El documento propone una reforma de la administración local en España que incluya: 1) La fusión de municipios para garantizar su viabilidad y ahorrar miles de millones anualmente; 2) Atribuir competencias a los municipios y delimitar claramente las competencias de cada nivel administrativo; 3) Eliminar las diputaciones provinciales para destinar sus recursos a políticas contra la crisis.

1. PROPOSICIÓN
GRUPO MUNICIPAL DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
SOBRE LA REFORMA LOCAL EN NUESTRO PAÍS
La medida de hasta qué punto España necesita una regeneración urgente de su democracia la da el
hecho de que decir hoy que las administraciones públicas son herramientas al servicio de los ciudadanos
y no fines en sí mismas es un acto casi revolucionario. Tres décadas de hegemonía nacionalista (dentro y
fuera de las CCAA) han conseguido que cualquier crítica al funcionamiento de una administración se
entienda como un ataque a la sagrada identidad de un grupo localizado territorialmente. Hasta tal punto
ha llegado la intoxicación que muchas de las iniciativas que Unión Progreso y Democracia presenta en
las instituciones son rechazadas por los grupos acudiendo a este tipo de excusas identitarias, o a
inexistentes problemas competenciales, aunque sean incapaces de contradecir el fondo de la cuestión.
Esta visión identitaria de las administraciones comenzó aplicándose sobre todo a las comunidades
autónomas, pero se fue extendiendo con rapidez al ámbito local. Esto resulta todavía más chocante, ya
que si algo caracteriza a la gestión municipal es que casi siempre tiene por objeto cuestiones
relativamente 'desideologizadas'. Los conflictos suelen surgir por cuestiones técnicas y procedimentales,
no tanto por grandes diferencias políticas. Sin embargo, el discurso identitario también ha calado en los
municipios de España, o al menos entre los concejales y alcaldes de los partidos tradicionales. Y el mejor
ejemplo es su oposición a la fusión de municipios.
España es uno de los pocos países europeos que no ha fusionado ayuntamientos después de la II Guerra
Mundial. Nuestro modelo procede de las Cortes de Cádiz. Hace 200 años podía tener su sentido, pero
algo ha cambiado nuestro país y el mundo en general desde entonces: no sólo es que se hayan
producido adelantos tecnológicos que han revolucionado el transporte y las comunicaciones; es que,
además, se ha desarrollado la democracia y el Estado de Bienestar. A los ayuntamientos les corresponde
aplicar políticas sociales muy importantes, y esta debería ser la prioridad. Lo que justifica el Estado social
y de derecho (así se constituyó España en 1978) es la igualdad esencial de todos los ciudadanos. Las
identidades locales, por respetables que sean, no deberían poner en cuestión este principio. A un
ayuntamiento habrá que juzgarlo por su contribución a la igualdad y al bienestar de los ciudadanos, y no
por la protección (que normalmente es apropiación) que haga de ciertos sentimientos privados.
La fusión de municipios permitiría suprimir las diputaciones, ahorrar más de 15.000 millones de euros
anuales al Estado, y garantizaría unos mejores servicios locales a los ciudadanos. No supone, por
supuesto, la desaparición de ningún pueblo ni de sus rasgos propios, sino sólo la racionalización de su
gestión. UPyD ha presentado ya iniciativas de este estilo en el propio Congreso, en parlamentos
regionales y hasta en diputaciones provinciales. Tras las propuestas, hay un trabajo riguroso y
concienzudo en el que han participado de forma voluntaria expertos de diversos ámbitos relacionados
con la administración local. Si se llevara a cabo la reforma que propone UPyD en lugar del insustancial
arreglo que ha terminado haciendo el Gobierno, al ahorro y la mayor eficiencia habría que sumar

