Estrategia de seguridad de Peña Nieto: entre el continuismo y la improvisación

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semanario de información y análisis
No. 1922 • 1 de septiembre de 2013
DROGAS
42 Mariguana: el DF, hacia la “vanguardia
legislativa” /Rodrigo Vera
46 Uruguay toma el control /Francisco Olaso
ANÁLISIS
50 Derrumbe de expectativas /Jesús Cantú
51 Oído sordo /Naranjo
52 ¿Y la Corrupción qué, Presidente?
/Sabina Berman
53 Primer Informe: los desafíos /Héctor Tajonar
54 Debate sobre una contrarreforma
/Graciela Rodríguez Manzo
56 Presuntos delincuentes en la UAM
/Ernesto Villanueva
57 La suerte de Hilda /Marta Lamas
INTERNACIONAL
58 MEDIO ORIENTE: Detrás de la “línea roja”
/Témoris Grecko
64 CHINA: Contra la corrupción, métodos
oscuros /Adrián Foncillas
Fotos portada
PRIMER INFORME
6 SEGURIDAD: Estrategia de oropel
/Jorge Carrasco Araizaga
8 Continuismo anticrimen /Erubiel Tirado
11 Los muertos que hablan /Semanario Zeta
14 POLÍTICA SOCIAL: Militarización disfrazada
de Cruzada contra el Hambre /Marcela Turati
19 En Migración, podredumbre extrema
/Gloria Leticia Díaz
22 REFORMAS: El hombre clave de Peña Nieto
/Jenaro Villamil
26 ECONOMÍA: Riesgos de recesión
/Arturo Rodríguez García
30 Gobierno de obsesiones
/Rogelio Ramírez de la O.
32 IMAGEN: Maquillaje multimillonario
/Arturo Rodríguez García
NARCOTRÁFICO / LA CAPITAL
36 Saldos del caso Heaven: El narco, enquistado
e impune en el DF /Raúl Monge
39 Un “escudo” que parece coladera
/Patricia Dávila
Miguel Dimayuga
Marcha de maestros en
la Autopista del Sol.
Juan Carlos Cruz
Ejecución en el DF.
Claudio Vargas
Guerrero: detención de guardias comunitarias.
Germán Canseco
Movilización de la CNTE a Los Pinos.
6

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CONFLICTO MAGISTERIAL
68 Contra el magisterio, sed de represión
/Jesusa Cervantes
72 Encuentro con La Bestia en el País de las
Ladies y los Mirreyes /Fabrizio Mejía Madrid
CULTURA
76 Las siete lecciones de José Emilio Pacheco
/Víctor Rodríguez Núñez
79 Una espada de Damocles sobre Ernesto
Cardenal /Roberto Fonseca
82 Páginas de crítica
Arte: El Museo Nacional de la Estampa
/Blanca González Rosas
Música: El conde Ory /Raúl Díaz
Teatro: Beauty Free Helena
/Estela Leñero Franco
Cine: Fecha de caducidad /Javier Betancourt
Televisión: Isabel /Florence Toussaint
Libros: Stephen King /Jorge Munguía Espitia
ESPECTÁCULOS
86 Rechazan colonos La vecindad del Chavo
del Ocho /Niza Rivera
88 Un justiciero anónimo contra el crimen, en
Diente por diente /Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES
90 Centroamericanos Veracruz 2014: hacia el
desastre /Beatriz Pereyra y Raúl Ochoa
96 Palabra de Lector
98 Mono Sapiens /“¡¡ Pinches maestros!!”
/Helguera y Hernández
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42
58 76
90

Estrategiade oropel
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
I
mpreciso como el de su antecesor, el
gobierno de Enrique Peña Nieto no
acaba de definir una estrategia con-
tra la inseguridad. Rebasado por la
delincuencia y presionado para dar
resultados, se acerca cada vez más
a las acciones de Felipe Calderón, del que
hasta ahora sólo lo separan la espectacu-
laridad y la intensa propaganda de fuerza.
Su propuesta para retirar a los militares
del combate a la delincuencia organizada
–la creación de un nuevo cuerpo armado
bautizado desde su campaña presidencial
como Gendarmería Nacional– se redujo a
una mera división de la Policía Federal (PF),
y su propósito de no publicitar en los me-
dios la detención de los narcotraficantes va
quedando en mera intención.
Presionado por Washington y por la
prensa estadunidense por su “falta de cla-
ridad” para combatir el narcotráfico, acabó
por adoptar la misma acción que su ante-
cesor: informar sobre el número de deteni-
dos de una lista de “los delincuentes más
buscados”, elaborada por el gobierno ante-
rior y el de Estados Unidos.
El discurso también empieza a parecer-
se al del calderonato: El incremento de la
violencia en estados como Michoacán es
resultado de las acciones del gobierno, ha
dicho el nuevo supersecretario y titular de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El acercamiento a lo que dijo que no
quería hacer obedece a que la violencia
no cede en el país, sobre todo en lo que
hace a homicidio, secuestro y extorsión,
los mismos delitos que se comprome-
tió a abatir. De acuerdo con José Anto-
nio Ortega Sánchez, presidente del Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad Públi-
ca y la Justicia Penal, la reducción de 20%
–anunciada por el presidente la semana
pasada– en el caso de los asesinatos vin-
culados con la delincuencia organizada
es una tendencia que viene desde 2011.
“Está bien que se haya mantenido esa
tendencia, pero lo preocupante es lo que
está ocurriendo en los otros dos delitos. La
extorsión está creciendo de manera explo-
siva y para este año se espera un incremen-
to de 20% en los secuestros oficialmente
denunciados”, dice el también litigante.
Precisa que las denuncias oficiales por
extorsión se refieren principalmente a las
telefónicas y no reflejan las que ocurren en
los negocios formales e informales e inclu-
so a particulares. No sólo es el caso de Mi-
choacán, Guerrero o el Estado de México.
EduardoMiranda
6 1922 / 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Enrique Peña Nieto presenta su primer informe presi-
dencial a un país parcialmente convulsionado. El encan-
tamiento de sus primeros días de gobierno desapareció
ante la premura por hacer cierta aquella fantasía del“Mo-
mento de México” a través de impulsivas reformas con
apoyo en el gigante de pies de barro que resultó el Pacto
por México. Las calles plenas de tensión de la Ciudad de
México, los choques cotidianos en zonas de Guerrero y
Michoacán,la estrategia de seguridad que naufraga en la
incertidumbre,las ejecuciones que se multiplican,la eco-
nomía que no crece,confrontan al mandatario con su rea-
lidad: para gobernar se requiere algo más que la costosa
inversión que la Presidencia de la República ha hecho en
relaciones públicas.
Desde hace mucho la delincuencia organi-
zada y muchos que hablan en nombre de
ella están cobrando “derecho de piso” en
otras partes del país.
En el caso de los secuestros también
hay un incremento de 20% en el primer
semestre del año, en comparación con el
mismo periodo del año anterior. De acuer-
do con sus cifras en el sexenio pasado hu-
bo 6 mil 404 secuestros en el país, pero la
cifra podría ser tres veces superior, pues la
mayoría de los casos no se denuncian.
El decálogo
Desde su Plan Nacional de Desarrollo, pa-
sando por el Pacto por México, hasta su
decálogo de seguridad y justicia presen-
tado la semana pasada, Peña Nieto ha in-
sistido en que su propósito es abatir los
homicidios, el secuestro y la extorsión; re-
cambiar las policías y aplicar el nuevo sis-
tema de justicia penal.
En lo que ha sido su propuesta “más
acabada” luego de nueve meses de gobier-
no, el pasado 27 de agosto anunció “10 es-
trategias” de lo que llamó “nueva política
pública de seguridad y justicia”. Todas y
cada una, con distinta prioridad, también
fueron mencionadas en su momento por
Calderón.
Ese día Peña Nieto hizo de la 34 sesión
del Consejo Nacional de Seguridad Públi-
ca (CNSP) el foro para presentar el decálo-
go con el que pretende reducir los índices
que han colocado a México entre los paí-
ses más violentos del mundo en años re-
cientes. La estimación más conservadora
ubica entre 60 y 70 mil los muertos regis-
trados el sexenio pasado relacionados con
la delincuencia organizada, una cifra que
supera con creces el estándar internacio-
nal de una guerra civil.
La variación está en el énfasis que des-
de su campaña Peña Nieto le ha dado a la
reconstrucción del tejido social, que es el
primer punto de su decálogo y que dio lu-
gar a la creación de una subsecretaría de
Prevención y Participación Ciudadana, a
cargo de Roberto Campa Cifrián, exfuncio-
nario de Calderón quien en su momento
padeció las intrigas del equipo encabeza-
do por Genaro García Luna, el secretario de
Seguridad Pública del sexenio anterior.
Según informó Osorio Chong en la se-
sión, en esa estrategia participan nueve
secretarías de Estado con un presupuesto
de 118 mil millones de pesos y se concen-
tra en 57 demarcaciones con los más altos
grados de violencia.
El segundo punto de su propuesta es la
transformación de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), que en palabras
de su titular, Jesús Murillo Karam, durante
la sesión del CNSP, se adecuará al sistema
de justicia adversarial y oral. El nuevo mo-
delo deberá estar vigente en todo el país
en 2016, de acuerdo con la reforma consti-
tucional promovida en 2008 por el gobier-
no de Calderón junto con Estados Unidos
y en cuya confección participó el ahora
procurador cuando era senador.
De acuerdo con Murillo Karam, con ese
nuevo sistema de justicia la PGR deberá
realizar una adecuada investigación de los
delitos e integración de las averiguaciones.
En el primer caso, anunció en el encuentro
la creación de una Unidad de Investigación
de la procuraduría.
Comenzará en las cinco regiones del
país (noroeste, noreste, occidente, cen-
tro y sureste) anunciadas por Peña Nieto
en enero pasado como una acción para
combatir el crimen. Luego habrá una ofi-
cina de inteligencia en cada uno de los
estados del país para intercambiar infor-
mación con éstos. En el caso de la inte-
gración, dijo que bajo el nuevo sistema
de justicia la PGR tendrá que dar pruebas
no sólo a los fiscales, sino también a los
defensores públicos.
En el caso de la profesionalización po-
licial, el tercer punto del decálogo, el anun-
cio de Peña sobre la Gendarmería Nacional
es hasta ahora la mayor muestra de la im-
provisación. Durante su campaña habló de
PRIMER INFORME / SEGURIDAD
1922 / 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 7

