Oaxaca 32% sin cena navideña

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En Oaxaca 32% de la población no tendrá cena
navideña
Un tercio de los oaxaqueños no tendrá cena navideña
Citlalli Luciana
Antonia Alonso va por el mercado contando con cuidado sus monedas. En sus manos 37.50 pesos deberán
rendir lo suficiente para alimentarla a ella y una hija, durante ese día. “No alcanza ni para chapulines, menos me
va a alcanzar para una cena de Navidad”, dice con la resignación en el estómago.

Aquella mujer, se encuentran dentro del universo del 32.5 por ciento de personas para quienes la celebración
decembrina es imposible debido a que enfrenta carencia de acceso a alimentación, de acuerdo con cifras del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La mujer se dedica a la venta de artesanías de manera ambulante, la actividad ha estado baja así que en esta
ocasión habrá que apretar el cinturón más de la cuenta.
En términos numéricos 1 millón 306 mil habitantes en la entidad enfrentan problemas para tener acceso a
comida. En el ranking nacional, se ubica en el tercer sitio con mayor población que no puede adquirir alimentos,
sólo por debajo de Tabasco (39.8) y Guerrero (40.6).
Las personas con este tipo de carencia son aquellas que tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad
de comida; dejaron de desayunar, comer o cenar; comieron menos de lo que piensa debía comer; se quedaron
sin comida; sintieron hambre pero no comieron; y quienes comieron una vez al día o dejaron de comer todo un
día.
El hogar es carente si por falta de dinero u otros recursos experimentó disminución de la cantidad de alimentos
o si sus integrantes experimentan hambre, explica el Coneval.
De acuerdo con los datos, Oaxaca presentó un incremento de 5.3 por ciento de 2010 al 2012 al pasar de 26.4 por
ciento a 31.7 por ciento. Más adelante, de 2012 a 2014 creció a 36.1 por ciento.
Aunque de 2014 a 2015 se registró un decremento a 32.5, la cifra de personas que tienen carencia por acceso a
alimentación está por arriba del promedio nacional de 21.7 por ciento.
Esta situación se debe al aumento en los costos de los alimentos, sobre todo de los de primera necesidad, que
afecta de forma directa los más pobres.
La vulnerabilidad en este indicador está distribuido entre las niñas y los en un 27.6 por ciento; entre las personas
con alguna discapacidad el indicador es de 31.1 por ciento; entre las personas habitantes de localidades rurales
crece a 32.1 por ciento, y para las personas hablantes de lenguas indígenas llega al 41.3 por ciento.
Región sur, la más afectada por los
sismos, dice Banxico
Por
Agencias
Las economías del sur del país fueron las más golpeadas por los sismos de septiembre, con
un efecto de 0.41 puntos porcentuales en su tasa de expansión, dijo el Banco de México
(Banxico).

“El efecto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) del sur fue relativamente más grande, se
estima que su crecimiento hubiese sido 0.41 puntos mayor en el tercer trimestre en caso de
que no hubiese sucedido el sismo”, señaló el director general de Investigación Económica
del Banco central, Daniel Chiquiar.
Al presentar el informe de las Economías Regionales, detalló que para el centro del país el
PIB se redujo 0.24 puntos su tasa de crecimiento entre julio y septiembre.
Chiquiar manifestó que evidentemente en las regiones del norte y norte-centro, no hubo
ninguna consecuencia.
Así, el impacto sobre la economía a nivel nacional por los sismos de septiembre pasado fue
de 0.17% en el tercer trimestre.
“Para el total nacional, el efecto corresponde a lo que pasó en el centro y en el sur, lo que
nos da un impacto para el PIB nacional de 0.17%”, abundó.
El directivo explicó que entre julio y septiembre de este año, la actividad económica en
general registró una contracción.
Dijo que durante ese periodo, la economía ya se estaba desacelerando, a lo que se le
añadieron efectos temporales provocados por los sismos y la importante disminución de la
producción petrolera.
Empresarios. En octubre pasado, el banco central elaboró una encuesta especial entre
directivos de empresas en las ocho entidades que resultaron dañadas por los terremotos del
7 y 19 de septiembre.
Se entrevistó a empresarios con más de 100 empleados de los sectores de la construcción,
comercio y servicios.
Los empresarios de la región centro revelaron que los paros de labores tuvieron mayor
frecuencia respecto a los de la zona sur del país.
De acuerdo con los directivos entrevistados por el Banxico, los daños más mencionados
fueron sobre bienes inmuebles y en infraestructura para el transporte de insumos o
mercancías.
En la zona sur del país se observó una disrupción relativamente más importante en el
funcionamiento de la infraestructura para el transporte de las mercancías que afectó a los
sectores manufacturero y no manufacturero.
Como ejemplo, se señala el cierre temporal de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, porque
se interrumpió la entrega de insumos para otras industrias, sobre todo para las del plástico.
La mayoría de las fuentes consultadas en todas las regiones de ambos sectores por el banco
central están anticipando que la demanda de sus bienes y servicios no se verá afectada por
los sismos en el cuarto trimestre del año.

Los sismos de septiembre impactaron principalmente a ocho estados de la República,
causando daños en bienes inmuebles y en la infraestructura, lo cual interrumpió las
operaciones de las empresas del sector manufacturero, sobre todo las del ramo no
manufacturero porque en cierta medida se impactaron las cadenas de suministro.
De acuerdo con el Banco de México, a pesar de la capacidad productiva parecería no
haberse comprometida de manera importante, se estima que los efectos postsismos fueron
temporales y que regresó la normalidad durante el último trimestre del año en las regiones
que resultaron impactadas.
No hay transparencia en reconstrucción de Oaxaca:
INAI
EMILIO
MORALES PACHECO
No existe certeza de que el dinero liberado para apoyar a los damnificados halla llegado a quien
en verdad lo necesita, aseguró el comisionado del INAI.
Virgilio Sánchez
El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales (INAI), Joel Salas, afirmó que no ha habido una buena práctica para transparentar el proceso
de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre.
“Yo no tengo nada ahorita, por el momento, que pueda decir ‘esta es una buena práctica’, no lo tengo. Había
problemas, incluso, para el diagnóstico”, dijo en entrevista.
Este especialista afirmó que hay experiencias exitosas de transparencia tras contingencias en otros países, como:
Indonesia, Nepal y Malawi.
Comentó que los gobiernos federal, estatal y los municipales deben facilitar toda la información, sin que nadie
se los pida.
“Estamos viendo una situación crítica en términos de confianza, lo peor que puede suceder es que los recursos
que van a la reconstrucción se desvíen y que no lleguen a las personas para las cuales se generó, ahí juega un
papel fundamental la transparencia proactiva.”

“Que el dinero que iba destinado para reconstruir la escuela que se cayó en Juchitán y el hospital, efectivamente
llegó ahí y no se quedó en la bolsa de intermediarios. Y no solo eso, que la reconstrucción del hospital y de la
escuela, debería de costar 10 y efectivamente costó 10, no 20, como suele suceder; y ahí yo no tengo ejemplos
concretos de buenas prácticas en México.”
En su página de internet, Salas abrió un espacio dedicado a la #ReconstrucciónAbierta, en el cual expone los
ejemplos internacionales que deben ser utilizados como referencia en México.
Además, plantea recomendaciones mínima para la transparencia en este proceso.
“Publicar información relevante, oportuna y accesible sobre los recursos destinados a la reconstrucción:
procedencia, qué dependencia y nivel de gobierno hará uso de ellos, cómo se ejercerán y, al final, cuáles fueron
los resultados y la satisfacción de los beneficiarios”, expone en uno de los 5 pasos mínimos para lograr una
#ReconstrucciónAbierta.
El Comisionado del INAI señaló, también, la necesidad de crear una instancia de Coordinación Nacional y un
Fondo Único para la Reconstrucción.
“Esto es necesario porque debemos evitar a toda costa errores cometidos en el pasado. La experiencia del
FONDEN es lo más cercano que tenemos a nivel nacional sobre administración de recursos para reconstruir
luego de desastres naturales. Hay evidencia sobre irregularidades en ella, lo cual despierta preocupación sobre
lo que ocurrirá en el presente”, expuso.
Y Sedatu solo da cifras generales
En su portal de transparencia, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solo
proporciona cifras generales sobre el resultado del censo de afectados.
En el caso de Oaxaca reportó 65 mil 37 viviendas afectadas, las cuales se ubican en 103 municipios.
Los datos disponibles refieren que 38 mil 88 casas tienen daño parcial, cuyos propietarios recibieron, en total,
apoyos por más de 571 millones de pesos.
Los dueños de las 26 mil 949 viviendas consideradas pérdida total, expone este reporte, recibieron más de 3 mil
235 millones de pesos, en total.
Santiago Astata no ha recibido apoyos del Fonden, denuncia habitantes
Por Agustín Santiago
En el pueblo de Astata muchas familias se encuentran desamparadas porque perdieron su
patrimonio
SANTIAGO ASTATA, OAXACA

Habitantes de la población de Santiago Astata bloquearon la carretera que comunica de Salina Cruz a Huatulco
para demandar el pago por los daños que causó el terremoto, así como la realización de un segundo censo de
viviendas afectadas.
Denunciaron que hace apenas dos semanas se registró un bloqueo en donde llegaron funcionarios de la
Secretaría General de Gobierno con quienes dialogaron e incluso hubo un acuerdo de llevarse a cabo un
segundo censo de viviendas y el pago de aquellas que tienen pérdida total.
El presidente municipal, Guillermo Moreno Ciriaco, señaló que su pueblo está devastado tras el paso del
terremoto, sin embargo, la ayuda ha sido nula y solo algunas familias han recibido el pago por parte de Bansefi.
Dijo que son aproximadamente 80 personas las que solicitan el segundo pago parcial de las viviendas que
sufrieron daños con los sismos del mes de septiembre.
En el pueblo de Astata muchas familias se encuentran desamparadas porque perdieron su patrimonio y otras
están viviendo con familiares o en la calle por temor a que se desplome su hogar con tantos temblores
registrados.
Este bloqueo, denunciaron, ha sido la única vía por la cual exigen ser escuchados, aun cuando saben que
provocan un problema vial al cerrar esa carretera importante.
Los habitantes piden que se verifique casa por casa para que se constante los daños que enfrentan y se cumpla
con el pago por parte del gobierno federal.
No obstante, denunciaron que han pasado tres meses y no ha habido apoyos a Santiago Astata a pesar de que el
gobierno federal se comprometió a ayudarlos a través del Fondo de Desastres Naturales.
Anuncian movilización en el Istmo de Oaxaca por visita
presidencial
Por Agustín Santiago
Los integrantes de la sección 22 se pronunciarán en contra de las Zonas Económicas Especiales
SALINA CRUZ, OAXACA

Ante el anuncio de la llegada del Presidente Enrique Peña Nieto para dar a conocer
la declaratoria de la Zona Económica Especial a Salina Cruz. Esto provocó la
movilización de la Sección de la CNTE.
Si bien, el gobierno del estado anunció la llegada del presidente Peña al recinto que
ocupa la Administración Portuaria Integral a las 13:00 horas para llevar a cabo la
declaratoria presidencial de la Zona Económica Especial a Salina Cruz.
EL DATO
La Sección 22
se pronunciará en contra del gobierno federal debido a que no ha cumplido con la
reconstrucción de viviendas y aulas devastados el 7 de septiembre.
La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación
mediante comunicado anunció una marcha dará inicio a las 10:30 horas la cual
partirá del parque de la colonia Jesús Rasgado hacia la Administración Portuaria
ubicada en el barrio Cantarranas.
En esta protesta, la Sección 22 se pronunciará en contra del gobierno federal debido
a que hasta el momento no ha cumplido con la reconstrucción de viviendas y aulas
que fueron devastados por el terremoto del 7 de septiembre.
Denunciaron que no tienen escuelas donde los niños puedan recibir clases y las
réplicas que se siguen presentando han estado dañando miles de hogares.
Por otra parte, el magisterio admitió que la llegada del presidente Peña Nieto para
presentar este proyecto de la ZEEcomienza la depredación de los recursos naturales
de la región a una gran escala.
Además destacan que con las Zonas Económicas permite el paso a los extranjeros
para que se apoderen de las minas, parques eólicos, presas, expulsión de
comunidades originarias, ataques a la flora y fauna, entre otros.
De hecho, denunciaron la displicencia por acatar los acuerdos y resolutivos del
movimiento por la falta de respuestas a las demandas del MDTEO ya que en
reiteradas ocasiones se han visto omisos a convocar.

