4. Índice
CISA / Comunicación e Información, SA de CV
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero;
Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro
DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda
SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila
COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda
EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez,
Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega
REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila,
Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera,
Rosalia Vergara, Jenaro Villamil
CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;
Guanajuato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián;
Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla,
María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán
INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez;
París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel
CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas,
Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio
Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Co-
lumba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx
ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx
DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra
FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga,
Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo
AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez
AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega
ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise
Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi;
cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García,
Leoncio Rosales
CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel
González, Patricia Posadas
DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,
Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro
COMERCIALIZACIÓN
PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de
cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062
semanario de información y análisis
No. 1956 • 27 de abril de 2014
CORRUPCIÓN
30 Energy Group México: La ingeniería del fraude
/Jesusa Cervantes
32 A los Fox, impunidad y millonadas para su
Centro de Estudios /Verónica Espinosa
SALUD PÚBLICA
36 Golpe a Monsanto y sus transgénicos
/Mathieu Tourliere
ESTADOS
40 Comuneros de Veracruz frenan al Goliat brasileño
/Noé Zavaleta
ANÁLISIS
44 Los factores que paralizan el Congreso
/Jesús Cantú
45 Concesión /Hernández
46 El legado de Elena /Marta Lamas
Portada del libro “Las muertas del Estado”
de editorial Grijalbo
VIOLENCIA
6 Estado de México: la verdad que ni Peña Nieto
puede acallar /Lydia Cacho
SALDOS DE LA GUERRA
10 Historia de una matanza delirante
/Juan Alberto Cedillo
13 De un multihomicidio y la cacería que
le siguió... /Luis Chaparro
16 La ONU, implacable: México, reprobado
en derechos humanos /Gloria Leticia Díaz
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
20 Proceso, en el informe de la OEA
/Gloria Leticia Díaz
TELECOMUNICACIONES
24 La pretendida censura a internet, factor clave
/Jenaro Villamil
6
50

5. 36
VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina
Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña,
Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98.
Mónica Cortés, Ulises de León.
ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro,
Betzabé Estrada, Javier Venegas
ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia
MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez
CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel
Trejo Tapia
COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz
OFICINASGENERALES:Redacción:Fresas13;Administración:Fresas7,Col.delValle,03100México,DF
CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Flor Hernández; 5636-2000
FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción.
AÑO 37, No. 1956, 27 DE ABRIL DE 2014
IMPRESIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700.
México, DF
EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde,
María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006
EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx
Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017
EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez,
Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010
RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106
Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión
Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una
Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de
Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102.
Número ISSN: 1665-9309
Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios
Registro No. 105 / 23
Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey,
Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00.
Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autoriza-
ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos.
agencia proceso de información
agencia de fotografía
Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso
47 Puebla, el imperio de la prepotencia
/Ernesto Villanueva
48 Lo que el Limón se llevó /Héctor Tajonar
REPORTE ESPECIAL
50 Huellas en París /Anne Marie Mergier
56 Un clan de videntes, artistas y contadores
de historias /Rafael Croda
CULTURA
60 Indignarse ante “los grandes hoyos negros”
de México: Poniatowska /Alejandro Gutiérrez
y Armando Ponce
66 Un promisorio caso de menosprecio
/Samuel Máynez Champion
Páginas de crítica
Arte: Invenit Mundi /Blanca González Rosas
Música: ¿Homenaje de Bellas Artes a
Cristina Ortega? /Raúl Díaz
Teatro: Nuevos videos del CITRU
/Estela Leñero Franco
Cine: Jugando al infierno /Javier Betancourt
Televisión: Castillo de naipes /Florence Toussaint
Libros: 50 años de La tumba
/Jorge Munguía Espitia
CINE
72 Documentan la vida de Remedios Varo
/Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES
74 El de Yasiel Puig, un turbio exilio /Beatriz Pereyra
77 Calumnias a cambio de jonrones /Beatriz Pereyra
80 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens /Santitos y santones
/Helguera y Hernández
20
40
72
60

6. 6 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
Estado de México:
la verdadque ni Peña Nieto puede acallar
David Deolarte
Carretera México-Toluca

7. 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 7
VIOLENCIA
Un fenómeno que se engendró en el anterior gobierno del
Estado de México y aún no cesa, el asesinato sistemático de
mujeres,es expuesto con toda su crudeza en el libro de próxi-
ma aparición Las muertas del estado. Feminicidios durante
la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto, de los
periodistas Humberto Padgett y Eduardo Loza. Los autores
documentan esa y otras gravísimas expresiones de violencia
que tanto la autoridad estatal como la federal,ambas priistas,
han tratado de ocultar para no dañar la imagen del presidente
de la República ni la de quien aspira también al cargo, Eruviel
Ávila.Enelprólogodelaobra,quesereproduceaquíconauto-
rización de editorial Grijalbo, Lydia Cacho refiere que, cuando
era gobernador del estado, Peña Nieto ignoró las voces que le
advertían que el grado de la tragedia era peor ya que el de Chi-
huahua:“Y ordenó (...) que sus subalternos recortaran cifras”.
LYDIA CACHO
¿Acaso la forma en que un hombre se proyecta frente
a las demás mujeres revela cómo trata a las de su en-
torno? Ésta es una pregunta que me arrebató el sueño
luego de leer este libro.
¿Acaso cuando un hombre deja a su paso migajas
que son huellas, huellas que son atisbos, esos atisbos
revelan la filosofía detrás de su poder público? Acaso gobierna
como vive: con el desprecio a la vida de las otras que no son sus
mujeres, sus fieles seguidoras. Las suyas como pertenencia po-
lítica, cultural y física. Acaso el trato que dio en el pasado a las
mujeres que consideró propias revelaba ya la importancia que
como presidente daría a la violencia brutal contra niñas, adultas
y ancianas.
Me atrevo a decir que sí. Que Enrique Peña Nieto, el Niño bonito
de la política mexicana, no ha sido develado antes como en este
libro. Porque no es sólo la corrupción –la suya y la de su partido,
que comparten muchos otros políticos bajo cualquier insignia–,
es la elección que de manera informada llevó a cabo durante los
2 mil 190 días de su mandato como gobernador del Estado de
México: eligió no mirarlas, ni vivas ni en riesgo ni muertas. Des-
pués intentó desaparecerlas nuevamente.
Eligió ignorar lo que las voces más conocedoras y prestigia-
das en materia de violencia contra las mujeres le dijeron en fo-
ros públicos, en redes sociales, en sesiones privadas, en artículos
periodísticos, en informes de derechos humanos: su estado, señor
gobernador, se está convirtiendo en un sembradío de cadáveres feme-
ninos. Su estado, señor gobernador, ignora la violencia sexual que en
muchos casos conlleva feminicidio. Su estado, señor gobernador, ése que
usted maneja como el terrateniente de una finca propia, ha rebasado
la tragedia de los asesinatos de mujeres y niñas en Chihuahua. Pero
el joven político eligió repudiar las voces y ordenó, como lo hace
hoy a nivel federal, que sus subalternos recortaran cifras, que
fabricaran bochornosos discursos plagados de equívocos insos-
tenibles, todo para negar la muerte: la muerte que no conviene a
un político en ascenso. Esa muerte que se suma, que crece como
una montaña de papel en las procuradurías, que encarna en el
dolor íntimo, gélido en los refrigeradores del servicio forense.
Las mujeres no son desechables, le dijimos. Pero él siguió sonriendo.
DavidDeolarte
Ciudad Nezahualcóyotl

8. 8 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
Lasniñasnosonobjetosdeplacer,ledijeron.Peroélsiguiósonriendo.
Y se rodeó de mujeres lindas para que todos vieran que a él
esas mujeres sí le interesan.
Una vez harto, dio órdenes: Quienquiera que sea el responsable,
que se encargue de resolver este escándalo. Porque para el señor go-
bernador cada asesinato, cada violación, cada mujer raptada y
mutilada era un escándalo: las quería acarreadas, votantes, fans,
bellas y maquilladas, sólo así. Y la mayor parte de la prensa lo-
cal hizo su tarea, habló de “lo importante”, retomó los boletines
oficiales; hizo, vamos, lo que le pagan por hacer, bailar al son del
que paga para que no le peguen, y los boletines se convirtieron
mágicamente en noticia.Y la telenovela subió el rating.
Luego ya no hubo silencio y las voces regresaron. Entonces
mandó traer a la “caballería buena”: sacó la chequera pública y
Rosario Robles, exjefa de Gobierno del Distrito Federal, llegó con
las cubetas, el trapeador y la escoba a limpiar como los anterio-
res afanadores las cifras reales, a borrar la sangre de las muertas.
La feminista, decidida a vender su alma al candidato a cambio de
una vigencia vacua, se convirtió en uno de los instrumentos del
silenciamiento oficial; ella, la que otrora marchara por las muer-
tas de Juárez, la que en otros tiempos trabajara codo a codo con
miles de mujeres para evidenciar la desgracia de la desigualdad,
la tragedia de la violencia de género, se sumó a la larguísima lista
de los cómplices del señor gobernador, ora entrenando policías
para saber qué decirle a la prensa sobre la violencia contra las
mujeres, ora capacitando al equipo del gobernador para elaborar
discursos sensibles, ora limpiando la sangre de más y más muje-
res, siempre negando la realidad.
Comparable a una puesta en escena de teatro del absurdo, el
discurso oficial no solamente buscaba negar el real y evidente
aumento de violencia feminicida en el Estado de México; ade-
más su meta final era librar todo obstáculo hacia la Presidencia,
a cualquier costo. Entonces pagaron más a los medios electró-
nicos para entrevistar a la experta, al fiscal, a los recientemente
entrenados, para que se asimilara el discurso de las notables cri-
minólogas que saben de violencia contra las mujeres; luego de
asimilado lo mutilaron, lo hicieron confuso, lo maquillaron con
lugares comunes. La estrategia funcionó: muchas atestiguamos
el proceso de desmantelamiento de las redes de apoyo para las
familias de las víctimas de violencia mortal en el Estado de Mé-
xico, seguimos paso a paso cómo los estrategas de la campaña
presidencial desmembraron la realidad como abyecto colofón a
las mutilaciones en niñas y jóvenes de carne y hueso.
Pero hacía falta la historia completa, la radiografía que reve-
lara la real dimensión de la deuda de un gobernador que llegó
a presidente sobre los cuerpos, las vidas y las voluntades de las
mujeres.
Tan conocida es la tragedia de las miles de desaparecidas y
asesinadas por su condición femenina en México, que ya casi
nadie repara en la gravedad que implica que en nuestro país se
mantenga a las familias en vilo, durante meses o años, sin defi-
nir si los cadáveres o esqueletos hallados en fosas u olvidados en
el Semefo pertenecen a sus hijas. De allí que resulte tan impor-
tante hablar de la vida de las víctimas, no solamente hablar de
su muerte como si fuera un incidente numérico.
Eduardo Loza, fotorreportero, hace honor a su trabajo como
comunicador: este libro hace patente la mirada empática del in-
vestigador, que nos muestra en imágenes lo que ya ninguna voz
puede repetir sin quebrarse. Aquí están las niñas frente a la tum-
ba de Nena, el corrido escrito a mano para la niña asesinada; aquí
los moños, los padres tristes como paisajes desolados, las madres
cansadas y en pie de lucha. Aquí las declaraciones de amor rasga-
das en una pared, canto a la desesperación que no olvida el nom-
bre ni la sonrisa de su muerta; crucifijos, ángeles, cristos piadosos,
santos protectores de la infancia, moños de luto, muñecos de pe-
luche sobre una cama fría que no volverá a sentir el peso de la
pequeña cuya vida arrebataron los explotadores de mujeres. Lotes
baldíos, como baldía sigue siendo la política pública para revertir
el fenómeno de la violencia misógina. Baldío: despoblado, inerte,
infestado de yerba mala que bajo la tierra oculta basura, basura
bajo la cual se escondieron los cuerpos de ellas.
Y sí, muchas activistas y académicas han trabajado afano-
samente para demostrar algo de lo que los autores de este libro
revelan. Pero hay más: dos hombres –habían de ser dos hombres,
y necesitábamos que así fuera– caminan sobre los pasos de las
mujeres y lo hacen con profesionalismo, con ética, entendimien-
to y respeto; vaya que hacía falta mirar a través de su lente, escu-
charlos a ellos así, como en esta obra.
Ya con su libro Los muchachos perdidos este dúo consiguió un
trabajo periodístico capaz de reivindicar el valor de la imagen
como forma narrativa, no solamente como complemento de la
palabra escrita sino como fuente de información, porque en ésta,
la era del shock, en que los medios se regodean en un paseíllo de
seres humanos desmembrados bañados de líquido carmesí, en
que se muestra lo evidente, lo que las palabras ya dijeron sobre
la muerte, Loza redime la vida de las víctimas y de quienes les
sobreviven. Ése es el mejor fotoperiodismo, el que necesitamos
para llamar las miradas de otros sobre la crueldad de la violen-
cia feminicida, para mostrar que con cada vida arrebatada un
mundo se colapsa, un microcosmos se fractura y su eco no se
detiene. Ese mundo de lo individual que es colectivo acaso co-
EduardoMiranda
Ávila y Peña Nieto. Omisiones

