Léonard un paisaje de las relaciones de poder

Relaciones
Revista de El Colegio de Michoacán
El Colegio de Michoacán
relaciones@colmich.edu.mx
ISSN 0185-3929
MÉXICO
2001
Éric Léonard
UN PAISAJE DE LAS RELACIONES DE PODER:
DINÁMICA Y DIFERENCIACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES AGRARIAS EN LA SIERRA DE
LOS TUXTLAS
Relaciones, Invierno, Vol. 22, número 85
El Colegio de Michoacán
Zamora, México
pp.17-56
http://redalyc.uaemex.mx

UN PAISAJE DE LAS RELACIONES
D E P O D E R : D I N Á M I C A Y D I F E R E N C I A C I Ó N D E L A S
I N S T I T U C I O N E S A G R A R I A S E N L A S I E R R A D E L O S T U X T L A S
É r i c L é o n a r d
C I E S A S - G O L F O
R E L A C I O N E S 8 5 , I N V I E R N O 2 0 0 1 , V O L . X X I I

1 9
n este trabajo, me propongo documentar y analizar las
recomposiciones que han sufrido las relaciones de po-
der que estructuran la sociedad rural de la sierra de Los
Tuxtlas, en el sur del estado de Veracruz (véase la figu-
ra 1), en referencia a las transformaciones del entorno
macro-económico e institucional (lógicas y formas de intervención del
Estado en su dimensión central como local) que se han producido desde
el reparto agrario cardenista. Asimismo, trataré de evidenciar las expre-
siones de dichas recomposiciones en términos de producción de territo-
rios y diferenciación de espacios geográficos.
El estudio de los procesos de diferenciación social y de producción
de relaciones de poder requiere la integración de varias escalas espacia-
les de análisis que constituyen igual número de niveles de organización,
coordinación y discriminación socioeconómica. Dichos procesos des-
E
En muchas zonas campesinas del país, mientras crecen las reme-
sas provenientes de la migración y de los programas de alivio a la
pobreza, las actividades agropecuarias aportan una proporción
cada vez menor de los ingresos domésticos. Junto con las refor-
mas a la Ley Agraria, esta tendencia apunta al debilitamiento del
ejido como nivel central de organización territorial y política en el
medio rural. En Los Tuxtlas, éste permanece sin embargo como el
centro de las dinámicas de construcción de poderes y de regula-
ción social y la tenencia de la tierra sigue determinando en gran
medida las condiciones de acceso y participación a las arenas po-
líticas locales. El seguimiento del Programa de Certificación de los
Derechos Ejidales (PROCEDE) en la región permite así acercarse al
funcionamiento de dichas arenas y a las relaciones de poder, tanto
a nivel de las comunidades agrarias como al de las unidades do-
mésticas. Desde esta perspectiva, este artículo busca mostrar como
la cartografía de las expresiones del PROCEDE, relativamente al re-
gistro de nuevos titulares, remite a un mapa de las estructuras lo-
cales de poder (ejido, poder local, clientelismo, tenencia de la tie-
rra, migración, programas sociales).

U N PA I S A J E D E L A S R E L A C I O N E S D E P O D E R
2 1
cansan en arreglos institucionales,1
validados por sistemas de normas y
valores, que regulan el acceso de los actores y grupos sociales a los re-
cursos (materiales, organizacionales, simbólicos) considerados por ellos
como estratégicos para su reproducción social. El análisis de estos pro-
cesos lleva por lo tanto a interesarse en la forma en que estos arreglos
institucionales son elaborados a nivel de arenas sociales en las que gru-
pos y actores con intereses y medios disparejos se enfrentan y negocian
sus condiciones y formas de acceso a los recursos estratégicos.
Históricamente, en Los Tuxtlas, los procesos de producción de for-
mas institucionales y de construcción y legitimación de los poderes han
seguido dos premisas básicas: por un lado, el paternalismo y las relacio-
nes de tipo clientelar han fungido como referentes centrales en el fun-
cionamiento de las arenas políticas y la organización económica, tanto a
nivel local como a escala regional; por otra parte, en una región donde
la estructura agraria y territorial está conformada principalmente por
ejidos y la economía sigue girando en torno a unidades de producción
campesinas, la comunidad ejidal y sus órganos representativos (asam-
blea ejidal, comisariado) por un lado y el grupo doméstico por otro, han
constituido las arenas centrales de elaboración de mecanismos de regu-
lación social y validación de los sistemas de normas que sustentan dicha
regulación. En este trabajo, me referiré principalmente a estos dos nive-
les de organización socioeconómica.
Ahora bien, la centralidad del ejido con sus órganos de gobierno en
los procesos de regulación social postula una territorialización de las re-
des clientelares y una diferenciación espacial de las formas instituciona-
les que encuadran dicha regulación en cada ejido. Considerando la fun-
ción primordial asignada jurídicamente al ejido, seguiré la hipótesis que
tal diferenciación espacial se puede apreciar con mayor nitidez a través
de las formas locales de regulación agraria y gestión del espacio produc-
É R I C L É O N A R D
2 0
Tulapan
Tres Zapotes
Río
San
Juan
La Nueva
Victoria
Golfo
de México
hacia
Isla
Salto de
Eyipantla
Calería
Más de 1500 m.s.n.m.
De 1000 a 1500 m.s.n.m.
De 700 a 1000 m.
De 300 a 700 m.
De 100 a 300 m.
Carreteras asfaltadas
Principales terracerias
Juan Díaz C.
hacia Acayucan
Tilapan
Chile
Chile
Zona tabacalera
Áreas de desarrollo de nuevos
cultivos comerciales
Sontecomapan
Los Tuxtlas
Área de referencia
hacia
Veracruz
N
EW
S
Fondo cartográfico:Base Sotavento IRD-CIESAS
Edición: Eric Léonard
SANTIAGO
TUXTL A
SAN A NDRE S
CATEMAC O Lago
de
Catemaco
Laguna
de Sontecomapan
Sihuapan
Comoapan
El Laurel
FIGURA 1
Mapa general de la región de Los Tuxtlas
1
Con arreglos institucionales, me refiero a las formas de coordinación y organiza-
ción socioeconómica mediante las cuales diversos actores sociales (campesinos, comer-
ciantes, Estado en sus dimensiones tanto central como local, autoridades políticas, etcéte-
ra) procuran conformar un marco estable de relaciones y actividad. Sobre los desarrollos
teóricos de la nueva economía institucional, véanse, entre otros, North (1990), Hogdson
(1988), Rutherford (1994).

2 3
tivo: condiciones y formas de acceso a las tierras agrícolas, tanto para
los ejidatarios como para los campesinos sin título legal, existencia de
tierras y recursos naturales de uso común y de normas limitando su
aprovechamiento, apertura eventual del acceso a las tierras ejidales a ac-
tores exteriores a la comunidad campesina, etcétera. Esta diferenciación
espacial de los sistemas de regulación agraria remite, a su vez, a mode-
los distintos de relaciones y estructuras de poder.
Estos planteamientos llevan a prestar una atención particular a las
rupturas que han afectado los sistemas de tenencia de la tierra a lo largo
de la historia de los núcleos agrarios: dotación; ampliación; formas de
“parcelamiento” del territorio entre los miembros de la comunidad eji-
dal, sean o no titulares de un derecho ejidal; implementación reciente
del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE). Tal énfa-
sis se justifica en primer lugar por el hecho de que la apropiación de la
tierra constituye un factor esencial de estructuración del espacio y de
producción territorial. Luego, como lo veremos adelante, la tenencia de
la tierra sigue desempeñando un papel central en el control de los recur-
sos estratégicos y la dinámica de los poderes, a pesar de la apertura cre-
ciente de los sistemas de actividad (con el desarrollo reciente de las
migraciones a larga distancia y de larga duración) que hace que las so-
ciedades rurales, en Los Tuxtlas como en el conjunto del país, sean cada
vez menos agrícolas. En este sentido, el análisis de las modalidades par-
ticulares que revistieron, a escala local, los cambios succesivos que han
afectado a los sistemas de tenencia de la tierra –sean éstos el producto
de políticas nacionales o de iniciativas locales– permite esbozar un pai-
saje de las estructuras de poder y del funcionamiento de las arenas po-
líticas, tanto a escala de la comunidad ejidal como a nivel de los grupos
domésticos.
ESPACIOS DE INTERMEDIACIÓN Y NUDOS DE PODER:
UN RECAPITULATIVO DE LOS PROCESOS DE DIFERENCIACIÓN CAMPESINA
En la región de Los Tuxtlas, desde cuando menos el reparto agrario car-
denista, la apropiación y el control de los espacios de intermediación
económica y política han sido las claves de los procesos de acumulación
2 2
diferencial entre los campesinos. La problemática de la mediación en las
comunidades rurales ha sido ampliamente estudiada a partir de los
planteamientos de Wolf (1976). El poder de los intermediarios (brokers)
descansa en su ubicación en los espacios fronterizos definidos por los
diferentes niveles de interacción entre las comunidades locales y la so-
ciedad global. Les corresponde efectuar los ajustes entre los objetivos y
los referentes de las partes involucradas en estos niveles, sin suprimir los
conflictos pero mediando entre ellos –función tanto más importante y
creadora de poder en cuanto la distancia estructural y cultural entre es-
tas partes es más grande–. En el marco de estas funciones, representan
y manipulan los intereses específicos de las partes en la consecución de
un objetivo común –la realización de una transacción– donde los fines
de cada uno corresponden a racionalidades económicas (o políticas) dis-
tintas (Sánchez Saldaña,1998). El control de los espacios de interfase en-
tre sistemas de normas y formas institucionales distintos –el papel de
traductor– permite estimular, manipular, canalizar o bloquear los flujos
de personas, tecnología e información, capitales, productos o proyectos
institucionales, para fines individuales o en beneficio de un grupo ex-
tenso. Más allá de este papel de enlace, el poder del intermediario deri-
va del carácter de exclusividad con que cumple estas funciones, es decir
del monopolio que ejerce sobre los canales de acceso a los recursos que
están en juego (Silverman, 1965, citado por Sánchez Saldaña, cit. : 6). No
obstante este monopolio, su legitimidad permanecería débil y sujeta a
cuestionamiento si no se fundamentara también en el uso de redes de
relaciones informales (parentesco, compadrazgo, vecindad, pertenencia
a organizaciones políticas o religiosas comunes), dentro de la comuni-
dad como fuera de ella, que posibilitan y sancionan la mediación.
El tiempo de los caciques: la organización del espacio en mercados cautivos
Debido al aislamiento de la gran mayoría de los ejidos,que imperó en el
conjunto de la región hasta bien entrada la década de 1970, las socieda-
des campesinas de Los Tuxtlas fungieron durante más de cuatro déca-
das como mercados cautivos, controlados por grupos diminutos que
habían desempeñado un papel preponderante durante el proceso de re-
parto agrario que tuvo lugar entre 1924 y 1940. Además de su impli-