Pinotepa y Pochutla: inoperancia y abandono en
plantas de tratamiento de Oaxaca
MARIO
JIMÉNEZ LEYVA
Una cascada de aguas negras se descargan en las afueras de Pinotepa Nacional.
JAQUELINE ROBLES
Dinero se va al caño, Conagua indica a municipios como responsables
Fraude, contaminación, problemas de salud y riesgo de muerte son las consecuencias que trajo para varias
comunidades del estado la construcción de más de 100 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales,
solo el 10 % opera; dos casos representativos de las deficiencia de éstas plantas son las obras de Pinotepa
Nacional y San Pedro Pochutla, donde la indiferencia institucional, la falta de presupuesto y empresarios sin
escrúpulos han impedido la conclusión de las edificaciones.
Se requiere una inversión de alrededor de 29 millones de pesos para, por ejemplo, detener el riesgo de alta
contaminación por aguas negras sobre el principal afluente de Pinotepa Nacional y rescatar una obra que,
durante una década ha sido abandonada, advirtió el regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de esa
comunidad, Freire Fuentes Cruz.
Inconclusa y abandonada luce lo que fuera la primera etapa de la planta de
tratamiento de aguas residuales de Pinotepa. FOTO: Mario Jiménez Leyva

El funcionario urgió brindar atención a los desechos líqudos ante la elevada contaminación que se observa en el
Río las Arenas, uno de los afluentes más importante del lugar y proveedor del agua para la comunidad.
Las diferencias políticas, según las autoridades municipales, son las que frenan el avance en obras de este tipo.
Hasta octubre de este año no se aplicaban recursos a favor del municipio señaló Guillermo García Cajero, ya
que éste es un gobierno emanado de una corriente política distinta a la del gobernador Alejandro Murat.
Las aguas negras provenientes de todo el casco municipal desembocan en una cascada a las orillas del
municipio, caída de agua que se encuentra ubicada a un costado del Río las Arenas.
“La planta se empezó a construir hace poco más de 10 años, nunca se echó a andar, hay un adeudo de cinco
millones de pesos, con la empresa que la proyectó; la vida útil de la planta sería de 20 años, la mitad de esos
años no se ha utilizado, el CEA se comprometió a ponerla en operación, pero hasta ahora no hay nada
concreto”, dijo el regidor.
La urgencia de que establezca un mecanismo para limpiar las descargas, que ponen en riesgo la salud de la
comunidad, cada vez es mayor, en tanto, a lo largo de una década las aguas negras del lugar buscan su cauce -
que en breve- puede ser el mismo del afluente principal.
Así corre el arroyo de aguas negras en inmediaciones del casco urbano de Pinotepa Nacional. FOTO:
Mario Jiménez Leyva
Presuntas muertes por contaminación en Pochutla
El Sitio,en Arroyo Macaya, Pochutla, ya no es el único lugar afectado por las aguas negras que recorren su
afluente, según Jesús Osorio López, vecino del lugar, la contaminación pone en riesgo toda la franja del río que
desemboca en las Lagunas de Chacahua.
El abandono a lo que fuera la obra puesta en marcha por Raymundo Carmona Laredo, ex munícipe del lugar, es
un asunto al que el edil , Víctor Cruz Vázquez, tampoco ha puesto atención.
En 2015, comenta Osorio López, le compraron una extensión de tierra de casi media hectárea donde, a través de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el gobierno federal construiría una
planta de tratamiento de aguas residuales, obra mal ejecutada que se derrumbó con las lluvias y fue abandonada
por la empresa Biogama, responsable de la construcción.

“Desde un principio dijimos al ingeniero que esa obra no servía, sobre el arroyo trataron de construir la loza que
sería como un canal y la base para la planta, no sirvió porque lo construyeron contra el cauce natural, al poco
tiempo la construcción se vino abajo”, comentó Osorio López.
A la fecha, son dos los decesos que se registran en El Sitio y la gente sospecha que, por las características, son
producto de la alta contaminación, pues ya son más de 40 años en que la zona sirve de descarga las aguas negras
de Pochutla; en tantos, se fueron al vacío 15 millones de pesos invertidos en la primera etapa del proyecto.
Jesús Osorio López, vecino del Sitio, explicó que la obra se suspendió debido a que se derrumbó por
la mala construcción. FOTO: Mario Jiménez Leyva
Instituciones dan seguimiento
Según el director del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gabriel
Kalid Mohamed Báez, el tratamiento de las aguas residuales derivadas del uso público-urbano, es un servicio
bajo responsabilidad de las autoridades municipales.
Sin embargo, los ciudadanos no cubren las tarifas necesarias para la operación y mantenimiento del drenaje
público y el tratamiento de las aguas, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento adecuado de esas
obras.
Según Mohamed Báez el Gobierno Federal, a través de la Conagua, les apoya hasta con el 50% para realizar
estudios, proyectos ejecutivos y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), sin
embargo, limita la construcción de las mismas la falta de recursos en el Gobierno del Estado y municipios,
Destacó, que los municipios construyen y operan obras de ese tipo con recursos propios, que no están
registradas por la dependencia; a pesar de ello, han realizado desde 2010 poco más de 125 visitas de inspección
para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales en Materia de Prevención y Control de la
Contaminación de las Aguas y se han impuestos sanciones, sin son necesarias.
El titular del CEA, Benjamín Hernández Ramírez, indicó que son alrededor
de 140 PTAR que hay en el estado, de las cuales el 90% no funcionan. FOTO:
Mario Jiménez Leyva

El titular de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín Hernández Ramírez, indicó que existe cerca de 140 plantas
de tratamiento, de las cuales, 90% de ellas en el abandono o inoperantes; será hasta el próximo año en que
comiencen a realizar acciones con las autoridades municipales para intentar echarlas a andar.
“En el caso de Pinotepa ya logramos la gestión de 20 millones de pesos para retomar el proyecto que sabemos
que es urgente y necesario y por supuesto estamos en el análisis de cuáles y cuantas se deben echar a andar
porque ello depende de la viabilidad y necesidad real de las comunidades”, puntualizó.
Comuneros de Ciudad Ixtepec desconocen dictamen que
validaría proyecto minero
Diana Manzo/Corresponsal -
Diana Manzo
Corresponsal
Ixtepec, Oax.- Comuneros defensores de la comunidad de Ciudad Ixtepec advirtieron que no
acatarán la resolución del Tribunal Agrario Unitario (TAU) de Tuxtepec que en el expediente
1479/2015 valida la elección del comisario de bienes comunales Germán Rosado Valencia, pues,
aseguran, significa permitir el despojo y la entrada en vigor de un proyecto de la empresa Minera
Plata Real.
“Aceptar que Rosado Valencia es el comisariado significa doblar las manos ante el proyecto minero
que tanto daño sabemos que nos hará, no lo queremos, exigimos la nulidad porque él no busca el
beneficio del pueblo, sino de él mismo, tiende sed de poder y quiere que entre en vigor la minería”,
denunciaron sus dirigentes, en un comunicado dirigido a la población.

En 2015, días después de realizarse la elección de comisario, los comuneros demandaron la nulidad
de la elección en la que resultó ganador Rosado Valencia, debido a que sufrieron represalias,
agresiones y privaciones ilegales de sus derechos agrarios, denunciaron.
“Desconocemos a Rosado Valencia y lo llamamos espurio, debido a que sólo busca su beneficio, la
mayoría de los comuneros hemos declarado el rechazo a la minería que se pretende instalar en esta
área, no la queremos y tampoco las zonas económicas especiales, por eso seguimos la ruta de la
demanda ahora ante el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación que, sabemos,
resolverá en nuestro favor y dará nulidad a la elección”, explican en el documento.
La sentencia del TAU no es firme, además de que hubo “mano negra” o “presión” de la Comisión
Federal de Electricidad y funcionarios que buscan lucrar con el territorio y bienes naturales
imponiendo megaproyectos, añaden.
Comuneros y el resto de la población de Ciudad Ixtepec han declarado el municipio “libre de
minería”.
En esta zona existe desde hace más de tres años una resistencia y oposición a un proyecto minero
que obtuvo una concesión de 8 mil 150 hectáreas denominada “lote Niza”, con número de título
232089.
El permiso fue otorgado por el gobierno federal mediante la Dirección General de Regulación
Minera de la Secretaría de Economía en 2008 a la empresa Minera Plata Real para extraer oro y
plata de territorio ixtepecano por un periodo de 50 años.
Los comuneros solicitan a las autoridades agrarias que res- peten la voluntad de la comisaría,
mediante un comunicado firmado por Juan Luis Arrona Gutiérrez, Eleazar Benítez Hernández,
Daniel González Alonso, Juan Rodríguez Cabrera, Juanito Antonio Zárate, José Senén Pedro
Roldán, Heriberto Palomec López, Vicente Vásquez García, Jorge Vásquez Guzmán, Rodolfo
González Alonso, Roberto González, Carlos Revuelta y Juan Servando Reyna Altamirano.

Oaxaca, sumida en el horror de los secuestros
AGENCIA
REFORMA
Seis secuestros se presentaron en Oaxaca durante el mes de noviembre
Miguel Angel
Del 1 de diciembre del 2012, al 30 de noviembre de 2017 se registraron 241 secuestros en Oaxaca, de acuerdo a
datos de la asociación Alto Al Secuestro.
Lo que significa que en la entidad se registra un promedio de 7.5 secuestros al mes o un secuestro cada cuatro
días.
A nivel nacional se denunciaron 10 mil 397 en estos cinco años, sobresaliendo el Estado de México como el que
más tuvo con mil 178 casos, seguido de Tamaulipas con mil 178 secuestros y el tercer lugar lo ocupa Veracruz
con mil 59 casos.
En lo que va del año se han registrado 48 secuestros en la entidad, de los cuales en los primeros cuatro meses
sucedieron 24, siendo abril el mes con más casos, con 10
Se disparan secuestros en noviembre
Seis secuestros se presentaron en Oaxaca durante el mes de noviembre del 2017, octavo en número de
secuestros a nivel nacional, cuatro más que en octubre, cuando solamente se registraron dos.
El informe puso a la entidad en rojo, junto a los 13 estados en donde se incrementaron los secuestros; 12 estados
lograron reducir el número de raptos, por lo que están en verde y en siete entidades la asociación los colocó en
amarillo, pues sus números se mantuvieron.
A nivel nacional se registraron un total de 155 secuestros en noviembre, contra los 135 de octubre.
Veracruz fue el estado que más secuestros registró en noviembre con 31; le siguió el Estado de México con 28;
la Ciudad de México con 10; Guerrero con nueve; Tabasco y Zacatecas con siete y Oaxaca con seis.

