Revista politica

6. ÍNDICE /No. 2153 • 4 DE FEBRERO DE 2018
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semanario de información y análisis
ELECCIONES 2018
8 Sospechosas triangulaciones en una fundación
creada por Ricardo Anaya /Álvaro Delgado
14 En el PRI, desesperada búsqueda del fuero...
o del “hueso” /José Gil Olmos
18 “Nadie me ha regalado nada”, afirma el hijo
del gobernador Yunes /Noé Zavaleta
DERECHOS HUMANOS
20 Con Peña Nieto, el mayor número de
desapariciones de jóvenes /Gloria Leticia Díaz
23 Crónica de una desaparición forzada
/Areli Villalobos
25 La Sedena se sale del guion
/Jorge Carrasco Araizaga
NARCOTRÁFICO
28 Excolaboradores de Osorio Chong, encubiertos
por la fuga del Chapo /Jorge Carrasco Araizaga
Foto portada: Germán Canseco
CORRUPCIÓN
31 Sistema Nacional Anticorrupción: Pocos logros,
muchos pendientes /Mathieu Tourliere
RELIGIÓN
34 Aguiar Retes asume la espinosa herencia
de Rivera /Rodrigo Vera
ANÁLISIS
38 Otra muestra del entreguismo de Peña
y Videgaray /Jesús Cantú
39 El conciliador /Rocha
40 Obama tiene la culpa
/John M. Ackerman
41 El informe de Trump: nacionalismo perturbador
/Olga Pellicer
42 Las trampas de una iniciativa laboral
/Graciela Bensusán
45 TIEMPO FUERA: Esto no es un hombre
/Fabrizio Mejía Madrid

7. 1709 / 2 de agosto de 2009 7
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80 PALABRA DE LECTOR
82 MONO SAPIENS /Más revelaciones de Diego
/Helguera y Hernández
INTERNACIONAL
46 COLOMBIA: Una periodista, un jefe poderoso
y una violación sin castigo /Rafael Croda
51 ARGENTINA: El Estado, al servicio de su familia
/Francisco Olaso
53 VATICANO: Francisco se topa con la pederastia
/Irene Savio
ENSAYO
56 El informe de la ONU: Terrorismo internacional
y patrimonio cultural /Jorge Sánchez Cordero
CULTURA
60 González Orozco, en la batalla por su patrimonio
/Judith Amador Tello
PÁGINAS DE CRÍTICA
64 ARTE: A 15 años de ZONA MACO
/Blanca González Rosas
MÚSICA I: FAOT 2018
/Mauricio Rábago Palafox
MÚSICA II: Hugh Masekela (1939-2018)
/Ricardo Jacob
TEATRO: La estética del crimen /Estela Leñero
DANZA: Libros de danza del 2017 /Karina Terán
CINE: Tres anuncios por un crimen /Javier Betancourt
TELEVISIÓN: Ahora Canal 14 /Florence Toussaint
LIBROS: Novela deslavada /Jorge Munguia Espitia
ESPECTÁCULOS
70 Cortés documenta El maíz en tiempos de guerra
/Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES
74 Mexicanos en los Juegos de Invierno: sin recursos,
misión casi imposible /Beatriz Pereyra
77 Televisa y Grupo Pachuca, segundo round
/Raúl Ochoa

8. OctavioGómez
Sospechosastriangulaciones en una fundación
creada por Ricardo Anaya
8 2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018

9. El objetivo social declarado de la Fundación por más Hu-
manismo es el de “fortalecer la conciencia democrática
de los queretanos y su formación cívico-política”. Pero,
lejos de cumplir su cometido, esa asociación civil de fi-
liación panista sirvió para encubrir una complicada trian-
gulación de recursos, en un negocio inmobiliario que les
dejó jugosas ganancias a empresarios cercanos al panis-
mo queretano y a los directivos de esa fundación-fachada
que creó Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la
alianza PAN-PRD-MC, quien ante Proceso se deslinda de
posibles hechos de corrupción.
ÁLVARO DELGADO
E
l aspirante presidencial panis-
ta Ricardo Anaya Cortés creó en
Querétaro una fundación que,
en lugar de cumplir su objetivo
social de “fortalecer la concien-
cia democrática de los quere-
tanos y su formación cívico-política”, fue
usada por él para hacer un millonario ne-
gocio inmobiliario con constructores ami-
gos, mediante un complejo esquema de
triangulación y encubrimiento de opera-
ciones financieras.
La Fundación por más Humanismo fue
creada por Anaya en mayo de 2009, des-
pués de renunciar a la secretaría particular
del gobernador panista de Querétaro, Fran-
cisco Garrido Patrón, y es en los hechos un
“fantasma”, porque no existe registro de
ninguna actividad pública y la omitió en su
declaración 3de3.
De acuerdo con documentación ofi-
cial y financiera que obtuvo Proceso, en
2010 Anaya recibió en la cuenta bancaria
de la fundación un depósito de 1 millón
650 mil pesos del empresario Abraham
JaikVillarreal, dueño de JV Construcciones
Civiles; con esa cantidad adquirió un te-
rreno donde construyó un edificio que, en
2016, vendió en 7 millones 854 mil pesos
a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos,
copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo,
presidenta de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) en
Querétaro y exsecretaria particular del
gobernador panista Francisco Domínguez
Servién.
De los 7.8 millones de la venta del edifi-
cio, construido en terrenos de alta plusva-
lía que fueron expropiados a instancias del
gobierno de Garrido Patrón, Anaya le pagó
el millón 650 mil pesos a Jaik Villarreal –12
El contrato de compra-venta
ELECCIONES 2018
2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018 9

