Prc c-1773

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semanario de información y análisis
24 de octubre de 2010 • No. 1773
Índice
Sembradío de mariguana en Sinaloa.
Foto portada: Eduardo Miranda
NARCOTRÁFICO
6 Los cárteles imponen su ley /Ricardo Ravelo
10 El narco es ya un poder político y un
desafío abierto /Gerardo Albarrán de Alba
14 De cómo se perdió Chihuahua... /Patricia Dávila
20 Caso Godoy: Lo juzgan diputados con estigma
/Jesusa Cervantes y Francisco Castellanos
MIGRACIÓN
24 En el tráfico de cubanos, colusión
Zetas-autoridades /Jorge Carrasco Araizaga
y Peniley Ramírez Fernández
POLÍTICA
28 Ante su elección, un PAN “perverso” y “corrupto”
/Álvaro Delgado
ECONOMÍA Y FINANZAS
34 Una ley para desmantelar al Estado
/Jenaro Villamil
TELECOMUNICACIONES
38 “Apagón” al presidente /Jenaro Villamil
INTERNACIONAL
42 FRANCIA: El incendio francés
/Anne Marie Mergier
46 BRASIL: Las campañas se “fundamentalizan”
/Pablo Giuliano
49 CUBA: Nuevos “empresarios”... e impuestos
/Juan Balboa
ANÁLISIS
52 21 reflexiones sobre la Licitación 21
/Denise Dresser
10
24
20

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ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos.
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agencia de fotografía
53 Un clásico priista /Helguera
54 Interés Público /Miguel Ángel Granados Chapa
56 Los generales al poder /John M. Ackerman
57 Seguridad, transparencia y derechos humanos
/Ernesto Villanueva
58 Fuero militar e impunidad /Jesús Cantú
CULTURA
60 Katz y la Revolución Mexicana /Carlos Silva
INVENTARIO
63 Alrededor del Edificio Ermita
/José Emilio Pacheco
66 Páginas de crítica
Arte: Dispendios culturales: La adquisición
de obras /Blanca González Rosas
Teatro: Reciente estreno de José Sanchis
Sinisterra /Estela Leñero Franco
Danza: Danza en el FIC /Rosario Manzanos
Cine: Año bisiesto /Javier Betancourt
Televisión: Televisa: de la ruptura a las nuevas
alianzas /Alma Rosa Alva de la Selva
ESPECTÁCULOS
70 Ley del PT en apoyo al cine, “positiva, pero…”
/Columba Vértiz de la Fuente
72 El impacto de Presunto culpable en Biarritz
/Anne Marie Mergier
DEPORTES
74 La dolce vita /Luciano Campos Garza
77 Ciudad Juárez: La quimera presidencial
/Beatriz Pereyra
80 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens /El cinicómetro
/Helguera y Hernández
60
42
34 77

Desde 2001, el gobierno de Vicente Fox, que recién ini-
ciaba su gestión, fue advertido de que el narcotráfico
estaba posicionándose en los municipios, pero sus co-
laboradores no hicieron nada. Esa tendencia creció y
ahora las bandas del crimen organizado controlan poco
más de la mitad de territorio nacional, según revela un
estudio reciente divulgado por la Comisión de Desarro-
llo Municipal de la Cámara de Senadores.
RICARDO RAVELO
E
n septiembre pasado, un gru-
po de legisladores del PRI vi-
sitó al procurador general de
la República, Arturo Chávez
Chávez, para pedirle infor-
mación sobre el estado en
que se hallaban las investiga-
ciones de su correligionario
Rodolfo Torre Cantú, el can-
didato a la gubernatura de Tamaulipas que
fue ejecutado en vísperas de los comicios
de julio anterior.
El funcionario les mostró videos y les
6 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010

explicó que entre los posibles móviles del
crimen estaba el robo. Uno de los dipu-
tados increpó a Chávez y le reclamó por
qué no había avances en el caso de Torre y
cuál era la razón por la cual muchas de las
muertes nunca son aclaradas.
De acuerdo con un testigo de ese en-
cuentro, Chávez escuchó con atención a su
interlocutor y le respondió: En el país hay
territorios “a los que no puedo entrar… sin
el apoyo del Ejército”.Y uno de esos terri-
torios es precisamente Tamaulipas; otros
son Sinaloa, Guerrero, Chihuahua…
La respuesta de Chávez sólo corrobora
lo que investigadores y exfuncionarios del
gabinete federal vienen diciendo desde ha-
ce tiempo: que el Estado mexicano no sólo
ha perdido fuerza en cientos de municipios,
sino que el crimen organizado disputa el
control territorial a las autoridades en más
de la mitad de las entidades del país.
Y aun cuando un diagnóstico de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
elaborado en 2001 daba cuenta de los pro-
blemas que enfrentaban los funcionarios
de esa dependencia para trabajar con los
programas sociales en diversos estados del
país, ninguna autoridad se ocupó del tema.
Las voces de alerta sobre la expansión del
narcotráfico en México y el control territorial
y político que ejercen los cárteles de la dro-
ga en decenas de municipios arreciaron en
2007, a raíz de que el gobierno calderonista
emprendió la guerra contra el crimen organi-
zadoutilizandoalEjércitocomoinstrumento.
“La guerra comenzó tarde, el narco ya
controla territorios, promueve y financia
candidatos a alcaldes y diputados y man-
tiene secuestrada la estructura municipal
del país”, dijo entonces Edgardo Busca-
glia, profesor visitante y coordinador del
Programa Internacional de Justicia y De-
sarrollo del Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (ITAM).
Un año después, en 2008, cuando en el
NARCOTRÁFICO
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 7
NARCOTRÁFICO

país se contabilizaban 6 mil bajas a causa de
los enfrentamientos entre los sicarios de las
organizacionesantagónicasydeéstoscontra
lasfuerzasfederales,elentoncesprocurador,
Eduardo Medina Mora, advirtió:
“El Estado mexicano ha perdido po-
testad en buena parte del país, los grupos
criminales se han apoderado de territorios
y ejercen fuerza y violencia para imponer
su voluntad, cobran impuestos a través de
las extorsiones y se han convertido en una
verdadera amenaza para el Estado.”
Las voces de alarma llegaron al extran-
jero. El director del Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional (Cisen), Gui-
llermo Valdés, declaró en julio de 2008
al diario británico Financial Times que el
narcotráfico estaba ya involucrado en las
campañas de algunos legisladores.
Los cárteles de la droga han cooptado
a muchos agentes regionales, integrantes
del Poder Judicial y del gobierno federal,
quienes brindan protección a los narcotra-
ficantes, dijo Valdés. Y agregó: “El Con-
greso de la Unión no está exento”.
El 30 de agosto pasado, la Comisión
de Desarrollo Municipal de la Cámara de
Senadores presentó una radiografía so-
bre el narcotráfico en México. En sus con-
clusiones, los legisladores establecen, por
ejemplo, que los capos de la droga contro-
lan grandes extensiones territoriales en las
que el Estado ya no puede gobernar a tra-
vés de sus instituciones.
El estudio aporta un dato revelador: las
redes del narcotráfico mantienen bajo su
control 71% del territorio nacional.
Ramón Galindo, presidente de la comi-
sión legislativa que elaboró el análisis, ase-
gura que “el narco ejerce total hegemonía
en 195 municipios y tiene fuertes influen-
cias (políticas y económicas) en otras mil
500 demarcaciones”. Admite también que
los capos han impuesto su voluntad median-
te sobornos y amenazas a la clase política.
Elaborado por un grupo de expertos
contratados por el Senado de la Repúbli-
ca, el documento detalla la forma en que las
células de la delincuencia penetraron la es-
tructura de los municipios: “En la mayoría
de las alcaldías existe una estructura crimi-
nal capaz de controlar los negocios del cri-
men organizado, el narcomenudeo, el culti-
vo y tráfico de drogas y la extorsión”.
Feudalización galopante
De acuerdo con la radiografía del narco,
los municipios son “el eslabón más dé-
bil” de la cadena del poder político. Los
funcionarios de los ayuntamientos tienen
contacto directo y cotidiano con la gente,
aun con los presupuestos raquíticos con
los que operan, las políticas económicas
y sociales erráticas y el desinterés de los
gobiernos estatales y federal.
“Los cárteles –indica– sí que han sabi-
do la fórmula de la ecuación. Han entendi-
do que el municipio, al ser el nivel de go-
bierno más cercano a la gente, es el que
había que echarse a la bolsa particular-
mente para las operaciones de narcome-
nudeo, una de las fuentes de ingreso más
importantes del crimen organizado.”
Hoy, las redes criminales cuentan con
infraestructura, cooperación política y con
el silencio cómplice de las autoridades
municipales; además, operan “bajo el res-
guardo de la corrupción, con protección
política y con apoyo logístico de la poli-
cía”, destaca el estudio legislativo.
La Comisión de Desarrollo Municipal
de la Cámara de Senadores expone tam-
bién en el estudio que las autoridades mu-
nicipales –alcaldes, síndicos y regidores–
se quejan de falta de apoyo e insisten que
no quieren ser meras figuras decorativas,
menos aun cuando las amenazas que re-
ciben son cada vez más frecuentes. En los
últimos tres años han sido asesinados 41
funcionarios municipales.
En julio de 2006, meses antes de que
Felipe Calderón llegara a Los Pinos, tenía
Retén narco en Chihuahua
8 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010
NARCOTRÁFICO