Baja California Norte, Colima, Nayarit, Querétaro, Sonora y Yucatán fueron los estados que no reportaron
raptos durante noviembre.
Más víctimas que detenidos
En los seis secuestros que se contabilizaron en Oaxaca, ocho fueron las víctimas y solamente dos los detenidos
en noviembre; en octubre no hubo detenidos.
A nivel nacional las víctimas en noviembre fueron 146 y los detenidos 92, mientras que en octubre hubo 184
víctimas y 133 los detenidos.
Oaxaca, décimo
Oaxaca entra en el top ten en la tasa de secuetros por cada 100 mil habitantes durante el mes de noviembre, con
0.157 secuestros, arriba de la media nacional que es de 0.137.
El estado con la tasa más alta es Zacatecas con 0.469 secuestros por cada 100 mil habitantes, le sigue Veracruz
con 0.469 y Tabasco con 0.312.
Operan de forma irregular refinería Antonio Dovalí y
parques eólicos en el Istmo, Oaxaca
Por Carlos Alberto Hernández
La planta procesadora de crudo no ha normalizado su operación desde el pasado 14 de junio

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
La refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz no ha conseguido reactivar su operación, ni tampoco los
parques eólicos que se ubican en el Istmo, a más de tres meses del terremoto de 8.2 con epicentro en Pijijiapan,
Chiapas, que causó la muerte de 78 personas en el Istmo de Tehuantepec, así como daños en 63 mil 335
viviendas de 41 municipios de la región.
El vocero de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina Cruz, José Franco Azúa, detalló que a fines de noviembre
la planta comenzó con pruebas y desde los primeros días de diciembre realiza la refinación de hidrocarburos,
pero únicamente en uno de los dos trenes de producción, por lo que hasta el momento la producción es
irregular.
En este 2017, la planta procesadora dejó de refinar con regularidad durante más de cinco meses, luego de que el
14 de junio también suspendiera la totalidad de sus actividades tras el incendio ocasionado por la inundación
que dejó a su paso la tormenta tropical “Calvin”, retomando sus actividades hasta el pasado 22 de agosto.
Las estadísticas de la empresa precisan que en octubre de este año, cinco de las seis procesadoras con las que
cuenta, transformaron 544 mil 58 barriles de petróleo; cifra inferior en 33 por ciento a la registrada el mismo
mes de 2016, que ascendió a 802 mil 998 miles de barriles diario, por lo que se traduce en una de las
producciones más bajas en la historia de la compañía.
Para reactivar la productividad de la refinería, el pasado 13 de octubre, dos turbogeneradores procedentes de
Eslovenia aterrizaron en el aeropuerto de Huatulco y fueron trasladados vía terrestre a Salina Cruz, con los que
se daría solución a las fallas registradas en el sistema que dejó el terremoto; sin embargo, hasta el momento la
planta opera de manera irregular.
EÓLICAS, TAMBIÉN AL 85%
Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas Eólicas (Amdee) informó que tras el terremoto del pasado 7
de septiembre, 85 por ciento de los 21 parques eólicos instalados en la región del Istmo de Tehuantepec,
funcionan con normalidad.
El presidente del organismo, Leopoldo Rodríguez, afirmó que existe una paulatina recuperación y confió en que
a principios de 2018 se normalice el funcionamiento de los aeroparques.
Oaxaca es el mayor productor de energía eólica del país con un total de 21 parques eólicos que en su conjunto
cuentan con mil 451 aerogeneradores instalados y una producción de 2 mil 360 Mega Watts.

Ilocalizable Gabino Cué para enjuiciarlo
Comisión Instructora de la Cámara de Diputados de Oaxaca dijo que sigue proceso de juicio contra el ex
gobernador por desvío de 10 mmp, pero no hay forma de hallarlo para notificarle de acusaciones.
ÓSCAR RODRÍGUEZ17/12/2017 05:43 PM
Oaxaca
La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados estatal, mantienen un proceso de juicio contra el ex
gobernador Gabino Cué, por el desvió de 10 mil millones de pesos, advierten que el proceso de
búsqueda del ex mandatario está detenido, porque está en calidad de ilocalizable.
La presidenta de la Comisión Instructora, dio a conocer que mientras no haya forma de localizar al ex
gobernador para notificarle y darle el derecho de audiencia a las acusaciones que existen en su contra el
proceso integrado se encuentra detenido.
El pasado 3 de mayo el pleno de la legislatura local acordó el inicio de un juicio de procedencia contra el
ex gobernador emergidos del triunfo de la alianza PAN-PRD-PT, para que aclare el desfalco de 10 mil
millones de pesos cometidos durante su administración.
Según la Oficia Mayor de la legislatura, el domicilio del ex gobernador Gabino Cué, registrado ante el
Instituto Nacional Electoral (INE), ya no está actualizado, lo que ha limitado la entregarle la notificación
legal, donde le exige comparecer.
"La notificación llegó a su domicilio, ubicado en la colonia Reforma, en la zona norte de Oaxaca, pero el
documento fue rechazado por su cónyuge Mane Sánchez, quien argumento haberse divorciado del
indiciado".
De acuerdo con el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz
Navarro, aún quedan por solventar siete de los 10 mil millones de pesos.
Díaz Navarro anunció que hay pendiente de ejecutar por lo menos 95 órdenes de aprensión contra ex
funcionarios del gobierno de Gabino Cué, que cometieron desfalcos financieros durante la crisis sanitaria
generada por el desvío de fondos en la adquisición de medicamentos, pago de aviadores y realización de
obras fantasmas e inconclusas, además de que se han integrado 15 carpetas más de investigación ante
la Fiscalía Anticorrupción que están en proceso de integración.
El secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, dijo que hasta
el momento hay cinco ex servidores públicos encarcelados bajo proceso, entre ellos, los ex secretarios
de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, Gerardo Cajiga, de Salud, Germán Tenorio y de Transporte Carlos
Moreno Alcántara.
Los dos primeros por operar un crédito puente ilegal de 100 millones de pesos para autofinanciar gastos
personales.
En el caso del ex secretario de Salud, la carpeta de investigación es por construir sanitarios ecológicos
"fantasmas", con un daño patrimonial de 52 millones de pesos.
En contra parte existe más procesos en su contra por el fraude en la adquisición de medicamentos, y en
las obras inconclusas detectadas en hospitales y clínicas rurales, además de desfalcos por retención
indebida de prestaciones a trabajadores.
Mientras que en el caso del ex secretario de Transporte el expediente penal es por haber autorizado sin
permiso 560 concesiones de transporte a familiares y activistas de organizaciones y partidos políticos.
El titular de la Contraloría dijo que están pendiente de ejecutarse 96 órdenes de aprehensión que están
en poder de la fiscalía por el quebranto financiero de más de 13 mil 500 millones de pesos.
Díaz Navarro, aclaró que de las 500 auditorías practicadas se han solventado por parte del gobierno
saliente de Gabino Cué, dos mil 300 millones, de 15 mil 800 millones de pesos bajo observaciones de la
Auditoria Superior del estado, de la federación y de la propia contraloría.
Ante diputados de la Comisión Instructora de la legislatura local, el contralor adelantó que se avanza en
el proceso de recuperación del dinero hurtado por los funcionarios y el ex gobernador Gabino Cué, y para
ello se ha hecho uso de tecnológica contable y financiera, donde no descartó la vía judicial para la
incautación de bienes.
NO SE TRATA DE UNA CACERIA DE BRUJAS
Con respecta a las investigaciones contra el ex gobernador Gabino Cué, el contralor se negó aportar
indicios, con respecto a las auditorías que aún siguen en proceso, rechazó que haya una cacería de
brujas, ni hay connotaciones políticas en la actuación de la contraloría que trabaja en este caso de forma
sigilosa, ordenada y contundente, "porque no se trata de un ajuste de cuenta, sino de una simple de
justicia para dejar precedente que en Oaxaca no se tolerará la corrupción, ni el pasado, ni en el presente.

Y advirtió a los funcionarios del actual gobierno que no se eximan de culpa por adelantado, porque quien
se equivoque será sancionado penal y administrativamente.
LA TRIANGULACION
En tanto el Fiscal Anticorrupción, Emilio Iruegas Álvarez, afirmó haber detectado como método de
operación criminal para saquear el erario público en el régimen del ex gobernador Cué, "la triangulación",
entre secretarias a través de terceras personas, incluso, civiles.
Municipio Capitalino se fortalece
en materia de Seguridad Pública
• Entre las acciones durante este primer año, se encuentra la inversión de 19 millones de
pesos del FORTASEG, operativos de alcoholímetro, la integración de los COMPARTAS, así
como puesta en marcha de la Unidad Municipal de Atención “Mujer Segura”.
Comunicados -
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 18 de diciembre de 2017.- Desde el primer minuto del 1 de enero, la
administración de José Antonio Hernández Fraguas trabaja a través de la Comisión de Seguridad
Pública y Vialidad Municipal, para garantizar la paz y la tranquilidad en la ciudad y mantenerse
como una de las más seguras del país.
En el marco del Primer Informe de Gobierno, Hernández Fraguas, informó que en el tema de
seguridad se han aplicado más de 19 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (FORTASEG) en el Sistema de Seguridad Pública Municipal.
Esta inversión tiene la finalidad de priorizar la atención a la seguridad pública y garantizar un
ambiente de seguridad y orden en el municipio, al mismo tiempo de impactar en el desarrollo,
profesionalización y certificación policial; además del diseño de políticas públicas destinadas a la
prevención social de la violencia; y la adquisición de equipamiento táctico de apoyo a la operación
policial.

Con este programa, y como parte del ahorro generado por el programa de austeridad implementado
a principios de año, se adquirieron 43 motopatrullas para elementos de proximidad social y
vialidad.
Además, se han implementado cerca de 14 mil 500 operativos, en coordinación con los distintos
órdenes de gobierno, mismos que arrojaron un total de 5 mil 186 detenciones por faltas
administrativas y delitos en general.
Asimismo se han instalado puestos de vigilancia en diversos puntos de la ciudad para detectar
conductores en estado de ebriedad y prevenir accidentes viales; de esta forma, a través de 138
dispositivos del Operativo Alcoholímetro, se concientizaron a 39 mil 440 conductores.
En un esfuerzo coordinado entre la Regiduría de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad
Pública y Vialidad, se han integrado 206 Comités de Participación y Atención para la Seguridad
Ciudadana Municipal (COMPARTAS), con la finalidad de prevenir la incidencia delictiva en la
capital mediante la interacción de la ciudadanía con la Policía Municipal.
Para garantizar atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia por razón de género, se
puso en operación la Unidad Municipal de Atención “Mujer Segura”, que consiste en la operación
de un grupo de reacción inmediata que acude a las llamadas de auxilio recibidas en el número de
emergencias 911 y realiza recorridos en las 13 Agencias Municipales.
Esta agrupación está conformada por policías, psicólogas, trabajadoras sociales y abogados a efecto
de brindar a las mujeres atención oportuna.
Además se presentó el documento “Líneas básicas para la atención policial a víctimas de violencia
por razón de género”, lo que convirtió a Oaxaca de Juárez en el primer municipio que aporta
mejores prácticas para la actuación en el marco del respeto a los derechos de las mujeres.

