El documento describe la transición del agua de un bien común a un bien económico y de mercado, promovida por grupos occidentales desde 1980. Según este enfoque, el agua debe ser tratada como una mercancía donde los costos se cubren a través de precios y las inversiones son remuneradas. Algunos países han privatizado parcialmente el agua mediante empresas multinacionales. Sin embargo, el documento propone que el agua debería considerarse un derecho humano y un bien común gestionado por una autoridad mundial para un uso solidario