E R U B I E L T I R A D O
una fuerza de entre 40 mil y 50 mil hom-
bres para reemplazar a los militares en el
combate al narcotráfico, con el propósito
de que el Ejército y la Marina regresaran a
sus cuarteles para sus funciones exclusi-
vas de defensa nacional.
Luego, ya en el cargo, redujo la cifra
a 10 mil hombres y previó que la nueva
Sin anuncios espectaculares, salvo
una publicidad avasallante, en materia
de seguridad Enrique Peña Nieto arriba a
su primer informe de gobierno con cam-
bios de forma, retórica confusa, claroscu-
ros en la relación con Estados Unidos y
un déficit severo que aún no ofrece solu-
ciones estructurales diferentes a las del
panismo calderonista.
Lasvariacionesdealgunosenfoquesco-
mo el preventivo, la desaparición de la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP), la cen-
tralización de decisiones con el empodera-
miento de la Secretaría de Gobernación, la
gendarmería y el enfoque norteamerica-
no de su agenda de seguridad ponen en en-
tredicho el supuesto cambio de paradigma
que pregonan el nuevo gobierno y sus ana-
listas “independientes”.
La administración de Peña Nieto apos-
tó a la acción focalizada (forzando inclu-
so la omisión de intervenciones policiacas
y militares) y control de información para
bajar la percepción social de inseguridad.
En el nuevo entramado,las claves son: cen-
tralización,rigidez burocrática y política de
las estructuras de seguridad modificadas.
Sin embargo, la violencia persiste
(tanto la derivada del crimen organizado
y el narcotráfico como la de delitos comu-
nes que afectan la integridad de las per-
sonas) y la inquietud social se mantiene
constante (84% de la población se siente
“poco o nada segura”, de acuerdo con Pa-
rametría). Sobre el primer aspecto, desta-
ca incluso el asombro, dentro y fuera del
gobierno, que atribuía la agudización de
la violencia a los ostentosos operativos
conjuntos del calderonismo. La persisten-
cia del síntoma apunta a un problema es-
tructural que no atacó Calderón y que Pe-
ña Nieto sigue ignorando.
El presidente anunció el 27 de agosto
último una disminución de 20% en el ín-
dice de homicidios relacionados con el cri-
men organizado y el narcotráfico, cifra ya
cuestionada por especialistas respecto a
la poca transparencia y rigor con la que se
determina metodológicamente. Lo cierto
es que la nueva administración acumula
un promedio de mil homicidios por mes
Continuismoanticrimen
fuerza participaría en el desfile del 16 de
septiembre. Pero los desacuerdos prevale-
cieron en el gabinete de seguridad. El Ejér-
cito, como principal abastecedor de tro-
pa, entrenamiento y recursos pretendía el
control de la nueva corporación.
En la indefinición sobre el nuevo
cuerpo armado se informó extraoficial-
mente también que estaría integrado
sólo por 5 mil elementos; 3 mil 500 del
Ejército y mil 500 de la Marina. Inclu-
so el Ejército había comenzado a entre-
nar varias unidades para convertir a sus
efectivos en gendarmes.
La Sedena insistió en tener el control
de la nueva fuerza, pero ni logró apoyo fi-
nanciero suficiente por parte del gobierno
federal ni la Secretaría de Gobernación es-
taba dispuesta a dejar el dominio del nue-
vo cuerpo. Finalmente el comisionado na-
cional de Seguridad, Manuel Mondragón y
Kalb, anunció en la reunión del CNSP que
el gran proyecto de la Gendarmería Nacio-
nal será una división más de la PF, al man-
do de Enrique Galindo Cevallos.
Aunque no precisó si su componente
será civil o militar aseguró que los man-
dos saldrán de las propias divisiones de la
PF, que tiene ahora 36 mil efectivos.
Mondragón, cuya principal aportación
ha sido replicar su experiencia como se-
cretario de Seguridad Pública en el DF de
regionalizar la acción policial, sólo dijo
que la Gendarmería ya reclutó a mil 700
cadetes que desde mayo pasado han sido
capacitados por los militares mexicanos,
aunque aseguró que todos serán entrena-
dos por el Ejército, la Marina y corporacio-
nes extranjeras.
GermánCanseco
Murillo. Nuevo modelo para la PGR

bierno en los penales. Sobre la participa-
ción ciudadana,el decálogo se refiere a una
“promoción y articulación” para promover
la denuncia anónima y la revisión de la es-
trategia gubernamental.
En este tema,hasta comparte represen-
tantes de la sociedad civil de Calderón, co-
mo el empresario deportivo Alejandro Mar-
en esta categoría de vinculación delincuen-
cial (según un reporte del Congreso de Es-
tados Unidos elaborado a partir de infor-
mación del gobierno mexicano) y no hace
mucha diferencia con el calderonismo. La
promesa de Peña Nieto fue disminuir la in-
cidencia en 50% durante su primer año de
gestión.
La desaparición de la SSP –hoy es un
apéndice de Gobernación– fue un acto de
revanchismo político, no el resultado de
una profunda revisión y mejor aprovecha-
miento de los recursos institucionales de la
seguridad pública. El redimensionamiento
sirvió de base para una encarnizada lucha
por repartición de puestos que dio lugar a
una rara mezcolanza de burócratas (algu-
nos sin experiencia) y operadores de segu-
ridad priistas (tanto de administraciones
federales pasadas como de gobiernos esta-
tales),panistas reciclados y hasta de analis-
tas mediáticos que al poco tiempo mostra-
ron su ineptitud para volver a su condición
de “críticos” funcionales.
La supuesta reingeniería institucional
que Peña Nieto presumió al principio es-
tá resultando un parto de los montes, que
no es ajeno a las pugnas internas por las
definiciones principales de la estrategia
de seguridad. La gendarmería expresa es-
te problema. Pensada como puntal operati-
vo que ayudaría a disminuir el desgaste de
las Fuerzas Armadas y mejorar capacida-
des preventivas y de investigación policial
a lo largo y ancho del territorio.
Lo anunciado por Manuel Mondragón
y Kalb, titular de la Comisión Nacional de
Seguridad Pública en febrero durante la
audiencia de ratificación ante el Congreso
(otra novedad formal), dista mucho de lo
anunciado hasta ahora: de 10 mil elemen-
tos contemplados al principio se reduci-
rán a la mitad; es decir, ya no será fuerza
policial de nuevo cuño sino una división
más de la Policía Federal.
Además, estará lista hasta julio de 2014
y no en este año como estaba previsto. Los
cambios también son el resultado de la di-
fícil convivencia entre civiles y militares en
las funciones de seguridad pública (La Jor-
nada, 26 de agosto). Subsiste el enfoque de
tener estructuras paramilitares, es decir,
policías con formación y disciplina emi-
nentemente castrense. Este es un pun-
to adicional de continuidad con el panis-
mo si se recuerda bien que esa era la oferta
de la candidata presidencial, sin mencio-
nar los efectos nocivos del “mando único”
impulsado por Calderón y que se consoli-
da en el país.
Por su parte, la canalización de recur-
sos cuantiosos a la prevención del delito
responde también a una línea del pasa-
do, cuando se focalizaban los operativos
conjuntos. Las acciones y el dinero están
concentrados en cerca de 10% de los mu-
nicipios (los 257 más violentos, según el
diagnóstico oficial), en tanto que la inci-
dencia delictiva real afecta prácticamen-
te a más de la mitad del país (17 entida-
des, de acuerdo con estudios serios, co-
mo el que dio a conocer recientemente el
Centro de Investigación para el Desarro-
llo, A.C. (CIDAC).
Inteligencia y militarización
Uno de los efectos de la crisis de seguridad
y la manera en que la enfrentaron las ad-
ministraciones panistas –con un visión pu-
nitiva empujada por Estados Unidos–, fue
la de prohijar diversas estructuras y subes-
tructuras de inteligencia y unidades ope-
rativas que se coordinaban sólo en apa-
riencia. Cada agencia de seguridad y de las
Fuerzas Armadas desarrolló agendas para-
lelas para atribuirse logros y culpar de fra-
casos a otros. Esta fue una de las razones
del fracaso calderonista y los estrategas
actuales, civiles y militares, no sólo reco-
Gendarmes
El plan de Mondragón es que la Gendarme-
ría Nacional esté lista en junio del próxi-
mo año, pero su operación plena, con un
presupuesto definido, no se dará sino has-
ta 2015, segundo año de la gestión peñista.
Para la capacitación echará mano de lo que
ya existe: la Academia Superior de Seguri-
dad Pública de la PF –creada desde el go-
bierno de Ernesto Zedillo en San Luis Poto-
sí– y la Academia Estatal de Seguridad Pú-
blica de esa misma entidad.
También utilizará el Instituto Superior
de Seguridad Pública de Hermosillo e ins-
talaciones de la Sedena y de la PF.
La gendarmería operará en poblacio-
nes rurales y periurbanas para garantizar
el libre tránsito de bienes y personas, in-
cluidos migrantes. Según Mondragón, será
la forma en que el Estado mexicano recu-
pere los territorios perdidos en varios es-
tados del país frente al crimen organizado.
En una reiteración de lo que ya existe,
el comisionado dijo que también ayuda-
rá a las autoridades locales en la preven-
ción del delito, lo que está previsto desde
la creación de la Policía Federal Preventiva
y que luego García Luna cambió simple-
mente a Policía Federal.
Como parte de la profesionalización,
retoma también la idea de Calderón y Gar-
cía Luna de crear un “mando único” poli-
cial en los estados, que en la práctica ha
significado la desaparición de las corpora-
ciones municipales.
Al igual que su antecesor, Peña ofrece
“una transformación” del sistema penal
para evitar la sobrepoblación y el autogo-
GermánCanseco
Mondragón. Gendarmería para 2014

tí, presidente de México SOS, y María Elena
Morera, presidenta y fundadora de Causa
en Común, ambos surgidos en el caldero-
nato y cercanos a García Luna.
Martí dejó clara su filia cuando intervi-
no en la sesión de la semana pasada. An-
te Peña, Osorio y Mondragón calificó de
“ejemplar” a la PF de García Luna.
Igual que Calderón, Peña designó un
vocero del gabinete de seguridad, Eduardo
Sánchez Hernández, nombrado por Osorio
Chong.La diferencia,según el funcionario de
Gobernación,es que dará información“pun-
tual”, “transparente” y “oportuna” de los ín-
dices delictivos.Como su antecesor,también
se refiere a una coordinación entre los tres
niveles de gobierno (federal, estatal y muni-
cipal),que se realizarán por zonas en las cin-
co regiones propuestas por Mondragón.
Otra de las apuestas anunciadas por
Peña en su decálogo es el “fortalecimien-
to de la inteligencia” para ponerla por en-
cima de la fuerza, que fue lo que caracteri-
zó al gobierno pasado. Incluso, en su Plan
Nacional de Desarrollo, Peña dice que en la
estrategia contra la delincuencia organiza-
da “tuvo como pilares el combate frontal,
así como la aprehensión y eventual extra-
dición de líderes de las principales organi-
zaciones delictivas”.
En su crítica, dice que eso “generó va-
cíos de poder en la delincuencia organiza-
da que detonaron luchas violentas por el
control territorial en importantes ciuda-
des del país. Esa lucha incrementó los ni-
veles de violencia y deterioró la percepción
ciudadana sobre su seguridad y la estrate-
gia misma.También se tradujo en un incre-
mento de los requerimientos financieros y
de reclutamiento de los grupos delictivos”.
En un afán de diferenciarse por lo me-
nos en el discurso belicoso de su antece-
sor, su gobierno se ha referido a las deten-
ciones que presenta casi como pacíficas
de importantes jefes del narcotráfico; pe-
ro ha sucumbido a la necesidad de anun-
ciar éxitos, y al igual que lo hacía el go-
nocen este hecho, sino que advierten, en
un ejercicio de reflexión al interior de las
Fuerzas Armadas, que ahora el escenario
es de pasmo y omisión de acciones (La Jor-
nada, 28 de agosto).
La afirmación del secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
sobre la captura de 61 cabecillas del cri-
men organizado y del narcotráfico con
base en “inteligencia” (la lista incluye
121) rememora a Calderón con su lista
de 37 capos, de los que capturó o ejecu-
tó a 25). No se desarticulan organizacio-
nes con sus redes cómplices en el gobier-
no y la iniciativa privada. Sigue pendien-
te una transformación profunda de las
capacidades de inteligencia del Estado
mexicano. El Plan Nacional de Desarrollo
establece pretensiones ambiciosas en la
materia (bajo el concepto de fusión) que
corren el riesgo de quedarse en el papel
si no se emprenden cambios estructura-
les con visión de Estado integral.
Iniciativa Mérida y más allá:
Soberanía debilitada
La permisividad irresponsable del cal-
deronismo dio lugar a una injerencia
estadunidense abusiva y sin preceden-
te. Peña Nieto tuvo que limitar su pre-
sencia e influencia operativa de los
agentes del vecino país en territorio na-
cional. Sin embargo, subsiste el enfoque
punitivo de Estados Unidos que busca
evitar que la violencia mexicana llegue
a su país y utilizar al nuestro como pi-
vote de contención en la seguridad re-
gional de Centroamérica.
De los 1.9 mil millones de dólares de
la Iniciativa Mérida aún no se ejercen
417.1 millones contemplados para éste y
el año siguiente. Entre 80 y 85% de esos
recursos se destinarán a fortalecimiento
de capacidades policiacas y de investiga-
ción; el resto (entre 15 y 120%) serán para
los componentes de justicia y derechos
humanos. Es importante recordar que
las leyes sobre lavado de dinero se ins-
criben en la lógica de la Iniciativa Mérida.
Como parte de esta colaboración, has-
ta mayo último se han entrenado y capa-
citado 19 mil oficiales de policía (4 mil son
investigadores federales, el resto de ori-
gen estatal, en particular de las entidades
que hacen frontera con Estados Unidos).
Para aplicar las reformas del nuevo siste-
ma penal acusatorio, los cursos al otro la-
do de la frontera han sido dirigidos a 31
mil empleados y funcionarios del apara-
to judicial (22 mil 500 de ellos del ámbi-
to estatal).
Por su parte, la visión militar de Es-
tados Unidos en la lucha contra las dro-
gas está inserta en la Iniciativa Mérida y
en acciones de colaboración a través del
Comando Norte. Los drones espías en
la frontera, la asistencia castrense y los
cursos de entrenamiento no se han sus-
pendido, si bien es algunos aspectos es-
peran ser reorientados por el gobierno de
Peña Nieto.
En este escenario preocupa la gober-
nabilidad comprometida. Además de los
grupos criminales y narcotraficantes, hay
nuevos actores disruptivos –grupos para-
policiales y paramilitares–, así como pro-
testas sociales expuestas a la radicaliza-
ción. El gobierno de Pena Nieto tiene nue-
vos retos que enfrenta con enfoques de
dudosa eficacia y herramientas de seguri-
dad debilitadas. Se corre el riesgo de per-
der la oportunidad (como ocurrió con Fox
en la alternancia) de transformar la visión
de seguridad del Estado mexicano.
De administrar la herencia insti-
tucional calderonista –con sus 60 mil
muertos y 25 mil desaparecidos– el man-
datario transitará un camino con un re-
sultado que ya conocemos.
EduardoMiranda
Martí y Morera. “Garcialunistas”

