1. La licencia ambiental de Greystar en Santurbán
en entredicho
El movimiento social se opone a la minería en el Páramo de Santurbán con protestas
mañana viernes 25 de febrero en Bogotá, Cúcuta, Pamplona, Cartagena y
Bucaramanga
El Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, la Federación Nacional de Comerciantes
(Fenalco) de Santander, la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras de
Bucaramanga, entre otras muchas organizaciones, convocan una marcha para este viernes 25 de
febrero en la ciudad de Bucaramanga. En Cúcuta, Pamplona, Cartagena y Bogotá tendrán lugar
otras movilizaciones con el mismo lema: «Vale más el agua que el oro». El motivo es exigirle al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVD) que no otorgue la licencia al
proyecto minero Angostura en el Páramo de Santurbán (Norte de Santander) de la empresa
canadiense GreyStar Resources Ltd. que pretende extraer principalmente oro y plata, pero
también cromo, mineral de zinc, cobre, estaño, mineral de plomo, manganeso y metales preciosos.
En Bogotá, el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos (SINTRAEMSDES) y la Red
Colombiana Frente a la Gran Minería (RECLAME) convocan a un plantón frente al Ministerio en
oposición a la que sería la primera mina de oro a cielo abierto en Colombia.
RECLAME afirma que el Ministerio de Ambiente no puede aceptar la explotación porque la
considera ilegal ya que «los páramos gozan de protección jurídica desde antes de la modificación
del Código de Minas, a través de tratados ambientales internacionales y de la misma Constitución
Política». Igualmente, citan el artículo 34 del Código de Minas que expresa: «No podrán ejecutarse
trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme
a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o
del ambiente».
Entre esas zonas se incluyen los ecosistemas de páramo como el de Santurbán que se ubica entre
los departamentos de Norte de Santander y Santander y ocupa cerca de 82.000 hectáreas entre
los 3.000 y 4.290 metros sobre el nivel del mar. Según datos del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Humboldt, de los 34 complejos de páramos en el país, un 48% ya está
afectado por la minería. Según la información oficial del Atlas de Páramos de Colombia y los datos
suministrados por Greystar en su Estudio de Impacto Ambiental un 81% del total de las áreas de
extracción de Angostura se encuentran dentro del Páramo de Santurbán.

3. Fuente: Atlas de Páramos de Colombia, Jurisdicciones-Santurbán, pág. 40
Es por ello que la Red Colombiana Frente a la Gran Minería propone que «el Ministerio de
Ambiente aplique el principio de precaución, la normativa ambiental y el Código de Minas». La
Corte Constitucional se pronunció al respecto en la sentencia C-443 de 2009 mediante la cual
«exhorta al Ministerio de Ambiente, al igual que a las corporaciones autónomas regionales y a las
autoridades ambientales competentes, para que cumplan con los deberes ambientales a su cargo
[...] y adopten medidas eficaces para la protección del medio ambiente en general y de las áreas
de especial importancia ecológica tales como los páramos [...] aplicando el principio de precaución
[...] de manera tal que en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la
exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe inclinarse
necesariamente hacia la protección de medio ambiente».
Importancia de los páramos
Los páramos son ecosistemas que por sus bajas temperaturas y su vegetación única tienen la
capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos; son
sumideros de carbono con mayor capacidad incluso que las selvas tropicales y refugios de
especies de flora y fauna endémica. Las organizaciones ambientalistas destacan su importancia
cultural, económica y social, así como el hecho de que se ubican solamente en cinco países en
todo el globo. Colombia cuenta con el 49% de los páramos del planeta con una superficie
aproximada de dos millones de hectáreas de las cuales sólo unas 700.000 hectáreas se
encuentran protegidas dentro delárea del Sistema Nacional de Parques Naturales. Por otro
lado, del área total de páramos en Colombia, unas 109.000 hectáreas se encuentran
concesionadas en un total de 391 títulos mineros, 44 de ellos en el Páramo de Santurbán.
