Sintesis informativa martes 15 de enero de 2019

Exigen al Congreso de Oaxaca declarar persona non grata a
Quadri
Tras la polémica que generó en las redes sociales los comentarios del excandidato presidencial,
Gabriel Quadri, la sociedad civil exige a los diputados de la 64 Legislatura, declararlo como
persona non grata en la entidad.
Por Andrés Carrera Pineda
La petición con la leyenda “Que el H. Congreso del Estado de Oaxaca declare persona non grata a Gabriel
Quadri”, surgió el 12 de enero y busca conseguir mil firmas.
Hasta este martes 14 de enero, ya se contabilizaron 593 firmas que exigen a los legisladores locales, actuar
en torno a lo publicado en la red social Twitter del político mexicano.

La petición que se puede consultar mediante la página el link: change.org, señala que las expresiones
públicas manifestadas por Gabriel Quadri en el sentido de que “Oaxaca, junto a Guerrero y Chiapas, son
una carga o lastre para nuestro país, sin los cuales México sería una potencia emergente, constituyen un
acto discriminatorio”.
Refiere que además de ser injuriosos, peyorativos, xenofóbicos, supremacistas y racistas, instiga odio y
división entre los mexicanos. Inaceptable en quien alguna vez se postuló como candidato a Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos. No debe pasar desapercibido este acto discriminatorio, que por lo menos
tenga la consecuencia política de que el órgano legislativo estatal de uno de los estados agraviados lo
declare una persona non grata para Oaxaca”.
Cabe destacar que las voces de rechazo hacia los comentarios de Quadri, se hicieron valer desde la misma
red social, donde incluso el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, le exigió una disculpa pública.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la 64 Legislatura, Laura Estrada Mauro,
también se pronunció, señalando que “Oaxaca, Guerrero y Chiapas, no son una carga para México.
“Son un motor de desarrollo. Parece que molesta a algunos que el gobierno federal por fin mire hacia el
sureste. Pedimos una disculpa pública”, señaló.
Ahora los diputados tendrán la oportunidad de considerar la petición ciudadana, de lo contrario quedará
únicamente en una exigencia más de la sociedad civil.
Gerardo Valdivieso Parada
Son "nulos" los contratos de empresas eólicas
El edil consideró que en un juicio, los contratos de las empresas eólicas pueden anularse por
carecer de un sustento legal
JUCHITÁN, Oaxaca.- Para el presidente municipal Emilio Montero Pérez, los contratos celebrados por las
empresas eólicas con los que les arrendan tierras en el municipio “son nulos”, puesto que las tierras de Juchitán
son “ejidales”.
Para el edil, los contratos no tienen una base legal. Se arrendaron como si fueran propiedades privadas y las
tierras de Juchitán no tienen el régimen de pequeña propiedad.
“Las 65 mil hectáreas de Juchitán son tierras ejidales. Los contratos que se hicieron con las empresas son nulos
de pleno derecho, porque se buscaron notarios públicos, se escrituraron y se contrataron como si fueran
propiedades privadas”, sostuvo.
El edil aclaró que no es una amenaza, pero dijo que en un juicio, los contratos pueden anularse por carecer de
un sustento legal.
Sin embargo, manifestó que es necesario que este tema se encause por la legalidad.
Propone superar vacíos legales

Montero Pérez dijo que se ha entrevistado con el presidente, así como con los funcionarios estatales y federales
que tienen que ver con el tema eólico, sobre el vacío legal que existe, respecto a los impuestos que deben pagar
las empresas eólicas.
Refirió que aunque estas empresas pagan sus impuestos a la Federación, Juchitán es un municipio “libre y
autónomo” que puede autorregular estos recursos.
Indicó que en una plática con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, le informó de palabra que los montos
pagados por las empresas eólicas a la Federación por concepto de IVA e ISR, representan entre 4 y 6 mil
millones de pesos.
Detalló que en una reciente reunión con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le
planteó buscar un mecanismo legal para que Juchitán y sus agencias se beneficien con esos impuestos.
Dijo que, aprovechando la mayoría de Morena en el Congreso, propondrá hacer una reforma a la ley que
construya “un andamiaje legal” para que las empresas eólicas paguen sus impuestos al municipio, para que en
verdad haya un impacto en el desarrollo de Juchitán y sus habitantes.
Informó que los acuerdos con la empresa Eólica del Sur y los Gobiernos Federal y del Estado se han cumplido
en un 70 por ciento.
El Gobierno Federal ya ha aportado un aerogenerador y el Gobierno del Estado está en proceso para hacer
realidad el parque eólico municipal.
Falta también el terreno que iba a aportar el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación.
Son tierras comunales
Las tierras de Juchitán son comunales y abarcan 68 mil 102 hectáreas, un polígono que se sustenta en una
Resolución Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales emitida por el Presidente de la
República, Gustavo Díaz Ordaz, el 17 de junio de 1964.
El polígono, además del municipio y sus agencias, también se extiende en parte de las tierras de Unión Hidalgo,
Espinal e Ixtaltepec.
Desde los setenta, por cuestiones políticas y legales, no existen autoridades agrarias en Juchitán.
Toman oficinas de la eólica Unión Hidalgo
Son 144 propietarios que mantienen un contrato con esta empresa.
Por Faustino Romo Martínez

Propietarios de tierras apartadas por la empresa eólica Unión Hidalgo, decidieron manifestarse para exigir los pagos atrasados,
por lo que decidieron tomar las oficinas como medida de presión y ser atendidos por los directivos, pues a la fecha se han
negado a resolver el pendiente.
Víctor Orozco Toledo presidente del Comité de propietarios, informó que la decisión de asamblea realizada el día domingo, fue
la de tomar las oficinas que ocupa la empresa eólica “Unión Hidalgo”, debido a las irregularidades que existen en los pagos a
los dueños de las tierras.
Explicó que son 144 propietarios que mantienen un contrato con esta empresa, pero no les han pagado, además de que esta
empresa lleva 15 años y no ha querido actualizar los contratos, cuando estos indican que la actualización debe realizarse cada 5
años.
Indicó que en repetidas ocasiones han buscado poder dialogar con los directivos de la empresa, peor únicamente han recibido
respuestas negativas, lo que ha generado el enojo de los propietarios, quienes decidieron manifestarse de manera indefinida,
para lograr finalmente ser atendidos.
Señaló que de no ser atendidos y obtener una respuesta satisfactoria a su exigencia, estarían realizando acciones más drásticas,
pues solo les están dando larga a los pagos pendientes.
Continúa bloqueo del Parque eólico BiiStinu en Juchitán
Propietarios exigen atención de la de la empresa EDF por lo que desde hace una semana mantienen
de manera pacífica el bloqueo en el acceso al parque
Por Faustino Romo Martínez
Propietarios del polígono del Parque Eólico BiiStinu denuncian que los directivos de la Empresa Eléctrica de Francia EDF
solapan a empresas foráneas que incumplen en la prestación del servicio de vigilancia y custodia de los predios que se ubican en
dicho poligonal, motivo por el cual aseguraron que se han organizado para llevar a cabo una manifestación pacífica desde hace
una semana en el acceso al parque, sin que los directivos de dicho parque se acerquen a dialogar con ellos.
“Se supone que la empresa EDF contrata una empresa de seguridad para que nos preste un servicio de vigilancia en los ranchos
del polígono, pero siempre han incumplido hubo una licitación recientemente, solicitamos la convocatoria y nos la negaron,
diciendo que querían cinco años de experiencia y otros requisitos poniéndonos trabas, yo soy propietario de uno terreno de este
polígono y nos dimos a crear una empresa de seguridad porque ellos no han cumplido”, explicó Saín Garnica.
Señaló que tampoco ha cumplido con los elementos que han estado trabajando, no los tiene registrados en el Seguro Social, no
tiene servicio médico, no tienen vehículo para sus recorridos, no tienen uniformes, ni prestaciones, cuando llevan dos años
trabajando para esta empresa.
“Me negaron la convocatoria, pero resulta que uno de los directivos de este parque, crea su propia empresa para meterla de
seguridad, eso no puede ser, nos enteremos que ni siquiera tiene permiso, ahora en enero nos enteramos que se le dio chance de
presentarse hasta el día 20, sin entender porque tantas preferencias”, destacó.
Indicó que ya llevan una semana, pero están cerrados en ese tema, “Dicen que no y que no, hemos metido oficios, quejas, pero
pues los Ingenieros se encargan, yo creo que aquí se queden y no han llegado a México, por lo que nosotros buscamos que esto
llegue a las oficinas centrales, que sepa lo que ocurre realmente, nosotros estamos pidiendo trabajo y no es porque queramos,
ellos nos han obligado al no prestar bien la seguridad, por eso tenemos que buscar la manera de vernos beneficiados, pues han
ocurrido por ejemplo el robo de ganado y nadie vigila”.
Comentó que son 14 vigilantes en dos turnos de 7 cada uno, en dos casetas de vigilancia, para el resguardo de por lo menos 72
propietarios, “Los recorridos entre los terrenos duran por lo menos una hora y media en carro, más 40 minutos del otro lado, por
lo que es un tramo bastante grande el que se debe vigilar”, apuntó.
Los inconformes se encuentran en la caseta de vigilancia del parque, solo dejando pasara a los propietarios de los terrenos, más
no así a los ingenieros que están trabajando en este parque aún en construcción.

