Proceso #1935

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Proceso #1935

  1. 1. Índice No. 1935 • 1 de diciembre de 2013 14 11 43 NARCOTRÁFICO 8 Caro pide a Peña no ceder al ánimo de venganza de Washington /Jorge Carrasco Araizaga 11 Operación Narco Polo: Pormenores de la captura del Sera Zambada /Anabel Hernández 14 20 PRESIDENCIA / PRIMER AÑO Y la Presidencia omnímoda se impuso /Arturo Rodríguez García En economía, la inoperancia /Carlos Acosta Córdova 24 Reformas energética y política: Historia de una traición /Jenaro Villamil 28 El pacto reventó, pero... /Álvaro Delgado 32 36 JUSTICIA ¿Manifestantes? Ahora serán “terroristas” /Jesusa Cervantes El Ejército, convertido en inmobiliaria /Jorge Carrasco Araizaga CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro semanario de información y análisis DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Humberto Herrero SUBDIRECTOR DE FINANZAS: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Enrique de Jesús Martínez, Hugo Martínez REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Marcela Turati, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán 40 ESTADOS CHIHUAHUA: Cuando la justicia se tuerce... /Patricia Mayorga 43 GUERRERO: San Miguel El Progreso. Rebelión antiminera /Gloria Leticia Díaz 46 47 48 49 50 51 52 54 ANÁLISIS Política exterior: la incertidumbre /Olga Pellicer Remolque /Rocha Un año deplorable /Jesús Cantú El albazo de diciembre /John M. Ackerman Videgaray y la economía de la ficción /Sabina Berman Guerra antidrogas: su otro rostro /Javier Sicilia Letargo del cambio educativo /Axel Didriksson INTERNACIONAL DERECHOS HUMANOS: La plaga universal de la esclavitud /Anne Marie Mergier INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062 VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando
  2. 2. 88 60 64 72 Teatro: La promesa /Estela Leñero Franco Cine: Todo mundo tiene a alguien menos yo 60 COLOMBIA: Escobar: Un capo de culto /Rafael Croda 64 68 72 74 79 /Javier Betancourt LIBROS Televisión: Wikileaks informa /Florence Toussaint La dictadora /Francisco Marín LA CAPITAL Cultura en el DF: un año sin brújula /Patricia Carmona Hernández INVENTARIO Albert Camus y la tormenta de la historia /JEP 83 86 CINE El estira y afloja del presupuesto /Columba Vértiz de la Fuente TOROS Las últimas corridas, tocadas por la mediocridad /Leonardo Páez CULTURA Conaculta, los mismos vicios /Judith Amador Tello Páginas de crítica 88 Música: Aída politécnica /Mauricio Rábago Palafox Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Ulises de León. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda, coordinadora Los tres “ejes” incumplidos de Jesús Mena /Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra 91 Contra la obesidad, México todavía no se mueve / Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra 94 98 Palabra de Lector Arte: El SNC: centralista, endogámico y caduco /Blanca González Rosas DEPORTES Mono Sapiens /Código penal para chilangos remisos /Helguera y Hernández agencia de fotografía EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez FINANZAS. CONTABILIDAD: María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Edgar Hernández, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Flor Hernández; 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AÑO 37, No. 1935, 1 DE DICIEMBRE DE 2013 IMPRESIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700. México, DF DISTRIBUCIÓN: Voceadores DF y Zona Metropolitana: Comunicación Telefónica en Línea, SA de CV. Tel. 5535-0732. Voceadores Puebla, Pue.: Jorge López Morán; Tel. 467-4880. agencia proceso de información EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; asistente: María Elena Ahedo; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006 EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102. Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 23 Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autorización expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos.
  3. 3. Desde su puesta en libertad en agosto último, tras pasar casi 29 años en la cárcel, nadie sabe dónde está Rafael Caro Quintero. Y el excapo, sobre quien se ha desplegado una nueva búsqueda con miras a extraditarlo a Estados Unidos, se queja del acoso al que, sostiene, lo tienen sometido. En cartas enviadas a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, así como en otro escrito enviado a la CNDH, el jefe del desaparecido Cártel de Guadalajara afirma haber saldado ya sus cuentas con la justicia y dice que México no debería ceder al ánimo “de venganza” de Washington. En resumen, pide paz. Caro pide a Peña no ceder al ánimo de venganza de Washington JORGE CARRASCO ARAIZAGA AFP photo / PFP C on la extradición a Estados Unidos como horizonte, Rafael Caro Quintero le pidió al presidente Enrique Peña Nieto no dejarse presionar por el ánimo de “venganza y revancha” de Washington a raíz del asesinato del exagente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar. “Lo que tenía que pagar ya lo saldé”, dice el exjefe del desaparecido Cártel de Guadalajara en una carta firmada por él y que sus abogados entregaron a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República el pasado 19 de noviembre, dirigida también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su perseguidor, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Declarado prófugo desde el pasado 6 de noviembre, cuando cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia revirtieron el 8 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
  4. 4. NARC OTRÁ F IC O Aprovechando su condición de piloto de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Zavala vendía al agente estadunidense información sobre los cultivos de droga en el país. La duda la pusieron los propios excompañeros de Camarena, entre ellos el encargado de la investigación del doble asesinato, Héctor Berrellez. Éste asegura que el homicidio se debió a que Camarena se enteró de las relaciones del Cártel de Guadalajara con la CIA como parte de la trama del Irán-Contras, la ilegal operación internacional del gobierno estadunidense para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua (Proceso 1928). Amenaza de extradición amparo que tres meses antes lo había liberado, Caro Quintero le pide también al Poder Judicial que no se someta a “las presiones y designios” de Washington, luego de haber cedido y anulado su liberación. Caro Quintero –por conducto de sus representantes legales– hizo llegar a Proceso una copia del escrito dirigido al gobierno mexicano así como la queja que presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la persecución de la cual, dice, han sido objeto él y su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas por Estados Unidos”, desde su salida de prisión el pasado 9 de agosto, en uno de los casos que marcaron el primer año del gobierno de Peña Nieto. La madrugada de ese día el excapo abandonó el penal en compañía de una parte de su equipo de abogados sin que ningún funcionario de México o representante del gobierno de Estados Unidos lo impidiera, pese a que las autoridades de los dos países sabían desde semanas antes que la justicia mexicana lo dejaría en libertad. En ese momento el Ministerio Público pudo haber solicitado su retención si el propósito era mantenerlo en prisión con el argumento de una nueva investigación en su contra, como ahora sostiene el gobierno de Estados Unidos, dice su defensa desplegada en Guadalajara y en el Distrito Federal. Su liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre todo hizo que se revisara y quedara en entredicho la versión oficial de México y Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de 1985, de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, informante pagado por la DEA. A sus 61 años Caro Quintero sabe que de ser extraditado a Estados Unidos pasaría prácticamente el resto de su vida en prisión, garantizando el silencio que sobre el caso ha mantenido desde hace casi 29 años. De ser entregado, ese país no lo juzgaría por el asesinato de Camarena –proceso penal seguido en México–, sino por narcotráfico y lavado de dinero. “Son delitos que no cometí y menos mi familia”, dice el excapo en su carta a Peña Nieto, recibida también por la Procuraduría General de la República (PGR) el 20 de noviembre y por la Secretaría de Gobernación un día después. En la misiva Caro Quintero se pregunta: “¿Cómo es posible que el país capaz de espiar a presidentes y candidatos presidenciales y saber lo que hacen, durante los 28 años y cinco meses en que estuve preso no hizo ninguna acusación contra mi familia? ¿Por qué esperó a que se avizorara mi liberación para iniciar la cacería en su contra como supuestos narcotraficantes y blanqueadores de dinero?”. El pasado junio Estados Unidos incluyó en su lista de personas y entidades con las cuales no se puede tener ningún trato económico a cuatro hijos, la esposa y una nuera de Caro Quintero así como a otras 12 personas relacionadas con ellos. “A raíz de mi salida de prisión”, escribe Caro Quintero, resurgió “con gran notoriedad una absurda persecución en mi contra y contra miembros de mi familia por los Estados Unidos de Norteamérica”. Presionó de tal forma en la prensa “que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la decisión” del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Jalisco. El 6 de noviembre, en efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte, en una votación de cuatro a uno, echó abajo la resolución de ese tribunal que lo absolvió de algunos delitos, dio por cumplidos otros –como los cometidos contra la salud– y decretó su libertad por el doble homicidio al conside1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 9
