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El Arte Olvidado: la destrucción y
dispersión del Patrimonio en la
Región de Murcia
Temario
Jose Riquelme García

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dispersión del Patrimonio en la Región de
Murcia
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA.
1.1.- Medidas protectoras del patrimonio artístico español.
1.2.- La creación de la Comisión de monumentos históricos y artísticos.
1.2.1.- Comisiones de monumentos históricos y artísticos
1.2.2.- Otras disposiciones
1.2.3.- Nuevas atribuciones
1.2.4 .- Las Comisiones Provinciales
1.2.5.- La Junta Superior del Tesoro Artístico
2.- CAUSAS Y PROBLEMÁTICA.
2.1.- Destrucción pasiva.
2.2.- Las Guerras y la Política.
2.3.- Desarrollismo y especulación.
2.4.- La desidia oficial.
2.5.- Catástrofes y otras causas naturales.
2.6.- Incapacidad gestora de la Administración pública.
3.- SECUENCIACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO REGIONAL.
3.1.- Patrimonio religioso.
3.2.- Patrimonio civil y militar.
3.3.- Casi dos siglos de devastación artística.
3.4.- Expolio artístico y negocio.
3.5.-Secuenciación de la destrucción del patrimonio.
4.- OCUPACIÓN FRANCESA Y LA GUERRA DEL A INDEPENDENCIA.
4.1.- Razones de uso y función.
4.2.- Ocupación y desastres de la guerra.
4.2.1.- José I y Napoleón.
4.3.- Robos, saqueos e incautaciones.
4.3.1.- Saqueos.
4.3.2.- Incautaciones.
4.3.3.- Robo y destrucción.
4.4.- Enajenación de bienes.

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4.5.- Los medios de preservación del patrimonio: la ocultación de bienes.
4.5.1.- Decretos e inventarios.
4.6.- Algún ejemplo murciano: San Juan de Dios.
4.6.1.- La Guerra de la Independencia en Murcia.
4.6.2.- Los primeros atropellos de los franceses.
4.6.3.- El primer saqueo de la capital.
4.6.4.- Los saqueos continúan. La fiebre amarilla.
4.6.5.- 1812. El General Soult en Murcia.
4.6.6.- El expolio de San Juan de Dios.
5.- LAS DESAMORTIZACIONES ECLESIÁSTICAS.
5.1.- La política desamortizadora durante el periodo liberal.
5.1.1.- Los beneficiados.
5.1.2.- El sistema de ventas.
5.2.- Precedentes históricos.
5.2.1.- Los primeros intentos.
5.2.2.- La compañía de Jesús. Los jesuitas en Caravaca y Murcia.
5.2.3.- Las Cortés de Cádiz.
5.2.4.- Las primeras disposiciones desamortizadoras.
5.2.5.- Un caso en tierras murcianas.
5.3.- Leyes desamortizadoras.
5.3.1.- Las Desamortizaciones de Mendizábal.
5.3.2.- La Desamortización de Madoz.
5.4.- La protección de los bienes histórico-artísticos en la legislación desamortizadora.
5.4.1.- Más leyes y decretos protectores.
5.4.2.- Consecuencias para el legado histórico-artístico.
5.5.- Las desamortizaciones en tierras murcianas.
5.5.1.- De interés público.
5.5.2.- Las consecuencias de la desamortización en Murcia.
5.5.3.- El destino de los conventos de Murcia.
5.6.- Un ejemplo en tierras murcianas: Jumilla.
5.6.1.- Algunos datos sobre la iglesia y el convento.
5.6.2.- Malos tiempos para el convento.

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5.6.2.1.- La dispersión y pérdida del patrimonio conventual.
5.6.2.2.- Subasta del patrimonio
5.6.2.3.- El derribo del Edificio
6.- LA DISPERSIÓN DEL PATRIMONIO.
6.1.- Interés desde fuera.
6.2.- Algún gesto de patriotismo.
7.- LA GUERRA CIVIL Y SUS CONSECUENCIAS.
7.1.- El inicio de lo que vendría.
7.1.1.- Sentimiento anticlerical en Murcia. 1931.
7.1.2.- La antigua iglesia de la Purísima y la Imagen de Salzillo.
7.2.- La contienda civil.
7.3.- El convento de Capuchinas de la ciudad de Murcia.
7.3.1.- La Orden de las Capuchinas.
7.3.2.- El primer convento.
7.3.3.- El nuevo convento.
7.3.4.- El patrimonio artístico de las capuchinas.
7.3.5.- La decadencia del edificio.
7.3.6.- La destrucción del convento.
7.3.7.- Dispersión del patrimonio del convento de capuchinas.
8.- LA ESPECULACIÓN DEL SIGLO XX.
8.1.- El cambio de siglo.
8.2.- Los años del desarrollismo.
8.3.-Un caso atroz: Murcia.
8.4.-La nueva avenida.
8.5.- El Gallo de la calle del Duque. Cartagena.
9.- CONCLUSIONES.
BIBLIOGRAFÍA

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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA.
En un momento en el cual todo lo que forma parte de la esfera del patrimonio cultural parece adquirir
creciente interés, hablar de destrucción del patrimonio resulta extraño o cuando menos lejano e impropio de
sociedades avanzadas como la nuestra.
Además, una simple mirada a nuestro alrededor nos complace al contemplar múltiples testimonios de nuestro
pasado histórico-artístico, máxime al reconocer cómo la creación de museos aquí y allá ha llegado a
convertirse en una especie de emblema del desarrollo sociocultural y económico de cualquier ciudad o pueblo
que se precie.
Esto es así, pero sólo hace falta rascar un poco en nuestra herencia artística para adivinar que no es oro todo
lo que reluce.
Ciertamente gozamos de una posición privilegiada, a nivel nacional, que no al regional, en cuanto al nutrido
conjunto de obras que conforman nuestro patrimonio artístico; sin embargo, este acervo cultural “podría ser
mucho más abultado y haber llegado hasta nuestros días en condiciones más dignas” (Merino de Cáceres).
Sólo hubiera sido preciso que “la perniciosa asociación de ignorancia, desidia, codicia y una mal interpretada
modernidad, no hubieran obrado a su libre antojo durante cerca de dos centurias”,(Martínez Ruiz).
Los monumentos del pasado no nos pertenecen, decía Ruskin, “pertenecen en parte, a los que los
construyeron, y en parte a todas las generaciones de la humanidad que nos han de seguir”, por ello, son las
generaciones contemporáneas las obligadas a conservarlos para que los hombres que vengan después de
nosotros puedan leer estos vestigios y nuestro modo de entenderlos.
Más recientemente, Chueca Goitia expresaba con resignación, no exenta de una clarificadora crítica, y con
respecto a nuestra tierra, que “Murcia podría haber sido una de las ciudades más bellas e interesantes de toda
nuestra península si hubiéramos sabido conservarla como se merecía”.
Es un hecho, hoy lamentado, que no sólo no existió una mínima sensibilidad para la protección de nuestro
patrimonio, sino que algunos de estos monumentos fueron destruidos con nocturnidad y alevosía, y con una
total impunidad, a pesar de gozar de protección legal.

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Y eso que desde muy temprano van apareciendo y sucediéndose una serie de medidas, algunas de carácter
filantrópico, otras de carácter legislativo, para la salvaguarda y protección del patrimonio.
Veamos algunas de ellas.
1.1.- Medidas protectoras del patrimonio artístico español.
Sin perjuicio de las disposiciones legales que aparecen hacia la segunda mitad del siglo XIII en nuestro país,
referidas forzosamente al ámbito eclesiástico, y contenidas en el Fuero Real y en las Partidas, así como en la
Academia de la Historia, por Real Orden de 18 de abril de 1738, y de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando, por Real Decreto de 12 de abril de 1752, como el inicio de las medidas protectora del patrimonio en
España.
Dichas instituciones, creadas en tiempos de Felipe V, si bien la de Bellas Artes es instaurada de forma
definitiva tras su muerte, por Fernando VI, protagonizaron a partir de entonces múltiples actuaciones en este
campo, algunas de ellas de especial importancia como veremos más adelante.
La Real Orden de Carlos III, de 23 de octubre de 1777 (Ley III, Título XXXIV, Libro VI de la Novísima
Recopilación), establece que siempre que se proyecte alguna obra pública, se consulte a la Academia de San
Fernando haciendo entrega de dibujos de los planos alzados y cortes de las fábricas que se ideen.
La Real Cédula de Carlos IV, de 6 de julio de 1803 (Ley III del Título XX, Libro VIII de la Novísima
Recopilación), atribuye a la Academia de la Historia la inspección sobre el modo de recoger y conservar los
monumentos antiguos que se descubriesen en el Reino, si bien el interés protector lo era sobre monumentos
de una antigüedad hasta la Baja Edad Media. Esta disposición es precursora del papel tutelar que Estado
asumirá a partir de mediados del siglo XIX.
También, La Cédula del Consejo Real de 2 de octubre de 1818 (repetida el 19 de septiembre de 1827)
ordenaba a las Justicias de todos los pueblos, cuidaran de que nadie destruya los monumentos de antigüedad
descubiertos o que se descubran, puesto que al honor y nombre de los pueblos interesa su conservación, así
como los edificios antiguos, sin permitir que se derriben ni se toquen sus materiales para ningún fin, antes
bien cuidarán de que se conserven y de amenazar ruina lo pondrán en conocimiento de la Academia de la
Historia, para su conservación.

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La enajenación de las propiedades de la Compañía de Jesús en tiempos de Carlos III y Carlos IV, las
disposiciones de las Cortes de Cádiz sobre supresión de conventos con menos de doce miembros, el
restablecimiento de estas medidas durante el trienio liberal (1820-1823), serán el antecedente a partir del
cual, tras la muerte de Fernando VII, cuaje definitivamente la tendencia desamortizadora con las disposiciones
de Mendizábal en 1835, y las de Madoz en 1855. Todo ello dará lugar a la principal causa de destrucción
patrimonial que se produce en España si excluimos la producida con motivo de la Guerra de la Independencia.
Las sucesivas medidas desamortizadoras, desde las primeras enajenaciones de la época ilustrada hasta las ya
consolidadas de Mendizábal y Madoz, van a ser un factor decisivo para que el Estado tome conciencia de la
necesidad de este tipo de medidas protectoras, propiciando la creación de instituciones especializadas que
garanticen la conservación del patrimonio religioso y civil que tengan algún valor artístico o histórico
intrínseco.
Esa toma de conciencia por parte del Estado, lleva a los sucesivos gobiernos a adoptar una serie de medidas
legislativas en defensa de ese patrimonio, a su catalogación y a la creación de instituciones especializadas que
pongan fin a tanta pérdida. No obstante, como dice Ordieres Díez: “esta toma de conciencia irá madurando a
lo largo de casi un siglo hasta llegar a 1933, año clave para la historia de la legislación española sobre el
patrimonio artístico.
El caso español será uno de los más laboriosos por el marcado voluntarismo de sus medidas y el sistemático
incumplimiento de estas. Aún así se logró atajar males mayores y se fueron dando pasos hacia delante en
esta difícil labor, lastrada siempre por una carencia de presupuestos endémica”
1.2.- La creación de la Comisión de monumentos históricos y artísticos.
El antecedente en nuestro país de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos lo encontramos en la
creación de las Comisiones Científicas y Artísticas mediante Orden de 27 de mayo de 1837, a las que se
encomendaba la protección de los bienes muebles que se considerase necesario conservar por su valor
histórico o artístico, debiéndose elaborar por las mismas un inventario a tal fin.
Estas primeras Comisiones que estaban presididas por un representante de la Diputación o el Ayuntamiento
y actuaban por tanto en el ámbito local, dieron paso a la creación de los primeros museos y bibliotecas con los
bienes trasladados a las capitales de provincia desde las distintas localidades. Gran parte de los fondos que
hoy integran las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo Arqueológico de Murcia se reunieron a
partir de entonces.