9. 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 9
VIOLENCIA
mienza a sanar cuando dos reporteros salen a la calle, entran en
los hogares y las vidas de las mexicanas y desentrañan la mirada
de otros hombres: la de los padres, que no entienden, y la de
quienes han ignorado la devastación moral de un país que mini-
miza el asesinato sistemático de mujeres y niñas, vistas aún por
millones como objetos de compra-venta, como propiedad priva-
da, como seres desechables; como sujetas de desprecio, como
culpables de algo inasequible.
Que no se olvide que detrás del líder que ordenó el silencio
están muchos más: empresarios entrados a políticos, políticos
convertidos en empresarios. Son ellos los que han pagado mi-
llones para hacer negocios, con permisos que de suyo rompían
reglas y leyes; los que con su dinámica con el poder han solidi-
ficado la corrupción y la impunidad, e imposibilitan el fortaleci-
miento del sistema judicial.
Este libro me duele y me hace pensar en todos los involu-
crados en este monumental escenario criminal que Humberto
Padgett desentraña con cifras cristalinas, con detalles compa-
rativos indispensables. Mezcla la crónica y el reportaje, la entre-
vista y la historiografía; no por nada ha obtenido premios tan
importantes.
Este documento señala también a los responsables visibles
e invisibles, aquellos que detentan monopolios y se hacen los
mártires cuando alguien los cuestiona. Son esa generación de
mexiquenses que conducen autos blindados, que se codean con
las élites y con los pomposos y corruptos líderes eclesiásticos
que más que a Dios sirven al poder que finge ser deidad.
Ellos también nos gobiernan; ellos han contribuido, junto
con los gobiernos anteriores, al debilitamiento de las organiza-
ciones de la sociedad civil; son ellos y no otros quienes desde
hace dos décadas niegan los feminicidios y la corrupción que los
oculta, y nutren la impunidad que ahora les asombra.
Son ellos y no otros quienes durante décadas han conside-
rado que México es su coto, su changarrito, su lodazal para re-
volcarse. Son ellos y no otros quienes desprecian la vida de las
mujeres; empresarios y líderes que parecen sorprendidos ante la
realidad, como si no fuesen arquitectos de la patria que tenemos
en ese Estado de México mortífero.
Son los líderes inmorales de este país los que le tendieron
la cama a Peña Nieto, porque creyeron que más de lo mismo es
bueno (aunque sea un espejismo, hasta para ellos). Brindaron
por el regreso del PRI, por que la geografía de la inmoralidad revi-
va y extienda sus brazos, para apropiarse de la Ciudad de México
como hicieran con el vasto Estado de México. Se quejan por las
extorsiones de los narcos como si esa descomposición social no
tuviera padres, como si con su manipulación mediática no des-
informaran en la TV, con el espectáculo telenovelero de la igno-
rancia que finge ser periodismo. Son ellos los que, entre la ética
y el desprecio por la humanidad, optan siempre por este último.
Esos patriarcas del mal –entre ellos el extinto fiscal Abel Vi-
llicaña– son los que ahora se preguntan: “¿Quién defenderá a
nuestras hijas?”. Son los que ahora piden a gritos que se blinden
sus fronteras para que no entren “los malos”, como si no los hu-
bieran prohijado con su cultura de desprecio a la justicia y de
amor a la mentira pública.
Pero la realidad actual, la que este libro retrata, es también su
hechura, de allí que Eruviel Ávila se negara tantas veces a hablar
con los autores de esta obra.
Suman millones las personas hartas de los empresarios y po-
líticos que pelean por perpetuar un patriarcado mortal que en
cada proceso electoral cabalga sobre los hombros de las mujeres,
incluidas las que prefieren la sumisión y la muerte con ellos que
sin ellos, la existencia como hijas del patriarcado antes que la
invisibilidad que les enseñaron a temer en la infancia.
Aquí un documento para recordar que el país es nuestro, que
no hay rendición ni la habrá. Aquí están las voces de Mariana, de
Jazmín, de Cecilia y de cientos de mujeres y niñas que viven en
estas páginas. La verdad que ni el presidente podrá acallar.
HugoCruz
Fotos: David Deolarte
ChalcoMunicipio de Neza
Ecatepec. Performance en el Cerro de Tepeolulco

10. 10 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
JUAN ALBERTO CEDILLO
A
LLENDE, COAH.- Por lar-
go tiempo el miedo acalló a
esta población del norte de
Coahuila. Ni siquiera el go-
bierno estatal se atrevía a in-
dagar lo que significó el do-
minio de Los Zetas en la región. Sólo aho-
ra, tres años después, confirma que más
de 400 personas fueron masacradas en
Historia de
Fue necesario que unos socios de Miguel Ángel y Omar Alejandro
Treviño Morales, capos de Los Zetas, declararan como testigos de
la fiscalía en el juicio que se sigue en Austin, Texas, contra su her-
mano José Treviño. En sus testimonios salió a la luz que pueblos del
norte de Coahuila fueron tomados por Los Zetas para exterminar a
todas las familias de apellidos Villanueva y Garza, así como a sus
trabajadores, con una saña delirante. Ninguna autoridad mexicana
se atrevió a informar de ello en su momento, pero en febrero último
comenzaron a encontrarse los restos de decenas de personas que se
consideraban desaparecidas.
la zona por la organización delictiva du-
rante la “guerra” que el gobierno de Felipe
Calderón declaró al narcotráfico.
Las disputas internas del cártel hicie-
ron de Allende escenario de venganzas, y
del Centro de Readaptación Social (Cere-
so) de la vecina Piedras Negras un horno
crematorio donde incineraron aproxima-
damente a un centenar de personas.
Los gruesos barrotes,las pesadas puer-
tas y los guardias de la prisión no impidie-
ron que 129 zetas se fugaran por la puerta
principal en septiembre de 2012. Tampo-
co obstaculizaron al grupo criminal me-
ses antes, cuando introdujeron cadáveres
al presidio para desaparecerlos, según los
testimonios recientemente obtenidos por
la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Coahuila (PGJEC).
Al revés de lo que ocurrió en San Fer-
nando, Tamaulipas, donde las víctimas
fueron migrantes y jóvenes mexicanos sin
una matanza
10 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
delirante
FotosdeVíctorHugoValdiviaEstrada

11. 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 11
recursos que viajaban en autobuses a la
frontera con Estados Unidos, la tragedia de
Allende y Nava, en marzo de 2011, fue pro-
vocada por una venganza de Miguel Án-
gel Treviño, líder de Los Zetas, contra fa-
milias que prácticamente eran dueñas de
esos pueblos que forman parte de la región
del norte de Coahuila conocida como Cin-
co Manantiales.
Quienes desataron la ira de Miguel
Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales,
Z-40 y Z-42 respectivamente, fueron sus
socios Héctor Moreno Villanueva, El Negro,
de aproximadamente 35 años, y José Luis
Garza Gaytán, La Guichina, de unos 30.
Moreno Villanueva y Garza Gaytán per-
tenecen a familias adineradas y estudiaron
en prestigiosas escuelas privadas de Nuevo
León: Garza Gaytán se graduó en la Univer-
sidad Regiomontana y Moreno dejó trun-
cos sus estudios de agronomía en el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM). Cuando regresaron
a sus tierras operaron primero como nar-
cotraficantes autónomos y posteriormen-
te fueron reclutados por Los Zetas.
La familia de Moreno Villanueva po-
seía en Nava y Allende una importante lí-
nea de autotransporte, la concesión para
distribuir los productos de la Cervecería
Modelo en toda la región, varios ranchos
con ganado y numerosas residencias.
Cuando ya se había integrado a Los Zetas,
Moreno mandó construir en Nava un gran
rancho para albergar alrededor de 300 ga-
llos de pelea y adquirió decenas de caba-
llos Cuarto de Milla.
En Allende, un pueblo de alrededor
de 22 mil habitantes, recuerdan a Héctor
conduciendo una cuatrimoto, que pron-
to cambió por una camioneta blindada
de doble cabina que solía conducir ebrio,
acompañado de bellas mujeres y protegi-
do por varios escoltas.
La familia Garza Gaytán también era
dueña de negocios, ranchos y comercios.
José Luis Garza salió muy joven de Allen-
de para estudiar en Monterrey. Al termi-
nar su carrera regresó a la región de Cin-
co Manantiales.
Los Zetas llegaron al norte de Coahui-
la en 2007, como avanzada del Cártel del
Golfo; establecieron su sede en Piedras Ne-
gras y nombraron jefe de plaza a Lucio Her-
nández Lechuga, El Lucky. Como segundo
al mando quedó un capo local que desde
tiempo atrás operaba por su cuenta: Mario
Alfonso Cuéllar, conocido como Poncho.
Revelaciones en Austin
Las operaciones de narcotráfico en la zona
fueron contadas por sus propios protago-
nistas en el juicio que se le siguió en Aus-
tin,Texas, a JoséTreviño Morales, hermano
mayor de Miguel Ángel y Omar Alejandro,
y quien lavaba el dinero de Los Zetas en
Estados Unidos. En ese proceso Moreno,
Cuéllar y Enrique Rejón Aguilar –El Mami-
to, tercero en el mando de la organización–
declararon como testigos de la fiscalía en
abril de 2013.
“Tras arribar a la región norte de
Coahuila, Los Zetas impusieron el mode-
lo de Alejandro Magno cuando conquis-
tó el imperio persa”, dijo Poncho Cuéllar
al jurado. Explicó que, después de some-
ter a los persas, Alejandro no impuso a
sus allegados en el poder, sino que dejó a
los gobernantes locales porque ellos sa-
bían cómo manejar las cosas, tenían los
contactos y conocían muy bien su zona
geográfica. Los Zetas hicieron lo mismo:
ordenaron a los capos de la región que
trabajaran para ellos; a quienes se resis-
tieron, los mataron.
El Lucky también impuso un sistema
de “subcontratación”. Entregaba droga a
los cabecillas distribuidores pero exigía
que respaldaran sus operaciones con in-
muebles y negocios. Si fallaban o las auto-
ridades de Estados Unidos les decomisa-
ban los narcóticos, Los Zetas se quedaban
con sus propiedades.
Con ese mecanismo se construyó un
imperio del crimen que pronto convirtió a
Piedras Negras,Coahuila,en la segunda pla-
za más importante para el tráfico de drogas,
después de Nuevo Laredo,Tamaulipas.
En noviembre de 2008 Los Zetas deci-
dieron mandar a Lucio Hernández como
nuevo jefe de plaza de Veracruz, donde
fue detenido por la Marina en diciembre
de 2011 porque –afirmó El Mamito en el Jui-
cio de Austin– el Z-40 filtró su ubicación.
En su lugar fue nombrado Omar Alejandro
Treviño Morales, el Z-42.
En marzo de 2010 Los Zetas se inde-
pendizaron del Cártel del Golfo y se inició
la narcoguerra. El acoso de éstos y el refor-
zamiento de la frontera de Laredo por las
autoridades estadunidenses provocaron
que aquéllos trasladaran sus principales
operaciones a Piedras Negras.
Para consolidarse en la plaza com-
praron a todas las autoridades municipa-
les, estatales y federales: “A la policía se
le paga una cuota para que trabaje para
Los Zetas, lo mismo al ejército y a altos
funcionarios del gobierno”, precisó Pon-
cho Cuéllar.
A su vez, Héctor Moreno relató que en
ese periodo traficaban entre 500 y 800 kilo-
gramos de cocaína al mes. La droga se di-
vidía en pequeños paquetes que se contra-
bandeaban por el río Bravo, llegaban a casas
SALDOS DE LA GUERRA
1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 11
Las casas destruídas por Los Zetas