Los
muertosque hablan
La campaña de desinformación y los discursos triunfa-
listas del gobierno federal no pueden contra la realidad:
el número de ejecuciones relacionadas con el crimen
organizado sigue aumentando.El semanario Zeta se dio
a la tarea de rastrear y contabilizar esas muertes a par-
tir de diciembre de 2012. Aquí se presenta una versión
resumida del trabajo de la publicación tijuanense, cu-
yos resultados comparte a Proceso. Ahí destacan dos
datos: Guerrero ya es el estado más violento e inseguro
del país, y en cuanto a urbes, la Ciudad de México se
coloca en segundo lugar, por encima de Ciudad Juárez
y sólo debajo de Acapulco.
SEMANARIO ZETA
E
nrique Peña Nieto llega a su Pri-
mer Informe de Gobierno con al
menos 13 mil 775 ejecuciones.
Los decapitados, desmembra-
dos,colgados,encajuelados,des-
enterrados de narcofosas con el
tiro de gracia o caídos en enfrentamientos
entre los cárteles y policías están a la vista
de todos, pese a la estrategia del gobierno
peñista de ocultar la información.
A principios de marzo de 2013, cuan-
do Peña Nieto cumplía 100 días de go-
bierno de Calderón dice que ha detenido a
“62 de los 122 presuntos delincuentes más
buscados”, pero asegura que ha sido “sin
disparar un solo tiro”.
Martín Barrón Cruz, investigador del
Instituto Nacional de Ciencias Penales, dice
que la diferencia más importante respecto
al sexenio pasado ha sido la presentación
mediática de los llamados éxitos contra el
narcotráfico, pero hasta ahora no se puede
hablar de una verdadera estrategia por par-
te del gobierno de Peña Nieto hasta que se
conozcan los planes y programas de cada
dependencia del gabinete de seguridad.
Pero no hay ninguna certeza de que se
conozcan, pues se mantienen en reserva,
clasificados como de seguridad nacional.
Lo que quedará es ver los resultados fina-
les, que en el caso de Calderón fueron de
escándalo.
De acuerdo con Barrón, Calderón de-
tuvo a casi 90 personas por día durante su
sexenio; es decir, 190 mil 543 personas. De
ese total, unos 75 mil fueron aprehendidos
por la PF, que hizo una intensa difusión de
sus operativos; pero de todas las personas
que detuvo, sólo 2 mil 500 resultaron vin-
culadas con la delincuencia organizada.
Sólo veremos si la estrategia de Peña Nieto
es diferente a la de Calderón si cambia esa
realidad, dice.
BernandinoHernández

bierno, Zeta advirtió sobre su estrategia de
silencio y desinformación.
Pese al candado informativo, para do-
cumentar las 13 mil 775 ejecuciones Zeta
recurrió a los instrumentos gubernamen-
tales –incluyendo los informes del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) y el IFAI– y se con-
trastó la información oficial con los ser-
vicios forenses de diversas entidades, con
funcionarios que proporcionaron datos –a
condición de mantener su anonimato–,
asociaciones civiles y medios locales.
Como parte de la estrategia federal,
el secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, pronunció un discurso
triunfalista el 8 de febrero de 2013 y anun-
ció una imaginaria disminución en el nú-
mero de asesinatos: “En lo que respecta a
homicidios dolosos vinculados a la delin-
cuencia organizada se registró una dismi-
nución de 35 casos, al pasar de mil 139 en
diciembre pasado a mil 104 en enero”.
El discurso siguió con las estadísticas
de febrero: “En lo que respecta a los homi-
cidios dolosos relacionados con delitos fe-
derales, se registraron 914”. El pasado 12
de abril la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) anunció que “en lo que respecta a los
homicidios dolosos relacionados con de-
litos federales, se registraron mil 101” en
marzo. La misma dependencia dio los da-
tos preliminares del periodo del 1 al 30 de
abril de 2013: “Mil 47”.
Después expuso que en mayo pasado
hubo 954 “homicidios dolosos relaciona-
dos con delitos federales” y que en junio
fueron 869.
En total el gobierno de Peña Nieto reco-
noció nada más 7 mil 128 “homicidios do-
losos relacionados con delitos federales”
entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de
junio de 2013.
Se esperaba que el 9 de agosto la Segob
difundiera sus estadísticas de asesinatos
del narco, pero el subsecretario de Nor-
matividad de Medios y vocero del Gabi-
nete de Seguridad, Eduardo Sánchez Her-
nández, advirtió: “No vamos a continuar
haciendo la diferenciación de homicidios
que están vinculados a delitos federales”.
Los punteros
Los 7 mil 128 homicidios dolosos conta-
bilizados por el gobierno federal están le-
jos de la realidad. Zeta hizo un recuento
de homicidios relacionados con el crimen
organizado. Los datos documentados por
el semanario muestran que en ocho me-
ses de gobierno peñista –del 1 de diciem-
bre de 2012 al 31 de julio de 2013– hubo en
el país al menos 13 mil 775 ejecuciones de
ese tipo.
Durante el sexenio de Felipe Calderón,
Chihuahua fue la entidad más violenta.
En el de Peña Nieto, Guerrero se erige co-
mo el que más ejecuciones registra en los
primeros ocho meses de gestión federal:
mil 441.
Y cuando parecía que en Chihuahua
disminuían las ejecuciones, en el sexenio
peñista esa entidad llegó al segundo lugar,
con mil 277 homicidios dolosos vinculados
con el crimen organizado.
El tercer lugar lo tiene el Estado de Mé-
xico con mil 217. En el cuarto puesto está
Jalisco, con mil 94.Y en el quinto escaño se
ubica Sinaloa con 924 ejecuciones.
En el sexenio de Calderón, Guerrero
había ocupado el tercer lugar nacional en
cuanto a ejecuciones, con 7 mil 313. Hoy
encabeza la lista de estados violentos de-
bido a que diversos cárteles se disputan
la plaza.
Según la PGR, Joaquín El Chapo Guzmán
(cabeza del Cártel de Sinaloa) pelea ahora
Guerrero, donde también tienen presen-
cia grupos criminales o individuos como
La Barredora, El Comando del Diablo, Gue-
rreros Unidos, El Indio, La Oficina, el Cártel
Independiente de Acapulco, El Güero Hueta-
mo, Los Pelones, Los Marquina, El Rey, San-
ta Ríos Bahena, Iguana, El Pelos, El Mudo, Ir-
ving Eduardo Solano Vera, Los Granados,
Los Rojos, Nuevo Cártel de la Sierra, Los Za-
firos, El Tigre, Los Ardillos, el Cártel del Gol-
fo, Los Zetas, los Beltrán Leyva y La Familia
Michoacana.
En cuanto a ciudades, el gobierno de
Calderón convirtió a Juárez en la más san-
grienta. En este sexenio el puerto de Aca-
pulco ya es la plaza más violenta.
Y aunque el puerto del Pacífico cerró
2012 con mil 170 homicidios dolosos –se-
gún la Segob– en los primeros ocho me-
ses de gobierno de Peña Nieto es la ciu-
dad con más ejecuciones: 625, de acuerdo
también con la dependencia que encabe-
za Osorio Chong.
Ejecuciones a la alza

En segundo lugar está la Ciudad de
México, que con 8 millones 851 mil 80 ha-
bitantes registró en los primeros ocho me-
ses de gobierno federal 521 ejecuciones.
En tercer lugar figura Tijuana, con 1 mi-
llón 619 mil 282 habitantes, que contabilizó
389 ejecuciones en el mismo periodo.Culia-
cán, con 884 mil 601 habitantes, se situó en
cuarto lugar con 334 asesinatos.Ciudad Juá-
rez –1 millón 339 mil 648 habitantes– sigue
entre las más violentas, con 295.
Estado accidentado
Pese a las balaceras, la toma de pueblos en-
teros, los enfrentamientos entre narcotra-
ficantes y entre éstos y policías federales,
que se ven todos los días en Michoacán, se-
gún la estadística nacional la entidad ocu-
pa el décimo lugar en la tabla de la violen-
cia con 560 ejecuciones los primeros ocho
meses de gobierno de Peña Nieto.
La razón: Michoacán es el estado con
más “accidentes” en el país.
De acuerdo con la Segob, esa entidad
encabeza las estadísticas de homicidios,
con mil 647 entre el 1 de enero y el 31 de
julio de 2013, pero de ellos mil 161 son
clasificados como culposos y sólo 486 co-
mo dolosos.
En medio de la guerra de cárteles no
hay ninguna entidad que supere a Michoa-
cán en cuanto a “accidentes”. En compara-
ción, en la Ciudad de México la Segob re-
porta sólo 390 homicidios culposos en el
mismo periodo.
La manipulación de las estadísticas re-
lacionada con homicidios dolosos en Mé-
xico es sistemática, una práctica común
en el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, sobre todo
en los últimos años, independientemen-
te de la administración federal en turno.
Concretamente, la alteración de las esta-
dísticas en el Centro Nacional de Informa-
ción (CNI) es el común denominador, es-
pecialmente en estados donde los muer-
tos se cuentan por miles.
Ejemplo de esto es Chihuahua: La Fisca-
lía General de aquella entidad informó en
noviembre de 2011 que entre el 1 de enero
de 2008 y el 31 de octubre de 2011 ocurrieron
16 mil 456 “homicidios dolosos”. No obstan-
te el CNI sólo reportó 11 mil 588: El gobierno
federal omitió 4 mil 868 asesinatos.
Esta cifra la obtuvo Zeta al confrontar
los datos del gobierno de Chihuahua con
las estadísticas del CNI, validadas y pre-
sentadas en el “nuevo formato” del Secre-
tariado Ejecutivo dado a conocer el pasado
9 de agosto por Sánchez Hernández.
Si bien los informes del CNI llevan la
leyenda “datos preliminares” desde no-
viembre de 2011, éstos se mantienen ac-
tualmente y ahora son oficiales; es decir
que nunca se actualizaron.
INEGI contra Segob
Mientras el CNI (dependiente de la Segob)
registra averiguaciones previas relaciona-
das con homicidios dolosos, el INEGI cla-
sifica las muertes en “características de la
defunción” (11 categorías), “características
del fallecido” (11 categorías) y “muertes ac-
cidentales y violentas” (cinco categorías).
El CNI reconoce en su página de inter-
net que entre 2007 y 2011 hubo 83 mil 63
homicidios dolosos (en realidad son ave-
riguaciones previas que pueden implicar
más de una muerte). El INEGI desmiente
las estadísticas del gobierno federal y re-
porta para ese lapso 95 mil 646 asesinatos.
Es decir que los “datos duros” preli-
minares de la Segob y que están sujetos a
“modificaciones periódicas” (según su pá-
gina de internet) desconocen 12 mil 583
asesinatos.
El pasado 31 de julio el INEGI detalló
que en 2012 hubo 26 mil 37 homicidios do-
losos en México. La Segob reconoce sólo
21 mil 700.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública explicó re-
cientemente a Zeta que no le interesa re-
gistrar número de víctimas sino averigua-
ciones previas:
“En cuanto a las diferencias entre las
fuentes, el formato CIEISP (Comité Inte-
rinstitucional de Estadística e Informática
de Seguridad Pública de la Segob), que se
ha utilizado para compilar una estadística
de incidencia delictiva desde 1997, no re-
copila el número de víctimas sino el núme-
ro de denuncias que se convierten en ave-
riguación previa, a fin de aproximar tanto
la incidencia denunciada en la entidad, co-
mo el nivel de actividad en materia de pro-
curación de justicia. Algunas averiguacio-
nes previas refieren a más de una víctima
en un solo evento”.
BenjamínFlores
DavidDeolarte
Osorio. Triunfalismo

