Este documento discute la falta de transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos de Sinaloa. Señala que 93% de los municipios de Sinaloa reprobaron en una evaluación de transparencia. También destaca que, aunque existe una ley de acceso a la información, hay altos niveles de opacidad debido a la falta de sanciones para los funcionarios que no proporcionan información. Varios oradores en un foro sobre el tema enfatizaron la necesidad de mayores esfuerzos para promover una cultura de transparencia

1. RIO DOCE - Un nuevo periodismo para Sinaloa
Gobiernos opacos
Autor Judith Ortiz
lunes, 04 de octubre de 2010
Jaime Netzáhuatl. Falta voluntad política.
93 por ciento de los municipios, reprobados en transparencia
Cuando al diputado federal panista, Manuel Clouthier, se le preguntó cuál será su papel en el próximo gobierno estatal,
respondió seguro y sin cortapisas: “Seguir jodiendo; la especialidad de la casa”. Soltó la expresión al
referirse al tema de transparencia y rendición de cuentas durante la inauguración del foro Transparencia en Sinaloa: las
cuentas pendientes, organizado la semana pasada por comunicadores, asociaciones civiles y organismos
empresariales del estado.
En el transcurso del foro en que se realizaron diversas actividades enfocadas a la participación ciudadana y el derecho a
saber, quedó asentado que en Sinaloa, aún con una medianamente funcional ley de acceso a la información, hay un alto
nivel de opacidad debido a que el mecanismo carece de castigo hacia los sujetos obligados a proporcionar información.
También en la mesa del presídium, Alfonso Páez Álvarez, presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) explicó que el modelo de sanción que se aplica está vinculado a la
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y parte de una amonestación pública o privada, o de una inhabilitación
del desempeño del cargo público hasta por un periodo de diez años.
En este sentido, Clouthier repitió sarcástico un párrafo de la ley: “El funcionario que clasifica de manera indebida
la información para no otorgarla será amonestado verbalmente”. Y espetó: “Eso es una payasada”.
Tanto el diputado panista como el ponente Jaime Netzáhuatl Jiménez, coordinador de la Asociación Ciudadanos por
Municipios Transparentes, quien dictó la conferencia Municipios Transparentes: claves para la competitividad,
coincidieron al señalar que la opacidad y la falta de sanciones son dos de las principales limitantes para el acceso a la
información, y de que la negativa a rendir cuentas debe tener sanciones punitivas y políticas por parte de los organismos
garantes y de la ciudadanía.
Al mencionar que “es fundamental que cambiemos esa cultura de caja negra y exigir que no vuelvan a suceder
los abusos por la omisión de la ciudadanía y la corrupción de la autoridad, Clouthier Carrillo dijo que si no castigamos a
quienes son irresponsables en el gasto público, nada va a cambiar, y que para no repetir la historia será fundamental
el papel que jueguen los sinaloenses: “Si al Gobierno lo dejamos suelto, sin contrapeso, será como esos globos
de gas, que si no los agarras, se van”.
Escéptico respecto al avance en el tema de la rendición de cuentas y fiscalización, el diputado federal ejemplificó con el
caso de la Unidad de Servicios Estatales y dejó en el aire las preguntas: “¿de quién es ese edificio? ¿Dónde están
las licitaciones para aprobar su construcción? ¿Cuánto paga de renta el Gobierno estatal por el inmueble? ¿Por qué una
estructura de esa naturaleza no cuenta con estacionamiento público suficiente?... En política no hay espacios vacíos, no
dejemos ir la oportunidad de exigir cuentas claras”, finalizó.
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Al hablar de la opacidad en los tres niveles de Gobierno y de la expectativa que sobre transparencia y rendición de
cuentas ha generado la próxima administración estatal a cargo de Mario López Valdez, Malova, el doctor Ernesto
Hernández Norzagaray, el último de los exponentes, dijo que dependerá de la sociedad que el gobierno de Malova
responda a sus compromisos hechos en campaña.
El doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid mencionó como ejemplo la
esperanza de cambio que se forjó con el triunfo del ex presidente Vicente Fox, a quien se le autorizó una Ley de Acceso a
la Información restringida a sus intereses personales “porque en ella el Infonavit está exenta de rendir cuentas, no
es auditable, y toda esa protección de no informar tenía que ver con intereses personales de algunos personajes que
siguen haciendo negocio con ese organismo”.
Municipios: reprobados en transparencia
Para Jaime Netzáhuatl Jiménez —quien dictó una conferencia sobre la transparencia en municipios dirigida a
socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)—, de acuerdo con un ejercicio de
medición de transparencia realizada en cien municipios de doce estados del país, el 93 por ciento de los gobiernos locales
evaluados están reprobados con una puntuación de menos de 60 hasta cero puntos y solo el 7 por ciento restante
obtuvo calificación aprobatoria.
“Si tomamos estos datos como una muestra representativa, tenemos que la mayor parte de los municipios tienen
gobiernos opacos”, reiteró, con excepción de Puebla y Chihuahua, que mantienen el puntaje más alto en cuanto a
esfuerzos no solo para subir información a Internet, sino para que esta se encuentre actualizada y a la vista de todos.