  5. 5. Benjamín Flores Con copia para Plascencia Villanueva compete únicamente al Poder Judicial”. A sus interlocutores del gobierno federal les dice: “No es justo, señores, que la justicia mexicana se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”. El gobierno estadunidense requirió al exjefe del Cártel de Guadalajara en agosto pasado al gobierno de Peña Nieto a petición de una Corte federal de California, donde se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero. “Las conductas que intentan imputarme son totalmente falsas. Lo único que pretenden es hacer sentir el peso de su revancha en contra mía, usando a mi familia y desprestigiando a México, a sus leyes, y pretendiendo avasallar nuestra soberanía con el único afán de siempre sentirse superiores”, responde. “Siempre he dicho... que he tenido alguna deuda con la justicia y la sociedad (y) ya está saldada.” “Y la justicia que reclama Estados Uni- Germán Canseco rar que esos crímenes debieron ser juzgados por un tribunal local y no uno federal, como ocurrió. La Corte argumentó otra cosa. Le adjudicó a Camarena el carácter de “agente intergubernamental” y “protegido internacional”, y dijo que el piloto mexicano murió en funciones, con lo cual justificó la intervención de la justicia federal. En consecuencia pidió que se emitiera una nueva sentencia contra Caro Quintero. La condena original había sido de 40 años, de acuerdo con la legislación de la época. Al no pronunciarse sobre las otras resoluciones del Tribunal Colegiado, las dejó firmes; es decir que al exnarcotraficante sólo se le persigue en México por los homicidios de Camarena y de Zavala. Además debe enfrentar el pedido de extradición de Estados Unidos. En caso de ser detenido, su proceso de entrega podría demorarse uno o dos años. A diferencia de lo ocurrido cuando fue capturado en 1985, Washington ahora sí formalizó la solicitud. En aquella ocasión, una vez que Caro Quintero fue aprehendido, no hizo nada por llevárselo a su territorio. No calculó que el capo saldría antes de cumplir la totalidad de su condena. Aunque el gobierno de Peña Nieto favorece la extradición, Caro Quintero le pide, como presidente de todos los mexicanos –“en los que estoy incluido”–, asegurarse de que los procesos judiciales en su contra se apeguen a derecho, “respetando mis garantías constitucionales y sobre todo humanas, y que no por llevar tal o cual apellido la justicia sea distinta para mí”. Añade: “Mi única petición... es que mi expediente sea revisado con justicia, una valoración donde no pesen más los apellidos que la legalidad. Solicito un juicio justo... Que no se ceda a presiones políticas ni que por esa vía se resuelva un asunto que dos para su connacional ya fue pagada en México en las condiciones que se me impusieron”, le dice a Peña Nieto en alusión a los 28 años y cinco meses pasados en la cárcel, 18 de ellos en penales federales de máxima seguridad. Como el derecho internacional impide que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito, ahora el gobierno estadunidense insiste “en achacarme nuevas conductas delictivas”. Asegura el excapo: “Increíblemente (se me acusa) no sólo a mí, sino también a mi madre, a mi esposa y a mis hijos”. Según Caro Quintero, “ninguno de ellos nunca ha tenido nada que ver con delito alguno, siendo ellos gente de sobrada probidad y decencia”. Estados Unidos “por todos los medios está tratando de hacer válida una extradición con tintes de venganza”. Incluso, cuenta, a una de mis nietas el gobierno de Estados Unidos le retiro la visa que tenía para tratarla de cáncer en ese país, por el hecho de llevar mi sangre y mis apellidos. Ese país asevera “vehementemente que sigo dedicado al Narcotráfico” (sic), dice el sinaloense. “No hay que olvidar que 18 años, de los 28 que pasé en prisión, fueron en un penal federal; en donde 23 horas al día se está dentro de la celda, en donde la convivencia familiar se agenda una vez cada 15 días, en donde hay vigilancia con cámaras permanentemente en cada una de las celdas, en donde la familia tiene que pasar una rigurosa inspección antes de ingresar al penal, en donde no hay teléfonos, ni libros, ni plumas, ni televisión, y donde estaba cumpliendo tratamiento penitenciario de reinserción social.” También al ómbudsman Murillo Karam. El tercer destinatario 10 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 En su queja ante la CNDH apunta que el gobierno mexicano ha actuado en su contra y de los suyos por presión de Estados Unidos. La PGR, el Ejército, la Marina, la Interpol y la oficina de la DEA en México,
  6. 6. NARC OTRÁ F IC O señala, lo han “perseguido y hostigado” junto a su familia, “que ha recibido agresiones e intimidaciones sin que exista orden de investigación, presentación o aprehensión”. Acusa a esas instituciones de haber agredido físicamente a quienes tienen relación con él durante cateos en sus domicilios. En particular responsabiliza a la PGR de “denostarlos social y públicamente” al señalarlos en diversos comunicados de prensa como responsables de diversos delitos, “como ser operadores financieros de dinero ilegal”, situación “de la que no hay acusación clara y directa, por lo que nunca ha sido comprobada”. Según el excapo, también se les han cancelado “diversos derechos y beneficios” mediante “intimidación y amenazas por parte de organismos del Estado”. “Es obvia la persecución que se ha hecho contra todo aquel que tenga un nexo de familia, amistad o laboral con el que suscribe”, dice también en referencia a su abogado Juvencio Ignacio González Parada, quien logró su liberación. En la queja dirigida al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, insiste en que la deuda con el Estado mexicano ya la pagó. “Sin embargo... ha sido el apellido el que ha hecho que se conjure contra mí una asechanza (sic) incesante por parte de autoridades mexicanas, instadas por el gobierno norteamericano”. Como le escribió a Peña Nieto y sus colaboradores, agrega: “Esta infernal pesadilla contra mis seres queridos y contra mi persona no deriva de decisiones legales ni de situaciones apegadas a derecho, sino... del resentimiento y deseo de venganza de quienes, allende nuestras fronteras, insisten en acusarme de delitos que no cometí y que en caso de que algo queden (sic) en deuda con la sociedad debo ser yo y no mi familia... quienes deban pagar por mí”. Las autoridades mexicanas, argumenta, pretenden trasladar la imposición de la pena a “personas inocentes, sin darles la oportunidad de ser oídos y vencidos” en juicio. Asegura que se trata de violaciones a derechos humanos –como el de presunción de inocencia–, protegidos nacional e internacionalmente, entre otros por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. “Independientemente de cómo me llame, estas violaciones no pueden quedar impunes ni tomarse como venganza o revancha contra mí o mi familia, porque si alguna deuda tenía con el Estado y la sociedad ya la he pagado”, asegura. “Operación Narco Polo” Pormenores de la captura del “Sera” Zambada Durante meses, a partir de marzo de 2012, agentes de la DEA comenzaron a investigar una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana. Las acciones fueron bautizadas como Operación Narco Polo, que incluyó escuchas telefónicas. Dos meses después cayó el primero de los 12 integrantes; los otros, a lo largo del año. Y justo cuando la mayoría de ellos había negociado sus sentencias con la fiscalía del sur de California, fue atrapado Serafín Zambada Ortiz. Esta es la historia. ANABEL HERNÁNDEZ S erafín Zambada Ortiz, El Sera, manejaba sus cuentas en Facebook y Twitter con desparpajo. Lo mismo hacía con la información relativa al negocio del tráfico de droga y lavado de dine- ro que controlaba, según se desprende del expediente criminal 13-cr-3575, abierto en la Corte de Distrito Sur de California contra él y 12 personajes de su entorno. Y fue precisamente un descuido de sus colaboradores en mayo de 2012 –quie1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 11
  7. 7. nes formaban una red de traficantes y distribuidores de droga en San Diego, California, y Tijuana– el que activó la Operación Narco Polo iniciada dos meses antes. Gracias a ella y tras más de un año de investigaciones, la Drug Enforcement Administration (DEA) detuvo el pasado 20 de noviembre al imprudente hijo de Ismael El Mayo Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, en el cruce internacional Dennis DeConcini en Nogales, Arizona. Según el expediente criminal del Sera y coacusados, al cual tuvo acceso este semanario, la DEA interceptó llamadas telefónicas entre marzo y octubre de 2012. El legajo tiene las declaraciones juradas de los presuntos cómplices del detenido sobre varios decomisos de droga y dinero por parte de sus captores, así como informes de laboratorio y fotografías. Todo ese arsenal será usado contra el hijo del Mayo. Además de los delitos de tráfico de metanfetaminas y cocaína que se le imputan al Sera en el expediente criminal, las autoridades estadunidenses pretenden decomisarle todos los bienes, derechos, títulos e intereses que conformen su patrimonio o se deriven de cualquier ingreso que él haya obtenido de sus operaciones relacionadas con el trasiego de droga y cualquier propiedad usada para dicha actividad. Semanas antes de su detención, El Sera, de 23 años, subió a sus cuentas de Facebook y Twitter fotografías de su colección de armas, así como drogas y mujeres; en una de ellas incluso aparece con su medio hermano Vicente Zambada Niebla –detenido en México en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2010, donde actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en una Corte federal de Chicago– e Ismael Zambada, El Mayo Gordo, otro hijo del capo sinaloense. Entrevistado vía telefónica, el defensor del Sera, Michael McDonnell, señala que desconoce las pruebas sobre los delitos que se le atribuyen a su cliente. Y cuando la reportera le pregunta por qué señaló que las cuentas de Facebook y Twitter del Sera son falsas, responde: “¿y qué me hace pensar que son verdaderas?”. En términos jurídicos, las fotografías pueden ser pruebas contra Zambada Ortiz en la Corte. La investigación A finales de 2011 la DEA inició en San Diego, California, una investigación en torno a una célula de distribución de drogas en Chula Vista, California, y Tijuana. En marzo del año siguiente los agentes antidrogas asignados al caso comenzaron a intervenir teléfonos de esa célula –en total fueron 30– y bautizaron sus acciones como Operación Narco Polo. 12 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Después abrieron un expediente judicial, el 16 de noviembre de 2011, en la Corte de Distrito Sur de California, que llevan Laura Duffy, fiscal antinarco, y su asistente Adam Braverman. En él se vincula el expediente 13-cr3575 iniciado recientemente contra El Sera por los mismos funcionarios de la fiscalía. Desde aquella fecha se giraron las primeras órdenes de aprehensión, según los registros oficiales sandieguinos. En esos documentos se afirma, por ejemplo, que las llamadas de los acusados fueron interceptadas, además de que se confiscaron droga y dinero al Sera y los coacusados Daniel Madrigal; Carlos Flores Vargas, alias La Tota; Arturo Chávez Jr., alias Tito Salvaje; Ubaldo López López, alias Toritos; Roberto Luis Ochoa, Irvine Rodríguez, Craig D. Lance McGruder, James Lawrence Snowden III, Jerry Téllez; José Parra Martín del Campo, alias Perro; José Miguel García, alias Gabacho, y otro más cuyo nombre se mantiene en reserva. Al Sera se le acusa de conspirar para la importación ilegal de 500 o más gramos de metanfetaminas, así como de cinco kilos o más de cocaína, mientras que a sus presuntos cómplices se les responsabiliza de distribuir la droga. La mayoría de los acusados son ciudadanos estadunidenses, incluido el propio Sera, lo que les facilitaba introducir la droga desde México por el cruce de San Ysidro, CaLos mensajes de Za lifornia, donde a Rodrímbada Ortiz guez se le confiscó más de un kilo de cocaína. El primer detenido fue Téllez, de 27 queño poblado de Lemon Grove, en el conaños, cuya familia vive en San Diego. Tiene dado de San Diego. Miller notó que Téllez un amplio historial criminal por manejar metía una caja a la Honda Civic y luego se bajo la influencia y posesión de droga. Los retiró del lugar acompañado por Tito Salvaje. exámenes practicados tras su detención Miller siguió el vehículo que conducía dieron positivo en el consumo de cocaína. Téllez y, con el pretexto de que el joven esTéllez fue capturado el 30 de mayo de taba incurriendo en faltas al reglamento 2012 por un agente especial de la DEA apede tránsito, le pidió detenerse; al revisar el llidado Miller, quien observó dos camioauto detectó un par de guantes cubiertos netas, una Land Rover y una Honda Civic, con vaselina, similares a los que se usan estacionadas en las inmediaciones del pepara empacar droga.