2 5
2 4
cación en la lucha agraria y de las funciones de representación política
que les asignaba el modelo corporativo de regulación y control social fo-
malizado durante el cardenismo,2
estos líderes agrarios derivaban su le-
gitimidad del apoyo proporcionado por la docena de grandes familias
que retuvo el monopolio de los mercados de productos (maíz, arroz, fri-
jol, tabaco, plátano), mercancias y crédito desde fines de los veinte hasta
el principio de la década de 1970. Las casas de comercio del centro re-
gional, San Andrés Tuxtla, habían fomentado un sistema de anticipos en
efectivo y bienes de consumo a los líderes agrarios quienes, a través de
sus tiendas locales y de una red de pequeños intermediarios, abastecían
a las comunidades ejidales a cambio del acopio del excedente cosechado.
De esta forma surgieron figuras –como Juan Paxtián en Axochio,
Juan Atén en Tulapan, Nicolás Parra en El Laurel, Luis Toto Toto en la
zona que abarca ambas orillas del río Grande de Tuxtla, entre Bodegas
de Totoltepec, Los Naranjos y Cuesta Amarilla, o Diego Toto Linares en
la zona de Soyata, La Redonda y Los Mérida– que juntaban las atribu-
ciones de “jefe político” y comerciante monopolista. En la zona tabaca-
lera, corazón económico de la región, este papel fue asumido conjunta-
mente por actores exteriores a las comunidades ejidales, miembros de
una nueva oligarquía comerciante surgida del nuevo orden posrevolu-
cionario, quienes también derivaban su legitimidad de su participación
en el movimiento revolucionario y la paciente construcción de lazos so-
ciales (vecindad, compadrazgo) en las comunidades ejidales, como fue
el caso de Alberto Turrent.
El sistema político-económico que se consolidó en la región se es-
tructuró en torno a estas figuras y se caracterizó por la permanencia de
relaciones de tipo paternalista, heredadas de la organización de las ha-
ciendas que habían antecedido a los ejidos y alentadas por el modelo de
mediación entre los ejidos y el Estado que fomentaban los gobiernos
posrevolucionarios. Sobre todo, las relaciones clientelares fueron consti-
tuyendo la base del lazo social entre los líderes agrarios y el conjunto de
la sociedad ejidal y permearon paulatinamente las relaciones intrado-
mésticas, entre padre e hijos, como lo veremos adelante. En efecto, al
combinar las funciones de mediador político y económico, los líderes
agrarios ejercían un amplio control sobre las condiciones de acceso al
conjunto de los factores de producción: la tierra, el crédito y los insu-
mos, y la fuerza de trabajo, incluso, hasta cierto punto, la propia mano
de obra familiar de los campesinos.
Al depender la capacidad de acumulación de cada jefe de familia de
la superficie que era capaz de cultivar, frecuentemente después de des-
montar la selva que cubría la mayor parte de la superficie de los ejidos
recién creados, la seguridad de acceso a una mano de obra importante,
ya sea familiar o asalariada, se convirtió en una clave de los procesos de
diferenciación campesina. Esta circunstancia confería a los líderes agra-
rios una posición central en las redes de poder: por un lado disponían
de una libertad casi discrecional para otorgar el acceso a las tierras ejida-
les, fuesen los beneficiarios miembros o no de la comunidad ejidal;3
por
otro, el monopolio del crédito les otorgaba un dominio muy amplio so-
bre la superficie que cada campesino podía cultivar anualmente;4
por
último, el control que cada jefe de familia podía ejercer sobre su propia
fuerza de trabajo doméstica dependía en cierta medida del apoyo acor-
dado por los agiotistas: hasta mediados de los sesenta, en Los Tuxtlas
como en muchas regiones indígenas del país (véanse, entre otros, Co-
llier, 1992), el casamiento de los jóvenes varones estuvo condicionado al
pago de una compensación matrimonial (obsequios a la familia de la
novia y realización de una fiesta grande a la que se convidaba el con-
2
La cadena de mandos y representación que, partiendo del comisariado ejidal, rela-
cionaba la comunidad con la Liga de Comunidades Agrarias, la CNC y las delegaciones
administrativas (secretarías de Agricultura y de la Reforma Agraria) o empresas paraes-
tatales del sector agropecuario.
3
Los testimonios recogidos abundan sobre el lucrativo negocio que hacían las autori-
dades ejidales y sus padrinos políticos de la venta de “derechos ejidales” (que nunca tu-
vieron más sustento legal que la palabra del cacique local) así como de los recursos natu-
rales del ejido, en particular las esencias maderables (cedro, caoba, palo de rosa) o los
pastizales alquilados a los grandes ganaderos afectados por el reparto agrario.
4
Las condiciones agroclimatológicas (temperaturas cálidas y lluvias abundantes que
propician el desarrollo continuo y la reproducción de las plantas adventicias y de las pla-
gas) y el bajo nivel técnico que imperó en la agricultura ejidal en las tres décadas poste-
riores al reparto agrario (los trabajos de desmonte, preparación de la tierra, siembra, des-
hierbe, control de las plagas y cosecha eran exclusivamente manuales) limitaban la su-
perficie cultivable a 1.5 ha por trabajador.

2 719901980197019601950194019301995
0
50
100
150
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250
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EjidoElHuidero
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2)
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1990198019701960195019401930
EjidoLosMérida
T
a
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Ta
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Tuxtla
Santiago
Tuxtla
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T
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1995198019701960195019401930
0
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3
4
5
EjidoTulapan
1990
T
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crec
im
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D
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19301940195019601970198019901995
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1
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350
Ta
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EjidoOhuilapan
04812km
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6
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19301940195019601970198019901995
T
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m
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EjidoAbrevaderos
Situación1:retencióndelatierraporlosejidatarios
(incrementopromediodelnúmerodetitulares=17%)
Situación2:reconocimientoytitulacióndelosposesionarios
noejidatarios(incrementopromedio=110%)
Situación3:situaciónintermediaria(incrementopromedio=37%)
Ejidosdondeaúnnosecompletaelprocesodecertificación
Centrosurbanos
Pobladosrurales
Carreterasasfaltadas
Principalesterracerias
Fondocartográfico:BaseSotaventoIRD-CIESAS
Edición:ÉricLéonard
Fuente:ProcuraduriaAgraria,ResidenciaSanAndrésTuxtla
FIGURA2
LasexpresioneslocalesdelPROCEDEenlapartecentraldeLosTuxtlas,Veracruz
2 6
junto del pueblo) que instauraba una deuda simbólica con sus padres y
los obligaba a seguir participando en la producción agrícola de su fami-
lia de origen (Flores, 2000); sin embargo, la creación de esta deuda me-
diante una costosa inversión llevaba a muchos padres de familia a recu-
rrir a los servicios de los comerciantes locales, so pena de ver a sus hijos
solicitar el apoyo financiero de sus futuros suegros –e integrar poste-
riormente su grupo doméstico– o adquirir mayor independencia me-
diante la práctica, socialmente reprobada pero comunmente empleada,
del “robo de la muchacha” (ibid.).
En estas condiciones, la dinámica de las sociedades ejidales estuvo
dictada por la lógica de acumulación de los líderes locales, que apuntaba
a una ampliación continua de la producción de excedentes comerciali-
zables. Esta lógica se reflejó en particular en el sistema de tenencia de la
tierra que imperó en los ejidos de la región: no se procedió al deslinde
y la distribución de parcelas entre los titulares de un derecho ejidal, sino
que se resolvió mantener abierto el acceso a la tierra y los recursos natu-
rales (madera, leña, pastos) para todos los hombres casados, fuesen o no
ejidatarios. El derecho de cultivo era otorgado por la asamblea ejidal y
era raro que, una vez acordado, este derecho se pusiera en tela de juicio.
Si bien este tipo de gestión de las tierras encuentra sus raíces en la orga-
nización social y productiva de los indígenas que conformaron el fondo
demográfico y cultural de los ejidos, tenía también la virtud de permi-
tir la incorporación de la gran mayoría de la población activa como pro-
ductores de granos y el crecimiento de los excedentes comercializados.
Asimismo, posibilitó la concentración de los recursos productivos (tie-
rras, pastos y bosques) en manos de quien tenía el poder económico y la
influencia política para ganarle la carrera a los campesinos menos afor-
tunados. Este sistema de “tenencia mancomunada” de la tierra se man-
tuvo vigente hasta finalizar la década de 1970 y, en algunos ejidos, in-
cluso en las zonas de agricultura comercial, hasta principios de los
noventa.
El acceso abierto a las tierras, así como la estrecha relación que exis-
tía entre el nivel de la fuerza de trabajo familiar y la capacidad de acu-
mulación de cada productor, influyeron en la alta tasa de crecimiento
demográfico que prevaleció en la región después del reparto agrario.
Entre 1940 y 1980, esta tasa se mantuvo entre 2.5 y 4.5 % anual para el