12. 12 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
de seguridad de Eagle Pass y se trasladaban
por carretera a San Antonio,Austin y Dallas
para su distribución al menudeo.
Este trasiego le dejaba a Los Zetas alre-
dedor de 16 millones de dólares mensuales.
Las ganancias, entre 4 y 5 millones de dó-
lares, se enviaban a Nuevo Laredo para los
hermanos Treviño. Los dólares se transpor-
taban en los tanques de gasolina de los au-
tos, envueltos en bolsas de plástico selladas.
Moreno también ayudó a Miguel Ángel
Treviño a lavar ese dinero comprando ca-
ballos Cuarto de Milla: “Él dijo que era un
buen negocio y que iban a conseguir dine-
ro limpio”, así que le compró los animales
en Estados Unidos. También pasó de con-
trabando a las personas que los cuidaban
en un rancho de Oklahoma que adminis-
traba su hermano José. Anotaba en un li-
bro de contabilidad todas las adquisicio-
nes y las operaciones de lavado de dinero.
Por alguna razón que aún no ha con-
tado, Héctor Moreno y José Vázquez, uno
de sus allegados, comenzaron a filtrarle a
agentes del Departamento de Inmigración
y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en
inglés) información sobre el tráfico de nar-
cóticos: mandó mensaje a teléfonos móvi-
les que fueron entregados a la DEA. A su
vez, la agencia estadunidense los hizo lle-
gar a altos funcionarios de la Procuraduría
General de la República (PGR) para que in-
vestigara, pero de esa dependencia pasa-
ron a manos del Z-40, con la advertencia de
que alguno de sus hombres lo traicionaba.
Para entonces, la información filtrada
ya había provocado que las autoridades
estadunidenses descubrieran casas de se-
guridad y decomisaran droga, dinero y ar-
mas que venían a México para Los Zetas.
Miguel Ángel Treviño primero consi-
deró que el delator era Poncho Cuéllar y co-
menzó a cazarlo; éste huyó a Estados Uni-
dos y fue capturado el 9 de abril de 2012 en
Dallas,Texas.
Las sospechas del Z-40 también se di-
rigieron hacia Héctor Moreno y José Luis
Garza Gaytán. Y aunque logró confirmar
que Moreno era el traidor, éste, Garza Gay-
tán y José Vázquez también escaparon a
Estados Unidos. Moreno presuntamen-
te se quedó con las ganancias del último
mes y con el libro de contabilidad.
Los hermanosTreviño le advirtieron que
regresara el dinero,de lo contrario irían a Na-
va y Allende por toda su familia y sus ami-
gos. Moreno no les devolvió nada y se entre-
gó a las autoridades estadunidenses para
acogerse al programa de testigos protegidos.
La masacre
La venganza de los Treviño comenzó antes
de que los presuntos traidores se sintieran
seguros en territorio estadunidense.
Allende y Nava están en las inmedia-
ciones de la semidesértica carretera 57,
a 40 minutos de la frontera con Estados
Unidos. La tarde del 18 de marzo de 2011
irrumpieron en el primer poblado alrede-
dor de 40 camionetas con hombres enca-
puchados y fuertemente armados prove-
nientes de Tamaulipas.
Primero cerraron los accesos por ca-
rretera y luego entraron a 10 lujosas resi-
dencias para llevarse a unas 80 personas,
entre ellas mujeres y niños.
Los sicarios fueron a la alcaldía por los
registros de catastro de las propiedades a
nombre de Víctor Garza, Estela Villanue-
va, Sergio Garza, Héctor Moreno, José Luis
Garza y otros. Durante casi un mes levan-
taron a cualquier persona que llevara al-
guno de esos apellidos. Algunas familias
lograron cruzar la frontera para refugiarse
en Eagle Pass,Texas.
Los hombres armados también lla-
maron a los empleados de las residen-
cias de Héctor Moreno y Luis Garza, in-
cluidos los albañiles que construyeron el
rancho de Nava y otros inmuebles, pa-
ra que confesaran si éstos contaban con
cajas de seguridad, túneles o recintos se-
cretos. A todos se los llevaron y jamás
regresaron.
Buscaron los 5 millones de dólares
en más de 40 residencias y siete ranchos,
algunos de los cuales incendiaron par-
cialmente o atacaron con armas largas
y explosivos.
Tras los atentados, los pistoleros de-
jaron que las viviendas fueran saqueadas
por los pobladores, quienes se llevaron lo
que pudieron: muebles, puertas, ventanas
e incluso las llaves y tuberías de los baños.
Luego los sicarios regresaron con maqui-
naria pesada para derribar paredes y te-
chos. Buscaban el dinero y el libro con la
información sobre los negocios ilícitos de
los hermanos Treviño.
“Ellos empezaron a matar familias en
Allende y Piedras Negras, y Múzquiz y Sa-
binas –narró Héctor Moreno a los fiscales
en el juicio de Austin–. Querían matarme.
Debido a esto mataron a 200 o 300 per-
sonas en Allende”.Y aunque admitió que
huyó de México con el libro de contabili-
dad, negó haber robado las ganancias del
último mes de operaciones de narcotráfi-
co: “No traje ningún dinero porque el 40 y
el 42 se apoderaron de todo”.
Ya entrado en la revancha, Miguel
Ángel Treviño ordenó a sus sicarios de
Tamaulipas que realizaran una “limpia”
de su propia organización en Piedras Ne-
gras y en Cinco Manantiales. La brigada
de exterminio se llevó a hombres de Pon-
cho Cuéllar y a decenas de colaborado-
res de Los Zetas en los municipios de Za-
ragoza, Morelos, Guerrero y Villa Unión.
Para desaparecerlos utilizaron narco-
fosas y al menos tres cocinas. Una se ins-
taló en un rancho que le incautaron a Luis
Garza Gaytán, en las inmediaciones del
kilómetro nueve de la carretera Allende-
Villa Unión, a donde llevaron a las fami-
lias y a los trabajadores plagiados. Instala-
ron otra cocina en el apartado municipio
de Guerrero y la tercera estaba en el Cere-
so de Piedras Negras.
Efectivos del Ejército llegaron a Allen-
de un mes después de que los sicarios
abandonaron la región de Cinco Manan-
tiales. Ninguna autoridad informó públi-
camente de la masacre, que se silenció ca-
si dos años. Únicamente se comentaba en
secreto y existían escasas referencias en
redes sociales. El único registro eran fo-
tos de las residencias destruidas, que aún
permanecen así, como un monumento
a la barbarie, y el reportaje Apocalipsis en
Coahuila, publicado por este semanario en
diciembre de 2012.
Un año después de tomar posesión,
el gobernador Rubén Moreira ordenó
que se investigara el genocidio: “En mi
conciencia no va estar el hecho de que
no haya volteado a ver a quien clamó
justicia. Que en la cabeza de otros resue-
nen los gritos de esas personas de Allen-
de que seguramente pidieron que al-
guien les ayudara y nadie lo hizo. Por eso
di instrucciones al procurador de que se
abriera una investigación”.
Se montó así un operativo conjunto
con más de 250 policías estatales y fede-
rales, así como militares y marinos, para
peinar el norte del estado. Entre el 26 de
enero y el 5 de febrero pasados esos efec-
tivos, equipados con aparatos de alta tec-
nología y perros entrenados, buscaron
junto con peritos forenses rastros de los
desparecidos.
Encontraron algunas narcofosas y lo-
calizaron los barriles y contenedores con
miembros humanos diluidos. Recolecta-
ron huesos y restos de decenas de perso-
nas que aún son analizados por peritos de
la PGR. Además se recabaron nueve decla-
raciones y se realizaron 32 entrevistas con
exfuncionarios municipales.
Los testimonios recabados por la PGJEC
se mantienen ocultos porque evidencian
la complicidad y complacencia con la ma-
sacre por parte de altos funcionarios de la
administración de Humberto Moreira.
Entre esas declaraciones destacan las
confesiones hechas por uno de los coci-
neros del Cereso de Piedras Negras, aho-
ra en manos de la PGJEC, quien reveló
que ahí incineraron y diluyeron a “entre
80 y 150 hombres”, algunos muertos pe-
ro otros vivos. Su justificación: “Hice da-
ño a mucha gente, pero a ningún niño o
mujer”.
12 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014

13. 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 13
SALDOS DE LA GUERRA
LUIS CHAPARRO
E
L PASO, TEXAS.- “Ya estuvo,
ahí quedó en la presidencia.
Ahí quedó. Le corrió el güey,
pero lo alcancé”, dice por ra-
dio de comunicación el sicario
apodado El Zorro mientras se
dirige hacia el poniente de Ciudad Juárez.
En el lugar queda una Toyota blanca con
placas locales en cuyo interior están los
cuerpos de Arthur Redelfs, su esposa Les-
ley y su pequeña hija de cinco años…
El multihomicidio ocurrió el 13 de
marzo de 2010 a las 14:30 horas. Media
hora antes, El Popeye, otro sicario, hizo lo
propio en un punto distinto de la ciudad:
“Ahí quedó ya”, dijo por radio, en referen-
cia a Jorge Salcido, cuyo cuerpo sin vida
yacía en el asiento delantero de una Hon-
da blanca con placas del estado de Chi-
huahua; en la parte trasera lloraban sus
tres hijos, todos ellos menores de edad.
Los dos casos están relacionados: los
esposos Redelfs trabajaban en el consula-
do general de Estados Unidos en Ciudad
Juárez; Salcido era esposo de Idahlí Estra-
da, también funcionaria de esa oficina.
Quien ordenó los asesinatos fue Arturo
Gallegos Castrellón –alias Farmero, El Ben-
ny o 51–, jefe de la pandilla Barrio Azteca
en Ciudad Juárez y lugarteniente de José
Antonio Acosta, El Diego, jefe de La Línea,
brazo armado del Cártel de Juárez,
Lo anterior se aclaró a mediados de fe-
brero pasado durante el juicio contra Ga-
llegos Castrellón en la Corte Federal del
Distrito Oeste de Texas, en El Paso, en el
cual testificaron más de 30 personas.
El pasado jueves 24 El Benny fue sen-
tenciado a 10 cadenas perpetuas, seis de
ellas consecutivas, así como al pago de
900 mil dólares por concepto de repara-
ción de daños a las familias de las vícti-
mas, según ordenó la juez Kathleen Car-
done al emitir su fallo. Previamente, el
detenido había sido declarado culpable de
11 delitos, entre ellos el asesinato de los
Redelfs y el de Salcido.
Cadena de errores
El 13 de marzo de 2010 El Diego se comuni-
có con El Benny por el radio número 1 des-
de “la oficina”, ubicada en la ciudad de
Chihuahua, para ordenarle el asesinato
de los tripulantes de una camioneta Hon-
da blanca modelo Pilot con vidrios polari-
zados y placas del estado de Texas.
El sicario refirió que El Diego le dio las
señas para que los identificara: “uno cha-
parrito pelón, como del sur; y otro igualito
a Lupe, el (cantante) del (grupo) Bronco”.
La orden era una más… En esa época,
La Línea, en alianza con la pandilla Barrio
Azteca, había declarado la guerra al Cártel
Durante los últimos cuatro meses de 2010,
elementos de la agencia antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA) intervinieron las frecuen-
cias de los aparatos de radiocomunicación
de las bandas Barrio Azteca y La Línea en
Ciudad Juárez. A raíz de ello lograron atra-
par a 35 sicarios, incluido Arturo Gallegos
Castrellón, El Benny, y José Antonio Acosta,
El Diego, implicados en el asesinato de un
empleado consular de aquel país, su esposa
y su hija de cinco años, así como de Jorge
Salcido, esposo de otra diplomática estadu-
nidense, en marzo de dicho año.
multihomicidioy la cacería que le siguió…
De un
DavidDeolarte