  8. 8. NARC OTRÁ F IC O tras un pago de 30 mil dólares hasta que se lleve a cabo el juicio. Defensa sin estrategia Proceso entrevistó a la defensa de Serafín Zambada, Saji Vettiyil, quien lo representó para su audiencia en la corte de Arizona del 27 de noviembre. Asegura que su cliente pediría trasladar su caso a la Corte de San Diego, como sucedió, y adelantó que se iba a declarar inocente. “Independientemente de la acusación –señala– mi cliente se presume inocente bajo la constitución de los Estados Unidos”. Según él, como ciudadano estadunidense, El Sera “tiene fe absoluta” en el sistema judicial de ese país, por lo que la defensa intentará limpiar los cargos que se le imputan. El 27 de noviembre el hijo del Mayo Zambada fue presentado ante la juez Karen Crawford, de la Corte de Distrito Sur de California. Iba esposado de pies y manos y con uniforme reglamentario del penal. Y aunque en la breve audiencia se declaró inocente, la fiscalía solicitó a la juez mantenerlo en prisión sin derecho a fianza. Al término de la diligencia, su nuevo defensor, Michael McDonnell, declaró a la prensa que son falsas las cuentas de Twitter y Facebook del Sera difundidas tras su captura. “No crean todo lo que se publica”, expresó. Especial El agente le ordenó al conductor abrir la caja, que estaba llena de cocaína, y lo remitió a una estación de policía, en donde también le aseguraron 809 dólares y un celular. Y luego de interrogarlo y ficharlo, lo encerró en la prisión estatal por cargos de posesión, distribución y transporte de droga. Meses después, entre el 27 y el 28 de noviembre de 2012, la DEA cerró la pinza y aprehendió a 11 integrantes de la célula que traficaba droga. El primer día detuvo a Rodríguez a las cinco de la mañana, cuando intentó cruzar por la línea peatonal del puente aduanal de San Ysidro con su pasaporte estadunidense. En la revisión, Rodríguez dio positivo. Tenía una orden de arresto y el agente de investigaciones del departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) le encontró 1.08 kilogramos de cocaína oculta en su ropa. Admitió que se dedicaba al tráfico de drogas y que esperaba un pago de 200 dólares. Ese mismo día fueron capturados Daniel Madrigal, Chávez Jr., James Lawrence Snowden, Ubaldo López, Parra Martín del Campo y José Miguel García. El 28 de noviembre cayeron Carlos Flores Vargas y Craig Lance McGruder, quien vivía en Chicago. Luego de un año en prisión, la mayoría de los coacusados en el caso del Sera llegaron a un acuerdo con la fiscalía, algunos incluso están libres y otros recibieron penas benévolas recientemente. En junio pasado, por ejemplo, Flores Vargas se declaró culpable de los delitos que se le atribuían, y el 15 de noviembre, días antes de la detención del Sera, negoció que su sentencia fuera conmutada, por lo que hoy goza de libertad condicionada y en tres años ya no tendrá que ver nada con la justicia. En el caso de McGruder, quien también se declaró culpable, recibió una sentencia de 36 meses de prisión y tres años de libertad condicionada el 8 de noviembre último. Nada que ver con la posible sentencia a cadena perpetua a la que, según el expediente, ambos pudieron ser condenados. A su vez, López, Rodríguez y Martín del Campo se arreglaron con la fiscalía. Con Rodríguez se desistió de los cargos, aun cuando lo agarraron en flagrancia; los otros dos fueron sancionados con penas menores de cuatro años en prisión. Los convenios están sellados en la Corte sandieguina y no se permite acceso a las sentencias. Hasta el viernes 29 sólo Madrigal, Chávez Jr., Ochoa, Snowden, Téllez y El Gabacho esperaban su sentencia. Chávez Jr., pagó una fianza de 200 mil dólares para permanecer en libertad mientras se realiza el juicio; Madrigal fue puesto en libertad bajo fianza en marzo pasado En conversación telefónica con Proceso el 28 de noviembre, McDonnell respondió a pregunta expresa de si seguirá la misma línea de defensa que en el caso de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, el hermano del Sera que también es juzgado en un tribunal estadunidense: “No lo haremos”. No obstante, aclaró que aún no conoce las pruebas del gobierno de Estados Unidos contra su cliente. Lo sabrá en los próximos 10 días, indicó. El Vicentillo, hermano mayor del Sera, fue detenido en marzo de 2009 en la Ciudad de México al salir del hotel María Isabel Sheraton, ubicado a un costado de la embajada de Estados Unidos, tras un encuentro con agentes de la DEA. En el expediente de su caso, arraigado en una Corte federal en Chicago, se consigna que fue extraditado en febrero de 2010. A principios de 2011, en los preparativos del juicio, sus abogados argumentaron ante el juez Rubén Castillo, quien lleva el proceso, que el gobierno de Estados Unidos no puede juzgar a su cliente porque, arguyeron, había un convenio de protección e inmunidad con la DEA para él y para otros miembros del Cártel de Sinaloa. Según afirmaron, el acuerdo se pactó a través de Humberto Loya, abogado y operador de Joaquín El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia mexicana. El punto medular, expusieron, era dar inmunidad a los miembros del cártel a cambio de entregar información de las organizaciones rivales. Las armas de Serafín 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 13
  9. 9. ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA U “ sted es un faro de esperanza” para la causa de las mujeres, dijo la entonces presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, a Enrique Peña Nieto. Tres meses antes la magistrada había legitimado con sus compañeros el resultado electoral que llevó al mexiquense a la Presidencia. Viejo ritual reasumido tras los años de ausencia priista en el poder, La Mujer del Año tiene otra vez como invitado de honor al presidente, encargado de entregar la presea elaborada por la casa Tiffany en un acto que organiza la priista Kena Moreno. Era en realidad un sofisticado mitin feminista del PRI, convocado en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología, al cual cientos de socialités, mujeres de la política y el altruismo, acudieron la tarde del 3 de diciembre de 2012. La Mujer del Año 2012 fue Alanís, quien en su discurso añadió: “El espíritu de igualdad que quedó plasmado en el Pacto por México, suscrito el día de ayer, da cuenta de que la inclusión ha comenzado a formar parte de la agenda de Estado, compartida además por las fuerzas políticas”. Aplausos. Dos días antes, el 1 de diciembre, Peña Nieto había asumido la Presidencia en medio de una jornada de protestas brutalmente reprimidas. Para ese día se tenía prevista la firma del Pacto por México, pero un desacuerdo entre partidos hizo que se aplazara al 2 de diciembre. Cinco acuerdos y 95 asuntos a reformar (compromisos, les llamaron) fueron suscritos por PAN, PRD y PRI, las fuerzas políticas con mayor representación en el país. Los presidentes surgidos del PRI inician sus mandatos con golpes efectistas: Miguel de la Madrid encarceló al Negro Durazo, Carlos Salinas a La Quina, Ernesto Zedillo a Raúl Y la Presidencia omnímoda se impuso 14 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
  10. 10. P RES I DENC I A / P RI M ER A Ñ O Salinas de Gortari... Peña Nieto a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo. El historiador Enrique Krauze llama a esa costumbre “el calado”, cuando grupos de poder quieren poner a prueba al presidente y éste da una muestra de fuerza. La costumbre forma parte de lo que ha dado en llamar, como su libro, “la Presidencia imperial” (Proceso 1897). El pasado 26 de febrero la dirigente magisterial fue detenida y encarcelada. Los gobernadores, varios directamente deudores de su carrera política a Gordillo, fueron convocados a la residencia oficial de Los Pinos, de donde salieron apoyando la decisión. No hubo concentración masiva en el Zócalo para apoyar al presidente pero sí una asamblea con 10 mil priistas en el Centro Banamex el 4 de marzo. El PRI está de regreso en el poder, con sus sectores y organizaciones, las otrora llamadas “fuerzas vivas” a las cuales arenga el dirigente partidista César Camacho y, en su nombre, le expresa al mandatario su sentir: respeto a su investidura y a la verticalidad de su gobierno y el respaldo a “la firmeza y arrojo para decidir lo que conviene a la República”. El PAN y el PRD aplaudieron el encarcelamiento. Sólo el dirigente perredista Jesús Zambrano pidió que cayera también Carlos Romero Deschamps, líder petrolero. Pacto permanente El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el gobierno federal, los dirigentes de los corporativos gremiales y las cámaras empresariales se fundieron en elogios y manifestaciones de apoyo y respaldo a las iniciativas presidenciales. Atrás en la historia quedó la concentración masiva en el Zócalo y el desfile obrero al cual saludaban los presidentes desde el palco presidencial. Felipe Calderón canceló el encuentro en la residencia oficial que este año resurgió con los lla- mados “factores de la producción” reunidos en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos. Los asistentes son “quienes mueven a México”. En el acto y en nombre de los trabajadores el cetemista Joaquín Gamboa Pascoe expresó el total e incondicional apoyo a Peña Nieto, y el representante de los industriales, Javier Funtanet Mange, externó el respaldo empresarial a sus reformas. Ausentes estaban los trabajadores de Mexicana, en cesantía forzada; los electricistas del SME, que ya ni centro de trabajo tienen; tampoco Elba Esther Gordillo, pues languidece en la cárcel. Referencia obligada en todos sus discursos, esa vez Peña Nieto no mencionó el Pacto por México, que atraviesa un impasse. En desarrollo varias elecciones locales, funcionarios de la Sedesol fueron sorprendidos utilizando clientelarmente la Cruzada contra el Hambre, programa de gobierno para abatir la pobreza alimentaria. El 19 de abril, en Chiapas, Peña Nieto dijo en su discurso: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes preocupan la política y las elecciones”. Y “aquellos” se levantaron de la mesa del pacto, demandando equidad electoral, que sería resuelta semanas más tarde con un adéndum a los cinco acuerdos