Este proyecto de ley busca regular los viajes al exterior de los miembros del Congreso cuando se financian con recursos públicos. Establece que solo los miembros de las mesas directivas podrán viajar, con una invitación justificada y si la misión es inherente a su función legislativa. Además, limita el número de congresistas por viaje a dos por cámara y el monto máximo de financiación. Los viajes de asesores no podrán ser con recursos públicos.