14. 14 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
de Sinaloa. En 2010 hubo 3 mil 100 homi-
cidios sólo en Ciudad Juárez. Durante las
audiencias del caso Gallegos Castrellón
uno de los testigos, Jesús Ernesto Chávez,
El Camello, de Barrio Azteca, confesó haber
ultimado a más de 800 personas.
Sin embargo, aquel 13 de marzo El
Benny y sus hombres se confundieron, se-
gún se deduce de las grabaciones realiza-
das por la agencia antidrogas de Estados
Unidos (DEA) durante el proceso y que el
reportero pudo escuchar.
Los audios revelan que El Benny pidió
a sus hombres acercarse a la intersección
de la calle Bustamante e Insurgentes, es-
pecíficamente al salón de eventos Barqui-
to de Papel, en el sur de Ciudad Juárez. La
mañana de ese 13 de marzo Lesley Enrí-
quez e Idahlí Estrada se encontraban ahí,
donde se celebraba el cumpleaños del hijo
de una colega del departamento en el cual
trabajaban ambas.
Lesley llegó acompañada de su esposo
y su hija de cinco años, la misma edad del
cumpleañero. Idahlí estaba con sus tres
hijos: de dos, cuatro y seis años; su espo-
so, Jorge Salcido, llegó a la fiesta una ho-
ra después, tras cumplir un compromiso
de trabajo.
Miguel Ángel Nevarez Escajeda, El Len-
tes –uno de los líderes del Barrio Azteca en
el área del Valle de Juárez, autor confeso
de 23 homicidios–, reportó por la frecuen-
cia 2 de radio haber encontrado “el encar-
go”: una camioneta Honda Pilot blanca
con placas del estado de Texas y vidrios
polarizados. En realidad había visto dos…
o eso dijo.
Una pertenecía a la familia Redelfs En-
ríquez, la otra a Jorge Salcido. Ambas esta-
ban estacionadas frente a un complejo de
apartamentos, detrás del salón de fiestas.
“Es un 19 (hombre) y una 20 (mujer)”,
dijo El Lentes por el radio cuando vio a la
familia Redelfs abordar una de las camio-
netas: la Toyota cuyos vidrios no eran po-
larizados. Acompañado por El Zorro –quien
aún se encuentra prófugo–,el sicario siguió
al matrimonio en otro vehículo sobre Ave-
nida Plutarco Elías Calles, con dirección a
El Paso.
El Benny se quedó en el salón de even-
tos, en espera de que los propietarios de
la otra camioneta blanca la abordaran. El
Popeye, también pistolero de Barrio Azte-
ca, le pidió por radio la localización exacta
para unirse a sus otros dos compañeros.
–¡Simón, carnal! Mira, es uno chapa-
rrillo pelón y el otro es como el de Bron-
co, como el Lupe de Bronco –le comentó
El Benny.
El Lentes se metió a la conversación pa-
ra explicarle al sicario que en la camione-
ta que él y El Zorro iban siguiendo viaja-
ban una mujer y un hombre alto, delgado
y con anteojos oscuros.
–Sí, de una vez, ¿no? A los dos –comen-
tó El Benny.
–Afirmativo. Con todo y 20 –respondió
El Lentes.
–Enterado.Váyase acercando. Zorro, no
te vayas a pasar; es pasando el Smart, es
una Pilot blanca, una Pilot blanca como la
que… la que traías –insistió El Benny.
Pero el sicario se confundió en ese mo-
mento y respondió que la camioneta que
estaba siguiendo no era la Pilot a la que El
Benny se refería.
–No, no, esa no es. Es la que está en el
semáforo, ¿verdad? –preguntó El Zorro.
–Es la de las placas del parque (de
Texas) –insistió El Lentes.
–Ok. Aquí le voy a dar, nomás chéque-
me a las abuelas (soldados). Ya me voy a
bajar –comentó El Zorro.
–¿Está polarizada la camioneta? Si no,
esa no es, ¡eh, carnal! –le advirtió El Benny.
–¡Nel, carnal! Esta no es una Pilot, es
una Toyota. Está polarizada pero original
–insistió El Zorro.
–Si no está polarizada, no es, ¡eh, car-
nal! No es, no es, no es –reiteró El Benny.
–Ahí te voy a decir cómo es el 19 (hom-
bre). No es la que me estás diciendo. Es-
te bato, haz de cuenta tu estampa, haz de
cuenta tú –le contestó El Zorro.
–No, pos de todos modos dale al güey
y luego trucha para cuando salga la otra
–ordenó El Benny.
–Bueno, ahí le voy a dar pues al pin-
che becerro, pa’ que me cuide bien porque
voy a salir por el River Side rumbo a Sun-
land Park.
El Lentes iba a unos metros de distan-
cia del Zorro y los Redelfs. Su trabajo es
cuidar al sicario y apoyarlo en caso de al-
gún problema.
–Pendientes, porque en la Costa Rica lo
voy a cachar –dijo El Zorro.
Luego de una pausa, agregó:
–Está en verde el pinche semáforo.
–Adelante. No se te vaya a ir, Zorro –in-
sistió El Benny.
–No, aquí lo traigo. Nomás que alguien
se pare atrás para que lo encajonen. Me
voy a parar de chingazo y me lo encajonan.
–Aquí me le voy a poner atrás –respon-
dió El Lentes.
–Aquí lo agarro…
El Popeye, quien seguía a la camione-
ta donde viajaban Jorge Salcido y sus tres
hijos, se sumó a la conversación. Repor-
tó que circulaba detrás del vehículo por la
avenida Plutarco Elías Calles; la esposa de
Salcido iba unos metros atrás, en su pro-
pio auto, dijo.
–Viene un infante, ¿no hay bronca?
–preguntó El Popeye.
–No, pos trucha nomás con el infan-
te, güey. Aquí está el bato encima de la Pi-
lot. Trucha con el chavito nomás –comen-
tó El Benny.
En ese momento El Popeye alcanzó a la
Honda Pilot blanca y disparó hacia el con-
ductor. Como la camioneta se detuvo, el
sicario aprovechó para rematarlo. Idahlí
bajó de su auto y gritó que dejara de dis-
parar: “¡Mis hijos están atrás!”.
Minutos después, El Popeye habló por el
radio de comunicación:
–Aquí vamos, ya quedó. Ahí quedó ya.
–Ya está.Váyase como le dije, no se va-
ya directo –corta El Benny.
Los radios de comunicación quedaron
en silencio por unos minutos.
La familia Redelfs se dirigía a su ca-
sa en El Paso, e intentó tomar un retor-
no sobre la avenida Heroico Colegio Mi-
litar, rumbo al Puente Internacional Paso
del Norte.
Poco antes de llegar, El Zorro se empa-
rejó a la Toyota blanca y comenzó a dis-
La ejecución de la familia Redelfs
DavidDeolarte

15. 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 15
parar contra Lesley, quien iba en el asien-
to del copiloto.Arthur aceleró pero metros
adelante El Zorro dio alcance a la camio-
neta y descargó 11 tiros contra Arthur. En
el asiento trasero iba la hija de Arthur y
Lesley.
Sin control, la Toyota se impactó con
el auto de un joven que en ese momento
apareció detrás de la presidencia munici-
pal de Ciudad Juárez.
Los radios de comunicación se
reactivaron:
–¡Ya estuvo, ahí quedó en la presiden-
cia.Ahí quedó. Le corrió el güey, pero lo al-
cancé! –exclamó El Zorro.
El testigo “EQ”
Meses después, el 26 de noviembre de
2010, al filo de las 20:00 horas, se escuchó
la voz de un hombre en un radio de comu-
nicación: “¡Ahí traen jodido al 51 los fede-
rales; lo están rodeando…!”.
Arturo Gallegos Castrellón estaba a
punto de ser arrestado por la Policía Fede-
ral en un operativo coordinado desde te-
rritorio estadunidense en el que también
participaban mexicanos.
La DEA contaba con un radio conectado
a las frecuencias por las que se comunica-
ban los miembros del Cártel de Juárez y los
del Barrio Azteca. La agencia federal anti-
drogas podía escuchar los planes, así como
los ataques, negocios e intentos de fuga del
Benny y sus colaboradores en tiempo real.
Logró interceptar los diálogos de am-
bas organizaciones criminales gracias
a un ingeniero en telecomunicaciones
identificado con el alias EQ, quien se con-
virtió en testigo protegido durante el jui-
cio contra Gallegos Castrellón. Sus decla-
raciones fueron claves para incriminarlo.
Con base en su testimonio en la Corte Fe-
deral del Paso,Texas, el reportero pudo re-
construir el siguiente episodio.
En enero de 2010, el ingeniero Sergio
Arreola, propietario de la empresa de te-
lecomunicaciones Rio Grande Wirless, del
estado de Chihuahua, presentó a EQ con
su sobrino Jaime Bon Arreola, también in-
geniero en telecomunicaciones. El pro-
pósito era que ambos fueran juntos a la
ciudad de Chihuahua a una conferencia
sobre una nueva tecnología digital para
los radios de comunicación que encripta-
ba la información transmitida para evi-
tar filtraciones, auspiciada por las empre-
sas Cellular Integrated Services Company
(Ciscom) y Kenwood.
Al final de la conferencia, Bon Arreo-
la invitó a EQ a un negocio: “Me pidió que
instalara todo el sistema de radiocomuni-
cación para una empresa de guardias de
seguridad privada”, relató EQ en una de
las audiencias del juicio contra Gallegos
Castrellón.
En marzo de 2010 EQ instaló dos ante-
nas repetidoras en el Cerro Bola de Ciudad
Juárez; al mes siguiente ya había progra-
mado 60 radios de comunicación dividi-
dos en dos grupos: del 1 al 30 en el canal 1;
y del 51 al 80 en el canal 2. Todas las ope-
raciones se hicieron mediante la empresa
Río Grande Wireless.
Jaime Arreola le dio a EQ los alias y los
códigos utilizados para encriptar las con-
versaciones de los miembros de Barrio Az-
teca y de La Línea, brazo armado del Cár-
tel de Juárez.
Según EQ, durante los cuatro años que
trabajó para Arreola escuchó alrededor de
7 mil horas de conversaciones sobre las
actividades de Barrio Azteca y La Línea.
“Escuché asesinatos, levantamientos,
quemados, decapitados, pagos a la poli-
cía, movimiento de mercancía…”, dijo EQ.
El primer grupo de radios lo asignó a
los líderes de La Línea; el segundo, a los de
Barrio Azteca. A Gallegos Castrellón se le
asignó el número 51.
El 15 de julio de 2010 por la tarde EQ re-
gresaba de El Paso a Ciudad Juárez cuan-
do escuchó un mensaje en su aparato de
comunicación: “Muy bien, muy bien, para
que aprendan los pinches marranos. Buen
trabajo. Y guárdense porque van a andar
como perros”.
Un canal de noticias local había graba-
do la explosión de un coche bomba en el
centro de Ciudad Juárez. Arreola explicó
por teléfono a EQ el incidente: el artefacto
lo fabricó un hombre identificado como El
Lince, residente de la ciudad de Chihuahua
y experto en explosivos, le dijo.
Con ayuda del Lentes y tres hombres,
El Lince introdujo explosivo C4, así como
fertilizante, tuercas, tornillos y canicas
en un automóvil robado. Instaló un sis-
tema de detonación que podía activarse
mediante una llamada desde un radio de
comunicación.
El Lentes condujo el automóvil has-
ta dicha intersección, donde además de-
jó el cuerpo sin vida de un hombre vesti-
do de policía con el propósito de atraer a
más agentes y detonar el artefacto cuan-
do llegaran.
La televisora proyectaba las imágenes
de un uniformado tirado sobre la banque-
ta en las calles Bolivia y 16 de Septiembre,
mientras dos paramédicos y un doctor vo-
luntario lo atendían.Varias camionetas de
la policía estatal y federal se habían reuni-
do en la zona cuando de pronto el destello
de la explosión iluminó toda la pantalla.
Al ver la explosión en los noticiarios,
EQ se asustó. Se dio cuenta, según expu-
so en la Corte de El Paso, del “nivel de cri-
minalidad que habían alcanzado los inte-
grantes del Barrio Azteca”. Decidió avisar
a las autoridades mexicanas. Se presen-
tó en las instalaciones de la Procuraduría
General de la República en la entidad, en
las de la Policía Federal y en las del Ejérci-
to pero en ningún lugar le hicieron caso.
Luego acudió al consulado de Estados
Unidos en Ciudad Juárez. Urdió una es-
tratagema para llamar la atención de los
funcionarios; les dijo que una bomba se-
ría puesta en el inmueble en los próximos
días. Finalmente le hicieron caso y apro-
vechó para dar información sobre el aten-
tado con el coche bomba y los asesinatos
de los funcionarios consulares en marzo
de 2010.
Las autoridades estadunidenses lo so-
metieron a la prueba del polígrafo. EQ la
aprobó. A partir de entonces la DEA infil-
tró a La Línea y a Barrio Azteca. EQ entregó
a la agencia un radio conectado a las dos
organizaciones, así como grabaciones pre-
vias al atentado con el coche bomba. In-
cluso aceptó utilizar micrófonos pegados
a su cuerpo para escuchar sus conversa-
ciones con los líderes de Barrio Azteca.
Así, la DEA pudo conocer en tiempo
real los miles de asesinatos cometidos en
Ciudad Juárez por los sicarios de las ban-
das, e incluso de un segundo atentado con
un coche bomba que no detonó debido a
un error técnico. Las autoridades mexi-
canas aseguran que la agencia estaduni-
dense nunca les avisó sobre los datos a los
que tuvo acceso.
Optó por apoyarse en el Buró Federal
de Investigación (FBI, por sus siglas en in-
glés) y comenzó a arrestar, uno por uno, a
los 35 implicados en el homicidio de Ar-
thur y Lesley Redelfs y de Jorge Salcido.
Los agentes comenzaron por los sicarios
de los rangos más bajos hasta llegar al
Benny y poco después con El Diego.
La tarde del 26 de noviembre de 2010,
Alberto Núñez, Fresa, uno de los sicarios
de Barrio Azteca, esperaba frente a un
fraccionamiento privado la salida de un
hombre que Gallegos Castrellón había or-
denado asesinar. Sin embargo, la Policía
Federal lo aprehendió antes de que actua-
ra. EQ sabía que Fresa era de las pocas per-
sonas que contaba con la ubicación exac-
ta de Gallegos Castrellón; también, que
era el último eslabón de la cadena de cri-
minales buscados por la DEA.
SALDOS DE LA GUERRA
Ciudad Juárez. Un muerto más
DavidDeolarte