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1.2.1.- Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos
Unos años más tarde, en 1844, se crearon las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos, con el
encargo de evitar la destrucción y perdida de los bienes inmuebles que mereciera la pena proteger. Sus
precedentes hay que buscarlos en la Comission des Monuments creada en Francia a partir de de 1789
para poner freno a las destrucciones masivas que se iniciaron en aquella emblemática fecha.
Creadas por Real Orden de 13 de junio de 1844 estaban integradas por la Comisión Central y las Comisiones
Provinciales. A su vez, estas últimas, estaban reguladas por unas instrucciones aprobadas por Real Orden de
24 de julio del mismo año.
Las atribuciones de estas Comisiones en relación a los edificios monumentales eran las siguientes:
a) Adquirir noticia de todos los edificios, Monumentos y antigüedades que existan en sus respectivas
provincias, y que merezcan conservase.
b) Formar catálogos, descripciones y dibujos de los Monumentos y antigüedades que no sean susceptibles de
traslación o que deban quedar donde existen, y también de las preciosidades artísticas que por hallarse en
edificios que convenga enajenar o que no puedan conservarse, merezcan ser trasmitidas en esta forma a la
posteridad.
Asimismo, la Orden de 24 de julio disponía que siempre que un edificio se halle en mal estado, e interese a las
artes y a la historia el conservarlo, las Comisiones Provinciales propondrán los medios para repararlo y lo
pondrá en conocimiento del Gobierno por el Jefe Político. Esta disposición pone de manifiesto la falta de
autonomía con la que actuaban estas Comisiones al establecerse unos trámites que dilataban la intervención
en los edificios que amenazaban ruina inminente con el grave riesgo de su pérdida.
Tampoco tuvieron efectividad práctica las obligaciones impuestas por las mencionadas normas a los alcaldes
de los pueblos, que con la ayuda del cura párroco, debía informar a las Comisiones en relación con la
vigilancia en la conservación de los edificios, poniéndose de manifiesto la poca o nula colaboración entre
ambas instituciones y los abusos de los Ayuntamientos en el despojo de edificios y conventos.

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1.2.2 Otras disposiciones
De aquí que la Real Orden de 4 de mayo de 1850, sobre edificios públicos, preceptuase que no se hiciese obra
alguna en estos edificios sin previa consulta a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos.
Textualmente se disponía lo siguiente:
“Enterada la Reina (q.D.g.) de una exposición que ha elevado la Real Academia de San Fernando,
denunciando el deplorable abuso que se ha introducido en varias capitales, y principalmente en esta
corte, de destruir las fachadas de muchos célebres edificios antiguos con revoques y demoliciones por
causa del ornato público; y teniendo en consideración S.M. que de no proceder en este asunto con todo
detenimiento desaparecerán en breve hasta los más bellos recuerdos de las Artes españolas, se ha
dignado resolver disponga V. que en lo sucesivo, antes de demoler, revocar o hacer obras en los
edificios públicos, se consulte en cada caso a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, a fin de
que ésta manifieste su dictamen oyendo previamente a la Academia de Bellas Artes de esa provincia, o
en su defecto a la Real de San Fernando.”
Desde los primeros años de funcionamiento de las Comisiones se puso de manifiesto la necesidad de su
reorganización para dotarlas de una mayor eficacia y pragmatismo. Las amplias atribuciones que se le
encomendaban no se correspondían con el reducido número de miembros que las integraban, con el carácter
honorífico de sus nombramientos, y con su inadecuada financiación.
Se necesitaba una mayor especialización y profesionalidad de sus miembros, una mayor independencia de las
autoridades locales y una mayor clarificación de la financiación de sus actividades.
1.2.3.- Nuevas atribuciones
Diez años después de su creación, el Real Decreto de 15 de noviembre de 1854, estableció la nueva
organización. A tal efecto, se mejoró el sistema de nombramiento al ser sus vocales más cualificados, entre
ellos, el arquitecto provincial, ampliándose sus atribuciones. Y se impuso una mayor colaboración de los
gobernadores y alcaldes para que procurasen a las Comisiones cuantos datos y noticias necesitasen para
cumplir con sus funciones.
El artículo segundo de la mencionada disposición fija como objeto de la Comisión Central el reunir y conservar
en el mejor estado posible todos los Monumentos Históricos y Artísticos que habiendo correspondido a las
Órdenes Religiosas y demás Corporaciones suprimidas, eran entonces de la pertenencia del Estado,

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estableciendo en el artículo doce como una de sus atribuciones la de promover la restauración de aquellos
edificios que se encontrasen en estado ruinoso y tuviesen un verdadero precio para las Artes y la Historia.
Según Ordieres Díez se iniciaba la idea de que el Estado debía velar también por los edificios de propiedad
particular al considerarlos bienes culturales de utilidad común, al menos en teoría.
Al mismo tiempo y como consecuencia de las reivindicaciones y actuaciones de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando durante la primera mitad del siglo XIX en relación con los monumentos en peligro, la
Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano, incorpora –aunque su
absorción efectiva no se produciría hasta la Real Orden de 18 de enero de 1859- la Comisión Central al seno
de esta, preceptuándose en su artículo 161 lo siguiente:
“Se pondrá al cuidado de la Real Academia de San Fernando la conservación de los monumentos artísticos
del reino y la Inspección Superior del Museo Nacional de Pintura y Escultura, así como la de los que debe
haber en las provincias; para lo cual estará bajo su dependencia las Comisiones Provinciales de
Monumentos, suprimiéndose la central”.
1.2.4.- Las Comisiones Provinciales
Como dice Ordieres Díez la Comisión Central antigua, dependiente del Ministerio de Fomento había quemado
ya una primera etapa en la vigilancia y salvaguardia monumental y se ponía de manifiesto ahora la necesidad
de clasificar, conservar, y restaurar lo existente y esa labor requería el máximo de información y análisis, con
un método previo que sólo en manos de especialistas podría ser viable.
En 1865 se aprueba el nuevo reglamento de las Comisiones Provinciales mediante Real Orden de 24 de
noviembre, dándose un giro a su composición, que a partir de ahora se compondrían de individuos
correspondientes de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando. Las atribuciones eran parecidas a
las de los antiguos reglamentos pero muy detalladas, teniendo el carácter de Cuerpos consultivos de los
gobernadores de las provincias respectivas y estableciéndose obligaciones respecto de estos y de la Reales
Academias de San Fernando y de la Historia, e incluso recogía las obligaciones de los gobernadores
provinciales y de los alcaldes respecto de las Comisiones.
En cuanto a los medios económicos se mantiene la precariedad presupuestaria tanto por parte del Estado
como por las Diputaciones, y así se pone de manifiesto en el acuerdo tomado en la Comisión Provincial de
Murcia, en 1885, a propuesta del Conde de Roche y de Baquero Almansa, para oficiar al Sr. Gobernador,
como Presidente de la Comisión de Monumentos, haciéndole saber la absoluta carencia de fondos en que esta

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se encuentra desde su reorganización en diciembre del año anterior y lo infructuoso de sus gestiones para
recabar de la Diputación el abono de la consignación correspondiente al ejercicio económico de ese año, y que
se verían obligados a renunciar a sus cargos, si dicha autoridad no hallaba modo de que la Provincia les
proporcionara los recursos necesarios.
Son constantes las reiteradas alusiones y manifestaciones de la Comisión provincial a lo largo de su dilatado
periodo de existencia, a la escasez de financiación y al retraso de su pago por parte de la Diputación.
En 1918 se vuelve a aprobar un nuevo reglamento por Real Decreto de 11 de agosto, que mantiene
prácticamente igual el listado de competencias y atribuciones de las Comisiones, las obligaciones de los
gobernadores y alcaldes y el sistema de financiación. También se establece que en aquellas poblaciones cuya
importancia monumental lo requiriese se podrían crear Subcomisiones Locales de Monumentos, como ocurrió
con la subcomisión de Mérida, dependiente de la de Badajoz.
Como alternativa a las Comisiones de Monumentos se crearon por Real Decreto de 10 de octubre de 1919, la
Institución del Delegado Regio de Bellas Artes, siendo su función fundamental la de realizar un Inventario o
catálogo artístico, pues es la base que sustenta las prescripciones prohibitivas y penales, las limitaciones de la
propiedad y el nervio del asunto. En Murcia fue nombrado José María Ibáñez García. Pasados tres años de su
creación, todavía no saben las Delegaciones regias cómo, cuando y con qué recursos han de hacer esos
inventarios y lo demás que la regia disposición les encarga.
1.2.5.- La Junta Superior del Tesoro Artístico
A partir de la Ley de 13 de mayo de 1933 de Fernando de los Ríos, se crearía la Junta Superior del Tesoro
Artístico y sus correspondientes Juntas locales, disolviéndose las Comisiones y subsistiendo tan solo
provisionalmente en las provincias donde no se creasen Juntas locales del Tesoro Artístico.
Tras la Guerra Civil, las Comisiones volvieron a tomar vida paulatinamente durante los primeros años de la
posguerra, tanto en Murcia como en el resto de las provincias españolas.
Del examen del Libro de Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia, cuyas reuniones se van
produciendo de forma más o menos regular hasta su desaparición en 1971, se constata, en relación con la
conservación de los edificios de interés histórico o artístico, la actitud de resignación de sus miembros a la
hora de frenar los derribos, lamentándose la citada Comisión consultiva en reiteradas ocasiones de que se siga

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obrando, destruyendo y construyendo, y haciendo renovaciones urbanas en fachadas y edificios sin ponerlo
en su conocimiento.
Estas lamentaciones, se producen, sobre todo, ante las actuaciones de la autoridad municipal y provincial de
obras públicas y urbanismo. Así el día 5 de julio de 1954, se alude al derribo sin el menor aviso para ser
fotografiada por lo menos, de la escalera barroca y palacial del siglo XVIII de la casa de la calle de San Nicolás
que fue propiedad de la familia Palomo. Y el 2 de abril de 1957 se pone de manifiesto como en los últimos
años se han perdido fachadas barrocas, suntuosas escaleras del siglo XVIII, cornisas y hornacinas
interesantes y otros elementos peculiares e irreparables de la fisonomía urbana local.
2.- CAUSAS Y PROBLEMÁTICA.
Para explicar la sistemática y continua destrucción y dispersión del patrimonio nacional, en general, y regional,
en particular, se ha de indagar en una serie de causas acontecidas en las dos últimas centurias.
Se identifican pues las siguientes causas de destrucción del patrimonio:
2.1.- Destrucción pasiva.
La primera, a la que se denomina “destrucción pacífica” es común a casi todos los edificios de carácter civil y
muchos de carácter religioso y, la definimos, siguiendo a Gaya Nuño, como aquella actuación fría y
premeditada del hombre que no tiene en cuenta los valores intrínsecos de la obra, despreciando, por tanto, su
conservación. Asociado a esta causa se encuentran otros factores como el analfabetismo, la falta de cultura, la
indiferencia e insensibilidad ante lo bello y vetusto y la mala educación.
2.2.- Las Guerras y la Política.
Una segunda causa sería por los acontecimientos bélicos y de carácter político.
Las guerras acontecidas en España, y que afectaron, en mayor o menor grado, al Reino de Murcia,
provocaron un daño considerable en el patrimonio artístico nacional, destacando acontecimientos como La
invasión francesa y la consiguiente Guerra de Independencia, cuyo resultado no pudo ser peor: destrucción de
innumerables edificios de carácter histórico, y el expolio, saqueo y dispersión de buena parte de los tesoros
artísticos del país.
Las posteriores leyes desamortizadoras de los bienes eclesiásticos, y en menor medida de los civiles,
agravaron el ya nefasto panorama, sobre todo con la expropiación, subastas, ventas y derribos de infinidad de
edificios de carácter religioso, sobre todo conventos y monasterios.
La Guerra Civil española de 1936-1939 devasto el país, y contribuyo aún más a la dispersión y destrucción del
patrimonio artístico nacional.

