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Desafíos para el presente

Conferencias
“Primera infancia y conflicto
armado en Colombia”

Compiladora
Elsa Castañeda Bernal

Autores
Álvaro Francisco Córdoba Caviedes
Ana Lucía Sanín Jiménez
Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida
Blanca Inés Jiménez Zuluaga
Catalina Cuartas Escarria
Ivonne Leadith Díaz Pérez
María Cristina Escobar
María Cristina Palacio Valencia
María Eugenia Montoya Montoya
Maritza López de la Roche
Paula Andrea Ila
Yolanda Reyes

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación
la Ciencia y la Cultura – OEI
Carrera 9 No. 76 -27
Teléfono 346 9300
www.oei.org.es / www.oei.org.com

Álvaro Marchesi Ullastres
Secretario General

Angel Martín Peccis
Representante Regional en Bogotá

Directora IDIE Primera Infancia y Derechos de la Niñez

Patricia Bojacá Santiago
Especialista IDIE Primera Infancia y Derechos de la Niñez

Compiladora

Paula Andrea Ila
Yolanda Reyes
Autores

Carlos David Ramírez Cháves
Fotografía de portada

Sonia Nadezhda Truque
Corrección de estilo

Sigma Editores Ltda.
Desarrollo Editorial e Impresión

Los conceptos y opiniones de los artículos son de exclusiva responsabilidad
de los autores y no comprometen la política institucional de la OEI.

ISBN: 978-958-8658-03-6

Desafíos para el presente
Conferencias
“Primera infancia y conflicto
armado en Colombia”
Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá D.C, 2009

Diplomado
“Abordaje de las afectaciones de las violencias
en la primera infancia”
Programa Buen Comienzo
Medellín, 2010

Autores
Paula Andrea Ila
Yolanda Reyes

Instituto Iberoamericano de Primera Infancia y Derechos de la Niñez – IDIE –
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura – OEI –

(…) Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres que equivocaron su
camino, que perdieron la posibilidad de dirigir la Historia, o su propio Destino.
“Desquite” era uno de esos: era uno de los colombianos que más valía: 160 mil
pesos. (…) ¿Quién era en verdad?
Su filosofía, por llamarla así, eran la violencia y la muerte.
Me habría gustado preguntarle en qué escuela se la enseñaron.
El habría dicho: yo no tuve escuela, la aprendí en la violencia a los 17 años.
Allá hice mis primeras letras, mejor dicho mis primeras armas.
Con razón…se había hecho guerrillero siendo casi un niño.
No para matar sino para que no lo mataran,
para defender su derecho a vivir, que, en su tiempo,
era la única causa que quedaba por defender en Colombia: la vida.
En adelante, este hombre, o mejor, este niño, no tendrá más ley que el asesinato.
Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino,
le dan una psicología de asesino.
Seguirá matando hasta el fin, porque es lo único que sabe:
matar para vivir (no vivir para matar).
Solo le enseñaron esta lección amarga y mortal,
y la hará una filosofía aplicable a todos los actos de su existencia.
El terror ha devenido su naturaleza, y todos sabemos que
no es fácil luchar contra el Destino.
El crimen fue su conocimiento, en adelante sólo podrá
pensar en términos de sangre. (…)

Gonzalo Arango, 1993

Contenido
Prólogo 7

1. Reparación integral y primera infancia: principio de solidaridad 9
o responsabilidad del Estado

2. Algunos elementos claves para la aplicación de la justicia restaurativa en la infancia 43

3. Las afectaciones de los niños y las niñas en primera infancia desde un enfoque 55
de derechos humanos: prácticas y desafíos
Paula Andrea Ila

4. El trauma y la angustia en niños que han vivido experiencias violentas 89

5. Enfoque diferencial para la atencion de la primera infancia en el contexto 105
del conflicto armado
Maria Eugenia Montoya Montoya

6. Familia, enlaces intergeneracionales y orden de las violencias 111

7. Familia, niñez y juventud en el conflicto armado en la comuna 13 129
de la ciudad de Medellín: 1978- 2006

8. Representaciones sociales de “la guerra” construidas por niños colombianos 149
urbanos y rurales

9. Las nuevas generaciones crecen como “públicos” de los 175
medios y del conflicto armado que llega a través de las pantallas

10. Para nombrar los agujeros negros: ¿literatura en tiempos de guerra? 189
Yolanda Reyes

11. Resiliencia 197

12. Niños, niñas, adolescentes y sus familias afectados por conflicto 221
armado residentes en Bogotá. Reflexiones desde la práctica

13. La primera infancia en la guerra 229

Prólogo
Teniendo presente que el conflicto armado ha sido una constante en la
historia social y política de los últimos cincuenta años del país y que sus
consecuencias se extienden a lo largo de varias generaciones de colom-
bianas y colombianos, el IDIE en Primera Infancia y Derechos de la Niñez,
[1]
además de diseñar y poner en marcha el proyecto Re Creo [1] , asumió El proyecto Re Creo surge
la tarea de sensibilizar e interesar a otros profesionales, programas de formación en el 2007 como una de
académica, equipos de investigación e instituciones y organizaciones de carácter las líneas de trabajo del
IDIE de Primera Infancia y
público y privado que tradicionalmente no se han ocupado de la relación entre Derechos de la Niñez de
conflicto armado y primera infancia para que esta problemática empezara a hacer la OEI, bajo el siguiente
objetivo: “Apoyar al gobierno
parte de sus intereses y acciones personales, profesionales e investigativas.
nacional y a los gobiernos
En este contexto surge el estudio Colombia: huellas del conflicto en la locales para la cualificación
primera infancia (2009), donde se resalta, entre otros resultados, la escasa de los proyectos, programas
e iniciativas dirigidas a los
producción de conocimiento académico sobre los impactos del conflicto
menores de 6 años expuestos
armado en los menores de seis años y la ausencia de políticas y programas al conflicto armado, a
nacionales o locales orientados a trabajar de manera diferencial sobre las través de la producción de
conocimiento, la formación
afectaciones generadas por la guerra en estas poblaciones. de talento humano y la
El debate académico y político que se generó en torno al estudio, puso intervención en terreno para
en evidencia la necesidad de emprender acciones sistemáticas sobre el tema el restablecimiento de los
vínculos sociales y afectivos
en cuestión, para lo cual la Organización de Estados Iberoamericanos para resquebrajados por la guerra.”
la Educación, la Ciencia y la Cultura –OEI–, a través de su Instituto de (Castañeda, 2007: 10).
desarrollo e innovación educativa –IDIE– en Primera Infancia y Derechos [2]
de la Niñez, se propuso sensibilizar tanto a la comunidad académica sobre Convenio de de Asociación
y Cooperación No. 3188
la importancia de adelantar estudios en esta línea, como a la sociedad en celebrado entre la Secretaría
general, especialmente a los servidores públicos, profesionales de ciencias Distrital de Integración
humanas y sociales y agentes educativos que atienden a la primera infancia, Social –SDIS- y diez y
nueve instituciones y
para generar condiciones orientadas a detectar y reparar los impactos del organizaciones públicas y
conflicto armado en los pequeñitos. privadas, del nivel distrital,
nacional e internacional entre
Aprovechando el escenario técnico que brindó el Convenio por la
ellas la OEI a través de su IDIE
Inclusión social de la primera infancia [2], durante el segundo semestre Iberoamericano de Primera
del 2009 se realizó en Bogotá el ciclo de conferencias: “Primera Infancia Infancia y Derechos de la
Niñez.
y Conflicto Armado”, en asocio con el Instituto de Estudios Sociales
y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. A partir de