10. T
ras la elección de este año, indepen-
dientemente de si Ricardo Anaya ga-
na la Presidencia o no, el PAN que-
dará hecho pedazos, vaticina Julio
Sentíes Laborde, veterano panista quere-
tano que formó parte de la Fundación por
más Humanismo, creada por el precandi-
dato presidencial.
“¡A ver qué queda del PAN, a ver quié-
nes nos atrevemos a recoger los pedazos,
pase lo que pase en 2018!”, exclama Sen-
tíes, quien tras su renuncia a ese partido en
1978 –junto con Efraín González Morfín– se
reintegró al mismo tras el triunfo panista en
Querétaro en 1997.
Procurador de justicia del gobierno de
Ignacio Loyola Vera, presidente del PAN
en Querétaro entre 2000 y 2003, Sentíes
renunció a la Fundación por más Huma-
nismo, creada por Anaya en 2009, de cuyo
consejo directivo fue secretario, en protesta
porque éste dejó la presidencia de ese
partido en mayo de 2011 para asumir la
Subsecretaría de Turismo en el gobierno de
Felipe Calderón.
Junto con el exdiputado federal Manuel
Ovalle Araiza, el exdiputado local Simón
Guerrero, así como los exdirigentes esta-
tales Rafael Puga Tovar e Ismael Becerra
Reséndiz, entre otros panistas, integró
la expresión Esencia PAN, para exigirle
congruencia a Anaya y a su grupo en
Querétaro.
Sentíes conoce bien a Anaya desde que
en 1997 éste fue nombrado director juvenil
en la presidencia municipal de Querétaro y
ha seguido su paso por el comité nacional y
la construcción de su proyecto presidencial.
“Conocí a Ricardo desde que lo nom-
braron encargado de la promoción juvenil
en el municipio, con Paco Garrido, y des-
pués fue mi alumno en la universidad. Era
un muchacho muy brillante, muy estudioso,
daba muy buena impresión”, evoca y dice
que, aunque tenía buena relación con él, no
estuvo de acuerdo cuando dejó el PAN de
Querétaro y la diputación local.
“Ricardo siempre ha sido una persona
demasiado personalista, no le gustaba
apoyarse en el equipo; absolutamente
todas las conferencias de prensa, todos los
comunicados eran personales, de él. Siem-
pre ha sido así de personalista. Le gusta
resolverlo todo y tenerlo todo controlado. Y
después, cuando llegó a la presidencia del
comité nacional, hizo exactamente lo mis-
mo que había hecho antes. Es una actitud,
una manera de trabajar de él.”
–¿Correcta?
–Para mi gusto no, porque todas estas
actividades complejas que tiene uno, como
“El PAN quedará hecho pedazos”ÁLVARO DELGADO
https://www.youtube.com
funcionario público o dirigente partidista,
debe ser trabajo en equipo; si no, ¿para
qué tiene un staff con una serie de cosas,
si todas las decisiones las toma unilateral-
mente desde arriba?
Sentíes admite que Anaya ha sido
exitoso en su trayectoria –incluida su can-
didatura y la alianza que hizo con el PRD y
Movimiento Ciudadano, que él no compar-
te– y le ve posibilidades de triunfo.
“Este asunto de la alianza que hizo ya
rebasó el tema y yo veo hoy que él quie-
re convertirse en franquicia y va a dejar
archivado al PAN y a los demás que dizque
forman parte de la coalición a un lado. ¡A
ver qué queda del PAN, a ver quiénes nos
atrevemos a recoger los pedazos, pase lo
que pase en 2018!”
–¿Le ve posibilidades de triunfo?
–Claro que tiene posibilidades –dice y
considera excesivos los elogios que Diego
Fernández de Cevallos vertió en la entrevis-
ta con este semanario (2152).
“Creo que en la situación en la que
está, sin llegar a las exageraciones de su
amigo Diego Fernández de Cevallos, sí es
el mejor perfil”, dice al compararlo con el
priista José Antonio Meade o con el more-
nista Andrés Manuel López Obrador.
El problema de Anaya, advierte, es que
es muy personalista, no escucha, toma
decisiones solo: “Ese es el problema: no
sé si cuando llegue a la Presidencia ahora
sí, verdaderamente, por primera vez en su
vida, va a cumplir en hacer un trabajo en
equipo, escuchar a colaboradores, tomar
decisiones en grupo, o va a querer seguir
teniendo a los diputados o senadores que
sigan ciegamente sus criterios”.
–Tiene Anaya reputación de desleal y
traidor. ¿Es honesto?
–Yo tengo muchos amigos que opinan
que cuando le ha convenido, le da una pa-
tada en el trasero a quien le ha servido. A
mí no me hizo eso. Me cortó y me dijo: “Ahí
muere” y ya. Es más, ni me lo dijo él, me
lo mandó decir. Y yo dije: “Cuando quiera
platicamos, porque cuando a él le interesa-
ba platicábamos y ahora resulta que ahora
manda sus cosas con mensajero”.
Sentíes aclara que no le consta que
Anaya sea corrupto –“no me consta que
haya robado, que haya engrosado su
patrimonio con base en recursos públicos,
no”–, pero le desagrada su pragmatismo.
“Tengo una diferencia con Anaya y los
actuales dirigentes del PAN. Prefiero perder
que ganar a cualquier precio.”
–¿Anaya ha ganado “a cualquier precio”?
–Sí, claro. La única justificación que
tiene para la coalición es ganar.
–¿Es muy pragmático Anaya?
–Definitivamente. Si yo le digo que Ri-
cardo Anaya es dictatorial, peor es el Peje.
Por eso le digo: en todo caso Anaya es el
menos peor.
–¿Llamaría a votar por Anaya?
–No he tomado mi decisión de votar.
Incluso veo con tristeza con lo que pasó
con Margarita Zavala.
Y rubrica: “En las actuales condiciones
veo que voy a tomar mi decisión a votar
el día anterior a la elección. El objetivo de
Esencia PAN es buscar que los panistas
dejen el pragmatismo y recuperen precisa-
mente la esencia del PAN”.
Sentíes Laborde. Diagnóstico
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11. mil más de lo que costó el terreno que ini-
ció el negocio–, pero también le transfirió 4
millones 909 mil pesos a la empresa de és-
te, JV Construcciones Civiles.
No sólo eso: de ese dinero –6 millones
559 mil pesos–, JV Construcciones Civi-
les se quedó con 3 millones 209 mil pesos
y en dos transferencias le depositó 3 mi-
llones 350 mil pesos a DG Diseño y Cons-
trucciones, propiedad de Eduardo de la
Guardia Herrera, quien es, curiosamente,
vocal de la Fundación por más Humanis-
mo, que presidió Anaya.
Llama la atención que la fundación
haya transferido los recursos a JV Cons-
trucciones Civiles en vez de hacerlo de
manera directa a DG Diseño y Construc-
ción, cuando el dueño de ésta, De la Guar-
dia, no sólo es vocal de la asociación civil,
sino también, junto con Anaya, apodera-
do de la cuenta bancaria de la asociación
civil que se usó para todos los movimien-
tos financieros.
Esto implicaría que la fundación que
creó y presidió Anaya no es para promo-
ver el “humanismo político”, como dice
su objeto social, sino como “fachada” pa-
ra encubrir las operaciones de DG Diseño
y Construcción, ya que este complejo es-
quema de operación permite ocultar cual-
quier vínculo entre la asociación civil y la
empresa, y con ello, la participación del
precandidato presidencial de la alianza
PAN-PRD-MC.
De hecho, conforme a los estados de
cuenta bancarios hasta 2017, la fundación
no se benefició gran cosa, porque de los
7.8 millones de la venta del terreno, IVA
incluido, pagó 6 millones 559 mil pesos a
las dos empresas implicadas en el nego-
cio, por lo que se quedó sólo con 1 millón
200 mil pesos.
Pero la fundación hizo otros movi-
mientos relacionados con esta misma ope-
ración: en abril de 2016 depositó 99 mil 462
pesos a la cuenta de la notaría pública 32
de Querétaro, y de junio de ese año a mar-
zo de 2017 la asociación civil deAnaya emi-
tió varios cheques por 1 millón 7 mil pesos,
que fueron cobrados, en efectivo, por De la
Guardia.
Consultado al respecto, Anaya admite
que como presidente de la fundación com-
pró el terreno, según él mediante colectas,
y que la construcción del edificio estaba
en obra negra cuando él dejó el cargo en la
asociación civil, en 2014, por lo que se des-
linda del proceso de venta.
Asegura que si no incluyó a la funda-
ción en su 3de3, que presentó en noviem-
bre de 2015, es porque ya no la presidía y
también había dejado de ser apoderado
legal de la cuenta bancaria de la asocia-
ción civil. “Quedé completamente fuera
de la fundación”.
El aspirante presidencial asegura que
no sabe quién lo sucedió como presi-
dente de la fundación, afirma que ésta sí
cumplió su objeto social de promover el
civismo con pláticas –“no digo que hayan
tenido una gran relevancia, pero de que
tuvo su actividad, sí la tuvo”– y parece no
conocer a los contratistas involucrados.
–¿Quién es Abraham Jaik Villarreal?
–Es un constructor.
–¿Y qué relación tiene con la fundación?
–Tendría que revisar, pero es probable
que haya sido el contratista de la obra.
–¿Y quién es Eduardo de la Guardia?
–Él trabajó en el gobierno de Queréta-
ro; allá lo conocí y él ayudó, voluntaria-
mente, en el diseño del proyecto.
–¿Fue Jaik Villarreal el que prestó el di-
nero para comprar el terreno?
–Lo que pasa es que una cosa es quién
fue el constructor y otra distinta quién fue
el arquitecto que diseñó.
Los socios
Anaya constituyó la Fundación por más
Humanismo el 6 de mayo de 2009, a dos se-
manas de dejar de trabajar para el gobier-
no de Querétaro, y el consejo directivo lo
integran Antonio Rangel Méndez, quien
fue su secretario particular cuando él lo fue
también de Garrido Patrón, y actualmen-
te es el coordinador del PAN en el Congre-
so de Querétaro, y José Luis Báez Guerrero,
presidente estatal de ese partido.
Como vocal quedó registrado De
la Guardia, propietario de DG Diseño y
Construcciones, mientras el secretario
fue Julio Sentíes Laborde, coordinador de
los diputados locales del PAN entre 2000
y 2003, procurador de Justicia de Queréta-
ro en el gobierno de Ignacio Loyola y ac-
tualmente titular de la Correduría Pública
4 de Querétaro.
“Yo renuncié a esa fundación”, aclara
de entrada al reportero Sentíes Laborde,
quien como secretario del consejo direc-
Movimientos bancarios de la Fundación
ELECCIONES 2018
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12. tivo de la misma organización firmó el
contrato de compra-venta del terreno ad-
quirido con el dinero del empresario Jaik
Villarreal, lo que él efectivamente recono-
ce, pero niega haber tenido conocimiento
de las triangulaciones financieras y de los
dividendos de la operación.
“A mí me consultaron desde el punto
de vista de abogado qué podrían hacer y les
respondí como abogado. Obviamente eso
está bajo secreto profesional. Que se hayan
repartido algún dividendo o ganancia o par-
ticipación de los asociados…”, dice Sentíes,
luego guarda silencio y enseguida explica:
“Entiendo que una de las cosas que
quedaron pendientes de la fundación, por-
que no me consta que lo hayan logrado ha-
cer, era obtener el permiso de la Secretaría
de Hacienda para dar recibos deducibles
de los donativos que recibiera; y uno de los
requisitos para esa autorización era que,
por ningún concepto y bajo ningún pretex-
to, se paguen honorarios ni estipendios al
consejo directivo, ni tampoco que con mo-
tivo de liquidación o cualquier otro pretex-
to se repartan. Lo único que le puedo decir
es evidentemente (que) yo no tengo cono-
cimiento de que hayan repartido nada, y
obviamente yo, menos, recibir.”
Sentíes Laborde, quien integra la orga-
nización Esencia PAN, que públicamente
ha llamado corrupto a Anaya, dice no sa-
ber más sobre la actividad de la fundación
a la que renunció en mayo de 2011, cuan-
do éste dejó la presidencia del PAN –tras
unos meses de obtenerla– y solicitó licen-
cia como diputado local, cargos que deten-
taba de manera simultánea, para asumir la
Subsecretaría deTurismo en el gobierno de
Felipe Calderón.
“Cuando Ricardo Anaya nos hizo el fa-
vor de salir corriendo de aquí, renunció a
la presidencia del comité estatal y del car-
go de diputado local, yo de plano presenté
mi renuncia”, recuerda Sentíes en entre-
vista telefónica el jueves 1.
–¿Fue sólo por esas razones?
–Básicamente, sí. Fui el único integran-
te del comité estatal de Acción Nacional
que protestó y que pidió que Anaya se pre-
sentara personalmente a explicar por qué
renunciaba. Obviamente, a partir de eso
los niñitos a los que les encargaron las fun-
ciones del comité estatal y demás me blo-
quearon. Entonces dejé de formar parte del
comité y, obviamente, de esa fundación.
Los “niñitos” de los que habla Sentíes
son Báez Guerrero y Rangel Méndez, de
la misma edad de Anaya –39 años–, y son
además tesorero y vocal, respectivamen-
te, de la Fundación por más Humanismo.
Ambos son, también, los panistas de
Querétaro más cercanos a Anaya, quien
como presidente del CEN los favoreció co-
mo reclamaron, en enero de 2015, los inte-
grantes del grupo disidente, Esencia PAN,
al que pertenece Sentíes (ver recuadro):
“Ricardo Anaya se autopromueve co-
mo paladín de la lucha anticorrupción, pe-
ro quienes lo conocemos sabemos que es
sólo un discurso, muy lejano de actos con-
cretos de congruencia. Su proceder, por el
contrario, es testimonio del uso de las ins-
tituciones para beneficiarse.”
El millonario negocio
Durante el gobierno del panista Garrido
Patrón, Anaya fue un poderoso secreta-
rio particular y en el último año y medio
del sexenio fue coordinador de Desarrollo
Humano, que manejó de manera cliente-
lar mil millones de pesos mediante el Pro-
grama de Acción Comunitaria, antes de la
elección de 2009, que perdió Manuel Gon-
zález Valle, de quien fue coordinador de
campaña.
Justo en medio de esa campaña de
2009, a dos semanas de renunciar al go-
bierno, el 6 de mayo, Anaya constituyó la
Fundación por más Humanismo, Asocia-
ción Civil, ante la Notaría Pública 26, que la
inscribió en el Registro Público de la Propie-
dad el 21 de julio. El 6 de agosto de ese año,
el banco Santander le asignó a la cuenta de
la asociación civil el número 22-00030207-
2, cuyos apoderados son él y De la Guardia.
Cuatro días después de abrir esta cuen-
ta, el 10 de agosto, la fundación recibió un
primer depósito, de 1 millón de pesos, que
hizo Abraham Jaik Villarreal, exintegrante
del Consejo Directivo de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción
en Querétaro y accionista principal de la
constructora JV Construcciones Civiles,
S.A. de C V.
El 13 de agosto, Jaik Villarreal realizó
otros dos depósitos a la cuenta de la fun-
dación de Anaya por 400 mil y 250 mil pe-
sos, para llegar a un total de 1 millón 650
mil pesos. Y cuatro días después, el 17 de
agosto, de esta misma cuenta se hicieron
transferencias por un total de 1 millón 638
mil pesos a la cuenta de la compañía Cor-
porativo Inmobiliario Génesis, S.A. de C.V.
para pagar la compra de un terreno de mil
950 metros cuadrados en el municipio de
El Marqués.
Este terreno se ubica en la zona aleda-
ña al Centro de Congresos de Querétaro,
sobre la carretera a la Ciudad de México;
los propietarios de la empresa vendedo-
ra, Corporativo Inmobiliario Génesis, eran
entonces el empresario guanajuatense Jo-
sé Luis Alvarado Tapia, presidente del pa-
tronato del club de futbol Gallos Blanco de
Querétaro, y Francisco Ibarra López, presi-
dente de Grupo ACIR.
El terreno adquirido por la fundación de
Anaya se ubica dentro de las 264 hectáreas
en las que en 2005 el gobierno de Garrido
Patrón promovió el cambio de uso de sue-
lo a solicitud de un grupo de empresarios,
entre quienes estaban el propio Alvarado
Tapia y la inmobiliaria Las Artes, presidida
por Edmundo Salvador Jiménez Suso, fun-
dador de la constructora Agacel Agregados
y Asfaltos, S.A. de C.V, y ya fallecido.
Y fue justamente la empresa Agacel
Agregados y Asfaltos la que, en abril de
2016 –cuando Anaya ya era presidente na-
cional del PAN–, compró el edificio que
construyó la fundación, en 7 millones de
pesos más IVA.
En efecto, durante cuatro años, en-
tre septiembre de 2011 y abril de 2016, la
cuenta de la fundación se quedó en 7 mil
994 pesos, hasta que, el 6 de ese mes, re-
cibió una transferencia por 7 millones de
pesos cerrados, bajo el concepto “pago
edificio”, proveniente de Agacel Agrega-
dos y Asfaltos, que el 27 de mayo hizo un
segundo pago, por 854 mil 232 pesos, por
el concepto de “Pago de IVA de F-3”.
A la muerte de Jiménez Suso, en 2012,
al frente de Agacel Agregados y Asfaltos
quedó su hija, Lorena Jiménez Salcedo,
quien adquirió el edificio construido por
la fundación de Anaya y sus socios. Presi-
denta, desde diciembre, de la Coparmex-
Querétaro, la compradora encabezó antes
la Comisión Anticorrupción del mismo or-
ganismo y fue secretaria particular del ac-
tual gobernador cuando fue alcalde de la
capital estatal.
Con los recursos de la venta del edifi-
cio ya en la cuenta de la fundación de Ana-
ya se hicieron varias transferencias: una de
ellas, para Abraham JaikVillarreal, efectua-
da el 17 de mayo de 2016, por 1 millón 650
mil pesos, exactamente la misma cantidad
que depositó en 2010 para la compra del te-
rreno donde se levantó la obra.
Ese mismo día la fundación transfirió
4 millones 909 mil pesos a JV Construccio-
nes Civiles, de Jaik Villarreal, quien al día
siguiente, 18 de mayo de 2016, realizó dos
transferencias a la cuenta de DG Diseño y
Construcciones, propiedad de De la Guar-
dia, vocal de la fundación de Anaya.
Una transferencia fue por 383 mil 177
pesos y otra por 2 millones 967 mil 576, pa-
ra un total de 3 millones 350 mil 753 pesos,
por los conceptos de “proyecto arquitec-
tónico” y “trabajos preliminares y cimen-
tación para la construcción del edificio de
oficinas y servicios ubicado en carretera
México-Querétaro, ejido La Cañada. Hoy
Villa del Marqués del Águila Fracción II,
municipio de El Marqués, Querétaro”.
De la cuenta de la fundación se hicie-
ron también otros movimientos relacio-
nados con la venta del edificio: el 21 de
abril de 2016 se transfirieron 99 mil 462
pesos a la cuenta de la notaría 32 de Que-
rétaro, a cargo de los notarios Carlos y José
Luis Muñoz Ortiz, y en nueve meses, entre
junio de 2016 y marzo de 2017, la funda-
ción emitió cheques por un total de 1 mi-
llón 6 mil 875 pesos que cobró en efectivo
De la Guardia, socio de Anaya.
ELECCIONES 2018
12 2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018