2 8
conjunto de la región, lo cual implicaba la duplicación de la población en
menos de una generación.5
Las densidades locales de población, conside-
radas en relación a la superficie ejidal, que se ubicaban en su mayoría
entre 25 y 35 habitantes por kilómetro cuadrado en el umbral de los cua-
renta, pasaron a niveles que podían alcanzar, en algunas comunidades,
más de 175 y hasta 200 hab/km2
treinta años después. Los datos censa-
les arrojan sin embargo una diferenciación notable entre ejidos vecinos
respecto de la intensidad del crecimiento demográfico (figuras 2 y 3).
Aunque estas diferencias se puedan atribuir a fenómenos localizados de
inmigración desde las partes más pobladas de la región, sugieren sobre
todo modos distintos de regulación demográfica, tanto a escala de las
comunidades ejidales como a nivel de los grupos domésticos, que remi-
ten a su vez a dinámicas divergentes en las formas de la regulación agra-
ria y las relaciones de poder, como lo veremos en las partes siguientes.
Fuera de las localidades más cercanas al centro comercial de San An-
drés, el monopolio sobre la funciones de mediación económica y políti-
ca ejercido por un puñado de actores siguió operando sin grandes al-
teraciones hasta la década de 1970. Ni la construcción de la carretera
panamericana a principios de los cincuenta, que rompía el aislamiento
en el que había permanecido la región, ni el surgimiento y la consolida-
ción, bajo los auspicios del presidente Miguel Alemán y de las políticas
oficiales de colonización agraria del Trópico, de la Unión Regional Ga-
nadera del Sur de Veracruz como institución rectora del campo político
en esta parte del estado (Velázquez, 1999), permitieron cuestionar la
preeminencia en Los Tuxtlas del modelo de coordinación política y eco-
nómica estructurado en torno a los líderes agraristas y las casas de co-
mercio de San Andrés. Tal fue el caso que, cuando se dio el proceso de
creación de colonias agrícolas en las costas de Los Tuxtlas y la Sierra de
Santa Marta, en el curso de los cincuenta, este mismo modelo se impu-
so en las nuevas entidades agrarias.6
5
Con una tasa de crecimiento de 2.5%, la población se duplica en 28 años; si esta tasa
sube a 4.5%, dicho plazo se reduce a 16 años. Azuela (1995), para los 20 poblados ejidales
más importantes de la región, destaca tasas de crecimiento aún más altas: 12.07% anual
entre 1950 y 1960; 3.11% de 1960 a 1970; y 4.69% en la década de 1970.
6
Entrevista con José Sánchez Vivero, La Perla del Golfo, municipio de Mecayapan,
diciembre de 1997.
2 9
FIGURA 3
Pirámide de edades de los jefes de familia acorde a su estatuto agrario
en diferentes contextos socioeconómicos de Los Tuxtlas
Contexto 1: Ejido Bodegas de Totoltepec, 1995
Contexto 2: Ejido Los Mérida, 1996
Contexto 3: EjidoTulapan, 1997
Hombres :
Total: 297
Con título: 85
Mujeres :
Total: 60
Con título: 23
Incremento del número
de titulares: 9%
Promedio de edad de
los titulares: 57 años
>70
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
<25
01020304050 50403020100>70
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
<25
05101520 20151050
Hombres :
Total: 135
Con título:95
Mujeres :
Total: 24
Con título: 12
de titulares: 138%
Promedio de edad de
los titulares: 45 años
>70
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
<25
051015202530 302520151050
Hombres :
Total: 272
Con título:203
Mujeres :
Total: 34
Con título: 16
de titulares: 40%
Promedio de edad de
los titulares: 42.4 años
Jefes de familia sin título parcelario
Ejidatarios
Posesionarios registrados por P ROCEDE
Fuente: Procuraduria Agraria, Residencia regional San Andrés Tuxtla
ROCEDE

3 1
3 0
La implementación del modelo de regulación estatal y la formación
de un nuevo estrato de mediadores
No fue sino hasta la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976), cuando
empezaron a resquebrajarse los mercados cautivos. La consolidación
política del Estado mexicano y el incremento de sus recursos financie-
ros, con el principio del auge petrolero, permitieron para entonces im-
plementar en todo el sur de Veracruz el proyecto de regulación política
y económica basado en la función protagónica del sector público: se in-
corporaron a la esfera de competencia del gobierno federal los espacios
geográficos que habían gozado hasta entonces de cierta autonomía po-
lítica y económica; el Estado amplió el área de intervención de sus agen-
cias de “encuadramiento” de las sociedades rurales, con lo cual pudo
prescindir de la mediación de los caciques locales. La época que se ex-
tiende de 1970 hasta mediados de los ochenta se caracterizó en primer
lugar por el fuerte desarrollo de las infraestructuras sociales y económi-
cas: la construcción de carreteras y caminos rurales que permitían la en-
trada de comerciantes foráneos, la implantación de las empresas agroin-
dustriales que constituían la punta de lanza del proyecto de integración
vertical y control político de la agricultura campesina por el Estado
(Consejo Nacional del Azúcar a la periferia de la región y TABAMEX en
su corazón político y económico: la zona tabacalera), la instalación de
cuatro bodegas de CONASUPO para la comercialización de los granos
básicos, la implementación de programas de “desarrollo integral” y del
crédito agrícola, la difusión del uso de los agroquímicos en los procesos
productivos, asi como la diversificación de las alternativas de empleo,
con el desarrollo del corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán, con-
tribuyeron a una apertura global de los mercados locales (de productos,
del crédito, del trabajo) y una relativa “democratización” de las activi-
dades productivas más remunerativas (la ganadería, el tabaco y, en las
tierras bajas, la caña de azúcar).
El impacto de esta ruptura en el modelo de regulación sociopolítica
fue considerable. La diversificación de los intermediarios comerciales y
el acceso a los insumos y precios agrícolas subvencionados propiciaron
una difusión amplia de los nuevos medios de producción (fertilizantes
químicos, herbicidas, productos fitosanitarios, tractores) y, a su vez, un
incremento importante de la superficie cultivable por trabajador7
y de
los niveles de productividad del trabajo agrícola (Léonard, 1999a). A la
misma época, por razones vinculadas tanto con la paulatina saturación
del espacio productivo como con el desarrollo de la red de comunicacio-
nes, que potenciaba una mayor articulación con los mercados regiona-
les y nacionales de trabajo, la migración laboral se volvió un recurso am-
pliamente aprovechado por la franja más jóven de la población activa.
Con ello, se incrementaron sensiblemente los márgenes de acumulación
de los grupos domésticos campesinos, en detrimento de las formas de con-
trol y sujeción sociopolítica ejercidas por los caciques locales y la bur-
guesía comercial regional. Al coincidir este cambio macro-institucional
con un cambio generacional (el envejecimiento y el retiro gradual de los
detentores de la “legitimidad revolucionaria”), es el conjunto del sistema
socioeconómico regional que se recompusó en torno a nuevos actores.
Con todo, la multiplicación de las interfases de intermediación eco-
nómica y política que se dio con la apertura de los mercados cautivos y
el debilitamiento de las estructuras de poder de tipo caciquil no se tra-
dujo en un cuestionamiento fuerte en lo que se refiere a los procesos de
difusión de las innovaciones y de la información estratégica: el paterna-
lismo y las relaciones clientelares siguieron operando como premisas cen-
trales en el funcionamiento de las arenas locales en las que se organiza-
ba la regulación social. Los actores de la mediación política y económica
cambiaron, pero no así las modalidades prácticas de dicha mediación.
Encontramos un ejemplo sobresaliente de esta situación en las re-
composiciones que afectaron al sector tabaquero regional a raíz de la
implantación de la paraestatal TABAMEX. Hasta 1973, la producción de
tabaco negro para la confección de puros había estado controlada por
media docena de grandes familias,8
quienes habían instaurado un siste-
ma de habilitación que combinaba la renta de parcelas ejidales y la con-
tratación de campesinos encargados de llevar a cabo el proceso produc-
tivo bajo su control estrecho. A principios de los setenta, el cultivo del
7
Se puede considerar que la superficie cultivable por activo permanente se duplicó,
pasando de 1.5 a 3 hectáreas aproximadamente.
8
Las familias Turrent, Carrión, Ortiz, González, Cadena y Del Corte. Otros produc-
tores privados de menor importancia eran las familias Mantilla y Martínez.