condensados entre partidos y gobierno días después. Como sea, en el besamanos del 1 de mayo Gamboa Pascoe transmitió un mensaje de los trabajadores al presidente: “Sin contar nosotros nada respecto al Pacto por México, que con tanta prudencia ha manejado y sigue manejando, de siempre el pacto lo tiene con los trabajadores, y siempre le responderemos de ese pacto”. Centralismo de hecho y de derecho Los gobernadores han sido convocados a diferentes actos públicos para presentar iniciativas, como el plan de desarrollo o la puesta en marcha de los programas trascendentales de la administración: la Cruzada contra el Hambre y la Estrategia de Seguridad. Pero sólo dos veces han sido llamados a reuniones en privado. La primera fue el 26 de febrero, cuando se les informó de la detención de Gordillo. La segunda, el pasado 13 de septiembre, cuando el gobierno de Peña Nieto decidió desalojar del Zócalo capitalino a los maestros de la CNTE. Los gobernadores en general –los priistas en particular– han aceptado toda petición presidencial, incluso para recibir instrucciones, como la de silenciar la información de seguridad, según reveló el mandatario de Colima, Mario Anguiano, el 2 de febrero. Las reformas peñistas en materia fiscal terminaron quitándole el control a los estados sobre la nómina magisterial, la cual habían asumido en los noventa. El federalismo, concepto de debate recurrente en aquella década, hoy está fuera de las discusiones; en diferentes rubros las atribuciones que tenían las entidades federativas hoy regresan al control central, aunque no necesariamente al Ejecutivo. Es el caso de la pérdida de facultades para contratar deuda en los estados, la propuesta de un código penal único, la creación de un instituto electoral nacional que sustituya los organismos estatales, la ampliación de facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información para conocer inconformidades de los estados, la homogeneización de políticas de seguridad, la gendarmería nacional que pretende asumir tareas de prevención del delito en el fuero común, entre otras. Para César Velázquez, coordinador del posgrado en ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana, el federalismo mexicano tuvo avances en los noventa, y el poder de los gobernadores, la mayoría priistas, creció frente a los presidentes del Tras 12 años fuera de Los Pinos, el PRI volvió con todo y sus anacrónicos rituales, algunos inocuos... otros no tanto. Desde la desempolvada “cargada” de genuflexos políticos, pseudofeministas, empresarios o charros sindicales, hasta las muestras de fuerza (encarcelamientos y represión, por ejemplo), las señales sólo llevan a una conclusión: desaparecen los atisbos del federalismo equilibrado que bien o mal se había venido edificando en las décadas recientes, pues el poder se ejercerá desde un solo lugar: la Presidencia. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 15
  11. 11. La marca: represión selectiva e implacable ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA E l director de teatro Juan Francisco Kuykendall está próximo a morir. Eso le han dicho los médicos a su pareja, Eva Palma, quien ha visto el progresivo deterioro de su salud desde que el 1 de diciembre de 2012 fue agredido por policías federales cuando documentaba la represión contra las protestas que marcaron la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Kuykendall salió del coma en enero, pero quedó incapacitado para siempre. Sólo tiene movimiento en un brazo, no habla y no reconoce a nadie. Está invadido por bacterias en la sangre e infecciones intratables, producto de la inmovilidad en que lo dejó un proyectil disparado por un policía federal que permanece impune, como el resto de los agentes federales y guardias presidenciales que actuaron ese día. Teodulfo Torres, único testigo identificable de los hechos –y quien además los videograbó–, desapareció el 26 de marzo, días antes de rendir su testimonio ante un fiscal federal. “La represión e impunidad, que siempre han estado presentes, se agudizaron a partir del 1 de diciembre. El sistema y el gobierno cada vez sofistican más las formas de represión”, sentencia Eva Palma. Agrega: “De los autores intelectuales del operativo del 1 de diciembre, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón, mejor ni hablar. Los ministerios públicos jamás dirigirán una investigación contra ellos… son sus jefes”. Los casos por ejecusión, tortura, represión selectiva y fabricación de delitos empiezan a acumularse. Para agravar el cuadro, quienes denuncian son objeto de pesquisas judiciales y ataques mediáticos. Por ejemplo, la indagatoria por la desaparición de Teodulfo Torres –seguida primero por un fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y después por la General de la República (PGR)– se concentró en investigar a sus amigos y familiares, para finalmente abrir una línea de investigación sobre un supuesto alcoholismo de la víctima, que pudo provocarle conflictos que devinieron en su desaparición, comentó Eva Palma. Teodulfo trabajaba junto con Kuykendall en proyectos de teatro callejero. Ambos eran adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a partir de la cual participaron en las jornadas de protesta contra la represión y el hostigamiento a comunidades zapatistas, y en especial por el caso de San Salvador Atenco en 2006, luego del operativo que marcó el inicio del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. La vida de Teodulfo se dividía entre los proyectos con Kuykendall y su trabajo en un colectivo que logró convertir un accidentado terreno de Xochimilco en un sitio donde ahora florece una “economía de subsistencia”. El pasado 24 de marzo, Teodulfo avisó que iría a un concierto en Neza. La PGJDF ha intentado fijar esa fecha como la de su desaparición, pero sus compañeros afirman que el 26 de marzo se comunicó y dijo que iba camino a Xochimilco. Nunca llegó. Las matanzas de Guerrero “En Guerrero no sólo se está criminalizando la protesta; se está ultimando a los que protestan”, sostiene Magdalena López Paulino, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Rsdiac). Su afirmación se basa en que, desde que Ángel Aguirre asumió la gubernatura, en abril de 2011, suman 13 activistas sociales muertos en ese estado, nueve de ellos abatidos en 2013. El 30 de mayo, ocho integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP), con sede en Iguala, fueron levantados. Sólo regresaron cinco. El 3 de junio, el dirigente Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez aparecieron muertos a tiros. Habían sido torturados. El 5 de agosto cayó el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, junto con Miguel Ángel Solano y Samuel Vargas, los tres militantes del Partido Comunista de México (PCM). El 20 de octubre fue asesinada Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organiza- Miguel Dimayuga Palacio Nacional. Arranque del programa 16 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013
  12. 12. PRESIDENCIA / P RI M ER AÑO ción Campesina de la Sierra del Sur. Mesino fue encarcelada el 13 de marzo, acusada de asesinato, y puesta en libertad una semana después por falta de pruebas. Para entonces había denunciado que era víctima de hostigamiento policiaco y de paramilitares. El 10 de noviembre murieron el dirigente de la Organización Popular de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en su domicilio en Coyuca de Benítez. En los últimos años, Olivares se había opuesto a las mineras canadienses que invadían la zona, y en septiembre dijo temer por su vida, responsabilizando a Peña Nieto y a Aguirre por lo que pudiera ocurrirle. Todos los casos tienen un denominador común: sus liderazgos se unieron en repudio a la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, y a la de El Charco, en 1998. La desaparición, tortura y asesinato de los integrantes del FUP se atribuye al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien presuntamente perpetró él mismo los crímenes, según el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes, difundido el pasado lunes 25 por la Rsdiac. Junto con el edil, que supuestamente disparó con escopeta al rostro y al pecho de Hernández Cardona, conforme al testimonio, se señala también a Felipe Flores Velázquez y a Crisóforo Tinoco, secretario de Seguridad municipal y director de Policía, respectivamente. El 26 de noviembre, Abarca negó las imputaciones. El portal electrónico de Proceso publicó el 3 de junio que, al conocerse el asesinato de Hernández Cardona, integrantes del FUP realizaron una protesta en la presidencia de PAN. Además, estados y municipios tuvieron importantes ingresos. El federalismo de los noventa, sostiene, fue producto de las presiones de los partidos de oposición al PRI, que estaba en crisis. Se generó un mal diseño del federalismo y luego se dejó de lado la discusión. Tras los escándalos de los gobernadores, como en Coahuila y Tabasco, surgió la tendencia a centralizar, dice. “El problema es que la lectura es errónea. Pareciera que se asume que todos los gobernadores son malos y corruptos, y hay que hacer algo con ellos. La solución más fácil es acotarles poderes y regresarlos a la federación”, observa. Doctor en políticas públicas por la Universidad de Chicago y estudioso del federalismo mexicano, Velázquez advierte que algunas reformas pueden ser saludables pues algo no funcionaba bien en los estados y, sin embargo, las soluciones Iguala y causaron algunos destrozos. El alcalde Abarca los denunció. Ahora, por esos hechos, en lugar de medidas cautelares enfrentan averiguaciones previas. Zamora Pardo, integrante de la Rsdiac, es una activista que repudia la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, en la que 11 indígenas fueron masacrados por el Ejército. Lejos de tener acceso a la justicia, fue encarcelada, acusada de ser guerrillera del ERPI. Respecto de los integrantes de la LARSEZ, el PCM denunció que grupos paramilitares actúan en Guerrero con la complacencia de los gobiernos estatal y federal. La represión perredista Ideado en el sexenio de Felipe Calderón con el beneplácito del entonces gobernador panista Marco Adame, el Proyecto Integral