A
medio centenar de comunida-
des de La Montaña y la Costa
Chica de Guerrero llegaron, en
agosto, camiones cargados de
soldados con brazaletes amari-
llos distintivos del Plan DN-III,
que usa el Ejército para auxiliar a la pobla-
ción en los desastres naturales. Aunque
no había una emergencia de ese tipo, los
pobladores vieron a los recién llegados ba-
jar colchonetas, grandes ollas y cajas con
víveres e instalarse en el corazón de sus
pueblos, donde colocaron amplias lonas
con la justificación de su presencia: “Cru-
zada Nacional contra el Hambre”.
Los presidentes municipales explican a
los comisariados ejidales que los soldados
se quedarán unos meses (unos dicen tres,
otros seis) para alimentar a la gente, cons-
truir comedores comunitarios, dar consul-
Militarización
MARCELA TURATI
MarcelaTurati
El puntal de la política social de Peña Nieto, la Cruzada
Nacional Contra el Hambre,despertó críticas desde que
lo anunciaron, dado el enorme gasto y la rentabilidad
política de la población que pretende alcanzar. Ahora
el plan que encabeza la secretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles, incluye la participación del Ejército y la
Marina, pero está provocando rechazo porque la pre-
sencia militar se interpreta como una ocupación de te-
rritorios indígenas.Y sí.Los camiones militares llegaron
a los municipios que tienen policías comunitarias,por lo
que un día los uniformados llegan a cortar el pelo gratis
y al siguiente van a capturar líderes locales.
disfrazadade Cruzada contra el Hambre

tas y medicamentos, cortar el pelo gratis y
enseñarles a las mujeres a cocinar para los
niños. Se instalarán en 500 comunidades.
Desde la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) esta estrategia fue bautizada
inicialmente como “Plan DN-III Social” y se
aplica –según los críticos del proyecto– jus-
to en poblaciones que conservan una ne-
gra memoria del Ejército por su historial de
violaciones a los derechos humanos. Algu-
nas, en este mismo momento están sien-
do perseguidas y criminalizadas por haber
creado su propia policía comunitaria.
Para algunos, la estrategia es de ocupa-
ción y en este momento parece esquizo-
frénica. En comunidades como El Paraíso,
Ayutla, la gente ha visto llegar en los mis-
mos días a “soldados buenos” que alimen-
tan a los niños e intentan fomentar nuevos
hábitos alimenticios, y a “soldados malos”
que desarman a sus policías, someten a la
población y encarcelan a sus líderes.
Desde La Montaña de Guerrero, la re-
gión que encabeza los índices más altos
de miseria en el país, el antropólogo Abel
Barrera señala, preocupado: “Ahora resul-
ta que se va a meter a la médula de la vi-
da comunitaria de los pueblos un actor
armado que quiere tener el control de la
población a través de la dotación de ali-
mentos. Esto es una remilitarización”.
La estrategia ha puesto en un dilema
a las comunidades. Varias han anunciado
su rechazo a la presencia del Ejército aun-
que eso implique pasar hambre.
Los soldados fueron introducidos en
varias poblaciones de La Montaña y la
Costa Chica de la mano de la titular de la
Sedesol, Rosario Robles, quien anunció el
13 de agosto que será en 500 pueblos de 27
municipios de la entidad donde personal
de la Secretaría de Marina Armada de Mé-
xico (Semar) y la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) instalarán igual núme-
ro de comedores.
“Se pusieron en marcha hoy una serie
de tareas relacionadas con la alimentación,
con la salud, y el mejoramiento de la cali-
dad de vida de todas estas comunidades
(…) Estamos iniciando con brigadas médi-
cas, todas estas labores las estamos hacien-
do conjuntamente con la Comisión de los
Pueblos Indígenas, Sedesol, y con la Sedena
y la Marina, que con su tradicional labor so-
cial y humanitaria nos está ayudando con
esta tarea para poder fortalecer este acce-
so a la salud”, anunció Robles en Acapulco.
La acompañó en la conferencia y en
los recorridos Nuvia Mayorga Delgado, la
titular de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y
el subsecretario de Desarrollo Comunita-
rio y Participación Social de la Sedesol, Ja-
vier Guerrero.
En los pueblos, especialmente en La
Soledad, Tlapa, la funcionaria estuvo ro-
deada de militares, quienes hicieron una
demostración culinaria y de sus dotes de
orientadores nutricionales; también juga-
ron con los niños.
Robles anunció que no llegaron para
quedarse. “Militares sólo construirán co-
medores, luego se irán”: así tituló una de
sus ediciones el periódico El Sur, parafra-
seando a la funcionaria.Según el boletín de
prensa que aparece en la página de la Se-
desol, un militar explicó el Programa Na-
cional de Comedores Comunitarios y Bri-
gadas Médicas.
Dijo a su vez la experredista. “Hay una
situación de mucho abandono, de mucha
pobreza, de mucha desigualdad, que re-
quiere de atención urgente. Estamos en-
trando de manera emergente con esta labor
humanitaria del Ejército, pero los comedo-
res quedarán en manos de la Sedesol, en un
esquema comunitario de organización de
las mujeres, quienes van a comandar. Son
mujeres de las comunidades, las madres de
esos niños y niñas, quienes van a tener en
sus manos el proyecto de comedores, con
nuestra supervisión”.
El director del Centro de Derechos Hu-
manos de La Montaña Tlachinollan, Abel
Barrera, califica el uso del Ejército en la es-
trategia Sin Hambre como “grave”, “alar-
mante”, una “burla” y una falta de respeto
a las luchas de los pueblos para exigir que
los militares rindan cuentas a la sociedad.
Indica que las brigadas se están ins-
talando en las comunidades indígenas y
campesinas de la Costa Chica y La Monta-
ña que han conformado sus propios siste-
mas de seguridad comunitarias.
“Fue muy sorprendente el anuncio de
que el Ejército se encargará del tema del
hambre en La Montaña, donde los pueblos
han luchado por la salida del Ejército por las
violaciones a los derechos humanos,los da-
ños que ha causado, violaciones sexuales,
ejecuciones extrajudiciales, desaparicio-
nes, torturas documentadas y los abusos en
el combate a las drogas”, dice Barrera.
Y enfatiza que su actuación en la zona
le ha valido sentencias de la Corte Intera-
mericana de los Derechos Humanos, ade-
más de que la lucha de las comunidades
generó la resolución de la Suprema Cor-
te de la Justicia de la Nación a favor de po-
nerle controles y reformar el fuero militar
para que las violaciones a derechos hu-
manos sean investigadas por civiles.
“Para nosotros (la presencia de solda-
dos) es una remilitarización, una manera
diferente de volver a intentar ocupar los
territorios de estas poblaciones y usar al
hambre hasta transformarla en una es-
trategia de control social, de temor y so-
metimiento a la población civil, dejando
el derecho a la alimentación a manos del
Ejército”, señala el activista.
El plan inicial
En los documentos elaborados por la Se-
desol donde se orquestó la estrategia Sin
Hambre, se lee una mención al programa
que en un inicio era llamado “DN-III So-
cial” de la Sedena.
El objetivo de Sin Hambre, según los
papeles que este semanario pudo revisar,
eran: “Dar acceso real a servicios integra-
les de salud, dotación de medicinas y dis-
ponibilidad de un médico. Construcción,
rehabilitación y equipamiento de centros
de salud”.
En esa documentación original no se
asignaba a la Sedena la tarea de alimen-
tar a la población. Los cursos de nutrición,
hasta antes del escándalo mediático, se-
rían proporcionados por la trasnacional
Nestlé, encargada de formar redes de pro-
motoras nutricionales.
JoséLuisdelaCruz
Robles. “Plan DN-III Social”
PRIMER INFORME / POLÍTICA SOCIAL

