El documento resume las debilidades de los órganos garantes de transparencia en México y argumenta a favor de una reforma sustancial. Menciona que los órganos han violado la ley al actuar como asesores de los sujetos obligados, que algunos comisionados han sido acusados de delitos graves, y que el presidente de un órgano está siendo investigado por vínculos con el crimen organizado. Concluye que un cambio es necesario para mejorar los resultados decepcionantes en materia de transparencia a pesar de los recursos invertidos.