Ángel Mendoza
Recomponen plan de reconstrucción para el Istmo,
Oaxaca
Mario Jiménez Leyva
La huella de los sismos aún persisten en mucha comunidades istmeñas
TEHUANTEPEC, Oaxaca.- Los apoyos que el gobierno federal entregará a los damnificados por los sismos de
septiembre de 2017 tendrán nuevas reglas de operación, dijo Martín Bolaños Martínez, delegado regional de los
Programas de Desarrollo de la administración federal.
El funcionario señaló que los lineamientos buscan evitar caer en irregularidades, como sucedió con el anterior
Gobierno Federal. En el Istmo de Tehuantepec se han señalado fraudes con tarjetas de Sedatu, la exclusión de
afectados del primero y segundo padrón de damnificados, limitación en entrega y uso de recursos e
irregularidades en la reconstrucción de vivienda, edificios históricos e infraestructura urbana.
Bolaños Martínez destacó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciará en los
próximos días en la ciudad de Oaxaca el plan para la reconstrucción.
Siendo presidente electo, López Obrador visitó ciudad Ixtepec el 19 de septiembre pasado y presentó el
programa nacional de reconstrucción para los municipios más pobres del país afectados por los terremotos de
septiembre del año pasado.
El esbozo del programa comprendía rehabilitar o construir 35 mil viviendas que se dañaron o quedaron
destruidas por los terremotos.
Consideró la rehabilitación de centros de salud, mercados, templos y edificios del patrimonio cultural.
Por anomalías, suspenden pagos
El funcionario federal anunció que desde el año pasado, entre los meses de octubre y noviembre, debieron
pagarse los folios de las viviendas registradas en el segundo censo, pero debido a las diversas anomalías esta
actividad fue suspendida.
A diferencia de la administración pasada, el actual gobierno federal entregará los apoyos a la familia afectada,
así como le brindará asesoría técnica para levantar viviendas y cumplir con las especificaciones de construcción
y para que el recurso sea aplicado correctamente.
El representante del Presidente de República en la región del Istmo indicó que la Federación retoma el tema de
los damnificados. Se cubrirán los pagos en las próximas semanas, pero con las nuevas reglas de operación.
No está perdido el recurso
De acuerdo a Martín Bolaños, el año pasado el gobierno destinó recursos a personas que no tuvieron daños en
sus viviendas; en tanto que otros que sí tuvieron afectaciones no aplicaron estos apoyos en reconstruir su
patrimonio, sino que los utilizaron para otras cosas.

Afirmó que no está perdido el recurso destinado para los damnificados que sus viviendas fueron empadronadas
y que recibieron un folio en el segundo censo.
Señaló que quienes no fueron registrados en el primero ni el segundo censos, pero todavía siguen con su
vivienda dañada, el Gobierno Federal los incluyó en los primeros ocho programas del Censo Bienestar, en uno
que comprende la reconstrucción.
Acuerda Tonameca elección de agentes municipales
Se espera que se trabaje por el desarrollo de las comunidades.
Por Raúl Laguna
En Santa María Tonameca, ya preparan las elecciones para elegir agentes de policías y agentes municipales; así como a
representantes de cada una de las 118 comunidades.
Desde el pasado martes 9 de enero, en sesión de Cabildo, los concejales y el presidente municipal Hugo Castrojón Martínez,
acordaron la emisión de la convocatoria para la renovación de los representantes y agentes de policía y municipales en este
municipio.
La autoridad municipal espera que ya elegidos los representantes de cada comunidad, se coordinen para trabajar en beneficio y
desarrollo de los pueblos tonamequenses.
Cabe destacar que en la agencia municipal de San Francisco Cozoaltepec, se realizó la primera reunión con los pobladores y
representantes de ese núcleo agrario.
En dicha reunión se acordaron los métodos para la elección, en donde la ciudadanía elegirá al agente municipal el próximo 20
de enero a las 10:00 horas.
La elección será por usos y costumbres y por opción múltiple, con 10 propuestas elegirán a quien los representará en la agencia
municipal de San Francisco Cozoaltepec. Las propuestas serán ciudadanos de las comunidades con las que cuenta la agencia
municipal.
El Tule ya cuenta con Agente de Policía
En la agencia de policía de Santa Elena “El Tule”, el presidente municipal, Hugo Castrejón Martínez, tomó protesta como
agente de policía a Miguel Canseco Ríos y al cabildo con el que trabajará.
Taxistas de Pinotepa Nacional exigen derecho de antigüedad
Los mototaxistas entregaron la solicitud del estudio de factibilidad.

Por Mario Méndez
Un grupo de taxistas se manifestó ayer frente al palacio municipal de esta ciudad de la Costa de Oaxaca, para pedir al edil José
Alberto Fenochio Vigil, no dejar que se desestabilice el transporte ante la implementación del servicio de mototaxis.
Simultáneamente, el grupo de ciudadanos que pretenden implementar el transporte público de mototaxis, encabezados por
Antonio Guevara Rojas, se reunieron con el presidente municipal Fenochio Vigil, para entregarle la solicitud del estudio de
factibilidad.
En respuesta, el edil se acercó a ellos para informarles que les confirmaba una audiencia que solicitaron para el día sábado 19 de
enero, a las 9:00 horas en donde se tratarán asuntos relacionados con el transporte en esta ciudad.
No obstante, los choferes de seis sitios de taxis que al mismo tiempo se manifestaban en la explanada municipal, decidieron
acercarse para comentarle al munícipe que llevan quince años trabajando en el volante y que además apuestan por la paz de la
comunidad.
Entrevistado al respecto, el alcalde dijo que todo se hará de acuerdo a la legalidad y que no está a favor de ningún grupo, de tal
manera se llegará a un buen acuerdo a beneficio de la localidad.
Asimismo, reafirmó que mientras no se haga el procedimiento de la implementación del transporte de mototaxis, bajo el marco
de la ley, no podrán circular en la zona.
Cabe señalar que los taxistas se manifestaron con pancartas donde se leía que, ellos son los verdaderos choferes del volante,
“Concesión para los verdaderos choferes”, “Nada por encima de la ley”, “Los sitios establecidos cuentan con choferes que
tienen quince años de antigüedad, exigimos respeto”.
En tanto, al término de la reunión con el primer concejal Antonio Guevara Rojas, dio a conocer que no se firmó ninguna minuta
de acuerdo y que se programó otra audiencia para el día sábado con la finalidad de reafirmar detalles, ya que Fenochio Vigil
está cuidando que se mantenga la paz en el municipio.
Finalmente dijo que el presidente municipal viajará a la ciudad de Oaxaca para informarse del procedimiento de estudio de
factibilidad y que se ajustará al marco legal establecido.
Octavio Vélez
Por corrupto, destituyen a líder de la Sección 22
Emilio Morales Pacheco
Protesta en las instalaciones de la Sección 22
Por incurrir en corrupción, la Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) aplicó el Principio Rector 20, equivalente a la destitución, al auxiliar de la Secretaría de
Trabajo y Conflictos del nivel Primaria General, Abner Chávez Hernández.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, que se integró para analizar el caso, el
representante por la región de la Sierra fue destituido porque se comprobó su participación en la venta de
espacios de ubicación en escuelas preferenciales a normalistas recién egresados.
La corrupción se descubrió cuando un grupo profesores detuvo a un supuesto docente de nombre Germán
Santiago Hernández, el 13 de septiembre de 2018, en inmediaciones del atrio del templo de Santo Domingo de

Guzmán, después de recibir dinero de una egresada normalista, para que fuera ubicada en una escuela de su
preferencia.
Santiago Hernández fue trasladado al edificio de la Sección 22 del SNTE donde confesó que fue enviado a
recoger el dinero por el auxiliar de la región de la Sierra, Abner Chávez Hernández.
Ante esto, la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primaria General, presentó una denuncia en su contra en la
Asamblea Estatal para que investigara este caso de corrupción.
Para tal efecto, se integró una Comisión de Honor y Justicia.
Según informes, el destituido dirigente está vinculado políticamente con la representante de la organización
Maestros por México (MXM), Dominga Escobar Luis, que impulsa el regreso de Elba Esther Gordillo Morales
a la dirigencia nacional del SNTE.
Tomás Martínez
Mueren tres personas durante emboscada en la
Mixteca de Oaxaca
Hay tres heridos, uno de ellos de dos años de edad
FOTO ARCHIVO
Tres personas muertas y tres más lesionadas, fue el saldo de una emboscada que sufrieron habitantes de la
agencia municipal de Los Santos Reyes Zochiquilazola, Juxtlahuaca.

Según el informe, la agresión habría sido perpetrada por habitantes de San Martín Peras, por lo cual cinco
habitantes fueron retenidos por autoridades de Zochiquilazola para presionar y exigir a la autoridad de Peras
entreguen a los responsables.
Los hechos ocurrieron la mañana de éste lunes cuando los habitantes de la agencia municipal de Zochiquilazola
fueron emboscados a balazos.
En el lugar de la agresión tres personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionados.
Tras los hechos, los pobladores y policías de la agencia municipal retuvieron a cinco personas de San Martín
Peras y los llevaron al palacio municipal como medida de presión para que la autoridad municipal de Peras
entregue a los responsables del ataque.
Los lesionados fueron identificados como Mitón Reyes Rubio de 35 años de edad, Patricia Rubio de 68 años y
el niño Mauro Palma Rubio de dos años, quienes fueron trasladados a Juxtlahuaca y a la zona del conflicto se
han desplazados policías estatales y agentes investigadores.
De igual forma, autoridades estatales tratan de rescatar a las personas retenidas originarias de San Martín Peras.
Segundo día de bloqueo carretero de sorgueros de
Oaxaca
Diana Manzo, corresponsal |
Los sorgueros trasladaron su cierre carretero sobre la vía federal panamericana 190 a la altura del punto
denominado El Caracol. Foto Diana Manzo
Tehuantepec, Oax. Ante la falta de respuesta de las autoridades de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) del gobierno de Oaxaca por el pago del siniestro
agrícola correspondiente a 2017, productores de sorgo de Juchitán y las agencias municipales de
Álvaro Obregón y La Venta trasladaron su cierre carretero por segundo día sobre la vía federal
panamericana 190 a la altura del punto denominado El Caracol que comunica al Istmo con la capital
oaxaqueña.
Con piedras, palos y pacas de sorgo que colocaron sobre la cinta asfáltica, los sorgueros exigen que
la Sedapa les pague el recurso que oscila en medio millón de pesos que equivale a 960 hectáreas de
cultivo que se perdieron en 2017 primero por lluvias y después por sequía.
Denunciaron que la tarde del lunes personal enviado de la Secretaría General de Gobierno que llegó
a buscar un diálogo, lejos de hacerlo, los difamó señalando que “no eran sorgueros”, con la finalidad
de que Sedapa no cumpla con lo que le corresponde, que es pagar el dinero para 200 campesinos
afectados.