Vive UABJO con propios y visitantes gran ‘Callejoneada’
en la capital del estado
Comunicados -
OAXACA, OAX., diciembre 17.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO)
salió este sábado 16 de diciembre a las calles de la ciudad para compartir con propios y visitantes
algo de su grandeza, a través de una “Callejoneada” amenizada por la Tuna Real Universitaria y
villancicos del Coro bilingüe de la Facultad de Idiomas (FI).
La vanguardia que partió aproximadamente a las 17:00 horas de la explanada del templo de Santo
Domingo de Guzmán hacia el atrio de la Catedral Metropolitana, fue encabezada por el rector, Dr.
Eduardo Bautista Martínez, funcionarios de la Administración Central, titulares de las distintas
Unidades Académicas, así como personal docente y administrativo, y estudiantes, a quienes se
unieron personas de la sociedad civil.
A lo largo del Andador Turístico “Macedonio Alcalá”, con una parada obligada frente al Edificio
Central de la UABJO, la Tuna Real de más de 25 integrantes cautivó al público en general que no
paraba de tomar ‘selfies’, fotos y videos, al ritmo de sus mejores interpretaciones, la mayoría de
autores oaxaqueños como Álvaro Carrillo y Chuy Rasgado.
Ahí iban, acompañando al rector Eduardo Bautista, los directores de la Facultad de Medicina,
Guilebaldo Cruz Cortés; de Contaduría y Administración, Jhovany Cabrera Ramos; de Idiomas,
Edwin León Jiménez; de Bellas Artes; Lilí Urbieta Morales; del Instituto de Investigaciones
Sociológicas, Virginia Reyes de la Cruz; el secretario Técnico, Enrique Mayoral Guzmán; la

investigadora Leticia Briseño Maas, del Instituto de Ciencias de la Educación; el secretario
Particular de la Rectoría, Joaquín Rodríguez González, y el director de Responsabilidad Social,
Israel Mayorga Hernández, entre la multitud.
Con vuelta sobre la Avenida Independencia, el contingente ingresó al corazón de la capital del
estado cerca de las 18:00 horas, donde la fiesta universitaria contagió a la población, visitantes
locales, nacionales y extranjeros identificados con la UABJO, que escucharon villancicos en
español e inglés, propios de las festividades decembrinas, así como el mensaje institucional en voz
de la abogada Blanca Santaella, Premio Estatal de la Juventud 2017, egresada de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (FDCS).
En un templete ubicado a un costado del templo de la Catedral, identificado por el hastag
#SomosUABJO Festival navideño, Santaella señaló que la Universidad pública estatal representa la
esperanza y oportunidad para más del 70 por ciento de las y los jóvenes oaxaqueños que demandan
educación media superior y superior.
Recordó que la Máxima Casa de Estudios, heredera del glorioso Instituto de Ciencias y Artes del
Estado, es forjadora de hombres y mujeres ilustres, profesionales que han sobresalido en el ámbito
nacional e internacional, con las mejores cualidades que incluyen templanza, fortaleza y prudencia.
Sostuvo que en cada familia oaxaqueña está presente el orgullo de ser parte de nuestra Alma Mater,
con egresados directos o familiares en todas las disciplinas que en cada tiempo de la historia, a lo
largo de 180 años, demuestran siempre conocimientos, capacidad y desempeño laboral exitoso, lo
que hace reconocernos como la más grande Universidad de las y los oaxaqueños.
Del lema que define a la UABJO, Blanca Santaella señaló que la “Ciencia” se brinda a través de la
enseñanza pública a las ocho regiones de la entidad; el “arte” transforma los conflictos para hacer
más grande la imagen de Oaxaca, en tanto que la “libertad” es el valor más preciado entre mujeres
y hombres, lo que nos da fortaleza para impulsar el desarrollo de México.
El festival universitario por Navidad culminó poco después de las 19:00 horas del sábado pasado
con más villancicos en inglés y español ejecutados por los coros de la Facultad de Idiomas, la firma
del libro con mensajes de universitarios, actuales y egresados, así como un mensaje de
agradecimiento y exhorto a continuar enalteciendo a la Máxima Casa de Estudios por parte del
rector Eduardo Bautista.
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca reafirma así que ha sido, es y continuará
siendo la institución educativa con el más alto sentido de responsabilidad social, formadora de
estudiantes con calidad humanista y capacidad para la competencia estatal, nacional e internacional.

Ley de Seguridad es un arma del
Gobierno contra la protesta por
“megafraude” de 2018: Solalinde
Por Shaila Rosagel
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión
para reprimir a los inconformes del “magrafraude electoral” que el
Gobierno planea para 2018, dice Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote y
activista de los derechos humanos en entrevista con SinEmbargo.
Se trata de un “arma” del Gobierno en contra del pueblo para “reprimirlo
y ahogarlo en sangre” cuando salga a protestar por el fraude. Y “no se va a
tentar el corazón para hacerlo”, alerta el padre.
Solalinde Guerra también condena que mientras se aprueban leyes que
atentan en contra de los mexicanos, un Gobierno emanado de uno de los
partidos que votaron a favor la Ley, el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), se mantiene indolente ante el drama de los desplazados de
Chiapas, en donde mueren niños de hambre y frío.

ADEMÁS
PRI, PAN y PVEM no escucharon ni a la ONU, ni a CNDH.
¿Crees que te van a escuchar a ti?: Diego Luna
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La Ley de Seguridad Interior,
aprobada entre la madrugada y la mañana de hoy por el Congreso de la Unión, es un
“arma” del Gobierno en contra del pueblo para “reprimirlo y ahogarlo en sangre” cuando
salga a protestar por el megafraude electoral que se planea para 2018, dijo Alejandro
Solalinde Guerrera, sacerdote y activista defensor de los derechos humanos, en entrevista
con SinEmbargo.
“Este Gobierno en lugar de preocuparse por escuchar a la gente, a su pueblo, ya está
haciendo un arma contra el pueblo, para reprimirlo y ahogarlo en sangre, porque no se
van tentar el corazón para hacerlo”, afirmó el padre.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada la madrugada de este viernes en el Senado de
la República con 71 votos a favor (del Partido Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y Verde Ecologista), con 34 en contra y tres abstenciones; para luego, durante
las primeras horas de la mañana ser aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y
en lo particular sin respetar procesos, ni tiempos y con sólo 262 legisladores en el pleno.
“Eso ya se ve claro: es para reprimir a los que seguramente estaremos totalmente
inconformes con el magrafraude que se viene como pasó en el Estado de México y
Coahuila. Estamos viendo una dictadura militarizada con ese grupo perverso, mafioso de
los tecnócratas. Esas personas que se han apoderado desde hace años de México y lo han
convertido en una dictadura”, dijo Solalinde Guerra.
El sacerdote previó que en 2018, de concretarse ese “megafraude electoral”, la población
no se quedará callada.
“La gente tiene que despertar. No nos vamos a quedar callados ni tranquilos”, consideró.
Alejandro Solalinde lamentó que el Congreso de la Unión aprobara una Ley que fue
criticada por voces autorizadas del país y del extranjero.

Organizaciones civiles, expertos, defensores de los derechos humanos, actores y la
oposición en México llamaron a no aprobar la Ley de Seguridad Interior por considerarla
en detrimento de los derechos humanos, las garantías individuales y ambigua.
Jan Jarab, representante de la Oficina en México de la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió una carta al
Senado de la República expresándole en 14 puntos su preocupación en torno a la Ley.
Algunos de esos puntos son: la ambigüedad de conceptos, la violación al principio de
necesidad, el papel indebido de las Fuerzas Armadas, el sometimiento de la autoridad
civil al mando militar, la ausencia de controles, la ausencia de políticas de fortalecimiento
de las instituciones, la indebida regulación del uso de la fuerza, la indebida protección y
garantía de los derechos humanos, las afectaciones a la protesta social, la ausencia de
transparencia, la lesión a la autonomía, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, el
ámbito de excepción del derecho procesal administrativo y la ausencia de explicitud de
los principios rectores.
“Es lamentable porque esto es gravísimo. Intervinieron voces autorizadas nacionales,
internacionales, asesores, expertos, defensores y defensoras de derechos humanos,
iglesias, artistas con ese amor que tienen a México como Diego Luna y Gael García.
Cómo es posible que les haya valido nada, eso quiere decir que no son libres para
escuchar y no tienen alternativa para decidir y la línea que reciben no es ni del PRI, del
PAN y sus aliados, sino de más arriba, de Estados Unidos”, dijo el padre Solalinde.
El sacerdote acusó además que los legisladores mexicanos “administran a su antojo” al
país, sin interesarse en los derechos humanos de la población.
El sacerdote Alejandro Solalinde director de la Casa para Migrantes, se lamenta que los legisladores que aprobaron la Ley de
Seguridad no escucharan a la sociedad civil. Foto: Cuartoscuro, Archivo
CRISIS DE DESPLAZADOS EN CHIAPAS

Mientras a nivel federal los legisladores están preocupados por crear leyes como la Ley
de Seguridad Interior, que serán utilizadas para reprimir a los mexicanos; en Chiapas, una
de las entidades donde el sacerdote realiza su labor de protección a migrantes
centroamericanos, la población desplazada por un conflicto armado por límites
territoriales entre los municipios Chalchihuitán y Chenalhó está muriendo de frío y
hambre ante la indolencia del Gobierno de Manuel Velasco Coello, mandatario emanado
de uno de los partidos que hoy aprobó la controvertida Ley: el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), dijo Solalinde.
“La responsabilidad de velar por los chiapanecos es de él. Se comprometió a eso y es
penoso que no sientan a su pueblo. Es triste porque esas cuestiones le corresponden al
Secretario General de Gobierno y dónde está, quién es, porqué no está actuando, porqué
no está haciendo lo suyo. Debería estar generando un diálogo entre las partes, pero por
encima de todo protegiendo a las víctimas”, precisó el padre.
Hace unos días Martín Gómez Pérez, alcalde de Chalchihután, difundió en un video
publicado en la plataforma de Facebook que cuatro niños y algunas personas mayores
murieron por el hambre y el frío, debido a que más de mil desplazados por el conflicto
tuvieron que refugiarse en las montañas.
“Niños, adultos y mujeres embarazadas están sufriendo por el frío en el monte, no
tenemos medicinas, ni con que atender a la gente, por eso le pedimos a nuestro
gobernador que nos apoye”, pidió el Alcalde.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció hoy a través de un
comunicado que las autoridades locales, estatales, pero también federales no han hecho
nada ante el conflicto que se vive en Chiapas, a pesar de que desde el mes pasado pidió
medidas cautelares para brindar asistencia humanitaria, alimentación y atención a la salud
de los desplazados.
La Comisión alertó que los desplazados sufren ataques nocturnos por “personas armadas
que las acosan, disparan y queman sus viviendas”.
“El Gobierno está obligado a llevar brigadas integrales de atención para todas las
personas que están sufriendo por el frío y el hambre. Es omisión, negligencia y parece
que la opinión pública al interior no se mueve. Los días pasan, el frío avanza y no se ven
acciones de emergencia de parte del Gobierno”, finalizó el sacedorte.
¿Le importa a Peña (y a Meade) la CNDH?
18/12/2017 02:15 AM
Me pregunto cómo es que podrá compaginar José Antonio Meade su propuesta de modernización, de
hacer de México una “potencia”, cómo es que pondrá a México en “otro nivel” —sus palabras, no las
mías— después de que su partido ignoró los llamados de la ONU y cualquier cantidad de organismos
internacionales y nacionales preocupados por la ley de seguridad interior recientemente aprobada.
Pero esos deben ser tontos que “no leyeron la ley”, como algún senador hiperactivo dijo.
La siguiente pregunta es qué piensa el candidato y su Presidente, Enrique Peña Nieto, de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y de su presidente, Luis Raúl González Pérez, quien ha pedido al
presidente Peña Nieto que antes de hacer la ley la regrese al Congreso con algunas observaciones.