14. A
nte la proximidad de la selec-
ción de aspirantes a candida-
tos a diputados y senadores
por el PRI, un torrente de fun-
cionarios, exlíderes del par-
tido, dirigentes sindicales y
sectoriales, legisladores, exgobernadores,
empresarios e hijos de mandatarios con
biografías cuestionables han hecho una
larga fila en la que se pelean los prime-
ros lugares.
En el PRI, desesperada
búsquedadel fuero... o del “hueso”
LalistadeaspirantespriistasaocuparlugaresenelCon-
greso de la Unión es larga y cuestionable. Está llena de
personajes problemáticos, empresarios de reputación
dudosa, familiares de viejos políticos o funcionarios y
exfuncionarios que han sido investigados por presuntos
desvíos o malos manejos del dinero público. Son los in-
deseables del PRI que buscan el fuero o simplemente no
quieren quedar fuera del presupuesto.
JOSÉ GIL OLMOS Entre los 525 inscritos ante la Comi-
sión Nacional de Procesos Internos del PRI
que buscan una diputación o una senadu-
ría uninominal, y una centena más que
busca llegar al Congreso por la vía pluri-
nominal, destacan algunos personajes in-
vestigados judicialmente; otros, acusados
de desvíos de recursos públicos; algunos
más que no alcanzaron sus aspiraciones
de ser presidente o gobernador y muchos
que llegan por influencias familiares.
Hay varios aspirantes problemáticos.
Una es Nuvia Magdalena Mayorga Delga-
do, investigada por el caso Odebrecht, que
le tocó por haber sido presidenta de la Co-
misión de Presupuesto y Fiscalización del
Consejo Político Nacional del PRI.
Mayorga –quien busca una senaduría
por Hidalgo– es un personaje cercano al
exsecretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong.
El último día de enero el periódico Re-
forma publicó que la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electorales
le pidió a la Comisión Nacional Bancaria y
deValores datos sobre los movimientos fi-
nancieros de Nuvia Mayorga en sus cuen-
tas y en otras que habría administrado en
su calidad de funcionaria partidista.
La aspirante a senadora desestimó esa
información y en una carta que circuló en
redes sociales explicó que sus funciones
en el PRI durante la campaña de Enrique
Peña Nieto “se circunscribieron en forma
colegiada a labores estrictamente de dic-
taminación, supervisión y vigilancia con
fundamento en los estatutos, los cuales
no conceden ninguna función de ejercicio
financiero a dicho órgano”.
Manifestó que ninguna autoridad le ha
requerido información de sus movimien-
tos bancarios pero dijo estar dispuesta a
que se investigaran sus cuentas.
Sin embargo, el vicecoordinador del
PAN en la Cámara de Diputados, Federi-
co Döring, dijo que si el precandidato pre-
sidencial del PRI, José Antonio Meade, no
hace algo por evitar que se le otorgue fue-
ro o cualquier candidatura a ella, “pierde
cualquier autoridad moral la propuesta
legislativa que en materia anticorrupción
presentó hace unos días”.
En la lista preliminar de aspirantes al
Senado también está Manuel Ignacio Acos-
ta Gutiérrez, alcalde priista de Hermosillo
y extitular del Registro Agrario Nacional e
implicado en el presunto desvío de 447 mi-
llones de pesos del erario municipal.
Quien es conocido en la entidad como
Maloro, intenta ser senador junto con Syl-
Benjamín Flores José F. Carrera Eduardo Miranda Archivo Proceso Ezequiel Gómez Leyva
Mayorga Delgado Acosta Gutiérrez Beltrones Sánchez Andrade Díaz Vázquez Villanue
14 2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018

15. vana Beltrones Sánchez –hija del exlíder
priista Manlio Fabio Beltrones– y Francis-
co Antonio Astiazarán Gutiérrez.
Se suma a la lista de aspirantes al Se-
nado el exgobernador de Tabasco, Manuel
Andrade Díaz, a quien el actual secretario
de Gobierno de esa entidad, Gustavo Ro-
sario Torres, acusó de abrir las puertas del
estado a Los Zetas.
Andrade llegó al gobierno de Tabasco
en una segunda elección, pues la primera
fue anulada luego de que las autoridades
electorales comprobaron que su protec-
tor, Roberto Madrazo, había intervenido
mediante la compra de publicidad en los
medios locales.
Destacan en la lista de candidatos a
una diputación federal algunos excolabo-
radores de Javier Duarte, el exgobernador
veracruzano actualmente en la cárcel.
Son Elisa Marilda Rodríguez Aguirre,
exdirectora del Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal, quien aspira a una
diputación por el distrito 8; Raúl Zarrabal
Femat, candidato a diputado por el distrito
12 de Veracruz, quien fue diputado local y
titular de la Secretaría de Comunicaciones
durante el gobierno de Duarte de Ochoa; y
Pedro Montalvo Gómez, candidato a dipu-
tado por el distrito 18, que fue titular de la
Comisión de Agua del Estado de Veracruz
durante el gobierno duartista.
Otro personaje problemático es Martín
Vázquez Villanueva. Busca la precandida-
tura al Senado por Oaxaca y está seguro
de conseguirla, confiado en el apoyo de su
tío, Augusto Gómez Villanueva, quien des-
trabó la precandidatura presidencial de
José Antonio Meade, al impulsar los cam-
bios en los estatutos del PRI que impedían
las candidaturas ciudadanas.
Vázquez Villanueva fue secretario de
Salud de Oaxaca en la administración de
Ulises Ruiz, tiene investigaciones en la
PGR por un desvío de 500 millones de pe-
sos y permitió el ingreso de más de 3 mil
“aviadores” a la nómina de la secretaría a
su cargo y que provocaron el estallido del
conflicto en la entidad, con paros y blo-
queos de estos “trabajadores” que fueron
despedidos porque cobraban sin laborar.
La selección de candidatos en el PRI no
ha sido fácil y en entidades como Chiapas
ha ocasionado escisiones, como la ruptu-
ra de la alianza del PRI con el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y el Partido
Nueva Alianza (Panal) que hace seis años
llevo al gobierno a Manuel Velasco.
Por Querétaro está en la lista Ernesto
Luque, amigo de Meade –quien lo hizo de-
legado de la Sedesol en la entidad–, sobri-
no de Emilio Gamboa y nieto de Francisco
Ramírez Luque, exgobernador queretano.
Incluso ya hay inconformidades en
entidades donde parecía que el control
era absoluto, como el Estado de México,
donde militantes del Valle de Toluca, la
zona de mayor poder político, denuncia-
ron en conferencia de prensa, el pasado
viernes 2, la imposición de los candidatos
a las alcaldías de esa región. Aseguraron
que eso llevará a la derrota del partido en
la entidad.
“Hay mucha gente que no se registró,
que tampoco cubre los requisitos de la
convocatoria; son en su mayoría apadri-
nados de los jerarcas de partidos. Eso, sin
duda, es una mala señal”, dijo a los me-
dios el expresidente municipal de Oco-
yoacac,Tito Castillo.
El dedazo
Una vez que el CEN del PRI emitió la con-
vocatoria para elegir a sus representantes
en el Congreso, en todo el país los cua-
dros priistas comenzaron a moverse con
la idea de ser palomeados por la conven-
ción de delegados o ser ungidos por el de-
dazo de la dirigencia nacional, del equipo
de Meade y hasta del presidente Enrique
Peña Nieto.
El PRI llega a la contienda de este año
con un enorme déficit electoral: poco más
de 10 millones de votos perdidos en los úl-
timos seis años. Al inicio del gobierno de
Peña Nieto el priismo gobernaba en 20 es-
tados; ahora sólo en 14. Pasó de tener 47.3
millones de electores (55% de los votantes
del país) a poco más de 37 millones (43%
de los posibles votantes).
Ante ese panorama, la pelea entre
grupos y personajes se ha cerrado pa-
ra conseguir un lugar seguro en el Poder
Legislativo. De acuerdo con la lista de la
Comisión Nacional de Procesos Internos,
para el Senado se registraron 71 candida-
tos, de los cuales 11 fueron declarados im-
procedentes; para diputados, 454, de los
cuales 160 fueron dictaminados improce-
dentes para su registro.
Aparecen en la lista de candidatos a
diputados el excandidato al gobierno de
Durango, Esteban Villegas; el exgobernador
de Colima,Fernando Moreno Peña; la dueña
de la revista Siempre!, Beatriz Pagés Llergo
Rebollar; mientras que en Aguascalientes
se menciona a José Carlos Lozano, hijo del
exmandatario Carlos Lozano de laTorre.
Para el Senado, en la lista de aspiran-
tes por la vía plurinominal se menciona al
exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien desea tener una opor-
tunidad de ser el candidato presidencial
del PRI el próximo sexenio. Igualmente al
secretario de Salud, José Narro Robles, y al
de Turismo, Enrique de la Madrid, quienes
el año pasado fueron mencionados como
posibles presidenciables.
También aparecen Luis Miranda Na-
va, extitular de la Sedesol; el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo; José Calza-
da, titular de Agricultura; Gerardo Ruiz Es-
parza, de Comunicaciones y Transportes;
así como el exgobernador de Chihuahua y
director del ISSSTE, José Reyes Baeza.
Otros funcionarios federales que po-
drían buscar un escaño son el oaxaqueño
Héctor Pablo Ramírez Puga, director gene-
ral de Liconsa, quien también quiere ser
gobernador; Miguel Alonso Reyes, exgo-
Benjamín Flores Octavio Gómez Miguel Dimayuga Octavio Gómez
eva Miranda Nava Osorio Chong Ruiz MassieuNarro Robles
ELECCIONES 2018
2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018 15