Asimismo señalaron a Carlos Alberto Vázquez López, quien se hace pasar como presidente de
Consejo Estatal de Productores de Sorgo del Estado de Oaxaca, al que llamaron oportunista y aliado
del gobierno, para provocar la confrontación entre los verdaderos campesinos sorgueros.
Jauri Charis Guerra, representante de sorgueros de la colonia Álvaro Obregón, que pertenece a
Juchitán Oaxaca, exige a la Sedapa que envíe una comisión para que recorra con ellos parcela por
parcela para que sepa que ellos son auténticos campesinos que siempre han sembrado sorgo.
Señaló que ellos se salieron de esa organización porque dicho sujeto, Vázquez López, nunca pagó a
los campesinos un monto superior a los cuatro millones de pesos por compensación de base de
sorgo.
“Le robó a los campesinos”, sentenció.
Citlalli Luciana
Crece en Oaxaca intolerancia contra mujeres
políticas
Archivo
Irma Aguilar Raymundo se acreditó como presidenta municipal de San Pedro Atoyac hace dos
años
En dos años un total de 34 casos de violencia política de género contra mujeres políticas han sido
contabilizados, pero en ninguno de éstos se han aplicado sanciones a pesar de haber sido denunciados ante
tribunales, organismos de derechos humanos, incluso ante fiscalías.
Amenazas de muerte, acoso sexual, impedimento a ejercer un cargo público, incluso golpes e insultos, forman
parte de las agresiones cometidas en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, según lo
documentado en la plataforma violencia feminicida de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
En el 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral
(INE), la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), en forma conjunta publicaron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra
las Mujeres como una herramienta que pretende fortalecer la prevención, atención, sanción y reparación de
casos de violencia política basada en el género.
En ese mismo año, en Oaxaca se aprobó tipificar la violencia política dentro del Código Penal.
Desafortunadamente la incursión de las mujeres en los espacios de decisión política ha encontrado numerosos
obstáculos, dando lugar a situaciones de violencia política de género.
Los casos
Dentro de los casos documentados por la plataforma de Consorcio está el de Itaisa López Galván, quien como
presidenta municipal de Santiago Lachiguiri fue amenazada de muerte vía mensaje de texto el cual decía: "Esa
alcaldía va a ser nuestra vamos, a recuperarla tu iras directo al panteón perra perredista."

Otro más fue el de Beti Cariño, síndica de Pinotepa Nacional, quien sufrió acoso sexual por parte de un
diputado; a su vez Irma Aguilar Raymundo quien se desempeñó como presidenta de San Pedro Atoyac y fue
amenazada de muerte por los integrantes de su propio cabildo, para que renuncie al cargo además de haber sido
agredida por familiares del síndico y además fue obligada a firmar nombramientos a los simpatizantes del
cabildo que la rechaza.
A nivel nacional, Oaxaca se encuentra entre las entidades del país que registra la mayor incidencia de violencia
política contra las mujeres, y mientras se incrementa la participación de este sector en la vida pública y toma de
decisiones, las agresiones se intensifican, según lo señala el “Informe violencia política contra las mujeres en
contenidos mediáticos”, realizado por Glifos Comunicaciones.
Anuncia AMLO créditos a la palabra sin interés
Alma E. Muñoz |
"Van a ver cuántas cosas vamos a hacer en beneficio de nuestro pueblo y lo felices que nos vamos a sentir al
salir de la pobreza", dijo el Presidente en Iztapalapa. Foto Jesús Villaseca
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en marcha del plan “Tandas del Bienestar”, a fin
de que un millón de pequeños empresarios tengan créditos a la palabra sin interés.
“El que tiene un negocio pequeñito, una tiendita, un taller, cualquier actividad productiva que necesite un
crédito va a recibir ese crédito a la palabra sin interés, y hablo de tanda porque va a ir pagando mes con mes.
Termina el año, cumple, paga, tiene derecho a pedir más y seguir pagando así poco a poco”.
Señaló que los programas de desarrollo ya tienen presupuesto y estos “se van a reforzar con el combate a la
corrupción”, y reiteró que no habrá intermediarios pues la entrega de los apoyos será de manera directa.
“Nada de intermediarios, nada de que soy del movimiento Francisco I. Madero o soy de la Antorcha Mundial,
dame a mí el dinero y yo se lo voy a entregar a la gente, no primo hermano” afirmó.
El presidente resaltó su propósito de mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Tengo el propósito de
que coman los campesinos, coman los que nos dan de comer” al señalar a los miles de asistentes: “Van a ver
cuántas cosas vamos a hacer en beneficio de nuestro pueblo y lo felices que nos vamos a sentir al salir de la
pobreza, de la marginación”.

Hallan „lavado‟ de 10 mil mdp y fraude
por 3 mil con „huachicol‟
Escasez de combustibles
La PGR explica que hay cinco denuncias contra dos empresarios, un ex diputado local, un ex servidor de Pemex y un ex alcalde; el
SAT encuentra inconsistencias fiscales en 194 gasolineras.
(Foto: Fernando Carranza)
JANNET LÓPEZ PONCE
Ciudad de México / 15.01.2019 04:16:04
Cinco denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra
empresarios, ex políticos y ex funcionarios vinculados con la venta de combustible ilegal
y lavado de dinero por 10 mil millones de pesos, así como tres casos de altos funcionarios de
Pemex en inicio de judicialización y 194 gasolineras con inconsistencias fiscales por más de 3 mil
millones de pesos, son algunos de los primeros resultados de la estrategia contra el huachicol que
encabeza el gobierno federal.
Los 13 mil millones de pesos bajo investigación equivalen al presupuesto destinado al Poder
Legislativo para este año (13 mil 2 mdp) y superan a los recursos aprobados para las secretarías de
Economía (9 mil 56 mdp), Relaciones Exteriores (8 mil 532 mdp) y Turismo (8 mil 785 mdp).
Durante la conferencia matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, explicó
que las cinco denuncias son contra dos empresarios, un ex diputado local, un ex funcionario de
Pemex y un ex presidente municipal, que a su vez controlaban a 24 personas, de las cuales a 15 ya
les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, en las que se detectaron operaciones ilícitas por 10 mil
millones de pesos.
La indagatoria
El modus operandi de esta red, explicó, implica “no solamente la comercialización del combustible
robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas
operaciones”.
Detalló que en el caso de los servidores públicos detectaron transferencias internacionales por 2
millones de dólares, adquisición de vehículos de lujo en efectivo, compra de bienes inmuebles a
nombre propio o de familiares, adquisición de boletos de avión y joyas, “para efecto de blanquear
los capitales provenientes del robo de hidrocarburos”.

Añadió que las investigaciones se dividieron en reportes de operaciones inusuales que varían
significativamente del comportamiento habitual del cliente del sistema bancario y en las
operaciones relevantes que se refieren a depósitos en efectivo de más de 10 mil dólares, lo que les
permitió dar con esta red, con un total de 14 mil alertas en estos dos tipos de movimientos.
Dijo que además lograron comparar en un mapa, que mostraba los ductos de Pemex y las
estaciones de servicio, los lugares donde se realizaban este tipo de movimientos, lo que los llevó a
determinar que “muchas gasolineras, a partir de la reforma energética, lo que hacen es comprarle a
Pemex e importar combustibles; sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado
ante Pemex. Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol”.
Auditorías a estaciones
Como parte de este plan conjunto, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Margarita Ríos Farjat, informó que realizaron una auditoría a las 12 mil estaciones de servicio del
país y detectaron 194 gasolineras con inconsistencias fiscales relevantes por 3 mil 217 millones de
pesos.
De este monto, 54 por ciento, es decir, mil 742 millones de pesos, se generó en estaciones de
servicio de siete entidades: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja
California, Jalisco y Puebla.
Estas gasolineras están por el momento en proceso de investigación y por ahora tienen limitada su
actividad económica, impidiéndoles emitir facturas y realizar importaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT indagan de manera conjunta “a 32 contribuyentes
que presentaron actividades inusuales relacionadas con el robo de hidrocarburos” y están en
proceso de estudio 200 casos más.
El SAT ha decomisado nueve pipas y 200 mil litros de combustible robado.
En tanto, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz
Manero, dijo que ayer se judicializó el caso y hay tres altos funcionarios de Pemex bajo
investigación, quienes estaban a cargo del manejo y seguridad de los ductos, y están en espera de
tener una fecha de audiencia y de la designación de un juez.
Explicó que hay mil 700 carpetas de investigación y que han logrado decomisar cuatro millones
500 mil barriles de combustible, los cuales ya fueron incorporados al patrimonio de Pemex.

Nueve aprehendidos y 12 clausuras,
saldo de la estrategia de AMLO
Los más afectados. En Michoacán las pérdidas suman hasta 4 mil 500 mdp y en el Estado de México, $2 mil millones
REDACCIÓN
Ciudad de México / 15.01.2019 04:50:15
La estrategia implementada por el gobierno federal para combatir elhuachicoleo ha provocado
afectaciones graves en por lo menos tres estados del país, detenciones y clausuras de gasolineras.
A prácticamente una semana de la falta de suministro en el combustible, varias de las entidades
afectadas no han cuantificado las pérdidas económicas y exhortaron al presidente Andrés Manuel
López Obrador a brindar certeza sobre el abastecimiento de gasolina durante los próximos días.
La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas detalló que hay 12 gasolineras clausuradas por la venta
de huachicol en el área de Miguel Alemán, Ciudad Mier, Reynosa, Matamoros y San Fernando.
El pasado 11 de diciembre, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua
detuvieron a dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo, venta y sustracción de
combustible en posesión de mariguana, un vehículo adaptado con un contenedor rectangular y dos
bidones de 20 y 50 litros.
Tras la captura de los sujetos identificados como Miguel Armando N y Francisco Javier Z, en
coordinación con el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se logró el
aseguramiento de un predio en la colonia México, donde se hallaron dos cisternas de almacenaje
que contenían alrededor de 40 mil litros de gasolina.
Mientras tanto en Oaxaca, las instalaciones estratégicas de Pemex en la planta de abasto de Valles
Centrales y en la refinería del Puerto de Salina Cruz se reforzaron con la presencia militar y se
desplegaron mil elementos para asegurar tomas clandestinas y gasolina robada.
Asimismo, detuvieron a por lo menos siete personas y se aseguraron más de mil 800 litros de
combustible robado.
Dentro de los estados con mayor afectación se encuentra Michoacán, donde hoy (martes) se
cumplen 24 días con escasez de gasolina, provocando pérdidas económicas de hasta 4 mil 500
millones de pesos.
El gobernador Silvano Aureoles señaló que el desabasto ha impactado directamente en la
productividad de los trabajadores y ha generado ausentismo laboral, inasistencias a las escuelas y la
reducción de 40 por ciento en las unidades del transporte público.
En el Estado de México, según el Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, el desabasto ha
generado pérdidas económicas por más de 2 mil millones de pesos; será el próximo jueves cuando
la cifras sean actualizadas.
En Aguascalientes, el secretario general de gobierno, Enrique Morán, reconoció que la noche del
sábado y la mañana del domingo pasado fueron los puntos más críticos, pues solo 20 por ciento de
las gasolineras estuvieron en funcionamiento, mientras ayer se restableció alrededor de 70 por
ciento del suministro.
A pesar de que las autoridades aún no tienen cuantificadas las pérdidas económicas que ha dejado
la crisis en este estado, durante el fin de semana se observó poca afluencia en centros comerciales y
restaurantes.