Nadie podrá acusar a González Pérez de tener una agenda política electoral, de ser un agitador
extremista o de ir contra la seguridad de los mexicanos. Tiene una larga trayectoria que lo respalda.
El sábado pasado, la CNDH emitió un comunicado elegante pero firme:
“El acuerdo y voluntad política que dio vida a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos
humanos representó un logro de dimensiones históricas. Así fue reconocido por todas y todos los grupos
y sectores políticos y sociales y por múltiples actores de la mayor relevancia afuera de nuestras fronteras.
La aprobación de esta ley en los términos en que fue formulada, en opinión de esta Comisión Nacional,
no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, en tanto genera la posibilidad de que se
vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar
el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes,
así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la
sociedad mexicana”.
La comisión exhorta al Presidente a que devuelva la ley al Congreso con observaciones para que se
haga una deliberación amplia, se revise y se corrija.
No dice que no debe darse marco legal a las fuerzas federales, no dice que no debe existir una ley. Dice
que ésta no está bien.
¿Le importará al presidente Peña? ¿Le importará a su candidato? ¿O es parte de su nueva definición de
política pública y, por lo tanto, así quieren caminar la campaña?
O creerán, como otros que andan buscando partido nuevo, que en la CNDH tampoco la leyeron.
Twitter: @puigcarlos
La Ley de Seguridad, “lo único que quiere es permiso para matar”,
reprochan en marcha
POR JUAN CARLOS CRUZ VARGAS , 17 DICIEMBRE, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Dos días después de aprobarse la Ley de Seguridad
Interior, el eco de inconformidad llegó este domingo a las calles de esta capital, donde decenas de
ciudadanos alzaron la voz para exigir se dé marcha atrás a dicha legislación.
Pasado el mediodía, miembros de diferentes organizaciones civiles y académicas -la mayoría jóvenes- se dieron
cita al pie de la Estela de Luz para encaminar la protesta hacia la residencia oficial de Los Pinos.
Los inconformes caminaron por el Paseo de la Reforma y después doblaron por la Calzada Chivatito, apenas
unos pasos, pues la arteria que conduce a donde habita el ya saliente presidente Enrique Peña Nieto estaba
bloqueada con vallas de seguridad, decenas de granaderos, un par de camiones y toletes listos para usarse en
caso de cualquier provocación.
Sin embargo, el reclamo de los manifestantes fue contundente: “Así nos recibe Peña Nieto, como si fuéramos
los peores delincuentes. Él no entiende nuestro diálogo, ni mucho menos, nuestra lucha pacífica”.
Entre los aproximadamente 600 manifestantes, un joven encapuchado amenazó con lanzar objetos a los policías
atrincherados, aunque inmediatamente lo despojaron de un aerosol y un encendedor; también le quitaron la
prenda que cubría su cara y lo echaron del contingente.
Entonces el grito se hizo uno: “Esa ley no da seguridad, lo único que quiere es permiso para matar”, “Si usa
mano dura, se llama dictadura”.
Estudiantes, académicos, miembros de la comunidad lésbico-gay y activistas sociales lanzaban gritos y también
mostraron pancartas en donde al igual que diferentes organismos internacionales, rechazaron la aprobación de la
Ley de Seguridad Interior.
“Un Estado militar es el comienzo de una dictadura y genocidio”, “Nos quitan tanto, que nos quitan el miedo”,
“Ya estamos hartos, el gobierno nos oprime, nos exprime y reprime”, “Si no hay paz para el pueblo, no habrá

paz para el pueblo”, “Más de 234 mil muertos ¿No es suficiente? Alto a la guerra, no a la Ley de Seguridad
Interior”.
En una media hora de consignas, también hubo tiempo para recordar a los desaparecidos del país, entre ellos, a
los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero con el conteo “1,2,3,4,5,6,7,8,9… 43 Vivos se los llevaron, vivos
los queremos”.
Sin posibilidad de pasar hasta la entrada de Los Pinos, el contingente decidió recular y se encaminó por
Reforma hasta el Hemiciclo a Juárez donde dio fin la protesta, que era observada por los paseantes, los turistas
y los automovilistas que mostraron su apoyo.
Eso sí, la advertencia al gobierno fue clara: “Este es el comienzo, no dejaremos dar paso a la represión, ni a más
injusticias. Estaremos luchando”.
Peña Nieto y las Fuerzas Armadas, en guerra contra los derechos
humanos
POR JENARO VILLAMIL , 16 DICIEMBRE, 2017REPORTAJE ESPECIAL
Sin importar las críticas y los exhortos a México de parte de la ONU –incluyendo sus cuatro altos
comisionados–, la OEA, la CNDH, universidades y un gran número de organizaciones civiles, la Ley de
Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión. Sus promotores y defensores alegan que sólo las
Fuerzas Armadas pueden enfrentar al crimen organizado. Sus opositores afirman que la actuación militar
enterrará los derechos humanos. Y en la promoción de esa ley hubo un personaje central, un cabildero militar
para quien la seguridad interior no comporta la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado,
sino de “la supervivencia de las instituciones de la república y el orden constitucional”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 29 de noviembre los relatores especiales Edison Lanza, de la
OEA para la libertad de expresión, y David Kayne, de la ONU para los derechos humanos, se reunieron a puerta
cerrada con 10 senadores y diputados del PAN, del PRD y de Morena. La preocupación central de ambos era la
inminente aprobación en México de la Ley de Seguridad Interior.
–¿Ustedes creen que se apruebe?, ¿creen que México se va a pelear contra todo el sistema de las Naciones
Unidas de defensa de los derechos humanos? –preguntó Kayne.
La senadora panista Marcela Torres Peimbert respondió: “Cuando el sistema quiere imponer algo en México,
utiliza todos sus recursos… y están en eso”.
Un día después, y en sesión fast track, la Cámara de Diputados aprobó la polémica ley y la envió al Senado el
pasado lunes 4. La tensión social y las protestas de organismos civiles y de instancias internacionales frenaron
unos días su aprobación en la Cámara de Senadores, además de que el viernes 8 el presidente Enrique Peña
Nieto hizo un “llamado al Senado” para que ampliara “los espacios de acercamiento con las distintas
organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”. Pero fue un llamado a misa.
El lunes 11, a la sesión cerrada de las Comisiones Unidas acudieron siete mandatarios estatales (los de Durango,
Querétaro, Guerrero, Colima, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México. La mayoría de ellos presionó para que se aprobara sin cambios la minuta de la ley.
Sólo Miguel Ángel Mancera, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, advirtió que
había “excesos” en la misma. “Es una ley perfectible”, afirmó.
Entre el martes 12 y el miércoles 13 arreciaron las protestas de organismos defensores de derechos humanos, de
activistas y hasta de actores, como Diego Luna, quien encabezó una marcha convocada mediante las redes
sociales, para hacer una “clausura simbólica” del Senado.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2146, ya en circulación

Peña por el camino de Kim Jong-un
Por Sanjuana Martínez
¿Como no quieren que veamos a Peña Nieto con el uniforme nazi o encarnando al mismísimo Kim Jong-un? Foto: Especial
Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en este infame sexenio, Enrique Peña Nieto
nos lanza su penúltimo puñal envenenado para dejarnos una herencia digna de la
República Popular Democrática de Corea y su líder supremo Kim Jong-un.
¿Para que sirve una democracia dirigida controlada por unos cuantos esbirros desde el
Senado y el Congreso de la Unión?
Después de las últimas leyes aprobadas por los excelentísimos señores Diputados y
Senadores con la línea de Peña Nieto en Seguridad Interior y Mordaza a las libertades, los
Estados Unidos Mexicanos deberían cambiar de nombre y llamarse la República Popular
Democrática de México.
Peña va por el camino dictatorial de Kim. Y le deja a José Antonio Meade una herencia
de régimen con suspensión de garantías y libertades, le deja el camino allanado para que
por la vía no democrática el PRI permanezca en el poder por encima de la voluntad
popular.
El camino del fraude para igualar a México con Corea del Norte ya fue diseñado por Peña
y sus ideólogos. El PRI pretende quedarse otros 80 años y para ello ahora cuenta con un
gran aliado, el PAN, o mejor dicho el PRIAN porque en eso se ha convertido el partido
fundado por Manuel Gómez Morín, y otros satélites menores como el descompuesto
PRD, el PVEM, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.
Todo está preparado para el megafraude del 2018. Peña Nieto y los suyos allanan el
camino para perpetuarse en el poder. Esa es la lectura que nos deja las recientemente
aprobadas Ley de Seguridad Interior (LSI) que pretende militarizar México y la Ley
Mordaza que pretende silenciar México.

No es paccata minuta. El impulso autoritario que siempre ha caracterizado al PRI y ahora
al PRIAN se centra precisamente en mantener el poder para engrandecer sus personales
cuentas bancarias. Esto es un asunto de dinero, no solo de poder, aunque van unidos.
Tal vez por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sigue
pacientemente analizando, pensando, valorando si le conviene a su presidente Luis Raúl
González Pérez y a sus propios intereses, interponer una acción de inconstitucional ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tal vez por eso la CNDH ya no hace
pública la estadística de las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por
miembros del Ejército. Si durante el sexenio de Felipe Calderón se contabilizaron más de
7 mil desde tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; con Peña Nieto
esa cifra seguramente se duplicó, pero González Pérez prefiere ocultarlo para sostener su
tren de vida y su puesto. Y prefiere rogarle al señor Peña Nieto que vete la mentada ley
con base en los incisos A y C del artículo 72 Constitucional. Obvio, no lo hará. Obvio, la
CNDH debe interponer cuanto antes la controversia. Obvio, esa es su obligación. ¿Hasta
cuándo estos funcionarios harán lo que se les pegue la gana y no lo que dicta las
responsabilidades de su puesto?
Estos funcionarios y políticos primero piensan en ellos, no en el daño terrible que
ocasiona la Ley de Seguridad Interior a los ciudadanos, al darle un absoluto liderazgo en
materia de seguridad a las Fuerzas Armadas y así debilitar la protección de los derechos
humanos.
Los generalotes y generalifes encabezados por Cienfuegos quieres usurpar las facultades
de policía, algo que ya hacen cambiando el uniforme de militares por el de policías sin
recibir preparación alguna para patrullar las calles y cambiando de ropa como si se tratase
de un disfraz. Pues bien, con la LSI será peor porque actuarán con licencia para matar,
torturar, secuestrar y desaparecer. Si ahora tienen patente de corso y viven por encima de
la ley civil gracias al fuero militar, imaginen lo que será con la nueva ley, sencillamente
alcanzaremos el nivel de una dictadura militar donde será reprimida la protesta social y
cualquier manifestación de inconformidad que represente un peligro para la nación.
La LSI incluye la confidencialidad de la seguridad interior, algo que también ya sucede
en la practica porque cuando se trata de la Sedena la transparencia nunca funciona y
siempre niegan cualquier información argumentando “seguridad nacional”. También
permite la intervención militar en lo que corresponde a la inteligencia civil. Es decir,
estaremos espiados legalmente por las Fuerzas Armadas, aunque ya lo estamos. En fin,
esta ley pretende legalizar lo que ya padecemos, la diferencia es que ahora será legal.
Asimismo sucede con la Ley Mordaza de Peña Nieto. Y peor, porque esta fue avalada por
unanimidad y sin debate, por todos los partidos políticos, incluido Morena. Se trata de
una ley que castiga por decir la verdad y fue aprobada en la Cámara de Diputados con
386 votos. Es un daño terrible para las libertades de los mexicanos porque establece
restricciones, sanciones y mordazas “a quien comunique, por cualquier medio,
información, “cierta o falsa”, que cause “deshonra o descrédito a alguien”. Imaginen lo
que significa esto, es decir, los periodistas y ciudadanos no hubiéramos podido criticar a
Javier Duarte ni contar sus fechorías si esa ley hubiera estado vigente hace unos meses.

