se convierten en desastres naturales de gran impacto por
la aglomeración urbana y que afectan de manera desigual a los
pobladores de bajos ingresos.
Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los
riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios
fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto;
congestionamiento vial; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la
población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la
violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y
familiar; la destrucción del medio ambiente, el aumento en la insuficiencia
y desigual distribución del abasto de agua y la distribución desigual de los
costos en vidas y bienes de los desastres naturales. Aumento en el número
y daño de los accidentes viales.
1.3.- Numerosos desarrollos inmobiliarios en los últimos quince años
con viviendas muy pequeñas, ausencia de espacios y servicios públicos
y comerciales y alejados de la ciudad, que aumentan la conflictividad
doméstica y comunitaria. El retiro del Estado como promotor y
constructor de viviendas; la disminución de una política de construcción
social de viviendas y la privatización de los desarrollos inmobiliarios con
apoyos públicos, han determinado el sacrificio de la calidad y el tamaño de
las viviendas y de los desarrollos mismos, por la cantidad de unidades
construidas. Los recientes desarrollos inmobiliarios se han convertido en
terrenos propicios para el cultivo de la violencia en todo el país. No es
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6. posible llevar una vida en familia armónica en viviendas tan pequeñas y sin
espacios públicos suficientes. Los jóvenes tienden a buscar espacios para
encontrarse y algunos toman las calles, los parques, los camellones, etc.
Además al estar muchos de los nuevos desarrollos inmobiliarios alejados
de la ciudad y de los centros de trabajo, el transporte hacia ellos resulta
costoso y riesgoso pues en varios casos las personas tienen que caminar por
parajes deshabitados, con mayores riesgos para las mujeres. Esa lejanía
provoca asimismo, que muchos compradores nunca ocupen sus casas, o
que en su momento las abandonen, lo que conlleva a la creciente presencia
de viviendas abandonadas y “canibalizadas” que con frecuencia sirven
como guarida de delincuentes y de actividades ilícitas.
1.4.- La concentración de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en
territorios urbanos contiguos. Los pobladores de altos ingresos con los de
bajos ingresos conviven y se encuentran cotidianamente en la ciudad, aún
cuando sea sólo en las calles o como consumidores y trabajadores de
diversos servicios. Lo mismo ocurre con los grupos proveniente de etnias
distintas que viven en zonas específicas de las ciudades.
Las ciudades se han segregado o “ghettizado” ampliándose cada día
nuevas modalidades de encerramiento y protección amurallada de las
viviendas de los habitantes de altos ingresos que en ocasiones están
rodeadas de zonas de bajos ingresos.
A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma
una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos
étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la
mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejadas de los servicios y
equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las
mayores víctimas de estos confinamientos.
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7. La conducta violenta, prepotente y desconsiderada de muchas personas de
altos ingresos y de sus trabajadores al circular por las calles o al acudir a
servicios y comercios públicos que muestran patrones y prácticas
discriminatorias, agudizan el conflicto.
Estas conductas y la segregación espacial generan resentimiento y malestar,
debilitan la posibilidad de diálogo entre grupos diversos, impiden la
convivencia y la creación de tejido y cohesión social. Se constituyen en un
factor de riesgo de enfrentamiento social ante eventos detonadores como
catástrofes naturales, actos delincuenciales o crisis de abasto.
1.5.- La segregación y desigualdad en el acceso a servicios urbanos
(alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.),
educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y
acceso a la justicia. A la segregación espacial se suma una segregación en
el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios
públicos entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría
sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala
calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios
urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de
ingresos medios y altos. Los estratos populares obreros y de clase media
baja, acuden a servicios proporcionados por el sector público como
educación y salud, saturados y crecientemente deteriorados, en tanto que
los estratos medios y altos utilizan servicios ofrecidos por el mercado, no
necesariamente de mejor calidad, pero menos saturados. Incluso se constata
la existencia de políticas que dan preferencia a las zonas de ingresos
medios y altos en el despliegue de servicios públicos de protección y
seguridad, abandonando la atención de las colonias marginadas, populares
y de clases medias bajas.