16. bernador de Zacatecas y director del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo, y Héctor
Gutiérrez de la Garza, director del Instituto
Nacional de Infraestructura Educativa.
De igual modo, en la lista de posibles
beneficiarios del fuero estarían la actual
secretaria general del PRI y excanciller
Claudia Ruiz Massieu; el exgobernador
del Estado de México, Eruviel Ávila Ville-
gas, actual coordinador de la precampaña
de Meade; el exgobernador de Coahui-
la, Rubén Moreira; así como Mercedes del
Carmen Guillén Vicente, presunta herma-
na del zapatista subcomandante Galeano.
Quienes también pretenderían llegar
al Senado son el diputado duranguense
Rubén Escajeda; la excandidata al gobierno
de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodrí-
guez; el exgobernador del Estado de Méxi-
co y excoordinador de la bancada priista
en San Lázaro, César Camacho Quiroz; y el
exlíder de la Confederación Nacional Cam-
pesina, Augusto Gómez Villanueva.
En la lista de quienes quieren llegar al
Senado por la vía plurinominal: el dipu-
tado y aspirante al gobierno yucateco, Jor-
ge Carlos Ramírez Marín; Marco Antonio
García Ayala, actual diputado federal; Jor-
ge Estefan Chidiac, exdirector general del
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Fi-
nancieros; y la exgobernadora de Tlaxcala
y exdirigente nacional del PRI, Beatriz Pa-
redes Rangel.
Simpatizantes
En el ánimo de sumar simpatizantes, el
PRI aprobó la inclusión de 10 no militan-
tes del partido para ser postulados como
precandidatos a diputados o senadores.
Destaca la aprobación de Silvia Esther
Pérez Ceballos, exdiputada panista y quien
trabajó en la oficina de Margarita Zavala;
Carlos Armando Girón Gutiérrez, meda-
llista olímpico en la disciplina de clavados
en 1980; Jorge Agustín Zepeda Cruz, quien
fue diputado del PRD en la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal; Luis Antonio
Mahbub Sarquis, empresario y exdirigente
de la Cámara Nacional de Comercio; San-
dra Patricia Palacios Medina, funcionaria
del municipio de Escobedo, Nuevo León;
Luis Toussaint Elosua, quien fue director
de asuntos públicos de Arca Continental, la
segunda embotelladora de Coca Cola más
grande de América Latina.
Otros son Fernando Baños Sánchez,
exregidor de Coatzacoalcos y exlíder de la
sección 32 del SNTE; ManehTamer Chahin,
industrial veracruzano; Alejandro Turrent
Silva, empresario de la industria tabaca-
lera de Tabasco y presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Fabricantes de Puros; y
José Luis Oliva Cano, del Grupo Oliva Radio,
beneficiario del gobierno del veracruzano
Javier Duarte con un contrato de 1 millón
200 mil pesos.
E
n una ciudad donde hay un eviden-
te rechazo al presidente Enrique
Peña Nieto y donde el PRI ocupa
el cuarto puesto como fuerza po-
lítica, Mikel Arriola desborda optimismo y
asegura que, sin ser militante y en fórmu-
la con su “amigo y mentor” José Antonio
Meade, obtendrá para el tricolor el go-
bierno de la capital mexicana.
“Busqué la precandidatura, es mi
oportunidad, es el momento y creo que
la oferta es interesante y genera muchas
oportunidades”, dice a Proceso el exdi-
rector del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Desde 1997, en la primera elección
para la jefatura de gobierno del entonces
Distrito Federal, el PRI capitalino entró en
declive por la fuerza con la que Cuauhté-
moc Cárdenas arrasó en las urnas.
Según el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, ese año el PRI alcan-
zó 25.07% de la votación; en 2000 bajó
a 22.83%; en 2006 cayó a 13.27% y en
2012 remontó ligeramente: 16.28% de los
votos.
Sin estructura ni base social, el
priismo local sólo ha podido conservar
las delegaciones Cuajimalpa, Milpa Alta y
Magdalena Contreras. Y en la Asamblea
Legislativa cayó al cuarto lugar por núme-
ro de diputados.
Al insistírsele sobre las prácticas de
corrupción de los priistas en ciertos es-
tados y la violencia e inseguridad en un
país gobernado por el PRI, el aspirante a
jefe de gobierno medita unos segundos
antes de responder:
“Yo soy Mikel Arriola, candidato
ciudadano, y asumo que haber abierto
las candidaturas es un gran paso hacia
adelante. Si hubo malas prácticas en el
pasado, se han castigado y se deberán
seguir castigando. Pero no me confundan
con Javier Duarte ni con Roberto Borge.
Esos son de profunda inmoralidad.”
La precandidatura
Al menos dos semanas antes de que
Arriola renunciara al IMSS para registrar-
se como precandidato a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México bajo
las siglas del PRI, Eruviel Ávila, entonces
dirigente del priismo local, ya le había
asegurado esa precandidatura a Adrián
Rubalcava, actual diputado local y exjefe
delegacional de Cuajimalpa, el bastión
más poderoso de ese partido en la capital.
Según Rubalcava –calificado de “ca-
cique” de Cuajimalpa e identificado con
el grupo del exsecretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong–, su fallida
designación fue operada por el mexiquen-
se y ya estaba aprobada hasta por Peña
Nieto. Sin embargo, dice a Proceso que
le “cambiaron la jugada” y se tuvo que
“disciplinar”.
Y es que después de que Meade
renunció a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), el pasado 27 de
noviembre, y anunció que se registraría
como precandidato del PRI a la Presiden-
cia, Arriola encendió los motores y el 5 de
diciembre, en una entrevista para la televi-
sión, adelantó que buscaría la precandida-
tura para gobernar la Ciudad de México.
El 7 de diciembre renunció a la direc-
ción del IMSS y horas más tarde solicitó
su registro ante el partido.
El 15 de diciembre obtuvo su registro
como precandidato único. En la sede del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Meade
le alzó la mano y dijo: “Hoy es un día de
fiesta porque ya tenemos a quien va a
sacar del bache a esta ciudad”.
El 17 de diciembre inició su pre-
campaña en Cuajimalpa, vistiendo un
chaleco rojo con las siglas del tricolor.
Sin la presencia de Eruviel Ávila, a Arriola
le llenaron la explanada; ahí estuvieron
Rubalcava y Tonatiuh González, secreta-
rio general del PRI capitalino.
“Pepe, mi mentor”
En el Café Tacuba, Arriola pide el café
lechero “de la casa”. Lo conoce bien
porque en ese lugar solía comer cuando
trabajaba en la SHCP, como asesor del
entonces secretario Agustín Carstens.
Ahí cuenta su versión sobre el origen
de su virtual candidatura. Dice que con
más de 15 años en el sector público, que-
ría contender por un cargo de elección
popular, pero como ciudadano. El 9 de
agosto de 2017 vio su primera oportuni-
dad, cuando el PRI le quitó el candado
de la militancia a las candidaturas. Pensó:
“No soy militante, soy simpatizante,
soy ciudadano y mi experiencia es de
gobierno. Y el problema de la ciudad es
Arriola, optimista:
“Soy un soldado de la ciudad”
SARA PANTOJA
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ELECCIONES 2018

17. de gobierno, de administración. Todos los
retos que he tenido en mi carrera son de
administración”.
Pero el momento decisivo, dice, fue el
destape de José Antonio Meade Kuribreña.
“Con Pepe yo he crecido profesionalmente.
Es mi amigo y mi mentor. Hemos enfren-
tado retos juntos. Es un extraordinario
economista, extraordinario político y es un
hombre que comparte conmigo un princi-
pio central de la administración pública: la
honestidad”, describe.
Meade y Arriola coincidieron como
funcionarios federales en 2002 en el Banco
de Desarrollo Rural. En diciembre de 2006,
ya en el sexenio calderonista, hicieron
mancuerna en la Secretaría de Hacienda de
Carstens y, entre otros temas, trabajaron en
la Reforma Hacendaria de 2009.
En 2011 separaron sus caminos, el
primero fue a la Secretaría de Energía y
el segundo, a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris). Ahí Arriola enfrentó duras críticas
de organizaciones no gubernamentales
que lo acusaron de pasividad frente a los
monopolios del tabaco, del refresco y de
los alimentos chatarra.
Ambos se mantuvieron en el gobierno
federal ya en el sexenio de Enrique Peña
Nieto, y como parte del grupo que controla
el hoy canciller Luis Videgaray.
Tras el destape de Meade, Arriola lo
buscó y se reunieron en la casa del pre-
sidenciable. “Le dije: ‘Yo me quiero ir a la
trinchera’. Me dijo que estaba totalmente
de acuerdo, que teníamos que luchar como
grupo por México. Así de idealista, pero así
de real”, afirma. Con el apoyo de su mentor
buscó a Peña Nieto. Se encontraron en
Palacio Nacional. “Me dijo que respetaba
mi decisión y que coincidía con la determi-
nación de que era un año de competencia
y de luchar por los ideales y por el país”.
Según el entrevistado, para elegir can-
didato en el PRI se generó un proceso po-
lítico “equitativo” que incluyó una revisión
estadística de su posición respecto a otros
cuatro contendientes. De todos, presume,
él obtuvo casi 60% de imagen positiva y en
conocimiento fue el más alto.
La arrogancia
Arriola repite los argumentos de Meade so-
bre el “peligro de perder al país” si Andrés
Manuel López Obrador gana la Presiden-
cia: “Es regresar el modelo 40 años; es el
autoritarismo, sin duda la destrucción de
las instituciones. Ha dicho cuatro cosas
de horror: que va a echar para atrás la
reforma energética, la educativa, el nuevo
aeropuerto y que le va a dar amnistía a los
narcotraficantes”.
Sigue: “Inflación de dos dígitos, estati-
zación de empresas, amenazas institucio-
nales a la Corte y al Congreso, pérdida de
libertades individuales, contracción de la
economía y amenazas al Banco Central…
¡una catástrofe!”
En encuestas publicadas por distintos
medios el aspirante del PRI-PVEM aparece
en tercer lugar de las preferencias de los
capitalinos, después de Alejandra Barra-
les y de Claudia Sheinbaum, quien va a la
cabeza.
Desde esa posición las ha retado
varias veces a debatir, pero ambas lo han
desdeñado. Aun así, Arriola rechaza que
la contienda real será entre ellas dos: “Es
un error. La arrogancia no sirve para nada
en la vida y menos en la política. Yo soy un
competidor muy sólido”.
–¿Quién es Claudia Sheinbaum para
usted?
–Es una contendiente a la cual le debo
todo el respeto, pero no le identifico logros,
sobre todo porque desde el año 2000
no hemos podido estar por debajo de la
norma de emisiones ambientales. Eso le
tocó a ella mucho tiempo. Un mérito que
sí le recuerdo fue generar una huelga en la
UNAM y está por verse el diagnóstico de
su actuación en la jefatura delegacional de
Tlalpan.
–¿Y Alejandra Barrales?
–Es parte del problema, porque habien-
do tenido puestos legislativos y adminis-
trativos en la ciudad, lo que presenta son
resultados muy malos, tanto de esta admi-
nistración como de las últimas cuatro. Es
una contendiente a la que le tengo profun-
do respeto. Es admirable que haya sacado
adelante sola a su familia, pero en políticas
públicas no identifico ningún logro.
De paso considera que no ha quedado
claro cómo la exlegisladora obtuvo sus
propiedades en Miami y las Lomas de
Chapultepec. “Tener esas propiedades no
es un perfil muy de izquierda”, apunta.
–¿De usted no van a salir notas sobre
casas en las Lomas?
–Ahí está mi declaración 3de3, limpia y
abierta totalmente. Yo vivo en un departa-
mento de mi suegro en Lomas de Bezares,
delegación Miguel Hidalgo. Afortunadamen-
te no me tocó pagar créditos hipotecarios.
Cuando dirigía el IMSS, Arriola declaró
no tener propiedades inmobiliarias, pero sí
muebles y electrodomésticos, además de
una inversión bancaria por 2 millones 189
mil 746 pesos.
Arriola destaca los números positivos
que logró en el IMSS y asegura que si pudo
hacer eso con el organismo de gobierno,
también lo puede hacer con la Ciudad de
México con base en cinco ejes de trabajo:
seguridad, agua, educación, vialidad e
infraestructura.
En las últimas semanas, al ver que sus
precampañas no prenden, Arriola y Meade
cambiaron de estrategia: grabaron un video
en el que juntos descubrieron el tráfico de
la ciudad; también recorrieron en mancuer-
na las obras del nuevo aeropuerto y en las
entrevistas el primero pareciera dedicarse
más a promover a su amigo “Pepe” que a
sí mismo.
El pasado 1 de diciembre, cuando
rindió su último informe al frente del IMSS,
Arriola se autonombró “soldado del presi-
dente Peña Nieto”.
Se le pregunta si lo sigue siendo.
Primero responde que sí, pero tras unos
segundos, modifica: “Cambié de ser un
soldado del presidente a ser un soldado de
la ciudad”.
OctavioGómez
Arriola. “Mi experiencia es de gobierno”
2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018 17