Mientras los complejos de páramos significan sólo el 1,7% del territorio nacional, de allá procede el
70% del agua para consumo humano en Colombia. Por ejemplo, según la Corporación Autónoma
Regional de Norte de Santander (CORPONOR) las fuentes de agua que nacen en el Páramo de
Santurbán abastecen los acueductos de Bucaramanga, Cúcuta y otros 21 municipios de Santander
que proveen agua para 2,2 millones de personas. El gerente del Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga, Carlos Augusto Figueroa, afirma que el proyecto afectaría estructuras como el
embalse Bucaramanga que se encuentra a menos de 35 kilómetros en línea recta del sitio de
explotación o que «se pondría en riesgo el río Suratá por los altos niveles de contaminación».
A efectos altitudinales, el Páramo de Santurbán inicia a 3.100 metros sobre el nivel del mar (msnm)
y de acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Greystar, «la fase cero inicia en
el banco ubicado en la cota 3.268,75 msnm y la fase cuatro empieza desde el banco ubicado en la
cota 3.525 msnm». Asimismo, el proyecto Angostura implica reubicar escombros y el sitio previsto
se ubicaría a 3.630 msnm y en las previsiones para el año 2020, Greystar prevé operar el silo Páez
a 3.890 msnm ubicando las piscinas de lixiviación a 4.042 msnm.

4. El trámite del proyecto
Greystar adelanta labores mineras desde 1994 en California y Vetas (Santander) adquiriendo hasta
diez propiedades — mediante compra directa de propiedades mineras a sus dueños así como
mediante solicitudes al Ministerio de Minas— y realizando trabajos de exploración. En sus primeros
cinco años en la zona realizó 4.200 muestras superficiales —rocas, suelos, sedimentos, túneles—,
perforó 181 huecos y tomó más de 400 kilogramos de muestras de roca fresca para su análisis en
busca de oro, plata y cobre.
El proyecto Angostura se vio interrumpido durante tres años entre 2000 y 2003 ya que la emporesa
valoró que las condiciones de seguridad en la región eran adversas. En ese paréntesis, la zona fue
ocupada y explotada por mineros artesanales hasta que volvió de nuevo la empresa. Desde el año
2003 las fuerzas militares ejercen el control de la zona y mantienen una presencia significativa en
el área del proyecto y las regiones aledañas.
Según Greystar, un estudio del 25 de marzo de 2009 prevé una producción anual en Angostura de
511.000 onzas de oro y 2,3 millones de onzas de plata durante una vida útil de 15 años. Con esas
previsiones, Greystar presentó la solicitud de licencia ambiental global para el proyecto Angostura
el 23 de diciembre de 2009. El proyecto ya superó la etapa de exploración para la cual sólo se
requiere el título minero pero en abril de 2010, el Ministerio de Ambiente decidió que Greystar
debía presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para analizar la viabilidad del proyecto
basándose en que más de la mitad del mismo está localizado en zonas de páramo. Greystar
presentó recurso de reposición que fue revocado por el Ministerio que ordenó la evaluación del
Estudio de Impacto Ambiental presentado inicialmente
1
.
La Audiencia Pública Ambiental
Actualmente el Ministerio se encuentra evaluando la viabilidad ambiental de Angostura y por ello
ha convocado una segunda Audiencia Pública Ambiental para el próximo 4 de marzo desde las 9
AM en las instalaciones del Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga
debido a las dificultades de asistencia de la anterior convocada en noviembre. Allá estarán
presentes tanto responsables de Greystar como miembros de las comunidades afectadas y de
organizaciones preocupadas por el impacto ambiental y social de ese proyecto.