Morelos (PIM) detonó la resistencia de comunidades de esa entidad, Puebla y Tlaxcala, que han documentado el riesgo para su supervivencia que implica la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, una comunidad náhuatl de Yecapixtla, Morelos. Para alimentar el megaproyecto energético, cuyo contrato se otorgó a las españolas Abengoa, Elecnor, Enagas y OHL, se requiere de un gasoducto que, desde un lugar cercano a San Martín Texmelucan, Puebla, pasaría por la zona de mayor peligrosidad del Popocatépetl, atravesando comunidades de las tres entidades. Además, para el enfriamiento de turbinas el PIM prevé extraer agua del Valle de Cuautla. Las comunidades que se oponen mantuvieron frenada la construcción con plantones pacíficos, hasta que el perredista Graco Ramírez llegó al gobierno de Morelos. Aunque no implican un rediseño del pacto federal, sino que son simplemente remedios cortoplacistas. Sobre la aceptación de todas las decisiones presidenciales, observa: “Es consecuencia de que la mayoría de los gobiernos estatales son del PRI. Para el gobierno de Peña Nieto es más fácil estar de acuerdo con los gobernadores, que van a estar a favor de lo que propone el presidente. “Contrario a lo que ocurría en el sexenio pasado, hay una relación más tersa, lo cual puede ser bueno porque no hay conflictos innecesarios. Lo preocupante es que esa buena relación impida que haya una discusión del federalismo o que los problemas que surjan y se presenten se debatan públicamente”, asegura. En cuanto al fortalecimiento de la figura presidencial, tiene sus reservas pues afirma: “No es tan claro que quitándole control a estados y municipios se fortalez1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 17
  13. 13. Octavio Gómez No es el único caso de criminalización de opositores a proyectos capitalinos. El 2 de octubre fue detenido Alejandro Bautista, acusado de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública en pandilla. El joven que perdió un ojo Avasallamiento policiaco el PIM es un plan del gobierno federal, la Policía Estatal replegó a los manifestantes e introdujo maquinaria (Proceso 1870 y 1924). Las policías federal y estatal han arremetido ahí contra las protestas. El caso más reciente ocurrió el 19 de septiembre. En el operativo fue detenido y torturado Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT). Viejas formas En el Distrito Federal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera desató la represión de marchas a través de un protocolo considerado ilegal, que inclusive prevé el uso de armas de fuego (Proceso 1929). Diferentes actores sociales han denunciado espionaje político, arresto arbitrario y selectivo, acoso a marchas, agresiones a ca en automático el presidencialismo, pero sí se fortalece al gobierno federal”. En los últimos meses, diferentes actores políticos han observado el riesgo para el federalismo. Roberto Gil, uno de los promotores para acotar facultades financieras a los estados, alegó el 5 de noviembre que la creación de un Instituto Nacional Electoral debe evitar afectar el federalismo. Antes, el 5 de agosto, Manlio Fabio Beltrones se refirió al mismo tema y dijo que “hay una tentación de dañar al federalismo”, aunque nunca volvió a abordar el concepto. Y en el PRD Mario Delgado ha acompañado a los presidentes de los organismos electorales locales para rechazar la pérdida de atribuciones en los estados. Ajenos a todo, los gobernadores priistas, 20 en total, apoyan al presidente en sus reformas, sin más. Son en beneficio de los mexicanos, dijo el 8 de noviembre el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera. 18 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 defensores de derechos humanos y periodistas. La fuerza pública se desplegó señaladamente en las conmemoraciones históricas de las represiones del 1 de mayo, el 10 de junio y el 2 de octubre (Proceso 1927). Entre los grupos objeto de persecución destaca el Frente Oriente, una organización que, con el lema “Ni una lucha aislada más”, participa en apoyo a diferentes movimientos. Su postura principal, sin embargo, es su oposición al Plan Urbano de Iztapalapa que, según Luis Barreda y Carlos Esteban Jiménez, afectaría a comunidades y sectores populares. Barreda y Jiménez enfrentan procesos penales por la retención de Pedro Bello, un funcionario capitalino que además fue golpeado en el Zócalo durante la conmemoración del 10 de junio que devino en enfrentamiento. Ambos rechazan haber participado en la agresión contra el empleado público. Mayoría presidencial El 13 de septiembre los maestros de la CNTE fueron violentamente desalojados del Zócalo capitalino. La noche del 15 el espacio público fue atestado de priistas acarreados del Estado de México para vitorear al mandatario y responder a la arenga tradicional conocida históricamente como “El Grito”. La celebración en el Palacio Nacional vino a menos. El presidente y sus colaboradores debieron salir para atender la emergencia por las lluvias en Guerrero y otras entidades del país. Un día después el desfile militar fue encabezado por un presidente que hace un recorrido triunfal por el Zócalo a bordo de un vehículo militar descubierto. Miles de soldados, policías federales y el Estado Mayor lo resguardaron. Al cumplirse un año de gobierno, nunca se aceptó discutir la modificación de El 1 de diciembre de 2012, policías federales armados arribaron al Hospital General. Lo que parecía una diligencia para indagar la agresión contra Uriel Sandoval, se convirtió en un interrogatorio que buscaba saber a qué organización pertenecía, quiénes eran sus amigos, con quién asistió a protestar contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto… después intentaron sacarlo del nosocomio. Lo mismo ocurrió en la Cruz Roja, donde permanecía Juan Francisco Kuykendall. Numerosos contingentes se dedicaron a cuidar las puertas de esas instalaciones. Desde entonces, la Policía Federal y militares con uniforme de policías han participado en la Ciudad de México al menos en las jornadas violentas del 13 de septiembre, en el desalojo del Zócalo de los maestros de la CNTE para que Peña Nieto pudiera dar su primer “grito de Independencia”, y el 2 de octubre. El abogado Francisco Estrada, quien ha defendido detenidos en esas y otras protestas, observa que junto a la criminalización hay pifias, como la detención de transeúntes. Uriel perdió su ojo derecho por el impacto de una bala de goma. Acusa a los medios de comunicación de llamarlo vándalo y delincuente, sin siquiera haber enfrentado una denuncia penal en su vida. “Un ojo no es nada frente al asesinato de líderes sociales en Guerrero, los asesinatos de maestros de la CNTE y la injusticia, la falta de democracia y la violencia histórica del estado”, dice. la reforma educativa como pretendía la CNTE. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el 11 de noviembre que habían llegado “a las últimas horas de diálogo en la tolerancia que hemos asumidos con ellos”. El endurecimiento del gobierno federal se generaliza. El pasado 28 de noviembre el PRD anunció que abandonaba el Pacto por México. Jesús Zambrano dijo que su partido no avalaría las reformas política ni energética. Peña Nieto, quien todavía el 10 de junio hizo votos por que las fuerzas políticas no pusieran “nada por encima del pacto”, respondió al PRD desde Ojinaga, Chihuahua, haciéndolo prescindible, pues sostuvo que no espera unanimidad, y expuso: “En democracia, sin duda debe privilegiarse a la voz o a aquella representación que tenga la mayoría, aquella en la que haya mayor consenso.”
  14. 14. CARLOS ACOSTA CÓRDOVA I nexperiencia, malas decisiones y arrogancia de quienes conducen la economía del país, se combinaron con una débil y muy lenta recuperación de la economía estadunidense –que no pudo jalar a la mexicana–, para hacer del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto un año gris, mediocre, en materia económica. No se logró ni el crecimiento prometido ni la creación de empleos ofrecida ni –mucho menos– la mejoría en el bienestar de la sociedad, que con tanto ánimo aseguraba Peña Nieto que se obtendría apenas llegara él al mando del país. Nada. La economía se estancó. Apenas crecerá un tercio de lo que creció en 2012: 1.3%, en los cálculos optimistas de la Secretaría de Hacienda, contra 3.9% del año pasado. Muy lejos del 3.5% pronosticado al principio de la administración y más lejos aún del promedio de 4.3% en que creció la economía durante los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón. De los empleos, ni se diga. La meta de 1 millón de nuevos puestos de trabajo parece inalcanzable. En septiembre no iba ni la mitad; apenas poco más de 440 mil, que es una cantidad 26% inferior a la que se registró en los primeros nueve meses del año pasado. Lo peor es que, en su mayoría, esos nuevos empleos están en la informalidad. Y, más grave, todavía hay más de 2.7 millones de mexicanos en el desempleo absoluto. Nadie sabe dónde quedó la reforma laboral que arrancó justo en el inicio del gobierno actual. Y si los datos macro fueron un desastre en el año, los microeconómicos, por supuesto, siguieron esa ruta. Sobre todo en los primeros seis meses, las empresas, de todos los tamaños, vivieron un auténtico vía crucis. Las grandes, acostumbradas a ganar, supieron lo que es tener pérdidas cuantiosas, o ver reducidas sus utilidades al mínimo. El resto vivió meses de angustia. Hicieron todo para sobrevivir: achicarse, despedir personal, reducir jornadas de trabajo, bajar salarios. Entre las pequeñas y las micro, para muchas la muerte fue su destino. Y es apenas el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Nada de qué presumir. En economía, la inoperancia Miguel Dimayuga El factor Videgaray 20 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Artífice del pobre desempeño de la economía en el primer año de gobierno, ha sido sin duda el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por mucho que se escude en que los causantes de la severa desaceleración de la economía nacional fueron los factores externos –sobre todo una débil demanda estadunidense, que frenó las exportaciones manufactureras de México.