Se roban una pipa en Guanajuato
Una pipa cargada de combustible de Pemex fue robada en Guanajuato, los hechos ocurrieron esta mañana sobre la
altura de la carretera Celaya-Juventino Rosas.
La pipa llevaría combustible a la estación de Las Maravillas, sin embargo, a la altura del kilómetro 8.7 ocurrió el
atraco; llevaba 25 mil litros de hidrocarburo (Magna).
Estrategia antihuachicol, clave para impulsar ingresos anuales de
Pemex en 3 mil mdd: Moody‟s
POR JUAN CARLOS CRUZ VARGAS , 14 ENERO, 2019NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia calificadora Moody’s Investors Service respaldó la
estrategia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar el robo de
combustibles en el país.
De acuerdo con Nymia Almeida, vicepresidenta senior de la firma, “el combate al robo de combustible en
México es positivo para Pemex, ya que éste pudiera ser el punto de partida para una solución de más largo plazo
que aumente los ingresos anuales de la petrolera en alrededor de tres mil millones de dólares y mejore su
gobierno corporativo”.
A su vez, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody‟s, manifestó que el impacto del desabasto de combustible
en la economía de México y las cuentas fiscales “será limitado, a menos que esta situación se convierta en un
problema prolongado que afecte de manera notoria la actividad económica”.
Añadió: “Por el momento consideramos que las implicaciones crediticias para la calificación soberana de
México no son significativas”.
Pero organismos empresariales aseguran que el desabasto de gasolinas ya dejó mermas en la actividad
comercial del país.
Por ejemplo, la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que la
escasez de gasolina ha provocado pérdidas económicas por mil 250 millones de pesos en Michoacán, Querétaro
y Guanajuato.
Y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios Y Turismo señaló que el efecto del
desabasto de combustibles registrado en numerosos estados del país, combinado con el incremento de los
salarios, el alza de las tarifas eléctricas y el aumento del costo financiero, provocará la peor cuesta de enero de
muchos años para los sectores comercio, servicios y turismo, y una caída de hasta 10% en las ventas de las
micro y pequeñas empresas del sector terciario.
En tanto, el sector industrial solicitó a la Dirección General de Petróleos Mexicanos que revise su estrategia y
logística para resolver a la brevedad el déficit en el suministro, ya que está generando serios problemas a la
economía y a la vida cotidiana en diversas entidades del país.
Respalda Cepal estrategia contra robo de
combustible
Dora Villanueva |

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, presentó el reporte “Panorama social de América Latina 2018”.
Foto Guillermo Sologuren / Archivo
Ciudad de México. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), respaldó la estrategia promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo
de combustible y que en los últimos días se ha traducido en desabasto de gasolina en varios estados del país.
Luego de presentar el reporte “Panorama social de América Latina 2018”, Bárcena explicó que la escasez es
consecuencia de un acto más importante que es el combate de combustible “a gran escala”, el cual lejos de ser el
mero huachicoleo o robo menor, se ha traducido en importantes pérdidas para una de las empresas del Estado
más importantes, Petróleos Mexicanos.
Añadió que pese a los inconvenientes, se mantiene una alta aceptación entre la población a la medida
implementada por el Presidente para zanjar el saqueo a Pemex en sus refinerías y centrales.
“No es un robo de huachicoleo, del pequeño robo, estamos hablando de robo a gran escala (…) profundo,
grave”, puntualizó.
Además, expuso que si bien no son las circunstancias más idóneas para este viraje, en las grandes urbes del país
se está dando un uso más razonable a los automóviles y la gente está optando por trasladarse de manera más
amigable con el medio ambiente como en transporte púbico, bicicletas o caminando.
Juez federal concede suspensión para que el gobierno de López
Obrador garantice el abasto de gasolina
POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA , 14 ENERO, 2019NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal otorgó la suspensión a un particular, que puede
“beneficiar extensivamente a otras personas”, para que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador garantice el abasto adecuado de gasolina en el país.
La suspensión fue otorgada por el juez Gabriel Regis López, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa con sede en la Ciudad de México, en un amparo promovido por Javier Mijangos y González,
abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho.

Socio fundador del despacho Mijangos y González Abogados, el demandante fue secretario de Estudio y Cuenta
en la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal.
El ahora litigante impugnó “la clausura” de al menos cuatro de los 13 ductos de Pemex, como medida para
combatir el llamado huachicoleo.
La decisión del gobierno federal de combatir el robo de combustibles provocó el cierre de ductos en todo el
país, ocasionado escasez, “lo que constituye un hecho notorio del suministro insuficiente de gasolinas” y “ha
impedido que los mexicanos desarrollen con normalidad sus actividades cotidianas”, expuso el litigante en su
demanda de amparo, en la que pidió la suspensión de la medida gubernamental.
El juez Regis otorgó la suspensión provisional para el efecto de que en el gobierno federal se “adopten todas las
medidas necesarias que permitan garantizar la adecuada y suficiente distribución y suministro de combustible
en las estaciones de servicio de todo el país, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
Aclaró que los efectos de la suspensión pueden beneficiar extensivamente a otras personas en ese juicio de
amparo por el interés social que justifica su otorgamiento.
El presidente López Obrador ha pedido la cooperación de la sociedad ante la escasez y ha asegurado que el
suministro de gasolina se está regularizando.
Walmart descarta desabasto en
sus tiendas por falta de gasolina;
desmiente imagen de sucursal
sin productos
La cadena de autoservicio informó que la imagen que circula en redes sociales, sobre una
tienda sin productos, es falsa, ya que sus unidades y clubes se encuentran abastecidos.
Notimex15 de enero de 2019, 11:03
Walmart negó que registre desabasto de productos en sus sucursales en México, ante los
retrasos en el suministro de combustible en ciertas regiones del país; sin embargo, podría
registrar algunos retrasos en las entregas de pedidos en línea.
La cadena de autoservicio informó a Notimex que la imagen que circula en redes sociales,
sobre una tienda sin productos, es falsa, ya que sus unidades y clubes se encuentran
abastecidos para que sus clientes y socios realicen compras de manera regular.
“Podemos tener ciertos retrasos en las entregas de pedidos en línea, así como de algunos
proveedores que lo hacen de forma directa, sin embargo, invitamos a las familias mexicanas
a que eviten las compras de pánico, ya que contamos con el abasto suficiente”, afirmó.

Al cierre de 2018, la compañía contaba con 2,438 autoservicios en México, bajo sus marcas
Aurrera, Walmart, Sam’s Club y Superama; cuyas ventas el año pasado ascendieron a
499,298 millones de pesos.

Ante la crisis gasolinera, promoción de la inestabilidad
POR ERNESTO VILLANUEVA , 14 ENERO, 2019ANÁLISIS
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para saber si un conjunto de estrategias para llegar a un
objetivo (en este caso eliminar o reducir a su mínima expresión el robo de combustible de Pemex
o huachicol) tiene o no probabilidades de éxito, deben analizarse algunas variables básicas que
ofrezcan elementos tangibles para hacer un pronóstico serio desde la perspectiva de la
gobernabilidad del Estado.
Hay consenso en alcanzar el objetivo en cuestión. Nadie en su sano juicio podría reivindicar el delito recurrente
del huachicol como una plausible política pública. Hay, por esa razón, consenso en alcanzar ese propósito como
una de las primeras batallas que está librando el nuevo régimen. No se trata sólo de una cuestión de corrupción
e impunidad, sino de atacar un instrumento financiero que hasta ahora había venido dando los recursos para que
todo siga igual, para mantener el statu quo. Los puntos centrales que permiten hacer una radiografía del avance
de esta batalla son los siguientes:
Primero. Buena parte de los medios ha utilizado esta decisión política para intentar fallidamente doblar al
gobierno federal con contratos publicitarios y prebendas adicionales. La técnica ha sido identificar puntos
específicos de hartazgo y molestia pública por el desabasto transitorio de gasolina para presentarlos como
muestras de un estado de ánimo generalizado en los más distintos grupos de la sociedad mexicana. Y esto es
una mentira, un acto de desinformación ajeno a los mínimos estándares de la ética periodística, que hasta ahora
no ha podido impactar en las pautas de comportamiento de la ciudadanía. No es mi opinión, que, como todas,
puede coincidir con otras y diferir de algunas más.
Una muestra de lo que afirmo se sustenta en la ausencia de marchas y protestas sociales no se diga de gran
calado, sino incluso relativamente pequeñas. No se observan por ningún lado. Sobra decir que si las hubiera
habría muchos intereses en mostrarlas como el preludio del caos social. No es el caso. El llamado del presidente
López Obrador está permeando más en la formación de la opinión pública en esta lucha que las voces de sus
detractores que vaticinan el diluvio.
Segundo. El gobierno federal mantiene el apoyo expreso y puntual de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas
civiles del orden que, por el contrario, están dando vida y sentido a esa gran batalla a favor del patrimonio
social. No hay, ni por asomo, señales de levantamientos armados, deserciones en masa de zonas o regiones
militares que pudieran en ese inexistente pero hipotético caso poner en riesgo la seguridad nacional y, en el
extremo, la viabilidad del Estado mexicano.
Es importante reiterarlo: las Fuerzas Armadas están siendo parte activa de esa difícil pero necesaria decisión
que el gobierno federal ha tomado en un caso enorme de corrupción que había permanecido intacto al menos
durante los tres últimos tres gobiernos que, por acción u omisión, incurrieron en un agravio de tracto sucesivo a
la nación. También hay que decir que ha habido errores, y los seguirá habiendo, en la parte adjetiva. Jamás se
llegará, por consecuencia, a la perfección, que es inhumana. Es deseable, empero, que los errores vayan siendo
menos por aproximaciones sucesivas.
Tercero. El reto que representa el huachicol supone, de igual forma, una prueba palmaria de que la inmensa
mayoría de la población entiende, lato sensu, el problema, confía y apoya la decisión del presidente de la
República en esta cruzada de gran magnitud contra uno de los más grandes fenómenos de corrupción e
impunidad de que se tenga memoria en el México contemporáneo.
Habría sido difícil que otro gobierno en este siglo hubiera hecho una proeza de esa naturaleza, por dos razones:
a) Por la convicción de que ese caso de corrupción era imposible de resolver y, por ello, lo mejor era
administrarlo y formar parte de la ecuación. En la política tradicional, el único pecado que no se perdona es la
falta de complicidad. Y ninguno de los tres gobiernos anteriores quiso tener en sus filas a semejantes pecadores;
y b) Porque esos tres gobiernos fueron ajenos al pueblo, a los de abajo, a quienes expoliaron para que muchos
empresarios (no todos, por supuesto) fueran más ricos y los pobres más pobres. En ese contexto, toda acción
gubernamental siempre se vio con suspicacia.