16. 16 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
GLORIA LETICIA DÍAZ
L
a impunidad que origina vio-
lencia y violaciones al derecho
a la vida, la militarización de la
seguridad pública, la manipu-
lación de pruebas y la utiliza-
ción de chivos expiatorios que
convierten “a la justicia en una farsa” son
algunos de los males que diagnostica a
México el relator especial de las Naciones
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Christof Heyns.
En su informe final como resultado de
la visita que realizó al país del 22 de abril
al 2 de mayo de 2013, el cual presentará
en el 26º Periodo de Sesiones del Conse-
jo de Derechos Humanos en Ginebra, Sui-
za, del 10 al 27 de junio próximo, Heyns
“observa con preocupación que México si-
gue sufriendo niveles alarmantes de vio-
lencia. Se siguen produciendo incidentes
extremadamente violentos, en particular
atentados contra el derecho a la vida, a un
nivel intolerable”.
En el documento, del cual este sema-
nario tiene copia, el relator señala que el
gobierno de Enrique Peña Nieto modifi-
có la retórica oficial respecto de la mane-
jada por su predecesor, Felipe Calderón,
quien lanzó en 2007 la “guerra contra el
narcotráfico”.
Y aunque desde su toma de posesión
y la firma del Pacto por México Peña Nie-
to se comprometió a “recuperar la paz y
la libertad disminuyendo la violencia”, el
experto originario de Sudáfrica advierte:
“Lo que todavía hace falta son estrategias
sobre la forma en que se han de alcanzar
esos objetivos”.
Y sostiene: “El hecho de que las autori-
dades públicas hagan menor hincapié en
la cuestión de la violencia y la delincuen-
cia podría no significar necesariamente
que en realidad haya disminuido el nú-
mero de delitos violentos”.
El año pasado, cuando visitó México, el
relator especial de la ONU dijo a Proceso
que llegaba “en un momento muy opor-
tuno, en un momento de transición, pues
hay tantos cambios institucionales, tan-
tos cambios jurídicos bajo el nuevo go-
bierno; incluso ha cambiado la retórica, lo
que es importante”.
Entrevistado por la reportera el 2 de
mayo de 2013, Heyns consideró que un
año era suficiente para advertir un cam-
bio en la estrategia de seguridad.
“Como orientación muy general di-
ría que podríamos esperar un año antes
de empezar a encontrar soluciones, pero
más importante que las cifras es percibir
un consenso o bien un grado de reconoci-
miento general de que el país avanza en
sentido adecuado”, afirmó (Proceso 1905),
pero aclaró que no sólo se refería al reco-
nocimiento por parte de los políticos, sino
también de organizaciones civiles, orga-
nismos de derechos humanos e incluso de
periodistas: “Entonces podremos afirmar
que sí están cumpliendo las políticas”.
Ahora, en su informe final, pide pasar del
dicho a los hechos: “Se exhorta al gobierno
de México, en los niveles federal y estatal,
a que vele por que se proteja el derecho
a la vida, tanto en lo que respecta a cada
uno de los incidentes como en las declara-
ciones públicas y las reformas legislativas
y de política.También se hace hincapié en
que un componente central de la protec-
ción del derecho a la vida es exigir que se
rindan cuentas de todos los casos en que
se haya vulnerado ese derecho”.
Heyns recuerda que antes de su visita
solicitó al Estado mexicano información
sobre 31 casos de ejecuciones extrajudi-
ciales ocurridas entre 2007 y 2012. Sólo
recibió datos de 26 de ellos, y se dice preo-
cupado de que “en muchos de esos casos
de homicidio al parecer no se hayan for-
La ONU, implacable: México,
reprobadoen derechos humanos
Una vez más, México sale reprobado en el informe que el
relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudi-
ciales, Christof Heyns, presentará en el Consejo de Dere-
chos Humanos de la organización internacional en junio
próximo. Según el funcionario, pese a que las reformas
penal y de derechos humanos son positivas, el gobierno
de Enrique Peña Nieto debe pasar de su retórica a los he-
chos,ya que la impunidad con que se cometen casi todos
los delitos en el país genera corrupción,complicidad,más
violencia, y “convierte a la justicia en una farsa”.
16 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014

17. 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 17
mulado cargos y/o no haya habido inves-
tigaciones prontas y exhaustivas, con la
consiguiente impunidad aparente”.
“El relator especial reitera la impor-
tancia de la diligencia debida e insta al
gobierno a velar por que se enjuicie a los
autores de esas muertes y se honren los
derechos de las familias de las víctimas,
entre otras cosas mediante el pago de una
indemnización.”
Como hizo en su visita, en el docu-
mento Heyns reitera su reconocimiento a
las reformas constitucionales en materia
penal de 2008 y a las de derechos huma-
nos de 2011, pero alerta sobre el avance de
contrarreformas como la de Chihuahua,
donde se ha instituido el nuevo sistema
penal, y la reciente resolución de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para “que cuando hubiera una restricción
al ejercicio de los derechos humanos, se
aplicaría tal restricción no obstante las
obligaciones contraídas en virtud de los
tratados internacionales”.
Resistencia a los derechos humanos
Catedrático en derecho de las universida-
des de Washington y Oxford, Heyns desta-
ca que si bien Peña Nieto ha declarado que
mantendrá a las Fuerzas Armadas en ta-
reas de seguridad pública “hasta la aplica-
ción de una nueva estrategia en materia de
seguridad y justicia”, para después retor-
narlas a sus cuarteles, mientras el experto
redactaba su informe “todavía era escasa la
información sobre la forma en que (la des-
militarización) se iba a llevar a la práctica”.
Al respecto, el informe del relator cita
números de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH): de 52 reco-
mendaciones emitidas entre 2006 y abril
de 2013 relacionadas con violaciones del
derecho a la vida, 39 estaban dirigidas a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
y a la Secretaría de la Marina (Semar). Esto
“pone de manifiesto los riesgos que conlle-
va la asignación de tareas de protección de
la seguridad pública a cuerpos militares”,
comenta el funcionario de la ONU.
Asimismo, cuestiona la labor de la
CNDH, que preside Raúl Plascencia Villa-
nueva, ya que de las 52 recomendaciones
mencionadas, 18 se consideraron cum-
plidas pero “ello no se tradujo necesaria-
mente en el enjuiciamiento efectivo de los
responsables de violaciones del derecho a
la vida, como en el caso de los dos estu-
diantes muertos en el Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Monterrey
(marzo 2010)”.
Heyns alienta a la CNDH a cerciorar-
se “no sólo de que se abran investigacio-
nes oficiales” por sus recomendaciones,
sino también de que éstas “se realicen con
prontitud y a fondo, de modo que los res-
ponsables sean llevados ante la justicia.
Todos los indicios dejan pensar que no ha
ocurrido así”.
También considera indeseable la pre-
valencia del fuero castrense para juzgar a
personal militar que incurre en violacio-
nes a derechos humanos contra civiles,
entre ellas el homicidio, a pesar de la exis-
tencia de cuatro sentencias de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos que
ordenan reformas legislativas para cam-
biar esa situación.
Recuerda Heyns que, durante su visi-
ta a México, representantes del gobierno
de Peña Nieto reconocieron el problema y
afirmaron que las causas penales de esa
clase cambiarían de fuero:
“Esto significaría que más de 5 mil in-
vestigaciones de violaciones a derechos
humanos presuntamente cometidas por
personal militar contra civiles han de
transferirse de la justicia militar a la jus-
ticia civil. Sin embargo, el relator espe-
cial observa que en el momento en que
se escribía el presente informe no se ha-
bían hecho públicos datos concretos que
demostraran que efectivamente se ha-
bían transferido esos expedientes y des-
taca la importancia que se publique esa
información.”
SALDOS DE LA GUERRA
ClaudioVargas