3 3
3 2
tabaco representaba el privilegio de una minoría bien ubicada en la re-
des locales de poder que se habían estructurado en torno a dos polos:
por un lado la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC y, por otro, las
grandes familias tabacaleras, siendo los Turrent la más prominente de
ellas. Sin establecer un monopolio sobre la producción de tabaco, TABA-
MEX ofreció una alternativa atractiva al sistema controlado por estas fa-
milias: entre 1974 y 1990, la paraestatal extendió sus servicios (habilita-
ción y compra del tabaco a un precio garantizado y establecido al inicio
de cada campaña, realización de infraestructuras sociales y sanitarias,
préstamos a sus agremiados) a 10 ejidos y unos 700 productores, por
una superficie que llegó a equipararse con la que habilitaban los “cose-
cheros”privados (Léonard y Mackinlay, mecanuscrito). Sin embargo, la
selección de los campesinos beneficiados con estos servicios fue regi-
da por los mismos principios de clientelismo y lealtad política –menos
la eficiencia técnica– que imperaban con los tabacaleros privados: en
cada ejido, los representantes de los “grupos solidarios” mediante los
cuales se organizaba la producción y se suministraban los créditos, tuvie-
ron amplia autonomía, en coordinación con los inspectores de TABAMEX,
para (re)construir clientelas y acumular privilegios (Giarracca, 1983).
Procesos similares tuvieron lugar en ocasión de los proyectos de desa-
rrollo ganadero en las partes costeras y meridional de la región (sobre
estos proyectos, véase Velázquez, cit.).
Entre 1970 y la mitad de los ochenta, el desarrollo de infaestructuras
de toda índole bajo la tutela del Estado permitió la conformación y la
consolidación de una clase media campesina que fue adoptando los
contornos del grupo de los titulares de un derecho ejidal, principales be-
neficiarios de las políticas públicas de desarrollo agropecuario. Los inte-
grantes de este estrato entraron en un juego de competencia creciente
con los antiguos líderes y sus herederos para el control de los nudos de
mediación con el aparato estatal. Esta competencia se expresó inicial-
mente mediante estrategias de desplazamiento o eludimiento de los vie-
jos caciques dentro de los canales tradicionales de mediación de la CNC,
pero fue cobrando formas más radicales, hasta resultar en la adhesión,
en 1988, de la mayoría de los ejidatarios a las organizaciones conglome-
radas en el Frente Democrático Nacional, en lo que algunos observado-
res calificaron de “insurrección electoral” (Robles, mimeo). En los ejidos
que habían sufrido el mayor crecimiento demográfico sin embargo, di-
cho proceso estuvo frenado por la saturación del espacio productivo y
el parcelamiento extremo de los predios, que limitaban las ganancias de
productividad potenciadas por los nuevos medios de producción. Estas
condiciones favorecieron una fuerte polarización de la estructura social
local e imposibilitaron la emergencia de esta “clase media campesina”
que se consolidaba en el resto de la región, dejando operar sin grandes
alteraciones las estructuras de mediación y control socioeconómico de
tipo caciquil.
Desregulación económica y reticulación de los espacios de reproducción
social: ¿hacía una recomposición de las relaciones de poder?
Desde la segunda mitad de los ochenta, el conjunto de la sociedad agra-
ria y, singularmente, su “clase media” han entrado en una profunda cri-
sis de reproducción. El abandono gradual del sistema de regulación es-
tatal de los precios agrícolas, la caída dramática de los mismos a raíz de
la ratificación del TLCAN y la supresión de los subsidios a los agroquími-
cos han derivado en una merma violenta de los ingresos agrícolas.9
Por
otra parte, a excepción del sector tabaquero, el cual, después de una cor-
ta crisis provocada por la desincorporación de TABAMEX, ha vuelto a sus
niveles anteriores de actividad, la iniciativa privada ha manifestado un
escaso interés respecto de las formas de asociación con los campesinos
temporaleros de la región. Paralelamente a estas tendencias, la recom-
posición de los mercados de trabajo, con la reestructuración de la indus-
tría petroquímica nacional y la crisis concomitante del corredor industrial
Coatzacoalcos-Minatitlán y la contracción de la actividad de los inge-
nios azucareros, ha generado un cambio cualitativo y cuantitativo de la
migración laboral: desde hace unos cinco años, las redes migratorias se
han extendido a nuevos espacios de actividad (las industrias maquila-
9
En la región de Los Tuxtlas, el maíz y del frijol han perdido respectivamente 51 y
52% de su valor comercial real entre 1990 y 1998. En el mismo período, el costo de los
principales insumos y servicios empleados para estos cultivos ha sufrido un alza prome-
dio de 22.5 % en términos reales (fuentes: SAGAR, distrito de desarrollo rural 009, Los Tux-
tlas; Unión de Ejidos Primitivo R. Valencia).

3 5
3 4
doras de la frontera norte y el mercado clandestino de trabajo estaduni-
dense)y han incorporado a una proporción creciente de la población ac-
tiva más jóven.
La economía campesina tiende así a depender de flujos de capitales
que manan de centros exteriores a las comunidades ejidales –y muchas
veces exteriores a la misma región– y están desvinculados de la produc-
ción agrícola, trátese de las remesas de los migrantes o de los subsidios
provenientes de instituciones extralocales: las ayudas públicas a la agri-
cultura de subsistencia (PROCAMPO), los apoyos para la realización de in-
fraestructuras sociales con la participación de las comunidades (fondos
de PRONASOL o del ramo 033, administrados por comités locales), los fi-
nanciamientos proporcionados por las ONGs o las iglesias para la reali-
zación de pequeños proyectos productivos o sociales y, hoy, las ayudas
directas a los grupos más pobres (PROGRESA) representan recursos esen-
ciales para la reproducción de numerosos grupos domésticos, pero tam-
bién para la construcción de los poderes locales.10
Esta diversificación de las fuentes de ingresos y de los espacios de
redistribución (la unidad de producción para los apoyos agrícolas; los
comités locales, con frecuencia constituidos sobre una base partidista o
confesional para los proyectos de beneficio social; el grupo doméstico o
miembros identificados de éste en el caso de las remesas o de los subsi-
dios para la reducción de la pobreza –PROGRESA–) tiene incidencias
directas sobre las relaciones sociales. En particular, el desarrollo de las
migraciones a larga distancia y de larga duración, la reticulación de los
espacios de actividad y reproducción social que conlleva, postulan un
debilitamiento de la comunidad ejidal y del grupo doméstico en tanto
centros territorializados de la regulación y la coordinación social: al de-
pender la economía familiar de las remesas de los hijos, el contenido y
el sentido de las relaciones intradomésticas tienden a modificarse; asi-
mismo, se potencia una pérdida de control de los mecanismos de regu-
lación social por parte de los detentores del poder ejidal en provecho de
actores exteriores a la comunidad o de la diáspora implantada en los
mercados de trabajo.
Este debilitamiento resulta sin embargo relativo. Dado el carácter re-
ciente de la migración larga, el ingreso y la movilidad dentro de los mer-
cados nacionales e internacionales de trabajo son complicados por la
fuerte segmentación de estos mercados, la distancia estructural y cultu-
ral que existe entre los sectores sociales implicados en la transacción sa-
larial y, de manera general, por la asimetría de información que pade-
cen los trabajadores oriundos de zonas rurales: el dominio deficiente
que ejercen sobre los sistemas de normas y los códigos ajenos incremen-
ta sus costos de transacción y los ubica en una situación de inestabilidad
que limita su capacidad a moverse de manera autónoma y provechosa
en los mercados laborales extrarregionales. En estas condiciones, el ac-
ceso a una información fácil y rapidamente utilizable condiciona la mi-
gración: en la actualidad, la síntesis entre sistemas ajenos (“expertos”)
de información y sistemas locales de conocimiento se realiza principal-
mente a nivel de la comunidad de origen o de grupos estrechamente
vinculados con ella. En otros términos, existe una fuerte polarización de
los flujos de información y una territorialización de los mercados del
conocimiento práctico (Léonard, 1999b).
Apremios similares rigen el acceso a los subsidios, incentivos o cré-
ditos que diversas instituciones (privadas, civiles, políticas, religiosas)
dirigen hacia el campo. La sustitución, en el curso de la actual década,
del modelo vertical de organización y administración por formas des-
centralizadas y focalizadas de ayuda (como es el caso del Programa de
Educación, Salud y Alimentación, PROGRESA), aunada a la diversifica-
ción de las instituciones implicadas en estos programas, han contribui-
10
A título indicativo, los recursos canalizados vía el Programa Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA)representaban en 1999, 105 pesos de dotación mensual para las
madres criando hijos de corta edad, asi como para los niños escolarizados que han alcan-
zado el tercer grado de primaria. Las mujeres beneficiadas recibían así anualmente una
suma de $ 1 260 por dotación, con un cúmulo posible de hasta 4 dotaciones. Para el año
1998, la remuneración neta que se podía obtener del cultivo de una hectárea de maíz en
los dos ciclos de producción de temporal y de humedad (contando con una producción
optimista de 5 toneladas, valorada en 1 100 pesos la tonelada, y asignando a la mano de
obra familiar el salario jornalero vigente de $30) no rebasaba 1 350 pesos ($800 para una
producción de 4.5 t/ha). Este mismo año, los subsidios acordados a través de PROCAMPO
en ocasión de los dos ciclos de cultivo se elevaban a 1 230 pesos por hectárea. En otros
términos, tanto la dotación anual afectada a cada beneficiario de PROGRESA, como la co-
rrespondiente a PROCAMPO procuraban un ingreso equivalente al producto neto del cul-
tivo de maíz en un minifundio.

