CONTRATO SUPCO 2016-2018

1. En su última visita como miembro del Plan Guayana Socialista, el ministro del Trabajo participó con presidentes deempresas básicas en un
diagnóstico productivo
Viernes, 07Agosto 201500:00
Ministro del Trabajo: “Si no se está en
capacidad de pagar los contratos, ¿cómo vamos
a discutir uno nuevo?”
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
La discusión de las convenciones colectivas en Venezuela están en veremos. Aunque no es nueva la práctica del
Ejecutivo de postergar las negociaciones y negar las homologaciones contractuales, el ministro del Trabajo, Jesús
Martínez, reconoce que, en efecto, no está planteado convocar a nuevas negociaciones debido a la improductividad
de las empresas estatales.
La memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo confirma esta tendencia. Comparaciones del Programa Venezolano
de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) durante los últimos 20 años, permite concluir que entre 2005 y
2014 se han homologado un 15 por ciento menos de contratos con respecto al período inmediatamente anterior.
En una entrevista concedida a Correo del Caroní durante la Exposición Internacional Bolívar Potencia, el
responsable de la cartera del Trabajo plantea que la mayoría de los contratos suscritos en Guayana no se dieron en
condiciones “legales”.

2. - ¿Cuál es la posición del Ministerio del Trabajo sobre la homologación de los contratos colectivos? ¿Por qué no
se han homologado?
- Ahorita tenemos que entrar a una revisión a todos esos niveles de convenciones colectivas que se firmaron en una
situación donde se establecieron condiciones que las empresas no estaban en capacidad de cubrirlas porque
¿cuándo se homologa un contrato? Cuando se ha debatido y se han aprobado cláusulas que permiten la viabilidad
de la empresa. El Estado es quien financia la actividad de la empresa, entonces cuando una empresa no está
produciendo para cubrir el costo del contrato pues no se homologa, entonces el Ministerio de Planificación pone el
informe correspondiente, le muestra que pueden sostenerse y ya está.
- ¿Por qué no se dio esa revisión antes de firmar los contratos?
- Eso está en revisión. Lo que pasa es que muchos gerentes… los que están nuevos casi todos se encontraron con
esa situación y lo que han ido es ajustando y recuperando la empresa. Y ahora se encuentran con que baja el precio
del petróleo, del hierro, del oro, o sea, todo está bajando. Fueron prácticas que son ilegales.
- ¿Qué pasa con la responsabilidad de los funcionarios? Fue el propio presidente Nicolás Maduro que ordenó esa
discusión.
- Sí… Ahorita no tengo información, si se han seguido procesos o no, algunos ya han sido procesados y detenidos,
pero no he puesto el acento allí, porque el acento lo estamos poniendo en cómo recuperamos la producción, cómo
armonizamos y que de verdad los derechos de los trabajadores se respeten pero que respondan a la justa
distribución de la riqueza.
- ¿En qué se traduce esto? En octubre, le decía, se vencen las actas de contrato del sector aluminio.
- Eso se verá en cada situación. Fíjate que si no se está en capacidad de pagar la actual, ¿cómo van a contratar uno
nuevo? Si no tienen para cubrir el costo de la actual contratación, mal se puede discutir otra contratación.
- Eso pasa por un acuerdo entre las partes. Legalmente les corresponde una negociación.
- Les corresponde pero hasta un límite legal, o sea un grupo de trabajadores no puede negarle a los que no tienen
empleo el derecho a tener una pensión porque, cuando llega el ingreso petrolero, la porción que designas para
cubrir lo que aquí no se produce, tiene que quitarle el pago de las pensiones a ancianos, a niños, a mujeres sin
empleo que viene cubriendo el Estado. El Estado viene cubriendo todo. Cuando yo estoy en una empresa y no
produzco para cubrir el costo de producción, que implica mi salario le estoy quitando a un porcentaje significativo el
derecho, entonces la Constitución plantea la justa distribución de la riqueza.
- Ha habido movilizaciones en el país de sindicatos hacia Inspectorías del Trabajo porque el registro ha impedido
el funcionamiento de los sindicatos. ¿Qué va a pasar con ese registro nacional?
- Mira, si un sindicato se constituye y tiene electo en el marco del lapso establecido por la ley, entonces ninguna
empresa puede negar la discusión del contrato, ni su funcionamiento. Eso no lo puede negar y eso nosotros lo
defendemos. Si no han hecho elecciones por responsabilidad del CNE nosotros no tenemos competencia para emitir
opinión sobre esa área. Es una responsabilidad del CNE y deberían ir los trabajadores a hablar al CNE. Los
trabajadores piden son apoyos logísticos al CNE.
- ¿Se ha revisado el caso de Sutiss cuyas elecciones tienen siete meses paradas?
- Sutiss, allí se dio un ajuste y está funcionando.
- Pero no se han hecho las elecciones y hay un lobby político, entiendo, sobre la mesa.
- Es que nosotros no tenemos competencia para sustituir la competencia del TSJ, nosotros nos limitamos
simplemente a darle curso en el marco de la Ley del Trabajo.
Sobre el control obrero
El titular del Ministerio del Trabajo planteó que los trabajadores han avanzado en asumir la gestión directa y
democrática de las empresas recuperadas, aunque la mayoría registran niveles de producción muy bajos. Por eso,
dijo, hay un debate nacional y una revisión desde las bases.
- ¿Cómo se concatena este plan de gestión de los trabajadores con la Ley de Consejos de Trabajadores que está