L
a confrontación ya había terminado,
pero aun así los granaderos comenza-
ron a detener a los jóvenes en la Plaza
de la Constitución. A un costado de la
Catedral Metropolitana un adolescente de
pelo largo intenta alejarse en su bicicleta.
En su huida chocó con un civil y am-
bos cayeron. Aun no se incorporaba el joven
cuando varios granaderos lo rodearon; uno
de ellos lo jaló del cabello mientras los otros
lo pateaban. Se lo llevaron. Las cámaras de
Televisa captaron la escena ese día, el pasa-
do 10 de junio al filo de las ocho de la noche.
Hoy la secuencia de imágenes está en el
portal Youtube con el título “Golpiza jóvenes
10 de junio”.
Se trató de represión selectiva, con de-
tenciones hormiga previas a marchas y pro-
testas, simulación de agresiones a servi-
dores públicos y violación de las garantías
individuales y sociales, como el derecho a
manifestarse.
Algunas de las víctimas y defensores de
los derechos humanos hablan de un meca-
nismo de represión aplicado por el Gobierno
del Distrito Federal (GDF), encabezado por
Miguel Ángel Mancera y ponen como ejem-
plo los sucesos del pasado 10 de junio cer-
ca de la calle 20 de Noviembre.
Los reporteros que cubrían la marcha
conmemorativa del halconazo de 1971 fue-
ron rodeados y agredidos por los granade-
ros. En el extremo norte de la Plaza de la
Constitución siete jóvenes fueron vejados y
detenidos.
Media hora después, el operativo poli-
ciaco concluyó la jornada en la que hubo de
todo: provocaciones, agresiones y confron-
taciones protagonizadas entre infiltrados en-
capuchados y granaderos, de manera simi-
lar a lo que pasó el 1 de diciembre de 2012.
El saldo final: más de una veintena de dete-
nidos, entre ellos seis integrantes del Frente
Oriente (FO) y al menos 15 jóvenes más, en-
tre transeúntes y activistas.
Días antes de ese 10 de junio varios de
los agredidos habían hablado con Proce-
so (número 1907). Los medios los califica-
ban de vándalos desde su participación en
el movimiento #YoSoy132 y por las manifes-
taciones de rechazo a las reformas laboral y
educativa.
Acusados de actos violentos que no se
les han comprobado, ellos acusaban: “El
Estado es el violento”.
Los integrantes del FO anticiparon esa
vez lo que finalmente ocurrió: Acoso policia-
co con marcaje personal, golpizas disimu-
ladas bajo los escudos, infiltración de en-
capuchados en las protestas para generar
disturbios, desprestigio en los medios y to-
do junto, un preámbulo de la represión bru-
tal o la cárcel.
Sus advertencias se cumplieron en la
marcha de recuerdo de la matanza de 1971,
cuando de 22 detenidos el GDF consignó a
seis integrantes del FO y un civil y los envió
a prisión. Se trata de Carlos Esteban Jimé-
nez, Carlos Vázquez Martínez, Luis Barreda
Fuentes, Diego Rodríguez Lara, Freddy Ro-
sete Arizpe, Diego Morán Cardoso y Jorge
Alejandro Vázquez Picasso. Este último es el
ciclista que aparece en el video de Youtube
y es ajeno al movimiento.
Hoy están en libertad bajo fianza y en-
frentan proceso penal por los delitos de ata-
ques a la paz pública, ultrajes a la autoridad,
pandillerismo, daño a propiedad en perjui-
cio de la Secretaría de Seguridad Pública y
del GDF.
Represión selectiva
Con los videos que circulan en las redes so-
ciales y el testimonio de los jóvenes es posi-
ble reconstruir el acoso, las provocaciones y
finalmente las golpizas y detenciones arbitra-
rias que dan cuerpo a una represión selecti-
va y sistemática, opina el abogado Francisco
Estrada, quien asumió su defensa.
Alrededor de las cinco de la tarde salieron
del Metro Normal, punto de partida tradicio-
nal para la marcha del halconazo. El contin-
gente del FO iba a la mitad de la formación,
seguido por el movimiento anarquista.
Desde ahí el director de Concertación
Política del GDF, Pedro Bello, fue señalando
a los integrantes del FO y como en todas las
marchas, policías y agentes vestidos de civil
registraban todos sus movimientos con cá-
maras fotográficas y de video.
Un grupo de jóvenes no identificados fu-
maba mariguana en la avenida de Los Maes-
tros. Hasta ellos llegaron Pedro Bello y otros
servidores públicos y se pusieron a hablar.
De acuerdo con Carlos Esteban Jiménez, el
grupo de mariguanos se abalanzó contra el
contingente del FO, provocando un conato
de pleito que no prosperó porque sus com-
pañeros no cayeron en la provocación.
La marcha siguió sin sobresaltos hasta
llegar cerca de El Caballito. Ahí los grana-
Perseguidos, golpeados,
criminalizadosARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
deros rodearon a los miembros del FO, pa-
teándolos por debajo de los escudos, es-
cupiéndoles, agrediéndolos. Para evitar un
enfrentamiento los jóvenes salieron corrien-
do y se reagruparon en la Avenida Juárez.
En ese momento cientos de granaderos se
desplegaron por las calles aledañas al Zóca-
lo, según se puede constatar en videos lo-
calizables en Youtube.
En el Zócalo, entre 5 de Mayo y 16 de
Septiembre, los granaderos tomaron posi-
ciones. Alrededor de las 6:30 empezaron a
golpear a manifestantes y transeúntes por
igual, en una extraña secuencia de agresio-
nes y retiradas consecutivas.
Ya en la plancha del Zócalo, un grupo
de encapuchados no identificados retuvo a
Pedro Bello. En los videos se aprecia a Car-
los Esteban y a Luis Barreda, sin intervenir y
llamando a no agredir al funcionario que sin
embargo, es retenido por los encapucha-
dos y por dos hombres con corte de pelo ti-
po militar.
Aunque lo mantienen asido no se perci-
be mayor agresión contra él, hasta que un
hombre lo toma del cuello con violencia.
En los videos no se observa a ningu-
no de los inculpados incurriendo en algún
delito, pero sí a otro funcionario público, el
subdirector de Planeación y Desarrollo de
Concertación Política, David Vera Jiménez,
como el agresor de Bello.
Había concluido la parte más candente
de la jornada, poco después de las 7:00 de
la noche, cuando un joven identificado co-
mo Amadeus levantó un cartel y los grana-
deros arremetieron contra él para detenerlo.
HugoCruz
10 de junio. Operativo calculado

En una de las presentaciones en Power
Point de la estrategia se establece que la
erradicación de la carencia alimentaria de
la población en pobreza extrema se ha-
rá por medio de “tiendas, lecherías, come-
dores escolares, comedores comunitarios,
huertos familiares, complementos alimen-
ticios”, pero se involucra únicamente como
corresponsables a la Secretaría de Educa-
ción Pública, la Secretaría de Salud, la Se-
desol (a través de la distribuidora de leche
Liconsa y el sistema de abasto Diconsa), el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF); la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería,Desarrollo Rural,Pesca yAlimenta-
ción ( Sagarpa), y la Secretaría de Desarrollo
Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu).
Desde el principio la Sedena y la Se-
mar formaron parte de la Comisión Inter-
secretarial para la Instrumentación de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, inte-
grada por los titulares de todas las depen-
dencias.También tienen un asiento en los
consejos estatales creados expresamente
para aplicar la estrategia.
En Guerrero, el convenio firmado con
la federación incluyó la presencia de la Se-
dena en los comedores. Sin embargo, en el
vecino estado de Oaxaca esa tarea corres-
ponde al DIF, el órgano encargado de velar
por el bienestar de las familias.
Disfraz humanitario
En Cochoapa El Grande, el municipio más
pobre de México, por ejemplo, medios lo-
cales publicaron que los militares ofrecie-
ron de entrada servicios de peluquería, así
como las ollas populares.
También se registró su presencia en
los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San
Luis Acatlán y Tlapa; la mera mata del
modelo de policías comunitarias, con casi
dos décadas en la región.
Según el diario Reforma, los militares sor-
prendieron a los integrantes de la policía de
laCoordinadoraRegionaldeAutoridadesCo-
munitarias (CRAC) mientras marchaban en
Tixtla contra la reforma energética y en re-
pudioalapresenciadelaMarinayelEjército.
“En la calle principal de Tixtla estaba
estacionado un camión vacío del Ejército
Mexicano y dentro de las instalaciones de
una escuela de educación primaria había
decenas de efectivos militares que llegaron
aquí como parte del DN III –consignó el dia-
rio–. La presencia del Ejército causó extra-
ñeza en la gente de esta localidad,ya que no
existe una situación de desastre natural.”
A través de un megáfono Roberta Cam-
pos, trabajadora de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero, dijo: “Compañeros, la pre-
sencia del Ejército aquí en Tixtla dicen que
es para instalar comedores por el progra-
ma de la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre, pero en realidad están aquí para hos-
tigar e intimidar a la policía comunitaria”.
Mientras las cámaras oficiales se con-
centraban en los movimientos de los cua-
dros destacados del FO, los reporteros
que cubrían los hechos fueron encapsu-
lados por otro grupo de granaderos muy
cerca de 16 de Septiembre.
Miembros del Comité del 68 se diri-
gieron a los jóvenes y los llamaron a no
caer en provocaciones, pero para enton-
ces, con los reporteros bajo cerco po-
licial, los funcionarios de Concertación
Política identificaban a los hoy detenidos
muy cerca de Catedral.
Por radio alguien identificado como
Juan Manuel Cholula señaló a Carlos Es-
teban, Luis Barreda, Luna Flores y Diego
Morán. Las frecuencias de radio fueron
obtenidas por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y no dejan
lugar a dudas sobre la consigna de dete-
ner a los integrantes del FO.
Ya detenidos los mantuvieron inco-
municados 16 horas; finalmente los acu-
saron también por daños en propiedad
ajena, pero el cargo se retiró pues no ha-
bía ninguna denuncia de particulares. En
ningún caso se aprecia en los videos que
hayan sido detenidos en flagrancia ni se
acreditan los delitos que se les imputan.
Criminalización sistemática
El FO participó en las protestas del 1 de
diciembre por la toma de protesta de En-
rique Peña Nieto. La operación policiaca
quedó en entredicho pues hubo brutali-
dad en las detenciones que, por otra par-
te, incluyeron a transeúntes y personas
ajenas a las protestas.
Pero ahora la represión se hizo selec-
tiva, en especial contra los jóvenes del
FO. El abogado Estrada advierte que los
errores en la consignación apuntan a un
afán incriminatorio por parte del gobierno
capitalino.
Estrada advierte que los casos docu-
mentados indican que ahora, además del
seguimiento personal a activistas de iz-
quierda, especialmente jóvenes, se es-
tán dando detenciones previas a manifes-
taciones con fabricación de cargos. Días
después dejan a los detenidos en libertad.
En la entrevista con Proceso en ma-
yo pasado, Luis Barreda había indicado
que hay un afán de criminalizar que se es-
tá llevando al plano legislativo, con la in-
clusión de delitos para castigar la protes-
ta social.
Estrada señala que la persecución se
da contra ellos “porque son activistas.
Son jóvenes de izquierda perseguidos de
manera selectiva por un gobierno de iz-
quierda. Se da de forma hormiga y no es
casualidad, es una táctica que compar-
ten varios gobiernos Es gravísimo que
esté pasando, en especial en el Distrito
Federal”.