PRÓLOGO 7

clarificar las características del conflicto armado en el país y sus implica-
ciones jurídicas y administrativas, se abordaron temas relacionados con la
reparación integral, la familia, los medios de comunicación, el lugar del
arte, el juego y la literatura y de otras propuestas de acción como sanadoras
de los efectos del conflicto armado y la violencia social en nuestros niños y
niñas más pequeños.
[3]
Convenio No. 010-2009 La amplia acogida a la convocatoria por parte de estudiantes y profe-
suscrito entre la Alcaldía de sionales de disciplinas afines a la economía, ciencias políticas y artes, así
Medellín y la Organización
como de disciplinas con tradición de trabajo en primera infancia, agentes
de Estados Iberoamericanos
–OEI-, para apoyar la educativas y servidoras y servidores públicos, se reflejó en la asistencia de
implementación del más de 560 personas, de las que se certificaron 195 que asistieron a seis de
Programa Buen Comienzo
cualificando y ejecutando
las ocho conferencias programadas.
el plan de formación a Valiéndose del interés que despertó en Bogotá el ciclo de conferencias
agentes educativos para la y en cumplimiento del objeto del Convenio suscrito entre la Alcaldía
atención integral a la primera
infancia y desarrollando el de Medellín y la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI- [3], se
sistema de información, acordó formalizar el proceso de sensibilización y formación a través del
monitoreo y evaluación del Diplomado “Abordaje de las Afectaciones de las Violencias en la Primera
programa en perspectiva de
la consolidación de la política Infancia”. Además de los temas de conflicto armado, desarrollados en
pública local de primera Bogotá, se incluyeron otros relacionadas con la violencia social y política
infancia.
que se vive en Medellín [4] y que impide habilitar a los menores de seis
[4] años para el ejercicio de sus derechos. Así, durante el 2010 a través de la
El diplomado se organizó
en cuatro módulos a saber: Universidad CES, el Programa Buen Comienzo y la OEI se certificaron
(i) derechos y reparación 192 profesionales y agentes educativas articuladas al Aula Taller de primera
integral en la atención a la
infancia.
primera infancia afectada
por las violencias; (ii) primera La presente publicación compila los escritos que apoyaron el ciclo
infancia, afectaciones de las de conferencias de Bogotá y el diplomado de Medellín, organizados de
violencias en el desarrollo y la
acuerdo con la lógica como fueron estructurados los contenidos de los dos
cultura; (iii) enfoques para la
atención a la primera infancia eventos: derechos y reparación integral, familia, medios de comunicación
afectada por violencias; y enfoques y estrategias de intervención. Esperamos con su divulgación
herramientas pedagógicas
para la atención a la primera
llegar a nuevas audiencias y continuar el camino de la sensibilización para
infancia afectada por la investigación y la acción que nos lleve a enfrentar el gran desafío del
violencias. presente: romper a través de los niños y las niñas menores de seis años el
círculo perverso de odios y rencores que por generaciones ha sido el caldo
de cultivo para las venganzas y retaliaciones que sostienen en lo más intimo
de la subjetividad de los colombianos y colombianas, el conflicto armado.

Directora IDIE Iberoamericano de Primera Infancia
y Derechos de la Niñez

8 CICLO DE CONFERENCIAS “PRIMERA INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”

Reparación integral
y primera infancia:
principio de solidaridad o
responsabilidad del Estado
Álvaro Francisco Córdoba Caviedes [5]

introduCCión
Hemos cumplido ya 4 años de vigencia de la Ley 975 de 2005 o Ley de
Justicia y Paz con resultados realmente negativos y me atrevería a decir
deplorables con respecto a las víctimas, y en sentido amplio frente a los
objetivos que dicha ley se trazaba como era el de “facilitar los procesos de paz
y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos
armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad,
[5]
la justicia y la reparación”. No existe en la actualidad ningún estudio serio y Candidato a Doctor en
fundado que demuestre lo contrario, más allá de algunos logros puntuales Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, Argentina,
y algunos beneficios particulares que han obtenido las pocas víctimas que Abogado, Universidad
han tenido acceso a este proceso y han podido intervenir en el mismo. Externado de Colombia,
Es obvio que existen voces oficiales que pretenden ver lo contrario justi- Especialista en Ética y
Derechos Humanos de
ficando estos pésimos resultados a partir de análisis ahistóricos de otras la Universidad del Valle.
experiencias internacionales que son valoradas sin tener presente sus Actualmente se desempeña
propios contextos y con la única intensión de justificar y más aún avalar como Coordinador Área
de Intervención Legal de la
los pobres resultados alcanzados dentro de este mal llamado proceso de Consultoría para los Derechos
Justicia y Paz, pero más aún la impunidad campante que sigue reinando en y el Desplazamiento –
nuestra realidad nacional. CODHES; Coordinador
del Centro de Atención a
Hoy se muestra como gran logro de Justicia y Paz lo único para Víctimas de las Violencias
mostrar, es decir, que los perpetradores de todos estos perversos crímenes y Graves Violaciones a
los Derechos Humanos –
han confesado 21 mil delitos, según lo informaron varios medios de
CAVIDH-, de la Secretaría
comunicación, aunque según las cifras oficiales de la Fiscalía se trata de Distrital de Gobierno, Alcaldía
26.054 hechos enunciados en las versiones libres, de los cuales únicamente Mayor de Bogotá.

se han confesado 9.968, lo que significa que estaría por confesarse o confir-

REPARACIÓN INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD O RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 9

marse 16.086 delitos. Pero aceptando como número significativo los 26
mil delitos enunciados, no se entiende el por qué de tanta algarabía y tanto
parte positivo, pues por una parte se debe recordar que esa confesión de
delitos era el compromiso principal que tenían que cumplir los paramili-
tares que se sometieran a la Ley 975, lo cual estipula expresamente la citada
Ley en sus artículos 10, 11 y 17:

¤ “ARTÍCULO 17. VERSIÓN LIBRE Y CONFESIÓN. Los
miembros del grupo armado organizado al margen de la ley,
cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de
la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa
al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán
versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de
desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de
que tenga conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delic-
tivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que
sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a
la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se
entregan para la reparación a las víctimas, y la fecha de su ingreso al
grupo.
La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones
adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma
inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia
y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados
al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar
la investigación, comprobar la veracidad de la información suminis-
trada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento dentro del ámbito de su competencia.”