Con esta nueva ley propuesta por el diputado del PRI por Nuevo León, Pablo Elizondo,
conocida también como “Ley Antimeme” se obliga a periodistas y cualquier ciudadano a
reparar el daño moral: “Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo
establecido por este ordenamiento y, por lo tanto las conductas descritas se considerarán
como hechos ilícitos. El que comunique, a través de cualquier medio tradicional o
electrónico, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral,
de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra,
descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.
Con todo lo anterior, ¿como no quieren que veamos a Peña Nieto con el uniforme nazi o
encarnando al mismísimo Kim Jong-un?
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Twitter: @SanjuanaMtz
Facebook: Sanjuana Martinez
La excepción permanente
POR FABRIZIO MEJÍA MADRID , 17 DICIEMBRE, 2017TIEMPO FUERA
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No se trata de una lucha entre el Estado legítimo y los criminales.
Lo que hemos visto y permitido con nuestra servidumbre voluntaria ha sido una masacre de más de 120
mil sin que medie orden de aprehensión, juicios ni sentencias. Otros 300 mil desplazados e igual
cantidad de familiares de masacrados, amenazados, desaparecidos, muertos por tiro de gracia en fuego
cruzado, que deambulan los caminos sin protección de ley alguna. Lo que ha sucedido no es sólo un
problema de seguridad sino un cambio en la forma en que vemos la política y hasta dónde hemos
concedido que llegara el poder. Pero, ¿qué ocurrió? Que el poder militar y policiaco ha decidido qué
vidas se pueden matar sin cometer un delito. Esta política no se ha articulado entre amigo-enemigo sino
entre la vida desprovista de derechos y el poder de exterminarla. El poder se colocó fuera de la ley
declarando todo el tiempo aquella cantaleta de que “nadie está fuera de la ley”. Por ello, el país no se ha
convertido en un tribunal o en una cárcel, sino en un campo de exterminio: el espacio de una excepción
que, a fuerza de repetir el asesinato sin sanción alguna, se hizo permanente. Ahora, los propios
legisladores quieren que ese territorio sin derechos, se vuelva ley.
Hay un cuento de Franz Kafka, Ante la ley, en el que un campesino espera en una silla a que un guardia le
permita pasar por una puerta para ver a la ley. La entrada está abierta pero el acceso, no. El guardia le dice
simplemente: “Es posible, pero ahora, no”. El campesino va envejeciendo en su silla, haciéndose enjuto, y
aprende a mirar al guardia, a las pulgas de su abrigo, su nariz, como si fuera el único obstáculo entre él y la ley.
El guardia le ha advertido desde el inicio que él es sólo el primero de una serie infinita de vigilantes: “Si tanto te
atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda esto: yo soy poderoso. Y yo soy sólo el último de
los guardianes. De sala en sala irás encontrando guardianes cada vez más poderosos. Ni siquiera yo puedo
soportar la sola vista del tercero”. Paciente, el campesino espera y, cuando ya está a punto de morir, se le ocurre
preguntarle al custodio por qué, si la justicia es para todos, nadie más se ha presentado ante la puerta de la ley.
El guardián le responde y con esto termina el cuento: “Nadie más podía entrar por aquí, porque esta entrada
estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré”. No hay en el cuento una prohibición para entrar puesto que la
puerta está siempre abierta. Lo que hay es un aplazamiento. El campesino decide no decidir entrar, y por eso
sólo espera. En 1985, el filósofo Jacques Derrida hizo una conferencia sobre el cuento de Kafka donde establece
el misterio de las leyes, “que no se tocan ni se entra en ellas, sino que sólo les descifra incesantemente”: los dos
personajes sirven a la ley al quedarse uno frente al otro. La ley es lo que, entre ellos, “difiere su acceso a sí
misma”. Su enigma es que existe sólo entre las caras detenidas, una ante otra, del campesino y el guardián.

El estado de excepción en el que hemos vivido en la última década implica que la ley rige sólo en la ficción de
su propia disolución. Por lo tanto, se le suspende cuando se le considera diluida, y es el soberano –el militar o el
ejecutivo civil– el que decide lo que es necesario hacer: suspender la ley quebrantada para ejercer un acto de
violencia. Esta “necesidad” es la posibilidad no condicionada de cualquiera de nosotros de recibir la muerte,
ahora incluida en el orden político, pero sin territorio legal alguno. Thomas Hobbes no consideraba que el
“estado de naturaleza” fuera una etapa histórica, sino un principio de violencia dentro del Estado mismo. Ese
“hombre-lobo del hombre” vivía dentro del soberano cuando decidía hacer indiferente la violencia de la ley.
Es por lo menos curioso que las historias de los hombres lobo se den en ese terreno de la indiferencia –la puerta
abierta de la ley– entre violencia y derecho, naturaleza y cultura, bandidos y autoridad. En Platón, por ejemplo,
la leyenda del Zeus Liceo en La República es la de cuando un soberano protector se transforma en tirano:
“Quien prueba las vísceras humanas se transforma en lobo, de igual manera en que el jefe del demos, viendo la
multitud devota y a sus órdenes, no sabe abstenerse de la sangre de los hombres de su tribu”. Plinio El Viejo ya
había advertido que esa metamorfosis del soberano en lobo era temporal –como el estado de excepción– y que,
si no retornaba a su ropaje humano, se aconsejaba asesinar al tirano. Su muerte violenta será, desde siempre,
más que un homicidio, un “magnicidio”. Pero la del bandido, la del campesino ante la puerta abierta de la ley,
menos, mucho menos que un crimen. Fue en la Roma que luchaba entre seguir siendo república o dictadura,
donde se hizo extensivo el poder de la patria potestad a la ciudad. Cuenta Valeriano Máximo que Bruto ejerció
su poder absoluto en el ámbito de su hogar matando a sus hijos y que, en compensación, “adoptó al pueblo
romano”. El de Bruto es un poder que amenaza de muerte al resto de los ciudadanos sin cometer delito alguno.
Nos hace pensar cómo el término “padre de la patria” tiene, en su origen, algo de siniestro. Bruto acabará, como
se sabe, por ser parte de la conspiración para asesinar a Julio César, que se convirtió en dictador a partir de un
estado de excepción justificado en una guerra civil contra Pompeyo. Fuera de cualquier jurisdicción, tanto Bruto
como César no cumplen con una ley que está ya suspendida. Si se cometían atrocidades, éstas ya no dependían
del derecho, sino de la ética personal de quien tenía ante sí la posibilidad o no de cometerlas.
Hay pues una nueva indiferencia en el estado de excepción: entre derecho y hecho. Lo que se hace se toma
como ley. Todo puede considerarse un peligro y una amenaza a la “seguridad interior”. También cualquier
acción puede ser justificable como “necesaria”. En 1933, Carl Schmitt, el filósofo del derecho nazi, hacía notar
en Estado, movimiento, pueblo, que el Estado hitleriano no podría existir sin la introducción de la ambigüedad
en la letra de las leyes. Resalta que términos como “motivo urgente”, “caso de necesidad”, “buenas
costumbres”, “seguridad y orden público” y, por supuesto, “peligro inminente”, no remiten a una norma sino a
una situación. Es, entonces, “una norma que decide sobre el hecho mismo que decide su aplicación”. Piénsese
en el término “Schutzhaft” que, en la Alemania nazi, quería decir “custodia protectora”. Los judíos eran
agrupados para protegerlos de “la amenaza” de los ataques raciales. Con los años, esa “protección” se
transformó en los campos de exterminio. El hecho se transformó en derecho y éste en una zona de indiferencia
entre la vida y la muerte, la política y la violencia, la libertad y la seguridad. Todo fue posible gracias a la
redacción, en 1919, en la Constitución de la República de Weimar:
Art. 48. El Presidente del Reich puede, cuando la seguridad pública y el orden estén gravemente perturbados o
amenazados, tomar las decisiones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública, en caso de
necesidad, con el auxilio de las fuerzas armadas. Con esta finalidad puede suspender provisionalmente los
derechos fundamentales consagrados en esta Constitución.
Pero, ¿qué pasa con nosotros, los campesinos de Kafka a las puertas de la ley? Vivimos una renovada
ambigüedad entre la vida y la política. Nuestras existencias dependen de si se legaliza o prohíbe una sustancia,
de si se considera “necesaria” la acción militar en donde vivimos, transitamos o protestamos. Las operaciones
militares tienen esa confusión rentable entre vida y muerte: lo mismo ayudan a vacunar o a rescatar de una
inundación que a asesinar sin cometer delito alguno. “Pueblo” es un término que nos designa tanto a los que nos
constituimos como sujetos de derechos, como a quienes, de hecho, estamos excluidos de la política y, cada vez
con más frecuencia, de los derechos. Somos los que no pertenecemos al conjunto en el que estamos incluidos.
Somos la identidad que se define a partir de cómo se nos excluye. Hemos de morir, esperando en una silla, en el
momento en que se cierre nuestra única puerta.
Esta columna se publicó el 10 de diciembre de 2017 en la edición 2145 de la revista Proceso.

Ejército en las calles
Por Alejandro Páez Varela
¿Cómo olvidar las cabezas de cerdo en Edomex, de apenas este año? Foto: Archivo
Por muchas razones, diría que la Ley de Seguridad Interior no está en mis preocupaciones
en este momento. Por un lado, no es una Ley que no se pueda revertir en el corto o en el
mediano plazo; queda acudir a la Suprema Corte; queda todavía presión internacional no
sólo de los comisionados, sino de instituciones y países poderosos. Queda que la próxima
Legislatura revierta la mayoría del PRI y retome el mandato y lo transforme. Quedan
caminos a la sociedad civil. Queda lo que hará la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. Queda que se publique una sola foto de militares controlando una protesta
social para que México sufra una presión que realmente no ha visto.
¿Para qué quiere el Gobierno a los militares en la calle en estos momentos?, ¿para
controlar qué? Tiene en su poder a una prensa adicta al dinero público, que es capaz de
actuar como eso, como adicta frente a la amenaza de que se le corte un flujo que
alcanzará los 60 mil millones de pesos en este sexenio. El Gobierno no necesita en estos
momentos un Ejército armado para intimidar a sus opositores. Sí, la Ley manda un
mensaje durísimo y es un riesgo (subrayo un riesgo). Pero lo que pasa con la prensa ya,
ahora, es peor: es un ejército que ya está en la calle y que actúa a favor de un régimen
corrupto y corruptor. El Gobierno federal y los gobiernos de los estados le van a cobrar
hasta el último centavo a esa prensa a la que le ha dado todo durante cinco años
consecutivos. Le hará saber que no fue gratis tanta bondad. Le exigirá que José Antonio
Meade esté permanentemente en las portadas y en los noticieros principales de radio y
televisión, por poner un ejemplo.
Insisto en que no minimizo el riesgo de la Ley de Seguridad Interior, que es mayúsculo y
termina con una separación histórica entre el Ejército y la vida civil. Pero me parece que
estamos frente a riesgos de corto plazo que ponen en juego nuestra “democracia”. Las
autoridades electorales, por ejemplo. A pesar de que declaramos el inicio de la
normalidad democrática en 2000, todas y cada una de las fuerzas políticas del país siguen