3 6
3 7
do a fortalecer la comunidad territorial en tanto espacio de coordinación
y regulación social. En particular, la administración de los recursos de
los ramos 026 y 033 del presupuesto público, afectados a la realización
de proyectos sociales, fomenta organizaciones de tipo territorial por en-
cima de las agrupaciones de carácter corporativo y sectorial que impe-
raban anteriormente (Gordon, 1993).
La fuerte territorialización de las redes sociales tiene implicaciones
directas en términos de las obligaciones que el joven conserva para con
su grupo doméstico y su comunidad de origen. Estas obligaciones pue-
den ser consideradas como elementos de un “contrato social”
11
que re-
gula las condiciones de acceso a los recursos extralocales, tanto en lo
relativo al mercado de trabajo como a los subsidios y demás flujos fi-
nancieros de origen extracomunitario. A cambio de su participación
financiera (ingresos de la migración) y laboral (incorporación a los pro-
cesos de producción agrícola) a la economía familiar, el joven migrante
se beneficia con un entorno estable: acceso a la información estratégica
sobre los mercados de trabajo y los proyectos públicos y privados de
asistencia social (PROCAMPO, PROGRESA, etcétera), a un espacio en el solar
familiar y a un pedazo –aún diminuto– de tierra, que le permitirán satis-
facer parte de las necesidades de su nuevo grupo doméstico en cuanto
se haya casado.
Por otra parte, el joven migrante dispone de cierto margen de nego-
ciación acerca del nivel de las transferencias a las que está sometido y a
la parte del patrimonio familiar a la que puede pretender. Puede valerse
de su inserción en varias organizaciones y espacios sociales (el grupo
doméstico paterno o el de la esposa, los partidos políticos, las iglesias,
los comités locales de obras, de salud o de educación, la red migratoria,
etcétera) para negociar en las mejores condiciones el acceso a la infor-
mación, a la tierra o a los demás recursos estratégicos, aprovechando la
competencia que puede existir entre estas organizaciones para la capta-
ción de su fuerza de trabajo, de sus remesas o de su voto. Sin embargo,
las estrategias de (re)afiliación doméstica o política no cuestionan en lo
fundamental el modelo clientelar que impera en cuanto a relaciones
sociales, ni el lugar central que sigue ocupando el ejido como arena de
regulación social y de construcción de los poderes.
LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL CENTRO DE LA DINÁMICA
DE LAS ARENAS POLÍTICAS
La reconstrucción de los procesos históricos de diferenciación social y
recomposición de los poderes locales evidencia una estrecha vincula-
ción entre estos procesos y los sistemas de tenencia de la tierra: cual-
quier cambio que afecte a éstos tiene repercusiones directas sobre aqué-
llos y reciprocamente. Si bien esta correlación resulta lógica tratándose
de sociedades agrícolas, cuya organización se estructura en torno a las
producciones agropecurarias, resulta más sorpesiva considerando el
cambio de registro que se ha ido dando desde hace unos diez años, con-
forme los flujos de origen exógeno (subsidios directos, proyectos de de-
sarrollo social, remesas de la migración) se anteponían a la producción
en las bases de la economía campesina. Simplemente, el sentido de esta
correlación se ha invertido: cuando anteriormente el control de las inter-
fases entre la sociedad local y las estructuras de poder político y econó-
mico procuraba los medios materiales y simbólicos para apropiarse y
acumular tierras, el control de las mismas funge hoy como un recurso
clave para ubicarse en las interfases por las que fluyen las informacio-
nes estrátegicas relativas a los mercados de trabajo y de los subsidios
(PROCAMPO, PROGRESA, proyectos de desarrollo social). Éstas circunstan-
cias arrojan una luz particular sobre las rupturas que han afectado a los
sistemas locales de tenencia de la tierra y, más recientemente, sobre la
forma en que los cambios a la Ley Agraria se han llevado a cabo.
Tenencia mancomunada vs parcelamiento:
nudo de las confrontaciones en torno al poder local
Como lo vimos, el reparto agrario coincidió con la generalización de un
sistema de tenencia mancomunada de la tierra, que dejaba abierto el ac-
ceso a los recursos naturales del ejido para todos los hombres casados
de la comunidad, tuviesen o no un título agrario. La reactualización de
11
Sobre la noción de “contrato migratorio” vinculando el migrante con su comuni-
dad, véase Guilmoto (1997).

3 8
3 9
normas que habían regido la regulación agraria en las comunidades
indígenas de la región antes de la aplicación de la leyes liberales de
“desamortización” y la división de los terrenos del común de San An-
drés Tuxtla en 1886 (Medel, 1993: T. 1 305-12), permitió a los líderes agra-
ristas asentar las bases de su alianza con los campesinos sin título
agrario, a la vez que legitimaba el acaparamiento de tierras convertidas
en potreros por estos mismos líderes y sus allegados.
A partir de la década de 1970, la perennidad de este sistema se con-
virtió en la piedra angular de las luchas en torno al poder local. Mien-
tras la difusión de los nuevos medios de producción (fertilizantes, her-
bicidas e insecticidas) potenciaban un incremento de la productividad
del trabajo, el crecimiento demográfico experimentado en las décadas
anteriores y el acaparamiento de grandes extensiones, esencialmente
para uso pecuario, por parte de las élites locales anulaban los alcances
potenciales del cambio técnico en términos de superficie cultivable. Di-
cho de otro modo, el desarrollo de una clase media campesina, confor-
mada básicamente por titulares de un derecho ejidal, se encontraba blo-
queado por el sistema vigente de tenencia de la tierra. A lo largo de las
décadas de 1970 y 1980 se generalizaron las expresiones de oposición al
poder de los líderes-comerciantes y los reclamos a favor de un nuevo re-
parto agrario restringido a los ejidatarios. Las primeras medidas de “par-
celamiento”, consistentes en una redistribución equitativa de las tierras
a prorrata del número de ejidatarios, tuvieron lugar a fines de los seten-
ta en las zonas más bajas, que contaban con densidades de población me-
nores (entre 80 y 100 habitantes por km2
), para expanderse gradualmente
hacia los ejidos más poblados. Apartir de 1992, las reformas al artículo 27
constitucional y la perspectiva de la privatización de las tierras ejidales
tuvieron un efecto catalizador de las protestas y precipitaron el parcela-
miento en los ejidos donde aún no se había realizado. Este proceso se
fundamentó en decisiones tomadas a nivel de las asambleas ejidales,
donde los avecindados sin título agrario no tenían representación legal,
lo cual permitió la imposición de una medida que privaba una mayoría
de la población de cualquier derecho formal sobre la tierra.
Los campesinos no ejidatarios fueron los grandes perdedores de este
proceso: las áreas comunales a las que tenían un acceso temporal me-
diante acuerdo de la asamblea ejidal (tierras de cultivo periféricas, agos-
taderos, zonas de abastecimiento en leña) fueron repartidas entre los eji-
datarios. Tal evolución los apartó definitivamente de la ganadería y del
cultivo con yunta. Anteriormente, los campesinos sin tierra disponían
de un acceso limitado a la ganadería y a una productividad del trabajo
superior mediante el préstamo, por parte de los ganaderos y como ele-
mento importante en las construcción de clientelas, de yuntas de toretes
que estos campesinos empleaban en el cultivo de su milpa o para reali-
zar trabajos remunerados en otras parcelas, a cambio del cuidado y la
engorda de los animales, aprovechando los agostaderos de los ejidos; a
los dos o tres años, el dueño vendía los toros gordos y entregaba otra
mancuerna de novillos al campesino. Con la desaparición de los espa-
cios indivisos, este sistema ha entrado en crisis al incrementarse en for-
ma drástica el costo de mantenimiento de los animales para los campe-
sinos sin tierra.
El parcelamiento de los ejidos ha resultado en una recomposición de
la estructura social, a la vez que reducía la movilidad entre las diferen-
tes categorías de actores. Cuando anteriormente las diferencias de esta-
tuto entre ejidatarios y “comuneros” (i.e. los campesinos sin título agra-
rio pero con derecho a usufructuar ciertas tierras) tendían a ser oculta-
das por el clivaje existente entre los líderes-comerciantes, sus allegados
y el resto de los campesinos, la reapropiación del espacio ejidal por sus
detentores legales ha creado nuevas categorías sociales y nuevos tipos
de adscripción: el grupo de los campesinos sin título agrario –quienes
representaban, en 1990, 69 % de los jefes de familia (INEGI, 1991)–,12
se di-
vidió entre los parientes directos de los ejidatarios (hijos, hermanos),
quienes podían valerse de cierta seguridad en el acceso a la tierray, even-
tualmente, a una parte de los apoyos económicos vinculados con la pro-
piedad de la tierra (pero en cantidad limitada y sin ninguna garantía
para su propia descendencia), y los campesinos sin parentesco con los
titulares de un derecho ejidal, quienes se vieron orillados a negociar año
12
En referencia al censo de población de 1990 y en base a una muestra de 20 localida-
des rurales de la región, Azuela (1995) evidenció una ratio promedio [número de jefes de
familia/número de ejidatarios] de 2.74; en la mitad de los casos, singularmente los que
corresponden a la zona central, de mayor antigüedad de reparto agrario, dicha ratio re-
basaba 3.5.