¤ Así mismo, es oportuno hacer claridad en el sentido de que
la cifra de los 26 delitos enunciados, recordando que son
únicamente 9.968 los confesados, resulta una cifra mínima
frente al inmenso número de crímenes atribuidos a estos grupos
en los últimos 20 años, según lo corroboran estudios serios
de organizaciones civiles, órganos internacionales e incluso
instituciones públicas como órganos de control y las autoridades
judiciales.


¤ Por otra parte, según las cifras de la fiscalía en el reciente
informe presentado por el ex fiscal Mario Iguarán, en su
rendición de cuentas, las víctimas registradas en justicia y
1
paz suman un total de 219.818 víctimas, de las cuales sólo
35.771 han sido relacionadas en los delitos enunciados por los
paramilitares, lo que constituye el 16 %, y sólo 27.042 (12%)
han participado en las versiones libres. Son cifras que de plano
descalifican este proceso y permiten concluir que de esa manera
es imposible garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, y sólo con relación a las 219.818 víctimas registradas
en Justicia y Paz. Que no decir frente a las casi un millón de
víctimas que se les atribuye a estos grupos incluyendo el crimen
de desplazamiento forzado.
¤ Del número total de hechos delictivos enunciados en las
versiones libres por parte de los postulados a Justicia y Paz,
existen 2.133 víctimas niños La fiscalía en sus informes oficiales
no hace mención del posible número de niños y niñas dentro del
total de víctimas registradas, y menos aún hace una referencia a
la edad posible de los niños y niñas víctimas, así que es difícil
determinar cuántos de ellos pertenecen a la primera infancia.
¤ En este sentido, el balance positivo que se pretenda hacer no
puede estar relacionado con el número de hechos delictivos
confesados o enunciados por estos criminales de guerra y de lesa
humanidad, pues lo fundamental sería que podamos reconstruir
primero las historias de vida de esas miles de víctimas
ofendidas, mutiladas, desplazadas y desaparecidas forzadamente,
despojadas de sus bienes y de su honra, reclutadas ilícitamente,
abusadas sexualmente, prostituidas forzadamente, y asesinadas
y ocultadas en fosas comunes. Además, la cuestión sería
preguntarse sobre la suerte actual de esas miles de víctimas que
han sobrevivido a este horror y que hoy siguen afectadas en su
vida, honra y bienes, y siguen cargando con la estigmatización,
la pobreza, la persecución y el miedo como consecuencia de esa
violencia indiscriminada y cometida en su contra o contra sus
seres amados. Hoy siguen siendo víctimas del desconocimiento
de sus afectaciones y sin posibilidades reales de que puedan ser
efectivamente reparadas tal como lo exige la normatividad y la
jurisprudencia nacional e internacional vigente y aplicable en
Colombia.


¤ Sin embargo, en esta oportunidad no pretendo hacer una
análisis de este proceso que ya muchos estudios de seguimiento
y evaluación ha ocasionado, siendo el último el realizado
recientemente por la GTZ con ocasión de los 4 años de vigencia
de la Ley 975 de 2005, y que en honor a la verdad, poco o nada
vienen contribuyendo para lograr los cambios requeridos, que en
síntesis se traducen en la VOLUNTAD POLÍTICA para crear la
estructura de transición adecuada y necesaria, que garantice una
aplicación correcta y oportuna del contenido de la misma Ley
975, que en mi opinión, después de la Sentencia 370 de 2006,
por la cual se realizó el estudio de constitucionalidad de este
texto jurídico, no sólo no es negativa, sino que, según lo afirmó el
mismo Jefe de Fiscales de la Corte Penal Internacional, Ocampo
de aplicarse correctamente y conforme a lo determinado por la
Corte Constitucional, habrá contribuido eficazmente no sólo
a la reducción de la impunidad sino también como modelo a
seguir en materia de justicia transicional.
¤ Lo importante de hacer referencia a este proceso es porque a
partir de su implementación se tornó más común hablar de las
víctimas como sujetos de derechos, y precisamente en contextos
de violencia como el de Colombia, y en relación a eventuales
procesos de negociación política y de paz. Así mismo, en el
contexto de este proceso se hicieron familiares en diferentes
contextos expresiones tales como verdad, justicia y reparación, o
la expresión que de alguna manera encierra todas las anteriores,
es decir, REPARACIÓN INTEGRAL.

reParaCión de las víCtimas Como fundamento de
la justiCia de transiCión

reParaCión integral
Conflicto armado interno
En Colombia existe un conflicto armado interno con una antigüedad de
aproximadamente cinco décadas y un ascendente proceso de degradación,
reflejado principalmente en la utilización de tácticas e instrumentos
de guerra prohibidos por el Derecho de Gentes a través de su historia,
y más concretamente por los Convenios de la Haya relacionados con la
conducción de las hostilidades bélicas y por los convenios de Ginebra de
1949, dentro de los cuales se destaca su Protocolo Adicional II, aplicable


a los conflictos armados de carácter no internacional (Ratificados por
Colombia mediante la Ley 5 de 1960 y Ley 171 de 1994, respectivamente).
Así mismo, en su último informe anual sobre la situación de los
1
derechos humanos en Colombia, correspondiente al año 2008 y que fuera
presentado el 19 de Febrero de 2009, la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos reconoce que Colombia continúa
inmersa en un conflicto armado interno complejo y de múltiples facetas,
cuyo efecto sobre los derechos humanos representa un desafío permanente
para el Estado y su población. Las violaciones de los derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los
grupos guerrilleros y la Fuerza Pública, así como las actividades de los
otros grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con las subyacentes
dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza,
la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y
las dificultades para el acceso efectivo a la justicia siguen condicionando el
goce integral de los derechos humanos [6]. [6]
Ya en varias ocasiones y en diferentes informes, instancias internacio- NACIONES UNIDAS, Informe
anual de la Alta Comisionada
nales tanto de las Naciones Unidas como del sistema Interamericano se de las Naciones Unidas para
reitera esta posición de calificar al conflicto armado interno en Colombia los Derechos Humanos sobre
como causa sobresaliente en la grave crisis humanitaria, razón por la cual la situación de los derechos
humanos en Colombia,
igualmente se ha instado a buscar una solución negociada para consolidar Oficina en Colombia del Alto
una paz estable y duradera y poder superar así las innumerables violaciones Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se
Humanos, 19 de Febrero de
producen como consecuencia de esta confrontación [7]. 2009, párrafo 6.
[7]
Definición de reparación integral “142. La Alta Comisionada
urge a cada uno de los
• Reparación integral de víctimas de crímenes atroces
grupos armados ilegales a
La reparación integral de las víctimas de crímenes atroces encuentra su poner en práctica, cuanto
fuente o título en el deber estatal de reparar el daño ocasionado por tales antes, un cese efectivo de
hostilidades, correspondido
crímenes. Este deber incluye la indemnización de los daños y perjuicios por el Gobierno. Exhorta,
sufridos con motivo del crimen, así como mecanismos individuales de además, que con urgencia
rehabilitación y restitución, y medidas de satisfacción de alcance general. se inicien diálogos y
negociaciones entre el
Todos estos mecanismos tienen el propósito de que los efectos de los Gobierno y los grupos
crímenes atroces desaparezcan, tanto para restablecer la dignidad de las armados ilegales que
víctimas como para garantizar que los mismos no volverán a tener lugar. permitan la superación del
conflicto armado interno
El deber de reparar integralmente a las víctimas reposa en cabeza del y el logro de una paz
Estado, incluso cuando los crímenes atroces no han sido cometidos por sus duradera. Los diálogos y
agentes. Por ello, si bien es posible y deseable que busque que las víctimas las negociaciones deberán