Cuarto. Los mensajes de organizaciones empresariales y de los grupos de interés autollamados “sociedad civil”
(con las honrosas excepciones de siempre) que deploran la “estrategia” y el “desabasto” de combustible carecen
de los elementos esenciales que les permita tener de rodillas al Estado mexicano como sí pudieron tener
espacios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y compañía: a) Tanto esos grupos de empresarios como
quienes se hacen llamar “sociedad civil” no ganarían, ni lo han intentado porque lo saben, una elección estatal.
Ello pone de relieve su ausencia de representatividad social y sus acotadas habilidades de movilización popular;
y b) Tampoco cuentan con elementos armados, de suerte tal que pudieran disputarle a la Marina, al Ejército y a
la Fuerza Aérea Mexicana el control de los poderes constituidos.
El problema para estos sectores es que no entienden que las cosas han cambiado de raíz. Lo irán viendo poco a
poco cuando el agua llegue a su nivel y ponga a cada quién en el lugar que le corresponde.
@evillanuevamx
POLÍTICA CERO
Ten cuidado con el „huachicol‟
JAIRO CALIXTO ALBARRÁN
Aquí abajo en este mundo material.
Las más recientes encuestas de Reforma (69%), Mitofsky (56.7%), Nemotecnia (79%) y El
Financiero, a quienes no podemos acusar de lopezobradoristas, apuntan que la lucha contra
el huachicol tiene un una aprobación de más de 89 por ciento. No es un cheque en blanco, por
supuesto, pues aunque los mexicanos en general ven con buenos ojos este esfuerzo, pese a que
signifique tiempo perdido frente a las gasolineras y molestias que en un país de por sí convulso no
coadyuvan como terapia contra el estrés, quieren también buenos resultados a corto plazo. Que
dejen de atracar es el principal interés, no importa que eso implique algunos sacrificios. Y sí, que
caigan esos peces gordos que estimulan ciertamente el ánimo de una nación que suele ver cómo los
miembros de la Loca Academia de Javidús se salen con la suya.
Esto debe sorprender a los agrios, constantes, mecánicos y melodramáticos críticos de AMLO,
muchos de los cuales siguen respirando por la herida y cuyas manifestaciones de desaprobación
compiten con las fake news que revolotearon alrededor de las compras de pánico, lo del Wall Street
Journal o las fotos ya desmentidas sobre el desabasto en ciertos supermercados que casi ni se ven
truqueadas ni robotizadas.
Es bonito ver cómo ante la falta de lucidez lo que sobra es histeria colectiva. De la misma manera
en que nuestra excelsa opinocracia creyó tener la razón absoluta durante el periodo electoral y al
final los resultados los dejaron con un palmo de narices, ahora se repite de nuevo la misma historia
con elhuachicol affaire.
Parece que entre más airados y melodramáticos son los señalamientos (pésima estrategia, traición a
la patria, indolencia petrolera, apocalipsis por venir, venezolización inminente) son rechazados en
automático. Algo que seguro se acrecentó después de saber que se detectaron más de 10 mil
millones de dólares blanqueados relacionados con la ordeña clandestina de ductos de Pemex, y que
hay varios funcionarios metidos en el enjuague.
Hay que tener cuidado con el huachicol, aquí abajo en este mundo material, amigos.

México SA
Robo de combustible=colusión // Crece importación de gasolina
Carlos Fernández-Vega
E
n el inaudito, hasta ahora el robo de combustible no es calificado como delito grave, con todo y que significa un
creciente daño patrimonial al Estado, forma parte de la enorme telaraña de negocios del crimen organizado y
cotidianamente ensancha el hueco financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, por ende, del erario nacional.
Destapada la cloaca huachicolera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta que
intencionalmente todos los cabos se mantenían sueltos para que el negocio fuera boyante e impune. Todo tipo
de autoridad aportaba lo suyo: funcionarios y trabajadores de Pemex, en particular, y de los tres niveles de
gobierno, en general, ministerios públicos, integrantes del aparato de seguridad, del Poder Judicial, empresarios
y, por lo visto, los inquilinos de San Lázaro de cuando menos las pasadas seis legislaturas.
Resulta que en los primeros días de diciembre pasado el pleno del Senado de la República aprobó una reforma
al artículo 19 constitucional, que añade seis delitos al catálogo –llamémoslo así– de los calificados como graves,
de tal suerte que en esos casos la prisión preventiva es inmediata e irrecusable. Y entre ellos aparece el robo de
combustible.
Se supone que de allí se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales, pero es la hora en que
los inquilinos de San Lázaro no dicen ni pío, con todo y que el asunto del huachicol ha ocupado,
permanentemente desde el arranque mismo del año, las primeras planas y espacios de los medios de
comunicación, amén del ostentoso problema de abasto de combustible y el enojo ciudadano.
Por ello, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha urgido a los coordinadores
parlamentarios en San Lázaro a que avalen los cambios aprobados por el Senado en torno al artículo 19
constitucional, porque en caso contrario los presuntos delincuentes detenidos por huachicoleo enfrentarían su
proceso cómodamente en libertad.
Sánchez Cordero subrayó que el Estado mexicano “está confrontando, con todo, el robo de combustible; el
Estado mexicano es más fuerte que los intereses que puede haber del huachicol y de la corrupción en este país.
Se está imponiendo contra el robo de combustible, y vamos hacia un estado de derecho, un verdadero estado
democrático de derecho, no una simulación”. La pelota, pues, está en la cancha de los diputados. A ver para
cuándo.
Por cierto, en la conferencia mañanera de López Obrador salió a relucir una información que debió divulgarse el
mismo día –viernes pasado– en el que el diario estadunidense Wall Street Journal publicó que la importación de
gasolina se desplomó desde el inicio del gobierno de AMLO.
Desde entonces, el gobierno debió parar en seco ese borrego, porque fue profusamente esparcido el pasado
viernes y utilizado vilmente por no pocos para explicar la carencia de combustible en las gasolineras.
Pero no lo hizo. Sólo hasta ayer, tres días después del borrego, el propio Andrés Manuel informó que México
importa más gasolinas en virtud de la crisis petrolera provocada por la reforma energética; desgraciadamente
estamos comprando más, porque el ideal sería que no lo hiciéramos si tenemos petróleo; si no compráramos,
entonces sí sería una situación muy delicada.
De hecho, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dio el detalle: de diciembre de 2018 a enero del presente año,
el promedio de importación de gasolina creció 36.8 por ciento, sólo por Pemex Transformación Industrial.
Y por el lado del rotativo, apuntó: “Es lamentable que un periódico publique información que no obedece a la
realidad, y a las pruebas nos remitimos. Ojalá que The Wall Street Journal mañana, cuando les demos la
información, aclare que se equivocó; que nos permita el derecho a la réplica”.
Las rebanadas del pastel
La Profeco informa que no tenían combustible dos de cada tres gasolineras revisadas en 11 entidades afectadas
por desabasto entre el viernes 11 y el domingo 13 de enero. ¿Dónde se localizan? En estados huachicoleros.
Twitter: @cafevega

Dinero
Huachicol: todos están embarrados // Tengo miedo, pero no soy cobarde // Tras la guerra al huachicol, sigue la
de las cocacolas
Enrique Galván Ochoa
▲ Ayer se informó que hay mil 700 carpetas de investigación por la guerra a huachicol. Mientras el servicio no
se ha podido regularizar en varias entidades del país.Foto Jesús Villaseca
T
odos están embarrados: de Fox a Peña Nieto (y tal vez desde antes); gobernadores, alcaldes, ex directores y
funcionarios de Pemex, periodistas que cobraban chayote en su nómina, piperos, sin faltar el líder Carlos
Romero Deschamps y su camarilla. Los datos que dieron ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Santiago Nieto, y la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, revelan no solamente un caso de delincuencia
organizada. Es toda una economía criminal. Los ciudadanos exigen que rueden cabezas. Santiago Nieto informó
que cinco fueron consignados al juez penal, entre ellos un funcionario de la petrolera, un ex diputado y un ex
alcalde. ¿Sus nombres? En el proceso saldrán a luz. Por su lado, el procurador en funciones, Alejandro Gertz
Manero, informó que hay mil 700 carpetas de investigación. Un periodista le preguntó a Andrés Manuel si no
teme por su seguridad, dado el antecedente de Luis Donaldo Colosio. Repuso: Soy un ser humano, tengo miedo
como todos los seres humanos, pero no soy cobarde. La cuestión es que no se trata sólo del carácter del
Presidente, sino que su seguridad es un asunto de Estado. ¿Ya opera un protocolo de seguridad eficiente?
El peso, bien y de buenas
Si el peso hubiera perdido un solo centavo por La guerra al huachicol, la chayocracia estaría culpando a
AMLO. Sin embargo, lleva siete semanas al hilo con ganancias. Ayer rompió el piso de las 19 unidades en
circunstancias caracterizadas por la debilidad del dólar, los temores de una probable recesión en la economía
mundial tras los datos económicos de China. La calificadora Moody‟s desestimó que la economía vaya a sufrir
por las acciones contra la corrupción que está ejecutando López Obrador.
La otra guerra
El IEPS no sólo le pega a la gasolina, también a los refrescos y la comida chatarra. Ya comenzaron a escucharse
las protestas de la industria y seguramente se dejarán oír más fuerte en cuanto aminore el asunto gasolinero. En
la Ley de Ingresos de 2014 se proyectó una recaudación por 12 mil 455 millones de pesos al impuesto
cocacolero y para este año está calculado en más del doble: 27 mil 958 millones. En los alimentos chatarra, en
2014 se estimó una recaudación por 5 mil 600 millones de pesos y para el nuevo año se prevé que crecerá a 24
mil 151 millones. Después de La guerra al huachicol, seguirá otra. El consumo desmedido de este tipo de
productos ha hecho de los mexicanos un país de diabéticos, que luego el gobierno debe atender a un alto costo.
La guaruriza
¿Ya notaron la ausencia de guaruras en las afueras de los restaurantes postineros? ¿Dónde están las dos o tres
camionetas negras esperando que el señor y sus invitados salieran del Porfirio‟s o el Au Pied de Cochon en el
costoso barrio de Polanco?