—A ocho años que en los estados entraron en vigor las leyes de acceso a la información, ¿qué tanto éxito han
tenido en la transparencia y rendición de cuentas por parte de los municipios?
—En términos de transparencia, a nivel nacional, uno de los primeros avances es que todos los estados cuentan
con una ley de transparencia y a nivel municipal se tenga generalmente una unidad de acceso a la información, aunque
no todos los municipios cuentan con reglamentos internos en este tema. Desafortunadamente, la mayoría de los
gobiernos municipales son reactivos, no van más allá de responder las preguntas que hacen los ciudadanos y no
suben más información que aquella que exigen las leyes.
—¿Los ayuntamientos están diseñados institucionalmente para cumplir con los ordenamientos de las leyes de
acceso a la información?
—Por un lado, la mayoría de los ayuntamientos siguen la normatividad de la ley estatal aunque no hay una
disposición reglamentaria que diga cómo debe funcionar al interior el ejercicio de acceso a la información, y por otro, no hay
por parte de las autoridades un entendimiento claro acerca de lo que significa el derecho a la información y en este
sentido el ejercicio queda sujeto a la voluntad del funcionario.
—¿Cuáles han sido las principales limitantes?
—Las limitantes varían. En algunos estados el costo que tiene el ciudadano por solicitar información rebasa en
mucho lo que un ciudadano de a pie pudiera pagar. Por ejemplo, en Querétaro no solo se cobra por la entrega de
información sino también por la búsqueda y esto puede inhibir a los ciudadanos, mientras que la ley de Guerrero ni
siquiera establece que la información es gratuita. Hay otras entidades en que para otorgar información no solo exigen
identificación oficial, sino una explicación justificada de su solicitud.
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—¿Qué hay de los acuerdos de reserva, cuando los sujetos obligados reservan cierta información después de ser
solicitada por algún ciudadano?
—No hay al interior de los tres órdenes de Gobierno, en términos generales, un mecanismo previo que defina qué
información es o no reservada, ni siquiera hay criterios claros de acuerdo a las leyes y en muchas de ellas no solo hay la
posibilidad de que una información pueda ser reservada por 14 años, sino el propio sujeto obligado puede volver a
reservarla por otros 14 e incluso hasta por 24 años. Sí es otra limitante cuando la reserva se hace en el momento en
que no se quiere responder una solicitud.
—¿Qué tan funcional es una ley de acceso a la información cuando no existe una ley de archivos que garantice
una respuesta real y no maquillada por parte del sujeto obligado?
—Este asunto de fortalecer la documentación al interior de los sujetos obligados se puede reforzar con la creación
de una ley de archivos, es importante, pero yo creo que si los sujetos obligados cumplieran lo que dice la Ley de Acceso
y se aplicaran las sanciones enunciadas en las leyes con respecto a los funcionarios que niegan sistemáticamente la
información, se podría ganar mucho, porque de qué nos sirve tener una ley de archivos o una ley de acceso a la
información si al final no hay sanciones para los sujetos obligados.
—Sin embargo no se sanciona, ¿es suficiente con la participación ciudadana para que funcione un sistema de
transparencia y rendición de cuentas o hace falta voluntad política?
—Por un lado hace falta voluntad política, pero por el otro, que el ciudadano ejerza su derecho a la información y
que los órganos encargados de aplicar las sanciones correspondientes actúen como lo que deben ser… Así
tendríamos todos los elementos suficientes para que esta empresa funcionara. La ley establece los mínimos, y el tener
una transparencia y un acceso a la información más proactivo, queda a voluntad de las autoridades. Avanzar en este
sentido implica un trabajo educativo tanto para el ciudadano como para las autoridades.
—Algunos organismos garantes del acceso a la información de los estados actúan, más que entes autónomos,
como una extensión del Poder Ejecutivo, puesto que es el gobernador quien nombra a los consejeros en sus puestos y
les otorga el presupuesto.
—Hay de los dos tipos. Hay institutos que están completamente sujetos y aceptan esa sujeción al Poder
Ejecutivo, pero hay otros órganos y consejeros que han logrado, pese a esa dependencia económica, manifestar una
posición imparcial con respecto al ejercicio del acceso a la información e incluso contraria a los gobiernos estatales.
—En la coyuntura en que se encuentra Sinaloa, con un gobierno de alternancia que ha creado muchas
expectativas de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, ¿hay ventajas de implementar medidas
para que funcione con más claridad un sistema de acceso a la información?
—Claro, creo que una primera medición que se haga sobre el gobierno que sale va sentar un precedente sobre el
cual las futuras autoridades tendrán la medida para partir y propiciar que incremente su calificación de ser mas
transparente, pero también el de invitar a la gente a que ejerza su derecho a la información. No descartaría que los
propios funcionarios de las autoridades entrantes sean sujetos a un proceso de aprendizaje en términos de que
conozcan no solamente lo que es el programa, sino conozcan otras alternativas de cómo acercar la información cada vez
más a la ciudadanía.
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