18. Hijo del actual mandatario veracruzano y aspirante a
sucederlo, Miguel Ángel Yunes Márquez niega que su
candidatura por la alianza Veracruz al Frente (PAN-
PRD-MC) sea producto del nepotismo; es, sostiene,
consecuencia de su propio trabajo político y de lo que
considera un buen desempeño durante dos gestiones
como alcalde de Boca del Río. En entrevista, esboza
sus propuestas en materia de seguridad y desarrollo
económico, y de su “buen amigo” Ricardo Anaya, pre-
candidato de esa coalición a la Presidencia de la Re-
pública, lo considera un político “serio” al que elogia
por hablar inglés y francés y por haber estudiado en el
extranjero.
NOÉ ZAVALETA
X
ALAPA, VER.- “Ni monarquía ni
nepotismo”, dice Miguel Ángel
Yunes Márquez, precandida-
to único de la coalición Vera-
cruz al Frente a gobernador de
la entidad que gobierna su pa-
dre, Miguel Ángel Yunes Linares.
Se refiere a las acusaciones del precan-
didato presidencial de Morena,Andrés Ma-
nuel López Obrador, y su alfil Cuitláhuac
García, que también aspira al cargo en la
entidad. Ambos acusan al gobernador de
querer imponer a su vástago como sucesor.
“Necesitamos un gobierno serio –aña-
de Yunes Márquez–.Yo lo puedo represen-
tar. No queremos regresar al pasado, que
es el PRI, que es la corrupción y los malos
gobiernos; y en otro frente, un futuro in-
cierto, un salto al vacío, con un persona-
je (Cuitláhuac García) que nada ha hecho
por Veracruz, de todo se queja, pero que
nunca le he escuchado una propuesta pa-
ra solucionar las cosas.”
Accede a la entrevista en el lobby del
hotel Holiday Inn, horas después de regis-
trarse como precandidato de Movimien-
Miguel Ángel Carmona / Procesofoto
“Nadie me ha
regalado nada”,
afirma el hijo del gobernador Yunes
18 2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018

19. to Ciudadano con un suéter naranja, igual
que al hacerlo con el PAN vistió uno azul y
con el PRD un chaleco amarillo.
El dos veces alcalde de Boca del Río,
funcionario de la Sedesol en el sexenio de
Felipe Calderón y diputado local de oposi-
ción durante el primer trienio de la guber-
natura de Fidel Herrera, rechaza ser un ju-
nior impulsado por su padre y que éste sea
su sombra: “Me siento con todo el derecho
de aspirar a gobernar. Nadie me ha regala-
do nada. Toda mi carrera política me tocó
alternar con dos gobernadores que me hi-
cieron la vida imposible: (Javier) Duarte y
Fidel (Herrera), y entregué resultados”.
Algunos de sus conocidos, consulta-
dos por Proceso, relatan que cuando Yu-
nes Márquez era niño, la entonces pode-
rosa lideresa del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba
Esther Gordillo, le decía “ahijado” y éste la
llamaba “madrina”. Ahora tiene 41 años y
es panista desde 2004.
Aunque Cuitláhuac García, hijo del ex-
diputado local perredista Atanasio Gar-
cía, afirma que Yunes Márquez será inca-
paz,“al igual que su padre”,de construir un
proyecto para sacar a la entidad del hoyo fi-
nanciero y de seguridad en que se encuen-
tra, el precandidato de Veracruz al Frente
dice que en siete años (suma de sus perio-
dos como alcalde) posicionó a Boca del Río
como “la mejor ciudad de Veracruz y como
una de las de mejor calidad de vida a nivel
nacional”.
Y se coloca en la línea del precandidato
de su coalición a la Presidencia de la Repú-
blica, Ricardo Anaya: “No es lo mismo tra-
tar con un político serio, que tiene resulta-
dos tangibles, que habla inglés, que entien-
de perfectamente el francés, que ha tenido
la oportunidad de estudiar en el extranjero
(Miami, Estados Unidos), contra otros polí-
ticos que sólo generan incertidumbre”.
Destaca que el gran dolor de cabeza de
Veracruz es la “inseguridad”, que sólo se
puede abatir “combatiendo la pobreza”,
“creando empleo” y, como hizo el gobier-
no de Colombia, “endureciendo los cuer-
pos policiacos e invirtiendo en ellos”.
De ahí, dice, su propuesta de canalizar
mil millones de pesos anuales a la infraes-
tructura policiaca, pero también hacer én-
fasis en la “reconstrucción del tejido so-
cial” mediante inversiones en educación,
salud y deporte, pues afirma que “la inse-
guridad hoy está focalizada, sólo existe en
ciertos puntos, ya no es general”.
–¿Seis años de gobierno son suficien-
tes para salir del hoyo? –se le plantea
–Todos los problemas de Veracruz pa-
san por la inseguridad, pero es una falla
estructural por la falta de empleos, opor-
tunidades, inversiones… hoy veo avances
sustantivos: tenemos prácticamente la
estabilidad (financiera). Veracruz tenía un
déficit anual de 20 mil millones; hoy ya no.
–¿Lucha frontal contra el narcotráfico,
llámese Cártel de Jalisco, Zetas, quien sea?
–El combate al narcotráfico es de la fe-
deración, pero el gobierno de Veracruz no
puede cerrar los ojos. Se tiene que incluir a
los municipios, no pueden lavarse las ma-
nos, es una responsabilidad compartida
de los alcaldes con el gobernador, hay que
involucrarlos. La delincuencia no tiene
nombre, llámese como se llame la banda.
No nada más una buena policía, sino un
buen sistema de procuración de justicia.
La maquinaria gubernamental
El 60% del gabinete de Yunes Linares se
compone de exfuncionarios de su hijo,Yu-
nes Márquez. La secretaria de Desarrollo
Social, Indira Rosales, se encargaba de re-
coger las peticiones ciudadanas durante la
campaña para la presidencia municipal de
Boca del Río; el secretario de Seguridad Pú-
blica, Jaime Téllez, fue su director de Trán-
sito; el titular de Educación fue secretario
del ayuntamiento de Boca del Río; el encar-
gado de las finanzas, Guillermo Moreno,
fue su síndico.
Aun así,Yunes Márquez niega que en la
entidad se haya aceitado la maquinaria gu-
bernamental para garantizarle el triunfo.
Y esboza su proyecto económico: “El
actual gobierno dejará una base sustenta-
ble para un crecimiento sostenido durante
los próximos seis años. Hay que cambiar el
precepto de que el gobernador lo puede to-
do. Uno tiene que respaldarse en los muni-
cipios, gobernar con visión municipalista,
tratar de trabajar con ellos en seguridad,en
generar empleos,en certidumbre jurídica y
económica para los empresarios”.
En entrevista con Proceso, el precan-
didato de Morena a gobernador, Cuitlá-
huac García, califica al mandatario Yunes
Linares como “el gran charlatán de Vera-
cruz”, pues prometió contener la inseguri-
dad en seis meses, pero le dio prioridad a
la preparación del aparato político electo-
ral para encumbrar a su hijo en la siguien-
te elección.
“Mientras tanto –pro-
sigue García–, Veracruz
hoy tiene 2 millones de
personas con precarie-
dad alimenticia y no hay
un programa real de apo-
yo al campo, pero el di-
nero se destina preferen-
temente a elecciones. La
inseguridad la pagan el
comerciante, el profesio-
nista, el médico, el taxis-
ta, el trailero y el ganade-
ro. La seguridad ha fraca-
sado”, expone García.
A su vez, Yunes Már-
quez responde a las crí-
ticas de López Obrador
y García contra el gobernador por preten-
der instaurar una “monarquía azul”, los
tacha de ignorantes y explica: “La monar-
quía es un derecho divino donde sucedes
a un rey. En nepotismo, según el dicciona-
rio, un funcionario da un cargo a alguien
de su familia dentro del gobierno. En mi
caso, al igual que los aspirantes de otros
partidos políticos, trato de convencer a los
veracruzanos”.
En cuanto a las candidaturas a diputa-
dos federales, las dirigencias del PAN, PRD
y MC en el estado las otorgaron a políticos
de oscuro pasado, como Renato Tronco, el
exprocurador regional Nagasaki Conda-
do, Ricardo García y el empresario perio-
dístico Eduardo Macías, todos cercanos al
priista Javier Duarte.
Por su parte, la bancada panista del
Congreso local cooptó a varios legislado-
res priistas que fueron colaboradores de Ja-
vier Duarte, como Vicente Benítez, Regina
Vázquez Saut, Rodrigo García, José Luis En-
ríquez y Basilio Picazo, ahora convertidos
en operadores políticos de Yunes Márquez.
Además, en la firma del acuerdo de
coalición con MC, Yunes Márquez seña-
ló que habían quedado atrás los “roces”
y “diferencias” con el líder nacional del
partido naranja, Dante Delgado, quien
siempre acusó a Yunes Linares de haber-
lo convertido en un preso político. Si bien
Delgado no se presentó al registro de su
precandidato a gobernador, Yunes Már-
quez le dedicó una serie de elogios.
“Vemos hacia el futuro, vemos por Ve-
racruz, no por nosotros mismos; el pasa-
do ha quedado atrás. No queremos que re-
gresen los gobiernos de malas prácticas.
Hoy Dante (Delgado) ve lo mismo que yo:
una coalición no electorera, sino de go-
bierno. Él como gobernador tuvo visión,
hizo obras trascendentales, no tengo du-
da en que me acompañará en la campa-
ña”, expresó el precandidato sobre Delga-
do, quien en 2012 se sumó a la campaña
presidencial de López Obrador.
Y aunque el aspirante de Morena en-
cabeza las encuestas rumbo a la Presi-
dencia de la República,
el precandidato de Ve-
racruz al Frente no con-
templa la posibilidad de
que López Obrador go-
bierne el país cuando él
eventualmente quede al
frente del estado:
“Yo me veo con Ricar-
do Anaya. No veo a López
Obrador. Con Ricardo so-
mos buenos amigos. Yo
no creo que la gente en
México pueda hacer ga-
nar a un charlatán, a un
oportunista. Los mexica-
nos somos mucho más
inteligentes que eso.”
MiguelÁngelCarmona/Procesofoto
Yunes Linares. “El gran charlatán”
2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018 19
ELECCIONES 2018

