La reforma energética mexicana propone cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la constitución para permitir contratos privados para la explotación de recursos energéticos mientras mantiene la propiedad estatal del petróleo. Los objetivos son mejorar la economía, aumentar la inversión, empleos, y fortalecer a Pemex y CFE. Con más empresas explotando los recursos de gas y petróleo, México podría recuperar su posición como líder energético y generar ingresos empleos.