información sobre la penetración del nar-
co en los municipios. La PGR le entregó
un amplio diagnóstico, según el cual los
capos de la droga controlaban 80 presi-
dencias municipales a lo largo del país.
A cuatro años de distancia, los territo-
rios que el gobierno considera “perdidos”
incluyen Nuevo Laredo y Reynosa, en Ta-
maulipas; Morelia, Uruapan, Apatzingán,
en Michoacán; Culiacán y Guamuchili-
to, en Sinaloa; Acapulco y Zihuatanejo,
en Guerrero. En esas plazas los sicarios
cobran a las empresas el “derecho de pi-
so” para que sigan funcionando, e incluso
controlan la prostitución.
Para el investigador Edgardo Buscaglia,
este fenómeno es una feudalización: “En to-
dos los países (se da) la infiltración de la de-
lincuencia organizada. Primero, mediante re-
laciones personales, sobornos o extorsiones a
las autoridades; luego crean feudos, cuando
el personaje al que financian se transforma en
diputado, alcalde o gobernador”.
Buscaglia menciona que un grupo de
expertos de la ONU realizó una investiga-
ción en varios estados de la República en
la que se detectó que México está sufrien-
do una feudalización, que del ámbito mu-
nicipal se está yendo a las gubernaturas. Y
alude al caso de Mario Villanueva Madrid,
en Quintana Roo, quien fue encarcelado al
término de su gestión como gobernador de
esa entidad por sus vínculos con el cártel de
Juárez. “Su caso no es el único”, comenta
el investigador.
Define como afganización al proce-
so mediante el cual el narco ha penetrado
los municipios a lo largo de la administra-
ción calderonista, precisamente la que de-
claró la guerra a la delincuencia organiza-
da y que, hasta ahora, ha dejado alrededor
de 30 mil muertes.
Autor de innumerables libros y ensayos
sobre seguridad nacional, Buscaglia señala
que el crimen organizado le ha arrebatado
al gobierno 982 bolsones territoriales don-
de no hay gobernabilidad, y este caso, dice,
es muy similar al que enfrenta Afganistán,
en donde no hay autoridad formal del Esta-
do, pues la autoridad es el grupo criminal
o bien el gobierno municipal que trabaja o
forma parte del grupo criminal.
“El proceso de afganización, es decir, de
ausencia del Estado en esas 982 zonas, se ha
ido extendiendo a lo largo de los últimos tres
años. En 2007 contabilizábamos solamente
353 municipios; en 2009 eran 650 y ahora
son 982”, dice el investigador del ITAM.
Los feudos del narco
La administración calderonista admite
que hay territorios donde el Estado ya
perdió potestad. Fue la Sedesol la que de-
tectó la penetración del narcotráfico en el
ámbito municipal en 2001, una vez que
llegó el PAN a Los Pinos con Vicente Fox.
Ese año, la dependencia publicó el es-
tudio Producción, tráfico de estupefacien-
tes y microrregiones prioritarias, en el
que advertía sobre la invasión del narco-
tráfico en distintas zonas del país, lo que
significaba un obstáculo para aterrizar los
programas sociales del gobierno federal.
De acuerdo con el documento, algunos
municipiosdeJalisco,DurangoyNayaritcon
población indígena mayoritaria eran lugares
con fuerte presencia del narcotráfico tanto en
la zona rural como en la actividad política.
Para los analistas de la Sedesol, otros
feudos del narco eran las zonas de Tierra
Caliente y La Montaña, en Guerrero; La
Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca;
Las Cañadas y la Zona Selva, en Chiapas;
La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La
Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebra-
das, ubicada entre los estados de Duran-
go y Sinaloa, el llamado “triángulo dora-
do del narco”.
En esas demarcaciones la producción
y trasiego de estupefacientes es elevada.
La presencia del narco es tan poderosa
que durante el sexenio foxista los emplea-
dos de la Sedesol tuvieron problemas para
desarrollar el programa Contigo, Manos a
la Obra. La razón: los capos capturaron a
la población con todo y autoridades y aca-
pararon los programas de bienestar social.
La titular de la Sedesol en el sexenio
pasado, Josefina Vázquez Mota, supo des-
de el principio que la feudalización era un
hecho, aunque lo ocultó. Sin embargo, se-
manas antes de abandonar el cargo, la fun-
cionaria declaró: “Nosotros hemos detec-
tado casi 900 municipios, de acuerdo con
los índices de Conapo (Consejo Nacional
de Población), de muy alta marginación, y
en 80% se revela información de amplias
zonas cultivadas con enervantes”.
En septiembre de 2008, ante la cúpula
de su partido, el propio Calderón declaró
que el crimen organizado cuenta con opera-
dores en el ámbito político; incluso advirtió
sobre el peligro de que algunas campañas
sean infiltradas con dinero del narcotráfi-
co. “Si digo que esto es un reto para Ac-
ción Nacional es porque estoy convencido
de que es un reto para todo el sistema polí-
tico mexicano” (Proceso 1664).
El crecimiento del poder criminal, que
ahora controla más de la mitad del territo-
rio nacional, llamó la atención de las auto-
ridades de Estados Unidos, país que sigue
con detalle el desarrollo de la guerra em-
prendida por la administración calderonis-
ta contra el crimen organizado.
El martes 5 de octubre, Bob Killebrew
y Jennifer Bernal, del Centro para una Nue-
va Seguridad en Estados Unidos (CNAS,
por sus siglas en inglés), divulgaron en Wa-
shington un reporte que analiza el poder del
narcotráfico y del crimen organizado en ge-
neral en su lucha contra el Estado, lo que
ellos llaman “insurgencia criminal”.
Conocedores del fenómeno de la
penetración del narcotráfico en municipios
yregionesdeMéxico,losanalistassostienen
que el país enfrenta una metástasis a causa
de la nueva insurgencia criminal organizada.
Las redes amenazan a los gobiernos y
sociedades civiles del hemisferio occiden-
tal y cada vez más a Estados Unidos, dicen
Killebrew y Bernal. Ambos sostienen que
el narco intenta “debilitar o impedir las fun-
ciones del gobierno”. Para ilustrar lo que
dicen, mencionan a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia y las compa-
ran con los cárteles mexicanos y con algu-
nas redes trasnacionales del crimen.
Por su parte, el senador republicano
Dick Lugar dijo que la violencia en Méxi-
co ha adquirido características de una nar-
coinsurreción porque los cárteles intentan
limitar el control del gobierno federal en
gran parte del territorio nacional.
El estudio de Killebrew y Bernal le-
vantó polémica en Estados Unidos. En
contraste, aquí el gobierno calderonista se
niega a reconocer que el de México es un
Estado fallido, como lo llama el investiga-
dor del ITAM Edgardo Buscaglia. ●
Los bolsones territoriales del narco
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 9
ÓscarAlvarado

L
a salvación de este país es “una mo-
vilización social fantástica” que dé
origen a un gobierno incorrupti-
ble. Esa es la utopía que por un mo-
mento atisba Porfirio Muñoz Ledo.
Luego lo vence su propio escepti-
cismo: “Yo tiendo a pensar que México no
tiene solución como Estado-nación”.
A punto de lanzar su nuevo libro, La vía
radical para refundar la República (Grijal-
bo), apuesta a conjurar la inviabilidad del
país mediante la reinvención de la política.
Pero la realidad le plantea otros escenarios.
El optimista es la transformación de la
sociedad mexicana y la emergencia de una
nueva generación política, aunque es tam-
bién el menos probable: las salidas civiles
son lentas, llevan de menos una generación,
lamenta.
El otro, amenazadoramente cerca, es
la internacionalización del conflicto en
México y una posible intervención militar
de Estados Unidos, o que los halcones de
Washington adopten “una política de susti-
El narco es ya
Un Porfirio Muñoz Ledo cada vez menos capaz de mos-
trarse optimista ante la realidad nacional prevé la afga-
nización de México, es decir, que se llegue a una com-
probación de que el país es de plano ingobernable. En
entrevista con Proceso,el diputado federal por el Partido
del Trabajo ve venir la internacionalización del “conflic-
to”mexicano y hasta una posible intervención militar de
Estados Unidos, o bien una sustitución de la autoridad
civil por la militar. En cuanto al narcotráfico, asegura:
“Ya es un poder político y un desafío abierto”.
GERARDO ALBARRÁN DE ALBA
tución de la autoridad civil por la autoridad
militar” en el país.
Para el actual diputado por el Partido
del Trabajo –y un ex de casi todo lo que se
puede ser en política– la amenaza es real.
México no sólo es un Estado fallido, se-
cuestrado por los poderes fácticos, sino
que el narco “es la prueba plena de la pu-
trefacción del Estado” que se da en todos
los órdenes, a partir de que el presidente
Miguel de la Madrid (1982-1988) fue do-
blegado desde Washington para “librar en
territorio mexicano una guerra estaduni-
dense”, que costó la vida de Luis Donaldo
Colosio, candidato priista a la Presidencia
en 1994, y que hoy “es el reflejo de la au-
sencia del Estado nacional”.
La nueva batalla de Muñoz Ledo no es
intemporal. Es en el marco de la sucesión
presidencial de 2012. Pero sin un cam-
bio de fondo de las condiciones políticas
del país, con apoyo de la ciudadanía, “yo
no apuesto mayormente por el futuro de
México”.
En una serie de ensayos y artículos en-
garzados cronológicamente entre la ilegi-
timidad de los mandatos de Carlos Sali-
nas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa,
producto de los fraudes electorales de 1988
y 2006, Muñoz Ledo documenta la inviabi-
lidad del país.
Pese al provocador título del libro (“no
quiero desilusionar a nadie”), su propues-
ta no considera la vía armada, que ve can-
celada en México. En cambio, pasa por la
exaltación de la política y su naturaleza
opuesta al mercado, ligada a la Constitu-
ción y a la democracia. A fin de cuentas,
insiste en la reforma del Estado evadida en
las administraciones panistas, en replan-
tear el sistema de representación y en de-
volver el poder a la ciudadanía. Es su vie-
ja idea de la nueva República.
En su libro, Muñoz Ledo analiza el pro-
ceso electoral de 2006 (“que no es necesa-
riamente dogmático”), las consecuencias
de la ilegitimidad de un gobierno de mino-
ría sostenido con pulmones artificiales (“su
alianza subterránea con el PRI y su depen-
dencia con los poderes de facto”) y su pro-
puesta de revocación de mandato de Calde-
rón (“que me valió tantas injurias, ataques y
amenazas”).
La vía radical concatena otros temas,
como el Estado fallido, el debate sobre el
petróleo en México, la política exterior de
la actual administración y la crisis de la iz-
quierda. La conclusión es que “no hay otra
solución que no sea radical” ante lo que él
llama “el nivel de corrupción, de degrada-
ción moral de la sociedad, la pérdida de
autoridad del Estado y la entrega total del
país a un proceso de acumulación global,
que no le dan viabilidad a México”.
Las opciones, los descartes…
La entrevista apenas comienza y el políti-
co de 77 años luce cansado. Por un instan-
te calla, el cigarro en la mano, aún sin en-
un poderpolítico y un desafío abierto
10 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010

cender. Sus hombros caen hacia adelante,
cierra los ojos y dice: “Yo tiendo a pensar
que México no tiene solución como Esta-
do-nación”.
–Así planteado, parece que no se pue-
de hacer desde la política...
Muñoz Ledo se yergue para comentar:
–Ese es el tema. Qué es la política y si
se puede hacer desde la política. Te lo voy
a decir de un modo brutal: en el imaginario
colectivo de este país, lo digan o lo oculten,
flotaba la analogía 1810-1910-2010.
Precisamente, la propuesta de revoca-
ción de mandato de Calderón que Muñoz
Ledo promovió durante 2008 y 2009 bus-
caba una salida a esa amenaza simbólica:
un presidente interino de consenso nacio-
nal que evitara una gran confrontación na-
cional. No ocurrió ni lo uno ni lo otro.
“Una de las tragedias de México es que
también tiene obturada la vía revoluciona-
ria”. Apela a la historia: no hay revolucio-
nes triunfantes en el mundo desde 1979,
tras la caída del Sha de Irán y de Anasta-
sio Somoza en Nicaragua. “A partir de ahí,
todo ha sido transiciones, del monolitismo
al pluralismo, de la dictadura a la democra-
cia”. Incluso las transiciones violentas al fi-
nal pasaron por las urnas, apunta.
–Nos deja sólo la guerra civil…
–La guerra civil en México no es ni
deseable ni posible. No sólo por el ante-
cedente histórico, sino porque hay tres
vías de escape a la enorme caldera en que
estamos viviendo. La primera es la mi-
gración, que desde la firma del Tratado
de Libre Comercio en 1994 ha significa-
do la salida de 10 millones de personas,
una barbaridad. La segunda es la econo-
mía informal, que diluye la presión de los
cuerpos organizados de la sociedad, co-
mo sindicatos y organizaciones civiles,
en actividades ilegales. Este país ha he-
cho de la ilegalidad más de la mitad de
su ser. La tercera, la más grave, es que la
cuota de sangre, de brutalidad del Méxi-
co bárbaro, es desahogada con creces por
la llamada guerra contra el narco. Los re-
beldes sociales son encabezados por el
crimen organizado.
Muñoz Ledo hace notar que cuando la
secretaria de Estado Hillary Clinton se refi-
rió a los narcotraficantes mexicanos como
“insurgentes” (a principios de septiembre,
lo que reiteró hace menos de dos semanas),
el mensaje fue que “ya se ha creado una si-
tuación de desafío al poder que los analoga
con los rebeldes”.
–Pero no los iguala…
–Ese es el punto fino. Al asemejarnos a
Colombia, Clinton está justificando una po-
sible intervención militar de Estados Unidos
en México. Ella no habla de memoria, tiene
toda la información disponible a su alcance.
El Departamento de Estado precisó que los
insurgentes no aspiran a tomar el poder en
México y que, por lo tanto, no se trata de una
fuerza rebelde, pero su control sobre vastos
territorios del país los analoga.
El problema con el narco mexicano,
advierte, es que “no se trata solamente de
un poder territorial, es un poder político y
un desafío abierto”.
–¿Hillary Clinton es un halcón de la
Casa Blanca?
– Yo no la llamaría así, pero… tiene
otra vena y otra veta.
Complicidades
En Colombia, aun en la peor época del
narcoterrorismo, “la corrupción no esta-
ba arriba”. No se puede decir lo mismo de
México, ni ayer ni hoy. Por eso ocurrió el
asesinato de Luis Donaldo Colosio, suelta.
“No se ha querido establecer el paralelismo
entre los magnicidios de Luis Carlos Galán
(candidato presidencial colombiano, ase-
sinado en 1989) y de Luis Donaldo Colo-
sio (candidato presidencial mexicano, ase-
sinado en 1994). No fue el discurso de Luis
Donaldo (lo que llevó a su muerte), fue su
negativa a negociar con ellos (los narcos),
que estaba propiciando el hermano del pre-
sidente”, Raúl Salinas de Gortari. “Lo de
Luis Donaldo fue una ejecución, con apoyo
de fuerzas irregulares”.
BenjamínFlores
Muñoz Ledo. “Estado sin salvación”
NARCOTRÁFICO
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 11