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8. 2.- De la calidad y disponibilidad de servicios públicos
2.1.- La falta de actualización y pertinencia de los servicios públicos
sociales, de seguridad y de acceso a la justicia, respecto de las
necesidades y realidades de la diversidad de la población que se
concentra en las ciudades. Hay un grave déficit en la disponibilidad de
servicios públicos para la atención de la salud. En general, hay problemas
de suficiencia de servicios y de calidad en la atención. En particular, el
crecimiento de la infraestructura no es proporcional al aumento progresivo
de la población no derechohabiente y la derechohabiente enfrenta servicios
precarizados e ineficientes.
Son crecientes los requerimientos no atendidos de hombres y mujeres, de
personas pertenecientes a diversos grupos sociales, de edad, de condición
de discapacidad, de orientación sexual, de origen cultural y de condiciones
de exclusión y discriminación lo que determina que aspectos fundamentales
para la convivencia y el desarrollo armónico de las personas, las familias y
las comunidades no se atiendan o recaigan fuertemente en las familias. Se
trata a manera de ejemplos, de ausencia de suficientes espacios,
infraestructura y servicios para la juventud, los adultos mayores y las
personas con discapacidad; de servicios para la atención de problemáticas
de salud mental comunitaria, de atención a la violencia familiar; de
programas para la inserción de migrantes y poblaciones indígenas a la vida
urbana, de orientación para el empleo y la capacitación, entre otros.
La reducida capacidad de las familias para enfrentar las nuevas
problemáticas psico-afectivas y los nuevos riesgos derivados de la
modernidad, las transformaciones demográficas y de la vida urbana,
acrecientan las tensiones y hacen que se detonen conflictos que escalan en
conductas violentas y destructivas. Pese a que parece reconocerse la
creciente aparición de trastornos mentales en la población de las ciudades,
los esfuerzos para dar servicios psiquiátricos y psicológicos son aislados y
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9. de difícil acceso para las poblaciones de ingresos medios y bajos. Ya no
basta por ejemplo, contar con servicios de salud en general sino que se
requiere de servicios de salud física y mental específicos para los jóvenes,
para las mujeres, para los adultos mayores o para las personas con
discapacidad. Existe una escaza capacidad, estratégica y de infraestructura,
para atender las necesidades de salud mental de la población, acrecentadas
por el mayor temor y miedo de los habitantes frente a la violencia y por
aumento de víctimas directas e indirectas de la violencia. Este es un tema
que afecta a las mujeres y a los niños que sufren traumas diversos ante la
pérdida por desaparición o muerte de sus campañeros, padres y hermanos.
Ya no es suficiente el desarrollo de estancias infantiles sino que es
necesario crear también facilidades para la atención de adultos mayores y
de personas con discapacidad, o para atender al número creciente de
indigentes en las ciudades.
Los servicios de seguridad pública y de acceso a la justicia tienen que
reconocer la existencia y desarrollar capacidades para la atención de
nuevos delitos que no sólo afectan la propiedad de las personas sino su
vida, su libertad y su salud como son la trata y el tráfico de personas, la
extorsión , el secuestro, el lenocinio, la pornografía, la explotación y abuso
infantil, etc.
2.2.- Desconfianza de los ciudadanos por ineficiencia y corrupción en
los aparatos de seguridad en las ciudades. La ciudadanía no confía en
los cuerpos policíacos. El porcentaje de delitos que no se castiga es muy
alto. La mayoría de los delitos no llega al conocimiento de las autoridades
porque no se denuncia y, no se denuncia, porque los cuerpos policíacos y
los ministerios públicos no inspiran confianza. La otra parte de los delitos,
los que sí se denuncian o se persiguen por oficio, tampoco se castigan
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10. porque la policía y los Ministerios Públicos son ineficientes y corruptos. El
círculo de la impunidad refleja una situación de hecho provocada por la
ineficiencia de las corporaciones policíacas que no captura a los
delincuentes, el Ministerio Público no integra adecuadamente las
averiguaciones previas pues su personal es insuficiente para atender la
demanda social y deja libre a los delincuentes, en tanto que el sistema
carcelario no readapta a los delincuentes y se encuentra saturado y
ampliamente rebasado, principalmente con jóvenes de los sectores pobres,
primodelincuentes y por delitos menores.
Los aparatos encargados de la seguridad fallan en su responsabilidad por
ineficiencia atribuida a la corrupción, mala coordinación interinstitucional,
problemas en su organización interna e incluso mal diseño constitucional
que provoca confusión conceptual de sus funciones. A ello se suma, la falta
de recursos materiales y personal poco calificado, desequilibrio en la tasa
de cobertura, deficientes ingresos y prestaciones sociales, procesos de
reclutamiento y selección inadecuados así como bajos niveles de
profesionalización y formación. En síntesis, hay una ausencia de carrera
policial real.