18. 18 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
En cuanto a la reforma al Código de
Justicia Militar, lamenta que la versión a
la que tuvo acceso antes de finalizar la re-
dacción de su informe, el 4 de diciembre
pasado, haya “sido suavizada y no tratara
el problema de la reducción de la compe-
tencia de la jurisdicción militar de forma
inequívoca”.
Por eso el relator recomienda a Méxi-
co ir más allá y “que considere la posibili-
dad de establecer la jurisdicción civil para
todas las cusas relativas a homicidios co-
metidos por militares, incluso cuando la
víctima no sea civil”.
En el mismo texto dice que no se ex-
plica por qué si el gobierno de Peña Nieto
difundió que en el sexenio de Calderón se
registraron 102 mil 696 asesinatos –unos
70 mil relacionados con el tráfico de dro-
gas–, “el homicidio no figura entre los de-
litos enumerados en la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada”.
Esta carencia, indica, ha derivado en
que “las autoridades federales a menu-
do no investigan ni enjuician esos delitos,
incluso cuando los primeros indicios se-
ñalan claramente que las muertes están
relacionadas con la delincuencia organi-
zada y pese a que las autoridades federa-
les tal vez estén en mejor posición para
hacerlo que las estatales”.
Peor aún sería, en opinión del funcio-
nario de la ONU, que “las fuerzas de se-
guridad pudieran considerar que en el
contexto de la lucha del Estado contra la
delincuencia organizada no tenía impor-
tancia que murieran personas involucra-
das en el narcotráfico y que ‘el problema
se resolvería solo’ cuando el miembro de
un cártel mataba a alguien de otro cártel.
Esa forma de pensar menoscaba el valor
mismo de la vida”.
Al considerar que la impunidad “cons-
tituye en sí una violación al derecho a la
vida por el Estado”, enumera situaciones
que la fomentan: la “complicidad de cier-
tos funcionarios de las fuerzas del orden y
del Poder Judicial con la delincuencia or-
ganizada”; omisiones o negativas de au-
toridades federales y estatales para abrir
investigaciones; cierre apresurado de in-
dagatorias, “cuando había sospechas , sin
la debida investigación, de que la muerte
era el resultado de vínculos con la delin-
cuencia organizada”, o dejar las investiga-
ciones sobre las muertes en manos de las
familias de las víctimas.
Igual de alarmante es para Heyns
que las autoridades no hayan preservado
pruebas de muchos casos, y que ahí donde
se involucraron integrantes de las Fuerzas
Armadas se haya manipulado la escena
del crimen, como ocurrió en el ITESM, en
marzo de 2010. “Incluso las versiones ofi-
ciales reconocen que no se ha avanzado
en la investigación para dar con los res-
ponsables de las muertes o la manipula-
ción de las pruebas” en dicho caso.
Resalta la implicación de inocentes,
“por lo general vulnerables, en crímenes,
muchas veces tras la obtención de con-
fesiones obtenidas bajo tortura –como
presuntamente ocurrió en el caso de Is-
rael Arzate, acusado de la masacre de es-
tudiantes en Ciudad Juárez en enero de
2010– o bien en virtud del testimonio de
supuestos testigos que no estaban pre-
sentes en el lugar del delito”.
Dicha “utilización de chivos expiato-
rios convierte a la justicia en una farsa. Si
bien de esa forma se crea una ilusión de
rendición de cuentas, en realidad se está
cometiendo una doble injusticia”.
El veneno de la impunidad
Entre las prácticas que profundizan la im-
punidad, la cual según la CNDH cubre en-
tre 98% y 99% de los crímenes cometidos
en México, Heynz incluye la falta de inde-
pendencia de las instituciones de admi-
nistración de justicia, cuya expresión más
grave son los “temores ante actos de inti-
midación, las amenazas y las agresiones
de que son objeto los fiscales u otras auto-
ridades judiciales”, escenario compartido
por los servicios forenses estatales.
Durante la visita oficial del relator, fa-
miliares de víctimas de homicidios y de
testigos de los crímenes denunciaron
ante él que fueron amenazados o sufrie-
ron represalias “de autoridades estatales
o grupos de la delincuencia organizada
por haber solicitado que se iniciaran in-
vestigaciones o acciones judiciales”.
De ahí que en su informe Heyns se
muestre crítico hacia la Ley General de
Víctimas, “un acontecimiento positivo”
pero enfocado en la indemnización de
las víctimas y no “aparejado con medidas
adecuadas para alentar la rendición de
cuentas por violaciones graves”.
Otro espacio importante en el texto
del experto sudafricano se destina al “le-
gado de la guerra sucia”, es decir, a los crí-
menes cometidos durante las masacres
de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y del
Jueves de Corpus en 1971; al caso del gue-
rrillero Diego Lucero, fundador de la Liga
Comunista 23 de septiembre, detenido,
interrogado, torturado y “ejecutado por
agentes de las fuerzas del orden en el es-
tado de Chihuahua”, así como a los obs-
táculos que enfrenta la Comisión de la
Verdad (Comverdad) de Guerrero para in-
vestigar las violaciones a los derechos hu-
manos cometidas en aquella época.
“No se ha dictado ninguna sentencia
condenatoria y no existe un programa ge-
neral de reparaciones para las víctimas de
ejecuciones extrajudiciales ocurridas du-
rante la guerra sucia. Han pasado muchos
años y aún no se ha otorgado reparación a
los familiares de ninguna de las víctimas
de esas ejecuciones extrajudiciales”, se-
ñala el relator en su informe.
Acerca de los sectores más vulnera-
bles, cita alarmantes cifras oficiales: “Se-
gún la CNDH, desde 2007 se registraron 4
mil 419 feminicidios”; existe “un vínculo
directo entre la desaparición y el asesina-
to de migrantes, la delincuencia organi-
zada y la complicidad de las fuerzas del
orden, los encargados de las investigacio-
nes y otras autoridades”.
En cuanto a los periodistas, “según la
CNDH, 83 han sido asesinados desde el
año 2000”. Corren más riesgo los “que in-
forman de la delincuencia y los funciona-
rios públicos”, en tanto que, con datos de
la propia comisión, “desde 2005, 18 defen-
sores de los derechos humanos han sido
asesinados y muchos otros han recibido
amenazas de muerte”.
18 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
BenjamínFlores
Heyns. “Sin estrategia”
SALDOS DE LA GUERRA

20. 20 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
GLORIA LETICIA DÍAZ
E
l juicio ganado por Proceso pa-
ra romper la secrecía de una
averiguación previa y la insis-
tencia del semanario en que
se aclare el asesinato de su co-
rresponsal en Veracruz, Regina
Martínez, son dos temas destacados en el
informe anual de la Relatoría Especial pa-
ra la Libertad de Expresión de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA).
La resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) a favor del se-
manario en su batalla contra la secrecía
absoluta de una averiguación previa enca-
beza la relación de avances de México en
materia de libertad de expresión, según el
informe de quien fuera relatora especial de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino.
En su último informe al frente de la
Relatoría, Botero encomió el fallo de la
Primera Sala de la SCJN a favor del sema-
nario, el cual “impugnó la decisión de la
Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) de clasificar como infor-
mación reservada algunas constancias de
un expediente relacionado con una queja
contra la Secretaría de Seguridad Pública
federal, ya que entre otras razones, esta-
rían ‘vinculadas con información de una
averiguación previa’, que según la Procu-
raduría General de la República (PGR) es-
tarían sometidas a reserva”.
El reporte de la Relatoría Especial se
difundió el jueves 24 durante la entrega
del informe anual de la CIDH relativo a
2013, realizada en Washington por la pre-
sidenta del organismo, Tracy Robinson,
ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Po-
líticos del Consejo Permanente de la OEA.
El reporte de la colombiana Catalina
Botero –quien al concluir su informe ter-
minó su gestión– hace referencia al juicio
de amparo iniciado en septiembre de 2010
por el director de Proceso, Rafael Rodríguez
Castañeda, contra la decisión de la CNDH
de mantener en secreto el expediente por el
cual exculpó al entonces titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) federal, Ge-
naro García Luna, de los agravios causados
al semanario y a sus trabajadores.
El argumento del organismo presidi-
do por Raúl Plascencia Villanueva para no
entregar la documentación al semanario
fue que formaba parte de una averigua-
ción previa abierta por la PGR.
La queja del semanario, desechada
por la CNDH en agosto de 2010, denuncia-
ba el montaje que organizó García Luna
el 29 de julio de 2009 para presentar ante
los medios a presuntos integrantes de La
Familia Michoacana. En una mesa, entre
armas, aparatos de telecomunicación, bi-
lletes y llaves de autos, los agentes fede-
rales colocaron ejemplares de la revista
Proceso “como parte de los implementos
con los que se movía la banda” .
Un día después, el portal de internet
del diario El Universal difundió un video
en el cual uno de los detenidos, Armando
Quintero Guerra, El Licenciado, es interroga-
do por un agente federal sobre la compra
del semanario por encargo de uno de sus
líderes, Servando Gómez Martínez, La Tuta,
ahora señalado como principal cabeza de
Los Caballeros Templarios (Proceso 1893).
De la resolución final de la Primera
Sala, tomada el 6 de febrero de 2013, el in-
forme de la Relatoría cita la consideración
de la invalidez del argumento de la CNDH
para ocultar el expediente, “toda vez que
no existe una adecuada ponderación en-
“Proceso”, en el
informe de la OEA
EduardoMiranda

21. 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 21
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
tre los principios en juego (es decir), en-
tre el derecho de acceso a la información
pública y el fin y objetivo que busca con
su restricción, relativo al interés público
o general inmerso en la función públi-
ca de investigación y persecución de los
delitos”.
Caso Regina
El informe también aborda el litigio en
tribunales de Veracruz del asesinato de la
corresponsal de Proceso, Regina Martínez,
ocurrido el 28 de abril de 2012 en Xalapa.
La relatoría se refiere a la reportera:
“Cubría temas relacionados con política
estatal y crimen organizado.Además, días
antes de su muerte había publicado un ar-
tículo acerca de presuntas irregularidades
cometidas por autoridades locales”.
El documento resalta el fallo de la Sép-
tima Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Veracruz, de anular
la sentencia de 38 años de prisión y una
multa “por casi 8 mil dólares” a quien ha-
bría sido condenado por el homicidio, Jor-
ge Antonio Hernández, El Silva.
El informe incluye las valoraciones
que hizo el semanario antes de la anu-
lación de la sentencia. “Según Proceso
existían varias inconsistencias en la in-
vestigación del homicidio: la más re-
levante era que las huellas dactilares
encontradas en la escena del crimen no
coincidirían con las del acusado. Además
la persona condenada habría denuncia-
do que fue torturada por las autoridades
mexicanas para que confesara el asesina-
to. La defensa del acusado habría apelado
la sentencia”.
En relación con el caso de Regina Mar-
tínez, la Relatoría Especial dio cuenta de
las amenazas a la integridad del reportero
Jorge Carrasco, quien ha dado cobertura
periodística al tema.
Se detalla que el semanario “habría
En el reporte de 2013 de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la OEA –incluido en el informe
general de la CIDH presentado en Washington el jueves
24– Proceso es un actor importante. El documento –úl-
timo entregado por la colombiana Catalina Botero– en-
tre otras cosas destaca y se congratula por la decisión
judicial que favoreció al semanario en un litigio con
la Secretaría de Seguridad Pública federal y también
enfatiza la lucha que la publicación ha sostenido para
el esclarecimiento del asesinato de su corresponsal en
Veracruz, Regina Martínez.
declaraciones a Proceso se habrían com-
prometido “explícitamente a respetar el
trabajo periodístico de la revista , de sus
reporteros y del corresponsal de Xalapa,
Noé Zavaleta”.
Después de que el semanario publi-
có la versión, se asienta en el informe,
el procurador veracruzano Felipe Ama-
deo Flores Espinosa “difundió una carta
en que rechazó las acusaciones y solici-
tó al medio que –en caso de que contase
con pruebas– las presente ‘de manera
inmediata ante las autoridades corres-
pondientes para que pueda seguirse el
debido proceso y de ser el caso, se finquen
responsabilidades’”.
Recuento de agresiones
La relatoría destaca también la denuncia
presentada por este semanario ante las
amenazas contra su corresponsal en Oa-
xaca, Pedro Matías Arrazola. Narra que és-
te recibió amenazas de muerte “a través
de un mensaje enviado al teléfono celu-
lar” del conductor del noticiero radiofóni-
co Sin muros, Giovanni Vásquez Sagrero.
“El 22 de julio (de 2013) el periodista
Matías Arrazola habría vuelto a recibir
amenazas, esta vez luego de publicar una
crónica crítica sobre la visita de dos fun-
cionarios del gobierno federal a Oaxaca. El
periodista denunció que habría recibido
mensajes con amenazas y descalificacio-
nes en su cuenta de la red socialTwitter. El
periodista responsabilizó de los actos de
hostigamiento a uno de los funcionarios
de quien hace referencia la crónica publi-
cada”, se explica.
El informe recuerda que de los 18 ase-
sinatos de comunicadores en 2013 en el
continente, tres ocurrieron en México:
los de Jaime Guadalupe González Domín-
recibido información sobre la presunta in-
tención de funcionarios y exfuncionarios
del estado de Veracruz de ‘atentar contra
la integridad personal del periodista’ (…)
presuntamente a raíz de su cobertura
sobre el caso del asesinato de la corres-
ponsal de Proceso en Veracruz, Regina
Martínez Pérez”, lo que fue notificado a la
CNDH, la PGR y la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), las cuales “habrían activado
el mecanismo de protección a periodistas
a favor del reportero”.
El documento hace referencia a la re-
acción del gobernador de Veracruz, Javier
Duarte y de miembros de su gabinete pre-
suntamente implicados, quienes “habrían
negado tajantemente” haber participa-
do en reuniones para “acordar acciones
hostiles en contra del reportero”, y en
JuanManuelHerrera/OAS
Botero. Denuncias