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2.3.- Desarrollismo y especulación.
Una tercera causa, se encuentra en el brusco proceso urbanizador que irrumpe en la vieja estructura de las
ciudades, de tal manera que los problemas de crecimiento demográfico, saneamiento, tráfico interior,
apertura de nuevas zonas comerciales y de negocios se resolverían con actuaciones como la apertura de la
nuevas calles, como la Gran Vía José Antonio, en donde se destruyó el entramado histórico y se derribaron,
entre otros, los Baños Árabes, el palacio del Vizconde de Huertas, el Huerto de las Bombas, el
Convento de Capuchinas, el de Madre de Dios, y un largo etc .
2.4.- La desidia oficial.
Como cuarta causa hay que señalar los incumplimientos de la legislación patrimonial a los que no fue ajena la
propia administración pública. La declaración de El Contraste de la Seda y de los Baños Árabes,
en la ciudad de Murcia, como monumentos nacionales no fue óbice para su derribo.
2.5.- Catástrofes y otras causas naturales.
Tampoco debemos olvidar las causas naturales, que de modo involuntario, pero continuado a contribuido a la
merma de edificios y bienes muebles de carácter artístico e histórico, como incendios, riadas, terremotos,
derrumbes, que tan graves daños han causado en Murcia a lo largo de la Historia.
2.6.- Incapacidad gestora de la Administración pública.
La última causa se ha de atribuir a la incapacidad gestora de la Administración Pública, El Teatro del
Toro, la Carnicería Real, los Baños Árabes, el Contraste de la Seda, eran edificios públicos de
carácter civil a los que la administración no dedicó el más mínimo esfuerzo para su mantenimiento y
conservación, propiciando con su pasividad la perdida de los mismos. E igualmente ocurrió con los edificios
privados cuyos valores históricos y artísticos debieron de haber movido a las autoridades a su conservación,
máxime cuando algunos de ellos fueron sede de instituciones oficiales como el Palacio del Marqués de las
Almenas que fue sede del Gobierno Civil y de la Diputación Provincial.

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3.- SECUENCIACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO REGIONAL.
3.1.- Patrimonio religioso.
Buena parte de los antiguos monasterios o conventos, receptáculos de arte y de cultura, exhiben en nuestros
días una triste caricatura, salvo contadísimos ejemplos, de lo que en otro tiempo, no tan lejano, fueron.
Algunos lucen reducidos a esqueletos de piedra, otros siquiera cuentan con una romántica evocación a su
pasado; es el caso de aquellos a los que algún osado restaurador ha pretendido devolver su hipotética imagen
perdida.
Los que aún permanecen en pie con cierta dignidad, o han tenido la fortuna de contar con planes de
rehabilitación respetuosos con su fábrica, se muestran desnudos y desprovistos de gran parte de su
patrimonio mueble. Nos referimos a bienes que hoy se hallan dispersos en museos internacionales, nacionales
o provinciales, y esto en el mejor de los casos, pues no pocas veces sus alhajas y ornamentos fueron tirados
al río, quemados, o vendidos a traperos, chamarileros, anticuarios, o negociantes extranjeros.
Avispados agentes traspasaron nuestras fronteras durante el siglo XIX con carretas repletas de obras de arte,
y a lo largo de la primera mitad del XX se permitieron completar barcos con obras de todo tipo con destino a
los mercados más prósperos.
3.2.- Patrimonio civil y militar.
Otro tanto se puede decir de los antiguos palacios, casas nobles, castillos y fortalezas.
Su riqueza mueble fue diezmándose al compás del debilitamiento económico de las respectivas familias que
antaño ostentaron el poder.
En el siglo XIX, por ejemplo, se asistió a las almonedas de grandes casas nobiliarias herederas de un
patrimonio artístico extraordinario, como la casa de Osuna, o Medina Sidonia, más relacionada con estirpes de
nuestra tierra, entre tantas otras que más subrepticiamente fueron liquidando poco a poco los bienes
atesorados y transmitidos de generación en generación durante siglos.
Incluso el propio duque de Alba subastó en París algunos bienes muy notables que atesoraba en el Palacio de
Liria de Madrid.

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Cientos de casonas nobiliarias, palacios, etc., asistieron a un progresivo abandono y con ello un irremediable
deterioro difícil de subsanar cuando las circunstancias sociales y económicas ofrecían un panorama contrario a
su conservación: las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX procuraron anular los privilegios debidos al
título y el debilitamiento de muchas familias poseedoras de esta suerte de bienes fue espectacular.
En el caso de la región, buena parte de la vieja nobleza se hace absentista, dejando Murcia y residiendo en la
corte, comenzándose un proceso de liquidación del patrimonio familiar que culminará en el siglo siguiente.
3.3.- Casi dos siglos de devastación artística.
Por si fuera poco, la confianza en el progreso y los bríos de la modernidad se tradujeron en muchas ciudades
y villas en el derribo de sus antiguos conventos, murallas, casas nobles- buena parte de las cuales había
mudado hacía tiempo a humildes casas de vecindad-, para abrir grandes vías que acabaron dilapidando sus
vestigios históricos. Terribles casos fueron los de Madrid, Granada, o posteriormente Murcia.
Al fin de cuentas, aquellos eran concebidos como lastre de un pasado que era preciso eliminar para favorecer
el avance hacia la “modernidad”. Además, la obra devastadora impulsada por este espíritu renovador
decimonónico fue completada a plena satisfacción durante los años sesenta del siglo XX, cuando el
desarrollismo convirtió la especulación y la piqueta en un lenguaje habitual para las ciudades históricas.
Éstas vieron desaparecer a pasos agigantados el testimonio de su gloria pasada, y los excesos fueron tales
que en ciertas ciudades, puede hablarse de verdadera trituración de su casco histórico.
3.4.- Expolio artístico y negocio.
Por su parte, cabildos catedralicios, párrocos, priores, madres superioras,… rentabilizaron el patrimonio
mueble de las casas, cuando no el inmueble, (caso flagrante el del Convento de San Antonio de la capital
murciana), que regentaban a fuerza de satisfacer, generalmente con poca fortuna, el voraz apetito del
mercado internacional de antigüedades. Las ventas de obras de arte en estos centros fueron muy comunes en
ese periodo.
En ocasiones se efectuaban con el propósito de obtener fondos para el sostenimiento de los templos, o para
costear reformas; otras veces, con la intención de mejorar el culto a costa de “intercambiar” las viejas
imágenes por otras nuevas de más lucido aspecto (cabe decir que esta fue una de las tácticas habitualmente
empleadas por los comerciantes de arte antiguo: canjear obras históricas por verdaderas gangas).

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Asimismo, muchas de las operaciones estuvieron movidas por el deseo de aprovechar lo que se estimaba
como un buen negocio que permitía enriquecer, sin grandes complicaciones, los fondos de la caja diocesana,
o bien invertir en títulos de la deuda pública.
3.5.-Secuenciación de la destrucción del patrimonio.
En cualquier caso, es oportuno referir esquemáticamente las principales circunstancias y coyunturas históricas
que contribuyeron a esta devastación artística desde comienzos del siglo XIX hasta nuestros días:
- Ocupación francesa y Guerra de la Independencia.
- Desamortización eclesiástica.
- La afluencia del capital extranjero en las primeras décadas del siglo XX.
- Guerra civil y posguerra.
- El desarrollismo y sus efectos para el patrimonio de las ciudades y del medio rural.
A decir verdad, ninguna de estas circunstancias habría legado un saldo tan nefasto para nuestra riqueza
artística de no haberse ligado a otros presupuestos que se mantuvieron prácticamente inalterables durante
largo tiempo: falta de interés, incultura, codicia y necesidad.
4.- OCUPACIÓN FRANCESA Y LA GUERRA DEL LA INDEPENDENCIA.
No es aventurado afirmar que estos acontecimientos abrieron las puertas de par en par a incontables
desmanes hacia las obras artísticas del pasado. Desmanes hasta entonces desconocidos en nuestra historia y
que sentarían precedentes nada halagüeños. Su testigo sería recogido sin pudor alguno, a mediados de dicha
centuria, por las políticas de desamortización eclesiástica, y principalmente por los movimientos populares que
las acompañaron.
Desde luego, a comienzos del XIX no existía un concepto relativo al patrimonio cultural, ni una visión histórica,
más allá de los círculos intelectuales, que propiciara un respeto por las obras de arte del pasado simplemente
por dicha condición.
Sin embargo, cerca del 80% de los bienes artísticos eran propiedad de la iglesia y a este respecto sí existía
una especie de inviolabilidad en torno al ámbito de lo sagrado que, naturalmente, implicaba a los bienes
eclesiásticos; inviolabilidad que con la invasión francesa se quebró, lo cual inauguró una senda de difícil
retorno: vilipendiar las obras histórico-artísticas era ya posible.

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4.1.- Razones de uso y función.
Las razones de uso y función habían dirigido hasta ese momento la parición o desaparición de bienes
artísticos: una imagen era sustituida por otra, o bien era readecuada.
Los antiguos templos y edificios civiles, por las mismas razones, eran derribados y reemplazados por otros que
mejor satisficieran las nuevas carencias, caso de muchos de los templos murcianos, o veían anexionar partes
que no tenían por qué respetar el edificio anterior.
En cuanto a las ventas de obras de arte, siempre habían tenido lugar, tanto en los centros religiosos como
entre particulares, pero hablamos de épocas en las cuales no existía una conciencia acerca de la existencia de
una riqueza artística común. A pesar de lo cual, en nuestro país podemos hallar desde fechas muy tempranas
referencias a la necesidad de controlar la venta de obras históricas e incluso de evitar su salida del reino.
4.2.- Ocupación y desastres de la guerra.
Durante la ocupación francesa y la Guerra de la independencia (1808-1814) cientos de monasterios,
conventos, colegios, palacios y fortalezas fueron ocupados, desvalijados e incendiados.
El general Foy afirmaba: “nuestros soldados demolían edificios construidos hace medio siglo, para construir
con sus ruinas edificaciones que no debían de durar más que un día”.
Se asistió, además, al destrozo indiscriminado de imágenes, a la raspadura de retablos a fin de obtener el pan
de oro que los cubría, o al desmonte de altares para proporcionar material para la lumbre, los códices y libros
para cartuchos, etc…
Las consecuencias de un enfrentamiento armado son siempre nefastas. A la pérdida de vidas humanas,
destrucción y escasez, hay que sumar los gastos de avituallamiento del ejército, las requisas de material y
alimentos y la merma del patrimonio artístico.
Para entender las pérdidas de patrimonio hay que tener en cuenta tres hechos básicos: las consecuencias
directas de la batalla, las piezas robadas por el enemigo y la venta de piezas artísticas para la obtención de
dinero en efectivo con el que asegurar la supervivencia.
Las tropas francesas procuraron, asimismo, la adquisición por la fuerza de bienes muebles de numerosos
centros religiosos y palacios, principalmente pinturas. Fue espectacular el conjunto de estas que atravesó en
aquellos años las fronteras españolas con el propósito de engrandecer el Museo de Napoleón.