4 0
4 1
con año su acceso a las tierras, ubicándose de la forma más oportuna en
las redes clientelares que se recomponían en torno a los ejidatarios.
Cabe precisar sin embargo que el parcelamiento no ha tenido en to-
das partes las mismas características de exclusión autoritaria de los ave-
cindados y que tampoco ha concernido a la totalidad de los ejidos. Las
comunidades que habían sufrido el mayor crecimiento demográfico en
las décadas de 1940 a 1970 y habían permanecido relativamente encla-
vadas, de suerte que la economía campesina se había mantenido cen-
trada en la agricultura, conservaron con frecuencia el sistema de tenen-
cia mancomunada. Ahí, el débil peso demográfico de los titulares de un
derecho ejidal (entre 20 y 25 % de los jefes de familia en 1990), su esca-
sa influencia en las arenas políticas locales dominadas por estructuras
de gobierno y mediación de tipo caciquil, y la pulverización de las par-
celas entre un número muy elevado de campesinos, que impedía que
los nuevos medios de producción resultaran en ganancias de produc-
tividad significativas, no permitieron un cuestionamiento fuerte de las
normas que fundamentaban la alianza entre la mayoría de la población
y los caciques locales. Eventualmente, éstos recurrieron a la fuerza para
acallar a los pregoneros del parcelamiento, como fue el caso en el ejido
de Cuesta Amarilla.
Ahora bien, la dinámica dominante hacia el parcelamiento de los eji-
dos ha coincidido desde hace una década con la reducción continua de
la rentabilidad de las actividades agrícolas y el incremento paralelo de
los ingresos provenientes de la migración y de los subsidios a los gru-
pos sociales más pobres. Tal evolución apunta a una doble desclasifica-
ción, de la producción agrícola en las estrategias de reproducción social
por una parte y de la tierra en cuanto recurso estratégico por otra, que
contradice la aparente cristalización de las dinámicas de poder en torno
a la cuestión de la tenencia de la tierra. Sin embargo, estas dos tenden-
cias (el desprendimiento de la producción agrícola y la permanencia de
la tierra como recurso central en el funcionamiento de las arenas políti-
cas) resultan congruentes si se considera la refuncionalización de la que
son el objeto los títulos agrarios en el marco de las estrategias de control
de los recursos de origen extralocal (remesas, subsidios, proyectos de
desarrollo social) que desarrollan los diferentes actores de las socieda-
des ejidales.
La refuncionalización de los títulos agrarios
El parcelamiento ejidal y su formalización jurídica mediante el Progra-
ma de Certificación de los Derechos Ejidales (PROCEDE) intervienen
como elementos claves en la redefinición de los términos de referencia
que fundamentan las relaciones en el seno de los grupos domésticos:
mientras la movilidad y la importancia creciente de las remesas inducen
el deslizamiento de las relaciones de poder en favor de los jóvenes,los
cambios recientes en la tenencia de la tierra han contribuido a reequili-
brar estas relaciones, tanto a nivel intradoméstico como a escala del
ejido,en provecho de los detentores de tierras, en su mayoría miembros
de las clases de edad mayores. Esta característica resulta tanto más mar-
cada en cuanto que la inestabilidad de los espacios de actividad en los
que se insertan los jóvenes rurales los obliga a preservar sus posibilida-
des de acceso a los recursos que ofrece su medio de origen (producción
agrícola, subsidios, crianza y educación de los niños, informaciones de
toda índole), y por lo tanto a mantener un lazo fuerte con su grupo do-
méstico paternal. La reapropriación del territorio por parte de los eji-
datarios y la posterior atribución de títulos agrarios les ha permitido
ubicarse, con el beneplácito de las autoridades administrativas, como
principales intermediarios en la implementación de los programas de
apoyo a la producción agrícola (PROCAMPO, asociaciones con el sector
privado), de las políticas de asistencia social (proyectos vinculados con
el programa Solidaridad, PROGRESA), y en cierta medida, en la captación
de las remesas de la migración.
El título agrario sigue siendo un recurso central para ubicarse de
manera provechosa en las interfases de intermediación con las institu-
ciones extralocales. Por un lado, las formas de apoyo a la producción
agrícola que se han implementado a raíz del proceso de integración al
mercado norteamericano dan a la propiedad de la tierra una importan-
cia que no tenía anteriormente. Tanto los proyectos productivos que se
estructuran en torno al sector privado como los subsidios a los produc-
tores de granos básicos acordados mediante el Programa de Apoyos Di-
rectos al Campo (PROCAMPO), están enfocados casi exclusivamente hacia
los titulares de un certificado agrario. En la producción tabacalera por
ejemplo, la fuerte incidencia de plagas y los costos de producción que

4 2
4 3
acarrean imponen una estricta rotación de las parcelas de cultivo, lo
cual lleva a los compradores a dirigir sus financiamientos hacia los
campesinos que pueden valerse de una acceso suficientemente amplio
a la tierra, comprobado por un título agrario, en gran medida porque
aparecen como los únicos actores solventes y capaces de desarrollar
estrategias productivas a largo plazo (Léonard y Mackinlay, 1999).
En el caso de PROCAMPO, que ha llegado a proveer una parte casi ma-
yoritaria de los ingresos que derivan del cultivo de granos básicos,13
los
apoyos dirigidos en teoría hacia los productores están asignados en la
práctica a las parcelas donde se realizan estos cultivos. Por razones rela-
cionadas con el costo de su actualización, el padrón nominal de los pro-
ductores beneficiados se maneja en referencia a las parcelas que fueron
enlistadas. De esta manera, el subsidio se atribuye en base a la presen-
tación del certificado de PROCEDE que ampara la tenencia de la parcela
o, en su defecto, del título ejidal o de un contrato de arrendamiento le-
galmente registrado de la misma. Basta pues con que los ejidatarios
reclamen sus tierras a los arrendatarios que las cultivaban para que se
apropien de facto de la subvención, aunque acto seguido las alquilen a
otras personas. La concentración paulatina del subsidio se puede com-
probar a través de la evolución del número de beneficiarios en Los Tux-
tlas: de 6 449 en 1993/1994, este número pasó a 10 992 en 1994/1995
(+70 %) y 12 568 en 1995/1996 (+14.3 %), año en que se cerró el padrón
de beneficiarios, pero bajó a 10 115 en 1997 (-19.5 %) y 8 437 en 1998
(-16,6 %); en total, el número de beneficiarios ha bajado en 33 % en tres
años cuando la superficie financiada se mantenía estable (+1.6 %).14
Este
retroceso resulta aún más marcado en las zonas densamente pobladas
del centro de la región, donde el número de beneficiarios ha sufrido un
descenso promedio cercano a 40 %.
La referencia sistemática a la propiedad de la tierra resulta más sor-
presiva cuando se trata de recursos que no se relacionan directamente
con la producción agrícola. Pero los títulos agrarios suelen condicionar
el acceso a los puestos de representación (comisariado ejidal y comité de
vigilancia, agencia municipal), a los comités locales de beneficio social
(caminos, agua potable, salud, educación, etcétera) o a los pequeños
monopolios comerciales (tiendas CONASUPO, telefonía rural) que consti-
tuyen las arenas privilegiadas de canalización de los flujos de capitales
e informaciones de origen extralocal, a la vez que fungen como nudos
de enlace de las diferentes redes sociales. Estos espacios representan asi-
mismo focos de aprendizaje de las técnicas de mediación y de adquisi-
ción de capital social (Hoffmann, 1996). Debido a la fuerte movilidad a
la que son sometidos, los campesinos sin tierra son considerados inele-
gibles para ocupar estos puestos y son excluidos de facto de estas are-
nas de poder. Las autoridades ejidales y la “asamblea ejidal”, integradas
unicamente por titulares de un derecho agrario, fungen así como las
principales instancias de gobierno local, por encima de la “junta de
pobladores” y la agencia municipal, emanaciones del conjunto de la
población, incluso en las áreas de la gestión pública que les correspon-
den directamente, como la administración de los recursos del Ramo 033
afectados a la realización de infraestructuras sociales de carácter colec-
tivo. Esto se traduce en particular en la prerrogativa de recaudar y
administrar cooperaciones a nivel local para fomentar y mantener los
servicios colectivos (agua potable, caminos, escuela, centro de salud).15
El título agrario aparece así como un recurso en sí, casi disociado de la
tierra que ampara, y que permite la refuncionalización de las antiguas
funciones de intermediación sociopolítica y económica.
Con todo, la posesión de un título agrario da acceso a una verdadera
renta sobre la tierra, cuyos componentes son múltiples y cuya magnitud
solamente se puede apreciar en forma parcial, considerando los flujos
cuantificables en el ámbito productivo: en 1998, la suma correspondien-
te al PROCAMPO y al valor del alquiler de una hectárea en cada uno de
13
En Los Tuxtlas, el subsidio entregado a través de PROCAMPO en 1997 representaba
alrededor de la tercera parte del ingreso monetario neto (deducida la remuneración de la
mano de obra familiar) obtenido del cultivo de maíz en los dos ciclos que componen el
calendario agrícola (Léonard, 1999a); en 1998 esta participación alcanzaba entre 48 y 60%
del mismo (para rendimientos de 5 y 4.5 tons/ha, véase la nota 10).
14
Fuente: Cuadros anuales recapitulativos del ejercicio de PROCAMPO, SAGAR, Distrito
de Desarrollo Rural 009 Los Tuxtlas.
15
Azuela, menciona situaciones extremas en las que, por ejemplo, la presidencia de
la asociación de padres de familia, encargada del mantenimiento de las escuelas de la lo-
calidad, es ocupada por un ejidatario que ni siquiera tiene hijos escolarizados (cit.: 493).