alegando fraude. El PAN, por ejemplo, acaba de enfrentarse al aparato de Estado en
Coahuila y marchó contra la imposición. Lo mismo Morena, en el Estado de México. El
IFE está muy lejos de ser una autoridad que contenga la fuerza corruptora del PRI y sus
aliados. El Tribunal Electoral es un cuerpo vetusto y siempre en duda, y si el Gobierno
federal vuelve a mover todos los hilos de la chapuza para no soltar el poder, allá por
2019, cuando el fraude esté consumado, el Tribunal dirá que “hubo irregularidades”. Eso
me preocupa más, de verdad, que la posibilidad de que el Ejército salga a las calles. Para
que salga, se necesita que el INE y el Trife no hagan su trabajo, antes. Y si no hacen su
trabajo, el sistema democrático mexicano estará derrotado, vencido 18 años después de
que, se suponía, el PRI había sido dominado.
Me preocupa que el crimen organizado intimide a los votantes, sobre todo en zonas
rurales (aunque en Edomex operó hasta en zonas urbanas: recuerden las cabezas de
cerdo). Me preocupa que inyecte dinero e imponga candidatos, como ha sucedido en los
últimos años. Me preocupa que el fenómeno de la violencia, que el Gobierno tiene bien
diagnosticado, intimide a los ciudadanos y se dé una abstención que sólo beneficia a un
partido: el PRI. Me preocupa el dinero sucio en las campañas, que el partido en el
Gobierno sabe de dónde sacar y cómo distribuir. Me preocupa el uso de programas
sociales, las operaciones Monex, la promoción ilegal de los candidatos oficiales. Me
preocupa que, como en Edomex y Coahuila, se esté preparando una elección de Estado
con acarreo y compra de votos.
La Ley de Seguridad Interior debe tenernos muy preocupados a todos, así como la Ley
Mordaza y otras tantas chapucerías –como liberar a Elba Esther Gordillo para comerse al
Panal y para apuntalar a Meade– que el PRI, que es astuto y marrullero, echó a andar
justo a finales de este diciembre mientras todos nos distraemos con posadas y desveladas.
Pero, como sociedad, deberíamos multiplicar el esfuerzo en los siguientes meses para
evitar que se imponga a un individuo que no queremos los ciudadanos. Al final, hay una
Ley de Seguridad Interior porque el PRI se impuso con trampa en 2012; lidiamos con esa
Ley hoy porque no pudimos contener al partidazo y a su candidato de plástico.
Y me preocupa esto: que el fraude sea tan escandaloso que, ahora sí, en el arrojo se
utilice la Ley de Seguridad Interior para justificar que el Ejército mexicano deje su puesto
histórico y se meta a “controlar” el descontento social.
Es terrible la Ley de Seguridad Interior. Pero antes de que aplique; antes de que llegue el
Ejército en las calles, debemos empujar a todas horas y con toda nuestra voluntad para
que se respete el mandato popular no sólo el día de las votaciones, sino desde ahora; que
no se manipule a la gente con el ejército de medios que ya está en las calles; que no se
compre una elección en efectivo con la alcancía de las megaobras y de las grandes
constructoras.
El Gobierno federal hará todo lo que esté a su alcance para, otra vez, imponer a uno de
los suyos en el poder. Eso, esperémoslo. Se trata de una élite que desde hace décadas vive
pocamadre gracias a que sabe cómo imponerse y controlar el descontento que provoca la
imposición.
El ejército de civiles que manipula elecciones ya está en la calle, operando. Ése es el que
más debería preocuparnos ahora mismo. Ése es el que debemos contener, como sociedad

civil, como ciudadanos, a la voz de ya. Si contenemos al ejército de civiles que planea
cometer otro fraude, habrá paz social. Entonces no debería preocuparnos el otro, el
armado, si contenemos al civil. Así, el armado se mantendrá en el rol que le ha asignado
la Historia.
¿Cómo será en México con la nueva
Ley de Seguridad Interior?
Por Adrián López Ortiz
¿Cómo será México cuando la nueva LSI se instale? Yo le puedo decir cómo: en materia de seguridad, México será como
Sinaloa. Foto: Cuartoscuro
La Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada por el congreso a pesar de las críticas de
sociedad civil, expertos y organismos internacionales como la ONU y la CIDH. Como les
dijera en su cara el académico Alejandro Madrazo: nuestros legisladores siguen creyendo
que somos tontos y no entendemos lo que sucede.
El argumento de parte de los promotores de la ley es que era necesario regular lo que ya
sucede. Necesario tal vez, pero no así. Quienes hemos sido críticos de la LSI creemos que
con ella dimos un paso más hacia la militarización y que las consecuencias serán graves y
difíciles de revertir en el futuro.
La pregunta de mucha gente es qué pasará ahora. ¿Cómo será México cuando la nueva
LSI se instale? Yo le puedo decir cómo: en materia de seguridad, México será como
Sinaloa. O al menos algo parecido. Y tristemente no lo digo como algo bueno.
¿Por qué? Bien sencillo, aquí en Sinaloa el modelo que propone la LSI se viene
construyendo desde hace muchos años. Pero con el gobierno de Quirino Ordaz dio pasos
acelerados.

Me explico. De acuerdo con el colectivo #SeguridadSinGuerra, la nueva LSI ofrece
graves amenazas, enumeraré y explicaré las más relevantes para el “Caso Sinaloa”:
1. Da a las fuerzas armadas facultades de policía.
En Sinaloa usted puede ver militares arriba de las patrullas de la policía: patrullan,
arrestan, ponen retenes. Desde el arranque del este gobierno, cerca de dos mil efectivos
militares se encargan de las tareas de seguridad. Y tan solo en 2017 ya tenemos más
muertos que en 2016.
2. No genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde que el ejército se
apropió de las calles en Sinaloa, es la institución que concentra la mayor parte de las
quejas principalmente por abusos de autoridad, ingresos a domicilios sin órdenes de
cateo, y maltrato. Si ya cojeaban de esa pata, ahora les damos permiso.
3. Permite a fuerzas federales (y militares) intervenir en protestas sociales.
En 2014 se realizaron en Culiacán marchas para protestar contra el arresto y la
extradición de Joaquín Guzmán, entonces el gobernador Mario López Valdez envió a la
policía ministerial a disolver la segunda marcha: dispararon al aire en medio del caos
absoluto, golpearon a un reportero nuestro e hicieron arrestos masivos e ilegales. De
milagro no pasó a mayores. Ahora esa tarea le tocará al ejército.
4. Toda la información sobre seguridad interior será confidencial.
También en 2014, el Congreso Local aprobó en unanimidad el artículo 51 Bis, en lo que
se llamó coloquialmente la “Ley Mordaza”. El artículo prohibía tratar asuntos de
seguridad. A punta de protesta, pudimos derogarlo, pero la tentación del silencio ahora se
materializa: no vamos a saber nada sobre acciones, recursos y decisiones. El argumento
será impecable: “confidencial por seguridad interior”.
5. No impone límites de tiempo a afectaciones de seguridad interior.
¿Cuánto debe durar el ejército en una región o estado? Lo que sea necesario. En Sinaloa
el ejército asumió las tareas de seguridad civil desde 40 años en la zona serrana y ahora lo
hace también en zonas urbanas. No es porque van ganando, sino porque cada vez la
policía puede menos y los criminales más.
6. No obliga a que estados y municipios fortalezcan policías.
Sinaloa tiene un gran déficit de policías y de la que existe, más de la mitad está
reprobada. Tanto el gobernador como el Secretario de Seguridad, Genaro Robles, han
insistido en que la presencia militar es temporal, pero todo indica lo contrario: el proyecto
de reconstrucción policial no se ve y se planea instalar una base militar enorme y
permanente en el centro del estado.
7. Fomenta intervención militar en inteligencia civil.
En Sinaloa todos los mandos importantes en materia de seguridad son ocupados por
militares. Y otra de las grandes acciones promovidas por el gobernador Ordaz Coppel es
la inversión en tecnología, en ella destaca la compra de dos drones para patrullaje y
vigilancia con valor de 3.5 MDD. ¿Adivine quien los operará?

8. Definiciones imprecisas permiten que todo quepa en “seguridad interior”.
Dado que Sinaloa carga con el estigma narco y todo delito de alto impacto es etiquetado
de inmediato como “crimen organizado”, el nuevo concepto de “seguridad interior” nos
viene perfecto: acá prácticamente la “seguridad civil” no existe, todo será materia de las
Fuerzas Armadas porque “todo es crimen organizado”.
¿Pero entonces que hacemos con el argumento del “último recurso”? Porque tampoco
podemos ser románticos cuando sabemos que en amplias zonas del país, solo el ejército
puede contener a ciertos grupos criminales.
De acuerdo, pero el error está en confundir lo último con lo único. Como señala Michael
Ignatieff: la decisión ética debe ser prudencial; tomarse sobre la base de demostrar que
las fuerzas armadas son la última opción; y siempre con un enfoque temporal.
Por favor señores diputados y senadores, volteen a Sinaloa para que vean que 40 años de
usar al ejército como único recurso termina mal.
40 años de ejército no han impedido que seamos unos de los estados más violentos del
país y que la marca “Sinaloa” no se entienda sin el prefijo “cártel”. Acumulamos 30 mil
homicidios desde la Operación Cóndor y el Gobierno de los Estados Unidos recomienda
no viajar a nuestro estado. Esos son los saldos de la “guerra” que ahora perpetuamos. No
somos los únicos, Tamaulipas y Chihuahua pueden incluirse también. Lleve eso a escala
nacional.
En fin, la nueva LSI es peligrosa por muchas razones, pero sobre todo por una: nos dice
que no hay de otra. Que el ejército es el ÚNICO CAMINO. Aún cuando la experiencia
internacional nos enseña que no es así. Una experiencia que nuestra clase política no ha
querido escuchar.
¿Exagero? No. Si no me cree, venga a Sinaloa. Verá al ejército en las calles, y aún así
notará que vivimos con miedo.
Solalinde, Vera y Rangel dicen que
legisladores no escucharon y así
aprobaron Ley de Seguridad
Por Redacción / Sin Embargo
Los sacerdotes Alejandro Solalinde, Raúl Vera (Saltillo) y Salvador Rangel
(Chilpancingo) repudiaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior,
al considerar que los legisladores hicieron caso omiso a las advertencias de
organismos defensores de derechos humanos, y que la estudiaron sólo
durante 12 horas, y que, aunque algunos estados, como Guerrero, ya están
militarizados, la violencia sigue al alza.

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Les valió: Senadores aprueban en comisiones Ley de Seguridad
que repudian ONU, CNDH, ciudadanos…
Chilpancingo/Saltillo/Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo/Vanguardia/El
Sur).- La Ley con la que el Estado mexicano pretende contener la violencia en el país ha
atraído la atención incluso de miembros de la Iglesia católica, que condenaron a los
legisladores que la aprobaron sin siquiera revisarla detalladamente.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el pasado viernes– en sólo 12 horas de
discusión– con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus
aliados del Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista de México (PVEM); hubo 34
legisladores de la oposición en contra y tres abstenciones.
La propuesta de Ley fue enviada por el mismo Presidente Enrique Peña Nieto y durante
meses causó controversia al otorgar a la Marina y el Ejército facultades en materia de
seguridad pública, lo cual agravará las violaciones a derechos humanos y ejecuciones
extraoficiales, como alertaron durante semanas activistas y organizaciones nacionales e
internacionales.
El sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra ha sido una de las voces más
representativas en contra de la Ley de Seguridad.
En cuenta de Twitter, el defensor de los derechos de los migrantes expresó: “Me niego a
creer que en el PRI no haya personas honestas, que amen a México y reconozcan el daño
que nos hará la Ley de Seguridad Interior, a la ciudadanía, a las mismas fuerzas armadas,
a los derechos humanos”.
Asimismo, urgió a aquellos legisladores priistas que están en contra de la aprobación de
la Ley a que se pronuncien.
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La Ley de Seguridad es política y se puede derribar en la
Suprema Corte, dicen diputados federales