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Murcia
4.2.1.- José I y Napoleón.
José I pretendía crear un museo nacional a partir de las obras recogidas en los diversos conventos e iglesias:
“disponer de la multitud de cuadros, que separados de la vista de los conocedores se hallaban hasta aquí
encerrados en los claustros”, como promulgaba el Real Decreto de 20 de diciembre de 1809.
Pero también deseaba agradar a Napoleón, quién pretendía hacerse con una gran colección de pintura
española, de ahí que en el artículo segundo de dicho Real Decreto se indicara: “se formará una colección
general de los pintores célebres españoles, la que ofreceremos a nuestro augusto Hermano el Emperador de
los franceses, manifestándole al propio tiempo nuestros deseos de verla colocada en una de las salas del
museo de Napoleón”.
4.3.- Robos, saqueos e incautaciones.
De dramáticas consecuencias para el patrimonio fueron los robos, tanto en su versión más violenta, los
saqueos realizados por las tropas, tanto francesas como inglesas, como la vertiente pacífica, en forma de
incautación o decomiso de objetos artísticos.
4.3.1.- Saqueos.
El saqueo puede darse en dos circunstancias: puede realizarse tras un asedio o sitio, como venganza o
represalia, o puede coincidir con el paso del ejército.
Lorca, Librilla, Alhama, Totana y la capital fueron saqueadas en diversas ocasiones durante la ocupación
francesa entre 1810 y 1812.
4.3.2.- Incautaciones.
También hay que tener en cuenta aquellos bienes que los franceses incautaron. Los decomisos fueron
frecuentes durante toda la guerra. Se decía que todo aquello que era de su agrado lo enviaban a Francia, y
así también ocurrió en Murcia.
Es sabido que cuando el rey José abandonó España en 1813, llevaba consigo numerosos bienes procedentes
de la casa de Godoy, El Escorial, el Palacio Real de Madrid, diversas iglesias, el archivo de Simancas, e incluso
de los depósitos del Gabinete de Historia Natural. Este botín incluía vajillas de porcelana, joyas, lienzos,
documentos, esculturas y muebles, aparte de oro y plata.

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Murcia
Este despojo indiscriminado vino a satisfacer, de igual modo, las apetencias de generales y mariscales que
supieron sacar buen partido en el mercado de antigüedades de tan fructífero acopio imperialista de obras de
arte.
Este nefasto panorama, en parte, vino motivado por el ideal de sociedad revolucionaria que pretendía imponer
Napoleón, pues permitió que su ejército destruyera cuantos monumentos y emblemas aludieran a la
monarquía, la aristocracia y el clero. Su programa de renovación incluyó la supresión de la Inquisición, cuyos
vienes pasaron a la Corona, así como la reducción de los conventos existentes en España, con la consiguiente
nacionalización de sus bienes.
Como es fácil de imaginar, estas primeras políticas desamortizadoras, que acompañaron al afán destructor
seguido por las tropas durante su ocupación, provocaron la desaparición de numerosas obras de arte y
favorecieron el expolio de bienes artísticos en conventos, monasterios e iglesias.
4.3.3.- Robo y destrucción.
En este periodo el patrimonio histórico-artístico español experimentó la primera de las graves mutilaciones
que padecería a lo largo de los siglos XIX y XX.
En líneas generales, puede decirse que hasta 1808 permaneció prácticamente íntegro, pero durante la Guerra
de la Independencia fue muchísimo lo perdido, y en la práctica totalidad de las provincias españolas.
Fenecieron infinidad de conventos, y los que no lo hicieron entonces, maltrechos ya en su riqueza mueble,
aguardaron su fin hasta la exclaustración eclesiástica, principalmente a partir de 1835 con la desamortización
de Mendizábal.
Calvo Serraller afirma que el expolio artístico perpetrado durante la guerra por personajes como Soult,
Sebastián, Lejeune, Murat, Dupont, Mathieu de Favries, Lery, Belliard, Coulaincourt, Eblé, Desollé y otros
tantos contribuyó al descubrimiento y popularización del arte español por toda Europa.
4.4.- Enajenación de bienes.
A pesar de lo violento del saqueo, las consecuencias más dramáticas fueron posteriores a estos hechos y se
debieron a las numerosas contribuciones que los municipios y las comunidades eclesiásticas hubieron de
satisfacer a uno y otro bando, lo que provocó la venta de objetos artísticos.
El problema estribaba en que la duplicidad de gobiernos en España, (la administración madrileña de José I por
un lado y la Junta Suprema de Cádiz por otro), duplicaba los impuestos y obligaba a llevar una doble

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Murcia
contabilidad en un momento muy delicado por la inseguridad, robos, requisas y malas cosechas que, en el
caso de los eclesiásticos, se agrava con la abolición de las rentas, la reducción de los ingresos por el impago
de los diezmos, el embargo de los bienes del obispo y la extinción de órdenes religiosas.
En resumen, se puede hablar de una situación generalizada de penuria y escasez. En este sentido, la posesión
de objetos artísticos y, sobre todo, de piezas de orfebrería, de alto valor venal, suponía una garantía de
supervivencia.
El pago de contribuciones y repartimientos fue continuo durante todo el periodo. Y a las contribuciones de
uno y otro bando hay que sumar las requisas de alimentos, las necesidades de alojamiento y vestido de la
tropa, y las numerosas multas, como las acusaciones de fernandismo.
En este contexto, la venta de bienes propios se convirtió en práctica común.
Estas ventas no sólo afectaron a las comunidades eclesiásticas, y así, los ayuntamientos murcianos sacaron a
la venta terrenos que les eran propios.
Quienes poseían objetos artísticos, especialmente objetos de plata, contaban con una garantía adicional de
supervivencia.
4.5.- Los medios de preservación del patrimonio: la ocultación de bienes.
Por otro lado, la existencia de estos bienes se convertía también en una preocupación por su salvaguarda,
hasta el punto de convertir su ocultamiento en un arte, ya que había que preservarlos de la incautación y del
saqueo.
Ante la llegada de los franceses, todas las comunidades religiosas tomaron precauciones para esconder sus
piezas más apreciadas y valiosas. En algunas ocasiones se reunieron las piezas más valiosas y se ocultaron
tras un tabique, lo que no siempre fue garantía de conservación. En otros casos de abandono de la iglesia, la
comunidad llevó consigo las piezas de orfebrería.
4.5.1.- Decretos e inventarios.
El hecho de que las piezas de orfebrería se hallaban ocultas era conocido por todos.
Por ello, debido al valor intrínseco de estos objetos, el gobierno de José I ordenó en octubre de 1809 que se
hiciera inventario de todas las alhajas y efectos de las parroquias.
Las consecuencias de este decreto no se hicieron esperar, y así, mientras se intentaba interceptar los correos
para impedir la difusión y cumplimiento del decreto, se cursaba orden para que todos los vasos sagrados y
objetos litúrgicos no imprescindibles fueran sacados de las iglesias y ocultados con efectividad y rapidez.

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Murcia
No hay demasiados datos para conocer lo ocurrido en los conventos e iglesias murcianas, pero la mayoría de
las comunidades religiosas preservaron sus bienes en sus propios edificios.
A pesar de la sistemática ocultación de las piezas, algunos objetos se perdieron, en parte por los saqueos y en
parte también por la venta de objetos para conseguir fondos, ya sea para el mantenimiento de la comunidad
o para pagar contribuciones.
A esto hay que añadir las piezas fundidas para labrar otras nuevas que sustituyeran las desaparecidas durante
la guerra, que también deberían ser consideradas “victimas” de la contienda.
4.6.- Algún ejemplo murciano: San Juan de Dios.
A pesar de todas las precauciones tomadas, la desaparición de ciertas piezas es lógica en cualquier situación
de guerra, y no lo fue menos en el caso de Murcia.
Y los objetos robados por el ejército francés, en los sucesivos saqueos de la capital y las villas del reino a lo
largo del periodo, hay que añadir aquello que hubieron de venderse para garantizar la supervivencia.
Veamos un ejemplo en la ciudad de Murcia, el Convento-hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, unos
de los casos mejor estudiados en las fechas de la ocupación francesa, y que nos aporta datos relevantes de lo
que fue general en los establecimientos religiosos del Reino de Murcia durante la dominación francesa.
4.6.1.- La Guerra de la Independencia en Murcia.
Con el estallido de la Guerra de la Independencia española en 1808, en la ciudad de Murcia se creó una Junta
Suprema que pretendió extender su autoridad en todo el reino de Murcia ante la ausencia del poder real. El ya
anciano Conde de Floridablanca, que se encontraba retirado en Murcia, formó parte de la misma y fue uno de los
representantes murcianos en la Junta Suprema Central que se reunió en Aranjuez y de la que fue nombrado
presidente.
Al inicio del año 1809, los rumores de una invasión de los franceses en la ciudad, son cada vez más insistentes. Llegan
noticias sobre incursiones del General francés Soult a Albacete y La Junta Provincial decide fortificar la ciudad. Se
hacen trincheras para instalar cañones cerca de las puertas de acceso a la ciudad de cuatro metros de anchas y uno
de altas. Se distribuyen 20 cañones de 12 libras, en lugares estratégicos del casco urbano y puertas de acceso. Los
mas importantes estuvieron; encima de la Puerta de Orihuela,- detrás de las fabricas de la Pólvora y la Seda,- esquina
de San Diego,- Puerta de Castilla,- en la esquina del convento de Agustinas,- en las Cuatro Piedras del Malecón, - en
las puertas de acceso al Malecón junto al convento de San Francisco,- en el Palacio Episcopal hacia el río,- en la

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Murcia
Inquisición (Colegio de arquitectos) se colocan tres, una hacia el puente, otra hacia los molinos viejos, y otra hacia los
molinos nuevos. Para bajar a río, frente al Palacio Episcopal se hace un camino con salchicones de mimbre y cañas
clavadas con punta afilada de metro y medio.
4.6.2.- Los primeros atropellos de los franceses.
Habían pasado casi dos años del inicio de la guerra contra las tropas de Napoleón, y en Murcia aun no se
había visto francés alguno. Pero el 22 de Abril de 1810, entraron los franceses en Lorca al mando del General
Horacio Sebastiani.
Los franceses sometieron a la población a un continuo saqueo y fuertes tributos de guerra. Los lugares
religiosos fueron profanados y robados los objetos de valor. Dejo el General francés en Lorca un importante
reten y con 6000 soldados de infantería y 2000 dragones a caballo siguió ruta hacia Murcia. También saquea
Totana y Alhama, y desde allí envía varias patrullas de ojeo hacia Cartagena, con la intención de entrar
también en la ciudad.
4.6.3.- El primer saqueo de la capital.
Sebastiani llega en la ciudad el lunes, 23 de abril. Y solicita hablar con la máxima autoridad. Se presentan en
el Ayuntamiento más de 50 entre oficiales y soldados y piden hablar con el Regidor, ante la huida de los
miembros de la Junta de Defensa, es Joaquín Elgueta. Este le pide a Sebastiani que no saquee la ciudad; para
ello se ofrece a recaudar dineros y entregar víveres y lo que necesiten antes de llevar acabo lo que
acostumbraban. Sebastiani le promete respetar la ciudad. Elgueta le ofrece su casa para que se aloje y pronto
sale con el resto de ayudantes a pedir entre los comerciantes consiguiendo 35.000 reales que le hizo entrega
al francés. Pero este pronto incumple lo prometido, el día 24 de abril entraron en la ciudad de Murcia, siendo
saqueada brutalmente, y como hizo en Lorca, profanan iglesias y la Catedral, el Palacio Episcopal es
expoliado, roban en casas de los nobles, violan y asesinan, inclusive se llevan todo lo de valor de la casa del
Regidor.
El día 25 a primera hora los franceses se marchan de Murcia precipitadamente, ante la noticia de la llegada de
un fuerte ejercito al mando del General español Joaquín Blake. Pero antes de marcharse se autoproclama
“Duque de Murcia”, algo que llega a autorizar el Rey José Bonaparte. Nombre que mantuvo mientras estuvo
en España antes de ir depuesto a Francia por disputas con el General Soult.