sean reparadas por los perpetradores, en caso de que ello sea insuficiente


o inadecuado para lograr la reparación, el Estado mantiene la responsabi-
lidad de garantizar que esta será satisfecha de manera integral.
Así, a diferencia de lo que sucede con la política social e incluso con
la atención humanitaria, las reparaciones se enfocan en el pasado, y en
particular en el restablecimiento de situaciones anteriores (2). Sin embargo,
esto no significa que las reparaciones no miren hacia el futuro, pues justa-
mente se enfocan en el pasado, pero con el propósito de construir un
futuro mejor, no sólo a través de la asignación de responsabilidades y del
reconocimiento de derechos negados durante mucho tiempo, sino también
a través de la reconstrucción de la confianza cívica y de lazos de solidaridad
entre los diferentes actores sociales(3), y de la contribución a la finalización
de una cultura de impunidad frente a las graves violaciones de derechos
humanos(4).
Así mismo, sobre este tema, es pertinente citar un documento
inédito de Tatiana Rincón Covelli, titulado “La posición de la víctima en
el procedimiento de esclarecimiento judicial regulado por la ley 975 de
2005” presentado con ocasión del Foro Jurídico convocado por Fescol y
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dentro del cual
abordó con claridad este tema.
priorizar, desde sus inicios,
el derecho internacional “El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho
humanitario y los derechos internacional humanitario y el derecho penal internacional han
humanos. En cuanto a las
reconocido a la víctima derechos específicos: los derechos a la verdad,
negociaciones exhorta al
Gobierno y al Congreso a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición de las viola-
que establezcan, cuanto ciones padecidas.
antes, un marco jurídico con
El reconocimiento de estos derechos implica el reconocimiento del
mecanismos adecuados que
reconozcan y garanticen derecho de la víctima a los mecanismos y procedimientos que garan-
plenamente los derechos a ticen, en forma plena, efectiva y en un tiempo razonable, el ejercicio
la verdad, a la justicia y a la
reparación de las víctimas. El
y satisfacción de los mismos. Es decir, no se pueden reconocer los
marco jurídico debe tomar derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no
en cuenta debidamente la repetición sin reconocer, -- como una condición de posibilidad del
situación de la mujer y de las
minorías étnicas. Naciones real ejercicio de dichos derechos, el derecho a recursos y procedi-
Unidas, Informe de la Alta mientos adecuados y efectivos.
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos 2004, Comisión En este sentido, y conforme al derecho internacional de los derechos
de Derechos Humanos, 61 humanos, los Estados tienen la obligación constitucional o legal de
período de sesiones, Tema
otorgar un recurso accesible, efectivo y viable conforme al cual las
3 del programa provisional,
documento E/CN.4/2005/10, víctimas puedan procurarse el reconocimiento y restablecimiento
28 de febrero de 2005. de sus derechos [8]. Y como ha sido señalado constantemente por


la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, “esos procedimientos no
deben ser meras formalidades que, lejos de permitir la realización de
1
tales derechos, diluyan en el tiempo toda posibilidad de éxito en su
afirmación, reconocimiento o ejercicio”. [9] [8]
La Corte Constitucional colombiana ha reconocido igualmente Al respecto, ONU. Consejo
Económico y Social. Conjunto
los derechos de las víctimas de todo delito a la verdad, la justicia,
de principios actualizado para
la reparación integral y la no repetición [10]. De acuerdo con la ya la protección y la promoción
pacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional, las víctimas de los derechos humanos
mediante la lucha contra la
tienen derecho al reconocimiento, ejercicio, protección y satisfacción
impunidad. E/CN.4/2005/102/
de estos derechos en el proceso penal [11]. En este sentido, y como Add.1, 8 de febrero de 2005.
ha dicho también la Corte Constitucional, las víctimas tienen un [9]
derecho al proceso penal [12]. Cfr. CIDH. Informe No.1/07.
Caso 11.878. Admisibilidad.
El reconocimiento del derecho de las víctimas al proceso penal,
Azucena Ferry Echaverry
como un recurso adecuado, para lograr la satisfacción de los derechos y otros. Nicaragua. 27 de
a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, no febrero de 2007, párr. 35.
inhabilita a las víctimas para lograr la satisfacción de los derechos [10]
Corte Constitucional,
a la verdad, a la reparación y a la no repetición también por otras
Sentencia C-228 de 2002.
vías. El Conjunto de Principios actualizado de Naciones Unidas para
[11]
la protección y la promoción de los derechos humanos mediante Al respecto, Corte
la lucha contra la impunidad, prevé, al respecto, la posibilidad de Constitucional, Sentencia
funcionamiento de Comisiones de la Verdad como instancias comple- C-228 de 2002; Sentencia
C-591 de 2005; Sentencia
mentarias nunca sustitutivas- de los procesos judiciales- y prevé C-454 de 2006; Sentencia
también en relación con el derecho a la reparación- la posibilidad de C-370 de 2006; Sentencia 209
de 2007.
la vía civil o la vía administrativa, e, igualmente, la posibilidad de
programas de reparación basados en medidas legislativas o adminis- [12]
Al respecto, Sentencia C-370
trativas [13]. de 2006.
Ahora bien, cuando las víctimas acuden al proceso penal como [13]
el recurso adecuado para ejercer el conjunto de sus derechos, este Cfr. Conjunto de principios
recurso judicial debe garantizar la plena satisfacción de los mismos. actualizado para la
protección y la promoción
Por tanto, el proceso penal no puede convertirse en un obstáculo de de los derechos humanos
la garantía de esos derechos. De ser esta la situación, se estaría vulne- mediante la lucha contra la
rando el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. impunidad, principios 6 a
13, y principio 32. Sobre el
carácter complementario de
las Comisiones de la Verdad,
puede verse también Corte
IDH. Caso Zambrano Vélez.
Sentencia de 4 de julio de
2007, párr. 129.