  15. 15. P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O En términos económicos, 2013 fue un pésimo año para México y para los mexicanos, y en particular para el gobierno de Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Consecuencia implacable de los torpes y lentos manejos de las finanzas nacionales son el empobrecimiento vertiginoso de la población, la pulverización de la clase media, la falta de empleo y, en general, el crecimiento prácticamente nulo de la economía. Si algo faltara, el tiro de gracia lo representó la reforma hacendaria, esa abusiva miscelánea fiscal que indignó a todos. Ha quedado claro ya que el lento ejercicio del gasto público en el año y la decisión de frenar el flujo de recursos al sector de la construcción –ambas, responsabilidad de la Secretaría de Hacienda– llevaron a la economía a deslizarse más rápidamente hacia el limbo y, aun, que naufragara por aguas recesivas. Luis Videgaray llegó al gabinete de Peña Nieto con excelentes prendas académicas –licenciado en economía por el ITAM y doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el mítico emaiti (MIT), cuna académica del premio nobel Paul Krugman y de Pedro Aspe Armella, entre muchas otros personajes– pero con una muy pobre experiencia en el servicio público. Veinteañero aún, tuvo un fugaz paso como miembro del equipo de asesores de Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y otro aún más efímero –menos de un año– en el de Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía con Ernesto Zedillo. Eso es todo lo que había hecho en el gobierno federal, según el currículum que la propia Secretaría de Hacienda tiene en su página en internet. Al regreso de su doctorado en el MIT, se incorporó, como director de Finanzas Públicas, a Protego, la empresa fundada por Pedro Aspe, pionera en la reestructuración de deudas estatales. De ahí brincó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, donde estuvo entre mediados de 2005 y los primeros meses de 2009. De ahí saltó, en septiembre, a la Cámara de Diputados: presidió la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el alfil de Peña Nieto. Y no más. La experiencia de cuatro años en la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México no le ha sido suficiente a Videgaray para llevar a buen puerto la economía del país. Aquella secretaría estatal, por grande e importante que sea, no es lo mismo que la de Hacienda, que debe conducir la economía nacional. El proceso de aprendizaje ya le costó al secretario: de recibir una economía en crecimiento promedio de casi 4% va a dejar otra en plena atonía, que crecerá entre 0.9% y 1.4%, según el más reciente pronóstico del Banco de México. Y si se mira con la lupa de las cifras desestacionalizadas, es decir ya descontados los efectos estacionales y de calendario –un ajuste necesario para hacer comparables los datos–, el resultado es más desfavorable para Luis Videgaray: la economía se fue a pique en los dos primeros trimestres, con un “crecimiento” de 0.2% en el primero, que más bien fue estancamiento, y una caída de -0.55% en el segundo, según el Inegi. Pudo tomar algo de oxígeno el secretario cuando el mismo Inegi dio a conocer, el 21 de noviembre último, que la economía creció en el tercer trimestre 0.8% en relación con el segundo trimestre de este año. Además de no vislumbrar cabalmente ni atender con precisión los efectos que iba tener en el país el débil desempeño de la economía internacional, y muy particularmente la lentitud en la recuperación de la economía estadunidense, el primer pecado visible de la Secretaría de Hacienda comandada por Luis Videgaray fue el retraso en el ejercicio del gasto público, en magnitud nunca antes vista para un primer año de gobierno. En los municipios, primero; luego en los gobiernos estatales, y después en las dependencias públicas, hubo fuertes quejas porque no llegaba el dinero de la federación. Los subejercicios del gasto público, en todas partes, fueron nota sobresaliente en los medios informativos. Desde los primeros meses del año, cuando más se reclamaba que no fluía el gasto, el secretario Luis Videgaray y el equipo hacendario lo negaban: que el gasto se estaba ejerciendo conforme a los montos y ritmos programados, decían insistentemente, y machacaban que la lentitud del gasto era una cosa común en los primeros meses de todo nuevo gobierno. Pero ya desde mayo, cuando el Inegi divulgó las cifras del primer trimestre, los analistas financieros y los expertos en indicadores macroeconómicos daban cuenta de que, si bien es cierto que el gasto puede fluir con lentitud en los primeros meses de un nuevo gobierno, Peña Nieto y su secretario de Hacienda se pasaron de la raya. Los datos oficiales indican que ni siquiera en los primeros meses del gobierno de Ernesto Zedillo, en pleno arranque de la brutal crisis por la severa devaluación de diciembre de 1994, el gasto público cayó tanto. En el primer trimestre de 1995 el gasto fue 2.9% menor que el ejercido en el mismo periodo del año anterior. Con Vicente Fox, por el contrario, el gasto público del primer trimestre de 2001 fue 0.8% superior al del primer trimestre de 2000. Con Calderón se registró una caída de 5.5% entre enero y marzo de 2007. Pero en el primer trimestre de este año, primero del gobierno de Peña Nieto, el gasto público cayó 10.4%. Todavía para agosto, el subejercicio en este rubro ascendía a 89 mil millones de pesos, 3.8% menos del gasto programado. En su momento, analistas de grupos financieros, señaladamente Banamex, achacaron la lentitud del gasto a la inexperiencia del nuevo equipo hacendario y a las distracciones del secretario Videgaray, más entretenido en las negociaciones de las reformas estructurales que en las tareas de la Secretaría de Hacienda, decían. De hecho, fuentes consultadas por el reportero en la propia secretaría y en el Banco de México coinciden en que Videgaray pasa más tiempo en Los Pinos que en sus oficinas de Hacienda. “En Palacio Nacional pocas veces se le ve”. Un segundo pecado visible de Luis Videgaray fue dejar caer al sector de la construcción, que es uno de los principales generadores de empleo y de mayor impacto en el conjunto de la economía. 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 21
  16. 16. Proyecto digital de relumbrón C inco días antes del primer año de la nueva administración federal, y ante el claro incumplimiento del plazo para discutir y aprobar las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió presentar con un gran despliegue burocrático y mediático la Estrategia Digital Nacional, que pocos han entendido y comentado. En el planteamiento con el que se anunció, la estrategia carece de un diagnóstico claro, de metas fijas, de plazos para cumplirlas y de responsables directos, pero sí establece dos metas genéricas, más publicitarias que operativas: hacer que México pase del quinto al primer lugar en América Latina en materia de digitalización (lugar que actualmente ocupa Chile), y alcanzar el promedio de digitalización de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 59.29 puntos. Tan sólo para lograr el primer objetivo (pasar del quinto al primer lugar en América Latina en 2018) se necesitan más de 94 millones de conexiones de telefonía y banda ancha (móvil y fija), de acuerdo con un análisis elaborado por Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom. La única proyección precisa del gobierno federal consiste en alcanzar, hacia el final de su sexenio, una cobertura de 70% de los hogares con internet, y de 85% de las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, el dato más reciente publicado por el Inegi indica que hasta abril de 2013 sólo 30.7% de los hogares mexicanos (9.5 millones) tienen conexión a internet, pero con desigualdades regionales graves: Mientras en el Distrito Federal y la Península Desde finales del sexenio pasado, el gobierno de Felipe Calderón reconoció que era equivocada la idea de construir grandes conjuntos habitacionales en forma horizontal, pues estaban situados lejos de las zonas de trabajo y escolares de quienes compraban casa habitación, además de que estaban construyéndose en espacios de un tamaño indigno: hasta de 30 metros cuadrados. Según cifras oficiales, millones de casas o no fueron habitadas o quedaron abandonadas, razón por la cual el gobierno detuvo la construcción de ese tipo. Pero fue en este gobierno cuando se detuvo el flujo de recursos para el sector de la construcción. A un menor gasto público 22 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 de Baja California 50% dispone de computadora y conexión, en Chiapas y Oaxaca la proporción apenas llega a 20%. Para darnos una idea del nivel de conexiones que se necesitan hacia 2018 para lograr la meta del plan de Peña Nieto, el comparativo de datos entre Chile y México revela lo siguiente: En telefonía móvil, nuestro país requerirá 68 millones de conexiones adicionales a los 103 millones actuales de celulares y smartphones existentes para arribar a la tasa de 137.6% de cobertura que tiene el país sudamericano; se precisa de Miguel Dimayuga JENARO VILLAMIL Lagunes. La super secretaria para obra civil y de infraestructura –por la lentitud en las asignaciones– se sumó la baja en los trabajos de autoconstrucción y remodelación, impulsados en gran parte por las remesas, que se cayeron. La situación se complicó a raíz de que el gobierno dejó de subsidiar a las empresas desarrolladoras de conjuntos habitacionales, principalmente a las grandes, que inclusive cotizan en la bolsa de valores. Se les quiso castigar por el desvío de los recursos originalmente destinados a la compra masiva de terrenos, por sobreendeudarse y construir lejos, en espacios reducidos, obras de pésima calidad, entre otras culpas. Esas compañías dejaron de construir repentinamente. El gobierno no reparó en otros 21.4 millones de conexiones de banda ancha móvil para pasar de 12.81% a un mínimo de 30% de hogares con acceso a esta tecnología, como en Chile; y en banda ancha fija tendría que haber 2.3 millones más para pasar de 11.6% a un mínimo de 13%. La Estrategia Digital Nacional presentada por Enrique Peña Nieto y su coordinadora Alejandra Lagunes, convertida en una especie de “supersecretaria” del gobierno federal, no aclara cómo se alcanzarán tales metas ni cuánto costará hacerlo. El proyecto, presentado en el Museo Nacional de Antropología, prevé los siguientes habilitadores: conectividad, inclusión, habilidades digitales, interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos. Dentro del rubro de “conectividad” se habla del despliegue de infraestructura de banda ancha, un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, y de la instalación de puntos de intercambio de internet (IXP). “Sin la instalación de una amplia y robusta red de infraestructura de telecomunicaciones, sin mayor disponibilidad de espectro para comunicaciones móviles avanzadas y sin núcleos en internet no será posible alcanzar ningún objetivo de digitalización”, advierte el análisis de Mediatelecom. De acuerdo con el discurso presidencial, se persiguen cuatro objetivos: establecer una Ventanilla Única Nacional; una Política Nacional de Datos Abiertos; economía, educación y salud de calidad, y seguridad ciudadana. El mismo discurso no aclaró cómo los conseguirá. Únicamente informó que ya está en construcción un “gran sitio en internet” para unificar en un solo portal “cerca de 7 mil trámites de gobierno de la República”, y que, gracias a este megasitio, se podrá acceder a las calificaciones en las escuelas e inclusive solicitar actas de nacimiento y pasaporte “desde cualquier lugar, hora o dispositivo electrónico”. El primer mandatario no precisó en ningún momento cómo se garantizarán la se- el efecto colateral de ello, pues una a una las grandes empresas fueron cayendo: sin más activos que los terrenos en que construían, al no poder construir más, fueron perdiendo valor, no generaban ingresos y dejaban de pagar sus deudas. El efecto dominó, que no vio el gobierno actual, fue que en su caída las grandes desarrolladoras arrastraron a cientos de constructoras y tienen con el Jesús en la boca a los bancos e inversionistas que les prestaron. El sector cayó en picada durante el año, como ningún otro sector productivo: -3% en el primer semestre; -4% en el segundo y casi -7% en el tercero. Todavía, el viernes 29 de noviembre el