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Murcia
4.6.4.- Los saqueos continúan. La fiebre amarilla.
Tanto movimiento de tropas, llamo la atención del General Sebastiani, que nuevamente desde Granada, volvió
a entrar en el Reino de Murcia. Era el 18 de agosto de 1810. Con 10.000 hombres y 17 cañones, se dispuso a
saquear nuevamente Murcia.
Avanzo Sebastiani hasta Librilla, y una vez allí envío patrullas de ojeo, informándole estas de lo dificultoso de la
operación, debido a la cantidad de hombres y artillería que los españoles habían posicionado alrededor de la ciudad.
Por lo que decidió volverse hacia Granada nuevamente, no sin antes saquear las localidades que tubo al paso,
inclusive Águilas.
Para colmo de los males, en 1811 se desató una terrible epidemia de fiebre amarilla que generó numerosas muertes.
4.6.5.- 1812. El General Soult en Murcia.
En enero de 1812 las tropas francesas del general Soult entraron también en la ciudad de Murcia.. En la calle de San
Nicolás se produjo un encontronazo entre los soldados de Soult y las milicias del general Martín de la Carrera, que
murió en dicho combate.
Ahora se presentaba la ocasión para poder desquitarse, si podía sorprenderle en un terreno apropiado. Pues
el español sabia que el ejercito francés de Soult, eran veteranos de muchas batallas. Pero en esta ocasión ha
nuestro héroe le podría mas el corazón que la cabeza.
Los franceses acamparon en la arboleda a las afueras de Alcantarilla, a la que de paso saquearon, quemado
alguno de sus edificios públicos e iglesias. En las memorias del Coronel Hyppolite Fayette; nos relata como el
General Soult envía a su Coronel de Estado Mayor Jean Luc Bagnorea, con 300 caballos a reconocer la ciudad.
Dejando otros 200 caballos vigilando la carretera de Cartagena, y sorteando cuantos disparos les hicieron, no
deteniendo la marcha, siendo en uno de esos disparos donde fui herido en el pecho. Llegaron los franceses a
la ciudad atravesando la antigua plaza de toros (Pza. Camachos) y por el puente salieron al Arenal, llegando al
Ayuntamiento. Pero antes inspeccionaron la ciudad comprobando que no había ni rastro del Ejército Español.
Cuando la caballería francesa entro en Murcia el sábado día 25 de Enero, disparando al aire y dando gritos en
francés, mientras sus caballos causaban el pánico de los murcianos que horrorizados, corrieron a sus casas
donde cerraron puertas y ventanas, y escondiendo lo poco o mucho de valor que tuviesen. A todos les vino a
la memoria la última visita de los franceses, donde causaron tal devastación en la ciudad, y donde el saqueo,

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Murcia
la profanación de iglesias, el robó y violaciones, estuvieron a la orden del día. Como una plaga de langostas,
los franceses arramblaron con casi todo lo de valor de la ciudad.
Se instalo en el Palacio Episcopal y mando algunos de sus coroneles con un pelotón de soldados a por sus impuestos
de guerra que había solicitado el día anterior. Mientras pidió que se sirviera un buen banquete, para celebrar su
triunfo sin disparar un solo tiro.
El regidor se ofrece a mediar con la población para que no haya altercados con los soldados saliendo a la calle
personalmente e intentar calmar a la ciudadanía. Pero los franceses tenían orden tanto con botín o sin el, llevarse por
las buenas o por las malas todo lo de valor que hubiese en la ciudad.
Pero en la mañana del día 26 el saqueo en los palacios, profanación de iglesias y conventos, violación de mujeres y
asesinatos de quien se resistía eran mas que evidentes. La Catedral, el Seminario, los palacios de los nobles, los
plateros cerraron sus comercios y huyeron, las tabernas fueron asaltadas, los ciudadanos humillados e impotentes
apenas podían levantar la voz ante la amenaza de las bayonetas francesas.
Martín de la Carrera se prepara para hacer frente a los franceses. Habiendo pasado como una milla desde el
inicio de la marcha, encuentran una casa solariega a la que llaman el Huerto de las Bombas, donde
comprueban que hay como una docena de lanceros y coraceros saqueando la casa. Pronto el General da
orden al Coronel Santiago Wal, de cargar a sangre contra ellos. El Coronel con parte de los dragones
españoles sorprende a los franceses a los que no da tiempo de montar en sus caballos, cayendo la mayoría
muertos o heridos.
Después del intento de liberar Murcia, el General será abatido en la calle de San Nicolás. El Coronel de Dragones
Joseph Sparre cuenta que dieron muerte al jefe de Estado Mayor el General La Carrera en el Arenal.
4.6.6.- El saqueo de San Juan de Dios.
Como hemos visto, Murcia fue atacada en sucesivas ocasiones y ocupada por las tropas francesas comandadas por los
generales Sebastiani y Soult, quienes, indiscriminadamente, saquearon villas y pueblos, amén de la capital.
Conocemos por las crónicas de entonces que conventos, iglesias y palacios fueron ocupados y saqueados sus bienes
de 1810 a 1812, con la consiguiente pérdida de bienes muebles estimables del patrimonio regional.
Un episodio bien documentado fue el de la visita del General Soult al Convento-hospital de San Juan de Dios.
Seguramente para visitar a los soldados franceses allí atendidos, cuando paseando por el recinto, se fijo en un

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Murcia
magnífico apostolario, seguramente de algún maestro de la zona, y del siglo XVII-XVIII, doce pinturas de
considerables proporciones que decorarían el claustro o las paredes del refectorio.
Dicen las crónicas que el General se intereso por el mencionado conjunto pictórico, y fue tal la insistencia, que el prior
del convento decidió (imaginamos que conocía los precedentes del saqueo de Murcia dos años antes), y ante la
amenaza velada de un nuevo expolio de la ciudad por las tropas francesas, regalar las pinturas al general.
No disponemos de muchos más datos de estas pinturas, ni sabemos con seguridad si pertenecían al convento antes
de la reforma llevada a cabo por disposición testamentaria de don José Marín Lamas, Racionero Entero de la Santa
Iglesia de Cartagena, ya que en su testamento no relaciona con detalle las pinturas de su propiedad donadas al
convento, o por lo menos, estas no aparecen señaladas.
Lo que si disponemos es de la información detallada de su testamento, y el inventario de alhajas y orfebrería que
dona para el ornato de la nueva iglesia de San Juan de Dios, algunas de ellas desaparecidas por el expolio llevado a
cabo por los franceses el día 26 de Enero de 1812.
Inventario de alhajas:
Orfebrería:
Las valiosas piezas que don José Marín lega al convento para un mayor realce en el adorno y culto que se le
ha de procurar a la custodia son las siguientes: un frontal de plata ya labrada, en planchas, con follajes y
diversas piezas de cobre para completar su ornamentación, así como todos los elementos necesarios para su
montaje (tomillos, piezas de nogal, etc.).
Debemos suponer que tan rico frontal estaba destinado al altar donde se colocaría la custodia, en un
tabernáculo de plata también ya realizado que en unión de otras alhajas estaba depositado en casa de don
Félix Diéguez. Para enriquecer aun más este altar le destina candeleros y ramos de flores en plata, así como
los objetos propios del servicio religioso: vinajeras, campanilla, cajita para las hostias, cáliz y patena, todo en
el mismo metal, y algunas piedras preciosas sueltas, sobre todo diamantes, y finalmente la custodia,
protagonista y verdadera causante de la construcción de la nueva iglesia. Su altura era de tres palmos menos
dos dedos, con pie en forma de nube recorrida por un letrero con el nombre del donante y la fecha en que se
mandó hacer (año de 1751). Figuras de querubines, símbolos eucarísticos y marianos, y signos del zodíaco
combinados con perlas, rubíes, diamantes, oro y plata completaban el diseño de esta riquísima pieza, por lo
que no es de extrañar que su propietario al legarla la rodeara de todas las medidas de precaución posibles
(reja en la capilla y religioso que la custodiara día y noche). Desgraciadamente todo resultó en vano ya que la

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Murcia
pieza fue robada de la iglesia en el año de 1812, fecha por demás propicia para estos actos vandálicos, y
sigue sin aparecer hasta nuestros días.
La obra de la custodia se le atribuye a Salzillo. Una de las grandes pérdidas del patrimonio murciano en aquellas
nefastas fechas de la ocupación francesa.
5.- LAS DESAMORTIZACIONES ECLESIÁSTICAS.
Las disposiciones desamortizadoras se dirigían a liberar la tierra de las llamadas manos muertas. El objetivo
era favorecer la aparición de nuevas propiedades privadas que dinamizasen el mercado y proporcionasen
mayores ingresos tributarios a la Hacienda Pública, más allá de los ingresos directos provenientes de la venta
en subasta pública de unas tierras declaradas bienes nacionales.
5.1.- La política desamortizadora durante el periodo liberal.
Es frecuente señalar que las desamortizaciones tuvieron un triple objetivo: político, económico y social.
- Social, porque privaba a los antiguos estamentos de su fuerza económica y preparaba la sustitución de la
sociedad estamental por una sociedad de clases.
- Político, por cuanto aumentaba, en los beneficiarios de estas medidas, los partidarios del liberalismo, en
contraposición a los absolutistas, identificados con el Carlismo, y contrarios a cualquier alteración del orden
establecido.
- Económico, porque permitía hacer frente a la gran deuda acumulada.
5.1.1.- Los beneficiados.
No obstante, el grado de relevancia de estos objetivos también ha sido discutido.
Resulta lógico el deseo de ganar adeptos a la causa liberal, fundamentalmente entre las clases nobiliarias; o al
menos, el intento de evitar enemigos. La nobleza, estamento que junto a la Iglesia detentaba la mayor parte
de las tierras, no sólo no vio en peligro sus posesiones, sino que resultó ser la mayor beneficiaria de la
operación mediante la compra masiva de terrenos nacionalizados. Resulta más endeble el argumento de crear
una amplia base de pequeños propietarios. No se entiende, como señala Tomas y Valiente, «quién sería el
“ser benéfico” que, teniendo dinero para comprar fincas para sí, fuera a prestárselo a algún jornalero
insolvente ».