En tanto, el Obispo de Saltillo (Coahuila), Raúl Vera López, señaló en su homilía del
domingo que la Ley recién aprobada “sí se puede echar abajo”, pues carece de sustentos.
“La Ley se puede echar abajo. Estos bárbaros senadores empezaron a las tres de la tarde y
terminaron a las seis de la mañana aprobando esta porquería; vamos a echar abajo esa
Ley. La Constitución Mexicana es la base de todos los derechos que tenemos”, expresó.
“No tiene sustento… si el Consejo de Derechos Humanos, no sólo el Alto Comisionado,
y ex miembros del Consejo que conocen México están de acuerdo; tampoco la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos la acepta, ni Amnistía Internacional. Yo dirijo dos
centro de derechos humanos y no estamos a favor”, puntualizó el Obispo.
Raúl Vera criticó que el Congreso de la Unión tome decisiones tan importantes a fin de
año y cuando se aproximan las elecciones presidenciales.
“Ya se van y han hecho pedazos al país con sus reformas estructurales. La sociedad está
muy enojada y se quieren ‘proteger’. ¿Qué reflexión puede tener que a unos tipos, que
sólo en 12 horas ‘estudiaron’ y aprobaron la Ley, y los ponen a votar a las 06:00 de la
mañana? Felipe Calderón firmó la extinción de Luz y Fuerza del Centro a las 11:00 de la
noche en su casa. Esas son las costumbres de los políticos mexicanos”, agregó.
Vera López también aseguró que la polémica propuesta de Andrés Manuel López
Obrador, precandidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de
dar amnistía a criminales es una práctica que ejerce el Estado mexicano desde hace años.
“¡[Los criminales] ya tienen amnistía, por amor de Dios! Y [el Gobierno] los tienen en
impunidad total. Eso ni discutirlo. [Por ejemplo], ‘El Chapo’ entró y salió de los penales,
y mientras están en los penales tienen todos los privilegios”, afirmó.
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Morena anuncia impugnación a la Ley de Seguridad, PAN
lamenta no hubiera debate; marchan en CdMx
Para el Obispo de Chilpancingo (Guerrero), Salvador Rangel Mendoza, es curioso que en
el año que más militares llegaron a la entidad, más ejecuciones se registraron.
Rangel Mendoza consideró de suma importancia que los militares y marinos sean
capacitados para no violentar los derechos humanos de los ciudadanos, “que también se
les debe de hacer sentir que custodiar a la comunidad es algo, para que se basen en esa
motivación”.

“Yo insistiría en el cumplimiento de esa responsabilidad, presentarnos a quien miran
mejor capacitados y mejor proyecto para que la ciudadanía miremos, escuchemos y en
mera liberar cada uno exprese su decisión en torno a lo que ha percibido o expuesto”.
Lamentó que el 2017 esté cerrando con una tasa de criminalidad “altísima” y que
Guerrero ocupe uno de los primeros lugares. “Por más que se ha querido militarizar o se
militarizó el estado, con la Policía Federal, la Marina, el Ejército, la criminalidad va al
alza.
“Yo digo que metiendo soldados a las calles, la Marina y federales no se va a arreglar (la
violencia), tiene que haber un diálogo, un acercamiento, de cómo tratar que eso baje la
criminalidad, el secuestro, porque al último la que está perjudicada es la gente, a veces
gente inocente”, sostuvo.
Por lo tanto, reiteró que no está de acuerdo con la aprobación de la Ley de Seguridad
Interior, que lo que siempre ha abogado es que se preparen mejor a las policías federales,
municipales y estatales, que se les capacite mucho mejor.
“En las elecciones incluso yo temo hasta un golpe de Estado, por eso yo no estoy de
acuerdo que se militarice y luego no soy yo, es la ONU, son los de los derechos humanos,
grandes personajes. Ojalá que el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) escuche
otras voces, escuche, porque eso de aprobarse la ley en el Senado, a una hora y a vapor,
eso no le conviene a nadie”, agregó.
Finalmente, hizo un llamado a legisladores de todos los políticos para que sus candidatos
no cometan actos de corrupción o realicen malos gobiernos, pues, dijo, es su
responsabilidad mirar la realidad que se vive y ver cómo se responde a la situación
concreta de la construcción del bien común.
-Con información de Mariana Labastida (El Sur) y Christian Martínez (Vanguardia).
Secretario General de Amnistía Internacional repudia
Ley de Seguridad y llama a EPN a vetarla (Carta)
"La ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas
armadas en labores que deben corresponder a las policías", señaló.
Foto: Hilda Ríos/ Cuartoscuro

Redacción AN
diciembre 18, 2017 8:13 amCompartir11
El Secretario General de Amnistía Internacional,Salil Shetty, dirigió una carta abierta al Presidente
de México, Enrique Peña Nieto, a quien le pidió vetar la Ley de Seguridad Interior que fue
aprobada en el Congreso el pasado viernes.
Shetty precisó que: “Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más
queesconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores
que deben corresponder a las policías”.
La organización Amnistía Internacional se encuentra enormemente preocupada porque la
implementación de esta ley no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los
derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones
forzadas.
Recordó que la evidencia demuestra que la estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más
de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México.
Aquí la carta abierta del Secretario General de Amnistía Internacional a Enrique Peña Nieto:
20171218- Carta de Salil Shetty a Enrique Peña Nieto – Ley de Seguridad by Aristegui
Noticias on Scribd
Dinero
Presupuesto 2018: asambleístas voraces
Ley de seguridad: cautos, los candidatos
Multan a Heineken
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
El próximo miércoles deberáquedar aprobado el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal para 2018. Los
recursos son insuficientes, como señala el secretario de Finanzas, Édgar Amador Zamora. Hay necesidades
imperiosas: iluminación, agua y drenaje. El presupuesto debe ser autorizado por la Asamblea, pero hasta ahora
ningún partido o representante en lo particular ha levantado la mano para decir que están dispuestos a
cooperarsacrificando sus ingresos y gastos. Algunos han usado el cargo para amasar fortunas importantes,
ligadas al cártelinmobiliario, como la que se atribuye al presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista
Leonel Luna. Y todavía aspiran a ligar otra posición en el gobierno que sigue.
El nuevo Poder Militar

No tuvo que hacerlo en lo oscurito, porque la ciudadanía ha reaccionado –con excepción de algunos grupos
sociales– con indiferencia. El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Seguridad Interior, que legaliza la
participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado... y va más allá de eso. Resultó
insuficiente la protesta de más de 150 organizaciones civiles contra una legislación que viola los derechos
humanos. Sobresaliente, valiosa, la participación de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. El
candidato (no priísta) del PRI, José Antonio Meade, expresó que fue aprobada en un contexto en el que muchos
puntos de vista fueron escuchados, lo que dará certeza al ciudadano, a las fuerzas armadas y nos dará un marco
más moderno que se puede modificar. Dice Meade quetenemos un buen punto de partida. El aspirante de
Morena, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que la aprobación se hizo con el objetivo de preparar el
fraude electoral del próximo año; sin embargo, al iniciar una gira en la delegación Tlalpan, con Claudia
Sheinbaum, matizó su opinión y llamó a sus seguidores a no preocuparse, porque el próximo Presidente de
México (pensaba en él) nunca utilizará al Ejército o a la Marina para reprimir al pueblo. Por su lado, Margarita
Zavala escribió en su cuenta de Twitter: “Es evidente que se deben seguir revisando los argumentos y
preocupaciones de los ciudadanos en torno a la #LeyDeSeguridadInterior. La decisión está en manos del
Presidente@EPN”. No hizo referencia a que el mandatario que originalmente sacó a la tropa a la calle fue
Felipe Calderón. El aspirante presidencial por el Frente, el panista Ricardo Anaya, expresó que si bien
es imposible retirar al Ejército de las calles de un día para otro, la estrategia que se aplica desde hace 10 años no
está funcionando. ¿Cómo no lo dijo cuando era chalán de Calderón? ¿Así o más tibios nuestros presidenciables?
Es evidente que rehuyeron confrontar al nuevo Poder Militar.
Monopolio cervecero
Heineken Cuauhtémoc Moctezuma, segundo grupo cervecero de México y filial de la compañía holandesa
Heineken, recibió una multa por 11 millones 789 mil pesos de la Comisión Federal de Competencia Económica,
derivada de supuestas prácticas monopólicas denunciadas en 2010. La sanción sería por incumplir algunos
compromisos para eliminar efectos anticompetitivos en el mercado de distribución, comercialización y venta de
cerveza. (No dejan entrar al mercado a sus competidores). Heineken México informó que respeta la resolución
de la autoridad, pero empleará los recursos legales necesarios para resolver esta controversia, aún sujeta a la
decisión final de los tribunales.
Ombudsman social
Asunto: así gastan nuestro dinero
Así Ciudad de México: en riesgo de quiebra financiera.
¡Pero cómo no! Para bailes y eventos musicales en el Zócalo sí hay dinero. Mexicanos al fin. No hay para
las llantas de los vagones del Metro, pero para las fiestas qué tal.
Genaro Flores Cruz/Ciudad de México(vía Facebook)
R: Agrega el costo de la Asamblea de la ciudad. Viven como príncipes a costa de los ciudadanos.
Twiterati
Leo a quienes dicen que @diegoluna_ y@GaelGarciaB no deberían opinar sobre la
#LeyDeSeguridadInterior, porque de eso no saben nada. Y yo pensaba que en una democracia todos podemos
opinar de lo que se nos pegue la fregada gana.
Gabriela Warkentin @warkentin
–¿Y cómo les va en México?
–Mmm... no puedo quejarme.
–¿Así de bien?
–Nooo. No puedo quejarme... si me quejo, me madrean los militares con su #LeyDeSeguridadInterior o me
meten al bote los jueces con la nueva #LeyMordaza
Luis G. Hernández @luisghernan
Te propongo llevar la fiesta en paz@Claudiashein. Evitemos encuentros desafortunados, como el de ayer.
Tu sabes que para hacer un acto público se necesita un permiso, con el que no contaban. Aun así fueron a
imponerse, a provocar.
Alejandra Barrales@Ale_BarralesM
¡Wow! Ese mensaje de@Ale_BarralesM es digno ¡de unanarcomanta! #NiUnVotoAlPRD

Miguel Ángel @fernanmi
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
galvanochoa@gmail.com
Astillero
Gordillo, Ivonne y Velasco
Tres pagos por Meade
EEG: decisión política de EPN
Los Pinos: desechar la LSI
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
EXIGEN VETO A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR. Ciudadanos e integrantes de organizaciones sociales marcharon ayer de la Estela de
Luz a Los Pinos para exigir al presidente Enrique Peña Nieto que vete la Ley de Seguridad Interior aprobada por diputados y senadores.
Después, una columna se dirigió hacia el Hemiciclo a Juárez, donde realizó un breve mitinFoto Pablo Ramos
Ave de tempestades, Elba Esther Gordillo ha causado revuelo político en cuanto se ha sabido que la
administración peñista, a través de la muy controlada Procuraduría General de la República (PGR), se abstuvo
de impugnar la orden judicial de que la profesora curse en su domicilio particular el resto del proceso instaurado
en su contra (es importante precisar: no es cierto que triunfó el estado de derecho y que la ida de la profesora a
casa se debe a la habilidad de su abogado; la PGR se desistió de seguir haciendo lo que había hecho durante dos
años, impedir con tretas legaloides el otorgamiento del beneficio de la estancia domiciliaria: fue por una
decisión política de la PGR, es decir, de Enrique Peña Nieto).
Dos hechos han alentado la insistente versión de que se está en presencia de un arreglo político entre el PRI-
Los Pinos y la ex dirigente sindical que, a pesar de los años de prisión, mantiene una fuerza política latente: el
primer dato fue la firma de una coalición electoral del Partido Nueva Alianza (Panal) con el Revolucionario
Institucional.
Cierto es que, a la caída en prisión de Gordillo, fueron desplazados del Panal los operadores de la profesora
(sobre todo su hija, la senadora Mónica Arriola, ya fallecida), y el dirigente hasta entonces de papel, Luis

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