20. Con Peña Nieto,
el mayor númerode desapariciones de menores
GLORIA LETICIA DÍAZ
E
l caso de Marco Antonio Sán-
chez Flores, quien estuvo desa-
parecido durante cinco días, es
ilustrativo de la violencia y dis-
criminación que viven millo-
nes de adolescentes en México,
víctimas del modelo de seguridad adopta-
do en los últimos 12 años.
Este es el diagnóstico en el que coinci-
den defensores de organismos públicos y
de la sociedad civil consultados por Pro-
ceso, y quienes, basados en reportes ofi-
ciales, revelan que menores de edad y jó-
venes son víctimas recurrentes de casos
graves de violaciones a los derechos hu-
manos, de manera particular durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con datos de las autori-
dades, en el actual gobierno se registran
72.3% de los seis mil expedientes de des-
apariciones de menores de 17 años. Tam-
bién la información da cuenta que cada día
se cometen tres homicidios de menores de
edad, desde niños hasta adolescentes.
El presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH),
Luis Raúl González Pérez, quien recuerda
que asumió su cargo dos meses después
Miguel Dimayuga
de la desaparición forzada de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, en Guerrero, ad-
vierte que en los últimos tres años en que
ha estado al frente del organismo los jóve-
nes se han convertido en víctimas de ca-
sos atroces.
“Es triste y lamentable. No sabemos
qué haya pasado con este joven que fue
detenido en la Ciudad de México, pero lo
que pareciera presuntivamente obvio es
la detención arbitraria y no sabemos qué
más se acredite”, dice el ómbudsman, en-
trevistado el pasado 30 de enero en sus
oficinas.
Comenta que la CNDH ha interveni-
do en casos de desaparición forzada ocu-
rridos en Iguala, en Tierra Blanca, en Pa-
pantla y en Chilpancingo, donde el factor
común es que las víctimas son jóvenes y
los presuntos responsables de las desapa-
riciones son policías, y añade que “estas
circunstancias nos muestran un deterioro
en la seguridad pública”.
Expone: “Estamos en un clima de co-
rrupción e impunidad, y eso propicia lo que
estamos viendo, porque mientras no ha-
ya sanciones, el máximo rigor de la ley, es
campo fértil para que las conductas se su-
cedan. Desde luego que estamos en favor
de que a las víctimas del delito se les respe-
te el derecho humano de acceso a la justi-
cia, pero lo que no podemos hacer es incu-
rrir en la persecución del delito cometiendo
ilícitos: no a la tortura, no a la privación de
la vida y no a la ejecución arbitraria”.
La presidenta de la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal (CD-
HDF),Nashieli Ramírez Hernández,respon-
sable de la investigación del caso de Marco
Antonio, integrada por desaparición forza-
da, advierte que tanto en la Ciudad de Mé-
xico como a nivel nacional prevalece “una
creciente visión de criminalización de los
chavos”. Puntualiza: “Y no es una visión so-
lamente sustentada por quien es la auto-
ridad, sino también domina mucho en la
sociedad. Las juventudes hoy, con su di-
versidad, son permanentemente estigma-
tizadas por el mundo adulto en general”.
Ramírez Hernández cita la Encues-
ta Nacional sobre Discriminación (Enadis
2010), que considera vigente, en la cual se
refleja la criminalización de los jóvenes
en el imaginario social.
Ante la pregunta “¿Qué tanto cree us-
ted que en México llaman a la policía cuan-
do ven muchos jóvenes juntos en una es-
quina?”, 57.1% respondió que ocurre “algo
o poco”, y tres de cada 10 encuestados se-
ñaló que sucede “mucho”.
20 2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018

21. La indignación provocada por las vejaciones contra Mar-
co Antonio Sánchez,el alumno de preparatoria que desa-
pareció cinco días tras ser detenido por policías de la Ciu-
dad de México y del Estado de México,revivió la polémica
sobre los abusos por parte de fuerzas de seguridad y es
una muestra de la discriminación que viven millones de
jóvenes en el país, consideran las comisiones Nacional
de los Derechos Humanos y del Distrito Federal,así como
organizaciones civiles. De acuerdo con un informe de la
Red por los Derechos de la Infancia en México basado en
datos oficiales, 72% de las desapariciones de menores
ocurrió en el actual sexenio.
Apunta la ombudsperson: “En la medida
que, por miedos, la sociedad demanda ma-
yor protección,entre comillas,ante un ima-
ginario, en la mayoría de los casos hay una
respuesta de la autoridad en esas dimen-
siones, sin cruzar o sin contemplar que es-
tán dando respuesta a una percepción”.
Vivo el recuerdo de la tragedia en la dis-
coteca News Divine, ocurrida en junio de
2008, cuando nueve jóvenes y tres policías
murieron como consecuencia de un ope-
rativo fallido, la defensora reconoce que la
estigmatización contra la juventud es un
círculo vicioso; “no hemos podido romper
con él y cada vez se suceden más casos”.
De acuerdo con información de la re-
latora de la niñez de la CDHDF, Andrea
Márquez Guzmán, de 900 quejas por pre-
suntas violaciones a los derechos huma-
nos que registró el organismo entre 2015 y
2017, 16 corresponden a menores de edad
que identificaron a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal, a la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP) y al Tri-
bunal Superior de Justicia como las autori-
dades presuntamente responsables de las
agresiones.
Esos reportes fueron dados a conocer
el pasado 30 de noviembre, durante la pre-
sentación del informe La Infancia Cuenta en
México 2017, una sistematización de datos
oficiales sobre la situación de la población
de cero a 17 años elaborada por la Red por
los Derechos de la Infancia en México (Re-
dim), que agrupa a 45 organizaciones civi-
les empeñadas en desarrollar programas
en favor de este sector en la mitad del país.
En su decimotercera edición, dedicada
precisamente a registrar los efectos de los
10 años de la política de seguridad pública
y de la procuración de justicia en los me-
nores de edad, que representan 32% de la
población nacional, el documento destaca
que de las 33 mil 482 personas reportadas
como víctimas en el Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desapa-
recidas (RNPED), seis mil 79 son menores,
es decir, 18.2% de los casos.
De los poco más de 6 mil reportes,
72.3%, es decir 4 mil 394, son desaparicio-
nes que corresponden al periodo del go-
bierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Sólo en 2016 se reportaron mil 431 desa-
pariciones de este tipo, “cifra que repre-
senta casi una cuarta parte (23.5%) del to-
tal de casos registrados en dicho año”. En
2017, las desapariciones de la población
de 0 a 17 años sumaba 812 casos, se indica
en el documento.
En cuanto a las cifras de homicidios, la
Redim indica en su reporte que, de acuer-
do con datos presentados por la sociedad
civil en una audiencia de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, en
los primeros ocho años de la estrategia de
seguridad pública 2 mil menores y jóve-
nes fueron asesinados, y la mitad de los
casos “ocurrieron en enfrentamientos que
involucraron a las fuerzas de seguridad”.
Abuso creciente
El secretario ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio,
aporta más cifras que hablan de la ausen-
cia de los menores en la agenda pública,
“salvo en casos en que un menor es vícti-
ma o victimario”.
“Tenemos el primer lugar de abuso
sexual infantil entre los países que inte-
gran la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos); hay
muy alto nivel de violencia intrafamiliar
hacia niñas, niños y adolescentes; 63 de
cada 100 dicen sufrir violencia, 40%, vio-
lencia física y 4% violencia extrema.Tene-
mos 2.6 millones de menores que trabajan
en edades no permitidas y en ocupacio-
nes peligrosas.
“El año pasado, que fue el más violen-
to desde 1997, se registraron más muer-
tes de bebés de cero a un año por enfer-
medades prevenibles que homicidios de
adultos. Hablamos de más de 24 mil niños
muertos”, alerta Bucio, quien asumió la
Secretaría Ejecutiva del Sipinna en 2015,
un año después de que se promulgara la
Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes.
En entrevista con Proceso, el funciona-
rio reconoce avances a nivel legislativo e
institucional para la implementación de
la ley general, pero denuncia que no hay
suficiente voluntad política para asumir
la responsabilidad de atender a los meno-
res en apego a la realidad. En el caso de
los adolescentes, dice, apenas este año la
Conferencia Nacional de Gobernadores se
JesúsCruz/Procesofoto
Policía de la Ciudad de México. Medalla a la brutalidad
DERECHOS HUMANOS
2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018 21