3. pendiente?
- Uno de los contenidos especiales del plan de formación es precisamente la gestión directa y democrática de la
dirección de la clase obrera que tiene como forma de organización los consejos de trabajadores. En el marco de ese
debate se ha elaborado democráticamente entre los trabajadores un anteproyecto de ley sobre la gestión directa y
democrática y, en consecuencia, dichos consejos como forma de organización. Ya se están dando las últimas
discusiones para presentárselo al Presidente de la República.
- ¿En qué lapso creen que esa ley pueda ser sometida a discusión en la Asamblea Nacional?
- El lapso no me atrevería a decirlo. Todo eso se va a dar, y eso se va a culminar en una asamblea general de
trabajadores que sería la que aprueba eso y dentro de ese debate se va a ir estructurando el Consejo de Gobierno
Popular de la Clase Obrera. La comprensión del Plan General se ha ido elaborando democráticamente para superar
el problema de la producción y por otro lado el proyecto de Ley de Gestión.
- En Guayana hubo unas experiencias de control obrero que, según Nicolás Maduro, fracasaron y entiendo que
ahora hay una revisión. ¿Qué conclusiones ha tenido?
- En general el problema es la concepción. El control obrero no permitía dar el paso que se debía dar a la gestión,
porque el control es una de las partes de la gestión, porque la gestión no tiene el diagnóstico de necesidades y
potencialidades.
- ¿Cómo cambiaría esto con este plan de formación propuesto?
- Precisamente por lo que te estoy diciendo: que es lo que está sucediendo ahorita, que se viene dando los cambios
desde la base y van quedando saldos organizados que culminarán llamándose Consejo de Gestión Directa y
Democrática.
- En las empresas pequeñas hemos visto esas experiencias, pero cuando se trasladan a esas empresas como
Sidor, Venalum, Alcasa, comienzan las distorsiones. ¿Cómo conjugar esa idea sin que esto signifique un nuevo
fracaso?
- Ahorita el debate, y por eso te estoy diciendo que no es fácil plantear el proceso de formación en tal o cual, sino
que se viene dando de manera sistemática en distintas empresas. Eso ha ido elevando la consciencia e los
trabajadores, eso se está dando más allá del sindicato. Cuando las directivas sindicales comprenden, se incorporan,
cuando no comprenden se quedan al margen pero van perdiendo capacidad para perturbar el proceso. En la
medida que los trabajadores se van apropiando de todas las técnicas para la elaboración de diagnóstico, del plan,
del presupuesto, todo lo que es la gestión, no hay ninguna fuerza que perturbe ese proceso.
Menos homologaciones
Según la memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo, en 2014
se tramitaron 820 proyectos de convenciones colectivas en
Venezuela, logrando amparar y beneficiar a un total de
245.851 trabajadores mediante la homologación de 45256
convenciones colectivas.
De acuerdo al informe del Programa Venezolano de
Educación, Acción en Derechos Humanos (Provea), durante
ese período persistió el “desbalance” entre el número de
convenciones homologadas en el sector privado (417) y en el
sector público (35).
El número de trabajadores amparados se redujo en un 80 por
ciento, pues mientras en 2013 los amparados fueron 1.160.844
trabajadores en 2014 sólo hubo 245.851 trabajadores
beneficiados por el reconocimiento de este derecho.

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Clavel A. Rangel Jiménez
Modificado por última vez en Viernes, 07 Agosto 2015 01:10
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