3. La crisis económica y el acceso a empleo e ingresos
3.1.- La crisis económica y de empleo y la violencia están
determinando que en algunas ciudades en la frontera norte como
Ciudad Juárez se esté experimentando una reducción de la población
total y el abandono de viviendas. A raíz de la crisis económica en curso y
de la violencia hacia las empresas de todo tamaño como la extorsión, el
cobro de piso y el secuestro, ocurre una pérdida importante de empleos y
de fuentes de ingreso legales lo que impulsa a las familias y a las personas
a emigrar, a retornar a sus lugares de origen o a involucrarse en actividades
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11. ilegales para sobrevivir. En Ciudad Juárez se detecta empobrecimiento e
incluso hambre entre las familias. Las familias de ingresos medios y altos
que pueden hacerlo cambian su residencia a las ciudades colindantes de
Estados Unidos (El Paso, Chulavista) La mayor parte de población que ha
llegado a las ciudades de la frontera norte en los últimos años en busca de
empleo o que esperan migrar hacia los Estados Unidos de América, se
encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, porque sus posibilidades
de éxito se han reducido sustantivamente y son ahora sujetos de extorsiones
y abuso para el cruce de la frontera.
3.2.- La violencia en las relaciones de trabajo. En las industrias
maquiladoras y de exportación los criterios de competencia y reducción de
costos rigen las relaciones entre los agentes que intervienen en la
producción. Los trabajadores se convierten así en insumos para la
producción y pierden su calidad de seres humanos que tienen vidas
personales y familiares. Su régimen de contratación, horarios,
remuneraciones, incentivos e intensidad del trabajo se rigen por las
necesidades del mercado y poco consideran las regulaciones laborales.
Los trabajadores acaban siendo tratados como una mercancía que es
buscada por los compradores de acuerdo a las necesidades de la
producción: si son mejores las mujeres para cierto tipo de industrias, los
enganchadores salen a la búsqueda de mujeres para su contratación; si son
hombres jóvenes sólo contratan a este tipo de trabajadores y desechan a los
hombres mayores de 40 años. Si hay una fuerte demanda de productos por
el mercado, los enganchadores salen a diversas regiones en búsqueda de
trabajadores que llevan a las ciudades a ser expuestos como mercancías
para los posibles compradores. Si hay una reducción de la demanda de
productos se procede a despedir trabajadores, se hacen paros técnicos, se
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12. modifican las jornadas y horarios de trabajo, etc. Se aprovecha para
despedir a trabajadores con mayor antigüedad y derechos.
Las relaciones son sumamente flexibles de acuerdo a los requerimientos del
mercado. Así, la vida de las personas y la organización de las familias pasa
a tener una dependencia total de lo que ocurre en el mercado de productos;
las personas pierden el control sobre sus tiempos y la posibilidad de decidir
sobre su vida personal y familiar. Las bajas remuneraciones conllevan a la
inserción de un mayor número de miembros de los grupos familiares en el
trabajo y en actividades generadores de ingreso en detrimento de los
tiempos destinados al cuidado y a la educación.
En algunas ramas de actividad económica, particularmente las de mayor
capacidad exportadora, se facilita aún más el ejercicio de la violencia
contra los trabajadores. En estas ramas se agudizan fenómenos como
restricciones para impide una auténtica sindicalización, generación
recurrente de contratos de 28 días de trabajo por dos de descanso con
trabajadores de hasta nueve años de antigüedad, se concentran las
contrataciones bajo esquemas de outsourcing y se generan procesos de
discriminación laboral diversos, especialmente por motivos de edad y sexo.
Prevalecen las pruebas de embarazo, no solo en la industria maquiladora,
sino también en la administración pública municipal.
La flexibilidad, la inseguridad, la pérdida de libertad, la ausencia de
conciliación entre trabajo y familia y condiciones precarias de trabajo en
actividades formales de exportación, subyacen como un importante factor
precursor de la violencia social en las ciudades maquiladoras.
