El documento discute la autonomía de las instituciones de educación superior privadas en México, distinguiéndola de la autonomía tradicional de las universidades públicas. Explica que la enseñanza privada se ha manejado a través de permisos y autorizaciones de la autoridad educativa, protegidos por las garantías constitucionales de autonomía universitaria o reconocidos en los decretos de constitución de estas instituciones privadas.

1. ¿QUE APRENDI?
El punto de vista sostenido por la constitución particular resulta entonces
novedoso, porque distingue a las instituciones de educación superior
particulares en sus notas de autonomía, que se podría obtener por lo que
llama la autonomía de alcance legal fundadas las fracciones V y VI del
artículo 3°. constitucional, de aquellas independencias autonómicas
tradicionales, históricas y técnicas que hacen surgir el concepto de
autonomía universitaria en México, referido constitucionalmente, según
se ha estimado exclusivamente a las instituciones y universidades
públicas como lo establece la fracción.
Lo anterior se debe a que la enseñanza impartida por los particulares en
este nivel educativo se ha venido manejando legal y dogmáticamente
mediante las figuras administrativas de autorización o permiso, llamadas
de incorporación y reconocimiento de estudios por la autoridad educativa,
desde luego protegidos por las garantías constitucionales relativas a la
autonomía universitaria o bien, reconocidas además en los decretos de
constitución de estas instituciones por la vía de la facultad reglamentaria
de los titulares de los poderes ejecutivos.