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Murcia
5.1.2.- El sistema de ventas.
Por otra parte, el sistema de venta elegido —subasta pública, donde los bienes pasaban al mejor postor—,
hacía muy difícil el reparto de tierras entre pequeños propietarios, lo que demuestra que Mendizábal no tenía
como objetivo llevar a cabo una reforma agraria4. No se discute, en cambio, la apremiante necesidad
económica por la que pasaba el Estado. En 1836 la deuda activa era de 1.500 millones de reales, y la presión
de los acreedores cada vez mayor. Por eso, coincidimos con Germán Rueda en que, sin negar la existencia de
otras causas, que él denomina difusas», Mendizábal pensaba, sobre todo, en resolver el problema de la
hacienda.
5.2.- Precedentes históricos.
La cuestión de la deuda pública es un problema que se remonta a la centuria anterior, especialmente a sus
últimas décadas. Para Tomas y Valiente, gran parte de este dudoso mérito correspondía al Valido del Rey,
Manuel Godoy, quien, en apenas quince años, condujo a España a una serie de costosísimas guerras que
esquilmaron la hacienda: contra Francia (1793-1795), contra Portugal (1801-1803) y contra Inglaterra (1797-
1801 y 1804-1808)7; a las que poco después se sumó la Guerra de la Independencia (1808-1814).
5.2.1.- Los primeros intentos.
Por lo demás, las medidas desamortizadoras no fueron un invento liberal. En España, sus orígenes se
remontan a los intentos de reforma agraria de Carlos III y a los informes de intendentes y ministros como
Pablo de Olavide o Jovellanos, que planteaban el perjuicio que suponía para la hacienda la amortización de
tierras en poder de manos muertas, por sustraerse a tributos y obstaculizar la producción.
Sin embargo, conviene recordar que las propuestas de éstos y otros ilustrados solían ceñirse a los baldíos y
propios concejiles. Existía una actitud dulcificada y comprensiva ante la Iglesia, con la que en todo caso se
recomendaba proceder de forma negociada, a fin de evitar que siguiese acumulando tierras.
5.2.2.- La compañía de Jesús. Los jesuitas en Caravaca y Murcia.
Caso aparte es el de la Compañía de Jesús, expulsada de España mediante la Pragmática Sanción dictada por
Carlos III, en abril de 1767, y suprimida por el Papa Clemente XIV en 1773. Sus bienes pasaron a la Hacienda
Real, pero muchas de estas propiedades —las destinadas al culto, residencias de religiosos y colegios— no
podían ser puestas en venta y continuaron sirviendo a sus fines bajo la dependencia de otras entidades.
Destacar que la disolución de los jesuitas afecto a dos grandes conjuntos monumentales en la Región de
Murcia.

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Murcia
Uno de ello fue el Conjunto de la Iglesia y colegio de la Compañía de Jesús en Caravaca de la Cruz. A lo largo
de los siglos XVI-XVIII, se construye un inmenso complejo, que todavía a principios del dieciocho se está
ampliando con un magnífico claustro de cantería.
Con la expulsión de los Jesuitas en 1767, se inicia el declive del conjunto por su propio abandono y falta de
cuido. En primer lugar la iglesia continuó abierta al culto, como ayuda de la parroquia, mientras que en 1769
se instalaba un colegio, siguiendo con la tradición del edificio.
La iglesia también fue sede, a partir de 1789, de una cofradía fundada por labradores, en torno a la
advocación de San Isidro.
Un tanto de lo mismo ocurrió con otro grandioso conjunto monumental en la capital, el Colegio e Iglesia de
San Esteban, una de las primeras fundaciones jesuitas en el reino de Murcia. Tras la expulsión de los Jesuitas
en 1767 fue ocupado por la Compañía de Dragones de la Reina y en 1770 se trasladó la Casa de Misericordia
albergando así mismo el Manicomio Provincial.
5.2.3.- Las Cortés de Cádiz.
Esta es la base del proceso desamortizador del siglo XIX, caracterizado, como apuntaba Tomas y Valiente, por
la «apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a
manos muertas; venta de los mismos, y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de
los títulos de la deuda».
Mientras tanto, las Cortes de Cádiz, sin ir tan lejos, reconocían la necesidad de procurar nuevos ingresos. El
Decreto de 13 de septiembre de 1813 vinculaba a los bienes nacionales aquellos confiscados a los traidores,
los de las temporalidades de los Jesuitas y los de los conventos o monasterios destruidos durante la guerra o
suprimidos por disposición del gobierno intruso. Lo mismo ocurría con los bienes de las órdenes militares de
Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, así como gran parte de las propiedades y
sitios reales; y poco después con los procedentes de la extinta Inquisición.
Respecto al clero regular, el Decreto de 17 de junio de 1812 estableció el secuestro de los bienes de las
órdenes suprimidas por la disposición bonapartista de 18 de agosto de 1809. Para las Cortes de Cádiz se
trataba de una medida provisional, con el objetivo de reintegrar los bienes a sus legítimos propietarios llegado
el caso. No obstante, en opinión de Tomás y Valiente, muchos diputados estuvieron tentados de proclamar
definitivos estos secuestros, y la idea quedó instalada en ellos.

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Murcia
Así, durante el Trienio Progresista se restablecieron las disposiciones de Cádiz.
5.2.4.- Las primeras disposiciones desamortizadoras.
La desamortización eclesiástica se retomó con el R. D. de 9 de agosto de 1820, que significaba el
restablecimiento del Decreto de 13 de septiembre de 1813, incluyendo entre los objetos a enajenar los
procedentes del Santo Oficio. Poco después, por Decreto de 1 de octubre de 1820, se suprimían «todos los
monasterios de las órdenes monacales; los canónigos regulares de San Benito, de la congregación claustral
tarraconense y cesaraugustana; los de San Agustín y los premonstratenses; los conventos y colegios de la
Órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara; los de la de San Juan de Jerusalén, los de la
de San Juan de Dios y los betlemitas, y todos lo demás de hospitales de cualquier clase »; todos sus bienes
quedaban aplicados al crédito público.
Por último, el 11 de octubre se promulgaba de Ley de desvinculaciones, que suprimía todos los mayorazgos,
fideicomisos, patronatos y cualquier otra vinculación de bienes; y que prohibía la adquisición de nuevos bienes
a todo tipo de manos muertas.
5.2.5.- Un caso en tierras murcianas.
En el transcurso del Trienio constitucional o liberal (1820-1823), el Gobierno moderado de Francisco Martínez
de la Rosa acordó la desafección de todos aquellos conventos y monasterios del país que tuviesen menos de
24 profesos.
En Jumilla era el caso tanto del Convento de las Llagas de San Francisco como del Convento de Santa Ana,
por lo que los frailes fueron exclaustrados marchando en su mayoría a Cartagena, ordenándose la custodia de
los bienes de la comunidad religiosa y su conservación en lugar seguro (acaso en dependencias del
Ayuntamiento), y habilitándose 400 camas para instalar en dependencias del Convento de las Llagas -una vez
secularizado y que serviría de lazareto- a tropas del batallón de milicianos nacionales de Chinchilla durante ese
tiempo.
Una vez restaurado el absolutismo con Fernando VII, los frailes regresaron al convento, estando constituida la
comunidad religiosa entonces por diez predicadores, un ordenado “in sacris”, tres coristas y cuatro legos.
Muchos de estos religiosos tomarían luego partido por la causa liberal carlista.

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5.3.- Leyes desamortizadoras.
El 4 de Julio de 1835 se promulga un decreto por el que se suprimía la orden de los Jesuitas y sus bienes pasarían a
contribuir a la supresión de la deuda pública; se exceptuaban los objetos artísticos y culturales, que debían ser
entregados a los institutos de ciencias y artes para su conservación.
El 25 de Julio de 1835 se promulgó un real decreto que dictaba la supresión de los conventos y monasterios de
religiosos con menos de 12 frailes profesos; en el artículo 7 se dictaminaba la nacionalización de los bienes de los
conventos suprimidos a fin de contribuir a la reducción de la deuda pública.
5.3.1.- Las Desamortizaciones de Mendizábal.
Fue el nuevo gobierno de Mendizábal el que procedió mediante real decreto del 11 de octubre de 1835 a la supresión
de las órdenes monacales, como se aclaraba en el preámbulo, por estimar desproporcionado el número de conventos
existentes, además de considerarlos innecesarios e inútiles para la existencia espiritual de los fieles; se decretaba así
la expropiación de sus fincas con el propósito de aumentar los recursos del Estado y procurar nuevas fuentes de
riqueza.
En 1836 aparecen nuevas medidas. El R. D. de 19 de febrero puso en venta “todos los bienes raíces de
cualquier clase que hubieran pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los
demás que hayan sido adjudicados a la nación por cualquiera título o motivo y también todos los que en
adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación”.
Por su parte, el R. D. de 9 de marzo supuso la exclaustración de la práctica totalidad de los conventos y
monasterios masculinos, y la apropiación para la Hacienda de todos sus bienes:
«Art. 1º. Quedan suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás
casas de comunidad o de instituto religioso de varones, inclusas las de clérigos seculares, y las de
las cuatro órdenes militares y S. Juan de Jerusalén, existentes en la Península, islas adyacentes y
posesiones de España en África. […]».
Un año más tarde el R. D. de 27 de julio de 1837 amplió la supresión a «todos los monasterios, conventos,
colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos».
En 1841, bajo la regencia del General Espartero, el R. D. de 2 de septiembre ordenó la apropiación de todas
las propiedades del clero secular.

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5.3.2.- La Desamortización de Madoz.
Finalmente, durante el Bienio progresista el propio General Espartero, desde el Gobierno, propició la última
gran medida desamortizadora, que culminaba el trabajo iniciado por Mendizábal. La Ley de 1 de mayo de
1855, elaborada por Pascual Madoz, Ministro de Hacienda, era la más ambiciosa y la de mayor alcance de las
medidas hasta ahora emprendidas, poniendo en venta «todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros
pertenecientes: Al Estado. Al clero. A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San
Juan de Jerusalén. A cofradías, obras pías y santuarios. Al secuestro del ex-infante don Carlos. A los propios y
comunes de los pueblos. A la beneficencia. A la instrucción pública. Y cualquiera otros pertenecientes a manos
muertas, ya estén o no mandado vender por leyes anteriores».
5.4.- La protección de los bienes histórico-artísticos en la legislación desamortizadora.
A pesar del importante perjuicio que supusieron para nuestro patrimonio las desamortizaciones y las guerras,
durante el periodo isabelino se observa una creciente preocupación por conservar los bienes históricos y
artísticos procedentes de los conventos suprimidos. De hecho, la propia normativa desamortizadora contenía
las primeras disposiciones en este sentido.
El R. D. de 4 de julio de 1835, que suprimía la Compañía de Jesús, excluía de los bienes aplicados a la
extinción de la deuda «las pinturas, bibliotecas y enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y
artes, así como también los colegios, residencias y casas de la Compañía, sus iglesias, ornamentos y vasos
sagrados, de los que me reservo disponer» (Art. 7).
La misma fórmula se encuentra en el R. D. de 25 de julio de 1835: «Se exceptúan con todo de esta aplicación
los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes,
así como también los monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados» (Art. 7).
Estas cláusulas requerían de una laboriosa tarea de inspección y recolección, que los gobernadores civiles
provinciales no podía afrontar sin la ayuda de personas destinadas al efecto. Por ello, la R. O. de 29 de julio
de 1835 mandó crear comisiones provinciales destinadas a «examinar, inventariar y recoger cuanto contengan
los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos, y las pinturas, objetos de escultura u
otros que deban conservarse» (Art. 1).