Tras el asesinato de Colosio, “aquí se
reanuda el sistema de complicidades”,
puesto en evidencia por el expresiden-
te Miguel de la Madrid en el noticiero de
Carmen Aristegui: “Dijo que su sucesor,
desgraciadamente, se alió al narcotráfico,
y su familia se involucró en actos crimi-
nales. Esa es una declaración ministerial,
y entonces ellos le sacan otra, inhabilitán-
dolo, para efectos judiciales, para impedir
cualquier pesquisa”.
Según Muñoz Ledo, la vinculación
de las altas esferas de la política mexica-
na con el narco “empezó por la debilidad
del gobierno de De la Madrid; se quedaron
con la Presidencia los que tenían la com-
plicidad. No sé si me explico. El problema
en este país es que la complicidad viene de
arriba abajo”.
–¿Esta complicidad se extiende a los
gobiernos panistas?
–¡Se extiende a todos! No hay funcio-
nario que se resista a que un verdadero nar-
cotraficante llegue a su oficina, le ponga
un maletín y le pida que se haga de la vis-
ta gorda. Si lo acepta, se hace cómplice y
ya está juramentado; si no lo acepta, que
se atenga. No hay nadie que pueda prote-
gerlos porque arriba hay complicidad tam-
bién. En un Estado regular debe hacerse
una investigación de quiénes están coludi-
dos, y debe hacerse pública; si no, tú tie-
nes tu lista secreta y la sacas cuando te dé
la gana. El uso faccioso de la información
por parte de la Procuraduría General de
la República no ha hecho sino corromper
más el proceso.
Todo esto explica la barbarie en que
se hunde el país. La guerra contra las dro-
gas de Calderón “es la estrategia de segu-
ridad de Estados Unidos”, pero tiene su
origen en la debilidad del sexenio de De
la Madrid. Desde enton-
ces, sostiene, “se libra en
territorio mexicano una
guerra estadunidense”.
El recrudecimien-
to actual de la violencia
y la presencia del Ejér-
cito en las calles provie-
nen de “un aflojamiento”
en el periodo de Vicen-
te Fox. “Calderón necesi-
taba sentirse seguro en el
poder, es un tema psico-
lógico. Por eso se viste de
militar y asume al Ejército
como su defensor y decla-
ra esta guerra. Necesita-
ba una alianza con Estados
Unidos, siguiendo al ex-
tremo su estrategia. Y ne-
cesitaba asumir el control
territorial del país. Esto es
una operación política, no
es realmente un combate al
crimen organizado”.
Intervención o golpe
Muñoz Ledo se cansa de hablar del nar-
co. Eso “es el reflejo de males más profun-
dos, de la ausencia del Estado nacional”.
El Estado fallido en México –tema que
sí le interesa– “es la realidad de un Esta-
do secuestrado o capturado. Deja de exis-
tir Estado cuando la autoridad responsable
de controlar una actividad económica, po-
lítica y social está al servicio de aquellos
a los que debe regular. En México, la au-
toridad está secuestrada por vía de la co-
rrupción, que es el verdadero drama de la
nación.Y el pluralismo político sirvió para
quitar los pocos controles que había de una
autoridad hegemónica y multiplicar la co-
rrupción. La competencia electoral se vol-
vió una competencia de corruptelas”.
Sí, el narcotráfico es un problema gra-
vísimo y ejemplar, acepta, “pero tiene que
entenderse como la prueba plena de la pu-
trefacción del Estado, que se da en otros
órdenes: en el control de la educación por
un gremio magisterial manejado por mer-
cenarios electorales, por una autoridad ju-
dicial que no se atreve a cumplir su fun-
ción por temor a los factores políticos, por
la negociación con los particulares, como
en la Licitación 21 para Televisa…”.
Por eso plantea una “vía radical” de
solución, porque “México no tiene sali-
da revolucionaria y las salidas civiles son
lentas para la gravedad de los problemas,
eso toma al menos una generación”. Para
colmo, dice, dos terceras partes de la ju-
ventud “son víctimas potenciales o reales
de los procesos de corrupción de la delin-
cuencia organizada”.
–Si la vía revolucionaria está cance-
lada, si a la vía de la política tradicional
no le alcanza el tiempo, ¿qué queda? ¿La
balcanización?
–No la veo, no la veo…
no la veo ahorita –balbu-
cea–. Lo que sí te creo es
la conversión de un pro-
blema interno en una gue-
rra internacional. Es Afga-
nistán, es Irak. Pero esa es
una solución que viene del
exterior, que podría ser la
consecuencia última del
discurso de Hillary Clin-
ton –y que puede ser su
arma política para el futu-
ro–, si el problema inter-
no de México se vuelve
extremadamente peligro-
so desde el punto de vis-
ta político, electoral y de
seguridad para un país
vecino.
–Es decir, una inter-
vención militar de Esta-
dos Unidos en México.
–Directa, no. Hay muchas
modalidades. En política no hay demasia-
das hipótesis.
El viejo diplomático, que coincide con
Buscaglia, levanta la nariz, otea: “Yo veo
ahí… ya apuntada en el horizonte, la vía
de la afganización de México; que se lle-
gue a una comprobación tal de que este
país es ingobernable, que se le descalifi-
que. Aquí no es el Estado, o el gobernan-
te –como fue el caso de Sadam Hussein–,
el que está desafiando al imperio. Lo es-
tá desafiando el crimen. Y con ese pretex-
to nos pueden imponer un Plan Colombia
a lo bestia.
“Estamos en un círculo vicioso en el
cual, en la medida en que el gobierno de
México no puede controlar al narco ni ga-
nar la famosa guerra, nos sigue metiendo en
el concepto que más daña al país: que és-
ta es una guerra interna. En el momento en
que Calderón, por razones de propaganda
política, decidió llamarle ‘guerra’, cometió
un crimen político contra el país, porque de
ahí se pueden valer las potencias para de-
cir que se enfrenta un caso de beligerancia.
Cuidado. En el caso de Irak fue contra el
gobernante, aquí puede ser contra quien ha
barrido la capacidad del Estado.”
El riesgo mayor de la internacionali-
zación del problema de México no es tan-
to una expresa intervención militar, aclara,
“sino la adopción de una política de susti-
tución de la autoridad civil por la autori-
dad militar en este país”.
En oposición al desastre, Muñoz Ledo
abraza su propia utopía: “Un país que sea
de veras. El rescate de la nación mexica-
na como proyecto de vida, para lo cual fui
educado. Y eso es imposible sin un cam-
bio radical de la política. La otra es la diás-
pora, que los mejores se vayan y se quede
el territorio en manos de los maleantes y
ocupado por militares”.
Precisa: “La vía radical es una movi-
lización social y de conciencias en la co-
yuntura de 2012, donde la gente impida el
fraude electoral, exija elecciones limpias,
pueda lograr un cambio razonable en el
sistema de comunicación de masas, y lle-
ve al poder a un gobierno capaz de iniciar
una reforma política a fondo, de combatir
la corrupción y de replantear la posición
de México en el mundo”.
–¿Y quién pude dirigir ese gran movi-
miento civil?
–Es obvio que la izquierda. Pero la iz-
quierda debe evitar los conflictos internos,
la partidización de los conflictos, las pe-
queñas batallas y reservarse para la mayor
de ellas. No por ganar municipios o regi-
durías se gana la nación. En 88 no tenía-
mos un solo gobierno en ningún estado y
les ganamos las elecciones; no teníamos ni
partido político. Y en 2006 las gubernatu-
ras que teníamos ni siquiera jugaron mu-
cho a nuestro favor. La batalla es en 2012,
y no es de trincheras.
12 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010
NARCOTRÁFICO

PATRICIA DÁVILA
E
n Chihuahua las estructuras
del crimen organizado per-
manecen prácticamente into-
cadas. En dos años y medio
de guerra, aparte de la sobre-
vivencia del cártel de Juárez,
se consolidó ahí el de Sina-
loa, y ni siquiera pudo dismi-
nuirse la violencia en Ciudad
Juárez… Tal es el desalentador balance de
Patricia González Rodríguez, procuradora
de Justicia del estado durante la adminis-
tración de José Reyes Baeza, que conclu-
yó el lunes 4 de octubre.
En entrevista, atribuye esa situación al
“error” de cambiar drásticamente la estra-
tegia del Operativo Conjunto Chihuahua
(OCCH) en marzo pasado y a la “infiltra-
ción” del narco en las policías de los tres
niveles de gobierno.
También responde los señalamientos
contra ella, principalmente los del ahora
expresidente municipal de Ciudad Juárez,
José Reyes Ferriz, quien consideró “falli-
da” la guerra contra el narcotráfico debido a
la “impunidad con que la procuraduría (es-
tatal) permitió que se movieran los delin-
cuentes” y al hecho de que esa institución
“liberó” a 9 mil 500 detenidos que le en-
tregó la policía municipal (Proceso 1771).
A González Rodríguez se le involu-
cró en el asesinato del periodista Arman-
do Rodríguez, El Choco, reportero de El
Diario ejecutado por un comando el 13 de
noviembre de 2008. También se le seña-
ló como la persona que en el municipio de
Namiquipa contrató a policías para reali-
zar ejecuciones. Se le atribuyó igualmente
haber protegido al cártel de Juárez.
Ella rechaza todas las acusaciones. Se
dice maestra universitaria “de toda la vi-
da” y afirma que presentará una demanda
por daño moral contra Reyes Ferriz, por sus
declaraciones: “No voy a permitir que esta
persona dañe mi imagen como académica”.
Relata que recibió la procuraduría con
niveles altísimos de corrupción y que in-
cluso los policías usaban botas, sombrero
y cadenas de oro. Ahora, asegura, univer-
sitarios de varias disciplinas trabajan en la
investigación criminal. Enseguida entrega
a la reportera una relación de gastos en la
cual consta que el gobierno del estado le
asignó 270 millones de pesos al OCCH.
“Reyes Ferriz, destinó 400 millones, sí,
pero es el presupuesto normal para la cor-
poración, no puso un peso adicional”.
Aclara que no fue el expresidente mu-
nicipal –a quien califica de “misógino”–
el que solicitó la intervención federal: “En
marzo de 2008 me encontraba en Juárez
Germán Canseco
La exprocuradora. Balance desalentador
14 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010