2. ventajas en la lucha contra la corrupción y por la regeneración de la democracia. Menos ayuntamientos
y mejor fiscalizados significa menos oportunidades para los desaprensivos. Estamos, por tanto, ante una
oportunidad de demostrar que España es un país ambicioso y comprometido con las reformas de
calado.
La reforma de la Administración Local es otra de las que el Gobierno ha afrontado obligado por las
circunstancias, de forma desordenada y sin entrar en el fondo de la cuestión. Exactamente lo mismo que
ocurre con materias tan relevantes como el marco laboral o la transparencia de las instituciones. Para el
Partido Popular parece un fastidio tener que entrar en estos asuntos, y lo hace de manera que
perjudique lo menos posible los intereses de su partido (y, en realidad, de todos los partidos
tradicionales).
Tras criticar duramente a UPyD por advertir de que el mapa municipal español es insostenible - por su
multitud de municipios pequeños -, el Gobierno hizo un estudio para llegar a las mismas conclusiones a
las que UPyD llegó hace años: que el tamaño óptimo de un municipio son 20.000 habitantes y que por
debajo de 5.000 los costes de los servicios se disparan. Y resulta que en 6.000 de las 8.000 localidades
españolas viven menos de 5.000 personas. Es decir, serían entidades ineficientes aunque su gestión
fuera óptima.
¿Cuál es la solución del Ejecutivo a este grave problema económico? Retirar las competencias a los
municipios que no sean eficientes y dárselas a las diputaciones provinciales. ¿Cuál es la solución de
UPyD? Fusionar municipios para que todos o la gran mayoría estén en el entorno de los 20.000
habitantes y eliminar las diputaciones. La solución gubernamental va a dejar a muchos ayuntamientos
sin apenas tareas que desarrollar, alejando la prestación de los servicios de los ciudadanos. En cambio,
otorga esas competencias (y el dinero para gestionarlas) a unos organismos cuyos representantes no
son elegidos directamente y que han brillado por su despilfarro y por su falta de transparencia. Los
únicos beneficiados por esta opción son los partidos tradicionales ya que deja en su puesto cobrando
sueldos o dietas a decenas de miles de concejales y diputados provinciales.
En cambio, la propuesta de UPyD de fusión de municipios mantendría e incluso potenciaría la
autonomía municipal (principio establecido en la Constitución); aumentaría la eficiencia y reduciría
drásticamente los costes de los servicios; permitiría suprimir las diputaciones; se reduciría el número de
cargos públicos, pero sin perder en representatividad; serviría a la regeneración democrática al
prescindir de unos entes sin elección directa y al facilitar el control y la rendición de cuentas de los
ayuntamientos, reduciendo así el nivel de corrupción. En total, UPyD ha calculado en 15.000 millones el
ahorro que se podría alcanzar con la fusión de municipios. Un ahorro que sería estructural y permanente
y contribuiría a salir de la crisis. Al mismo tiempo, permitiría que los municipios, con un tamaño
adecuado, tuviesen competencias en materia de servicios sociales, dependencia, etc. por ser la
administración más adecuada para prestar este tipo de servicios por su proximidad al ciudadano. Por
tanto, la última reforma emprendida por el Gobierno, que se materializó en la ley 27/2013, fue otra
oportunidad perdida.
En resumen, la reforma local que UPyD propone para nuestro país pasa tendría como ejes
fundamentales:
- La fusión de municipios para garantizar su viabilidad. Sólo un tamaño adecuado de los
municipios nos permitirá ser eficientes ahorrando miles de millones al año.

3. - La atribución a los municipios de competencias que ahora son de las Comunidades Autónomas,
unida a una delimitación de las competencias atribuidas a la administración central, autonómica
y local: sólo determinando quién hace qué se podrán evitar las duplicidades.
- La eliminación de las diputaciones: una institución opaca y no democrática que absorbe recursos
que deberían ir destinados a políticas para salir de la crisis.
- La racionalización del mapa territorial del Estado, para garantizar la viabilidad del Estado del
Bienestar y luchar contra las duplicidades de la Administración.
Por lo expuesto el Grupo Municipal de UPyD propone al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente acuerdo:
- Instar al Gobierno de la nación a que presente al Congreso un proyecto de ley que contemple:
a) Elaborar un plan integral de fusión de municipios para garantizar su viabilidad.
b) Atribuir a los municipios competencias que ahora son de las Comunidades Autónomas,
delimitando claramente las que se atribuyen a la administración central, la autonómica y la local
para evitar las duplicidades.
c) Eliminar las diputaciones: una institución opaca y no democrática que absorbe recursos que
deberían ir destinados a políticas para salir de la crisis.
d) Racionalizar el mapa territorial del Estado para garantizar la viabilidad del Estado del
Bienestar y la eliminación de las duplicidades de la Administración.
Getafe, 18 de septiembre de 2014
Esperanza Fernández Acedo
Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
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