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5.4.1.- Más leyes y decretos protectores.
Los R. D. de 19 de febrero y de 9 de marzo de 1836 incluyeron nuevas normas.
- El primero exceptuaba de la venta «los edificios que el Gobierno destine para el servicio público, o para
conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales» (Art. 2).
- El segundo dictaba que: «Los ordinarios podrán, con la aprobación del Gobierno, dedicar a parroquias las
iglesias de los conventos suprimidos que sean necesarias [Art. 22]; del mismo modo podrán disponer a favor
de las parroquias pobres de sus diócesis de los vasos sagrados, ornamentos y demás objetos pertenecientes
al culto, excepto aquellos que por su rareza o mérito artístico convenga conservar cuidadosamente, y los que
por su considerable valor no correspondería a la pobreza de las iglesias [Art.23]; podrán destinarse para
establecimientos de utilidad pública los conventos suprimidos que se crean a propósito [Art.24]; asimismo se
aplicarán los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecientes a los institutos de ciencia y artes, a las
bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública [Art. 25].»
5.4.2.- Consecuencias para el legado histórico-artístico.
Gran cantidad de antiguos centros religiosos quedaron condenados a la ruina, y sus bienes a una segura
dispersión, cuando no desaparición, tras la promulgación del decreto desamortizador de Mendizábal de 1835.
No fue la única, pero si la más traumática.
Podemos decir que propicio una especie de gran debacle para el patrimonio de cientos de conventos y
monasterios, y esto es decir mucho, pues la riqueza histórico-artística del país se encontraba
mayoritariamente en manos de la iglesia.
A la expropiación forzosa de las fincas detentadas por las órdenes monásticas, siguió una incontrolada
dispersión de los bienes que éstas atesoraban, y ello a pesar del organigrama administrativo- comisiones
provinciales de monumentos, Museos Provinciales de Bellas Artes, etc… - dispuesto por el Estado a fin de
encontrar nuevo acomodo a miles de obras de arte expuestas a malsanas codicias y a furores que poco
entendían del respeto a las artes y a la historia.
5.5.- Las desamortizaciones en tierras murcianas.
La aplicación de los inmuebles desamortizados a fines públicos tuvo, por tanto, distintas fórmulas. En
ocasiones, los edificios fueron ocupados por la propia administración, como ocurrió frecuentemente con las
oficinas de Hacienda o las dependencias de las Diputaciones y del Gobierno Civil. Otras veces fue el ejército
quien se instaló en los viejos edificios conventuales, adaptándolos a sus necesidades.

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En ocasiones, muchas instituciones culturales y benéficas, como escuelas, institutos, hospitales u hospicios, se
beneficiaron de estos espacios.
Cuando los edificios amenazaban ruina o requerían de grandes inversiones, la solución más frecuente era su
derribo.
5.5.1.- De interés público.
Como señala Bello, en muchas ocasiones los intereses del Gobierno y de las provincias se vieron enfrentados.
A éstos últimos solía interesar la conservación y reutilización de los edificios, pero con esta solución la
Administración central veía disminuidos sus ingresos. Por eso las cesiones se realizaban si se cumplían unas
determinadas condiciones: que el edificio se adecuase al propósito que se destinaba, que no estuviese
designado para la venta o prometiese mayores réditos económicos, y que se aceptase el pago de un canon.
La cesión de los inmuebles era beneficiosa socialmente y, de hecho, muchos diputados veían en este proceso
una oportunidad para la modernización de las retrasadas instituciones culturales españolas. Sin embargo, los
intereses económicos solían prevalecer sobre el resto. El trámite para la para la cesión era lento, y la urgencia
por hacerlos rentables dio lugar a una política de derribos demasiado generalizada —los solares podían ser
puestos en venta, o aplicarse a la mejora urbanística ampliando calles o creando nuevas plazas—.
5.5.2.- Las consecuencias de la desamortización en Murcia.
En la provincia de Murcia, el destino más común de los edificios desamortizados fue su reutilización para fines
públicos; por encima incluso de los derribos y las nuevas construcciones.
Estos viejos edificios constituían una carga para el comprador particular, debido a los grandes gastos de
mantenimiento y a su difícil aprovechamiento. Por otra parte, a diferencia de lo en ese momento que ocurría
en urbes como Madrid o Barcelona, donde se vivía una espiral constructiva que atraía a los especuladores, en
provincias como Murcia lo que realmente tenía valor eran las tierras. Fue, por tanto, la falta de postores lo
que ocasionó que casi todos los edificios desamortizados de Murcia quedasen en manos de la Administración.
Como señala Blanco, solo dos inmuebles, el de Agustinos de Cartagena y el de la Merced de Murcia,
interesaron a los compradores.
El Convento de Santa Isabel es un buen ejemplo de la aplicación de los inmuebles para mejoras urbanas.
Ubicado en plena traza medieval, laberíntica y abigarrada, su derribo en 1836 dio lugar a una amplia plaza
que pronto se convirtió en centro de la vida social murciana. Solución muy común en las transformaciones
urbanísticas de este siglo, en el que se pasa de la ciudad-convento a la ciudad moderna.

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Del resto de edificios, conocemos algunos informes realizados por los miembros de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Murcia. Se trata de documentos fechados entre enero y agosto de 1837, un
periodo en el que se acentúa el interés del gobierno por los bienes nacionalizados, como demuestra la
creación, mediante R. O. de 27 de mayo de 1837, de unas Comisiones Provinciales Científico Artísticas, cuyos
objetivos eran la formación de inventarios y el traslado y conservación de los objetos de mérito a lugares
apropiados, como museos o bibliotecas.
En el caso que nos ocupa, la Real Sociedad Económica de Murcia es una institución fundamental. Fue la
responsable, en virtud de la R.O. de 29 de julio de 1835, de «examinar, inventariar y recoger cuanto
contengan los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos, y las pinturas, objetos de
escultura u otros que deban conservarse»; y, en mayo de 1937, se le encomendó que formase la Comisión
Provincial Científico Artística de Murcia.
El primero de los documentos mencionados es una contestación a un oficio de la Junta de Enajenación de la
provincia, en la que se recoge el parecer de la Económica sobre el mejor destino de los edificios suprimidos.
Quitando una serie de edificios aprovechables a otros fines —Convento de San Francisco para oficinas
provinciales; San Juan de Dios como hospital; la Trinidad cono cuartel; la Purísima par dependencias de la
Real Sociedad; y Santa Catalina para un Lazareto—,
«Todos los demás, en sentir de esta comisión deben venderse […] por ser el único medio que
puede reportar más utilidad efectiva al Estado. Porque a la verdad, cortísima sería la cantidad que
produciría la venta para su derribo, porque esta población afortunadamente no es tan insalubre que
necesite de mas ventilación, pues que la altura general de sus edificios no se la impide ni le faltan
tampoco plazas para su mayos desahogo. […] no así vendiéndolos como están, pues en este caso
valoran más los otros materiales, se pagarán los solares y se emplearán por más tiempo jornaleros,
porque todo comprador derribará y reedificará».
Fechado el 19 de enero de 1837, llama la atención que en su dictamen no hay cabida a razones históricas o
artísticas.

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5.5.3.- El destino de los conventos de Murcia.
No ocurre lo mismo con el documento fechado en julio del mismo año. Si bien el destino previsto para muchos
de estos edificios no difiere de lo apuntado meses atrás, se observa ahora un juicio estético en sus
argumentos, e incluso un posible aprovechamiento artístico. Veamos algunos ejemplos:
1.- «El Convento de San Francisco por la bella arquitectura de su obra nueva, magnífica escalera de dos
ramales colocada en medio de dos patios decorados […] su orden arquitectónico, que puede servir como de
escuela a los jóvenes que se dediquen a este estudio; debe conservarse destinándolo para oficinas
provinciales.
2.- Santo Domingo, por sus grandiosos salones, bellísimo patio y bóvedas, extensa capacidad y fortaleza de
su obra puede destinarse para casa Coliseo.
3.- La Merced, aunque el orden arquitectónico de su patio pudiera servir de modelo y estudio para los que
se dedican a la arquitectura, careciendo lo demás de él de objeto alguno que recomiende su conservación y
por otra parte no siendo susceptible para ninguna clase de establecimiento pudiera habilitarse en el casa
particulares en beneficio del Erario, reservando su magnífica iglesia, que tanto por su hermosura como por su
localidad puede servir de ayuda de parroquia dando culto a la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios, a quien
los murcianos profesan una antigua devoción.
4.- San Agustín. Este edificio no es de los más aventajados por su arquitectura, pero sí por su mucha
localidad,[…] muy ventilado, tanto por la espalda que cae a la huerta como por la fachada que da a una
anchurosa plaza, quizá la mayor de esta capital puede destinarse con bastante proposición para un cuartel, y
su iglesia que fuera de la de la catedral es la más capaz y que su espaciosa nave y grande altura la dan un
aspecto majestuoso, debe destinarse para reunión del publico en actos civiles o religiosos en que no pueda
citarse a la intemperie.
5.- La Trinidad: Este convento que se haya en el entorno de Levante de la ciudad no tiene otra
particularidad que el patio adornado de columnas de mármol; su templo está a medio construir y todo ello no
puede ser aplicable más que o para cuartel, por estar muy ventilado con una gran plaza a su frente y casi en
la misma huerta o para formar casas particulares en beneficio del vecindario y del Erario.

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6.- Colegio de la Purísima: este pertenecía a los regulares franciscanos, aunque de solidez no es tan capaz
como los conventos, disfruta de buenas vistas al paseo del Malecón y orillas del Segura por la parte del
mediodía y por la del norte a lo más público de la ciudad. En 1822 fue concedido por S.M. a esta Sociedad
Económica para establecer en él sus enseñanzas, y lo ha sido nuevamente en el año últimos, aunque pagando
por él un módico alquiler.
7.- San Juan de Dios: este convento tiene bastante solidez, mucha capacidad buena ventilación y propio
para el destino que tiene de hospital general; sus grandes y magníficos salones construidos de mármol para el
objeto, sus altas bóvedas la reunión a los edificios destinados para la cura del venéreo y convalecencia, con
habitaciones adecuadas para los asistentes, una capilla muy proporcionada, que es una graciosa rotonda, su
magnífica escalera, grande patio y demás que le adornan no dejan que desear para el objeto a que está
destinado.
8.- Santa Teresa: este convento en nada es ventajoso, sin capacidad ni proporción para establecimiento
público […]. Solo puede ser aplicable para casas particulares.
9.- San Felipe: este edificio es bueno en cuanto a solidez, pero no presenta [¿obra?] interesante a las artes,
su capilla sería utilísima si se agregase a la iglesia parroquial de Santa Eulalia, de quien solo la divide una
pared, y lo demás convertirlo en casa particulares».
Otros: El informe conservado en el Archivo Municipal de Murcia, recogido por Dora Nicolás, nos amplía la
información a otros conventos relevantes: el de Verónicas, que «no presenta belleza alguna que le haga digno
de conservarse, su situación en la plaza de las verduras le constituyen en el caso de ser destinado por casas,
con grande beneficio del Estado por el valor que tiene las que lindan con él»; y el Convento de San Jerónimo,
situado a las afueras de la ciudad, «construido en 1507, sus grandes bóvedas, magníficos aposentos,
suntuosa escalera y más que todo su ventilación por hallarse en una altura y sin edificio alguno en sus
alrededores, debe destinarse para Lazareto de observación y aún si se quisiera a enfermería ». Es curioso,
además, que a propósito del señalado Convento de San Francisco, se utilice incluso el término de museo para
referirse a su uso por parte de estudiantes de arquitectura —«…puede servir de un museo, donde los jóvenes
puedan estudiar la construcción de toda clase de bóvedas y arcos… »—.
Resumiendo; En la capital quedaron sin postor 5 fincas urbanas, entre ellas 4 conventos, de los cuales el de
San Jerónimo estaba en las afueras y los otros tres, San Agustín, San Francisco y San Diego, en el casco
urbano, habiendo sido reducido el último a solar, ya que en 1836 fue destruido.