3.3.- Desaparición del modelo familia-escuela-trabajo-seguridad social-
familia que acompañó el desarrollo del país hasta los años ochenta. La
evolución económica y social del país ha aumentado las dificultades para
las poblaciones juveniles de seguir una trayectoria de vida que les asegure
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13. un nivel de bienestar y una vida decente por largos años, por lo que muchos
optan por vivir bien, poco tiempo, aun cuando tengan que realizar
actividades de alto riesgo. Los jóvenes optan por migrar, insertarse en
actividades informales, muchas veces ilegales o a aceptar actividades
dentro del crimen organizado. Para las nuevas generaciones ya no se
concreta la trayectoria social de obtener un certificado educativo, para
ingresar a trabajar en actividades formales, obtener con ello la protección
de la seguridad social y formar una familia.
Desde hace varias décadas excepto en las ciudades fronterizas y turísticas
antes de la crisis actual, la oferta de empleo en actividades formales no ha
crecido en consonancia con la presión de los jóvenes que entran al mercado
de trabajo. Incluso la precarización de las ocupaciones en el sector formal
constituyen un elemento de desaliento para ocuparse en ellas.
En las ciudades de frontera la existencia de mercados de trabajos abiertos e
inclusivos para el sector de baja calificación pero bastante limitados para el
sector calificado, tienen repercusiones en las actividades de los jóvenes:
proporcionalmente los jóvenes trabajan más y estudian menos que en las
otras ciudades mexicanas. En este sentido, no existen incentivos fuertes
para seguir estudiando, porque no se dan muchas oportunidades para los
trabajadores más calificados y aún las retribuciones en ese mercado son
insuficientes.
Paulatinamente la cultura del trabajo y de la educación en el imaginario
juvenil se ha venido sustituyendo por la cultura del pasarla bien y de la
obtención de dinero e identidad incorporándose a actividades
delincuenciales. No se piensa en el futuro, la flexibilidad, la incertidumbre
y la volatilidad rigen sus vidas. La cultura de consumo “narco” se vuelve
una forma de pertenencia al colectivo: objetos de marca, relojes lujosos,
cirugías plásticas, formas de tratar a las mujeres, etc.
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14. 4.- Las familias y los grupos de población
4.1.-La estructura y organización de las familias también como
construcciones que derivan de la realidad social, económica y cultural
de los entornos, se están modificando de manera notable.
Se está reduciendo la presencia de familias nucleares –padre, madre e
hijos- están creciendo los hogares en los cuales está ausente alguno de los
padres; o aquéllos conformados por la unión de parejas cada uno con su
correspondiente prole. Así mismo, se observa la mayor presencia de
hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven
solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo
en un mismo hogar. Se verifica un aumento de las uniones libres. Lo
anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los
mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de
saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y
cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias
que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los
roles de género y en las relaciones intergeneracionales.
La dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de
obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones
familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población
trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de
protección y atención a los menores, y la transmisión de saberes, valores y
conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con
consecuencias negativas para la formación de los seres humanos
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15. 4.2.- Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres asumen
mayores cargas de trabajo y aparecen cada vez más, como el pilar de
las familias. En un contexto de familias en transformación y de crecientes
dificultades para acceder al empleo y al ingreso, las mujeres toman cada día
más responsabilidades aún las de tipo económico y de sostenimiento de los
grupos familiares, en comparación con los varones,. Esta situación las
coloca con tal nivel de demanda y presión que viven estresadas, cansadas y
con frecuencia, deprimidas, enojadas y frustradas.
4.3.- Vulnerabilidad, exclusión y criminalización de los jóvenes. Buena
parte de la población joven que reside en las ciudades está viviendo una
situación de desinterés por la vida y por la superación, como producto del
abandono del que han sido objeto por parte de la población adulta: sus
padres, que han tenido que laborar en condiciones poco ventajosas para las
familias, otros adultos con funciones educadoras como son los maestros,
los sacerdotes y pastores y los gobiernos, que han privilegiado el
desarrollo económico y desatendido el social. Los jóvenes en general, y
varios grupos de éstos en particular son discriminados, abusados,
malttartados y criminalizados por las fuerzas de seguridad y sufren una
persecución constante por sus propuestas diversas (skatos, cholos, emos,
grafiteros, etc.). Enfrentan además la ausencia de políticas urbanas
juveniles que los consideren y los escuchen y que les resulten relevantes
ante sus realidades concretas..