La organización Censat Agua Viva ha expresado su preocupación por la efectiva participación de
las personas interesadas en esta Audiencia. Afirman que para la audiencia de noviembre de 2010
en Califonia se inscribieron más de 180 personas para opinar sobre el proyecto y «si todos
hubieran podido llegar, no hubieran tenido ni siquiera dos minutos para expresar sus puntos de
vista». La preocupación porque la nueva audiencia será en Bucaramanga y previsiblemente
asistirá más gente genera incertidumbre en la organización ambientalista para que, según Tatiana
Rodríguez, de Censat, «todos los interesados contaran con las mínimas condiciones para

5. participar, es decir, la posibilidad real de llegar al lugar del evento y las garantías de seguridad para
expresar su desacuerdo con el proyecto Angostura». Rodríguez también quiere recordar que «una
acción de tutela, y no la iniciativa del Ministerio de Ambiente como se da a entender en el auto
4251, ordenó la realización de una nueva audiencia en Bucaramanga». Esta última audiencia ha
sido solicitada por más de 300 ciudadanos y organizaciones, petición a la cual se sumaron el
gobernador de Santander, Horacio Serpa, y el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios, Óscar
Darío Amaya.
La primera Audiencia Pública Ambiental tuvo lugar el pasado 21 de noviembre en el municipio de
California y a la cual cerca de 250 personas que iban desde Bucaramanga —entre ellas miembros
del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán que se encontraban entre las 11
organizaciones y 238 personas que solicitaron que se realizara la Audiencia— no pudieron llegar
debido a los problemas de acceso que presenta la vía. Igualmente se celebró la Audiencia y en ella
destacó un pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga (CDMB) que concluye: «Desde el punto de vista legal la CDMB encuentra serias
dudas para su licenciamiento ambiental, en razón a lo dispuesto en la Ley 1382 de 2010 en la cual
se precisa como zona excluible de la minería el ecosistema de páramo, encontrándose un
importante porcentaje del proyecto en este ecosistema». Incluso afirmaron que el proyecto está
ocupando un predio de la CDMB en la quebrada Angostura «adquirido para conservar este
estratégico ecosistema».
De hecho, la CDMB emitió una resolución el 22 de octubre de 2010 en la que sanciona a Greystar
con una multa de casi 31 millones de pesos por incumplimiento a las obligaciones dispuestas en el
plan de manejo ambiental para la exploración de minerales acuíferos en el área de la vereda
Angosturas. La resolución es la conclusión de un proceso de la CMDB desde el año 2006 y
muestra los resultados de una serie de visitas técnicas al proyecto en las que se evidenció, entre
otras cosas, problemas con relación al tratamiento de las aguas ácidas e inestabilidad de los
taludes del área de ejecución del proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental
A pesar del nuevo Código de Minas (Ley 1382 de 2010) que excluye la explotación en los
páramos, Greystar pretende continuar su proyecto minero en el Páramo de Santurbán. Esta nueva
ley sancionada el 9 de febrero de 2010 expone que podrán continuar con la actividad minera en
páramos y otros espacios protegidos como reservas forestales protectoras y humedales Ramsar
quienes en esa fecha contaran con título minero y licencia ambiental. Greystar no cuenta con este
último requisito para avanzar en sus pretensiones. Esta cuestión es la principal arma legal que
esgrimen las organizaciones ambientalistas opuestas a Angostura como Censat Agua Viva para
rechazar automáticamente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y con ello la licencia de
explotación.

6. Pero entrando en detalles técnicos, Censat sostiene que los impactos de la actividad minera en el
agua no han sido debidamente soportados en el Estudio de Impacto Ambiental de Greystar aunque
el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 establece que las zonas de recarga de acuíferos y manantiales y
nacederos serán objeto de protección especial.
Igualmente, el geólogo Julio Fierro advierte sobre los estudios hidrogeológicos que «muestran una
gran incertidumbre, la cual es hecha explícita por el consultor que llevó a cabo los estudios, donde
todo “se supone”, “se presume” o “sus resultados e interpretaciones se deben considerar como
aproximadas”». El experto clarifica que «esas son las palabras que usa la empresa en su EIA, que
no son aceptables en términos técnicos cuando de las actividades que quieren hacer depende el
bienestar de por lo menos dos millones de personas».