Antes del secuestro que sufrió su hermano el jueves 21, la
exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia
González, ofreció a este semanario su versión sobre lo que
falló en el Operativo Conjunto Chihuahua. Aunque no admite
que haya sido un fracaso total, dice que “está agotado” y
critica el “error” de sacar al Ejército de Ciudad Juárez. Aho-
ra,advierte,si no se sanean todas las corporaciones policia-
cas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada
reducirá la violencia homicida de los cárteles.
entrenando a peritos que iniciaban el Sis-
tema Penal Acusatorio. Veíamos que se
suscitaba un homicidio tras otro. Llamé al
gobernador (José Reyes Baeza) y le dije:
‘Oye, ¡esto está terrible! El año pasado hu-
bo 309 homicidios y ahorita va una cifra
cercana. ¡Es inusitado! Necesitamos pedir
apoyo a la federación’”.
De inmediato, dice, Reyes Baeza con-
vocó a una reunión con oficiales de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El 3 de abril de aquel año se reunieron el
Gabinete de Seguridad federal y el esta-
tal para revisar los términos del operativo.
“Reyes Ferriz no fue, hubo que mandarlo
llamar”, enfatiza la exprocuradora.
“En esa reunión se molestó porque le
dije que tenía que sanear la policía. Le co-
menté que yo incluiría a la Policía Estatal
y a la Ministerial, aunque llevábamos ca-
si cuatro años de depuración. Para enton-
ces buscábamos mecanismos para detec-
tar a los policías miméticos, ya que algunos
eran extraordinarios para mentir y pasaban
los exámenes de confiabilidad de la Secre-
taría de Seguridad Pública federal (SSP)”.
Ahí estaba presente el entonces se-
cretario de Gobernación, Juan Cami-
lo Mouriño. “Le dije: ‘Tiene que coop-
tar el Centro de Respuesta Inmediata
(CERI), porque desde ahí los policías
dirigen las ejecuciones’. Me pregun-
tó: ‘¿Cómo podemos ver eso?’ Le di-
je: ‘Vaya y aprópiese del CERI’. Cuan-
do logramos entrar, nos pusieron en un
cuarto diferente al de los radio opera-
dores, quienes concentraban y mani-
pulaban los sistemas de comunicación.
Por lo tanto, nuestras pantallas registra-
ban la imagen de un asesinato una ho-
ra después de que lo reportaban”, cuen-
ta González Rodríguez.
De cómo
se perdióChihuahua...
NARCOTRÁFICO
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 15

PATRICIA DÁVILA
P
atricia González Rodríguez, ex-
procuradora de Justicia de Chi-
huahua, en entrevista con Proce-
so disecciona las estructuras que
los cárteles de Juárez y de Sina-
loa formaron para disputarse el
control de los principales puntos del estado,
especialmente Ciudad Juárez.
Durante los últimos tres años la violencia
desatada por esas agrupaciones criminales
En apoyo de su versión, la exprocura-
dora entrega la declaración de Hugo Va-
lenzuela Castañeda, El Vale, integrante del
cártel de Juárez que fue detenido el 18 de
junio de este año. Ahí, él narra: “Mi fun-
ción en la organización es la de enlace con
la policía municipal. Yo les pedía que se
movieran del lugar cuando perjudicaban
algún punto de venta de droga o alguna
ejecución… soltar a los miembros de La
Línea, en caso de que fueran detenidos”.
Prosigue el detenido: “Entre los poli-
cías que apoyan las labores de La Línea
están el sargento Escobar y El Pigüi, del
agrupamiento pedestre, ambos del Distri-
to Delicias; un teniente también apellida-
do Escobar, de Babícora; el policía Rafael
y el teniente Aguirre, de Cuauhtémoc; el
teniente Salazar, de Benito Juárez; y del
Distrito Chihuahua, el policía Benavides,
El Traca, a quien hace dos meses cambia-
ron a la policía especial”. La Línea le pa-
gaba a El Vale 3 mil pesos por semana y
los policías municipales de enlace reci-
bían mil 500.
Por eso considera a la policía de Ciu-
dad Juárez “altamente peligrosa”. Por
ejemplo, se enteró de que la Sedena revisó
el banco de armas y encontró que carecía
de un registro individualizado, por lo que
cualquier policía usaba una un día y al si-
guiente otra. “Con esas armas se cometían
muchos delitos”, afirma.
“El Chapo” vs. “El Viceroy”:
municipio por municipio
alcanzó el máximo nivel y puso a esa ciudad
como la más violenta del mundo, con 7 mil
ejecuciones en poco más de dos años.
Ambos cárteles tienen fuerte presencia
en el estado; en todos y cada uno de los mu-
nicipios, uno u otro tiene el control. El de Si-
naloa, explica la funcionaria, es el de mayor
presencia.
Dirigido por Vicente Carrillo Fuentes El
Viceroy, hasta 2007 tenía el control total de
la entidad. A partir de ese año el cártel de Si-
naloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera El
Chapo, entra por Guadalupe y Calvo y Gua-
chochi, en el sur, hasta apoderarse de Ascen-
sión, Parral, Jiménez, Camargo y Delicias.
En el centro, Guzmán Loera se queda con
el control de Benito Juárez y de Villa Ahuma-
da, que es paso estratégico para el trasiego
de drogas hacia cualquier punto fronterizo de
Chihuahua, pues tiene más de 300 brechas
que facilitan el traslado clandestino. Tras la
detención de Pedro Sánchez, tercero al man-
do del cártel de Juárez, la zona quedó bajo
control del cártel rival por conducto de José
Antonio Torres Marrufo.
En el norte, luego de la detención de José
Rodolfo Escajeda El Rikín, la mafia del Pa-
cífico se posesiona de Guadalupe Distrito
Bravo, Práxedis G. Guerrero y Ascensión,
municipios fronterizos con Estados Unidos.
Mientras tanto la gente de El Viceroy se
repliega hacia el occidente: Cuauhtémoc,
Madera, San Buenaventura, Galeana, Nuevo
Casa Grandes y Casas Grandes.
El cártel de Sinaloa pudo penetrar Ciudad
Juárez pero no ha desplazado al grupo local,
porloquesemantieneesadisputaamuertepor
laplaza.EnlaciudaddeChihuahuahaypresen-
cia de ambas mafias, aunque ahí la violencia
se contuvo.
El caso Juárez
De acuerdo con un diagnóstico elaborado
por la Procuraduría que González Rodríguez
encabezó hasta el pasado 4 de octubre, el
cártel de Juárez, a través de su brazo armado
La Línea, tiene actividades de narcomenudeo,
tráfico de armas, lavado de dinero, robo de
vehículos, secuestro, extorsión y ejecuciones.
Su estructura es la siguiente: bajo el man-
do de Vicente Carrillo Fuentes está José Luis
Ledesma o Pablo Ríos Rodríguez, El JL, ope-
rador en el estado, quien maneja a Luis Gui-
llermo Carrillo Rubio El Pariente, controlador
de los sicarios de La Línea en las plazas de
la entidad.
Los operadores en las principales ciuda-
des y centros de distribución de drogas son:
Juan Pablo Guijarro Fragoso El Mónico, en la
capital; en Puerto Palomas, Ascensión, Nue-
vo Casas Grandes, Janos y Puerto San Luis
está a cargo Carlos Vázquez Barragán El 20,
detenido por la Policía Federal el pasado 25
de julio.
En Zaragoza, manda Aldo Nájera, mien-
tras que en Gómez Farías, Nicolás Bravo y
Madera opera Óscar García Celis El Gallo; en
Ojinaga está El Chachitas, pero se sabe que
la gente de El 20 también emplea esa plaza
para enviar mariguana a Estados Unidos. En
Guerrero César Olivas, El 6 o El Sexto, traba-
16 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010
Guzmán Loera

ja con un individuo apodado El Papalote o El
Cantinﬂas.
En las comunidades de Namiquipa, El
Terrero, Casas Coloradas, Cologachi, Soto
Máynez y El Oso está a cargo Rafael Már-
quez. El Valle de Juárez lo controla Alfredo
Mota Sandoval La Muerta, quien quedó al
mando tras la detención de El Rikín Escajeda;
en esta zona, bajo las órdenes de La Muerta,
está Ricardo Cristóbal Flores El Zorro. Gua-
chochi estaba a cargo de Nibardo Villalobos
El Patas Cortas, actualmente preso.
Creel, Cuauhtémoc y Batopilas son ope-
rados por Hernán o Germán García Loya El
Gaviota, quien tiene como lugarteniente a
Misael Loya Caraveo. Delicias, Jiménez, Ca-
margo, Parral y Balleza las trabajaba Evaristo
Rentaría, quien ahora vive en Estados Unidos
en calidad de testigo protegido de la DEA y
el FBI.
Ciudad Juárez está a cargo de Juan Díaz,
El Leopardo, El Rojo o El Canelo, quien cuen-
ta con Antonio Acosta El Diego, El 10 o El Bla-
blazo como jefe de sicarios y con El Makarﬁ
como jefe de la distribución de drogas en los
seis distritos de policía de la ciudad; a él lo
ayudan El Mandis, El Casco o El Gordo.
Los operadores de las células de sicarios
en los distritos de la policía de Ciudad Juárez
(grupos de 10 matones que se caracterizan
por “sanguinarios”. Sus edades van de 20 a
30 años y casi todos vienen de Sinaloa, algu-
nos son expolicías o exmilitares. En Juárez al
principal grupo de sicarios, Los Aztecas, los
manda El 51 que está bajo las órdenes de El
JL) operan bajo el control de El Diego, quien
dirige personalmente la célula de Los Linces.
El Diego también comanda las seis cé-
lulas de las estaciones de policía de Ciudad
Juárez. El jefe de cada célula tiene de cinco a
ocho sicarios: Aldama es dirigida por El San-
ti, Babícora por El Oso, Cuauhtémoc por El
Junior, Delicias por Iván Contreras Keico y
Chihuahua por El Checo.
El 90% de los integrantes del cártel de
Juárez se dedica al narcomenudeo, y el res-
to, al tráfico de estupefacientes a Estados
Unidos; la organización, además, cobra por
“derechodepiso”25%delasgananciasdela
droga que otras organizaciones pasan al otro
lado de la frontera.
Sinaloa
A su vez los grupos y células del cártel de Si-
naloa, que avanza tomando el control del es-
tado, funcionan de manera similar. El líder en
el estado es Noel Salgueiro Nevárez El Flaco
Salgueiro.
Tienen grupos de sicarios, la Gente Nue-
va, en su mayoría originarios de Sinaloa, Mi-
choacán y Guerrero encargados de eliminar
a los integrantes del cártel local.
El principal operador en Chihuahua, El
Señor Delgado, es subordinado directo de
Salgueiro, quien antes contaba con Elizabeth
Rodríguez Griego, La Doña, asesinada el pa-
sado agosto y quien tenía a su mando dos
células de sicarios integradas por exmilitares
y vendedores de cocaína.
Los municipios de Ascensión, Puerto Pa-
lomas y Janos están a cargo de Mario Amaya
El 11, en sustitución de Fernando Arámbula,
preso en Estados Unidos. Desde El Porvenir
hasta Ojinaga el control lo tiene El Gavilán.
Nuevo Casas Grandes y Madera están a car-
go de Daniel Leo Pérez El 16; en la ciudad
de Parral trabaja El R-3, quien controla va-
rias células de pistoleros que se desplazan
a Cuauhtémoc, Delicias, Camargo y Ojinaga.
En Ciudad Juárez el operador principal es
JoséAntonioTorresMarrufo,ElJaguaroElÚlti-
moTerremoto;tambiéntrabajaahíMarioNúñez
Meza El Mayito o El M-10. El Valle de Juárez es
controlado por Gabino Salas Valenciano El In-
geniero, quien radica en Durango y tiene bajo
su mando dos células de sicarios, así como el
control del trasiego de drogas a Estados Uni-
dos. Torres Marrufo controla las pandillas de
Los Mexicles y Los Artistas Asesinos (AA).
Según el diagnóstico elaborado por la
Procuraduría, Torres Marrufo y Gabino Salas
son los responsables del incremento de la
violencia homicida y la inseguridad en Ciu-
dad Juárez debido a la constante confronta-
ción que mantienen con La Línea.
El cártel de Sinaloa se dedica en 90% al
tráfico de drogas al extranjero y en 10% al
En cuanto a los 9 mil 500 detenidos
que según Reyes Ferriz fueron liberados
por la procuraduría, González Rodríguez
aclara que durante el OCCH –coordina-
do hasta abril pasado por el general Felipe
de Jesús Espitia– hubo 384 detenidos por
homicidio, secuestro y robo de vehículo.
De ellos, 40% recibió sentencia condena-
toria. Los restantes esperan un juicio oral
privados de su libertad.Añade que 178 de-
tenidos confesaron su intervención y la de
otros en mil 600 homicidios cometidos
por la delincuencia organizada.
De acuerdo con los registros del Sis-
tema Gestor de la Reforma Penal –conti-
núa la polémica exprocuradora–, a través
de la justicia penal alternativa se solucio-
naron 18 mil 36 casos del fuero común por
lesiones, homicidio imprudencial o abuso
de confianza, mientras que 56 mil se con-
cluyeron con “un alto grado de satisfac-
ción” de las víctimas que decidieron la ter-
minación del procedimiento penal.
No obstante, este punto sigue dando de
qué hablar en Ciudad Juárez. El domingo
17, El Diario publicó que, a decir del fis-
cal de zona Jorge González Nicolás, exis-
tían nueve casos cuyo plazo legal para la
aportación de pruebas estaba por concluir,
lo que podría provocar que el presunto res-
ponsable sea liberado. Mencionó 35 casos
de personas detenidas por las policías fe-
deral y municipal y que después fueron li-
narcomenudeo en Ciudad Juárez, principal-
mente la venta de estupefacientes en los ce-
resosestatalymunicipal.Ademásobtienere-
cursosdelossecuestros,robos,extorsiones,
asaltos a comercios y bancos, ejecuciones,
contrabando, piratería, tráfico de personas y
de armas y falsificación.
La exprocuradora González también
proporciona a Proceso la radiografía de la
presencia y actividad delictiva de estos dos
grupos en Ciudad Juárez:
El JL, quien dirige a Los Aztecas, tiene
mayor presencia en las colonias Rancho
Anapra, Ladrillera, Popular, Altavista, Barrio
Alto, Centro, Azteca, División del Norte, Par-
tido Romero y Barreal.
A través de Los Mexicles Guzmán Loera
controla las colonias Nuevo México, Chave-
na, Juárez, Obrera y Pradera.
La función de Los Aztecas y de Los Mexi-
cles es evitar la incursión de grupos antagó-
nicos, vigilar los puntos de paso de droga a
Estados Unidos, reclutar adeptos y controlar
el narcomenudeo en los más de 6 mil picade-
ros distribuidos en la ciudad. ●
Carrillo Fuentes
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 17
NARCOTRÁFICO