4.4.- La pérdida de valor e interés por la educación formal
Existen mayores dificultades para que los jóvenes permanezcan en la
escuela, pues la deserción crece conforme se desarrolla la trayectoria
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16. educativa. Hay un problema manifiesto de falta de pertinencia y relevancia
de la educación en secundaria y el bachillerato respecto de la vida actual y
futura de la juventud urbana. Los jóvenes parecen mostrar un desencanto
con la escuela y han dejado de verla como un camino a seguir para
encontrar oportunidades de trabajo e ingreso estables.
La creación de nueva infraestructura educativa no responde a procesos de
presión como la transición demográfica y al aumento de los años promedio
de escolaridad. La insuficiencia de disponibilidad de escuelas aumenta en
las ciudades conforme crece el nivel educativo. Situación que se agudiza en
el bachillerato.
Muchos maestros son poco considerados y tienen miedo, evaden una
posible función de asesoría en asuntos en los que están involucradas
actitudes y emociones de los estudiantes. Tampoco son asumidos como un
ejemplo de moralidad, pues los jóvenes no consideran que su discurso, por
ejemplo en la cuestión de la formación en valores, sea congruente con
actitudes de presión, amenaza, chantaje o doble moral que ven y sufren de
parte de ellos. Lo que pretenden enseñar no es congruente con sus
conductas personales.
5.- La cultura en las relaciones sociales
5.1.- Existe un desarrollo precario y desigual en el territorio de capital
social y de participación ciudadana y una presencia de capital social
negativo vinculado al crimen organizado. Las autoridades federales,
estatales y municipales no se han preocupado por incentivar la formación
de organizaciones ciudadanas y por promover y convocar a la participación
social. Se registra un número reducido relativamente de organizaciones
civiles en las ciudades estudiadas, con excepción de algunas ciudades como
Juárez y Tijuana. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones
sociales que trabajan a favor de la comunidad limitan sus tareas a
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17. propósitos específicos –religiosos, asistenciales, deportivos, etc.- y no
hacen por coordinarse con otras en la construcción de un tejido social que
pueda tener peso en la toma de decisiones. Es decir, las ciudades no
cuentan con capital social suficiente como para revertir el deterioro de las
relaciones sociales que se observa. Y en el caso de las que si lo tienen, no
existe suficiente coordinación entre las organizaciones que permita
acciones de mayor impacto.
Las redes del crimen organizado generan un capital social negativo
ofreciendo protección, empleo e ingresos a las personas, familias y
comunidades que colaboran con ellos en las colonias de las urbes.
5.2.- Imposición de visiones y valores conservadores, de cultura de la
ilegalidad y de modelos aspiracionales de consumo por las élites
económicas, religiosas y políticas. En varias de las ciudades estudiadas
predomina la imposición de normas, valores y conductas conservadoras
(macho, mocho y criollo en Guadalajara; la casta divina y blanca en
Mérida) que determinan situaciones y prácticas de intolerancia,
discriminación, exclusión e incluso criminalización, de todas aquellas
personas y grupos de población que no se ajustan al modelo que pretenden
imponer. Las instituciones y los cuerpos de seguridad asumen esos modelos
y criminalizan a aquellas personas que no se apegan a los mismos. Es la
utilización de la fuerza del Estado acorde a preconcepciones de tipo
cultural y de moral privada impuestas por las élites urbanas.
Los grupos que sufren el autoritarismo, la rigidez y la violencia que
conllevan las visiones culturales conservadoras son las mujeres, los
jóvenes en sus diversas expresiones, los indígenas, las poblaciones
LGBTTTI y los migrantes. La discriminación socioeconómica se
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18. manifiesta fuertemente en algunas zonas y teritorios. Con ello se genera
una fuerte tensión e incluso, confrontación y conflicto, entre la
preservación de valores tradicionales y conservadores y las
transformaciones que se experimentan en las sociedades urbanas abiertas y
expuestas a los mercados mundiales de consumo de productos culturales.