La contaminación de las aguas es el aspecto central de oposición al proyecto y el que mayor
movilización social ha generado. Así, la liberación al ambiente de gran cantidad de elementos
contaminantes como el arsénico es un elemento preocupante —en el EIA se muestra que hay
aproximadamente 100 veces más arsénico que oro— en la generación de aguas ácidas ya que hoy
en día los pH de las aguas de los túneles de La Perezosa y Veta de Barro son ya inutilizables para
usos como consumo y recreación humana. Censat advierte que «una vez se exponga a las
condiciones ambientales las 330 millones de toneladas de mineral y 745 millones de toneladas de
“estéril” el pH puede bajar a valores entre 2 y 3, tal como ya sucede en Mármato, de acuerdo con
mediciones hechas por el químico Sergio Gaviria, profesor de Geociencas de la Universidad
Nacional».
Además de los riesgos relacionados con la calidad de las aguas que parcialmente surten el
sistema de acueducto de Bucaramanga, se encuentra el riesgo de rotura de la escombrera
Móngora, pues «el análisis de estabilidad de los taludes tuvo como parámetros factores que no
cumplen con reglamentaciones colombianas». Por otro lado, aunque el mismo EIA considera
sismos por fuentes cercanas el Plan de Contingencia incluido no considera la posibilidad de rotura
de la presa y las implicaciones sobre las bocatomas del acueducto de Bucaramanga ni sobre la
vida y las propiedades de los habitantes aguas abajo.
Opiniones diversas
En esa primera Audiencia Pública Ambiental de noviembre de 2010, habitantes de los municipios
de California y Vetas presentaron más de 60 ponencias a favor del proyecto Angostura. Arguyen
que no aprobar la licencia minera sería un retroceso para la economía de la región ya que valoran
positivamente la inversión que ha hecho la empresa en la región que ha producido el desarrollo de
empresas de servicio para satisfacer las demandas de la compañía minera.
En todos sus pronunciamientos, los responsables de Greystar han manifestado una gran
preocupación por el medio ambiente como declaraba Leonardo Antonio Di Mare, gerente ambiental

7. de la empresa, en un debate en la Asamblea de Santander en agosto de 2010: «Greystar se
responsabiliza de las repercusiones por el detrimento del ecosistema, por los problemas de
salubridad, tanto en la explotación como de las consecuencias ambientales que de ello se derive.
Hasta el momento hemos adquirido un terreno mayor al que se pretende explotar y se han
sembrado zonas de roble andino para ir generando refugio para las especies animales de la zona».
El gerente de Asuntos Públicos de Greystar, Luis Guillermo Laserna, concedió al periódico El
Frente de Bucaramanga en agosto de 2010 una entrevista en la que afirma: «La apreciación de
que el proyecto de Greystar le hace daño inmenso al páramo y por lo tanto a las fuentes de agua
que surten el acueducto de Bucaramanga y al futuro embalse de Tona, es perversa y mentirosa.
Sencillamente no es cierta. El proyecto de Greystar no le hará daño al agua de Bucaramanga».
Laserna además dice que «todo proyecto industrial produce impactos, indudablemente, pero en
este caso son controlables, mitigables y compensables». Según información de Robert Moran
proporcionada por la organización Censat, los pasivos ambientales por drenaje ácido de las
escombreras de la mina de cobre Bingham Canyon —una mina en Utah, Estados Unidos, cerca de
tres veces más grande que el proyecto Angostura— se acercan a 1.000 millones de dólares.
Censat cuestiona entonces la cifra de los cerca de 225 millones de dólares de regalías que el
Estado recibiría por parte de Greystar en los 15 años de explotación.
