El documento argumenta que un socialismo democrático y participativo debería beneficiar más a aquellos que sirven al prójimo dedicando su vida a áreas como la seguridad, salud y educación. Propugna que el estado debe priorizar la provisión de alimentos, vivienda y educación a estas personas antes que a otros grupos. También sostiene que trabajadores de policía, salud, bomberos y aseo merecen viviendas, transporte y otros beneficios protegidos debido a los riesgos que enfrentan en sus labores.