22. ARELI VILLALOBOS
L
os testigos recuerdan que el
martes 23 de enero, pasadas
las 16:00 horas, cuatro agen-
tes de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de la capital
y uno de la Policía Auxiliar
participaron en la detención de Mar-
co Antonio Sánchez Flores, estudiante
de quinto semestre de la Escuela Na-
cional Preparatoria 8 Miguel E. Schulz
de la UNAM.
Consultados por la reportera, algu-
nas de las 20 personas que presenciaron
los hechos pidieron el anonimato por
temor a represalias y coinciden en que
uno de los uniformados golpeó a Marco
Antonio al menos dos veces, lo que con-
tradice la versión de dos policías impli-
cados, quienes en un video que circuló
en las redes sociales aseguraron que no
agredieron al estudiante y que respeta-
ron sus derechos.
Detallan que el joven ya estaba so-
metido y había permanecido en el suelo
por más de 10 minutos cuando, después
de insultarlo y retarlo a que los golpea-
ra, uno de los agentes le propinó un ca-
bezazo en la cara con el casco puesto.
Y antes de que lo subieran a la patrulla
escucharon a Marco gritar que le habían
dado un puñetazo.
Esa mañana Marco, de 17 años, vi-
sitó el Museo Soumaya, platicó con sus
amigos, comió y tomó unas cuantas fo-
tografías. Ésta es una de sus pasiones,
ya que tiene temperamento artístico,
pero también comparte la afición de su
familia al deporte y practica atletismo
y taekwondo.
Vestía pantalón deportivo gris, te-
nis azul marino, le prestaron una suda-
dera negra porque hacía frío y encima
se puso un suéter azul. Sólo llevaba di-
nero para su pasaje, su celular y audífo-
nos. Desde el metro El Rosario se dirigió
al encuentro con amigos. Se quedaron
de ver cerca del Colegio de Bachilleres
número 1.
Al pasar por la calle Cultura Nor-
te, ya en compañía de un amigo, lla-
mó su atención un muro pintarrajeado
con unas frases. No pudo resistirse a
tomarle una foto. Como solía hacer, le
pidió a un conocido que caminaba por
ahí que posara frente al grafiti. Lo eligió
por su atuendo, porque se veía cool en
el primer plano. En ese momento Mar-
co se puso el gorro de la sudadera negra
y enfocó con su celular. Minutos más
tarde llegaron dos policías de la SSP-
CDMX en motocicleta.
Los dos jóvenes se asustaron cuan-
do uno de los uniformados les dirigió
una expresión que no identificaron
bien y corrieron hacia la estación del
comprometió a atender a la población de
12 a 17 años, que representa 13 millones
de personas.
Exresponsable del Consejo Nacional pa-
ra Prevenir la Discriminación (Conapred),
Bucio sostiene que ni siquiera los recursos
destinados a los menores de edad, contem-
plados en el Anexo 18 del Presupuesto de
Egresos 2018, se ajusta a los requerimientos
de la población a la que va enfocada.
“Hay un monto que no podemos decir
que corresponde a las necesidades de la
ley; es de 797 mil 722 millones de pesos.
Si bien empezamos con 528 millones, hay
una parte muy importante que se destina
a los servicios educativos y no a las situa-
ciones complicadas, como niños migran-
tes o prevención de la violencia”, explica.
Con un pasado en la sociedad civil, Bu-
cio afirma que el caso de Marco Antonio
Sánchez es una muestra de que “el abu-
so policial sigue ahí”, pese a que en las de-
pendencias gubernamentales se hayan
creado oficinas en favor de los derechos
humanos.
El de Marco Antonio “no es, lamenta-
blemente, un caso aislado. Creo que tam-
bién nos habla de este enfoque de atención
a la infancia. La adolescencia no está en to-
dos los sectores de la población, entre ellos
en el sector de la seguridad pública”, dice.
Responsable de la vigilancia y coordi-
nación de la instalación de las institucio-
nes para la protección de los menores de
edad, como los sistemas estatales, muni-
cipales y delegacionales de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes, así
como de las procuradurías estatales de
protección, entre otras instancias, Bucio
señala que en el caso de la Ciudad de Mé-
xico la pluralidad política en las delegacio-
nes, “la polarización” y la propia compleji-
dad de la capital del país, “ha dificultado la
coordinación y la articulación.
“Hay cuatro partidos políticos en las de-
legaciones, la Jefatura (de Gobierno) tiene
relación con algunas más o menos. Es una
situación política muy crispada en la ciudad
y este sistema de protección integral puede
funcionar si y sólo si hay articulación políti-
ca; hay que decir que existen protocolos pa-
ra atender casos como el de Marco Antonio.
¿Por qué no se siguieron? Es algo que se ten-
drá que investigar.”
Formación policial
El fundador de Cauce Ciudadano, Carlos
Cruz Santiago, organización civil dedica-
da a la atención de adolescentes y jóve-
nes, aclara en entrevista que, si bien el ca-
so de Marco Antonio es paradigmático de
lo que ocurre con ese sector social en el
país, lo cierto es que la Ciudad de México
tiene sus particularidades.
“En los últimos dos años hemos visto
un incremento de denuncias que hacen los
chicos sobre abusos policiales,detenciones
arbitrarias; incluso, entre los propios jóve-
nes se empieza a normalizar el tema de las
detenciones por ‘portación de cara’, ser jo-
ven y pobre, y que los policías los vean co-
mo posibles criminales”, explica.
Además, comenta que la conducción
de motonetas se ha convertido en un mo-
tivo más de detención de jóvenes, revela
el defensor.
Gustavo A. Madero, Iztapalapa,
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza son
las delegaciones de la Ciudad de México
donde ocurren más agresiones contra los
jóvenes, no sólo de parte de policías, si-
no también de la delincuencia organiza-
da, refiere el defensor.
Cruz Santiago expone los factores que
alientan el abuso policial, los cuales po-
drían desembocar en casos como el de
Marco Antonio: “Hay un proceso de for-
mación policial en el que se les explica
que los jóvenes son el sector que mayor
peligro pueden causar; prevalece una es-
tructura de corrupción hacia dentro de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la
que sí participan mandos, porque son los
jefes los que les solicitan cuotas a los po-
licías de bajo rango. No es una cuota de
detenidos, es una cuota de recursos eco-
nómicos, que les son sacados a los jóve-
nes bajo amenazas de ‘crearles’ un deli-
to”, asegura.
El defensor de derechos humanos ob-
serva que las omisiones policiacas en el
caso de Marco Antonio causaron un es-
cándalo nacional y una relevante movili-
zación ciudadana, “un mensaje político y
una demostración de fuerza”.
“No solamente es un tema de las agre-
siones a las juventudes, sino del juego
perverso de la policía y de la hermandad
hacia dentro de la policía. En un juego po-
lítico de la transición en la Ciudad de Mé-
xico, fue una demostración de fuerza pa-
ra los candidatos de lo que son capaces de
hacer, a causa de su omisión o con su ac-
ción”, dice Cruz Santiago.
Añade que en el caso de Marco Anto-
nio, la actuación irregular de la policía es
un elemento que tendrá que investigarse,
así como la posible colusión con policías
del Estado de México, donde se localizó al
menor en una condición deplorable.
“Hay que investigar cuáles son los
vínculos criminales entre las dos policías
(CDMX y Estado de México). Parece que hay
un contubernio y no podemos continuar
con esto, porque, primero, afectan a la po-
blación; segundo, son omisos en su actua-
ción y generan un mayor daño a las comu-
nidades; y, tercero, las instituciones del Es-
tado mexicano cada vez se debilitan más
por el actuar de este tipo de policías y, en-
tonces la gente piensa que la única solu-
ción es teniendo al Ejército en la calle,lo que
tampoco resuelve el problema”, concluye.
22 2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018

23. Aún no concluyen las investigaciones sobre la deten-
cióndelmenorMarcoAntonioSánchezenelrumbode
El Rosario por policías que presuntamente lo agredie-
ron, ni se aclara por qué fue localizado días después
en el Estado de México con visibles afectaciones de
salud. Sin embargo, Proceso reconstruyó la primera
fase de los hechos mediante numerosos testimonios
de la arbitraria detención y consultó a la defensa de la
familia agraviada, quien afirma que desde el gobier-
no de Miguel Ángel Mancera se trata de minimizar el
caso al investigarlo como “extravío” y no como desa-
parición forzada.
metrobús El Rosario. Los policías aborda-
ron la moto y persiguieron a Marco, quien
corrió sobre el carril confinado para el
metrobús y al final de la estación brincó
al andén para abordar ese transporte. Pe-
ro los policías lo alcanzaron y Marco gri-
tó, “desesperado” y “enojado”, que no lo
detuvieran, que no estaba haciendo nada
malo. Tenía miedo.
Los policías lo derribaron y lo acusaron
de robo, aunque varios testigos señalaron
que no había cometido ninguna falta y re-
conocieron al estudiante. Un tercer ele-
mento de la Policía Auxiliar, encargado de
la seguridad en la estación, impidió que
los presentes se acercaran a ayudarlo.Tra-
bajadores del Metrobús –identificados por
sus uniformes– se acercaron pero no hi-
cieron nada. En la estación terminal ha-
bía aproximadamente 20 personas. Marco
opuso cierta resistencia y los policías lla-
maron a refuerzos.
Marco Antonio gritó que estaban vio-
lando sus derechos y pidió que alguien to-
mara fotos o video de los hechos. En ese
momento se tomó una de las fotografías
que más tarde se hizo viral en redes socia-
les y medios de comunicación.
Un policía lo insultó: “¡Eres una maldita
hormiga!”. Al ver que lo iba a golpear, Mar-
co le respondió: “¿Quieres que te pegue?”.
El agente dijo que sí. El joven apenas pudo
soltar una patada sin fuerza porque seguía
en el piso, boca arriba, y el policía le asestó
un cabezazo con el casco en la cara, que le
dejó la nariz hinchada y roja.
Los otros dos uniformados no lo impi-
dieron ni dijeron nada. Uno de los testigos
comenta que probablemente los agentes
sabían que se trataba de un menor, por-
que alguien anunció que le notificaría a su
madre y ellos le indicaron que lo hiciera.
Después llegaron dos policías más en
una patrulla. Ya eran cinco, incluido el de
seguridad del metrobús. Marco seguía tra-
tando de zafarse. Lo esposaron –uno de
los agentes grabó el momento– y lo subie-
ron a la patrulla. Los testigos no volvieron
a saber de él hasta que los medios difun-
dieron su desaparición y la búsqueda.
El lunes 29 de enero, un día después
de que Marco fuera internado en el Hos-
pital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Na-
varro para evaluar su estado de salud, los
medios de comunicación difundieron un
video en el que los policías Marín Gonzá-
lez Martínez y Ricardo Trejo Flores dieron
su versión y dicen que lo liberaron poco
después de detenerlo:
“Le abre la puerta a esta persona, des-
ciende el masculino, le retira los canda-
dos de mano mi compañero y le dice que
se puede retirar. Esta persona, por su pro-
pio pie, camina en dirección hacia donde
nosotros entramos, de acuerdo como va
la circulación. Le quiero mencionar que
en ningún momento yo aprecié, desde
Crónica de una
desaparición
forzada
DERECHOS HUMANOS
2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018 23

24. que hice contacto por primera vez con los
compañeros, que esta persona estuviera
golpeada. No se le apreciaba ningún golpe
que fuera visible, no tenía sangre y en nin-
gún momento se maltrató, se respetaron
sus garantías individuales, se le respetó
en todo su momento sus derechos huma-
nos”, dijo Trejo Flores.
Sin embargo, un testigo indica que de
hecho fue Trejo Flores, que aparece frente
a la víctima en la fotografía, el que le dio el
cabezazo.Añade que Marco no fue liberado
frente a la iglesia ubicada en la calle Cultu-
ra Griega, como declararon los uniforma-
dos:“Si lo hubieran dejando ahí o cerca,me
lo hubiera topado de frente o me lo hubie-
ra encontrado”.
Responsabilidad de las autoridades
Los recursos legales que interpuso la de-
fensa de la familia Sánchez Flores, a cargo
de la Red por los Derechos de la Infan-
cia en México (Redim), la Oficina de De-
fensoría de los Derechos de la Infancia y
el Instituto de Justicia Procesal Penal (JPP)
fueron cruciales para la localización del
joven, que se logró cinco días después de
su detención, en el municipio de Melchor
Ocampo, Estado de México.
Lo encontraron al seguir una pista: se re-
veló que Marco había sido detenido por se-
gunda ocasión en el municipio mexiquense
de Tlalnepantla, donde fue presentado an-
te un juez cívico y posteriormente liberado.
A decir de Simón Hernández León, re-
presentante del JPP, después de que la fa-
milia acudió a la Comisión de Derechos
Humanos local (CDHDF) para denunciar la
“desaparición forzada”, los abogados pre-
sentaron el recurso de amparo indirec-
to 102/2018-8 el viernes 26 de enero, por la
misma causa y contra las autoridades que
podrían haber participado en su detención
y ocultamiento, incluidos los agentes de la
SSP-CDMX, un comandante que aseguró
que el menor había sido liberado el mismo
día y empleados de la Agencia 40 del Minis-
terio Público.
Según el recurso legal, que continúa su
curso en el Juzgado Cuarto de Distrito en
Materia de Amparo Penal, ese mismo vier-
nes el Poder judicial Federal ordenó a una
comisión de actuarios que buscaran di-
rectamente a Marco en 13 instancias.
Éstas fueron: la SSP-CDMX, la Agen-
cia 40 de la procuraduría capitalina (PGJ-
CDMX), la misma procuraduría local, la
Fiscalía Central de Investigación de la PGJ-
CDMX, el Servicio Médico Forense local,
la Procuraduría General de la República
(PGR), la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organi-
zada, la Fiscalía Central de Investigación,
y el Centro de Investigación Federal.
Asimismo se le buscó en la Prisión Mi-
litar de la Primera Región Militar, el Hospi-
tal General de la Cruz Roja Mexicana en la
capital, el Hospital Psiquiátrico Fray Ber-
nardino Álvarez y la Secretaría de Marina.
El Poder Judicial también resolvió que
esas instancias remitieran toda la infor-
mación de sus registros de detenidos, li-
berados, indiciados y presuntos culpables.
Además se requirió al Centro Nacional de
Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública que
proporcionara la ubicación de Marco que
tuviera registrada.Todo ello en un plazo de
tres días, que se vencían el lunes 29, horas
antes de que Marco fuera encontrado.
Paralelamente se recurrió al Meca-
nismo de Naturaleza Urgente del Siste-
ma de Naciones Unidas por desaparición
forzada. Se llamó al grupo de trabajo so-
bre desaparición forzada involuntaria y
al comité contra la desaparición forza-
da del organismo para que auxiliaran en
el caso. Se solicitó de manera urgente in-
formación al Estado y así se echó a andar
el protocolo para ayudar a la localización
de personas que se presumen víctimas de
desaparición forzada.
Marco fue entregado a sus padres la
madrugada del 29 de enero, con lesiones
físicas y aparentemente desorientado.
Después de una primera inspección físi-
ca fue trasladado al Hospital Psiquiátri-
co Infantil y luego al Instituto Nacional de
Pediatría (INP) para que le efectuaran exá-
menes orgánicos. Con eso concluyó la ac-
ción internacional, pero siguen vigentes el
recurso de amparo, la queja en la CDHDF y
la carpeta de investigación.
El miércoles 31 se presentó un nuevo
recurso de amparo para evitar filtraciones
a los medios de comunicación, pues desde
el domingo anterior se publicó la imagen
de Marco (un menor de edad) con datos de
la primera evaluación médica.
Adicionalmente se espera la amplia-
ción del amparo inicial, pues también se
pedirá la actuación en contra de los agen-
tes municipales de Tlalnepantla y el juez
calificador, “porque (Marco Antonio) estu-
vo bajo la custodia de esas autoridades y
de nuevo volvió a desaparecer. Entonces
hay al menos dos corporaciones policiacas
involucradas, hay una autoridad que ejer-
ce funciones jurisdiccionales que también
lo tuvo, que nunca registró su ingreso, que
no justificó por qué se fue de ahí y que no
tuvo una intervención sabiendo que había
una búsqueda pública de un adolescente
que se encontraba desaparecido”, explica
el litigante Hernández León.
El gobierno capitalino
“quiere minimizar” el caso
El defensor de la familia afectada indica
que ahora tratan de que las autoridades
reconozcan que existen elementos sufi-
cientes para investigar la desaparición de
Marco por el delito de desaparición for-
zada y no por extravío, como se abrió la
carpeta de información, y actualmente
continúa el curso legal en la Fiscalía An-
ti Secuestro local (FAS-CDMX).
La principal diferencia, a decir del liti-
gante, es que “extravío” no es un delito, por
lo que no se le puede imputar a nadie.
“La clasificación legal que le dieron fue
de una persona extraviada. Así se inició
y así está hasta la actualidad. Eso diluye
tanto la responsabilidad de los servidores
públicos como la posibilidad de una bús-
queda efectiva. No es lo mismo asumir o
tener indicios de una desaparición forza-
da con participación de agentes del Esta-
do a tener una persona extraviada; tiene
un componente muy distinto en cuanto a
la búsqueda y localización.”
EduardoMiranda
Mancera. Minimización
24 2153 / 4 DE FEBRERO DE 2018