El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, afirmó en una entrevista a CM& el 25 de enero que
el proyecto minero debe reubicarse para que pueda ser viable. Rodado opina que el proyecto debe
hacerse por los beneficios económicos que generaría pero a su vez alerta que las piscinas de
lixiviación —donde se separa el oro de la roca por medio de una solución con cianuro— estén en la
parte alta de la montaña representa un riesgo muy alto para las fuentes hídricas del departamento,
que nacen en ese ecosistema. Para RECLAME, Angostura implica el ingreso a Colombia de «la
actividad industrial más contaminante del planeta, pues además de acabar con la capa vegetal y
los acuíferos superficiales y subterráneos, la minería de oro a cielo abierto no puede funcionar sin
el uso de sustancias contaminantes, en particular el cianuro, considerado como uno de los
principales contaminantes en el mundo».
En Bucaramanga, en una situación sin precedentes, la Federación Nacional de Comerciantes
(FENALCO), la Cámara de Comercio, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de
Mejoras Públicas o la Central Unitaria de Trabajadores mantienen una posición contraria a ese
proyecto minero por las afectaciones a los recursos hídricos a largo plazo. Así, FENALCO de
Santander solicitó a la ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, que no otorgue la licencia de
explotación minera ya que «el desarrollo, la inversión extranjera, la generación de empleos directos
o indirectos, o cualquier promesa de bienestar para los vecinos de la zona de la explotación, no
pueden constituirse en argumento para poner en riesgo la riqueza hídrica que nace en nuestros
páramos».

8. La Defensoría del Pueblo en comunicado del 1 de febrero de 2011 afirma que este proyecto
utilizaría1.200 toneladas de cianuro cada mes, 7.000 toneladas de ANFO —explosivo de gran
potencia a base de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo— y 4.680 toneladas
de emulsión. La Defensoría también sostiene que la concesión afectaría el 12,1% del caudal de la
cuenca del río Vetas y el 2,5 % del caudal del río Suratá que es la principal fuente de
abastecimiento del acueducto metropolitano de Bucaramanga y podría verse afectado además por
vertimientos industriales como cianuro, combustibles y lodos, entre otros.
Es por ello que la Defensoría considera que la actividad minera que pretende adelantar Greystar
en el páramo de Santurbán «podría vulnerar además de varias normas del ordenamiento jurídico
interno, los tratados internacionales de derechos humanos relacionados con el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales, el derecho humano al agua, el goce de un
ambiente sano, el equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la
conservación de áreas de especial importancia ecológica, entre otros».
En una carta enviada al Ministerio de Ambiente el 21 de diciembre de 2010, el Procurador General
Alejandro Ordóñez Maldonado expuso «en cumplimiento de la función preventiva, las razones
legales y técnicas que hacen inviable el proyecto minero, dada la ubicación del mismo en área de
páramo». De esta manera, Ordóñez solicita al Ministerio que estudie «la posibilidad de no otorgar
la licencia ambiental al Proyecto Minero de Angostura».
Otra de las personas que se han opuesto clara y públicamente al proyecto Angostura ha sido el
que fuera el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia cuando se creó el ministerio en 1993,
Manuel Rodríguez Becerra. En entrevista a El Espectador el 30 de enero de 2011, el ex ministro
afirma que Greystar está en su derecho de buscar una oportunidad de negocio , pero «lo que es
condenable es que el Estado, que es el garante de nuestros derechos, haya cometido la
aberración de permitir que en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente se hubiera aceptado la
consideración de un estudio de impacto ambiental, cuando el Código Minero que se aprobó el año
pasado es muy explícito en establecer que aquellas empresas que no tengan licencia ambiental
para operar, el hecho de que tengan título minero no les confiere ningún derecho». Puntualiza que
el gran responsable de Angostura es «en concreto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue
quien recibió el estudio de impacto ambiental y naturalmente el actual gobierno de Juan Manuel
Santos que sigue con esa responsabilidad».