resPonsabilidad del estado
dereCho a la justiCia: un dereCho ColeCtivo y un deber
del estado
La obligación de los Estados de castigar los crímenes de lesa humanidad
y las graves violaciones de derechos humanos no se puede negociar
ni exonerar por razones de interés político. Un Estado que prohíja la
impunidad es un Estado que patrocina la injusticia, como certeramente lo
expresó la misión de observación sobre los casos Bousquet, Papo y Touvier
en Francia, “un Estado democrático no puede substraerse a sus responsabilidades
ante la injusticia, sin poner en tela de juicio su propia legitimidad.”
Esta obligación en cabeza del Estado ha sido reiteradamente
reconocida por los diferentes organismos internacionales de derechos
humanos quienes en sus diversos pronunciamientos (declaraciones, pactos,
resoluciones, informes, etc.), han sido categóricos al sostener que les corres-
ponde a los Estados adelantar, mediante todos los medios que tengan a su
alcance, las investigaciones respectivas con miras a judicializar y sancionar
a todos aquellos que hayan cometido graves violaciones a los derechos
humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
De manera particular citemos lo dicho por la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, la cual mediante Resolución 1999/34
del 26 de abril de 1999, proferida en su 55a sesión, subraya “la importancia
de adoptar todas las medidas posibles y necesarias para que respondan ante la
justicia los autores de violaciones de los derechos humanos y del derecho humani-
tario internacional, e insta a los Estados a que actúen respetando las debidas
garantías procesales.”[14]
Resolución la Comisión de Derechos Humanos sostiene que
“Consciente de que el fenómeno de la impunidad afecta a todas las esferas de la
sociedad, reconoce que exigir responsabilidades a los autores de violaciones graves
de los derechos humanos es uno de los elementos esenciales de toda reparación
eficaz para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y un factor clave
para conseguir un sistema de justicia justo y equitativo y, en definitiva, la reconci-
liación y la estabilidad en un Estado.” [15]
[14]
Comisión de Derechos ¤ Informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas, Louis
Humanos - ONU, Resolución Joinet, acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de
de la Comisión de Derechos
violaciones de derechos en aplicación de la decisión 1996/119 de
Humanos 1999/34, www.
unhchr.ch/spanish. la Subcomisión.
[15]
Ibid. Este deber incondicional del Estado se consagra igualmente como un
derecho de las víctimas a la justicia, reconocido por los principios para la


protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad, de las Naciones Unidas. 1
“Principio 20. Deberes de los Estados en el ámbito de la adminis-
tración de la justicia. La impunidad constituye una infracción de las
obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar
medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera
de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas
apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación
del perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
repetición de dichas violaciones...”[16]

¤ Comisión Interamericana en su Informe No. 136/99, rendido el
22 de diciembre de 1999, dentro del Caso 10.488, relacionado
con el asesinato de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría.

Igual posición ha asumido en el ámbito americano la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, quien a partir de hechos concretos ocurridos
en algunos países de su jurisdicción ha expresado su total rechazo a leyes de
impunidad y por el contrario ha recordado a los Países Miembros, funda-
mentándose en la Convención Americana de los Derechos Humanos
de 1988, o Pacto de San José de Costa Rica, su irrestricta obligación de
investigar y sancionar eficazmente a los responsables de estos crímenes y
de garantizar a las víctimas, de manera efectiva y no aparente, el colectivo
derecho a la verdad y a la justicia.
Dada la importancia internacional que significó este informe de la
Comisión Interamericana, así como lo relevante de su posición para el
tema de análisis, considero oportuno hacer una cita extensa de los apartes
más sobresalientes del informe:
“2. El deber de investigar y sancionar (artículo 1(1) de la Convención
Americana). 170. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido que la obligación asumida por los Estados de garantizar el
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención
prevista en el artículo 1(1) de la Convención significa:
El deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental
[16]
y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el Compilación de instrumentos
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar internacionales, op. cit., pp.
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como conse- 145-146.

cuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar


toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar,
además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su
caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos
humanos.” [17]

Sobre el derecho a una efectiva y real justicia de las víctimas y sus familias
en cabeza del Estado, manifestó la Comisión:
“3. El derecho a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva
(artículos 8(1) y 25 de la Convención). 191. Según tal criterio interpre-
tativo, la Corte estableció que el artículo 8(1) comprende el derecho de los
familiares de la víctima a las garantías judiciales. Dichas garantías judiciales
consisten en una investigación efectiva, el procesamiento de los responsables
de los ilícitos, la imposición de las sanciones pertinentes y la indemnización
de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los familiares.
193. La Corte Interamericana ha interpretado esta disposición estable-
ciendo que según la Convención Americana, los Estados partes se
obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de
violación de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser
substanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal
(artículo 8(1)), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los
mismos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo
su jurisdicción (artículo 1).
196. Empero, para que la investigación que el Estado está obligado a garan-
tizar sea efectiva, es condición fundamental que sea emprendida de buena
fe, de manera diligente, exhaustiva e imparcial, y esté orientada a explorar
todas las líneas investigativas posibles que permitan la identificación de los
autores del delito, para su posterior juzgamiento y sanción.” [18]

Sin embargo, es prioritario reconocer que igualmente le corresponde a la
sociedad misma hacer todo cuanto esté a su alcance para impedir que los
crímenes y los vejámenes cometidos contra miembros individuales y colec-
[17]
Comisión Interamericana de tivos de su seno queden en el olvido e impunes. Citando nuevamente a
Derechos Humanos, Informe Javier Giraldo, observamos que en ocasiones han sido precisamente las
No. 136/99 Caso 10.488
Ignacio Ellacuría y otros,
acciones emprendidas desde la sociedad las que han permitido desen-
www.cidh.oas.org. trañar la verdad y confrontar la barbarie: “En el campo de la Justicia que
[18] es el más obstruido en todos estos procesos, si bien la sociedad no puede erigirse
Ibid. como instancia de justicia alternativa, sí puede impulsar y presionar la aplicación
de los principios jurídicos, ejercer el derecho de denuncia, recurrir a las instancias