Sucede que como fueron cesados los funcionarios del prianismo, junto con los del PRD del gobierno de la
capital, tuvieron que prescindir de sus servicios porque tendrían que pagarles de sus bolsillos. Gertz Manero
anunció ayer que el millar de guaruras serán asignados al combate de los huachicoleros. No lo dijo, pero los
guaruras saben quiénes de sus ex jefes también están embarrados.
Ombudsman social
Asunto: La banda ya no está en Los Pinos
Si todos entendiéramos que Pemex no es del gobierno, sino de todo el país, dejaríamos de robarnos nosotros
mismos.
Guadalupe Ortiz (vía Facebook)
R: Nos han querido convencer de que el petróleo no es nuestro. Creyeron que la abnegación de los mexicanos
iba a durar para siempre pero se llevaron una lección el primero de julio de 2018. La banda ya no está en Los
Pinos. Los malandrines fueron echados a la calle. Tiene un gran simbolismo que ahora la antigua residencia
presidencial esté abierta al pueblo.
Twiteratti
En cierre de campaña presidencial en Puebla @FelipeCalderón le sacó tarjeta roja al #GóberPrecioso Mario
Marín. Dijo que lo juzgaría; unos meses después de convertirse en presidente su gabinete protegió a todos los de
la red de pornografía infantil. #LaHistoria
Lydia Cacho @lydiacachosi
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
Correo: galvanochoa@gmail.com
Astillero
Datos y fuerza escénica // ¿Peces gordos o pequeños? // Siguientes casos, uno por uno
Julio Hernández López
▲ En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación se realizó la primera ceremonia de izamiento de bandera
del año. Asistieron (de izquierda a derecha) Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración
y Población; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Diana Álvarez Maury, subsecretaria de
Participación Ciudadana, entre otros.Foto Pablo Ramos
A

ndrés Manuel López Obrador le asignó la mayor densidad política y técnica a su conferencia mañanera de
prensa. Fue la comparecencia ante reporteros con mayor duración, con mayor número de servidores públicos
presentes en el estrado y con el mayor volumen de información interesante. Continuó resistiéndose a fijar una
fecha para el término de las formaciones de automóviles en busca de combustible, pero el Presidente de la
República utilizó el esperanzador adjetivo pronto al referirse a una eventual terminación de la insuficiencia de
energéticos y emitió un primer mensaje macizo a una población hasta ahora confinada también a un desabasto
informativo (más una batalla en curso que una planicie de datos duros y aceptables explicaciones generales), las
evasivas (había quienes creían que era mudo el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza,
pues nomás no hablaba del problema aunque, para la manera en que lo hizo este lunes, tal vez tenía razón en ese
mutismo autoimpuesto), la controversia (una prolongación de la guerra entre chairos y fifís) y, a fin de cuentas,
el desabasto sin horizonte final sabido.
Sin la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, envuelta la ministra en remolinos
especulativos respecto a su eventual remoción conforme a güeros impulsos provenientes de Chiapas que desean
colocar a un ex ex gobernador, acompañaron a López Obrador varios secretarios, subsecretarios y directores de
áreas estratégicas que pasaron lista no sólo para reivindicar las acciones inmediatas en busca de remediar los
problemas derivados de la escasez de gasolina sino, sobre todo, de mostrar que hay y hubo estrategia, que hay y
hubo equipo y que el Golpe al Huachicol no fue una ocurrencia.
El primer parte bélico oficial reportó que hay tres ex directivos de Petróleos Mexicanos cuyas omisiones,
irregularidades o complicidades ya han sido judicializadas, según reveló con cautela el encargado del despacho
de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, deseoso de no dar pie a la hasta ahora
clásica caída de los procesos contra funcionarios corruptos por violaciones al proceso judicial. Además de estos
tres casos (¿de alto o medio-alto nivel?, ¿peces gordos o pesca mediana?), Gertz señaló que se han abierto mil
700 investigaciones relacionadas con la que probablemente será la palabra más usada en el primer semestre de
este año: huachicol. También informó que un millar de policías federales ministeriales han dejado de cumplir
funciones de guardaespaldas de funcionarios y particulares y ahora serán destinados a las tareas contra el
huachicoleo. Pero, ¿quiénes son los particulares que se beneficiaron indebidamente de un servicio policiaco así
escamoteado a la atención de los graves problemas nacionales de seguridad pública?
La poeta y fiscalista a cargo del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, informó a su vez
que encontró inconsistencias fiscales por más de 3 mil 200 millones de pesos en la revisión de cuentas de poco
menos de 200 empresas gasolineras. Y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que el robo de gasolinas y su distribución ilícita a través de
gasolineras cómplices ha permitido blanquear más de 10 mil millones de pesos.
Con el poder presidencial plenamente activo y un horizonte que no se ha nublado a pesar de las difíciles
circunstancias, López Obrador ha dicho que así irá revisando otros aspectos de la vida institucional mexicana.
Caso por caso, uno por uno. Ya se verá si, al final, el erario recupera tanto dinero desviado a cuentas
particulares y, también, si causantes mayores de la desgracia nacional son sometidos a procesos judiciales sin
consideración del rango que hayan tenido. De avanzar en este tramo López Obrador, y salir fortalecido, otras
turbulencias medicinales estarían en camino.
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Juicio a Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. AMLO no la
tendría fácil
Salvador García Soto
En medio de la crisis del desabasto de combustibles y tras sentenciar que “todos los
negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto bueno del
presidente de la República” y que siempre que hay delitos de corrupción los
mandatarios nacionales o “son cómplices o se hacen de la vista gorda”, el presidente
Andrés Manuel López Obrador abrió de nuevo la posibilidad de someter a un
enjuiciamiento a varios de sus antecesores y “habló de hacer expedientes a los de
arriba”, desde los priistas Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando
por Ernesto Zedillo, hasta los panistas
Vicente Fox y Felipe Calderón Vicente Fox y Felipe Calderón.

Sin especificar de qué tipo de delitos podría acusarse a los ex presidentes, y
aunque él se
reitera partidario del “punto final” y de no empantanar a su gobierno con asuntos
judiciales,
López Obrador revivió su propuesta de campaña y de su toma de posesión, para someter
a una consulta popular, con base en el artículo 35 constitucional, la posibilidad de que por
primera vez en la historia del país se pudiera acusar y someter a juicio a ex titulares del
Poder Ejecutivo federal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante sus
sexenios.
“Todos los negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto
bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro: no es que no lo
sabía el señor presidente o que „el presidente tiene buenas intenciones, pero lo
engañan, lo traicionan, no le ayudan’; mentira, el presidente de México tiene toda la
información que se necesita.
O escómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa”, sentenció ayer el
presidente al adelantar que ya presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para
permitir la realización de una consulta a la población sobre un posible juicio a los cinco
ex presidente mencionados.
Aunque política y jurídicamente el planteamiento de López Obrador resultaría inédito y
sentaría un precedente en la inmunidad e impunidad que hasta ahora ha rodeado a los
presidentes de México, el tema tendría que revisarse no sólo desde la óptica de la
opinión popular, que indudablemente resultaría abrumadora a favor de llevar al banquillo
de los acusados a los ex presidentes, algo que es una demanda histórica e insatisfecha
de la sociedad mexicana.
Desde el punto de vista del derecho, para poder acusar a los ex presidentes primero
tendrían que cumplirse los requisitos de procedibilidad, que existían denuncias o
querellas presentadas y por qué tipo de conductas delictivas cometidas durante sus
gobiernos se les podría denunciar y procesar, para saber si éstas no prescribieron o
están vigentes de acuerdo de acuerdo a la ley.
En teoría, a los ex presidentes podría acusárseles por delitos cometidos por los
servidores públicos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad,
coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones o facultades, desaparición
forzada, tortura, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, entre otros que
contempla el capítulo de la ley respectiva. Hasta antes de reformas recientes a las leyes y
códigos penales, prácticamente todos esos delitos prescribían, salvo el caso de la tortura,
la desaparición forzada y el secuestro que actualmente no prescriben después de las
reformas mencionadas. El problema es que la ley no puede aplicarse retroactivamente y,
suponiendo que a Salinas, Zedillo y quizás Fox, se les quisiera acusar de delitos como
esos, si las reformas que establecen nuevos plazos de prescripción fueron después de su
gobierno no reformas que establecen nuevos plazos de prescripción fueron después de
su gobierno, no podrían aplicarles esa ley, porque el artículo 14 constitucional impide la
aplicación retroactiva de la ley a cualquier ciudadano.
El Código Penal Federal (CPF) señala que transcurrido el plazo de prescripción de los
delitos, la responsabilidad penal del sujeto, así sea un ex presidente, se extingue, y los
plazos de prescripción de la acción penal, según el mismo Código, se establecen
conforme al tipo del delito y tienen que ver con el día que se cometió la conducta ilegal o
la omisión.
Finalmente el artículo 105 del CPF establece que “la acción penal prescribirá en un plazo
igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que se señala la ley
para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor a tres años”.
Es decir, que según lo que establecen los códigos penales y las leyes, salvo al ex
presidente Enrique Peña Nieto, que dejó su encargo hace un mes y medio, al resto de
los ex mandatarios mencionados por AMLO, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, difícilmente
se les podría acusar y procesar judicialmente.
A menos que en la consulta se proponga un “juicio popular” y ahí sí las acusaciones
serían al gusto del pueblo: que sienten a Carlos Salinas de Gortari por favorecer a sus
amigos en las privatizaciones de su sexenio y por la corrupción documentada de su
hermano Raúl y hasta por el uso discrecional de la partida secreta; a Zedillo que lo
acusen del “error de diciembre” y la filtración de información que permitió la fuga de
capitales y nos sumió en la peor crisis económica y de paso por el Fobaproa y por haber