GLORIA LETICIA DÍAZ
E
l Instituto Nacional de Migración
(INM) está en una fase de “extre-
ma descomposición”, pues sus
funcionarios se guían más por
intereses políticos y omiten san-
cionar a quienes cometen abu-
sos o actos de corrupción contra aquellos
que atraviesan el territorio nacional en su
itinerario hacia Estados Unidos, señala el
Instituto para la Seguridad y la Democra-
cia (Insyde) en su diagnóstico realizado en-
tre marzo de 2012 y julio de 2013.
Según el equipo de investigación de In-
syde, coordinado por Sonja Wolf, el insti-
tuto presidido por Ardelio Vargas Fosado
opera con opacidad y bajo un enfoque de
seguridad nacional sesgado en el que se
conculcan los derechos humanos de los
indocumentados centro y sudamericanos.
El “Diagnóstico del Instituto Nacional
de Migración. Hacia un sistema de rendi-
ción de cuentas en pro de los derechos de
las personas migrantes en México” será di-
fundido en la página web del Insyde a par-
tir de este mes e incluye 99 recomendacio-
nes a diversas instituciones públicas, 59 de
ellas dirigidas al INM.
Para elaborarlo, Wolf y su equipo hicie-
ron 264 solicitudes de información a 26 de-
pendencias –70% de las peticiones al propio
INM–; 140 entrevistas a servidores públicos
del instituto y otras dependencias,así como
a personal de organismos públicos naciona-
les y estatales de derechos humanos, aca-
démicos, defensores y periodistas.
Asimismo, los investigadores del orga-
nismo dependiente de la Secretaría de Go-
bernación visitaron 11 estaciones migra-
torias en otros tantos estados donde se
entrevistaron con 47 migrantes.
De 1994 a la fecha el INM ha recibido
34 recomendaciones de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) y
ha sido denunciado por agrupaciones de-
fensoras de migrantes a causa de la pre-
sunta corrupción de su personal, así como
por la violencia que ejercen contra ellos y
por la supuesta colusión de varios agentes
con el crimen organizado.
En sus conclusiones, el diagnóstico
del Insyde, cuya copia obtuvo este sema-
nario, incluye los perfiles de los funciona-
rios del instituto creado en 1993, empezan-
do porVargas Fosado, a quien el presidente
Enrique Peña Nieto puso como titular aun
cuando no tiene el perfil adecuado.
Con base en los perfiles de los comisio-
nados del INM y en entrevistas con exper-
tos, los investigadores del Insyde sostienen:
“Los nombramientos de los comisionados y
de los cargos subordinados responden a ra-
zones ajenas a la migración, tales como la
pertenencia partidaria, amistades, grupos
de compadrazgo o familiares”...
“(Los comisionados) se han desempe-
Percepciones similares se registran en
el municipio de Ayutla.
Arturo Campos, que asesora a la CRAC
de la Casa del Paraíso y quien denunció la
irrupción de militares en las comunidades
na savi, informa que rechazaron la estrate-
gia contra el hambre por la presencia del
Ejército.
“El pretexto es instalar cocinas econó-
micas en las comunidades. La otra vez los
sacamos de El Paraíso; tuvimos problemas
con ellos cuando con la Marina, la Policía
Federal, la estatal y la municipal detuvie-
ron a 13 personas.Y supuestamente, entre
la cruzada y otra cosa, ayer entraron 60 ca-
rros del Ejército entre tráilers, tanquetas…
Se llevaron a los 39 presos que teníamos
por delincuencia”, afirma.
Campos denuncia que los militares in-
gresaron armados a San Luis Acatlán, Oli-
nalá, Huamuxtitlán, Alpoyeca, Atlixtac y
Tixtla, en nombre de la cruzada, y nadie
sabe cuánto tiempo permanecerán.
“Hicieron reuniones con comisarios y
pueblo en general diciendo que iban a be-
neficiar, a dar de comer a los niños, ese fue
el engaño. Sabemos que ese fue el pretexto
para entrar en territorio comunitario. Ellos
entran armados. Es mentira lo que dice Ro-
sario Robles, que entra sin armas el Ejército
a las comunidades. La gente sí quería por-
que la estaban engañando.Ahorita ya se en-
teraron de esa situación y hay un rechazo
total a esas cocinas porque dicen que es un
pretexto para incursionar en la zona”, dice.
El día de la entrevista, los militares aca-
baban de irrumpir para capturar a a Nés-
tora Salgado García, lideresa de las auto-
defensas de Olinalá. En conferencia de
prensa, ella recientemente había señala-
do que el gobierno federal ocuparía a los
soldados para “peinar señoritas y para co-
cinar, no para defender a las poblaciones”.
El 21 de agosto, día de la detención de
Salgado, la Coordinadora Regional de Se-
guridad y Justicia-Policía Ciudadana y Po-
pular (CRSJ-PCP) envió un comunicado en
el que califica a la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre como una política perversa:
“No tiene intención de combatir la pobre-
za y el hambre, sino de combatir a las orga-
nizaciones sociales y políticas, militarizar
a las comunidades y, sobre todo, de com-
batir a las comunidades organizadas por la
seguridad, como es el caso de la CRSJ-PCP”.
El grupo refiere que los soldados fueron
a las comunidades acompañados de perso-
nal de la CDI, Sagarpa, Sedesol, Sedatu y los
ayuntamientos, prometiendo obras y servi-
cios sociales, mientras que más de mil efec-
tivos del Ejército y de la Marina mantienen
retenes en los caminos comunitarios, con
lo que –dice la organización mencionada–
hostigan a ciudadanos y organizaciones.
Según reportó la prensa, los indígenas
me’phaa del municipio de Malinaltepec, es-
pecíficamente en las comunidades La Lu-
cerna, La Ciénega y Tapayoltepec –territorio
de la CRAC–, rechazaron la cruzada porque
la consideran un engaño más del gobierno.
Diarios locales informaron que el regi-
dor de Ecología, Plácido Dolores, acompa-
ñado de otros miembros del ayuntamien-
to, planteó a los comisarios ejidales que
los soldados atenderían el comedor co-
munitario durante tres meses, apoyarían
los trabajos sociales y ampliarían los pa-
drones de los programas Oportunidades,
Procampo y 65 y Más, entre otros.
Tras una reunión, el 15 de agosto de
2013, quedó constancia del rechazo de la
ayuda oficial por la comisaría municipal
de San Mateo, también de Malinaltepec,
que asentó en el acta:
“Estando reunidos en la comisaria
Mpal. Constitucional para analizar el pun-
to primordial que es la CRUZADA CONTRA
EL HAMBRE, por mayoría de votos se acor-
dó no aceptar el programa ya citado arriba,
del gobierno federal. Pretende implemen-
tar programas y proyectos para engañar a
los ciudadanos de diferentes estados de la
República Mexicana mediante la aplicación
del IVA en alimentación,medicina,gasolina,
educación y proyectos; estas medidas oca-
sionarían la privatización de la riqueza de la
nación. Los ciudadanos de esta localidad re-
chazamos este proyecto ya mencionado”.
Para el director de Tlachinollan, Abel
Barrera, el criterio con que seleccionaron
a las comunidades es un misterio, pero se
le hace sospechoso que compartan una
característica: disputan en este momento
su derecho a su propia policía comunita-
ria y a la defensa de su territorio, en vista
de que el Estado dejó de brindarles segu-
ridad. (Con información de Pedro Matías y
Ezequiel Flores.)
MiguelDimayuga
Apango, Guerrero. El hambre, en espera

En Migración,
podredumbreextrema
A dos décadas de haber sido creado, el Instituto Nacio-
nal de Migración,al frente del cual el presidente Enrique
Peña Nieto nombró a Ardelio Vargas Fosado, sobrevive
inmerso en la corrupción y ha dejado de cumplir sus
objetivos: garantizar la seguridad de los migrantes en
su tránsito por la República Mexicana. Tal es el diag-
nóstico realizado por un equipo de investigadores del
Instituto para la Seguridad y la Democracia coordinado
por Sonja Wolf.
ñado como meros administradores, su-
pervisando operativos, autorizando pagos
de nómina y conservando la opacidad del
INM bajo el argumento de que la migración
es un asunto de seguridad nacional.”
Cecilia Romero –directora del instituto
en el sexenio de Felipe Calderón, con quien
tenía “una larga relación política”– “colo-
có en los delegados y directores generales
a personas de su partido, el PAN. Y como
algunos eran más bien operadores políti-
cos del partido, la descomposición del INM
se agravó bajo su administración”, señalan
Wolf y sus colaboradores.
Con Vargas Fosado, los delegados pro-
vienen de la Policía Federal o del Centro de
DemianChávez/AgenciaObtura

Investigación y Seguridad Nacional (Cisen),
indicaWolf a la reportera.Y añade: “aunque
dice que les tiene confianza y confía en que
le sean útiles en la depuración del institu-
to, para limpiarlo sólo se necesita voluntad,
no policías”.
Vargas Fosado, comisionado en la
desaparecida Policía Federal Preventiva y
exdirector del Cisen, se negó a responder
a los investigadores del Insyde. Lo mis-
mo hizo Carmen Mercedes Guillén Vicen-
te, subsecretaria de Población, Migración
y Asuntos Religiosos, instancia de la que
depende el INM.
Datos y diagnósticos
Con una plantilla de 4 mil 495 empleados,
el INM no cuenta con servicio profesional
de carrera ni con personal contratado ba-
jo el régimen de honorarios. Las contrata-
ciones se realizan por medio de convoca-
torias públicas.Y en cuanto a los controles
de confianza, son poco fiables, según la in-
formación obtenida por el Insyde en di-
versas instancias públicas:
“En el INM se han dado problemas
en dos sentidos: primero, la ocurren-
cia del creaming o favoritismo duran-
te los controles de confianza, haciendo
que ingresen a la institución personas
posiblemente no idóneas por haber apro-
bado exámenes deliberadamente fáciles,
mientras otras personas se quedan fuera
por no pasar exámenes deliberadamente
difíciles (…) Segundo, la retención de per-
sonal reprobado por favoritismos perso-
nales o políticos.”
Y como opera con opacidad, según el
diagnóstico, no hay criterios para sancio-
nar a responsables de irregularidades en
el instituto, “pese a que no son pocas”.
La Secretaría de la Función Pública
(SFP) entregó al Insyde 34 auditorías pú-
blicas en versión íntegra con 156 observa-
ciones y 23 informes más clasificados co-
mo reservados por un plazo de tres años
en versión pública con 117 observaciones
de documentos correspondientes al pe-
riodo 2006-2012. Del Programa Paisano,
por ejemplo, la dependencia facilitó tres
auditorías íntegras aplicadas en 2005.
La información proporcionada por la
dirección general de Denuncias e Inves-
tigaciones de la SFP, escribieron Wolf y su
equipo, “muestra cómo las debilidades
existentes en la supervisión y en los con-
troles internos permiten prácticas tales co-
mo irregularidades en los trámites y el des-
vío de fondos”.
De 2003 a 2011, indica el diagnóstico, se
registraron mil 651 quejas y denuncias ad-
ministrativas registradas por el Órgano In-
terno de Control del INM contra servidores
públicos adscritos a las delegaciones regio-
nales (ahora estatales); en 2012 se registra-
ron 790 quejas y denuncias.
Con respecto a las delegaciones con ma-
yores problemas –Chiapas, Distrito Federal,
Quintana Roo y Veracruz–, refiere: “Aunque
se desconozcan los motivos y resultados de
las quejas, en términos geográficos los da-
tos apuntan a focos rojos de presuntos ac-
tos perniciosos dentro del INM”.
Ante posibles actos de corrupción y
abusos, el instituto “efectúa depuraciones
sin recurrir a la imposición de sanciones”;
prefiere la separación del cargo o pide la
renuncia de los servidores públicos en lu-
gar de los ceses.
De esta manera el INM sortea largas
investigaciones, evita pagar indemniza-
ciones y la plaza puede volver a ocuparse
en poco tiempo. Sin embargo, el corolario
es que las prácticas que produjeron la se-
paración del cargo quedan en la impuni-
dad, indica el diagnóstico.
Y añade: Entre 2002 y 2013 fueron ce-
sados 237 servidores públicos del institu-
to; 140 eran agentes federales, y 29 funcio-
narios fueron inhabilitados –entre ellos 22
agentes federales–, aunque no se precisan
las causas.
Por lo que respecta al Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) –otra de las
instancias consultadas por los investiga-
dores del Insyde para conocer el núme-
ro de bajas en el servicio médico durante
ese mismo periodo–, según la información
proporcionada, se separaron del instituto
81 personas, mientras 5 mil 170 emplea-
dos de todos los niveles se dieron de baja:
“Las bajas por renuncia no permiten
constatar el motivo de las renuncias, las
cuales se pueden dar por razones de dis-
tinta índole. Sin embargo, el patrón pa-
rece indicar que el INM suele pedir la re-
nuncia a su personal de confianza que ha
recurrido a malas prácticas. Esto se pue-
de dar cuando se dan sospechas de ma-
las conductas, pero no se logró sustentar
las investigaciones, o para evitar pago de
investigaciones.”
NoeZavaleta/Procesofoto
Migrantes. Travesía mortal