4 4
4 5
los dos ciclos anuales de cultivo rebasaba 35 % a la ganancia neta que se
podía esperar de dos cultivos de maíz, y en una proporción mucho ma-
yor si la parcela había sido alquilada para el cultivo del tabaco. Este ni-
vel de remuneración representaba entre 18 y 23 % del valor mercantil de
la tierra,16
es decir una rentabilidad muy por encima de la de cualquier
inversión productiva al alcance de los campesinos. Si bien no se puede
hablar del surgimiento stricto sensu de una renta sobre la tierra –los eji-
datarios titulares eran ya los principales recipiendarios de los créditos
públicos cuando imperaba la tenencia mancomunada– las transforma-
ciones recientes del marco macroeconómico e institucional han contribui-
do a incrementar el volumen de dicha renta y, sobre todo, su peso relativo
en la composición de los ingresos de los grupos domésticos rurales.
Esta renta representa un recurso clave en las dinámicas de construc-
ción de clientelas en el ámbito local e, incluso, familiar. Esta evolución
postula a su vez una estratificación social interna al grupo doméstico
entre, por una parte, el hijo pivilegiado, heredero designado del derecho
parcelario y, por otro, sus hermanos menos agraciados, pero en forma
variable, en la repartición de las tierras familiares hecha por el padre.
Las expresiones contrastadas del PROCEDE: una tendencia generalizada
a la rigidización de las estructuras de poder
Estas consideraciones permiten entender la forma en que el PROCEDE se
está llevando a cabo a nivel local. La implementación del programa de
certificación sufre una fuerte variabilidad acorde a la estructura de los
poderes locales, al dominio desigual de las técnicas de mediación con
los funcionarios de las distintas administraciones implicadas en su rea-
lización por parte de los pobladores rurales, o a la interpretación varia-
ble de las finalidades del programa por parte de los funcionarios. Así, el
PROCEDE puede desembocar tanto en la titulación del conjunto de los
usuarios de la tierra como en la concentración de la misma en manos de
los únicos ejidatarios. Situaciones tan contrastadas pueden incluso pre-
sentarse en localidades vecinas de una misma región (Zendejas y Mum-
mert, 1998). La decisión de reconocer o no los derechos agrarios de los
avecindados incumbe a la asamblea ejidal y unicamente a ella, pero esta
decisión se tiene que contemplar en referencia al entramado de relacio-
nes sociales y de poder que vinculan los ejidatarios entre ellos y con el
resto de la población.
En la zona estudiada, a fin de agilizar el proceso de certificación, la
estrategia seguida por la Procuraduria Agraria fue dejar a los grupos de
poder un papel motor en la difusión de la información y en las tareas de
mediación entre la administración y la población con derecho a la tie-
rra.17
Si bien se cumplió con las normas legales que planteaban la pre-
sentación de los objetivos del PROCEDE y sus modalidades prácticas ante
la junta de pobladores, su implementación fue estrechamente controla-
da por los detentores de un título ejidal: en la gran mayoría de las co-
munidades, los ejidatarios tuvieron especial cuidado en ser los únicos
interlocutores directos de la administración agraria y en mantener los
avecindados a distancia de las operaciones de medición y deslinde de
las parcelas.18
Por otra parte, al depender la extensión del Programa al
espacio habitado de un acuerdo previo de la asamblea ejidal, muchos
avecindados resolvieron limitar sus reivindicaciones sobre las tierras
agrícolas con el fin de preservar mejor sus derechos sobre los solares y
perennizar así su acceso a los servicios e infraestructuras administrados
por los órganos de gobierno del ejido (servicios urbanos –agua, escue-
las–, informaciones estratégicas relativas a los proyectos sociales y los
mercados de trabajo y crédito).
17
A fines de 1998, la Procuraduria Agraria había regularizado la tenencia de la tier-
ra en 94 de los 144 ejidos que existen en la región y planeaba completar la certificación
en otras 15 comunidades para mediados de 1999.
18
En la parte central de Los Tuxtlas, Almeida (1999) observa al respecto una reduc-
ción sensible de la oferta local de tierras en préstamo o arrendamiento al momento de la
implementación del PROCEDE, con el fin de minimizar los riesgos de reclamos por parte
de los antiguos usuarios.
16
Mientras una evaluación optimista ubica la ganancia neta potencial del cultivo del
maíz en 1 350 pesos por hectárea en 1998 (véanse los datos de la nota 10), el cobro del
PROCAMPO en los dos ciclos de cultivo y el alquiler de la parcela remuneraban, para este
mismo año, la propiedad de la tierra en 1 830 pesos y hasta $2 730 si había sido alquila-
da para el cultivo del tabaco. Este mismo año, el precio de la hectárea de tierra plana y
de buena productividad variaba entre 8 000 y 15 000 pesos.

4 6
4 7
En estas condiciones, no es de sorprender que el PROCEDE haya con-
tribuido a consolidar los procesos de acaparamiento de las tierras agríco-
las por los ejidatarios y a acelerarlos en la comunidades donde el parce-
lamiento aún no se completaba: cuando se dio, la titulación de usuarios
no ejidatarios fue el producto de arbitrajes realizados por los mismos
ejidatarios en el seno de su grupo doméstico. Estas modalidades tienen
implicaciones a largo plazo, ya que el Registro Agrario Nacional (RAN)
se niega a reconocer las divisiones de parcelas realizadas posterior-
mente al PROCEDE, como suele ocurrir para proceder a ventas de emer-
gencia o a la repartición del patrimonio de un ejidatario entre sus he-
rederos.19
El análisis de las expresiones del programa de certificación a nivel
de una muestra de 38 ejidos ubicados en la parte central de Los Tuxtlas
evidencia situaciones contrastadas, pero con una tendencia marcada a
la retención de las tierras por parte de los ejidatarios. Estas situaciones
se pueden declinar en cuatro contextos sociohistóricos y demográficos
distintos, resumidos en el cuadro 1 y la figura 2.
La situación 1 predomina en el ámbito regional, tanto en número de
ejidos como en población (más de 66 % de los casos y de 70 % de la po-
blación de la muestra) y coincide con las comunidades donde se ha con-
formado con mayor vigor la “clase media” campesina que estuvo cues-
tionando el poder de los antiguos líderes agrarios en el curso de los años
1970 y 1980. Estos ejidos presentan niveles de pobreza de medianos a
bajos en referencia al contexto regional caracterizado por altos índices
de marginación. En este grupo, el incremento promedio en el número
de titulares de tierra fue de sólo 18 % y apenas la tercera parte de los je-
fes de familia dispone hoy de un derecho agrario formal.
Estas características encubren sin embargo cierta heterogeneidad de
los contextos. Corresponden por un lado a ejidos cercanos a los princi-
pales centros urbanos y vías de comunicación, cuya densidad pobla-
cional es muy alta en relación a la superficie ejidal (más de 250 hab/
km2
), en los que el acceso a servicios y actividades alternativas a la agri-
cultura de subsistencia (incorporación precoz a los mercados transre-
gionales de trabajo, producción intensiva de tabaco) ha propiciado a
partir de 1970 un incremento en los niveles de vida y la construcción de
sistemas de regulación social que no se centraban de manera exclusiva
en el acceso a la tierra (situación 1.1). Por otra parte, esta misma tenden-
cia ha imperado en comunidades ubicadas al sur de la región, donde las
densidades de población son bajas en términos relativos (menos de 150
habitantes por km2
); la menor presión sobre la tierra ha permitido un
impacto positivo del cambio técnico sobre los niveles de productividad
en la agricultura maicera, un incremento de la capacidad de acumula-
ción de los detentores de tierras y la diversificación de los sistemas de
producción hacia la ganadería (situación 1.2).
La situación 2 corresponde por el contrario a los ejidos donde se pre-
sentaron las mayores resistencias al parcelamiento de las tierras durante
las décadas de 1970 y 1980. Comparten características de fuerte y precoz
crecimiento demográfico y de baja vinculación con los centros urbanos
y los mercados que hubieran permitido una diversificación temprana
de las actividades y de las estrategias de reproducción social. La conjun-
ción de estos dos factores resultó en la conformación de unidades de
19
Resulta sin embargo común observar prácticas tendientes a contornar este obstácu-
lo legal, mediante el registro ante un notario público de las ventas o cesiones entre vivos
de fracciones de las parcelas tituladas. Asimismo, se dan procesos de regularización pos-
teriores a la certificación, aprovechando los “servicios” informales y remunerados (500
pesos, más los gastos de deslinde) de ciertos agentes de la Procuraduría Agraria.
CUADRO 1
Las diferentes expresiones del PROCEDE en la parte central de Los Tuxtlas
Número % Densidad Incremento/ Titulares/ Superficie/ Índice
de ejidos Población de ejidatarios jefes titular de
muestra población 1991 familia pobreza
Situación 1.1 12 43.7 % 324 14 % 30 % 5.5 0.34
Situación 1.2 13 27.8 % 137 20 % 35 % 9.1 0.17
Situación 2 5 11.4 % 225 109 % 60 % 3.6 1.21
Situación 3 8 17.1 % 120 36 % 59 % 7.4 0.97
Conjunto 38 100 % 181 31 % 40 % 6.6 0.54
Fuentes: Procuraduría Agraria, Residencia San Andrés Tuxtla; INEGI 1991, 1992, 1995.

4 8
4 9
producción demasiado pequeñas para permitir una reproducción am-
plia: hoy, estas comunidades presentan niveles muy altos de pobreza,
una estructura social polarizada, y una organización de poderes de tipo
caciquil. Para los caciques locales, la implementación del PROCEDE, en
un contexto marcado por el desarrollo de la oposición política y el
desmoronamiento de los canales corporativos de intermediación socio-
política, representó una oportunidad de recuperar su legitimidad ante
la población sin título agrario, reactualizando la figura del líder agraris-
ta, administrador de un nuevo reparto agrario: pugnaron por el recono-
cimiento de los derechos de una mayoría de usuarios, lo cual implicaba
la formalización de los procesos anteriores de apropiación desigual de
la tierra. Esto se tradujo en la duplicación del número de titulares de
parcelas, quienes representan, hoy, a la mayoría de los jefes de familia.
CUADRO 2
Dos casos contrastados de expresiones del PROCEDE
El ejido Bodegas de Totoltepec representa un arquetipo de la situación 1.2. Ahí, el
número de titulares de tierras aumentó en tan sólo 9% en relación al padrón inicial
de ejidatarios, y la proporción de detentores actuales de un derecho agrario no re-
basa 30% de los jefes de familia. El PROCEDE tuvo poca incidencia sobre la estructu-
ra social y la repartición de los poderes: la propiedad de la tierra sigue siendo el
privilegio de las clases de edad mayores de cincuenta años (representaban, a la con-
clusión del programa en 1995, 67% de los titulares de parcelas y 58% de los nuevos
posesionarios) y la reforma sólo ha incidido en una leve feminización de los propie-
tarios al permitir la regularización de los derechos pendientes de algunas viudas.
La distribución de los derechos agrarios entre los jefes de familia del ejido Los
Mérida sigue un perfil casi inverso. Ahí, el PROCEDE resultó en un incremento de
138% en el número de detentores de un título agrario, los cuales representan hoy en
día cerca de 70% de los jefes de familia. Este incremento benefició esencialmente (en
88 %) a los grupos más jóvenes: en 1996, al concluirse la certificación en este ejido,
46% de los titulares tenían menos de 45 años y 62% de ellos eran menores de 50. Sólo
concuerda con la situación 1 la escasa representación de las mujeres entre los deten-
tores de tierra (apenas 11% de éstos), aunque el programa ha resultado en un au-
mento significativo de su número (+140%), en beneficio de las clases de edad más
jovenes (figura 4).
Zona donde predomina el contexto 2 (Titulación de los posesionarios no ejidatarios; gobierno de tipo caciquil)
Zona donde predomina el contexto 3 (Incremento mediano del número de titulares de tierra)
Zona donde predomina el contexto 1 (Retención de la tierra por los ejidatarios; "democracia censitaria")
0 4 8 12 km
FIGURA 4
Zonificación esquemática de las expresiones del PROCEDE y las relaciones
de poder en la parte central de Los Tuxtlas, Veracruz
Fuente: Procuraduría Agraria,
Residencia regional San Andrés Tuxtla
Fondo cartográfico: Base Sotavento IRD-CIESAS
Edición: Éric Léonard

