En julio de 1993, el Gobierno Civil de la provincia ordenó al Ayuntamiento de Pozo Alcón anular su acuerdo de declararse libre de instalaciones para residuos tóxicos radiactivos. Los ecologistas se oponían a un proyecto para instalar este tipo de residuos en una mina de sal abandonada. El alcalde afirmó que no anularía el acuerdo, manteniendo la prohibición. El Gobierno Civil argumentó que el Ayuntamiento había invadido competencias del Estado sobre la gestión de residuos radiactivos según la Constitución

1. UNA MIRADA ATRÁS, 65
En julio de 1.993, el Gobierno Civil de provincia requiere al
Ayuntamiento de Pozo Alcón para que anule el acuerdo adoptado en
Pleno por el que declaraba al municipio, “libre de instalaciones para
el tratamiento o depósitos de residuos tóxicos peligrosos de carácter
radiactivo”. Aquel acuerdo municipal fue la consecuencia de una
“moción de urgencia” presentada, en el mes de mayo, por el propio
alcalde Manuel Moreno a una petición hecha por la Coordinadora de
Organizaciones de Defensa Ambiental y otras organizaciones de la
comarca.
Los ecologistas pretendían detener un proyecto de instalación de este
tipo de residuos en una mina de sal abandonada perteneciente a la
pedanía de Lacra en el término municipal de Quesada. El alcalde,
Manuel Moreno, en unas primeras manifestaciones a este periódico,
afirmó que no anularía el acuerdo adoptado por el pleno, por lo que la
prohibición de este tipo de instalaciones de residuos radioactivos se
mantendría en vigor.
El Gobierno Civil esgrimía que el Ayuntamiento había invadido
competencias del Estado, como era el artículo 149 de Constitución en
sus apartados 4, 23 y 25, así como la normativa del Consejo de
Seguridad Nuclear.
El lector podrá recabar amplia información sobre el asunto que nos
ocupa en el recorte periodístico de se acompaña
Manuel Almagro