En cambio las sanciones impuestas por
el Órgano de Control Interno del INM por
violaciones a derechos humanos de los mi-
grantes son mínimas.De 2006 a la fecha,de
acuerdo con información proporcionada
por la Dirección de Administración de Per-
sonal, sólo hubo 27, de los cuales 15 eran
agentes federales de migración.
“Las sanciones impuestas incluyen 21
suspensiones por entre tres y 30 días, la
mayoría de ellas por 15 días, así como cua-
tro amonestaciones públicas y dos desti-
tuciones con inhabilitación por un año y
dos años, respectivamente. Las sanciones
más graves –las destituciones– se dieron
por la detención arbitraria de extranjeros,
mientras que gran parte de las suspensio-
nes se debieron a arbitrariedades en los
aseguramientos. Dos sanciones más que
nos dan idea sobre las malas prácticas
dentro del INM se refieren al suministro
de un medicamento caducado y la expe-
dición de un certificado médico sin contar
con las facultades necesarias.”
Las negativas
A falta de declaraciones de Vargas Fosado,
el diagnóstico recurrió a la información
que el comisionado del INM proporcionó
a la Comisión de Asuntos Migratorios de
la Cámara de Diputados en su compare-
cencia del 10 de abril de 2013.
Ese día el funcionario expusoantelos le-
gisladores el caso de la delegación de Quin-
tana Roo. Se trata de una “revisión aleatoria
de expedientes de regularización (en la que
se) encontraron inconsistencias en por lo
menos mil de ellos (también) se encontra-
ron 270 mil pesos en el casillero de uno de
los jefes en turno”, por lo que 150 funciona-
rios de esa delegación fueron dados de baja.
“A finales del primer semestre de 2013,el
INM ya había autorizado bajas definitivas de
un total de 352 de sus servidores públicos,
incluidos cuatro directores generales, 13 de-
legados federales, 20 directores de área, 69
subdirectores de área, 81 jefes de departa-
mento y 165 enlaces operativos”,además de
que supuestamente se iniciaron siete averi-
guaciones previas, indica el diagnóstico.
Alude también a los sueldos despro-
porcionados del personal del instituto:
“Mientras un director de área recibe un sa-
lario neto mensual de por lo menos 31 mil
693.80 pesos, un agente federal de migra-
ción “B” percibe apenas 7 mil 372 pesos ne-
tos al mes”.
Asimismo, incluye testimonios de mi-
grantes y defensores de derechos huma-
nos que señalan a funcionarios del INM de
distintos niveles por abusos y actos de co-
rrupción, algunos de los cuales, en lugar
de ser sancionados, fueron cambiados de
adscripción.
Con respecto a la corrupción, desta-
ca: “A pesar de las buenas intenciones que
se dan a conocer (en la administración de
Vargas Fosado) siguen la corrupción y los
abusos, el problema parece radicar en el
entorno contaminado.
“Las mejores técnicas de control de
confianza serán inútiles si la descompo-
sición institucional envicia tanto los pro-
cedimientos como a nuevos reclutas que
son absorbidos por las viejas estructuras.
El camino hacia la reducción y el control
de la corrupción sistémica dentro del INM
tiene que pasar por la creación de mayo-
res medidas de protección y apoyo a los
agentes migratorios.”
Recomienda también el trato que
Fosado Vargas debe dar a su personal:
“Cuando tengan mejores condiciones de
trabajo y un sentido de pertenencia a la
institución, la tentación de lucrar con los
migrantes y aprovecharse de lagunas le-
gales disminuirá”.
DemianChávez/AgenciaObtura
Agentes migratorios. Abusos

JENARO VILLAMIL
E
l priista Raúl Cervantes Andrade
–abierto promotor de la privatiza-
ción de Pemex y de los contratos
de exploración a particulares–
será a partir de este domingo 1 el
presidente de la Mesa Directiva
del Senado, precisamente la cámara donde
se procesará la reforma constitucional en
materia energética del presidente Enrique
Peña Nieto, además de la fiscal y hacenda-
ria, ambas prioridades de su gobierno.
Desde el 26 de abril de 2007, como in-
tegrante de la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados en la LX Legislatura,
Cervantes Andrade presentó una iniciati-
va que apoyó el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y los magnates del gas de
Chihuahua.
En ella propuso reformar tres artícu-
los de la Ley Reglamentaria del 27 cons-
titucional para permitir a Pemex celebrar
contratos “compartidos” en producción
y utilidades en materia de exploración y
explotación de hidrocarburos, así como
modificar la Ley Orgánica de Pemex para
crear un nuevo consejo de administra-
ción en el cual participara la iniciativa
privada y la paraestatal pudiera abrir has-
ta en 20% las acciones a los inversionistas
(Proceso 1636).
Para Francisco Rojas Gutiérrez, presi-
dente de la Fundación Colosio y director
de Pemex durante el salinismo, la inicia-
tiva de su correligionario constituía, dijo,
“la estrategia más peligrosa” para privati-
zar el sector energético.
Hoy, Rojas Gutiérrez está al frente de
la Comisión Federal de Electricidad y Cer-
vantes preside el Senado en el proceso
más ambicioso de la reforma energética.
Presidente de la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales durante el
primer año de la actual legislatura, a Cer-
El hombre clave
de Peña Nieto

PRIMER INFORME / REFORMAS
vantes se le identifica como uno de los se-
nadores más estrechamente vinculados al
coordinador de la bancada priista, Emilio
Gamboa Patrón, y con “derecho de picapor-
te” en Los Pinos.
El vínculo entre Peña Nieto y el sena-
dor se fortaleció durante la campaña elec-
toral de 2012. Cervantes ha sido asesor
jurídico de poderosos grupos empresaria-
les, como la Cámara Nacional del Auto-
transporte de Carga (Canacar), la Asocia-
ción Mexicana de Gas Natural (AMGN) y la
Cámara Nacional de la Industria de Radio
y Televisión (CIRT).
Cervantes también jugó un papel clave
A partir de este domingo 1 de septiembre,el priista Raúl
Cervantes Andrade preside la Mesa Directiva del Sena-
do y será quien encabece las discusiones y la eventual
aprobación de la reforma energética.Cercano a Enrique
Peña Nieto, al Consejo Coordinador Empresarial y a
hombres de negocios del ramo gasero –estuvo casado
conAngélicaFuentes,LaReinadelGas–,Cervantespre-
sentó ya en 2007 una iniciativa en la que abogaba por
la participación de la iniciativa privada en Pemex. Hoy
vuelve a la carga, con todo el apoyo de Los Pinos...
públicamente un supuesto intento de ex-
torsión en la compra-venta de espacios
publicitarios a favor de Peña Nieto en tele-
visoras de Estados Unidos.
Y aunque se le mencionó como posi-
ble consejero jurídico de la Presidencia
de la República, terminó en la LX Legis-
latura del Senado, donde se le asignó
la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Desde esa posición ha desempeñado
un rol protagónico en la aprobación de las
reformas constitucionales emanadas del
Pacto por México: la educativa, la de te-
lecomunicaciones y, ahora, la energética.
En ellas ha favorecido la posición de los
grupos empresariales.
Consultados por Proceso, senadores
que dictaminaron la reforma constitucio-
en la defensa jurídica del candidato presi-
dencial priista durante el escándalo del Mo-
nexgate. Fue el responsable de entregar a la
Procuraduría General de la República la do-
cumentación y la argumentación jurídica
para rechazar la compra de votos y la trian-
gulación ilegal de dinero a través de Monex.
Y aun cuando admitió que el PRI uti-
lizó 7 mil 851 tarjetas de prepago para
distribuir 66.32 millones de pesos a su es-
tructura electoral, negó que fuera por un
monto superior a los 250 millones de pe-
sos y que ese partido hubiera realizado la
transacción directamente.
Como coordinador de Asuntos Jurí-
dicos del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI en la campaña de 2012, contratacó
también al empresario mexicano-esta-
dunidense José Aquino, quien denunció
EduardoMiranda
OctavioGómez
Beltrones, Coldwell y Gamboa. Alfiles de la apertura

nal en materia de telecomunica-
ciones y de radiodifusión sostienen
que Cervantes trató de desechar
las propuestas consensuadas en
las consultas públicas para amino-
rar el sesgo que la iniciativa presi-
dencial tenía a favor de las televi-
soras, especialmente de Televisa.
La cercanía de Cervantes con el
consorcio de Emilio Azcárraga Jean
data de hace años. Durante la discu-
sión en la Suprema Corte de Justicia
sobre la Ley Televisa, en 2006, el en-
tonces diputado federal consideró
que la decisión de los ministros de
declarar inconstitucional el refren-
do automático de las concesiones
ponía en riesgo “la seguridad jurídi-
ca, financiera y de inversión de to-
das las concesiones del Estado”, no
sólo las de radiodifusión.
En marzo de 2008, como inte-
grante de la LX Legislatura en San
Lázaro, formó parte de la comisión
investigadora de los contratos con
Pemex Refinación, firmados por
Juan Camilo Mouriño, entonces
secretario de Gobernación y accio-
nista de la empresa Ivancar, que re-
cibió más de 100 millones de pesos
en contratos sin licitar.
Las “investigaciones” de aquella comi-
sión sólo duraron dos meses. En ese lapso
sólo citaron a comparecer al director de
Pemex Refinación, el ingeniero José Anto-
nio Ceballos Soberanis; al titular de la Se-
cretaría de Función Pública, Salvador Vega
Casillas, y al presidente de la Canacar,Tir-
so Martínez.
–Díganos, ingeniero –intervino Cer-
vantes durante la comparecencia del di-
rector de Pemex Refinación–, ¿Mouriño
les habló por teléfono para pedirles algún
contrato?
–¡De ninguna manera! –respondió
Ceballos.
Cervantes terminó su intervención
exonerando a Mouriño y apoyando las re-
formas energéticas de Felipe Calderón.
“Si se aprobaran las reformas de Pe-
mex que plantea el presidente Calderón,
nos ahorraríamos todas estas suspica-
cias”, comentó Cervantes, en clara refe-
rencia a la participación de inversionistas
privados en la paraestatal.
El apoyo de los gaseros
Doctor en derecho corporativo por la Uni-
versidad Panamericana, exdirector de
CEA Abogados, Raúl Cervantes ha sido un
exitoso litigante cercano a grupos empre-
sariales como Estrella Blanca, de Salvador
Sánchez Alcántara, y también a la pode-
rosa Asociación Mexicana de Gas Natural
rían derechos corporativos limita-
dos y dividendos.”
También propuso reformar los
artículos 5 y 6 de la Ley Reglamen-
taria del artículo 27 constitucional
para abrir los yacimientos trans-
fronterizos a la inversión privada,
otorgándole facultades a la Secreta-
ría de Energía para que, de manera
coordinada con la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, negociara y sus-
cribiera con empresas extranjeras
contratos para el aprovechamiento
de los hidrocarburos localizados en
regiones transfronterizas, principal-
mente las del Golfo de México.
Con respecto a las reformas
al artículo 6 de la Ley Reglamen-
taria del artículo 27, el entonces
diputado insistió en otorgarle a Pe-
mex la facultad de celebrar “contra-
tos de obras y de prestación de ser-
vicios para explorar y desarrollar
yacimientos y demás actividades
que requieran para poder explotar
el petróleo y los carburos de hidró-
geno sólidos, líquidos o gaseosos
en tres modalidades”.
Una de esas modalidades, los
“contratos de exploración y desa-
rrollo compartidos”, es muy similar al
modelo de “contratos de utilidad com-
partida” que propone la iniciativa actual
del presidente Peña Nieto. El entonces
diputado federal describió estos contratos
“para ejecutar con sus propios medios y
por su exclusiva cuenta y riesgo las activi-
dades de exploración y desarrollo. A cam-
bio, podrá preverse una cierta remunera-
ción determinada”.
La propuesta –que permaneció en la
“congeladora” ante la modificación del
proyecto calderonista– era muy similar
a la iniciativa de apertura impulsada por
Angélica Fuentes Téllez desde que presi-
dió la AMGN y recibió el respaldo del CCE.
En octubre de 1997, en Nuevo México,
Fuentes Téllez animó a sus homólogos de
Estados Unidos a invertir en conjunto con
compañías mexicanas, “como ya se hace
con el gas natural”.
Fuentes Téllez pertenece a una de las
familias más acaudaladas de Ciudad Juá-
rez. Su padre,Valentín Fuentes Varela, fun-
dó el Grupo Imperial; su tío Miguel Zarago-
za Fuentes es propietario de Hidrogás y de
Z Gas. En octubre de 1990, la agencia fede-
ral antidrogas de Estados Unidos (DEA, por
sus siglas en inglés) investigó a estas em-
presas por el ingreso de 3 mil 957 kilogra-
mos de cocaína a territorio estadunidense
en un tráiler de gas LP (Proceso 1201).
Sus primos –de apellidos Zaragoza
Fuentes y Fuentes Zaragoza– han sido
mencionados en escándalos como la in-
(AMGN), en la cual se agrupan los magna-
tes más importantes del ramo que apoyan
la apertura de Pemex, sobre todo la inver-
sión privada en gas shale.
En 2005 Cervantes se casó con la em-
presaria de origen juarense Angélica
Fuentes Téllez, directora general por más
de una década de Grupo Imperial, bauti-
zada como la Reina del Gas por las revistas
de negocios. La unión civil no duró mucho
tiempo, pero los intereses del sector gase-
ro y la posición del futuro presidente del
Senado sí. Desde 2008, Fuentes Téllez es
esposa de Jorge Vergara, dueño de Omni-
life y del club de futbol Chivas.
Fuentes Téllez fue presidenta de la
AMGN durante dos periodos consecuti-
vos entre 1996 y 2000 y es integrante de
Natural Gas Council y la American Gas
Association, organismos vinculados a los
poderosos consorcios estadunidenses in-
teresados en invertir en la explotación del
gas natural y del gas shale en México.
En su iniciativa que presentó en abril
de 2007, Cervantes propuso transformar
Pemex “en un organismo público des-
centralizado bajo el régimen de sociedad
de interés público, cuyo capital estaría
conformado por las acciones de la serie
A (80% de capital social) y acciones de la
serie B (20%).
“Los títulos de esta serie podrán apor-
tarse a un fideicomiso para que el público
(únicamente personas físicas mexicanas)
adquiera derechos fideicomisarios sobre
los mismos. Las acciones serie B otorga-
OctavioGómez
Caso Monex. Defensa de Cervantes