internacionales garantes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
crear tribunales de opinión, donde las situaciones concretas se confronten trans-
parentemente y ante la opinión pública con la aplicación debida de los principios
1
del Derecho Internacional. Tal fue la experiencia tenida en 12 países latinoame-
ricanos, entre 1989 y 1991, con la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos
sobre la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina.” [19]
Cuando se trata de violaciones que tienen carácter de crímenes de
lesa humanidad, el derecho de las víctimas frente al Estado no se agota
en la obtención de una compensación pecuniaria, sino que requiere una
reparación integral que incluye primeramente y como parte del derecho a
la justicia, el conocimiento de la verdad.
El derecho a la verdad es parte, entonces, de un más amplio derecho
a la justicia que tienen las víctimas de este tipo de crímenes. Para ser
más específicos, las obligaciones del Estado que nacen de estos crímenes
son cuádruples: obligación de investigar y dar a conocer los hechos que
se puedan establecer fehacientemente (verdad); obligación de procesar y
castigar a los responsables (justicia); obligación de reparar integralmente
los daños morales y materiales ocasionados (reparación); y obligación de
extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometido,
ordenado o tolerado estos abusos (creación de fuerzas de seguridad dignas
de un Estado democrático). Estas obligaciones no son alternativas unas a
las otras, ni son optativas; el Estado responsable debe cumplir cada una de
ellas en la medida de sus posibilidades y de buena fe. [20]
Este irrenunciable derecho a la verdad en cabeza de las víctimas ha sido
igualmente calificado como un derecho colectivo por parte de las instancias
internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos. Así lo
reconoce de manera expresa la Comisión Interamericana en el ya citado
informe sobre el caso del sacerdote Ignacio Ellacuría:
[19]
“224. El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que Giraldo, Javier, “Impunidad y
permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el democracia...”, op. cit.
desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho parti- [20]
cular para los familiares de las víctimas, que permite una forma Méndez, Juan E) “Derecho a
la verdad frente a las graves
de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de violaciones a los derechos
amnistía. La Convención Americana protege el derecho a acceder y a humanos”, en Abregú, Martín
y Courtis, Christian (comp.)
recibir información en su artículo 13.
(1996), La aplicación de los
tratados sobre derechos
226. Además de los familiares de las víctimas directamente afectados humanos por los tribunales
locales, Buenos Aires, Cels.
por una violación de los derechos humanos, también es titular del
derecho a ser debidamente informada la sociedad en general. Como


ha sostenido la CIDH con respecto a la amnistía decretada mediante
el decreto 486 de 1993: Independientemente del problema de las
eventuales responsabilidades --las que, en todo caso, deberán ser
siempre individuales y establecidas después de un debido proceso por
un tribunal preexistente que utilice para la sanción la ley existente
al momento de la comisión del delito-- …toda la sociedad tiene el
irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como
las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a
cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el
futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas
conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos (...) Tal acceso a
la verdad, supone no coartar la libertad de expresión…”

228. Forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos
humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el
derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra,
completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias especí-
ficas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer
íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y escla-
recimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras
violaciones.” [21]

¤ Louis Joinet, acerca de la cuestión de la impunidad de los autores
de violaciones de derechos en aplicación de la decisión 1996/119
de la Subcomisión.

Para concluir este punto, y para reafirmar la postura de que el derecho a la
justicia, así como sus complementos del derecho a la verdad y a la reparación
de las víctimas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes
de lesa humanidad, deben considerarse derechos colectivos en tanto que
afectan no sólo a quienes los padecen directamente o a sus familiares sino
también a la sociedad de la que hacen parte, y más aún a la humanidad
entera, es pertinente citar algunos apartes del Informe final del Relator
Especial de las Naciones Unidas, Louis Joinet, acerca de la cuestión de la
impunidad de los autores de violaciones de derechos en aplicación de la
[21] decisión 1996/119 de la Subcomisión.
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Informe “A. El derecho de saber. 17. No se trata solamente del derecho
No. 136/9..., op. cit. individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber
qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es


también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia
para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por
contrapartida tiene, a cargo del Estado, el “deber de la memoria” a
1
fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen
por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conoci-
miento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su
patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades
principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo.

B. El derecho a la justicia. 1. El derecho a un recurso justo y eficaz.
26. Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus
derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente
para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación.
Como se subraya en el preámbulo de la Estructura de principios,
no existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada una
respuesta efectiva a los deseos de justicia; el perdón, acto privado,
supone, en tanto que factor de reconciliación, que la víctima conozca
al autor de las violaciones cometidas contra ella y el opresor esté en
condiciones de manifestar su arrepentimiento; en efecto, para que el
perdón pueda ser concedido, es necesario que sea solicitado.” [22]

El problema del castigo, del perdón y de la reconciliación, de ninguna
manera es un problema privado entre víctimas y victimarios. Lo que
se ha violado, no solamente es el alma y cuerpo de la víctima, son los [22]
derechos de todos nosotros los que se violan en un individuo violado. Joinet, Louis - Comisión de
Derechos Humanos, Informe
“El delincuente es llevado a la corte penal, no porque ha dañado a determi- final del Relator Especial
nadas personas, tal como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito acerca de la cuestión de la
pone en peligro la comunidad como entidad entera,(...)” anotó Hannah impunidad de los autores
de violaciones de los
Arendt en relación al proceso de Nüremberg [23]. derechos humanos (derechos
civiles y políticos) E/CN.4/
Sub.2/1997/20/Rev.1, www.
unhchr.ch/spanish.
afeCtaCiones de los niños y niñas en Primera
[23]
infanCia en el marCo del ConfliCto armado Citado en Rainer Huhle,
“De Nüremberg a La Haya:
Con frecuencia no se piensa que los niños y niñas son directamente los crímenes de derechos
humanos ante la justicia:
afectados por hechos de violencia atribuidos al conflicto armado interno, problemas, avances y
pese a las evidencias contrarias que sobre dicha problemática se presentan perpectivas”, en Ko´aga
Roñe´eta se, 1997.
de manera reiterativa en los numerosos y diversos estudios y análisis
que sobre las afectaciones generadas por el conflicto armado realizan los


órganos de control en Colombia, organizaciones de derechos humanos
nacionales e internacionales, y organismos internacionales bien sea del
Sistema Interamericano o de las Naciones Unidas.
Las guerras o conflictos armados, sean internacionales (entre Estados
o países), o se trate de conflictos de carácter no internacional (Ver apartado
3.2) [24], siempre generan daños directos e indirectos contra los niños
y niñas, que entendidos desde la perspectiva de la garantía de derechos
constituyen primordialmente violaciones a sus derechos humanos y funda-
mentales. Las afectaciones en torno a los niños y las niñas se producen
como consecuencia de crímenes cometidos contra sus padres, familiares y
personas cercanas, que los conducen a la horfandad, el desplazamiento y
sus nefastas consecuencias, así como de forma directa cuando son víctimas
de vulneraciones de sus derechos a la familia, educación, salud, vida,
libertad e integridad personal, entre otros.
Sin embargo, varios estudios e investigaciones reconocen que esta
violencia sigue oculta y los datos estadísticos que sobre la misma puedan
existir no sólo son precarios y parciales, sino muchas veces contradictorios.
No existe un seguimiento periódico y minucioso de los hechos de violencia
cometidos contra niños y niñas en el marco del conflicto armado. Los
entes estatales a quienes les corresponde por mandato legal la atención de
la niñez, como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
no tienen construido el problema de la niñez afectada por el conflicto de
manera compleja y diferencial, limitándose en este campo generalmente
a las problemáticas más visibles derivadas de la vinculación de niños y
niñas a los grupos armados y el desplazamiento forzado. Es sorprendente
que el ICBF no conciba un tratamiento diferenciado para los niños y las
niñas víctimas de delitos comunes o de violencia intrafamiliar y aquellos
afectados como consecuencia de los crímenes cometidos en el marco del
conflicto armado interno.
El principal aporte que hace la experta del Secretario General de las
Naciones Unidas, Graca Machel, en su Informe sobre “Las repercusiones
de los conflictos armados sobre los niños” (1996) consiste precisamente en
este reconocimiento de que los niños y las niñas, aún sin ser sujetos activos
de los conflictos armados, resultan sus principales afectados y víctimas,
siendo igualmente dicha violencia invisibilizada, desconocida y, peor aún,
negada. En el Informe se señala:
[24] “1. Millones de niños se ven envueltos en conflictos de los que no
Cf. pp. 92-93. son simplemente testigos sino, el objetivo. Algunos caen víctimas de
un ataque indiscriminado contra civiles; otros mueren como parte de