25. La Sedena se sale
del guionEl 30 de enero, de manera inopinada, el titular de la
Sedena, general Salvador Cienfuegos, estuvo en el sur
de Veracruz, donde supervisó el funcionamiento de un
retén. El acto fue la primera operación pública del jefe
del Ejército desde que el presidente Enrique Peña Nieto
promulgó la Ley de Seguridad Interior, el pasado 21 de
diciembre. Esa visita se hizo pese a que la norma aún
está en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; peor aún,se realizó justo un día después de que
el Consejo Nacional de Seguridad decidió enviar sólo
policías federales a las entidades con mayores índices
de violencia.
Respecto a las violaciones de sus dere-
chos que los policías cometieron en la de-
tención del estudiante, Hernández León
señala que entre las principales están: que
fue arrestado, esposado y subido a una pa-
trulla sin que nadie lo acusara de ningún
delito; no lo presentaron ante la autori-
dades de control de esas detenciones; y el
Ministerio Público tampoco actuó en con-
secuencia, pues se negaron a recibir la de-
nuncia a pesar de que había indicios de
que policías habían detenido a alguien. La
Ley General en Materia de Desaparición es-
tablece que cuando se trata de niñas, ni-
ños y adolescentes la búsqueda tiene que
ser inmediata.
Añade: “Saber qué protocolos no se
cumplieron es un tema interesante que de-
be generar algún nivel de responsabilidad
administrativa,pero nos parece que no es el
foco central del caso.Es decir,esto no es una
irregularidad y una inobservancia al proto-
colo, en realidad estamos frente a la posible
comisión de varios delitos, tanto la desapa-
rición forzada como tortura, y por lo tanto
violaciones graves a los derechos humanos
desde el derecho internacional público”.
En este sentido, el abogado manifestó
su rechazo a la postura del jefe de Gobier-
no, Miguel Ángel Mancera, y del procura-
dor de justicia local, Edmundo Garrido
Osorio, que parecen “querer minimizar es-
te asunto”.
Desde el punto de vista del defensor,“se
ha señalado que no se trata de una desa-
parición, sino de un extravío, que no tiene
lesiones graves. Esto es una condición que
afecta la posibilidad de una investigación
efectiva, imparcial, con la debida diligencia
y que pueda tener un resultado satisfacto-
rio. Nos parece que comprometen mucho
la posibilidad de una investigación efecti-
va, porque están, de alguna manera, pre-
juzgando y ya están exculpando alguna
posible responsabilidad de los agentes de
seguridad y de otras autoridades.
“En realidad –prosigue Hernández
León–, es una temática que involucra a
otras autoridades y tendría que investigar-
se como tal, bajo una hipótesis de posible
desaparición forzada. Y una vez que con-
cluya esa investigación, la autoridad podrá
decir si realmente lo constituye o no, pero
no lo puede prejuzgar y no puede condicio-
narlo a través de los pronunciamientos de
las autoridades políticas,porque eso afecta
la imparcialidad y la posibilidad de investi-
gación de la fiscalía.”
Por ese motivo el abogado no conside-
ra descabellado comparar la desaparición
de Marco con el caso de los 43 estudiantes
de la Normal Isidro Burgos de Ayotzina-
pa, Guerrero, ocurrida en 2014, pues tie-
nen en común la evidente participación
de dos corporaciones policiacas coordina-
das. También considera la posibilidad de
pedir que la PGR atraiga el caso.
Eduardo Miranda
Navarrete Prida. Secretario técnico
DERECHOS HUMANOS
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26. A
un cuando la Ley de Seguridad
Interior (LSI) está pendiente de
revisión en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN),
el presidente Enrique Peña Nie-
to lidiará con la inseguridad en
su último año de gobierno considerándola
como un asunto de seguridad nacional.
El 29 de enero, el presidente convocó
al gabinete de seguridad nacional a la re-
sidencia oficial de Los Pinos. Ese día pre-
sentó a Alfonso Navarrete Prida como
secretario técnico del Consejo de Seguri-
dad Nacional (CSN), tras haber asumido
como titular de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) cuatro semanas antes. Estuvo
sentado a la derecha del presidente, ante-
cediendo a los secretarios de la Defensa
Nacional, el general Salvador Cienfue-
gos, y el de Marina, almirante Francisco
Soberón.
En la reunión también estuvo el nuevo
director del Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz
Sacal, colaborador de Peña Nieto desde el
Estado de México; también participó To-
más Zerón de Lucio, el secretario técnico
del CSN y exdirector de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC) de la Procura-
duría General de la República, otro de los
hombres más cercanos a Peña Nieto desde
sus tiempos de gobernador en el Edomex.
Fue el primer acto en el que Navarrete
Prida hizo sentir su nombramiento luego
de descabezar al equipo de Miguel Ángel
Osorio Chong en las áreas de seguridad
del gobierno federal, particularmente en
las de inteligencia.
Apenas ocupó la titularidad de Gober-
nación el 10 de enero, Navarrete cambió
al director del Cisen y al responsable de
la División de Inteligencia de la Policía Fe-
estado de Tabasco. Estuvo acompañado
por el gobernador de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes Linares.
Pero no fue el mejor día para el Alto
Mando del Ejército ni para el gobernan-
te estatal. Lo que estaba previsto como un
acto propagandístico de una acción cívi-
co-militar, acabó en un fiasco y en una de-
mostración del tamaño del problema.
Vestido con su uniforme de uso diario
y su quepí de cuatro estrellas, el general
Cienfuegos se dirigió al retén o puesto de
vigilancia, como lo llaman los militares. El
comandante de la Sexta Región Militar,con
sede en La Boticaria, en Boca del Río, el ge-
neral Juan Manuel Rico Gámez, le explica-
ba cómo operaba la vigilancia.
En ese momento, desafiante, pasó
frente a ellos un grupo de personas en au-
tos sin matrículas.
–Veo unos vehículos que no traen pla-
ca… ¿No pasa nada? –expresó el general
Cienfuegos, quien estaba rodeado de ofi-
ciales que lo custodiaban.
–No, sí –balbuceó el general Rico Gá-
mez, libreta en mano.
El gobernador Miguel Ángel Yunes,
quien estaba al lado del general secretario,
se levantó de puntas para seguir el recorri-
do de los vehículos.
–Yo no sé si haya tránsito aquí, pero…,
continuó el general secretario.
–Sí, sí hay –respondió el comandante
de la Sexta Región Militar, al tiempo que
escribía rápidamente en su libreta.
–Todos cumplimos con la ley, ¿y ellos?
–reprochó el jefe del Ejército.
El gobernador seguía inquieto, bus-
cando de un lado a otro. ¡Jaime!, llamó
entonces a su secretario de Seguridad Pú-
blica, Jaime Téllez.
El funcionario, quien al momento del
incidente estaba atrás del grupo hablan-
do por teléfono, se acercó para recibir ins-
trucciones de Yunes.
El propio general Cienfuegos quiso salir
del paso y, como si no hubiera pasado nada,
preguntó: “¿Y quién selecciona? ¿Llevamos
un control de los vehículos que pasan?”.
El gobernador se quedó con el gesto
adusto, con las manos unidas al frente.
La contrariedad deYunes Linares tenía
otra razón. A pocas horas de la llegada del
general Cienfuegos a Minatitlán, desde
donde se trasladó a Coatzacoalcos, fueron
colocadas en esa ciudad y en el municipio
de Nanchital mantas atribuidas a la de-
lincuencia organizada en la que acusaban
a miembros del gobierno veracruzano de
proteger al Cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG).
Bajo la firma “Z vieja escuela”, las ame-
nazas iban dirigidas al delegado de la Poli-
cía Ministerial en la ciudad: “Sr gobernador,
si usted no hace al respecto, lo haremoz
nostroz y corrermás sangre” (sic), decía la
manta, según informó la prensa local.
deral, Damián Canales, quien fue reem-
plazado por Víctor Manuel Torres Moreno,
antiguo colaborador de Navarrete.
En la reunión del CSN en Los Pinos se
decidió el despliegue de la Policía Federal y
de la AIC en los estados que más están dan-
do de qué hablar en el extranjero por los
índices de violencia en México: Baja Califor-
nia Sur, Colima, Nayarit y Quintana Roo, al
margen de la continua violencia en Guerre-
ro, Michoacán,Tamaulipas yVeracruz.
La Presidencia de la República infor-
mó ese día que se decidió un nuevo des-
pliegue de fuerzas federales y estatales en
distintas partes del país. No se habló de
ninguna movilización militar.
El comisionado nacional de Seguridad,
Renato Sales Heredia, quien depende di-
rectamente del secretario de Gobernación,
anunció el envío de 5 mil efectivos de la di-
visión de Fuerzas Federales de la Policía Fe-
deral a Cancún, Quintana Roo; Los Cabos,
Baja California, y a tres ciudades del esta-
do de Colima: Colima, la capital, Tecomán
y el puerto de Manzanillo. El envío de poli-
cías federales a Nayarit fue anunciado el 31
de enero por Navarrete Prida.
Aunque no hubo orden para que nue-
vas tropas salieran de sus cuarteles, los
militares no se quedaron atrás.Al siguien-
te día de la reunión de CSN, el general
Cienfuegos se trasladó al sur de Veracruz
a supervisar el funcionamiento de un re-
tén, en un hecho inédito y en lo que fue
la primera operación pública del jefe del
Ejército desde que Peña Nieto promulgó la
LSI, el pasado 21 de diciembre.
Intimidación zeta
Como si la LSI ya tuviera plena vigencia,
el general Cienfuegos se trasladó a un re-
tén instalado por el Ejército y la Marina a
la salida de Coatzacoalcos, en dirección al
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
YahirCeballos
Tropas en las calles. Decisión presidencial
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