beradas por el Ministerio Público (depen-
diente de la procuraduría estatal) a pesar
de que había elementos de prueba en su
contra, que ahora se investigan para solici-
tar una orden de aprehensión.
Inﬁltración total
En opinión de la exprocuradora, la violen-
cia asesina “no ha podido ser combatida”.
Ofrece números: en 2008 hubo mil 849
muertes, en 2009 se reportaron 2 mil 736 y
hasta el 30 de septiembre de este año iban
2 mil 414.
–¿Por qué no pudieron contener esa
violencia?
–En una estrategia los cambios no de-
ben ser radicales, de lo contrario se pier-
den información y liderazgo. Eso sucedió
en abril de este año, cuando sacaron al Ejér-
cito de Juárez y lo sustituyeron por la Poli-
cía Federal. Lo hicieron bajo el argumento
de que los soldados violaron los derechos
humanos. Estoy de acuerdo, pero no tenían
que dejarlos sólo como cerco de seguridad
en la periferia, la central camionera, el ae-
ropuerto, puentes internacionales y el Va-
lle, cuando ya dominaban la región y la for-
ma de operar de los cárteles.
“En su lugar llega la PF con un contin-
gente muy fuerte de 5 mil agentes. Eso es
RicardoRuiz/Procesofoto
RicardoRuiz
Ciudad Juárez. Crimen impune
Intimidación militar
18 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010

bueno, pero cuando hay un gran desconoci-
miento de una realidad como la de Ciudad
Juárez, puede pasar un año para conocer la
problemática. 2008 fue un aprendizaje pa-
ra el Ejército; 2009 fue un año de buenos
resultados porque dominaron la operación
y estructura de los cárteles; en 2010 podría
dar golpes precisos contra líderes de ambos
cárteles.”
Explica: “Desde su llegada, la PF asu-
mió el mando del OCCH. Sin embargo, la
investigación la realizaban 15 o 20 horas
después de haber hecho la detención. Hasta
queponíanaldetenidoanuestradisposición.
A nosotros nos acortaban el tiempo porque
teníamos48horasparaponeralosdetenidos
a disposición del juez de garantías”.
–¿Cómo están constituidos los grupos
delictivos?
–Existe un gran disimulo y respaldo
social a La Línea, brazo armado del cár-
tel de Juárez. Tenemos mapas criminoló-
gicos de cada una de las colonias y calles
de Juárez en donde existe una gran impu-
nidad en la comisión de delitos, sobre to-
do de homicidio.
–¿Entonces nunca hubo una limpia de
la policía?
–Estuve presente en una reunión en la
que Genaro García Luna (titular de la SSP
federal) le dijo al exalcalde (Reyes Ferriz)
que tenía que ser muy drástico en la depu-
ración y que tenía que empezar con quitar
a los mandos medios, pero nunca los qui-
tó, y siguen respaldando y operando a los
grupos criminales.
En cambio, en las corporaciones esta-
tales, “iniciamos en 2004; ahora contamos
con más de 500 policías profesionistas que
nada tienen que ver con el pasado. Pero los
cárteles no sólo asesinan a los malos poli-
cías, también asesinan a los buenos, y es-
te es el caso de la subprocuradora de Con-
trol Interno, Sandra Ivonne Salas García,
asesinada el 1 de julio pasado, y del direc-
tor de Servicios Periciales, Pedro Arago-
nez, a quien el grupo armado Los Linces,
del cártel de Juárez, ejecutó el 11 de agos-
to de 2009.
La Policía Judicial del Estado estaba
infiltrada, al grado de que El Diego, uno
de los líderes de La Línea, fue agente ju-
dicial. La PF, dependiente de la SSP, no
se salva. La entrevistada dice que también
está infiltrada, y nuevamente se apoya en
el testimonio de El Vale, quien fue ahorca-
do en su celda al mes de ser recluido:
“El 11, también conocido como El Zu-
caritas, es el enlace de La Línea con la Poli-
cía Federal. Estuvo preso en el Cereso mu-
nicipal de Ciudad Juárez, salió libre hace
tres meses y El Diego le dio trabajo en La
Línea. El Diego comentó por la frecuencia
que estaba arreglada la Policía Federal. En
la Ciudad de México El JL le dio a un al-
to funcionario de esta corporación 320 mil
dólares para que dejara trabajar en Ciudad
Juárez a La Línea. La cuota que se paga
aquí en la ciudad (Juárez) es de 140 mil dó-
lares semanales para que no detengan a na-
die, y si los detienen, que los dejen ir.”
Entra en detalles sobre el método de
pago a los federales: “El 35 (José Arman-
doAcosta Guerrero, detenido el pasado 16
de julio) recoge el dinero al 16, al 51 y al
12 los días martes de cada semana. El 35
es quien deposita el dinero en un banco”,
desconoce en cuál.
González Rodríguez asegura que poli-
cías federales intentaron forzar a El 35 pa-
ra que la involucraran a ella con La Línea,
pero rechaza que el gobierno federal esté
protegiendo al cártel de Sinaloa: “No creo
que esté protegiendo a ningún cártel. Más
bien, hay policías que trabajan para las or-
ganizaciones. Hablar de manera general es
un error, por eso en México los cárteles de
la droga se han fortalecido”.
–¿Cuánto resistirá el cártel de Juárez,
después de menguar su poder frente al de
Sinaloa?
–No mucho tiempo. A lo mejor dos
años.
–Si no existió un control real de la vio-
lencia, ¿qué le espera al operativo?
–El operativo ya se agotó. Cuando lo
iniciamos se trataba de una contención, pe-
ro faltó incorporar apoyos de tipo social y
de participación ciudadana. Ahora el desa-
fío es para la PF. Si realmente hay un sanea-
miento de las corporaciones, pienso que en
dos años hay posibilidades, no de eliminar
a los cárteles, pero sí de bajar la violencia.
–¿Felipe Calderón no se da cuenta de
ello?
–A veces los políticos están muy arri-
ba y los engañan.
–¿Tiene miedo?
–No. Procedí igual con la gente de
ambos cárteles. Nunca he recibido dine-
ro. Vivo de mi salario como académica.
No tengo carro, poseo una casa y un te-
rreno que adquirí cuando trabajaba en la
Judicatura. ¿Por qué no me investigan?
Mi familia la conforman personas respe-
tables, profesionistas.
La entrevista se realiza el lunes 18, en
las oficinas de Proceso en la Ciudad de
México. Al mediodía del jueves 21 la ex-
procuradora recibió la noticia de que Ma-
rio, su hermano, había sido secuestrado.
Al cierre de la edición, aún no había si-
do liberado. ●
NARCOTRÁFICO
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 19

20 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 201020 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010
F
iltraciones a los medios y con-
trovertidas revelaciones de la
presidenta de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara de
Diputados han vuelto el proceso
de desafuero del diputado federal
Julio César Godoy Toscano un asunto com-
plicado para el Poder Legislativo.
Al caso se suman los de dos integran-
tes de la Sección Instructora de la Cáma-
ra de Diputados –quienes analizan los
argumentos y pruebas de la Procuraduría
General de la República (PGR)– cuyos
historiales indican probables nexos con el
crimen organizado: los diputados Arturo
Zamora Jiménez (priista por Zapopan) y
César Octavio Madrigal Díaz (panista por
Guadalajara).
La agencia antidrogas de Estados
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)
mencionó a Zamora en un documento en
el que asienta sus presuntas ligas con nar-
cotraficantes y la supuesta protección que
les dio. Madrigal Díaz padece la relación
de su hermano Marco Antonio con los Va-
Lo juzgan
ElprocesodedesafuerodeldiputadoJulioCésarGodoy
Toscano se ha vuelto una compleja maraña política y
judicialenlaquehayfiltracionesdedocumentosygra-
baciones y donde se ventiló la estrategia de varios le-
gisladoresparapermitirlealacusadoevadirunaorden
de aprehensión. Pero hay un elemento que enrarece
todavía más el caso: los historiales de dos integrantes
de la Sección Instructora (instancia que validará o no
las pruebas de la PGR) muestran probables relaciones
con el crimen organizado.
Caso Godoy:
diputados con estigma
JESUSA CERVANTES
Y FRANCISCO CASTELLANOS
lencia Cornelio, líderes del desaparecido
cártel del Milenio.
El perredista Julio César Godoy Tos-
cano ganó en las urnas una diputación fe-
deral el 5 de julio de 2009, pero luego de
que la Secretaría de Seguridad Pública di-
vulgó que había una orden de aprehensión
en su contra por los delitos de “delincuen-
cia organizada, contra la salud y operacio-
nes con recursos ilícitos”, no se volvió a
saber de él, sino hasta el 23 de septiembre
pasado, cuando ingresó a San Lázaro pese
al cerco instalado por la Policía Federal…
y tomó protesta.
Él aseguró que había entrado ese mis-
mo día, pero el 24 de septiembre, en su no-
EduardoMiranda

