La reforma energética modificaría los artículos 27 y 28 de la constitución mexicana para permitir la inversión privada en el sector energético. Esto incluiría contratos de utilidad compartida con empresas extranjeras para la exploración petrolera y la privatización de actividades como la refinación, petroquímica, gas y electricidad. Sin embargo, existe preocupación de que esto podría transferir miles de millones de dólares anuales de las ganancias del petróleo mexicano a empresas extranjeras y dejar a México dependiente de