2. • En la década de 1980, el escritor Mario Vargas Llosa frente los intentos del
gobierno aprista de Alan García de nacionalizar la banca peruana, este se perfiló
como líder político, encabezando la protesta contra esa acción en 1987. Inició su
carrera política fundando el movimiento Libertad y se presentó como candidato a la
presidencia del Perú en 1990. Durante gran parte de la campaña electoral, fue el
candidato favorito. Por otro lado, el rápido crecimiento de la popularidad de Alberto
Fujimori, quien hasta 15 días antes de la elección aparecía con menos del 10% de las
preferencias, forzó una segunda vuelta electoral en la cual Mario Vargas Llosa fue
derrotado.
3. • El partido Movimiento Libertad y del Frente Democrrático (FREDEMO), que
lideraba Vargas Llosa defendía una propuesta exhaustiva de reestructuración
económica. Hecho que le restó popularidad frente a Alberto Fujimori que planteaba
un ajuste económico menos radical, lo que se interpreta como un discurso más
populista y demagógico, con el fin de hacerse victorioso en los comicios electorales de
1990.
• Poco tiempo de asumir el poder ejecutivo, Alberto Fujimori, aplicó un plan económico
para radical para salir de la inflación en que estaba sumida la economía peruana.
4. • El rápido ascenso de Fujimori se explica por la asistencia logística de Vladimiro
Montesinos y su influencia en el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN)
• Al ganar Alberto Fujimori las elecciones presidenciales de 1990, designa a
Montesinos como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), consejero
de seguridad del Gobierno y el principal asesor presidencial entre 1990 y el año
2000. Colaboró en el diseño de la estrategia política para enfrentar a las redes
terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRTA). Asimismo, organizó desde el SIN el Sistema de Contrainteligencia
(Sicon) con el cual se neutralizaron las acciones encubiertas de espionaje chileno
desarrolladas en la década de 1990.
5. • Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro Llosa, entre los años 1991 y 1993 publicaron
información sobre los medios ilegales y encubiertos que se habrían utilizado para
que Alberto Fujimori llegué a la presidente, así como el apoyo prestado por el APRA
y la izquierda peruana.
• Las operaciones ilegales fueron el inicio de un patrón sistemático de corrupción y
violación de leyes, que solo se dieron a conocer 10 años después con la caída Alberto
Fujimori y Vladimiro Montesinos.
• En la década del 2000, se denunciaron más actos de corrupción por parte del
gobierno de Fujimori.
6. • Debido a evidencias de fuentes audiovisuales, periodísticas y judiciales, así como de
testigos se logra develar régimen fujimorista las complejas redes de corrupción del
gobierno fujimorista.
• La corrupción sistemática que aconteció en esa década fue heredada y ampliada
por Fujimori y su asesor Montesinos. Estos hechos evidencian el problema histórico
de la corrupción, la cual es una consecuencia instituciones debilitadas, y como un
factor que socavó la vida política, social y económica del país.
7. • Según la información confidencial recogida por diplomáticos norteamericanos, los
agentes de Montesinos colocaron una bomba para asustar a un parlamentario
opositor que había descubierto los incómodos secretos de Fujimori
8. • Un grupo de oficiales militares diseñaron desde 1988 un plan secreto para llevar a
cabo un golpe contra el gobierno del presidente García. El plan no se materializó
pero fue adoptado y modificado por Vladimiro Montesinos, un exoficial del ejército
con influyentes conexiones en redes corruptas.
• Montesinos conoció a Fujimori en el transcurso de la tarea encubierta, asignada al
SIN, de ayudar al candidato en su campaña electoral de 1990. Fujimori confió en
Montesinos para que le «resolviera» un serio problema de evasión tributaria
9. • Para plasmar su plan de una “democracia dirigida” o poder autoritario se disponían
de planes dictatoriales, un profundo conocimiento de los códigos de corrupción
militar y judicial, vínculos con la CIA y conexiones con cárteles de drogas. Provisto
de estos tenebrosos activos, Montesinos contribuyó decisivamente a la campaña
electoral de Fujimori y logró obtener, supuestamente, cuantiosas donaciones de
dudoso origen. A partir de estos obscuros orígenes, la corrupción se propagó en casi
todas las direcciones durante esta década infame del régimen de Fujimori.
