La participación ciudadana en la defensa del patrimonio natural es un derecho democrático que implica mecanismos y acciones para el bien común, como vigilar a las instituciones ambientales, denunciar actividades industriales dañinas, y recomendar cambios de hábitos de consumo sostenibles. La participación permite a la ciudadanía tener mayor capacidad de transformar el medio ambiente y controlar a los organismos políticos.