5 0
5 1
La situación 3 parece resultar de condiciones intermedias entre los
dos casos anteriores: por un lado, los ejidos implicados comparten con
las comunidades del tipo 2 características similares de pobreza y la mis-
ma posición periférica en relación a la red de actividades que gira en
torno a los principales centros urbanos de la región; por otro lado han
experimentado un crecimiento demográfico más lento y presentan den-
sidades de población cercanas a las de las comunidades representativas
de la situación 1.2. Asimismo, el PROCEDE dio lugar a un incremento me-
diano del número de titulares de tierra (+ 36%), pero éstos representan
una proporción mayoritaria de los jefes de familia, equivalente a la que
existe en los ejidos de la situación 2 (60%). En ausencia de información
directa relativa a los procesos históricos de diferenciación y regulación so-
cial que tuvieron lugar en estas comunidades, resulta arriesgado formu-
lar hipótesis acerca de las condiciones que rigieron la implementación del
programa de certificación en ellas. La expresión matizada del PROCEDE
podría reflejar una situación particular en el contexto regional, que otor-
gue un papel secundario a la tenencia de la tierra en las estrategias de re-
producción social y de acceso a las funciones de intermediación.
Sin minimizar el interés sociológico que puede revestir este último
caso, los resultados del PROCEDE evidencian, en 83% de los casos, la im-
portancia que conserva la tenencia de la tierra en las dinámicas de po-
der. Trátese de los ejidos donde se ha ampliado el estrato social de inter-
mediarios a raíz de la implementación del modelo de regulación estatal
del sector agropecuario, o de las comunidades donde se han mantenido
las estructuras tradicionales, verticales, de intermediación y control so-
ciopolítico, la tierra sigue fungiendo como el principal instrumento de
legitimación de los poderes, aún cuando las bases materiales de la re-
producción social sufren una creciente desvinculación de la producción
agrícola. Asimismo, en 10 de los 38 ejidos de la muestra (singularmente
en cuatro de los ocho ejidos representativos de la situación 3), la zona
habitacional fue excluida del programa de certificación, y en muchas de
la localidades donde sí fueron expedidos títulos de propiedad de los so-
lares, su número dista mucho de alcanzar el total de viviendas registra-
das en el censo de 1990. Estas circunstancias evidencian la importancia,
para los detentores del ejido, de conservar algún control sobre las zonas
habitacionales y los servicios que se relacionan con ellas y constituyen
igual número de nudos de poder. Esta situación es indisociable de la pe-
rennización del ejido y sus órganos de gobierno en tanto instancias de
mediación y coordinación con las instituciones supralocales.
Esto explica en gran parte porque sólo dos de los 94 ejidos, que han
cumplido el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en la
región, proyectan dar el paso hacia la adopción del “dominio pleno” de
las tierras y su registro como propiedad privada. La instauración de la
tenencia privada tendría como consecuencia implícita la disolución de
las instituciones (comisariado, asamblea ejidal) a través de las cuales los
ejidatarios controlan la arena política local y los canales de captación de
los recursos extralocales. Por el contrario, la permanencia de un “estatu-
to intermedio” de la tierra reune para ellos varias ventajas: por un lado
formaliza la tenencia y plasma, en 75% de los casos, la concentración de
los títulos agrarios en manos de los ejidatarios, lo cual potencia su ma-
nejo como recurso clave en las estrategias de control de los espacios de
intermediación, a la vez que permite toda clase de transacciones en tor-
no a la tierra; por otro, perenniza los canales existentes de representa-
ción sociopolítica y las instituciones que les dan el control sobre los flu-
jos de capital e información de origen extralocal. Aún cuando el nuevo
Código Agrario abre la posibilidad de conferir el estatuto de ejidatario,
con todas sus prerrogativas, a los nuevos posesionarios, ninguno de los
ejidos estudiados, ni siquiera los que propiciaron un ingreso masivo de
nuevos titulares, ha adoptado esta medida: si bien los posesionarios
pueden asistir a las asambleas ejidales, el derecho a voto y la toma de
decisiones estratégicas permanece como privilegio exclusivo de los eji-
datarios. “PROCEDE se ha beneficiado con un apoyo amplio porque legit-
ima las prácticas existentes. Formaliza la mercantilización [near-com-
modity status] de la propiedad ejidal, al permitir a los miembros del eji-
do vender y comprar [sus tierras], sin que su estatuto y sus derechos
como ejidatarios aparezcan amenazados. Es decir que la significación
económica y política de su derecho de propiedad no ha sido afectada
[…] La estructura del ejido permanece, y con ella la posibilidad de ga-
nancia económica y política, cuando menos para los líderes y sus aso-
ciados”.
20
20
Goldring (1998): 170.

5 2
5 3
CONSIDERACIONES FINALES: ¿SERÁ CARTOGRAFIAR EL PROCEDE
REALIZAR UN MAPA DE LAS RELACIONES DE PODER?
Considerando el carácter reciente de la migración de larga duración y
distancia en el sur de Veracruz y el débil grado de consolidación de las
redes en las que descansa por una parte,la territorialización de los siste-
mas de captación y administración de los recursos vinculados con las
nuevas políticas de lucha contra la pobreza, por otra, las relaciones so-
ciales conservan una fuerte polarización hacia las comunidades territo-
rializadas, que no se explica solamente por consideraciones de orden
cultural o psicológico, sino por la persistencia del ejido en tanto espacio
social de coordinación y regulación socioeconómica. El ejido permanece
como el centro de las dinámicas de construcción y recomposición de los
poderes, más allá de la apertura de los sistemas de actividad y la imple-
mentación de las reformas a la Ley agraria, fenómenos que apuntan, a
priori, a su debilitamiento. En estas condiciones, la tenencia de la tierra
sigue determinando las condiciones de acceso y participación a las are-
nas políticas locales.
Al imponer una clarificación y la formalización de las posiciones de
los actores respecto de la tierra, tanto a escala de las comunidades cam-
pesinas como a nivel de cada grupo doméstico, el desarrollo del PROCE-
DE permite acercarse al funcionamiento de las arenas políticas locales y
al contenido de las relaciones de poder. En la parte central de Los Tux-
tlas, una cartografía de las expresiones del programa de certificación, en
el sentido de la retención de las tierras por parte de los ejidatarios o, al
contrario, en favor del reconocimiento de los derechos de una mayoría
de los usuarios que no disponían de un título legal, remite a un mapa
de las relaciones de poder, correspondientes, en el primer caso, a la
apropiación por los ejidatarios, y solamente por ellos, de las interfases
de intermediación política y económica, y, en el segundo, a la consolida-
ción de los sistemas de gobierno local de tipo caciquil.
De manera contradictoria con uno de sus objetivos proclamados (la
democratización de las instituciones ejidales), la reforma actual está
contribuyendo a consolidar los poderes existentes y a reforzar la rigidez
de los mecanismos de control sociopolítico: en las comunidades donde
no contribuye a relegitimar el poder de los antiguos caciques, el PROCE-
DE constituye un factor de consolidación de sistemas de administración
y representación política de tipo censitario. Como lo subraya Azuela
(1995), la propiedad de la tierra funge como fundamento de la vida pú-
blica, esto es, de la ciudadanía, a nivel de las comunidades ejidales, al
igual que en las democracias europeas de principios del siglo XIX e inde-
pendientemente de las leyes federales en la materia. Al haber logrado
limitar el impacto de la reforma a un simple cambio de estatuto de las
tierras, sin afectar las instituciones mediante las cuales se ejerce el con-
trol de las arenas políticas locales y se administra la mayor parte de los
bienes colectivos que conforman el partimonio de las comunidades, los
ejidatarios mantienen el ejido, en tanto institución, “en lo fundamental
vinculado a la federación y segregado de las instituciones políticas
[municipales]” (ibid.: 498).
Los ejidos representativos de la situación 3 en la implementación del
PROCEDE ofrecen sin embargo pistas para nuevas investigaciones.
¿Constituirán ejemplos del surgimiento de formas más democráticas de
gobierno, el espacio de creación y operación de nuevas instituciones? Al
igual que el contenido y las modalidades prácticas de las negociaciones
que acompañaron la realización (o el rechazo) de la certificación en las
zonas urbanas de los ejidos, estos casos ameritan un trabajo profun-
dizado.
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