Así mismo, la cultura de la legalidad en algunas ciudades estudiadas se ha
venido construyendo a través de las trasgresiones históricas a la legalidad
que se han ido aceptando y que no han mostrado consecuencias para quien
las realizan por la ausencia del Estado de Derecho y el precario desarrollo
de instituciones del Estado. Así, las ciudades de frontera fueron creciendo a
través de la instalación de actividades y la oferta de servicios que estaban
prohibidos o eran ilegales en Estados Unidos; en otros casos, ciertas
actividades ilegales se contemplan y justifican como opciones de atracción
turística y de generación de ingresos para los gobiernos municipales, como
los juegos de azar y los casinos por ejemplo, en torno a la feria de San
Marcos, en Aguascalientes. La riqueza de algunas familias de las élites
urbanas provienen de ese tipo de actividades, o bien de la especulación con
la tierra que es otra forma de trasgresión, de negocios donde se soslayan los
marcos legales como el contrabando y la venta de mercancías y productos
pirata o que se obtienen mediante la corrupción y el control de servidores
públicos o de posiciones del sector gobierno como son las aduanas o las
notarías. La práctica de la ilegalidad de integrantes de los sectores de altos
ingresos y de la clase política, sin consecuencias y con evidente éxito y
prosperidad personal y familiar, genera también un modelo de patrón de
conducta para la población.
En el mismo sentido, los patrones de consumo de productos y servicios son
impuestos por las élites urbanas vinculadas a los mercados internacionales,
convirtiéndolos fundamentalmente mediante su exhibición en los medios
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19. de comunicación, en modelos aspiracionales para las poblaciones de
ingresos medios y bajos y principalmente, para las poblaciones jóvenes.
Lograr una cierta apariencia y poseer bienes lujosos o emblemáticos del
poder, se convierten de este modo en factores precursores de conductas
violentas.
La naturalización de la cultura de los narcotraficantes que encuentran
semejanzas con la de las élites urbanas, contribuye también a la
reproducción de este modelo cultural materialista y subordinador.
5.3.-Creciente utilización de la nota roja en los medios de
comunicación para ampliar sus audiencias y sus ganancias. Los medios
de comunicación han encontrado en la nota policíaca una forma de
incrementar su audiencia, destinándole cada vez mayor espacio y
haciéndola cada vez más sensacionalista y amarillista. El manejo de los
medios de estas noticias si bien se corresponden con un aumento de la
violencia criminal, trivializa otros tipos violencias como la de género.
Además contribuye a naturalizar la violencia al asumirse ésta como parte
de la vida cotidiana y a aumentar el miedo e inseguridad en la población.
La concentración de los medios de comunicación en pocas manos, aún al
nivel de los estados y las ciudades frente a una institucionalidad del Estado
debilitada, dificultad cualquier tipo de control sobre extensión, contenido y
forma de presentación de la nota roja.
También es cierto que la comunidad de periodistas y comunicadores es una
de las que más ha visto afectada su libertad de expresión por la vía de las
amenazas, las desapariciones forzadas, el secuestro y los asesinatos,
situación que también ha incidido en la forma y profundidad de la
información sobre actos violentos y de corrupción..
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20. Algunas propuestas de orden general
Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento
territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada
mediante consejos de planeación urbana participativa. Es urgente una
reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los
gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría,
transparencia, rendición de cuentas y contraloría social.
La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades
densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y
expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los
gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos
municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su
estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores
públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y
colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y
áreas metropolitanas. Resulta inviable continuar presuponiendo que
gobiernos municipales débiles y desarticulados van a ser capaces de
conducir la vida de urbes crecientemente complejas y diversificadas que
superan el millón de personas.
En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e
imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos
desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y
programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano.
La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La
redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los
terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de
espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el
desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para
el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y
20

21. la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad
y del tejido social urbano.
La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una
política social urbana con participación comunitaria que establezca,
desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia
psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario
lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de
las ciudades de acuerdo con las características y problemáticas
específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar
ciudadanía y generar cohesión social.
Para ello es necesario desarrollar y recuperar la infraestructura social,
revisar y actualizar los modelos de atención en salud, educación, cultura,
recreación y deporte; formar profesionistas y promotores capacitados
en la gestión de nuevos y pertinentes servicios y fortalecer la
institucionalidad que garantice la operación de los nuevos servicios con
eficiencia, sustentabilidad y permanentemente actualización respecto de las
transformaciones demográficas, familiares y comunitarias. Hay muy
diversas y creativas opciones para la recuperación de espacios públicos y
para la utilización de herramientas culturales, de recreación y deportivas
con el propósito de recuperar tejido social, generar solidaridad y cohesión
social y promover una cultura de paz, sobre todo entre los jóvenes y la
infancia.