1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 211773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 21
ticiario de Televisa, Joaquín López Dóriga
difundió un video que mostraba que Go-
doy había ingresado el 21 de septiembre
auxiliado por los diputados Telma Guajar-
do y José Narro y que había dormido en la
oficina del coordinador parlamentario del
PRD, Alejandro Encinas.
El video fue solicitado al área de res-
guardo de la Cámara de Diputados por la
presidenta de la Junta de Coordinación
Política, la panista Josefina Vázquez Mo-
ta, y entregado a Televisa. Además, el
miércoles 20, Vázquez Mota reveló al no-
ticiario de W Radio que había participado
en reuniones con legisladores perredistas
a fin de discutir la estrategia para que
Godoy entrara a San Lázaro y obtuvie-
ra el fuero constitucional que impide su
detención.
“Yo estuve varias veces para disuadir,
sobre todo a la luz de lo que yo advertía
que podía ser un grave daño a la vida ins-
titucional”, dijo.
La declaración sorprendió al presi-
dente de la Sección Instructora, el priista
chiapaneco César Augusto Santiago Ra-
mírez, quien junto con Arturo Zamora
(PRI), César Madrigal (PAN) y Mary Tel-
ma Guajardo Villarreal (PRD) forman esa
instancia. El viernes 22, César Augusto
Santiago declaró a El Universal: “Pensa-
ba que el caso Godoy no tenía una carga
política, pero puede existir con las revela-
ciones de Vázquez Mota”.
Una semana antes de las revelaciones
de la panista, en algunos medios se publi-
caron extractos del expediente que la PGR
envió a la Cámara de Diputados; además,
en W Radio se difundió la supuesta con-
versación entre Godoy y el líder de La
Familia Michoacana, Servando Martínez,
La Tuta.
El documento de la DEA
Como parte de la Sección Instructora, el
diputado priista Arturo Zamora Jiménez
es uno de los encargados de valorar las
pruebas de la PGR contra Godoy Tosca-
no; pero en un documento fechado el 25
de octubre de 2004, la DEA señaló a Za-
mora como protector de narcotraficantes,
según consta en el libro Narcotráfico, el
gran desafío de Calderón, de Alejandro
Gutiérrez, corresponsal de este semanario
en Madrid.
En entrevista con Proceso, Zamora
afirma: “Estoy poniendo de mi parte la
objetividad, la imparcialidad y mis cono-
cimientos; nada tiene que ver con ningún
prejuicio. Reitero: de manera indebida e
injusta se publicaron cosas que no fue-
ron ciertas y en función de eso presenté
demandas en todos los tribunales (electo-
rales), obtuve sentencias favorables y se
NARCOTRÁFICO
condenó a todas las autoridades que en su
momento plantearon cosas difamatorias
en mi contra”.
El documento de la DEA –según el li-
bro de Gutiérrez– establece “información
sólida sobre protección de Zamora y su
administración municipal (en Zapopan) a
diversos narcotraficantes o sus relaciones
con ellos”.
El libro da cuenta del atentado que su-
frió Zamora el 8 de septiembre de 1994
cuando era subsecretario de Seguridad
Pública en Jalisco, del que salió ileso.
También narra un episodio de 1995 cuan-
do Zamora era director de Prevención So-
cial de Jalisco:
“Un año antes había sido asesinado el
reo José Méndez Torres, gatillero del cár-
tel de Tijuana implicado en el homicidio
del cardenal Juan Jesús Posadas Ocam-
po. Ese año, meses después del atenta-
do contra Zamora, otros gatilleros de la
organización detenidos por el homicidio
del exprocurador estatal (…) declararon
(…) que el atentado contra Zamora se de-
bía a que ‘ordenó’ la muerte de Méndez
Torres.”
Zamora también tiene una notaría en
Jalisco. Quien fue su socio en ésta, Mario
Sánchez Paniagua, fue ejecutado el 13 de
septiembre de 2004.
Al respecto, el documento de la DEA
establece: “Hasta antes de su muerte, Sán-
chez Paniagua era el principal administra-
dor de los activos de Zamora, fue su mano
derecha y su confidente en el manejo de
la notaría pública localizada en Zapopan,
que de acuerdo con una fuente ha sido uti-
lizada por importantes narcotraficantes
para realizar transacciones comerciales y
de bienes raíces residenciales”.
Todavía más: según la DEA, el asesi-
nato del socio del diputado representaba
“una advertencia a Arturo Zamora por
sus presuntos vínculos narcopolíticos y el
incumplimiento de favores políticos. Es-
pecíficamente se mencionan licencias de
construcción que beneficiaban al trafican-
te Pedro Mireles Félix”.
Según el documento, el legislador co-
noció a Mireles Félix en 2003, cuando éste
aportó fuertes sumas de dinero a su precam-
paña por la alcaldía de Zapopan; a cambio
demandaba licencias de construcción.
Según la DEA, a Zamora se le “ha co-
nocido una estrecha relación con familias
del tráfico de drogas asociadas con Ra-
fael Caro Quintero y Juan José Quintero
Payán”. Según el libro de Alejandro Gu-
tiérrez, “las operaciones inmobiliarias de
los Caro Quintero, Quintero Payán y de
Eduardo González Quirarte –representan-
te de los Carillo Fuentes– se hacían en la
notaría de Arturo Zamora”.
Proceso pregunta al ahora legislador
si el documento de la DEA es falso. Res-
ponde: “En su momento pedimos formal-
mente y por escrito (que nos dijeran) si
había una investigación, y se contestó que
no.Y en su momento la PGR (que supues-
tamente había filtrado parte del expedien-
te) publicó en un boletín que no existía
ninguna investigación”.
–¿En ese momento fue un ataque polí-
tico, como pudiera serlo ahora contra Go-
doy Toscano?
–Fue una difamación, un ataque injus-
to, pero no tiene nada que ver con esto.
(…) Yo estoy ahora trabajando con toda
imparcialidad (…) me ha correspondido
(…) cuidar muy bien las formalidades del
procedimiento, el levantamiento de actas
para que las partes que están en el proceso
–el Ministerio Público y Godoy– tengan
los mismos derechos.
–¿Por lo que usted vivió por aquellos
señalamientos es que lo puso el PRI en la
Sección?
–¡No! Le doy la garantía de que eso
no tiene ni tuvo nada que ver y doy la ga-
rantía a todos los mexicanos de que es un
asunto que resolveremos con objetividad
e imparcialidad.
“El Tony” Madrigal
Otro diputado que analizará las pruebas
contra Godoy es César Madrigal Díaz,
hermano de Marco Antonio Madrigal
Díaz, El Tony o El Licenciado, ejecutado
en Guadalajara junto con el expresidente
municipal de Aquila, Michoacán, Manés
Eusebio Velázquez Mora, el 24 de diciem-
bre de 2002.
EduardoMiranda
Zamora. Pasado turbio

22 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 201022 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010
NARCOTRÁFICO
En el libro Los capos, las
narco-rutas de México, el re-
portero de Proceso Ricardo
Ravelo cuenta la historia del
rancho La Tupitina, en la cos-
ta de Michoacán entre Lázaro
Cárdenas y Manzanillo. Reve-
la que después de tener varios
dueños el predio terminó en
manos de Velázquez Mora.
“Un día Manés Velázquez
recibió en el rancho a un per-
sonaje a quien entre sus amigos
presentó como El Licenciado.
Nadie conocía su nombre aun-
que sabían que se trataba de un
próspero ganadero de Guadalaja-
ra que iba a la región a comprar
ganado”, escribe Ravelo.
Al concluir su gestión, Manés
Velázquez dijo en el pueblo que El
Licenciado iba a construir un empo-
rio turístico en el lugar.
Documentos con los que cuenta
Proceso muestran que entre diciem-
bre de 1999 y 2002 El Licenciado
compró partes del rancho La Tupitina a di-
versos propietarios, entre ellos al exalcal-
de Manés Velázquez. Luego de que ambos
fueron ejecutados el Banco Internacional
se quedó con los terrenos. Más tarde los
adquirió Luis Valencia Cornelio y al final
los incautaron las autoridades federales.
Ahora son parte de la sede de la XV Re-
gión Naval.
Según el libro de Ravelo, un día ejecu-
taron a nueve empleados de La Tupitina.
Alguien robó una tonelada de cocaína y
los propietarios de la droga interroga-
ron a los trabajadores del rancho; al
no obtener respuesta, los asesinaron.
Al parecer, El Licenciado conocía
detalles de la matanza y dio muchos
datos a las autoridades: por ejem-
plo, que los asesinos llegaron en un
helicóptero Puma, referencias so-
bre el lugar donde había sido renta-
do el aparato y pormenores acerca
de cómo bajaban droga a la zona.
“En realidad, El Licenciado
(…) sabía que la droga extravia-
da era de los hermanos Valencia,
puesto que él trabajaba para ellos.
Este personaje lavaba dinero y
operaba el trasiego de droga en
la zona. Tenía buenas conexiones
hacia Guadalajara y el norte del
país”, se relata en el libro.
El 20 de diciembre de 2002,
el presidente Vicente Fox visi-
tó la comunidad de Colola, en
Aquila. Cuando el mandatario
vio a El Licenciado, lo saludó:
“Quihubo Marco, ¿cómo es-
tas?”, y El Licenciado respon-
dió: “Bien, señor presidente”. Cuatro días
después, Madrigal y Manés Velázquez
fueron ejecutados presumiblemente por-
que el primero traicionó a losValencia: les
robó la cocaína para dársela al cártel del
Golfo.
Proceso publicó parte de esa historia
(número 1347). En respuesta, el diputado
César Madrigal, hoy integrante de la Sec-
ción Instructora, envió una carta en la que
dijo: “Afirmo que las aseveraciones que
realizan respecto de mi hermano (…) son
totalmente falsas e infundadas, ya que él
nunca tuvo un solo problema con autori-
dad alguna; es decir, nunca estuvo vincu-
lado con ningún expediente judicial en los
términos que su semanario publica”.
En esta ocasión, Proceso no pudo ubi-
car al legislador; sin embargo, el día de la
ejecución de El Licenciado la propia PGR
admitió que se trató de “un ajuste de cuen-
tas” entre bandas del crimen organizado.
Sobre la historia de ambos personajes y
el hecho de que son ellos quienes valorarán
las pruebas contra Godoy, Telma Guajardo
aclaró: “Debemos partir del principio de
presunción de inocencia, y no me atrevería
a decir algo de ellos, porque podría causar
un daño moral. Parto del mismo hecho con
el diputado Godoy: no puedo decir a partir
de una grabación que (…) es culpable, so-
bre todo porque él dice que ya tres juzga-
dos lo han declarado inocente”.
Por lo pronto, Telma Guajardo adelan-
tó que la Sección Instructora está autori-
zada a solicitar las pruebas de foniatría, la
presencia de los testigos protegidos que
inculpan a Godoy y el careo con ellos,
pero aclaró que eso será determinado por
todos los miembros si así lo solicitan los
implicados. ●
EduardoMiranda
Madrigal. “Protector” de los Valencia
Documentos comprometedores