22. 22 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
NOÉ ZAVALETA
X
ALAPA, VER.- El homicidio de la co-
rresponsal de Proceso en Vera-
cruz, Regina Martínez Pérez, sigue
sin resolverse. A dos años del cri-
men (cometido el 28 de abril de 2012) la
Secretaría de Seguridad Pública estatal y
la Agencia Veracruzana de Investigaciones,
dependiente de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) del estado, han sido incapa-
ces de detener a José Adrián Hernández
Domínguez, El Jarocho, presunto asesino
de la periodista veracruzana.
Y el otro implicado en el crimen, Jor-
ge Antonio Hernández, El Silva, fue ab-
suelto por la séptima sala penal del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE),
el cual le revocó la sentencia de 38 años y
dos meses de prisión impuesta por la juez
de primera instancia Beatriz Rivera Her-
nández. Por esa revocación de sentencia el
hermano de Regina, Ángel Alfonso Martí-
nez, interpuso un amparo directo a la cau-
sa penal 358/2012 para que la justicia fe-
deral regrese al Silva a la cárcel.
Mientras tanto, el gremio periodístico
veracruzano, amigos de Regina y organiza-
ciones civiles siguen repudiando el resoluti-
vo del gobierno de Javier Duarte que esta-
bleció como móviles del asesinato el “robo”
y tangencialmente un “crimen pasional”.
Este lunes 28, organizaciones sociales
y reporteros veracruzanos realizarán activi-
dades de protesta para recordarle a la ad-
ministración priista que el asesinato de Re-
gina Martínez reclama “verdad y justicia”.
El Colectivo por la Paz-Xalapa orga-
nizará en la Plaza Lerdo –frente al Pala-
cio de Gobierno– bordados por la paz, cu-
yos tejidos centrales tendrán como tema a
la periodista.
“Nuestros bordados serían exclusiva-
mente para Regina. Una de las tareas del
Colectivo por la Paz es la construcción de
la memoria histórica. Y la corresponsal de
Proceso es una víctima de la violencia so-
cial y de la violencia sistemática que ha
ejercido el estado sobre la prensa y los mo-
vimientos sociales”, expresa Anaís Pala-
cios, vocera del colectivo.
Asegura que lo “mediático” y lo “dis-
cursivo” en el manejo del crimen de Regi-
na han sido una burla que va desde califi-
car el asesinato como “crimen pasional”
para después “aprehender” a un culpable
que ahora ya no está en la cárcel: “La justi-
cia que argumentan es un montaje”.
Rodrigo Soberanes, periodista y amigo
de Regina Martínez, recuerda que a pocas
horas del asesinato de la corresponsal de
Proceso, empleados de Comunicación So-
cial del gobierno le telefonearon para averi-
guar si la periodista tenía “novio” o “pareja”.
“Desde ahí el gobierno ya esta-
ba delineando su propia versión”, dice
Soberanes.
“Hoy no hay nadie en la cárcel, por lo
tanto el caso sigue impune. No me sor-
prende. Desde las primeras señales que
envió el gobierno se veía venir que el de
Regina era un crimen destinado a quedar
sin justicia”, añade.
Soberanes habla de una plática soste-
nida con Mike O’Connor –exjefe de la ofici-
na en México del Comité para la Protección
de los Periodistas–, quien le aseguró que
Regina Martínez daba la pauta de “hasta
dónde” se podían publicar las cosas en Ve-
racruz: “Me dijo que su asesinato era como
un manto de oscuridad sobre el derecho de
las personas a saber”.
“Trataron de ensuciarla”
En el desaseo de la investigación ministerial
y del manejo mediático del asesinato de Re-
gina, Soberanes refiere que los amigos de la
corresponsal de Proceso escucharon con
indignación las versiones más inverosími-
guez, director de Ojinaga Noticias, ocurrido
el 3 marzo; Daniel Alejandro Martínez Ba-
zaldúa, fotógrafo de Vanguardia, de Salti-
llo, el 24 de abril; y Alberto López Bello, de
El Imparcial, de Oaxaca, el 17 de julio.
La CIDH también toma nota de la des-
aparición del director del diario Cardel, en
Veracruz, Sergio Landa Rosado, levantado
por hombres armados el 23 de enero.
El organismo registró 16 denuncias de
amenazas a periodistas, a medios y a la
organización civil Artículo 19 en Coahuila,
Durango, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua,
Guerrero, Baja California y Quintana Roo.
Durante 2013 la Relatoría Especial
recibió notificaciones de al menos 70
agresiones a periodistas durante las co-
berturas de movilizaciones sociales en
diferentes partes en Sonora, Oaxaca, Gue-
rrero, Veracruz, el Distrito Federal y Chia-
pas, atribuidas a agentes del orden y en
menor medida a manifestantes.
La mayoría de las acciones violentas
contra comunicadores ocurrieron en la
Ciudad de México el 2 de octubre, durante
la cobertura de las manifestaciones con-
memorativas de la matanza de Tlatelolco.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SPP) capitalina golpearon a medio
centenar de periodistas y fotógrafos, en-
tre ellos los de Proceso: Miguel Dimayuga,
Octavio Gómez, Hugo Cruz y Alejandro
Saldívar.
En cuanto a detenciones y agresiones
físicas, el documento recibió información
de cinco casos en Baja California,Veracruz
y Guerrero, entre ellos el del corresponsal
de Proceso en Chilpancingo, Ezequiel Flo-
res Contreras y el del fotógrafo José Luis
de la Cruz, golpeados por un agente fede-
Dos años de montajes, dos años de impunidad
MiguelDimayuga
Prensa. Ataques frontales

23. 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 23
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ral durante la cobertura de una audiencia
en un juzgado.
El informe de la Relatoría documen-
ta siete ataques a medios ocurridos en
2013: a El Siglo de Torreón el 25 y el 27 de
febrero; a El Diario, de Ciudad Juárez, el 6
de marzo; al Canal 44 de Ciudad Juárez el
6 de marzo; a Mural, de Zapopan, el 17 de
abril; a El Piñero de la Cuenca, de Oaxaca, el
27 de julio; a Contexto, de Hermosillo, el 1
de agosto y a El Norte, de Monterrey, el 1
de octubre.
Protección a periodistas
Entre los temas que la Relatoría Espe-
cial para la Libertad de Expresión aborda
ampliamente está el del Mecanismo de
Protección de Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodistas, a cargo de
la Segob, desde que fue sugerido por los
relatores de la CIDH y de la ONU, Carolina
Botero y Frank La Rue, tras una visita con-
junta realizada en agosto de 2010.
Detalla las comunicaciones sostenidas
con el Estado, desde que se le notificó so-
bre la firma del Convenio de Colaboración
para la Implementación de Acciones de
les del gobierno de Duarte: “Trataron de en-
suciarla; dijeron que los señalados del crimen
eran homosexuales, trabajadores sexuales,
que tenían sida. ¿Y eso para qué?”
Otro amigo y colega de Regina, hoy ra-
dicado fuera de Veracruz por el clima de vio-
lencia e inseguridad que impera contra los
comunicadores en esta entidad, acepta ha-
blar con Proceso a condición de mantener
el anonimato:
“Quienes la conocimos sabemos que no
es probable que pudiera tener una amistad
con personas como las que la fiscalía cali-
ficó de malvivientes. Era una periodista ho-
nesta, inquisitiva, rigurosa, que investiga-
ba y denunciaba sin reparos. Era una causa
probable para que no sólo este gobierno, si-
no seguramente muchos de los anteriores
a los que reporteó, utilizaran esa supuesta
amistad para desprestigiarla.”
Norma Trujillo, reportera de La Jorna-
da Veracruz, expone que haber dejado fue-
ra de la investigación su actividad profesional
significa negar el trabajo de los periodistas:
“A dos años de su partida se extraña a Regi-
na y su muerte duele. Por eso desde la noche
de ese sábado 28 de abril, cuando nos en-
teramos de su asesinato, hemos salido a las
calles a fin de exigir justicia para la amiga y
compañera, como lo hubiera hecho ella”.
En esta capital, amigos de la correspon-
sal de Proceso y periodistas que han si-
do amenazados, despedidos o intimidados
en su trabajo, depositarán en su honor una
ofrenda floral en la Plaza Lerdo; el acto será
también una protesta por los 24 meses du-
Prevención y Protección a Periodistas, en
noviembre de 2010, la notificación de la
promulgación de la Ley para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas, en noviembre de 2012;
hasta la última, el 8 de noviembre de 2013.
En esta fecha, en atención a una soli-
citud de información hecha por la Rela-
toría, el Estado mexicano notificó que el
Mecanismo había recibido 105 solicitudes
de protección, 40 de ellas de periodistas;
que mantenía convenios de colaboración
con 25 entidades; que hasta ese momento
contaba con un fondo de casi 170 millo-
nes de pesos y había firmado acuerdos de
cooperación para asistencia técnica y de
evaluación con la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y Freedom House.
Para la Relatoría Especial para la Li-
bertad de Expresión los desafíos del Me-
canismo son “asignar y capacitar a todo
el personal necesario” para la operación
adecuada de su estructura, que respe-
te los plazos previstos en la ley, que las
medidas de protección tengan “una pers-
pectiva diferenciada” respecto a cada be-
neficiario y “las medidas de urgencia y de
protección otorgadas no sean sustituidas
o retiradas antes de la resolución de even-
tuales inconformidades”.
Señaló que es fundamental “la coordi-
nación de los distintos órganos del Estado
federal, así como con las entidades fede-
rativas”, especialmente entre aquellas
que participan en la Junta de Gobierno,
como la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos contra la Libertad
de Expresión, tomando en cuenta que
ambas instancias tienen facultades “para
otorgar de oficio medidas cautelares de
protección a periodistas en riesgo” y pa-
ra “recibir denuncias e investigar ataques
cometidos contra estas personas”.
El documento hace referencia a las
figuras similares al Mecanismo en el Dis-
trito Federal, Morelos, Veracruz, Chihua-
hua, San Luis Potosí e Hidalgo, y observa
la necesidad de “garantizar el desarrollo
de marcos jurídicos que permitan una
coordinación efectiva con el mecanismo
federal de protección y tengan particular-
mente en cuenta aquellos casos en que
los peticionarios accedan a ambos meca-
nismo para solicitar protección”.
rante los cuales la PGJ sólo fabricó culpa-
bles pero no hizo justicia.
Además de la ofrenda floral se planea
marchar por el centro de la ciudad para re-
cordarle a los cuerpos de seguridad y pro-
curación de justicia que el asesinato de
Regina Martínez –junto con los de otros
periodistas veracruzanos– sigue impune.
El enredo
Actualmente el amparo contra la resolución
del TSJE de dejar al Silva libre está en ma-
nos del magistrado ponente Agustín Rome-
ro Montalvo, esposo de la funcionaria esta-
tal Dolores Silva Obando, quien a propuesta
del gobernador Duarte es ahora integran-
te del Consejo Directivo del Centro Estatal
de Justicia Alternativa del Poder Judicial de
Veracruz.
El amparo interpuesto por Ángel Al-
fonso Martínez está bajo la conducción de
Luis Alberto Islas Reyes, litigante especia-
lizado en derecho civil, no penal. Aboga-
dos veracruzanos aseguran que en algu-
nas ocasiones ha trabajado para el aparato
estatal. “Cobra muy caro”, coinciden.
En el amparo interpuesto con base en
los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo,
Islas Reyes alega como principal tesis para
echar abajo la “revocación de sentencia” el
voto particular que emitió la magistrada Mar-
tha Ramírez Trejo contra la absolución del
Silva, pues a decir de ella José Antonio Her-
nández era asesino confeso de la periodista.
Otro alegato es que jamás se dio vista al
procurador para informar que al resolverse
el toca 673/13 se realizaría una “suplencia
de los agravios”, es decir la puesta en liber-
tad del presunto asesino de Regina.
Tampoco –dice el amparo– se seña-
la en qué se equivocó o desacertó la juez
de primera instancia Beatriz Rivera; más
aún, en qué resultó ilegal la sentencia
condenatoria.
Agrega que la alegada tortura al Silva
no debe “presumirse sino probarse”, ade-
más de ser irrelevante que cuando el pre-
sunto asesino fue detenido no se haya gi-
rado una orden de aprehensión y que la
vestimenta con la que fue detenido no
coincida con la que fue presentado.
En contraparte, el toca 673/13 se man-
tiene firme pues considera que se viola-
ron las garantías del Silva en el proceso pe-
nal, ya que no medió orden de aprehensión
para la detención del inculpado y éste fue
detenido seis meses después de los he-
chos, transgrediendo los artículos 14 y 16
constitucionales.
Según los magistrados de la Séptima
Sala Penal del TSJE, los testimoniales para
incriminar al Silva fueron de “oídas” y son
“demasiado contradictorios”.
“Nadie revela que (El Silva) haya sido la
persona que se introdujera a la casa de Regi-
na en fecha 28 de abril de 2012, pues por el
contrario existen medios de convicción que
nos llevan a la conclusión que el aquí inculpa-
do no se encontró presente en casa de Regi-
na Martínez Pérez el día en que fuera privada
de la vida”, dice la resolución judicial.