10. • Durante la década de los años de 1980, el Perú tuvo gobiernos elegidos
democráticamente pero que hicieron poco por modernizar un poder judicial
abrumado y en crisis. Al igual que otras instituciones públicas en franco declive, el
sistema judicial se vio apabullado por el crecido número de casos y la falta de
recursos para procesarlos. En estas circunstancias, Montesinos contribuyó a minar
aún más el sistema judicial, a la par que incrementaba aviesamente sus ingresos
personales.
11. • Montesinos encontró la fórmula para recompensar y mantener fieles a sus cómplices en
designios ocultos. El desvío ilícito de fondos oficiales de defensa e inteligencia, los
sobornos, las comisiones ilegales en las adquisiciones de material militar y los cupos
impuestos a las actividades del narcotráfico en las zonas de selva, controladas por los
militares, fueron los principales medios por los cuales se pagó al parcializado mando
militar y al séquito político de Fujimori. Usando esas mismas fuentes de ingreso,
Montesinos reforzó las operaciones encubiertas e ilegales dirigidas por el SIN. Una
comisión parlamentaria investigó y presentó información reveladora y pionera sobre los
vínculos entre el narcotráfico, las bases militares en la selva y las agencias antidrogas
controladas por Montesinos.30 Sin embargo, el anticonstitucional autogolpe del 5 de
abril de 1992 interrumpió abruptamente el accionar de esta comisión, a la que, además,
se le despojó del grueso de sus informes y documentos.
12. DICTADURA CÍVICO-MILITAR
• Desde el inicio mismo del régimen de Fujimori, las crecientes redes encubiertas de inteligencia y
militares operaron para derribar los contrapesos constitucionales, parlamentarios y judiciales que
estorbaban el control autoritario del Estado. Este objetivo se logró consolidar rotundamente con el
autogolpe de abril de 1992. Semejante golpe fue justificado ideológicamente como necesario para
conseguir la derrota del terrorismo. Sin embargo, la dictadura absoluta y la supresión abierta de la
libertad de expresión y de la prensa en el contexto de aquellos años no eran algo fácil de alcanzar
debido a la reprobación internacional.31 Las emergentes posturas autoritarias en el país debían
adaptarse, por lo tanto, a las circunstancias mundiales del momento. Entretanto, el gobierno apoyó
la implementación de políticas económicas neoliberales, al mismo tiempo que facilitaba la
corrupción para alimentar mecanismos informales y ocultos que sustentaban una guerra sucia
contra la subversión y el terrorismo. La corrupción era, pues, un medio con el cual alcanzar,
consolidar y mantener el poder autoritario y abusivo. Este principio distorsionado ha sido
denominado la «economía inmoral» del fujimorismo.
13. • Fujimori y Montesinos acudían a la desinformación y a las campañas de
manipulación o «psicosociales» propaladas por medios de comunicación masiva.
• El atractivo popular de Fujimori se vio impulsado, aún más, por sus programas
«sociales» populistas y clientelistas de reparto de alimentos y medicinas gratuitos,
así como por obras públicas de motivación política que abarcaban la muy pregonada
construcción de escuelas
14. • La senda hacia el golpe de 1992 se construyó sobre campañas políticas y legislativas claves lideradas por Fujimori. En
1991, el presidente pasó a la ofensiva cuando tachó al Palacio de Justicia como el «de la injusticia». El Congreso fue, a su
vez, descrito como un lugar de cabildeo o lobby para el narcotráfico. A continuación, Fujimori y sus parlamentarios,
invocando circunstancias de emergencia, lograron que legisladores del FREDEMO y el APRA aprobaran facultades
extraordinarias, delegando al poder ejecutivo la capacidad de emitir decretos en materia de reformas económicas y
privatizaciones, asuntos laborales y guerra contra el terrorismo: la ley 25327, aprobada en junio de 1991, le permitió a
Fujimori ampliar sus poderes para proponer y dictar leyes en las áreas citadas durante un periodo de 150 días. Justo
antes de que dicho lapso expirara en noviembre, el ejecutivo emitió una avalancha de 126 decretos legislativos inspirados
por el ministro de Economía Carlos Boloña. Muchos de estos decretos claramente sobrepasaban los límites legales
permitidos por el Congreso. El ejecutivo usurpó, en consecuencia, el derecho a tomar decisiones legislativas, sin la
requerida deliberación parlamentaria, sobre la privatización de empresas estatales claves (decreto 674), la reforma del
sector público, el financiamiento externo, los derechos laborales, la salud pública, la educación privada y el
establecimiento de medidas de seguridad que cercenaban los derechos civiles y la autonomía estatutaria de las
universidades.