A
CAYUCAN, VER.- “Yo he tenido
miedo, pero nunca a ese nivel.
Cuando los hombres encapu-
chados me subieron esposa-
do a la camioneta, agarramos
rumbo a la playa y pensé: ‘Si
doblan a la izquierda, me en-
tregaron a Los Zetas; si doblan a la derecha,
voy a Veracruz, me llevan a Migración’.”
Así describe un ciudadano cubano los
momentos de terror que vivió antes de ser
trasladado al Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) por encapuchados vestidos de
civil que en la camioneta se pusieron ca-
misetas con las siglas “INM”. Habían lle-
gado por él a las instalaciones de la poli-
cía, donde inicialmente lo despojaron de
sus pertenencias.
Lo sacaron de noche y por la puerta tra-
sera. Recuerda que en el trayecto se repor-
taron por radio con su jefe. “Decían: ‘Sí,
ya lo tenemos’. Un comandante los apura-
ba para que llegaran al puerto deVeracruz”.
Ahí comenzó su prolongado encie-
rro. Primero en la delegación regional del
INM en Veracruz y después en la estación
migratoria de Acayucan, a 250 kilómetros
al sur del puerto y punto estratégico en el
paso de migrantes centroamericanos y cu-
banos a Estados Unidos.
En el tráfico de cubanos,
Las mafias dedicadas al tráfico de personas están colu-
didas con autoridades policiacas y del Instituto Nacional
de Migración para extorsionar a los migrantes que en
su ruta hacia Estados Unidos deben pasar por territorio
mexicano. Parte importante del “negocio” la constitu-
yen los cubanos que desean irse al país del norte, pues
cada uno de ellos puede representar ganancias de hasta
10 mil dólares.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y PENILEY RAMÍREZ FERNÁNDEZ *
Conocedor de la zona en su intento por
ingresar a Estados Unidos, fue detenido en
la ruta veracruzana de los migrantes cu-
banos que buscan pisar el territorio de ese
país y acogerse a la Ley de Ajuste Cuba-
no. Más conocida como “Pies secos, pies
mojados”, esta ley establece que cualquier
cubano que ingrese a jurisdicción estadu-
nidense, por vía marítima o terrestre, pue-
de recibir la residencia permanente.
La llave del sureste
EnVeracruz,casitodospasanporAcayucan.
Por eso este municipio de 78 mil habitantes
es conocido como “la llave del sureste”. Se
colusión“Zetas”-autoridadesFoto:Especial
Hotel Las Hojitas. Trinchera de policias y agentes
24 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010

ubica en la intersección de la carretera cos-
tera del Golfo, la carretera transístmicaAca-
yucan-Veracruz, la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja (vía para todo el sureste de
México) y la carretera Sayula-Ciudad Ale-
mán, en el centro del estado.
En la central de autobuses de Acayucan
puede olerse el miedo entre la gente. Una
docena de hombres rapados, con lentes os-
curos, de complexión robusta y estatura ma-
yor que la del promedio local, vigilan des-
pués de cada corrida quién llega.Afuera los
espera una camioneta Mitsubishi blanca, sin
placas y con vidrios polarizados.
Caminan por el pueblo con prepoten-
cia, y nadie los molesta. Ni la Policía Fe-
deral (PF), cuya sede está a la entrada, ni
mucho menos la Estatal y Municipal.
Al sur de Acayucan se localiza la esta-
ción migratoria. No parece un sitio donde
tengan “alojados” o “asegurados”, como in-
siste en denominar el INM a los migrantes
que esperan un proceso para su deportación.
Custodiada por la PF con armas largas, está
resguardada también con una extensa y alta
barda de concreto que recuerda a una cárcel
de alta seguridad. Por dentro, dos aduanas
controlan el acceso a la instalación, dispues-
ta como búnker para alojar a 800 migrantes.
“Los cubanos que llegan aquí es por-
que se quedaron sin dinero; si traen 500
dólares es mucho”, dice un exasegurado,
quien permaneció más de un mes en la es-
tación, tiempo suficiente para enterarse de
los movimientos que realizan los oficiales
mexicanos.
Afirma que los policías federales de ca-
minos están en contubernio con los oficia-
les de los retenes de Migración. Durante to-
do el trayecto piden dinero a los migrantes
para dejarlos pasar. “En ese tránsito, los ofi-
ciales salen cada noche de las oficinas del
INM en el puerto con mochilas vacías y las
regresan llenas de dinero”.
A esas oficinas, continúa, “por la no-
che llegan civiles. Los de Migración les
dan cuentas. Ahí también se definen las
claves para que los migrantes pasen sin ser
detenidos”.
Cuenta que cuando salen a los retenes
se asignan nombres y cargos: “Tú vas a ser
el comandante, tú el licenciado, tú el ma-
lo. Se ponen de acuerdo para que la gente
diga: ‘Mira, este es el mero mero; este es
con el que te tienes que arreglar’. Pero to-
dos son del mismo rango”.
La libertad tiene precio
Para acceder a la estación migratoria de
Acayucan es necesaria la autorización
del subdirector operativo, Tomás Morales
Amador, quien se hace llamar “doctor”,
porque es médico veterinario. De baja es-
tatura y barba de candado, interroga a los
visitantes de los “asegurados”. Con mira-
da burlona decide quién puede recibir vi-
sitas, quién puede hablar por teléfono o a
quién se le entrega el oficio de salida de
la estación, documento que otorga 30 días
para salir del país.
A partir de dos hechos, Acayucan se
convirtió en foco de atención durante el úl-
timo año.
El primero de ellos fue la fuga del cu-
bano Luis Miguel López Fibila, de 19 años,
en agosto de 2009. Según el INM sólo fue
un “intento de fuga”. El segundo ocurrió
el pasado 19 de abril, cuando un grupo de
más de 30 hombres armados “liberaron” a
13 guatemaltecos. Para llegar a la estación,
el grupo, que se movía en convoy, debió pa-
sar por la comandancia de la PF.
APphoto/IsraelLeal
Foto:“ImagendeVeracruz”
“En Acayucan se huele el miedo”
Zona de “alojamiento” de migrantes
MIGRACIÓN
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 25

De acuerdo con el testimonio del exre-
sidente de la estación, “el doctor Tomás es
quien opera todo. El cubano que se escapó
le dio 11 mil dólares. Le abrieron la puer-
ta a las 6:00 de la tarde, y como a las 10:00
de la noche reportaron la fuga. Salieron a
buscarlo para hacer el show, pero se había
ido desde mucho tiempo antes; una camio-
neta vino por él”.
Otros internos y empleados del INM
en Veracruz aseguran que en la actualidad
el negocio más jugoso en la estación mi-
gratoria de Acayucan es el cobro de has-
ta 10 mil dólares por los oficios de salida
a más de 50 oriundos de la India retenidos
en semanas recientes. Pagan porque creen
que cubren la multa por haber entrado ile-
galmente a México.
A pesar de la importancia de Acayu-
can para el tráfico de personas y extorsión
a migrantes, la Procuraduría General de la
República (PGR) sólo tiene en el área un
comandante y dos agentes. “Cubren” 13
municipios, con más de 350 mil habitantes,
en los que además hay intenso tráfico de
drogas, robo a los ductos de Pemex y otras
actividades que a lo largo de una década ha
realizado la delincuencia organizada.
Según datos de esa dependencia, cada
año se abren unas 60 averiguaciones pre-
vias por delitos federales. De ésas, unas 15
son por tráfico de personas, a pesar de que
cada día pasan por el lugar unos 50 migran-
tes centroamericanos y 20 cubanos, en pro-
medio. Las averiguaciones previas por ese
delito son resultado de las detenciones del
Ejército, no del INM, pues este organismo
sólo puede detener personas en flagrancia.
De los detenidos en la estación migra-
toria, 90% es de origen centroamericano.
Estimaciones del instituto indican que só-
lo 30% de los cubanos que pasan porVera-
cruz son detectados y asegurados. Pero las
cifras pueden ser mucho menores.
Las estadísticas
De acuerdo con el Servicio de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés), de 2005 a agosto de este año
ingresaron 46 mil 723 cubanos a Estados
Unidos desde México. Según el sitio ofi-
cial del INM, en el mismo periodo aseguró
a 9 mil 807 cubanos; es decir, alrededor de
20% de los que ingresaron a Estados Uni-
dos por territorio mexicano.
El mercado para la extorsión es muy
grande. Testimonios de cubanos, aboga-
dos y organizaciones no gubernamentales
evidencian que el pago por cada migrante
es, en promedio, de 10 mil dólares.
Eduardo Matías López Ferrer, abogado
de la Asociación Cívica Cubano Mexicana
–quien durante más de una década se ha de-
dicado a regularizar la situación de los cu-
banos migrantes para seguir hacia Estados
Unidos o quedarse en México–, sostiene
que además de la delincuencia organizada,
en el INM hay mecanismos de corrupción
para quitar a los migrantes todo su dinero.
Asevera que la corrupción se encuen-
tra lo mismo en las estaciones migratorias
que en las oficinas centrales del INM en la
Ciudad de México. Un ejemplo de ello es
el caso deYanisleidys Pineda Nápoles y de
su pareja Alexander Castillo Valdés, quie-
nes el 29 de abril pasado fueron detenidos
en el puente internacional de Nuevo Lare-
do por un incidente de tránsito. Desde en-
tonces están detenidos.
Entrevistados en la estación migrato-
ria de Las Agujas, en Iztapalapa, a don-
de los trasladaron desde hace dos meses,
cuentan que el subdelegado local del INM
en Nuevo Laredo, Sergio Octavio García
Barba, les pidió 8 mil dólares para darles
un oficio de salida. No pagaron por falta
de dinero. El funcionario entonces inten-
tó que firmaran un oficio de “deportación
voluntaria” y desapareció la ficha consular
que los acreditaba como ciudadanos cuba-
nos. Después los amenazó con entregarlos
a Los Zetas.
López Ferrer les tramitó un amparo
contra la deportación.Y Alexander comen-
ta: “A partir del amparo, todos los días nos
sacaban de las celdas para hablar por telé-
fono con ‘el licenciado Molina’. Nos co-
municaban en un teléfono distinto al que
usaba el resto de los migrantes”.
Agrega que esta persona se presenta-
ba como “funcionario de Polanco” en las
oficinas del INM en la Ciudad de México
y les pedía dinero para dejarlos salir. Ase-
guraba que “tenía los expedientes y podía
decidir si nos sacaban o nos deportaban”.
Los bloqueos
Organizaciones como Amnistía Interna-
cional y Sin Fronteras coinciden en que
esas formas de corrupción y de extorsión
se han derivado de las medidas discrimi-
natorias hacia los migrantes cubanos que
OctavioGómez
López Ferrer. En el INM, corrupción por doquier
El tortuoso camino de los migrantes
26 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010

comenzó el gobierno deVicente Fox y que
han continuado con el de Felipe Calderón.
Tales medidas se expresaron, inicial-
mente, en circulares exclusivas para el trato
de los cubanos, y después, en el Memorán-
dum de entendimiento, firmado por Méxi-
co y Cuba el 20 de octubre de 2008 para el
control del flujo migratorio, el cual deja a
Cuba la decisión de aceptar a sus naciona-
les detenidos en México.
La entonces comisionada del INM,
Cecilia Romero Castillo –ahora aspirante
a la presidencia del PAN–, siguió la ten-
dencia restrictiva y discrecional hacia los
migrantes cubanos iniciada por el gobier-
no de Fox a través del subsecretario de Po-
blación y Asuntos Migratorios, Armando
Salinas Torre; esas acciones detonaron el
millonario negocio de la extorsión.
Las circulares dirigidas a los cubanos
establecieron multas de 10 mil pesos por
cada una de las violaciones a la Ley Gene-
ral de Población, y en 2007 se fijaron en 5
mil pesos, a pesar de que antes iban de 300
a 5 mil para todos los migrantes asegura-
dos de cualquier nacionalidad.
La discriminación y la corrupción se
ampliaron con el Memorándum de enten-
dimiento al crear la condición de deporta-
bles, la cual incluye a aquellos que, en su
calidad de disidentes políticos, al ser re-
tornados a Cuba son encarcelados.
Por Acayucan han pasado algunos a
quienes se les ha aplicado esa disposición
del Código Penal cubano, luego de que la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (Comar) se ha negado a acogerlos.
La puesta en marcha del acuerdo mi-
gratorio está bajo revisión del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), no sólo por esos efectos, sino
asimismo por la decisión de las partes de
“reservarse el derecho de no admitir devo-
luciones” de sus ciudadanos.
Diana Martínez, responsable de Coor-
dinación de Atención y Servicios de Sin
Fronteras, asegura que el INM también
ha bloqueado solicitudes de asilo políti-
co ante la Comar al no informarles sobre
el ejercicio de ese derecho reconocido en
la legislación internacional. Asegura que
México viola la Convención de la ONU
sobre el Estatuto de Refugiados y la De-
claración de Cartagena de la OEA que am-
plía el derecho a pedir asilo.
A partir de la información proporcio-
nada por cientos de cubanos que han pasa-
do por su oficina, el abogado López Ferrer
tiene identificadas las diferentes formas
de extorsión: “La primera, en el retén de
la Policía Federal, del INM o lo que sea.
Ahí pagan y los dejan seguir. La segun-
da es dentro de la estación migratoria. Una
más, cuando a los migrantes se les ubica
como deportables y entonces sus familia-
res en Estados Unidos mandan dinero pa-
ra que los liberen”.
El abogado asegura que la extorsión
también ocurre cuando un familiar o un
amigo del migrante contacta directamen-
te a la Coordinación de Control y Verifi-
cación, sin que el ciudadano cubano toque
la estación migratoria. Esa oficina, agrega,
también reporta menos nombres de lo que
debe de ciudadanos cubanos para la elabo-
ración de las fichas consulares. De esa ma-
nera se cobra a quienes no fueron reporta-
dos al consulado de Cuba en México.
“Lo que hemos detectado tanto noso-
tros como el Órgano Interno de Control
del INM –dependiente de la Secretaría de
la Función Pública– es que casi siempre la
corrupción se concentra en las oficinas ju-
rídicas, que están en contacto con Control
y Verificación”, precisa.
El control por parte de esa oficina se
originó cuando el INM quitó a las estacio-
nes migratorias la potestad de resolver en
torno a la nacionalidad cubana y la con-
centró en la Coordinación de Control y
Verificación, a cargo de José Antonio Ro-
bles Urquiza.
Las quejas de los cubanos no han tenido
mayor eco en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), que no sólo
asegura tener pocos casos de violaciones a
los derechos humanos de cubanos en Méxi-
co en la última década, sino que ha evita-
do pronunciarse sobre los procedimientos
de operación del INM. Incluso admite que
México ha expulsado a cubanos con base
en circulares internas del INM.
*Reportera del diario Imagen de Veracruz.
MIGRACIÓN
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 27