vendido los trenes y las vías a los que luego serían sus patrones en Union Pacificc. Y ya
entrados en gastos a Fox que lo acusen de permitir el “chiquihuitazo” a Ricardo Salinas,
por la corrupción de Martita Sahagún y por su omisión histórica de no desmantelar el
régimen priista más lo que se acumule; mientras a Calderón indiscutiblemente podrían
enjuiciarlo por sumir al país en la peor violencia durante su sexenio con una estrategia
fallida contra el narcotráfico y de paso investigar acusaciones de que favoreció al Cártel
de Sinaloa y protegió al Mayo Zambada, además de la inefable y costosa Estela de Luz y
la corrupción en los festejos del Bicentenario.
Ya con Peña, la cosa cambia y ahí sí hay conductas y acusaciones que, por
tiempo, podrían derivar en presuntos delitos, desde la Casa Blanca y su tráfico de
influencias, hasta las omisiones y desvíos de la investigación de Ayotzinapa, por no
mencionar posibles acusaciones de enriquecimiento y, por supuesto, el tema que revive
la propuesta de López Obrador: el enorme crecimiento del huachicoleo y sus ganancias
multimillonarias en su sexenio.
sgarciasoto@hotmail.com
Instalan comisión por Ayotzinapa; padres reclaman
"la verdad"
Fabiola Martínez y Emir Olivares |
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero; y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la instalación de la Comisión para la
Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en el auditorio de la Segob en la Ciudad de México, el 15
de enero de 2019. Foto Cristina Rodríguez
Ciudad de México. La demanda es clara. Los padres y las madres de los 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa desaparecidos desde hace cuatro años y tres meses expusieron al nuevo gobierno federal: esperan
compromiso y seriedad. "Queremos la verdad, saber dónde están nuestros hijos, qué pasó con ellos". Frente a
esa exigencia, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, prometió resultados en el
breve plazo, los cuales se basarán en evidencias humana, legal y científicamente posibles.
La esperanza de los familiares de los normalistas se ha renovado. Tras más de cuatro años de incertidumbre y
nulos resultados, hoy su perspectiva ha cambiado. El compromiso que les hiciera el presidente Andrés Manuel
López Obrador, durante la campaña electoral, para resolver el caso, comienza a dar sus primeros pasos. Este
mediodía se puso en marcha la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que se
reunirá por primera ocasión el miércoles 23 de enero.

En el acto, realizado en la SG, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, uno de los 43
normalistas desaparecidos, agradeció la disposición del gobierno de López Obrador para llegar a la verdad de
los crímenes suscitados entre a noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que dejaron seis
personas ejecutadas, entre ellos tres normalistas; varios lesionados y 43 estudiantes víctimas de desaparición
forzada.
Las promesas hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo,fueron estériles, no hubo ningún avance y por
el contrario se mintió todo el tiempo a los familiares. Hoy, con la instalación de esta comisión -cuyos trabajos y
conclusiones serán vinculantes para las autoridades ministeriales- representa una esperanza.
"Para nosotros, la esperanza renace. Les agradezco como padre esa disposición que como nuevo gobierno tienen
para llegar a la verdad (...) Les pido compromiso y seriedad" subrayó el señor Navarrete.
La secretaria de Gobernación, señaló que el objetivo de la comisión mandata da por el presidente de la
República es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad, para dar satisfacción al justo reclamo de los padres, dar
paso a la aplicación de la justicia, sancionar a los responsables de los hechos sin importar quiénes hayan sido y
qué cargos ocupaban.
Comprometió que el gobierno federal trabajará para completar la investigación por el caso y entregar resultados
en un plazo "razonable. Serán de los primeros resultados que el presidente entregue a las familias y a la
sociedad".
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas
Rodríguez, quien presidirá dicha comisión, subrayó: "La verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa (...)
encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir".
Prisión preventiva para tres delitos más, aprueban
diputados
Néstor Jiménez y Enrique Méndez
El robo de combustible involucra a distintos grupos delictivos. Foto Afp/Archivo

Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló este
martes cambios a la minuta que envió el Senado de la República para agregar delitos catalogados
como acreedores a prisión preventiva oficiosa, previo al periodo extraordinario de sesiones que inicia
este miércoles.
De los nueve delitos que aprobó el Senado para que se agregaran al artículo 19 Constitucional para
fines de prisión preventiva oficiosa, los diputados borraron seis y sólo permanecen tres: el uso de
programas sociales con fines electorales; corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento
ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos
o petroquímicos.
De la lista enviada por el Senado fueron borrados los delitos de abuso o violencia sexual contra
menores; feminicidio; robo de casa habitación; robo al transporte de carga en cualquiera de sus
modalidades; desaparición cometida por particulares; y delitos en materia de armas de fuego y
explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Los legisladores avalaron en Comisiones el dictamen con las modificaciones con 19 votos a favor de
Morena, PT y Encuentro Social, por tres en contra del PRD y Movimiento Ciudadano, y cuatro
abstenciones del PRI y del PAN.
A pesar de avanzar en Comisiones, de mantenerse este mismo sentido en las votaciones al
debatirse ante el pleno, no alcanzaría para ser avalada, ya que, al ser una reforma Constitucional, se
requiere el voto de dos terceras partes del Pleno, por lo que a Morena no le basta con el apoyo de
sus aliados, sino que requiere algunos de los votos de la oposición.
En la discusión de este martes, el diputado de Morena Pablo Gómez explicó que las modificaciones
que hicieron en el dictamen -al borrar seis de los delitos que proponía el Senado con prisión
preventiva oficiosa- se debe a que son delitos que podrían ser cometidos por un ciudadano común,
pero se mantienen los que podrían ser cometidos por quienes ostentan el Poder en cargos públicos.
“No estamos poniendo delitos que cualquiera podría cometer en alguna circunstancia, sino de los
que sólo los poderosos podrían cometer”, dijo el legislador, quien argumentó que incluso deberían
ser asumidos como traición a la patria por ir contra el funcionamiento de la República mexicana.
Ruth García, del PT, dijo que no hay un despropósito en la propuesta, ya que, al referirse al robo de
combustible, señaló que “estamos viviendo en este momento en nuestro México una situación por
los temas que se señalan en el dictamen. No podemos estar eludiendo la determinación de temas
que, tanto son urgentes como importantes para México”.
Recalcó que es necesaria la reforma para poder procesar a la delincuencia de cuello blanco que se
ha beneficiado de este delito.
El PAN sostuvo que la propuesta viola todos los principios internacionales en presunción de
inocencia y dijo que sólo se está poniendo algunos cambios constitucionales, pero sin resolver el
problema de fondo.
Incluso, Jorge Luis Preciado agregó que “están diseñando un sistema para quedarse en el poder,
para ganar clientelas” al referirse al delito de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento
ilícito y ejercicio abusivo de funciones que se incluye en el dictamen.
Al argumentar la abstención del PRI, María Alemán Muñoz pidió más tiempo para se escuche a las
organizaciones sociales y advirtió: “o nos damos el tiempo de que se discuta en la comisión, o lo va a
tener que discutir la Junta de Coordinación Política”.
En seguida, en entrevista, sostuvo que el dictamen podría tener el mismo destino que el relativo a la
Guardia Nacional, el cual, a pesar de ser aprobado en Comisiones en la Cámara de Diputados, al no
contar con el respaldo de las dos terceras partes de los diputados, fue frenado en diciembre pasado
para abrir foros para escuchar a organizaciones sociales y gobernadores.
En un sentido similar se pronunció la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, quien estuvo
acompañada de representantes de organizaciones sociales que presentaron 12 mil firmas para pedir
que se posponga el dictamen.

SCT realiza primera licitación transmitida en vivo
Dora Villanueva |
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, durante un evento en diciembre pasado.
Foto Luis Castillo
Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizó su primera licitación pública
transmitida en vivo. En el concurso para otorgar los contratos para la conservación anual de carreteras federales
en Guerrero participaron cuatro empresas.
Constructora Alicat S.A. de C.V. hizo una propuesta de 9 millones 458 mil 848.02 pesos, Rafael González
Dimas como persona física presentó un proyecto económico de 9 millones 147 mil 678.77 pesos.
Mientras Eleuterio Ocampo López presentó una proyecto de 9 millones 11 mil 23 pesos con 47 centavos y
Macoinfra S.A de C.V. hizo una propuesta de 9 millones 80 mil 208 pesos con 36 centavos.
Todos los licitantes incluyeron impuesto al valor agregado en sus propuestas. El objetivo es mantener 116.70
km red básica y 33.80 en la red secundaria del estado. El fallo se dará a conocer el próximo 24 de enero a las
nueve de la mañana.
Este tipo de transmisiones en la dependencia, que encabeza Javier Jiménez Espriú, tienen "el propósito de
realizar una gestión transparente y con datos abiertos a la ciudadanía", aseguró la SCT en un comunicado
previo.
En orden de hacer del escrutinio público una práctica habitual, estos concursos de obra pública se podrán seguir
a través de la página oficial www.gob.mx/sct o en Youtube.