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Murcia
En 1836 se destruyeron 3 conventos: San Diego, Santa Teresa y los Capuchinos; en 1843, el Ayuntamiento
toma posesión de los conventos de San Agustín. Verónicas y colegio de la Purísima, quedando la iglesia de
San Agustín en situación de abandono y pasando a formar parte de la parroquia de San Andrés. El convento
de las Carmelitas Calzadas pasa a depender de la parroquia de Santa María, en el barrio de San Benito, y es,
en la actualidad, la parroquia del Carmen, el barrio del ensanche murciano del siglo XIX; la iglesia del
convento de la Merced se anexiona a la parroquia de San Lorenzo, mientras que el Convento de la Merced, así
como el de San Felipe Neri, son adquiridos por particulares, y el convento de San Antón se destina a la
enseñanza de primeras letras.
También son destruidos otros conventos pero por necesidades urbanísticas, como ocurre con el de Santa
Isabel, sobre el que se realiza la plaza de Chacón, que debe su nombre a D. Pedro Chacón, jefe político de
Murcia en 1835 y 1836 y destacada personalidad política de estos años, y con el de los Dominicos, en cuyo
solar se levantara el teatro Romea, conservando, la plaza en que se sitúa, su nombre de plaza de Santo
Domingo.
Según el Archivo Histórico Nacional, existen en toda la provincia 59 conventos; Simón Segura contabiliza 53 y
en la capital había 23, catorce masculinos y nueve femeninos, de los que hemos localizado un total de
catorce.
Pascual Madoz contabiliza casi 40 edificios, de carácter religioso o público, que han superado la fase de la
desamortización y que son, aparte de las 11 parroquias establecidas en la ciudad, cada una con su edificio
corresponden te, otras 9 iglesias que pertenecen a las parroquias y proceden de la desamortización. Se trata
de las de San Juan de Dios, el Pilar, la Purísima, Jesús, Santiago y el Rosario, la Merced, San José y el
Carmen.
A esto hay que añadir 8 conventos de monjas, 3 colegios, la Catedral, el Palacio Episcopal, dos hospitales, un
hospicio, una casa de expósitos, un pósito y una cárcel.
5.6.- Un ejemplo en tierras murcianas: Jumilla.
El convento de Las cinco llagas de San Francisco fue uno de los edificios religiosos más destacados de Jumilla
desde su fundación en el siglo XVI.
Este convento franciscano fue uno de los primeros afectados por las leyes desamortizadoras de los bienes de
la iglesia en 1836, perdiéndose innumerables obras artísticas, y una magnífica biblioteca, que se consideraba
de las mejores de la región.

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Nada queda del edificio que albergó a los franciscanos en Jumilla, tan sólo un árbol del huerto que nos
recuerda su lugar, donde hoy se levanta el teatro Vico.
“Perteneció desde sus orígenes a la Provincia Franciscana de San Juan Bautista de Valencia y desde
1744 a la “Custodia independiente de San Pascual Bailón del Reyno de Murcia”.
Por algunos testimonios literarios y gráficos conservados (fotografías de fines del siglo XIX y dibujos a plumilla
contemporáneos de Juan Gil Canicio, que son copias recreadas de grabados perdidos –se dice-), sabemos que
se trataba de un cenobio de principios del siglo XVII, de estilo renacentista, compuesto del convento con sus
dependencias (claustro bajo y alto con sus celdas, el capítulo, la librería, el refectorio, la cocina y la portería),
edificios de servidumbre y un gran huerto que se extendía hacia el Este de la población, protegía una alta
tapia y era regado con el agua procedente de la Fuente de la Villa; la iglesia, que se puso bajo la advocación
de las Cinco Llagas de San Francisco, ampliada durante la segunda mitad de la centuria del XVIII en estilo
barroco, anexionándosele una gran Capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores o de la Soledad y fue
costeada por la Venerable Orden Tercera; y el hospicio anejo, destinado a menesterosos y peregrinos.
5.6.1.- Algunos datos sobre la iglesia y el convento.
La iglesia, considerando su primitiva fábrica renacentista, era una construcción de inicios del XVII, de planta
de cruz latina, de una sola y amplia nave volteada con bóveda vaída a la que se abrían capillas laterales que
cerraban con reja de madera, crucero y presbiterio de cabecera recta, con cubierta exterior a doble vertiente,
situándose a los pies del templo un coro en alto y la elevada y esbelta fachada de estilo barroco y de gran
sencillez compositiva, con puerta de ingreso que la centralizaba flanqueada por sendas torres-campanario y a
la que precedía un atrio o “compás de los Dolores”, que debió integrar un “vía crucis”.
Hay que dejar constancia de que la iglesia de San Francisco y la aneja Capilla de la Orden Tercera constituían
dos edificaciones encajadas en ángulo recto (muy semejante en tipología y organización a la iglesia
conventual franciscana de Yecla, único resto que se conserva del desaparecido cenobio en la vecina localidad
murciana) y que pese a su uniformidad, mostraban características propias de época diversa, distinguiéndose
visto desde los pies (y según pone de manifiesto el dibujo a plumilla que se reproduce) el edificio antiguo del
templo, y en el ala de la izquierda y en línea de fachada la parte añadida longitudinalmente, correspondiente a
la fábrica de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, construida sobre terrenos de secano del convento a
promedios del siglo XVIII (año de 1764).

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5.6.2.- Malos tiempos para el convento. La desamortización de Mendizábal. La dispersión y
pérdida del patrimonio artístico conventual y el derribo del convento franciscano.
Al igual que fue el caso de tantos cenobios españoles crecidos en número de religiosos, el Convento de las
Cinco Llagas de San Francisco, de Jumilla, será extinguido en octubre de 1835 con la promulgación de la Ley
de disolución de órdenes religiosas, según decreto desamortizador de Juan Álvarez de Mendizábal,
disolviéndose la comunidad franciscana que lo custodiaba un año después (agosto de 1836, compuesta por 19
religiosos, de ellos 13 ordenados y 6 legos), enajenándose sus bienes raíces y originando la dispersión de su
legado artístico, y, en años sucesivos, la progresiva ruina y desaparición del inmueble en 1866, y la
destrucción de gran parte de su patrimonio mueble durante los preludios de la guerra civil española de 1936-
1939, que se hallaba acogido en la Iglesia parroquial de El Salvador de la ciudad.
5.6.2.1.- La dispersión y destrucción del patrimonio conventual.
Haciendo alusión, en primer lugar, al destino de algunas de las obras de arte que albergaba la iglesia
conventual, los lienzos del retablo mayor (“La Anunciación”, “La familia de la Virgen”, “La Trinidad en la
Tierra” y “San Francisco en la Porciúncula”), pintados por Lorenzo Suárez en el siglo XVII, pasaron
desmembrados a la iglesia del Convento franciscano de Santa Ana del Monte, de dicha población, al igual que
la imagen del “Beato Andrés Hibernón”, obra escultórica de Roque López, del año 1792, donde se conservan
en la actualidad, mientras que la talla de “San Pedro”, de Francisco Salzillo, fue llevada a la Iglesia mayor de
Santiago.
Y las imágenes escultóricas del “Cristo de la Salud (Crucificado)” y de “Nuestra Señora de la Soledad o de los
Dolores” (de vestir), ambas atribuidas a Ignacio Vergara Gimeno; “San Roque” y “Santa Isabel”, las dos
imágenes obra del escultor José Gonzálvez de Coniedo; “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, de Roque López; y
Nuestra Señora de los Ángeles, de autor desconocido, pasaron a ser acogidas provisionalmente algunas en la
casa de Leonarda Pérez de los Cobos, sita en la calle de la Corredera, núm. 45 , y algún tiempo después -ca.
1844- todas las dichas a la Iglesia de ayuda de El Salvador, y pereciendo todas ellas en la devastación de
1936, que fue de gran virulencia en la zona, excepción hecha del “Cristo de la Salud”, que fue guarecido en
dependencias municipales y que subsiste en la actualidad en la mencionada iglesia, y que ocupó
circunstancialmente cuando su primer traslado la Capilla de la Comunión y ahora posee espacio propio con
retablo moderno en el crucero izquierdo; mientras que del “Nazareno” de Roque López restan algunos
fragmentos de la talla original (la mascarilla del rostro y un pie), que han sido incorporados a otra efigie bajo
la misma advocación obra de reciente del escultor murciano Arturo Serra Gómez.

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Murcia
Muchas otras obras de arte procedentes del extinto cenobio (varias otras pinturas de Lorenzo Suárez debieron
exornar el claustro franciscano), acaso pasarían a manos de particulares, ignorando hoy su paradero.
5.6.2.2.- Subasta del patrimonio.
En lo que concierne a la suerte postrera del desafectado Convento franciscano de las Llagas, su iglesia sufrió
un incendio el 20 de enero de 1838, provocado como consecuencia de las revueltas y refriegas locales
existentes entre liberales y absolutistas, perdiéndose gran parte de su patrimonio artístico y documental
(lienzos, esculturas, libros y documentación manuscrita), y haciéndose almoneda o subasta de las piezas
mobiliares y otras pertenencias que existían en el convento (objetos de culto, piezas de orfebrería,
estandartes, muebles,...) que pasarían a manos del mejor postor, mientras que los libros de la biblioteca,
junto con otros del convento de Lorca, fueron recogidos y depositados en la Biblioteca del Instituto de
Bachillerato Alfonso X el Sabio, de Murcia, fundado en 1837.
5.6.2.3.- El derribo del edificio.
En cuanto al edificio conventual, éste bien de “manos muertas” pasó a poder del Estado mediante su
enajenación, siendo cedido en 1843 al municipio de Jumilla al ser declarado de utilidad pública para establecer
en sus dependencias diversos usos: hospital (aquí se trasladaría el Hospicio del Santo Espíritu), cuartel de la
Milicia Nacional y Escuelas Públicas (de Primera Enseñanza); quedando luego abandonado a su suerte y
arruinado -de lo que se hizo eco Pascual Madoz en 1847, cuando vino a afirmar “cuyo edificio se encuentra
casi destruido”-.
El edificio será finalmente derribado, decidiéndose en 1866 sobre el solar del extinto convento la ordenación
del territorio, erigiéndose los Jardines de la Glorieta y un paseo, que fueron proyectados por el urbanista y
arquitecto provincial José María Marín-Baldo, mientras que un año después el consistorio jumillano, por
acuerdo municipal, decide levantar en terrenos de la iglesia del convento un teatro siguiendo trazas del
arquitecto Juan José Belmonte, llevándose a cabo tan solo su cimentación e interrumpiéndose las obras y
teniendo que esperar hasta 1881, año en el que el arquitecto provincial Justo Millán Espinosa realiza un nuevo
proyecto de coliseo “a la italiana”, dirigiendo las obras del que será “Teatro de la Villa” entre 1882 y 1883.

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