un genocidio calculado. Otros niños sufren los efectos de la violencia
sexual o las múltiples privaciones propias de los conflictos armados,
que los exponen al hambre o a las enfermedades. ( ).
1
29. Los conflictos armados en las comunidades y entre ellas ocasionan
niveles masivos de destrucción, tanto física como humana, moral
y cultural. Causan la muerte o lesiones de muchos niños y muchos
otros crecen sin poder satisfacer sus necesidades materiales y emocio-
nales, incluidas las estructuras que dan significado a la vida social y
cultural. La trama de la sociedad - sus hogares, escuelas, sistemas de
salud e instituciones religiosas - queda totalmente destruida.
30. La guerra viola todos los derechos del niño: el derecho a la vida,
el derecho a estar con su familia y con su comunidad, el derecho a la
salud, el derecho al desarrollo de la personalidad y el derecho a ser
formado y protegido. Muchos de los conflictos de la actualidad duran
durante toda la “infancia”, lo que significa que desde el nacimiento
hasta el principio de la edad adulta los niños experimentarán
múltiples agresiones que se irán acumulando. El resquebrajamiento
de la red social y de las relaciones primarias que sirven de apoyo al
desarrollo físico, emocional, moral, cognoscitivo y social de los niños
durante tanto tiempo puede tener consecuencias físicas y psicológicas
profundas.
31. En numerosos casos, los efectos de los conflictos armados en
la vida de los niños son invisibles. El origen de los problemas de
muchos niños afectados por los conflictos permanece oculto. Tal vez
vivan apartados del público, en instituciones o, como sucede en el
caso de miles de niños que están solos y han quedado huérfanos, se
convierten en niños de la calle o en víctimas de la prostitución. Los
niños que han perdido a sus padres suelen experimentar humilla-
ciones, rechazo y discriminación. Durante años, tal vez sufren en
silencio y su autoestima se desintegra. Su inseguridad y temor son
inconmensurables.” [25] [25]
NACIONES UNIDAS, Las
repercusiones de los
La Defensoría del Pueblo, en su ejercicio de la Magistratura Moral en conflictos armados sobre los
materia de derechos humanos y DIH, respecto de la situación de los niños niños, Informe de la experta
y niñas ha sostenido en su informe sobre el año 2007: del Secretario General de
las Naciones Unidas, Graca
“El conflicto armado incrementa el riesgo de que el ejercicio de los Machel, presentado en virtud
derechos humanos de la niñez y la adolescencia colombiana experi- de la Resolución 48/157, 26 de
mente graves vulneraciones. En su calidad de población civil están agosto de 1996.

expuestos a ser víctimas de: amenazas, masacres, homicidios, desapa-


riciones, torturas, ataques indiscriminados, accidentes e incidentes
por minas antipersonal o armas de uso convencional, enfrenta-
mientos armados, restricciones a la circulación de bienes e insumos
indispensables para su supervivencia, entre otras acciones calificadas
como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, e inclusive
como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, según el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.”[26]

En ese sentido, y con relación a la afectación de los derechos humanos de
los niños y las niñas por razón del conflicto armado interno, la Defen-
soría del Pueblo afirma que “( ) se hace necesario emprender acciones
por parte del Estado, tendientes a la recuperación de los niños y las niñas
víctimas de la confrontación armada en atención a que la vida les cambia
por completo: el impacto emocional que soportan dificulta su desarrollo
armónico e integral; dejan atrás a sus seres queridos y todo su entorno
socializador, tienen reducido acceso a los servicios básicos; su educación es
afectada considerablemente; la reacción social limita la forma como deben
socializarse en un entorno adecuado”.[27]
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre el muy alto
el número de niños y niñas reclutados ilícitamente en los grupos armados
ilegales. “Efectivamente, diferentes estudios realizados en los últimos años
han señalado que puede haber entre 6.000 (UNICEF) y 11.000 (Human
Right Watch) niños, niñas y jóvenes vinculados con los distintos grupos
alzados en armas al margen de la ley. El reclutamiento ilícito, utilizado de
manera recurrente como estrategia de guerra y como forma de sometimiento
de la población civil, afecta especialmente a las poblaciones en condiciones
de mayor vulnerabilidad y, por este motivo, los adolescentes, los niños y las
niñas son generalmente víctimas comunes de esta práctica”. [28]
Otra de las más graves consecuencias del conflicto armado interno
[26] colombiano es el desplazamiento forzado, que repercute directamente en la
DEFENSORIA DEL PUEBLO,
Décimo Quinto informe
población civil, a la que se le obliga a abandonar intempestivamente su lugar
del Defensor del Pueblo al de origen en la búsqueda de condiciones mínimas de seguridad personal y
Congreso de la República. familiar. En efecto, y aunque las cifras de personas desplazadas varían entre
Enero – diciembre 2007,
Bogotá, 2008, p.165.
1.500.000 y 3.100.000 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
-UNICEF- sostuvo que como consecuencia del conflicto armado, se han
[27]
Ibídem, p.165 desplazado cerca de 1.100.000 niños y niñas. Igualmente, se ha establecido
[28] que “cerca del 58 % de los desplazados internos son mujeres, al tiempo que
Ibídem, pp.165-166. el 55 % tienen menos 18 años”. Para la Defensoría del Pueblo, los niños y
niñas resultan ser los más afectados por el fenómeno del desplazamiento


