El acuerdo establece un régimen migratorio de excepción para regularizar la situación laboral y migratoria de nacionales ecuatorianos y peruanos que trabajan en agricultura, construcción o servicios domésticos en la región fronteriza entre los dos países. El acuerdo permite la regularización hasta mayo de 2007 mediante visas a bajo costo y suspendiendo deportaciones por infracciones migratorias.