15. • El gobierno golpista cerró el Congreso indefinidamente y las oficinas del poder
judicial por más de veinte días. Las sedes de los más importantes medios de
comunicación fueron ocupadas por casi dos días. Varios periodistas, políticos y
dirigentes sindicales fueron detenidos o secuestrados por los militares. Los archivos
del Palacio de Justicia y el Ministerio Público que contenían información
confidencial fueron confiscados y retirados a un lugar secreto del cual jamás
volvieron a aparecer. La oposición protestó y afirmó que el golpe era una
consecuencia directa de las comprometedoras revelaciones hechas por Susana
Higuchi, la esposa de Fujimori, quien había acusado a sus parientes políticos de
irregularidades administrativas y corrupción.
16. • El régimen utilizó operativos extrajudiciales, parte del designio de guerra sucia
dirigido a eliminar el senderismo, como la ejecución de los prisioneros políticos de
Canto Grande en mayo y la matanza de un profesor y nueve estudiantes de la
Universidad La Cantuta en julio. Para fortuna política del régimen dictatorial,
Abimael Guzmán, el jefe principal de Sendero Luminoso, fue capturado en
septiembre de 1992
17. • El autocrático gobierno de Fujimori fue desafiado solo por unos cuantos opositores
decididos y por reportajes periodísticos enfrentados a arduos obstáculos luego del
golpe de 1992. Los puntos débiles iniciales del régimen estaban invariablemente
ligados a la violación de los derechos humanos y al papel desempeñado por
Montesinos, el oculto operador que no se mostraba en público. Los medios impresos
ocasionalmente cuestionaron la influencia política invisible de Montesinos, así como
su participación en atrocidades y asuntos vinculados al tráfico de drogas. Las
grandes redes televisivas del país y otros medios influyentes respaldaban y alababan
al régimen sin mayor cuestionamiento
18. • Otros impactos internos dañinos para el régimen ocurrieron en 1996 y 1997. Entre
ellos se cuenta el asesinato de Mariella Barreto y la tortura de Leonor La Rosa,
ambas oficiales del servicio de inteligencia militar, presuntamente castigadas con
suma crueldad por sus propios jefes por filtrar información comprometedora a la
prensa.
19. • Una larga lista de casos de clamorosa corrupción pedía a gritos que se investigara,
pero esta posibilidad fue rechazada sistemáticamente por las autoridades
competentes como la fiscal Colán y el contralor Caso. Los asuntos sin investigar
incluían las cuestión candente del origen de los ingresos de Montesinos, las
denuncias hechas por Susana Higuchi concernientes a las organizaciones no
gubernamentales (ONG) vinculadas a la familia Fujimori, el saqueo de la caja de
pensiones militar y policial, y la malversación de la compañía de seguros estatal
Popular y Porvenir, entre otros.
20. • La decadencia del régimen fujimorista durante sus últimos tres años, entre 1998 y
2000, ligada a agudos problemas económicos y al pasivo generado por Montesinos,
así como a una creciente oposición política y cívica, se puede analizar mejor
utilizando las evidencias procedentes de las grabaciones secretas hechas por el SIN
y de los procesos judiciales armados a partir de dichas evidencias. Los
acontecimientos políticos de la década de 1990 encubrieron la consolidación y el
crecimiento de redes encubiertas e informales de un poder e influencia
desproporcionados, alimentados por la corrupción y los abusos.