24. 24 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
La pretendida
censura
a internet,factor clave
JENARO VILLAMIL
E
l escándalo en las redes so-
ciales a nivel mundial contra
el gobierno de Enrique Peña
Nieto por su intento de cen-
surar y controlar internet con
medidas restrictivas y perse-
cutorias hizo que la discusión y apro-
bación del dictamen de iniciativa de la
Ley de Telecomunicaciones –conocida
como Ley Peña Televisa– se pospusiera
hasta junio; además, el intento fallido
del senador panista Javier Lozano de
imponer un predictamen que violaba
el procedimiento legislativo polarizó
las posiciones del PAN y el PRD contra
dicha propuesta.
Desde el lunes 21 un video grabado
en inglés por la actriz Eréndira Ibarra,
promoviendo el hashtag #EPNvsInter-
net se viralizó en las redes sociales, es-
pecialmente en Twitter, y se convirtió
en trending topic mundial. En dos días
logró 470 mil menciones y “un alcance
de más de 58 millones de usuarios”, re-
gistró The Wall Street Journal en su edi-
ción del jueves 24.
“Las redes sociales le toman el pul-
so a Peña Nieto”, cabeceó el Journal.
No entró en detalles del accidenta-
do proceso de dictaminación, sino en
el escándalo provocado en las redes
sociales sobre la amenaza a internet.
Otros dos hashtags sacudieron la red:
#NoMasPoderAlPoder y #ContraElSi-
lencio, que alcanzaron decenas de mi-
les de menciones en pocos días.
A la movilización digital se sumó
la marcha del Ángel de la Indepen-
dencia al Senado y luego a las ins-
talaciones de Televisa, el martes 22.
Cadenas como CNN o agencias infor-
mativas y medios europeos le dieron
amplia cobertura.
Desde la campaña electoral de 2012
y la emergencia del movimiento #Yo-
Soy132 no se habían vuelto a ver a jó-
venes universitarios marchando en las
calles capitalinas, sin liderazgo visi-
ble ni organización corporativa que los
MiguelDimayuga

25. TELECOMUNICACIONES
1956 / 27 DE ABRIL DE 2014 25
No sólo fueron las torpezas del senador panista Javier Lo-
zano, un “traidor” a quien no apoyaron ni sus compañeros
de partido, las que obligaron a posponer la discusión parla-
mentaria de la llamada Ley Peña Televisa. Mucho tuvo que
ver también el escándalo que a nivel internacional, a través
de las redes sociales, suscitaron los intentos del gobierno
federal por someter a la censura el uso de internet.
aglutinara, gritando: “¡Fuera Peña! ¡Fuera
Peña!”y“¡No a la censura! ¡No a la censura!”
Con pancartas contra Televisa, Tel-
mex, TV Azteca y críticas a la censura y el
espionaje masivo en internet, los colecti-
vos provenientes de la UNAM, de la Uni-
versidad Iberoamericana, del Politécnico,
de la UAM y varios activistas internacio-
nales gritaron consignas contra la Ley Peña
Televisa fuera del Senado.
Esas imágenes, que no fueron trans-
mitidas por Televisa ni por TV Azteca, el
duopolio televisivo mexicano, se observa-
ron en Estados Unidos y otros países lati-
noamericanos y europeos, lo cual generó
más presión.
Por si fuera poco, la movilización deri-
vó en un enfrentamiento entre jóvenes y
granaderos, con saldo de varios detenidos,
como Julián Luna, activista de Anarko Sur, y
una decena más. La Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal anunció al día
siguiente que investigaría los hechos.
Por su parte el senador Javier Lozano
y el subsecretario de Comunicaciones, Ig-
nacio Peralta –redactores del nuevo “pre-
dictamen” que se quiso imponer el mismo
martes 22– afirmaron en conferencia de
prensa y en sus cuentas de Twitter que la
ley no buscaba censurar internet.
Incluso Lozano afirmó que su “docu-
mento” eliminaba “cualquier sospecha”
de censura en internet, lo cual no fue cier-
to, como de inmediato destacaron las mis-
mas redes sociales.
Control de daños
En un fallido control de daños, el secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes, Ge-
rardo Ruiz Esparza, y el líder de la bancada
del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Pa-
trón, afirmaron en conferencia de prensa
el miércoles 23 que no habrá censura en
internet y justificaron que se mantengan
la intercepción de llamadas telefónicas y
la geolocalización, porque “son medidas
eficaces contra los secuestros y, en gene-
ral, contra el crimen organizado.
“Haremos cambios para que no se des-
virtúe el debate ni se pretenda decir que
se quiere censurar o restringir el acce-
so a internet, lo cual es falso”, puntuali-
zó Gamboa.
Ruiz Esparza, exfuncionario de los go-
biernos del Estado de México, descartó la
posibilidad de modificar la iniciativa pre-
sidencial para darle más poder al Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
Su argumento fue que “sería un error”.
“El gobierno debe seguir marcando el ca-
mino del país. Si los capitales que van a
llegar a México son correctos o no lo son,
esa opinión la tiene el gobierno, nunca la
va a poder tener el IFT”, abundó.
La SCT con todo su equipo de funcio-
narios y asesores intentó presionar entre
miércoles 23 y jueves 24 para que las co-
misiones unidas dictaminaran la inicia-
tiva presidencial antes de que terminara
el periodo ordinario, el próximo miér-
coles 30. Los intentos fueron infructuo-
sos. El escándalo sobre internet siguió
creciendo.
Críticas y advertencias
El viernes 25 llegó a México el secreta-
rio general de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Hamadoun Touré,
funcionario de la ONU responsable de la
revisión de las legislaciones en la materia
e impulsor de la Cumbre Mundial de la So-
ciedad de la Información.
Al ser interrogado en conferencia de
prensa sobre posibles medidas de restric-
ción a la red,Touré sentenció: “El acceso a
internet debe ser abierto para todos”.
Touré afirmó que revisará la iniciati-
va del Ejecutivo federal y afirmó que Mé-
xico requiere una legislación “ligera” de
telecomunicaciones que garantice la in-
versión en el sector. Incluso criticó la no-
ción de “tarifa de interconexión cero” para
el agente preponderante en telefonía que
contiene el documento de Peña Nieto.
“No lo recomendamos. En todos los
países se paga algo, porque si fuera gratui-
to nadie va a invertir”, afirmó.
También la relatora para la libertad
TELECOMUNICACIONES
MiguelDimayuga
Protestas. Efectividad

26. 26 1956 / 27 DE ABRIL DE 2014
de expresión de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, Catalina
Botero Marino, advirtió en su recien-
te informe que cualquier regulación
en los países del continente sobre in-
ternet debe ser “resultado de todos los
actores” y mantener “las característi-
cas básicas del entorno original, poten-
ciando su capacidad democratizadora
e impulsando el acceso universal y sin
discriminación”.
Botero estableció tres criterios para
respetar la privacidad, la neutralidad y
evitar los bloqueos en internet, los tres te-
JENARO VILLAMIL
N
i la censura ni la orden de bloquear seña-
les en internet ni el desequilibrio a favor
de Televisa en la declaratoria de agen-
te económico preponderante en radiodifusión
ni la injerencia de Gobernación en la vigilancia
de contenidos y la imposición de nuevos “can-
dados” que favorecen al duopolio televisivo,
desparecen en el predictamen de Ley de Te-
lecomunicaciones del panista Javier Lozano,
presidente de la Comisión de Comunicaciones
en el Senado.
Tras su presentación en ese órgano co-
legiado, la semana pasada el documento fue
adoptado casi en su totalidad por los nego-
ciadores del PRI y de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) en la misma
instancia legislativa.
Y aunque Lozano insiste en que incorpo-
ró 192 cambios en 15 temas a la iniciativa pre-
sidencial que llegó al Senado el 24 de marzo
último, en un comparativo de ambos docu-
mentos, cuya copia obtuvo Proceso, expertos
consultados por el reportero consideran que
los “aportes” del legislador en realidad son vio-
laciones evidentes a la reforma constitucional
en materia de telecomunicaciones.
La censura y las posibles violaciones a la
libertad de expresión en internet desaparecie-
ron por completo en su escrito, asegura Loza-
no, pero el documento comparativo revela que
no es así.
En el artículo 145 –relativo a la neutralidad
de la red–, en el tema sobre “libre elección”,
Lozano agregó un párrafo que, sostienen los
especialistas, prácticamente autoriza el blo-
queo de señales de manera discrecional:
Los concesionarios “podrán bloquear el
acceso a determinados contenidos, aplicacio-
nes o servicios a petición expresa del usuario,
mas más conflictivos en la iniciativa del
Ejecutivo mexicano.
La relatora recomendó que en mate-
ria de privacidad el Estado “está obligado
a proteger” este derecho en el entorno di-
gital. En neutralidad puso como ejemplo el
caso de la legislación reciente de Chile, que
prohíbe el bloqueo, interferencia, discri-
minación y la restricción de derechos “de
cualquier usuario de internet para utilizar,
enviar, recibir u ofrecer cualquier conteni-
do”. Advirtió que una restricción a la liber-
tad de expresión en internet por razones
de seguridad nacional “no debe fundarse
o cuando medie orden de autoridad competen-
te”. Y a pesar de que en rueda de prensa Loza-
no reiteró que el bloqueo se permitiría “cuando
medie orden judicial”, su texto alude sólo a la
“autoridad competente”.
La abogada Irene Levy, presidenta de Ob-
servatel, aclara que una autoridad competente
también puede ser una autoridad administrati-
va, no necesariamente un juez.
En el mismo artículo, en el rubro de “no dis-
criminación”, el documento de Lozano expone
que los concesionarios y los autorizados que
presten servicio de acceso a internet “se abs-
tendrán de obstruir, interferir, inspec-
cionar, filtrar o discriminar contenidos,
aplicaciones o servicios”.
El panista agregó los verbos “ins-
peccionar” y “filtrar”, pero eliminó la
frase “salvo cuando los mismos sean
ilegales o ilícitos”. También suprimió
la frase polémica sobre “privacidad”,
que estaba en la iniciativa del Ejecutivo
federal en el mismo artículo 145, se-
gún la cual los concesionarios y pres-
tadores de servicio de internet podían
“bloquear el acceso a determinados
contenidos, aplicaciones o servicios a
petición expresa del usuario o cuando
medie orden de autoridad o sean con-
trarios a alguna normatividad”.
Conocida como la principal viola-
ción a los derechos de los usuarios a la
privacidad, esta orden desapareció en
el artículo 145, pero se incorporó con
una nueva redacción en el 189 –apar-
tado “colaboración con la justicia”–; en
éste se especifican las otras leyes se-
cundarias que pueden ordenar el blo-
queo de señales.
en una idea de seguridad nacional incom-
patible con una sociedad democrática”.
Sobre el bloqueo de señales la relato-
ra de la CIDH indicó que éste “debe ser ex-
cepcional y proporcional” para que afecte
“exclusivamente el contenido reputado
ilegítimo”.
El naufragio de Lozano
Entre lunes 21 y martes 22 también se
pronosticó en mensajes en Twitter y otras
redes sociales una dura sesión de los se-
nadores responsables de dictaminar la
Asimismo, refiere que los concesionarios
están obligados “en los términos que establez-
can las leyes en la materia a prestar auxilio a las
instituciones federales y locales de procuración
de justicia y a las policías que en la investiga-
ción de los delitos actúan bajo la conducción
y mando del Ministerio Público, así como a las
instancias de seguridad nacional, previstas en
la Ley General del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales y en la Ley de Seguridad
Nacional”.
Estas mismas leyes, modificadas por el
Un senador al servicio de…
IvánMéndez/cuartoscuro.com
Peña y Azcárraga. Cofradía