PRIMER INFORME / REFORMAS
vestigación de Amigos de Fox y en los ca-
sos relacionados con los feminicidios en
Ciudad Juárez. Uno de los hermanos de
Angélica, Valentín Fuentes Téllez, se casó
con Karla Korrodi, hija de Lino Korrodi, ce-
rebro financiero de la campaña del panis-
ta Vicente Fox en el año 2000.
En los documentos elaborados por Pe-
mex para promover la inversión privada
en la explotación de gas shale en México,
identifica cinco grandes reservas geológi-
cas ubicadas precisamente en Chihuahua,
en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas), en
Tampico-Misantla, en Sabinas-Burro-Pica-
chos y en Veracruz. Según la paraestatal,
se trata de “la cuarta reserva más grande a
nivel mundial de este tipo de gas”.
La agenda del Senado
En el próximo periodo ordinario de sesio-
nes, desde el Senado el gobierno federal
y el PRI pretenden concretar los temas
pendientes de las reformas educativas y
de telecomunicaciones, así como las de
transparencia y la político-electoral, pero
sobre todo la energética y la fiscal.
Durante el primer año del gobierno de
Peña Nieto, el procedimiento ha sido im-
pulsar cambios constitucionales (sobre
todo en educación y telecomunicaciones)
y posteriormente modificaciones a las le-
gislaciones secundarias.
El mismo procedimiento pretende
aplicarse al rubro energético. Hasta aho-
ra sólo se conoce la iniciativa de reformas
a los artículos 27 y 28, enviada al Senado
por el Ejecutivo federal.
Este mecanismo de aprobación y
procesamiento de las reformas se en-
cuentra estancado a raíz del descon-
tento entre los integrantes de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) por la aprobación fast
track de las leyes secundarias en materia
educativa: la Ley General de Educación y
la Ley del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación; la Ley del Ser-
vicio Profesional Docente –que también
debió aprobarse en el periodo extraordi-
nario de sesiones por ambas cámaras–
se pospuso.
El Instituto Belisario Domínguez del
Senado realizó una consulta para incor-
porar observaciones a las reformas a los
artículos 3 y 73 de la Constitución, pro-
mulgada el 26 de febrero de 2013, pero
ninguna de las propuestas, sobre todo en
materia de la Ley del Servicio Profesional
Docente, fue incorporada. Así consta en el
documento Puntos clave para la legislación
reglamentaria de la reforma constitucional en
materia educativa, elaborado por el propio
instituto y cuya copia tiene Proceso.
Algo muy similar podría ocurrir con la
reforma constitucional en materia de te-
lecomunicaciones. Los senadores aproba-
ron cambios a cinco artículos y dejaron 17
transitorios, pero los puntos fundamenta-
les quedaron pendientes para la legisla-
ción secundaria, así como la integración
de los integrantes del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel).
Hasta ahora sólo se conocen los nom-
bres de los siete aspirantes a dirigir el Ife-
tel enviados por el Ejecutivo federal, aun
cuando no se han presentado las iniciati-
vas en legislación secundaria, en particu-
lar la llamada Ley Convergente, que susti-
tuiría a la Ley Federal de Radio yTelevisión
y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Ahí se espera “revisar con lupa” to-
das las posibles trampas en contra de la
reforma constitucional, según advierten
especialistas consultados por el reportero.
Cervantes será quien encabece este pro-
ceso de discusión en el Senado.

Riesgos de
recesión
Al cierre del segundo bimestre los resultados del gobierno
federal en materia económica son poco menos que desas-
trosos. La expectativa de crecimiento se ubica en menos de
2%,la balanza comercial es deficitaria,hay un desplome del
PIB per capita, el desempleo creció de manera alarmante,
los capitales golondrinos se han fugado como no lo hacían
desde 1995 y todos los indicadores apuntan a una recesión.
Un panorama que, advierten especialistas y consultores,
podría empeorar en caso de que las reformas fracasen o no
respondan a las esperanzas depositadas en ellas.
OctavioGómez

PRIMER INFORME / ECONOMÍA
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
E
l día de su toma de posesión co-
mo presidente, Enrique Peña
Nieto se comprometió a lograr
un México próspero a partir de
un crecimiento económico só-
lido y sostenido. Manifestó que
más allá de la dependencia de los recursos
naturales, su gobierno incrementaría la
inversión en infraestructura y fortalecería
el mercado interno para lograr mayor par-
ticipación en el mercado global. También
anunció que se fomentaría la competen-
cia en todos los ámbitos, se aumentaría el
nivel de crédito para las áreas estratégicas
y se promovería la economía formal.
Pero los programas y proyectos anun-
ciados entonces por el gobierno federal
ofrecen magros resultados, son un fiasco
o, en el mejor de los casos, sólo promesas
para los próximos años.
En diferentes oportunidades, Peña
Nieto ha planteado que en su gobierno se
invertirán en infraestructura 4 billones
de pesos provenientes de recursos públi-
cos y privados, aunque no se precisa la
proporción.
En materia de inversión pública a gran
escala, el pasado 30 de abril se emitió la
primera licitación carretera –para la cons-
trucción del tramo Atlixco-Acapulco– y el
fallo se dará a conocer a finales del pre-
sente mes. Si todo sale conforme al plan,
la obra arrancará en enero de 2014.
El 1 de mayo el mandatario se reunió
en Los Pinos con patrones y trabajado-
res. Ahí planteó que la tranquilidad labo-
ral, cuarto eje de su política en la materia,
sólo será posible al armonizar los dere-
chos fundamentales de los trabajadores
con la competitividad de los patrones. Di-
jo que pugnará por la “democratización de
la productividad” y expuso que “la forma-
lidad en el trabajo debe ser el nuevo ros-
tro de México”.
De acuerdo con este lineamiento,el pa-
sado 22 de julio presentó su Programa pa-
ra la Formalización del Empleo. En su dis-
curso sostuvo que la informalidad es una
salida falsa para la sociedad, pues deja a
los trabajadores sin prestaciones y servi-
cios, con los que sí contarían en el empleo
formal.Agregó que la informalidad genera
un círculo vicioso de escasa productividad
y bajo crecimiento económico.
Cifras adversas
Según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), la tasa de desem-
pleo se incrementó 4.99% en julio pasado
al respecto del mes de 2012. En el segun-
do trimestre del año no sólo cayó la ocu-
pación formal; la informal corrió la mis-
ma suerte.
Las acciones del gobierno contra el
empleo precario han fracasado, así como
han sido un fiasco los programas de apo-
yo para la micro, pequeña y mediana em-
presas (Mipymes).
El 24 de junio último, Peña Nieto enca-
bezó una ceremonia en la residencia ofi-
cial de Los Pinos en la que dio a conocer
las líneas de acción y los recursos asigna-
dos al Instituto Nacional del Emprende-
dor. El objetivo de este organismo, dijo, es
que “las micros se conviertan en peque-
ñas, las pequeñas en medianas y, éstas, en
grandes empresas”.
Para conseguirlo anunció un presu-
puesto de 5 mil millones de pesos desti-
nado a fomento y capital. Afirmó que, de
esa suma, 550 millones serían para capaci-
tación; otros 500 millones para que las pe-
queñas empresas cuenten con equipos de
cómputo e internet; 600 millones para fon-
dos de capital; 2 mil 900 millones
para garantías y una cantidad sin
especificar para publicidad.
Menos de mil millones de pe-
sos se destinarían a generar nue-
vas empresas, cantidad irrisoria
comparada con los 3 billones 956
mil 361 millones 600 mil pesos del
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para 2013. La cifra es insig-
nificante incluso para una media-
na empresa. Por ejemplo, Kidzania
–una cadena de centros de entre-
tenimiento– invertirá este año 175
millones de dólares en nuevos de-
sarrollos. Esta cifra es más del do-
ble de la anunciada por Peña Nieto
para el proyecto y casi la mitad de
lo que destinará su gobierno en to-
do el año a las Mipymes.
El 27 de mayo el mandatario ins-
taló el Consejo Nacional de la Pro-
ductividad. Ese día hizo un llamado
a los factores de la producción para
que eleven su productividad y atri-
buyó el escaso crecimiento econó-
mico de los últimos años a la desa-
tención de esa variable.
El panorama en este ámbito es
desolador: La expectativa de creci-
miento económico se sitúa por de-
bajo de 2%; la balanza comercial es
deficitaria; se desplomó el Produc-
to Interno Bruto per capita; se regis-
tra la peor fuga de capitales des-
de 1995; el desempleo aumentó y,
en general, todos los indicadores
apuntan a una recesión.
El pasado 30 de agostoThe Bank
of America Merrill Lynch advirtió lo ante-
rior y consideró la posibilidad de que las
reformas impulsadas por el gobierno fra-
casen o sean decepcionantes. En suma, su
diagnóstico es que el país se encuentra
peor que en 2012.
De inmediato, el titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis
Videgaray, salió al paso para aclarar ante
senadores que no hay recesión, sino que
se trata de una desaceleración económica.
Cuando el pasado 7 de diciembre el
funcionario entregó el paquete económi-
co 2013, anunció una proyección de creci-
miento de 3.5%; es decir, 1.4% más que el
promedio registrado durante los 12 años
de gobiernos panistas, que fue de 2.1%.
Al concluir el primer trimestre de
2013, la ola de optimismo se estrelló con-
tra la realidad. Para julio, la nueva esti-
mación del gobierno federal se ubicó en
3.1%. El ajuste aún era optimista, pues
para entonces el Fondo Monetario Inter-
Videgaray. El “cerebro” que no puede
EduardoMiranda

nacional (FMI) proyectaba un crecimien-
to de 2.9%. A final de cuentas no preva-
leció ningún pronóstico, pues el último
ajuste de la proyección de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ca-
yó a 1.8%.
Para los analistas privados el esce-
nario es todavía más sombrío. El pasa-
do 26 de agosto el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP)
pronóstico un crecimiento de 1.7%. Dos
días después Grupo Financiero Banamex
dio a conocer un estudio en el que prevé
apenas 1.2%.
De hecho, las estimaciones del FMI
están a la baja a nivel global. Debido a la
desaceleración de las economías emer-
gentes, así como a la recesión europea, el
organismo redujo las expectativas de cre-
cimiento mundial de 3.3% a 3.1%. La ex-
pectativa nacional, de acuerdo con las
mencionadas estimaciones, está a la mi-
tad de la media global.
El pasado 21 de agosto, el diario Refor-
ma reseñó un encuentro privado que sos-
tuvoVidegaray con senadores perredistas.
Uno de ellos, Mario Delgado, expuso que
las justificaciones del secretario para ex-
plicar la caída en las expectativas de creci-
miento giraron en torno a factores ajenos
a la administración de Peña Nieto. Para
deslindarse, dice, el funcionario culpó al
gobierno de Felipe Calderón, al desplome
Guajardo. Economía congelada
“ElUniversal”/LucíaGodínez

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