Dada la situación de crisis y de catástrofe humana en que se han convertido
algunas ciudades, como es el caso emblemático de Ciudad Juárez, es
necesario que se contemplen un fondo para programas de emergencia
social que incluyan acciones de atención y mitigación de daños de carácter
inmediato para enfrentar situaciones de empobrecimiento, hambre,
desplazamientos, enfermedades, orfandad, discapacidades por armas de
21

22. fuego y ausencia de empleo e ingresos. Son acciones como el
establecimiento de comedores comunitarios, de cocinas populares,
dispensarios y consultorios médicos, asignaciones familiares a las familias
de víctimas de la violencia, atención psicológica a mujeres, infancia y
juventud y de creación de empleos temporales.
Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus
opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y
comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas
opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de
conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida
personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado
en la construcción de seres humanos.
La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser
apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y
redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas
y privadas. El desarrollo de empresas de proximidad destinadas a
proporcionar servicios a seres humanos en condiciones de vulnerabilidad o
discriminación como es el cuidado y atención de adultos mayores, de
personas con discapacidad, a población migrante y a grupos indígenas;
servicios de vigilancia y seguridad comunitaria o promoción de actividades
culturales y recreativas, pueden constituirse en una opción de empleo y
desarrollo para muchos jóvenes.
El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la
diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la
existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben
fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo,
conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en
familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel
fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.
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23. Parecería impostergable desarrollar una estrategia y programas para y
con las poblaciones juveniles urbanas. No es posible aceptar y continuar
con programas de limpieza social que criminalizan y destruyen a los
jóvenes, ni con estructuras culturales, sociales y económicas que los
empujan a la exclusión, a la marginación y a la delincuencia o al suicidio y
la autodestrucción. La construcción de referentes positivos, de un sentido
de futuro y de vida que se constituyan en opciones para los modelos
aspiracionales actuales de muchos jóvenes basados en la inmediatez y la
cultura delincuencial, es una tarea urgente para la viabilidad del país.
La reestructuración y depuración de los cuerpos de seguridad y de
justicia es un requisito para recuperar la confianza de la ciudadanía en la
institucionalidad pública y para abatir los índices de criminalidad y
delincuencia que agobian a las ciudades.
Finalmente, es tarea de todos los habitantes de las ciudades participar y
desarrollar las organizaciones civiles y sociales y sus articulaciones que
contribuyan a una participación más comprometida con el desarrollo
saludable y democrático de los espacios urbanos. Las autoridades y los
partidos políticos tienen la obligación de desarrollar políticas públicas para
generar un ambiente más propicio para el desarrollo de la
participación y organización ciudadana y la formación de redes.
Desde la mirada de las intervenciones de tipo social, cultural y económico
para enfrentar las situaciones de violencia o la expansión de éstas se
requieren tres tipos de programas: El desarrollo de programas de
prevención social para las ciudades y municipios que aún no son afectadas
gravemente por las violencias; programas de mitigación en territorios
donde el surgimiento de las violencias es incipiente y programas de
recuperación donde las violencias son extremas y las intervenciones
sociales deben ser protegidas con la presencia de los cuerpos de seguridad.
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24. Sin embargo, el problema más estructural que encuentra sus
manifestaciones más conflictivas en las ciudades es la desigualdad
económica y social que caracteriza a la sociedad mexicana. En el origen de
muchos de los factores que son precursores y detonadores de violencia
social urbana, la desigualdad juega un rol central y requiere ser enfrentada
si se quiere tener una sociedad viable. Los países que han sido más exitosos
para reducir las desigualdades son aquellos que han fundamentado su
desarrollo en el reconocimiento de los derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y culturales de sus poblaciones. Logran generar
identidades colectivas y solidaridades sociales y desarrollan relaciones de
confianza y compromiso cívico. Los Estados organizados bajo regïmenes
que privilegia el respeto a los derechos humanos construyen ciudadanía
social, política y económica y consolidan la cohesión social y la
democracia y se encuentran en los niveles más altos de desarrollo humano.
Mientras las élites económicas, sociales y culturales no asuman que sus
conductas displicentes, discriminadoras y excluyentes, así como la
prevalencia de la desigualdad social que sustenta sus niveles de riqueza y
la impunidad de la que gozan son causa eficiente de las violencias que vive
la sociedad mexicana será muy difícil revertir la situación y evitar que es
violencia se convierta en una situación crónica.
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