  17. 17. P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O guridad y la protección de los datos personales que contendrá este volumen de información y de Big Data nacional. Alejandra Lagunes, en la misma presentación, mencionó que entre las generalidades que la estrategia deberá aterrizar se encuentran “aspectos de gobernanza en internet, seguridad, soberanía de datos, privacidad y protección de datos personales”. de “mandos dobles” en las áreas de Comunicación Social de cada secretaría. Uno reportó a David López, el director general formalmente, y otros a Lagunes, responsable de todos los medios digitales, institucionales y no. En julio de este año, Proceso publicó el borrador de un ambicioso proyecto para consolidar todo el manejo de datos digitales del gobierno federal en una sola “nube digital” que sería operada por Google, el gigante estadunidense señalado por Edward Snowden como uno de los principales colaboradores de la estrategia de espionaje e intrusión global de Estados Unidos. Ese proyecto incluía un plan de almacenamiento de datos que beneficiaría a Kio Networks, de la empresaria María Aramburuzabala, la mujer más acaudalada de México, y el soporte técnico se le daría a EMC Computer Systems. El plan de la “nube digital” confirmó el enorme poder que ya había adquirido al interior de la administración federal Alejandra Lagunes, experta en mercadotecnia política y comunicación en redes sociales, quien trabajó como gerente de ventas de Google México en 2005 antes de convertirse en gerente de ventas de Televisa Interactive Media (2008-2009). Al parecer, se canceló el proyecto de la “nube digital”, pero no está claro si las empresas que iban a ser beneficiadas van a participar y de qué manera en los plazos de la Estrategia Digital Nacional. Para varios observadores y funcionarios consultados por Proceso off the record, es claro que la estrategia confirma el poder adquirido por Lagunes y su círculo más estrecho –que proviene, como ella, de las grandes trasnacionales de la tecnología–, y que, incluso, ya se han ido creando una especie En su análisis sobre la Estrategia Digital Nacional, Jorge Fernando Negrete advierte varias ausencias, además del tema más señalado sobre derechos a la privacidad y la seguridad de los datos personales y de las operaciones financieras a través de las tecnologías digitales. Entre esos temas están “los contenidos y las aplicaciones digitales”. La estrategia, dice Negrete, “debiera velar por el contenido que va a circular por las redes y por las aplicaciones que permitan un mejor aprovechamiento de los servicios públicos y el logro de un gobierno eficiente”. El director de Mediatelecom menciona otras ausencias importantes en el documento: “–Faltan indicadores y proyecciones alcanzables de digitalización anuales y rumbo hacia el 2018, fecha en que el país pasará a tener 124.7 millones de habitantes, según Conapo. “–No se define con claridad cuál será la instancia administrativa responsable y cuáles sus atribuciones para lograr lo establecido en la Estrategia Digital Nacional. Sólo se menciona que la coordinación a cargo de Lagunes tendrá un poder ‘transversal entre todas las dependencias y entidades del gobierno de la República para promover la adopción y el desarrollo de tecnologías, la innovación, la apertura y la transparencia en todo el aparato gubernamental’.” El análisis de Negrete puntualiza: “Quedan en duda las atribuciones que en la materia conservarán la Subsecretaría de Comunicaciones y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (e-Mexico), adscritas a la SCT”. Las atribuciones de esta última instancia, creada por el gobierno de Felipe Calderón, son muy similares a las que adoptó la oficina a cargo de Alejandra Lagunes. Y prosigue: “–La capacitación y alfabetización digitales son fundamentales, pero no se establecen metas claras en este sentido. Sólo se presume que el gobierno de Peña Nieto distribuirá computadoras a estudiantes de quinto y sexto años de primaria a través de la fase piloto del programa MiCompu.Mx. “–El tema federal está ausente en la estrategia nacional. Mediatelecom advierte que ‘cada entidad federativa debiera crear su propia estrategia o agenda digital, o adaptar las que ya existen al nuevo escenario que plantea la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones’. “–No se menciona ni se retoma ninguna de las experiencias internacionales que existen en este tema. Por ejemplo, Brasil, Colombia y Chile son tres naciones latinoamericanas que desarrollaron sus propias agendas digitales antes que México.” Brasil publicó su Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL en portugués), que busca la cobertura de 95% de los municipios; 42 millones de hogares con internet, y 91.5% de población con telefonía móvil. En 2013, Brasil decretó la exención fiscal para el despliegue de redes, servicios y obras civiles encaminadas al desarrollo de la banda ancha que permitirán inversiones por 8 mil millones de dólares hasta 2016. En México no existe nada parecido. En Colombia, desde 2010 se lanzó el Plan Vive Digital para multiplicar por siete el número de medianas y pequeñas empresas con conexión a internet e impulsar la reducción del IVA en internet a la población de los niveles socioeconómicos más bajos. Chile estableció en su plan digital metas y plazos muy claros que se han ido cumpliendo. Pasó de tener sólo 1% de hogares con internet de alta velocidad a 50%; de 15% de escuelas conectadas a 70%, y de 40.7% de habitantes con acceso a internet a 80%. Inegi reportó que el valor de producción de las empresas constructoras disminuyó -7.5% en términos reales en septiembre último, producto de las caídas en los subsectores de construcción de obras de ingeniería civil –que es responsabilidad del gobierno– en 9.3%, y de edificación en 7.9%. Sólo creció el subsector de trabajos especializados para la construcción, en 4.1%. Es el que se refiere a autoconstrucción y remodelación, que está más ligado a las remesas que trabajadores mexicanos en el exterior envían a sus familias. Todo eso, en la abstracción de los números. En la realidad, compañías constructoras en bancarrota, muchas desaparecidas, proveedores en agonía y cientos de miles de mexicanos sin empleo. El propio Videgaray ha reconocido ambos pecados –freno en el gasto público y derrumbe de la construcción–, que aceleraron la caída de la economía en el año. Lo hizo, aunque de manera implícita, en la conferencia de prensa del 14 de noviembre que ofreció para elogiar la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2014, que ocurrió en la madrugada de ese mismo día. Primero justificó que el gasto se retrasó porque el presupuesto 2013 se aprobó “muy tarde, el 21 de diciembre” de 2012, y muchas de las reglas de operación para múltiples programas de gasto no se emitieron hasta el último día de febrero. Y prometió que en 2014, con un presupuesto que se aprobó mes y medio antes de que concluya el año, y con reglas de operación que se emitirán pronto, ahora sí el gasto público se aplicará, y de manera acelerada, desde el primer día del próximo año. Mal año, pues, para la economía y para Luis Videgaray. Y más aún, el secretario termina el 2013 con el enojo manifiesto de la iniciativa privada y de la sociedad en su conjunto por la mayor carga tributaria que deja la miscelánea fiscal. Esta malograda “reforma hacendaria” no le dejará más dinero a las arcas federales ni acabará con la vulnerabilidad de las finanzas públicas, que seguirán tan dependientes de los volátiles ingresos petroleros. El largo brazo de Google Temas ausentes 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 23
  18. 18. REFORMAS ENERGÉTICA Y POLÍTICA Historia de una traición JENARO VILLAMIL E l regalo de Navidad se adelantó en la sede del Senado la noche del 26 de noviembre. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada priista, recibió la “visita especial” de los tres enviados de Los Pinos para destrabar las negociaciones con el PAN en materia de reforma político-electoral. Con un dispositivo especial de seguridad, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, subió desde el sótano 1 del Senado a las oficinas de la Junta de Coordinación Política, presidida por Gamboa, y sostuvo una reunión a puerta cerrada con legisladores del PAN, del PRI y del Partido Verde. A Nuño lo acompañaban Humberto 24 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 Castillejos Cervantes, consejero jurídico de Los Pinos, y Andrés Massieu Fernández, coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental. Previamente el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, ya había negociado con los senadores de las comisiones dictaminadoras. Mientras los enviados de Los Pinos cabildeaban en privado, en el pleno los senadores aprobaban el paquete de reforma financiera, un dictamen de más de mil 800 páginas que modificó una treintena de ordenamientos, escasamente analizados por los senadores, pero bajo presión de los asesores del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Prácticamente le dieron línea a los legisladores del PRI para que aprobaran sin discusión este complejo paquete proveniente de la Cámara de Diputados. Así el Ejecutivo federal “invadió” y comenzó a presionar directamente a los senadores para que, en vísperas de cumplirse el primer año del Pacto por México, se completara el ciclo de reformas que se comprometieron a aprobar. Ya habían sacado en menos de un año las reformas educativa, de telecomunicaciones y radiodifusión (cuyas leyes reglamentarias ya no estarán listas para el lunes 9 y se pospusieron para marzo o abril de 2014), la fiscal-hacendaria, la de transparencia, la financiera y venía “la joya de la corona”, la energética que necesita librar la aduana de la político-electoral impuesta como condición por el PAN para votar cambios constitucionales en materia petrolera. El senador perredista Alejandro En-
  19. 19. P RES I DENC I A P RI M ER A Ñ O En lo que respecta a las reformas energética y política, las negociaciones en el Senado las realizaron sólo el PRI (con un equipo enviado desde Los Pinos) y el PAN. Como ya había adelantado la senadora perredista Dolores Padierna, se trató de un “golpe legislativo”. Ambos partidos cocinaron los pormenores de dichas reformas; en el caso de la primera, con la apertura hacia el sector privado muy al gusto del blanquiazul, que a su vez impuso condiciones en algunos aspectos político-electorales. cinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las cinco que dictamina la reforma política, confirmó que entre los panistas y priistas había 10 temas “encorchetados” que evitaban el avance. El PRI insistía en incorporar el concepto de “determinancia” para aceptar que el rebase de topes de gastos de campaña y el uso de dinero de procedencia ilícita fueran causales de nulidad de la elección. El PAN defendió que la reelección legislativa se iniciara en 2018 y no en 2024 como propuso el PRI. El tema del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los organismos electorales estatales ya había quedado en una opción “mixta” (Proceso 1934). Los panistas, a decir de varios senadores del PRI consultados, encarecieron su voto a la reforma político-electoral a sabiendas de la urgencia de aprobar este paquete y comenzar a dictaminar la energética en los términos también planteados por el blanquiazul: abrir más la posibilidad de la inversión privada a través de otras figuras, como las concesiones. El mismo 26 de noviembre comenzaron los acercamientos entre el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, y los panistas Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle para adelantar un posible predictamen de reforma constitucional en materia petrolera que incluyera la figura de las licencias, similares a las concesiones, que durante los foros de debate propusieron varios ponentes, especialmente Adrián Lajous, exdirector de Pemex. En todo este juego de cabildeos y presiones el PRD comenzó a estar marginado. Su coordinador, Miguel Barbosa, tuvo una repentina dolencia física que lo ausentó esos días. Y la dirigencia nacional, encabezada por Jesús Zambrano, fue olímpicamente hecha a un lado. Astuto, al ser cuestionado por la prensa sobre el cabildeo de los enviados de Los Pinos, Gamboa admitió la presencia de Nuño, Castillejos y Massieu pero aclaró: “Aquí el gobierno no vota, aquí votamos 128 senadores. No hay ninguna presión”. Al pacto lo dieron por finiquitado, días antes de que el 2 de diciembre cumpliera su primer año, los propios enviados de Peña Nieto al Senado para acelerar las negociaciones con el PAN. Predictamen de madrugada La tarde del 27 de noviembre el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett, recibió, como otros legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, un citatorio de Enrique