Estados, sin facultad para legislar sobre migración:
SCJN
Gustavo Castillo García |
El presidente de la SCJN, el ministro Arturo Saldivar, en imagen del 26 de diciembre pasado. Foto José Antonio
López
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo
cuarto de la Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el estado de Jalisco, que ordena que los
extranjeros que transiten o se establezcan en esa entidad deben mostrar documentación que acredite su identidad
y también que proporcionen datos personales a las autoridades locales.
El Pleno determinó por unanimidad la inconstitucionalidad de ese artículo y también se precisó que los
congresos locales no tienen facultades para legislar en cuanto a la regulación, la entrada o salida de los
migrantes en el país, ya que ello es solo una facultad del Congreso de la Unión.
Los ministros votaron a favor del proyecto presentado por ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien señaló
que los congresos locales no tienen facultades para regular la estancia, tránsito y estancia de extranjeros en
territorio nacional.
La legislación declarada inconstitucional señala que en el estado de Jalisco “Los migrantes deberán cumplir con
las siguientes obligaciones: Mostrar la documentación que acredite su identidad, cuando les sea requerida por
las autoridades competentes; y proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las
autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones”.
Peña Nieto recibió 100 millones, un General,
Calderón, JJ Rendón y otras notas del juicio a “El
Chapo”
Por Redacción / Sin Embargo
Alan Feuer, quien cubre en la corte el juicio para The New York Times,
reportó que Andrea Velez, cuyo trabajo principal era ser asistente personal
de Alex Cifuentes, un narco cercano a Guzmán Loera, dirigía también una
agencia de modelos en la Ciudad de México. Eso salió en el juicio.

Y le conseguía mujeres a un general mexicano, y “El Chapo” trató de que ella
le diera un soborno. El plan falló y el capo trató de asesinarla. Esto ha
narrado ante la corte de EU el capo colombiano Alex Cifuentes.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Joaquín “El Chapo”Guzmán Loera pagó
cien millones de dólares al Presidente Enrique Peña Nieto, dijo esta tarde en Nueva
York uno de los narcos colombianos más importantes que sirve como testigo en el juicio
que se lleva al mexicano.
“¿El señor Guzmán pagó un soborno de 100 millones al Presidente Peña Nieto?”, le
preguntó el abogado de “El Chapo”, Jeff Richman, al testigo.
“Sí”, dijo Alex Cifuentes.
El ex Presidente Felipe Calderón también fue acusado por los abogados de “El Chapo” de
tomar sobornos de los narcotraficantes. Jeff Richman leyó las notas de Cifuentes en una
entrevista de febrero de 2016 con autoridades de Estados Unidos en la que dijo que los
hermanos Beltrán Leyva pagaron a Calderón a cambio de protección.
De acuerdo con el periodista Alan Feuer, quien cubre en la corte el juicio para The New
York Times, Cifuentes respondió: “No recuerdo muy bien este incidente. En este
momento, no me acuerdo de eso”.
Richman confrontó a Cifuentes con notas de esa entrevista en las que dijo que su ex
asistente personal, Andrea Vélez Fernández, había trabajado para un consultor político, JJ
Rendón, quien fue contratado por la campaña de Peña Nieto.
Este día también se dio a conocer que “El Chapo” trató de dar un soborno de 10 millones
de dólares a un general mexicano a través de una mujer llamada Andrea Velez, quien
dirigía una agencia de modelos en la Ciudad de México y le conseguía “amigas
femeninas” al mando, según el testimonio del narco colombiano Alex Cifuentes.
Andrea Vélez, cuyo trabajo principal era ser asistente personal de Cifuentes,
un narcocercano a Guzmán Loera, dirigía también una agencia de modelos en la Ciudad
de México.
Según las notas, Cifuentes le había dicho a los norteamericanos que Andrea le enviaba
fotos de “maletas llenas con efectivo”. Richman preguntó si esas maletas estaban
“destinadas al Presidente Peña Nieto”, narró Feuer en su cuenta de Twitter. Los fiscales
objetaron por motivos de relevancia. “De acuerdo”, dijo el juez Cogan.
Cifuentes dijo, según Feuer, que la Policía Federal no sólo permitía el tráfico de drogas,
sino que participaba. Una vez, dijo, maletas llenas de coca fueron enviadas en avión
desde Argentina a México.
Al parecer las mujeres que Andrea conseguía debían tener fiestas privadas con
elgeneral, quien no fue identificado por Cifuentes en su comparecencia de este martes
ante la Corte de Brooklyn que lleva el caso contra el capo mexicano.
Detalló que “El Chapo” intentó aprovechar esa situación y le pidió a Andrea que le diera
al general un soborno de 10 millones de dólares y que, si lo conseguía, ella recibiría un
millón.

Según el testigo, el plan falló e incluso “El Chapo” intentó matar a Andrea.
Cifuentes, testigo de la Fiscalía en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en
Nueva York afirmó ayer que su entonces jefe ordenó el asesinato de al menos dos
personas, aunque ninguno de ellos fue ejecutado.
Entre las personas a las que “El Chapo” quería matar, apuntó Cifuentes, se encontraba
Christian Rodríguez, el ingeniero de comunicaciones del capo y de quien descubrió
cooperaba con el Gobierno de Estados Unidos.
El testigo, preso en EU donde fue extraditado tras su arresto en 2013, indicó que
descubrieron que Rodríguez instaló un moderno sistema de comunicaciones que grababa
numerosas conversaciones por orden del Chapo, mismo que fue el responsable de la
captura de su hermano Jorge Cifuentes, quien proveía droga al Chapo desde Colombia.
“¿El acusado le dijo a usted que matara a Christian?”, preguntó la fiscal, a lo que obtuvo
un “sí” como respuesta de Cifuentes. Explicó que no pudieron llevar a cabo el asesinato
porque no tuvieron éxito localizando al experto en comunicaciones, ya que no sabían su
apellido y tampoco consiguieron encontrarlo en Google ni Facebook.
Dijo también que “El Chapo” estaba dispuesto a pagar 50 mil dólares por el asesinato de
Juan Bonito, esposo de la sobrina de Cifuentes, porque sospechaba que cooperaba con el
Gobierno de Estados Unidos, además de haberle robado dinero.
Asimismo, a preguntas de la fiscalía, el capo colombiano detalló cómo buscaron rutas
alternas para llevar la droga a México desde Venezuela.
“Joaquín necesitaba una pista de aterrizaje en la República Dominicana para poder hacer
de trampolín para llegar a México desde Venezuela”, dijo, tras lo cual se escuchó una
conversación entre Guzmán Loera y Antonio, su contacto en la República Dominicana.
Antonio y otro ciudadano dominicano, identificado como “La serie”, vendían droga para
“El Chapo” en Nueva York, tras haberlos conocido en la sierra a finales del 2007. Ahí el
capo mexicano habló con ellos, en reuniones separadas, sobre cuánta droga podían
vender en la semana, el precio por kilo de la heroína blanca y de la coca.
Detalló que Guzmán Loera comenzó a traficar heroína, cocaína y metanfetaminas a
Canadá en 2008. Dijo que al principio “no era constante”, sólo cada ocho o 15 días, y que
pasaba por Los Ángeles y Phoenix antes de su destino final, negocio que según el testigo
le produjo “decenas de millones de dólares”.
La participación de Alex Cifuentes continúa el día de mañana en la silla de los testigos
,para ser interrogado por la defensa de Guzmán Loera.

CNDH pide a Cuitláhuac reparar daño a la familia del
periodista Pedro Tamayo, asesinado en 2016
Por Redacción / Sin Embargo
La CNDH también alertó que en Veracruz, desde el año 2000, se han
registrado 22 asesinatos de personas que ejercen el periodismo.
Por ello, identifica a la impunidad como elemento central para que estos
crímenes ocurran, pues la falta de una adecuada procuración de justicia que
permita identificar y sancionar a los responsables propicia el clima de
agresión en contra de las y los periodistas.
VER MÁS
A cuatro años del asesinato del periodista Moisés Sánchez, Artículo 19 pide atender la
impunidad en el caso
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) recomendó al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, que repareintegralmente el daño a los familiares delperiodista Pedro
Tamayo, asesinado en 2016 en el municipio de Tierra Blanca.
A lo largo de la investigación sobre el caso, el organismo autónomo
identificóirregularidades en la integración de la Carpeta de Investigación por parte de
los agentes ministeriales de la Fiscalía de Veracruz y omisiones de los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública para brindar protección y auxilio a la víctima, pues el
comunicador se encontraba bajo el cuidado de elementos policíacos.
“El día del homicidio, el equipo de policías responsable de su seguridad no acudió al
domicilio refiriendo que habían sido convocados a una reunión; sin embargo, por el
riesgo en que se encontraba el agraviado, el policía encargado debió asegurarse que otros
elementos le reemplazaran y cumplieran con la medida para no descuidar la seguridad del
periodista”, establece la CNDH.
Así mismo, la Comisión identifica la omisión en la investigación de la presunta
participación de un funcionario municipal como probable responsable, aún cuando los
testigos refirieron como una de las personas que disparó.

Ante esto, solicita a Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador, y a Jorge Winckler Ortiz,
Fiscal General de la entidad, colaborar con las autoridades competentes e impartir cursos
sobre el derecho a la libertad de expresión, protección y garantía de los derechos de las
víctimas y del Protocolo Nacional del Primer Respondiente al personal del ministerio
público de Tierra Blanca y de la Fiscalía Especializada.
La CNDH también le requirió a García Jiménez diagnosticar si el personal policíaco
cumple con el perfil y aprobó los exámenes de control de confianza.
para la pronta investigación de los hechos y de la
EL PERIODISTA RECIBIÓ AMENAZAS
El 20 de julio de 2016, el comunicador Pedro Tamayo recibió disparos de arma de fuego
mientras se encontraba al exterior de su domicilio. Pese a ser trasladado al Centro Médico
Regional, falleció producto de las heridas.
“Había sido amenazado, por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de
los Periodistas de Veracruz emitió medidas de protección a cargo de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado”, informó la CNDH.
La esposa de Tamayo interpuso una queja ante la Comisión debido a que constató
irregularidades en la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal, quienes omitieron perseguir a los probables responsables.
VER MÁS
Pedro Tamayo, el periodista que huyó de Veracruz por amenazas de policías, es
asesinado a tiros
VERACRUZ, LA MÁS VIOLENTA PARA PERIODISTAS
La CNDH también alertó que en la entidad, desde el año 2000, se han presentado 22
asesinatos de personas que ejercen el periodismo.
Por ello, identifica a la impunidad como elemento central para que estos crímenes
ocurran, pues la falta de una adecuada procuración de justicia que permita identificar y
sancionar a los responsables propicia el clima de agresión en contra de las y los
periodistas.

Sintesis informativa martes 15 de enero de 2019

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