ÁLVARO DELGADO
E
n pleno declive del gobierno
de Felipe Calderón, cuando ya
se inició el proceso sucesorio
de 2012, la situación del PAN
es aciaga: sin identidad, some-
tido a decisiones cupulares,
enfermo de corrupción, abu-
sos e impunidad, como el caso
de César Nava, así como falto de líderes y
con profusas divisiones e intrigas entre sus
diversas facciones, aun en la dominante…
En suma, a 10 años de ejercer el go-
bierno federal, el PAN está pervertido.
“Dicen que se pervirtió por razones de po-
der. No, se pervirtió por chambismo. Son
dos cosas diferentes: el poder es servi-
cio; el chambismo es egoísmo en favor de
uno nada más”, sentencia el senador César
Leal Angulo.
Veterano panista, amigo desde la ju-
ventud del Maquío Manuel Clouthier y a
quien un sector del PAN le da condición
de ideólogo, Leal admite que el PAN se ha
“deformado en muchos aspectos” y “nun-
ca como ahora había tenido esta crisis de
resquebrajamiento interno ni de duda de su
propia doctrina política”.
El PAN, evalúa, vive una crisis de uni-
dad y de congruencia: “Habíamos perma-
necido en una ruta de pensamiento cristia-
no de origen humanista y nos empezamos
a salir y a confundir al PAN con una espe-
cie de pandilla por los puestos”.
En este contexto se ha iniciado la con-
tienda entre Gustavo Madero Muñoz, Ce-
cilia Romero Castillo, Francisco Ramírez
Acuña, Judith Díaz Delgado, Roberto Gil
Zuarth y eventualmente Iván Manjarrez,
confeso militante de El Yunque, de
entre los que surgirá el cuarto presi-
dente del PAN en cuatro años de go-
bierno de Calderón.
Cecilia Romero, la primera mu-
jer que se inscribió para presidir el
partido en el que milita desde 1982,
no vacila en describir la condición
actual del PAN: “El diagnóstico es
crudo, pero real: se ha corrompido por la
búsqueda de posiciones”.
Sometida a la crítica tras la matanza de
72 indocumentados –y cuya responsabili-
dad no admite “ni por omisión”– e identifi-
cada como la candidata de la organización
ultraderechista ElYunque, que mantiene un
pacto con Calderón, Romero cree urgente
unir a su partido, pero de verdad.
“Creemos que la unidad se edifica a
partir de concertación previa, de plancha-
zos, de decisiones cupulares para una sola
candidatura o una sola posición, y ahí es-
tá el meollo del problema: la unidad no se
construye con silencios agachones ni con
Octavio Gómez
Octavio Gómez
Germán Canseco
Octavio Gómez
Gil Zuarth
Ramírez Acuña
Romero
Madero
28 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010

La pugna por dirigir el Partido Acción Nacional –que se
decidirá mediante votación de consejeros el 4 de diciem-
bre– se mezcló, previsiblemente, con el forcejeo de los
grupos de poder por imponer al candidato presidencial
para 2012. El veterano militante César Leal lamenta que
su partido esté en manos de “chambistas”, y el diputado
federal Manuel Clouthier Carrillo denuncia que persiste el
afán de Felipe Calderón por imponer al líder, como lo hizo
con Germán Martínez y César Nava. Los propios aspiran-
tes a encabezar el partido –como Cecilia Romero– diag-
nostican que está “pervertido” y “corrupto”.
sición de Germán Martínez y César Nava.
Sólo dos de los cinco aspirantes –que
por cierto lo apoyaron desde su precampa-
ña en 2005– han tratado de tomar distan-
cia de Calderón, quien les garantizó, afir-
man, una imparcialidad en la contienda
que no había desde que, en 2005, fue elec-
to Manuel Espino, hoy sometido a un pro-
ceso de expulsión y que dice estar presen-
te a través de unos 80 consejeros.
En su registro, el primero de los cinco, el
senador Madero, parafraseó a Manuel Gó-
mezMorín,fundadordelPANychihuahuen-
se como él: “Acción Nacional nunca se casa-
rá con un régimen ni aun con el que pudieran
formar hombres suyos allegados al poder”.
Y añadió: “La relación óptima entre nuestro
partido y nuestros gobiernos se define por la
máxima colaboración posible, pero ninguna
subordinación admisible”.
Ramírez Acuña, cuya relación con
Calderón se enfrió al removerlo como se-
cretario de Gobernación y que ahora tiene
el respaldo de los presidenciables Josefina
Vázquez Mota y Santiago Creel, advirtió:
“Nuestro partido no es pertenencia de un
grupo político”.
arriar banderas sin haberlas defendido. La
unidad construida a partir de componen-
das y de reparto es un disfraz de unidad.”
En esta disputa por el control del PAN,
que concluirá con la elección en el Con-
sejo Nacional, el 4 de diciembre, gravi-
ta la influencia de Felipe Calderón, quien
controla una mayoría relativa de los 381
miembros del máximo órgano partidis-
ta de dirección, que antes avaló la impo-
POLÍTICA
1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010 29

Que ya regresa…
VERÓNICA ESPINOSA
P
URÍSIMA DE LA BARRANCA,
GTO.- La hacienda de La Barran-
ca, propiedad de Diego Fernán-
dez de Cevallos, volvió a llenarse
de empleados… Es gente que se
afana arreglando jardines y termi-
nando los trabajos que quedaron interrumpi-
dos en el interior de la finca tras la desapa-
rición del excandidato presidencial, hace ya
23 semanas.
El ánimo es otro.
Circula entre ellos, al igual que en otras
propiedades del abogado, el aviso de que “el
patrón va a regresar en noviembre”, y esta
misma versión ha llegado hasta Alonso Lan-
deros, presidente municipal de Pedro Esco-
bedo, Querétaro.
El jueves 14, el periódico El Universal des-
tacó en su primera plana que, según fuentes
cercanas a la familia del Jefe Diego, el rescate
exigido por sus presuntos secuestradores ya
fue entregado, y que éstos establecieron un
plazo de 40 días para liberarlo.
Agregaron que se habrían pagado más
de 20 millones de dólares por su liberación,
cantidad reunida entre la familia y amigos de
Fernández de Cevallos.
Sin embargo, otras fuentes consideran
que no se pagó nada, y otras más, que la
cobertura del rescate fue de 50 millones de
dólares, la cifra que inicialmente exigieron los
presuntos plagiarios en los mensajes que se
hicieron llegar directamente a Diego Fernán-
dez de Cevallos Gutiérrez, hijo del excandi-
dato presidencial, a quien se responsabilizó
de la negociación y quien ha guardado silen-
cio sobre este proceso, incluso ante las her-
manas y hermanos de su padre.
Entre las filtraciones y los escasos co-
mentariosquealgunosamigosyfamiliaresde
FernándezdeCevallosdeslizanalosreporte-
ros –aún sin atreverse a ser identificados–, el
miércoles 20 el alcalde de Pedro Escobedo,
Querétaro, el panista Alonso Landeros Tejei-
ra, rompió el silencio.
–¿Qué información tiene sobre el secues-
tro de Diego? Hay versiones de que pronto
será liberado –lo abordaron periodistas.
–Sé lo que dicen en los medios y los traba-
jadores de su rancho: por un lado, que en los
primerosdíasdenoviembreestaremosviendo
allicenciadoDiegodenuevo.Esomedicenlos
trabajadores; a mí me da mucho gusto por esa
noticia; no sé si sea verdad… En fin, es lo que
escuchamos y es lo que me comentan.
“Comentan también que no hubo nece-
sidad de vender absolutamente ningún ran-
cho. También esa es una ventaja. También
lo dicen los trabajadores, que son los que
siguen ahí laborando. Creo que hay cierta
verdad en eso.”
–¿Quiere decir que no pidieron recursos
en exceso, digamos comparativamente con
lo que tiene la familia de Diego?
–No sabría decirte. La verdad es que
desconozco qué tantos recursos tienen. En
fin, no sabría decirte si los pagaron o no.
Es solamente lo que he escuchado de los
trabajadores.
Luego, el alcalde Landeros insistió en
que, según empleados de los ranchos que
Fernández de Cevallos y sus hijos poseen en
ese municipio –de los cuales por lo menos
se conocen cinco, incluyendo La Cabaña, de
donde fue raptado–, “no se pagó nada” por el
rescate y que “finalmente el licenciado Diego
estará de nuevo con su familia en su casa”.
Lo cierto es que en los más de cinco me-
ses que se han cumplido desde la desapari-
ción del exsenador no se han efectuado mo-
vimientos de compraventa, hipoteca o algún
tipo de fianza o garantía sobre los ranchos y
haciendas que aparecen a nombre de Diego
Fernández de Cevallos y de sus hijos.
En una consulta realizada el martes 19 en
el Registro Público de la Propiedad de Que-
rétaro, Proceso corroboró que prácticamente
no hay anotaciones nuevas desde la adquisi-
ción de las propiedades por parte del exse-
nador, varias de las cuales de inmediato puso
a nombre de sus hijos, como ocurrió con La
Cabaña (antes conocida como La Bolsa), que
aparece a nombre de su hija Claudia.
Como sea, en los ranchos del Jefe Diego
las labores han vuelto a la normalidad, des-
pués de varias semanas de incertidumbre y
abandono. En El Estanco, el rancho principal
de la zona, se oferta alfalfa en todas sus mo-
dalidades, mientras que en la puerta lateral
fue colocado un letrero: “Se solicita personal
con solicitud elaborada”.
El optimismo
Claudia Fernández de Cevallos Gutiérrez,
hija de Diego, no ha dejado de atender la ad-
ministración de esta hacienda, conocida sólo
como La Barranca, donde las llamas, los ve-
nados y los pavorreales que llevó al lugar su
padre suelen pasear por los amplios jardines.
De acuerdo con trabajadores consulta-
dos por Proceso, a Claudia “le ha cambiado
el ánimo. Ya se le ve mucho más tranquila.
Desde que se llevaron al patrón siempre es-
taba bien triste”.
Losencargadosdelaslaboresenlahacien-
da también han comunicado a algunos de los
empleados que pronto serán terminadas las
viviendas que Fernández de Cevallos dispu-
so edificar para ellos, en el acuerdo por el cual
aceptaron mudarse de las casitas que ocu-
paban justo frente a la casona de la hacienda,
puesto que el patrón quería “más privacidad”.
“Nos dicen que lo vamos a tener ya para
finales de noviembre o principios de diciem-
bre;ojaláqueestéparalafiestadelaPurísima
30 1773 / 24 DE OCTUBRE DE 2010

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