Burgos, senador priista y presidente de dicha comisión, “para la presentación del proyecto de dictamen de las diversas iniciativas de reformas constitucionales en materia político-electoral”. El oficio CPC/ST/369-2013 señalaba en los siguientes términos la convocatoria: “Me permito solicitarle su amable disposición para la eventual convocatoria (sic) a reunión extraordinaria de dichas comisiones unidas esta misma noche a las 21 horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado de la República. “Lo anterior en virtud de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras se encuentran trabajando en la construcción de consensos y en la elaboración del documento que habrá de ponerse a su consideración.” Firmaba el secretario técnico de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Morelos Canseco Gómez. Por reglamento del Senado las reuniones de comisiones sólo pueden ser ordinarias o extraordinarias. De acuerdo con el artículo 139, las reuniones ordinaras deben convocarse con 48 horas de anticipación, pero las extraordinarias se convocan “con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión”. Sin embargo, a las nueve de la noche, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado no había ningún legislador. La reunión de comisiones se había cancelado. Para sorpresa del petista Bartlett y de los legisladores perredistas, no fue así. A las cuatro de la madrugada del 28 de noviembre las comisiones emitieron un predictamen que dejó al margen todos los temas defendidos por el PRD, especialmente los relacionados con los mecanismos de consulta popular para reglamentar el artículo 35 constitucional, elemento clave para dar legalidad a la consulta que quieren solicitar en relación con la reforma energética. El predictamen, de 231 cuartillas, mantiene aún varios temas “encorchetados”, pero establece dos ejes: la reforma política y la reforma electoral. La primera consiste en la figura del gobierno de coalición, ratificación de nombramientos 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 25
  20. 20. P R ESID E N CIA PRIMER AÑO hechos por el presidente de la República, la creación de una Fiscalía General de la Federación, la reelección legislativa y el cambio de fecha para adelantar la toma de posesión del titular del Ejecutivo federal, entre los principales asuntos. En materia de reforma electoral se habla del “fortalecimiento” del Instituto Federal Electoral y sus atribuciones mediante su transformación en Instituto Nacional Electoral y aumento “en el umbral” para mantener el registro como partido político, entre otros asuntos. El tema de la anulación de la elección por rebase de topes de gasto de campaña aún estaba “encorchetado”. La desaparición de los institutos estatales electorales no se concretó. En las páginas 122 y 123 del predictamen se estableció: “Se retirarán las funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad” pero se acordó que “no es pertinente” la desaparición de los órganos locales, “sino establecer en la Constitución Política la homologación de algunos aspectos para el cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de nombramiento de los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su cabal desempeño”. Para el PRD, especialmente para su dirigente nacional Jesús Zambrano, impulsor de la figura del INE junto con el PAN, se trató de un modelo “descafeinado” de organismo electoral. “Triunfaron los gobernadores”, declaró. La huella de los intereses del PAN quedó manifiesta en la página 110 del predictamen donde se establece que los diputados federales “podrán reelegirse hasta tres periodos más, para sumar 12 años en ejercicio del encargo y los senadores hasta por un periodo adicional, también para sumar 12 años de servicio ininterrumpido en esa calidad”. Los del blanquiazul demandan que esta reforma entre en vigor desde 2018 –con los actuales senadores como posibles candidatos a reelegirse– y no hasta 2024 como demandan el PRI y su coordinador Emilio Gamboa, quien por cierto ha cambiado de una cámara a otra en los últimos 12 años. Ninguno de los mecanismos de participación y consulta ciudadana, considerados por el PRD como sus “cartas ciudadanas”, se incorpora en el predictamen aprobado esa madrugada. La reforma política del Distrito Federal queda en el limbo. Prácticamente ignoraron en la negociación una iniciativa impulsada por varios organismos no gubernamentales, encabezados por el sacerdote Miguel Concha y el exrector de la UNAM Pablo González Casanova, quienes proponen incorporar en los artículos 35 y 36 de la Constitución las figuras del plebiscito y 26 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 el referéndum, además de las consultas populares. También se incorporó un mecanismo nuevo de subrepresentación y sobrerrepresentación en las cámaras que le permitirán a un partido tener un número de diputados por mayoría y por representación proporcional con un margen de ocho puntos porcentuales de su votación. También se incrementó de dos a tres el porcentaje mínimo para que un nuevo partido pueda tener representación y registro definitivo, sin ir en coalición con otros en su primera contienda. Ruptura del PRD La mañana del 28 de noviembre, cuando se conoció la existencia de este predictamen, el PRD convocó a una conferencia de prensa en el Senado para anunciar su salida del Pacto por México, su ruptura de las negociaciones en la reforma políticoelectoral y denunciar un “pacto en lo oscurito” entre el PAN y el PRI para avanzar en la reforma energética sin incorporar el mecanismo de la consulta popular. Horas antes de la conferencia de la cúpula de legisladores y dirigentes del PRD, en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, el senador panista Javier Corral deslizó la versión de que su partido estaba ya negociando con el gobierno federal la incorporación de la figura de licencias en el proyecto de reforma energética, como semanas antes anunciaron The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg citando fuentes oficiales. El comunicado, leído por la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD, denunció que el PRI, el PAN y el Partido Verde preparaban un “golpe legislativo” para “redactar el dictamen de reforma energética sin cubrir los procedimientos parlamentarios, sin incluir al PRD en sus convocatorias, en forma apresurada”. El PRD solicitó que se suspendiera la reunión de las comisiones unidas de reforNuño. Enviado de Los Pinos ma político-electoral, citadas para el mismo 28 de noviembre por la tarde, y no hubiera sesión ordinaria el 29 de noviembre, pues “no está discutida, analizada ni completa esa iniciativa y porque no vamos a legitimar la reforma política porque implica avalar la estrategia para privatizar el petróleo”. “No podemos aceptar una reforma política sin las cartas ciudadanas, en particular con la Ley de Participación Ciudadana para que haya consulta revocatoria”, afirmó Padierna. “Tampoco podemos aceptar que con maniobras legislativas se pretenda convertir al tema energético en un tema fiscal que no esté sujeto a la consulta popular, como se pretende”, abundó. La perredista hacía referencia al condicionamiento que impuso el PRI a la aprobación de una ley reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 constitucional donde se incorpora la figura de la consulta popular. Los negociadores oficiales querían vincular este tema a la misma prohibición de llevar a consulta los asuntos fiscales. En el paquete hacendario se crea en el título V de la Ley de Hidrocarburos un nuevo régimen fiscal para Pemex que en esencia permite la apertura de contratos privados. Zambrano oficializó en ese momento la salida del PRD del Pacto por México. Acusó al PRI y al PAN de violar lo firmado en el pacto y convocó a un plan de acción conjunta con “otras fuerzas políticas” para frenar la reforma energética. Encinas expuso los puntos de diferencia con el predictamen del PAN y del PRI en materia de reforma político-electoral. “Quieren hacer una restricción para que no se autoricen consultas populares revocatorias sobre reformas ya aprobadas”, dijo. “No vamos a legitimar ni convalidar un condicionamiento del PAN para la reforma energética”, sentenció Encinas, quien también acusó a los panistas de legislar en su propio beneficio al defender la posibilidad de que la reelección inmediata aplique a favor de los actuales senadores del blanquiazul. La salida del PRD del Pacto por México le hizo ganar tiempo a este partido en medio de una acelerada negociación entre PRI y PAN para sacar la reforma políticoelectoral y de la movilización convocada por Andrés Manuel López Obrador para este domingo 1. El PRD prepara otras movilizaciones para el martes 2 mientras la dictaminación y votación final de la reforma político-electoral se prevé que ocurran el lunes 2 y el martes 3, al tiempo que desde el miércoles 4 y el jueves 5 se acelerará el proceso de aprobación de la reforma energética, aun sin el voto de la izquierda. “Va a haber reforma energética. Nunca nos vamos a dejar presionar ni chantajear por nadie”, sentenció Gamboa Patrón tras la salida del PRD.
  21. 21. El pacto reventó, pero... Menos de un año después de haber sido suscrito, en vísperas de la concentración de este domingo 1 en el Zócalo capitalino convocada por Andrés Manuel López Obrador para manifestar su repudio a la reforma energética, el Pacto por México quedó reventado con la salida del PRD. Así, los vaticinios en este sentido desde diferentes sectores políticos se están cumpliendo, aun cuando Jesús Ortega Martínez, expresidente nacional perredista, asegura que el pacto no fue una ocurrencia coyuntural, pues durante años su partido discutió al respecto. E insiste: el pacto es de izquierda, por lo que el PRD cometería un error si permite que la reforma energética la hagan solos el PRI y el PAN. ÁLVARO DELGADO E l 21 de noviembre, en vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebrado en Oaxtepec, Jesús Ortega Martínez no tenía duda: ratificaría su pertenencia al Pacto por México, como ocurrió, para mantener la alianza con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Acción Nacional (PAN). Artífice de ese acuerdo firmado un día después de la toma de posesión de Peña Nieto, el 2 de diciembre de 2012, Ortega se regodeaba: “Todos los días los contrarios al Pacto por México publican esquelas y mandan coronas de flores por su muerte, y todos los días se equivocan”. Pero quien se equivocó fue él: el día 28, cuatro días después del aval del PRD, el Pacto por México comenzó su agonía con el arreglo de Peña Nieto con el PAN para aprobar una reforma política “rabona” y una energética que cede el petróleo 28 1935 / 1 DE DICIEMBRE DE 2013 a particulares nacionales y extranjeros. La marginación del PRD de estas dos reformas la ratificó el propio mandatario, ese mismo día, al renegar del consenso previsto en el Pacto por México: “Somos un país democrático, diverso y plural, en el que todas las voces merecen ser escuchadas, pero como debe ser en democracia, debe privilegiarse aquella voz que tenga mayoría”. Desde Chile, desde donde siguió los acontecimientos –incluido el retiro del PRD de las negociaciones–, Ortega admite que el acuerdo ya está condenado a muerte: “Ateniéndome a la declaración del presidente, el Pacto por México está a punto de ser sacrificado.” Coautor de ese pacto, junto con el priista José Murat, Ortega culpa al presidente del PAN, Gustavo Madero, de anteponer su proyecto de reelección a lo firmado, y a Peña de ceder a presiones extranjeras para aprobar una reforma privatizadora del petróleo. “Le están apuntando a la sien, y todo con el propósito, de unos (los panistas), de resolver sus asuntos internos, y de otros (del gobierno de Peña), de atender presiones extranjeras que un gobierno serio debería soportar.” “No me equivoco en la expresión ‘a punto de ser sacrificado’. ¿Quiénes son los que están con el arma en la sien del pacto? Los que incumplen con el contenido estricto del pacto, los que incumplen su palabra y su firma.” El expresidente del PRD niega que el gobierno de Peña y el PAN hayan “chamaqueado” a su partido. “No, porque sacamos reformas muy importantes. Los chamaqueados serían ellos: Demostrarían su novatez y fragilidad política. Es un error estratégico destruir el pacto”. –Pero logran su objetivo: la reforma energética… –Si eso es así, entonces son pequeños intereses y pequeñas miserias, no los intereses del país. Si lo hacen se verían poco profesionales, sin sentido estratégico. –¿Y eso les importa? –Quién sabe. A lo mejor son reformas

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