debido a su particular vulnerabilidad: “Particularmente se ven expuestos
a violencia sexual, trabajo infantil (inclusive en sus peores formas) mendi-
cidad, utilización en cultivos ilícitos, el reclutamiento por grupos armados [29]
Ibídem, pp.165-166.
1
al margen de la ley, la delincuencia juvenil, la situación en la calle etc. Es
[30]
por ello que en la política de atención a la población desplazada se deberá Según se expone en el Auto
intensificar al trabajo tendiente a que los derechos de los niños y niñas sea 251 de 2008, “En la sentencia
T-025 de 2004, la Corte
un asunto de máxima prioridad”. [29]
Constitucional declaró la
Frente a este preocupante reconocimiento de la afectación mayoritaria existencia de un estado de
de los niños y de las niñas a causa del conflicto armado, se pronunció la cosas inconstitucional en el
campo del desplazamiento
Corte Constitucional de Colombia en el Auto 251 del 6 de octubre de
forzado en el país, e
2008, mediante el cual el alto tribunal hace seguimiento al cumplimiento impartió varias órdenes
de la Sentencia T-025 de 2004, en la cual declaró el estado de cosas incons- complejas encaminadas a
asegurar su superación, y
titucionales frente a la situación del desplazamiento forzado que afecta a a avanzar hacia la garantía
miles de colombianos y colombianas. [30] De manera tajante y con una del goce efectivo de los
actitud de exhortación prioritaria a las autoridades competentes y a las derechos fundamentales
de los desplazados. Según
políticas estatales, la Corte realiza un estudio minucioso de lo que califica se constató en el Auto 218
como “Situación constitucionalmente inadmisible y apremiante de los de 2006, y según lo han
niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado en el país”. reconocido posteriormente
diversas autoridades
Para la Corte Constitucional: gubernamentales ante
“Los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de despla- la Corte Constitucional
-en particular durante la
zamiento forzado son las víctimas más débiles e indefensas del
audiencia pública realizada
conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en el en febrero de 2008 ante
país, y al mismo tiempo, son duramente golpeados por crímenes y esta Corporación-, el estado
de cosas inconstitucional
condiciones estructurales de existencia que escapan por completo
persiste en la actualidad, y
tanto a su control y su responsabilidad como a su capacidad de conlleva la continuidad de la
resistir o de responder, marcándolos de por vida al incidir negativa- violación masiva, sistemática,
profunda y persistente de
mente sobre su proceso de desarrollo individual”.[31] los derechos fundamentales
de millones de personas
Como se ha mostrado, la situación de los derechos humanos de los niños en el territorio nacional
victimizadas por este
y las niñas en Colombia sigue evidenciando una gravedad preocupante, complejo fenómeno”. CORTE
a pesar de ello aún no existe un consenso acabado acerca del fenómeno CONSTITUCIONAL, Auto 251
de 6 de octubre de 2008.
que sea compartido socialmente, y que propenda a su vez por la implemen-
Magistrado Ponente Manuel
tación de medidas y políticas públicas efectivas y prioritarias en procura de José Cepeda Espinosa.
su tratamiento prioritario. [31]
La delicada situación planteada que involucra a los niños y las niñas CORTE CONSTITUCIONAL,
en Colombia señala un problema complejo que la sociedad colom- Auto 251 de 6 de octubre de
2008. Magistrado Ponente
biana padece y que la afecta no sólo como consecuencia de la situación Manuel José Cepeda
de conflicto armado interno, que como señalamos agudiza el abuso y el Espinosa.
maltrato con relación a la población infantil, dando lugar a fenómenos


como la prostitución forzada, el reclutamiento ilícito, las lesiones por minas
antipersonales, entre otros. Es muy importante llamar la atención sobre el
hecho que la violencia intrafamiliar y la violencia sexual contra los niños
y las niñas tiene lugar en el seno de las familias colombianas, sin mediar
el agravante del conflicto armado interno, lo cual estaría mostrando un
síntoma de la sociedad que requiere el abordaje de las tramas psicosociales
junto con las realidades socio-económicas para comprender la repetición
de comportamientos sociales e individuales que perjudican a los niños
y las niñas. Cabe aclarar que cuando decimos “síntoma de la sociedad”
no consideramos que se trata de una singularidad de la sociedad colom-
biana, por el contrario, las marcas de patriarcalismo, sexismo, adultismo,
discriminación, entre otros, y la consecuente configuración de una
“cultura de maltrato” tal como lo definen especialistas de la psiquiatría y
psicología- se presentan en otras sociedades occidentales, manifestándose
particularmente en las realidades sociales de los países latinoamericanos.
Para una mejor comprensión de lo que debe entenderse como afecta-
ciones y de sus implicaciones directas respecto de la primera infancia, en
primer lugar, es necesario considerar los tipos de victimización de niños
y niñas relacionadas con el conflicto armado y en segundo lugar, lo que
la legislación nacional e internacional entiende por víctimas y algunas
de sus clasificaciones, teniendo en cuenta este concepto con relación
a los conflictos armados, o respecto de lo que la doctrina nacional e
internacional califica como graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario.

las víCtimas y los daños oCasionados
El concepto de víctima
Desde la psicología, el concepto de víctima ha tenido diversas transfor-
maciones, son numerosas las definiciones existentes alrededor de este
concepto. De este modo, se pasó de considerar a la víctima como aquel
sujeto pasivo sobre quien recaía la acción del delito, hasta la concepción
[32]
más reciente donde la víctima es considerada un actor participativo e
Beristain, Antonio, La
construcción criminológica incidente en el acto criminal, es decir, ha ido evolucionando esta concep-
de la realidad jurídico- tualización hacia el entendimiento de una actividad dinámica y no de
penal, Eguzkilore, Cuaderno
del Instituto Vasco de
pasividad como originalmente se ofrecía. [32]
Criminología, No. 8, San Víctima es la persona que ha sufrido lesión o daño físico o mental,
Sebastián, 1994, pp. 105.114. una pérdida o daño material, o cualquier otro perjuicio social, como
resultado de una acción que: a) Esté en violación con las leyes Penales


Nacionales; b) Es un crimen catalogado bajo la Ley Internacional o
c) Constituye una violación a las normas de los derechos humanos
internacionalmente reconocidos que protegen la vida, la libertad y
1
la seguridad personal, o d) Constituye un abuso de poder ejercido
por personas que en razón de su posición política, económica o
social, ya sean oficiales políticos, agentes o empleados del Estado o
entidades comerciales, estén fuera del alcance de la ley o que, aunque
no estén realmente proscritos por las leyes nacionales o internacio-
nales, causan daños físicos, psicológicos o económicos, comparables
a los causados por los abusos de poder, constituyendo de esta forma
un delito dentro de la ley internacional o una violación de las
normas internacionalmente reconocidas de los derechos humanos y
crea serias necesidades en sus víctimas similares a las causadas por
violación de estas normas. [33]

En el Derecho Internacional
En el Derecho Internacional existen principios que reconocen dos defini-
ciones de víctima relativas a delitos y abusos de poder así como principios
que estipulan especialmente los derechos de las víctimas de violaciones de
las normas internacionales de derechos humanos y del DIH.
Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
abusos de poder. (Resolución adoptada por la Asamblea General de
la ONU, 29 de noviembre de 1985).
A.-Las víctimas de delitos. 1. Se entenderá por “víctimas” las
personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el
abuso de poder.
2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la
presente Declaración, independientemente de que se identifique,
aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independiente-
mente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la
expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares
[33]
o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima Newman, Elías(1984.),
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para Victimología, Editorial
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. (…). Universidad, Buenos Aires.

(Negrillas por fuera del texto).


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