Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región. En primer lugar, preocupa que la delimitación reduce el área del páramo. El páramo pasó de tener 129.743 a solo 98.954 hectáreas protegidas, lo que significa una reducción del 24% frente a lo determinado por el instituto Humboldt en virtud de la Ley 1450 de 2011 y la Resolución 937 del mismo año expedida por el Ministerio de Ambiente.

1. La desastrosa delimitación del páramo de Santurbán y la
inmediata respuesta ciudadana
Fuente TeJuntas, 15 enero 2015
Por: Alberto Castilla.
Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo
Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió
su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal
definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por
organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región.
En primer lugar, preocupa que la delimitación reduce el área del
páramo. El páramo pasó de tener 129.743 a solo 98.954 hectáreas
protegidas, lo que significa una reducción del 24% frente a lo
determinado por el instituto Humboldt en virtud de la Ley 1450 de
2011 y la Resolución 937 del mismo año expedida por el Ministerio de
Ambiente.
En las casi 30.000 hectáreas donde se elimina la protección se
establecen las llamadas zonas de restauración y zonas de uso
sostenible, zonas que en la práctica permiten la actividad minera.
Esta sustancial reducción del área protegida se debe a la modificación
de la cota del páramo que pasó de 2.800 a 3.100 metros sobre el
nivel del mar. Tal redefinición es un evidente retroceso en el
cumplimiento de los deberes constitucionales e internacionales del
Estado colombiano en cuanto a la protección de los ecosistemas
estratégicos.
En segundo término, la reducción del páramo también se hace de
manera indirecta, ya que se desnaturalizó el sentido de los
derechos adquiridos. Lo anterior implica que incluso se podría
permitir que continúe o se inicie la actividad minera en las 98.954
hectáreas supuestamente protegidas. Lo anterior se deriva de la
validación de los títulos mineros y las licencias ambientales otorgadas

2. hasta febrero de 2010. Sin embargo, esta clara permisividad con la
minería se echa de menos en lo agropecuario porque los campesinos
de la zona sí serán obligados a “reconvertir” sus esquemas
productivos.
En tercer lugar, la totalidad del páramo terminó siendo atacada
con la disposición de pago por servicios ambientales, una
herramienta con la que se afirma proteger el medio ambiente,
aunque realmente resulta “comercializando su flora, su fauna, su
capacidad para retener y almacenar agua, su significado cultural y de
vida. Además del impacto que esto genera sobre la naturaleza y la
vida misma de quienes habitan estas zonas o sus áreas de influencia,
también repercute sobre los territorios y los derechos de propiedad
que hay sobre estos; en lo concreto, estos territorios pasan a ser de
quienes hacen la compensación, todo esto con el aval del Estado y su
economía neoliberal aplicada a los recursos.”[1].
Un cuarto punto: la decisión gubernamental entrega el control y
vigilancia del páramo enteramente a las Corporaciones Autónomas
Regionales –CAR-. Aunque tal entidad sea competente para hacer tal
control y vigilancia, las organizaciones sociales y ambientalistas del
departamento de Santander han lanzado profundos cuestionamientos
a la Corporación Autónoma, ya que ha facilitado en muchos casos las
actividades de la gran minería en la región. En este punto también
debe analizarse el cambio de jurisdicción de 6.000 hectáreas que
hasta la delimitación eran responsabilidad de la Corporación para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y que ahora están
bajo la vigilancia de la Corporación Autónoma Regional de Santander
(CAS). Esta última entidad no participó de ninguna manera en el
proceso de delimitación, así que la recepción de esta nueva
responsabilidad fue inconsulta. Ahora bien, están perfectamente
claras las carencias de la institucionalidad ambiental en Colombia. De
hecho la misma Contraloría General habla de ausencia de
institucionalidad en su informe sobre minería de 2013; estas
carencias afectan también, y de manera grave, a la CAS. De esta
manera se configuró un escenario donde se recarga de manera
inconsulta una gran responsabilidad sobre una entidad endeble y sin
recursos.
Un quinto punto es la evidente carencia de participación de la
sociedad en el proceso de delimitación. Todo el proceso de la
delimitación estuvo teñido de secretismo, se desarrolló con diálogos a
puerta cerrada, se excluyó a buena parte de las organizaciones
sociales del departamento, y se ignoró el clamor del pueblo
santandereano que lleva varios años defendiendo su agua y su
páramo. No es casual que el día del anuncio de la delimitación, el
viernes 20 de diciembre, la CDMB estaba militarizada de manera
nunca antes vista.

3. La cuestión de Santurbán lleva ya varios años desarrollándose y el
episodio de la delimitación es el más reciente de una larga cadena de
hechos. Por lo anterior, esa misma ciudadanía que ha defendido el
agua y el páramo ha reaccionado frente a la delimitación,
proponiendo iniciativas como la Gran Movilización Nacional Contra
la Minería, el Fracking y Rechazo a la Delimitación de los
Páramos de Colombia, programada para principios de marzo del
presente año. Salta a la vista que esta movilización no trata de
manera exclusiva sobre Santurbán, pues aborda problemas
nacionales como la gran minería y el fracking. Esto es signo de una
cualificación en la lucha por la defensa del territorio que se adelanta
en Santander y en toda Colombia.
Durante los primeros años de la defensa del páramo, la posición
preponderante al interior de ese movimiento ciudadano era la de
abogar exclusivamente por Santurbán y sus aguas. Esto rindió
magníficos frutos en su momento y permitió la consecución de
resonadas victorias para el campo popular, como la negativa de la
licencia ambiental pedida por la minera Greystar, hoy Eco Oro, para
iniciar la explotación del páramo. Tal decisión administrativa se dio en
marzo de 2011 después de que Bucaramanga y Santander enteros le
dejaran perfectamente claro a todos los niveles de gobierno que no
se iba a permitir la destrucción del páramo. No obstante, el gran
capital minero-especulativo trasnacional prosiguió su ofensiva en pos
de la destrucción de Santurbán y es así como se llega al actual
escenario de la desastrosa delimitación.
Este revés de la delimitación, en consuno con muchos otros factores,
ha concienciado a la ciudadanía sobre un aspecto crucial: el problema
no se resuelve mientras a nivel nacional sigan imperando el
extractivismo y los intereses de las grandes mineras.
La defensa del agua y la vida en Santander, Colombia y el mundo
entero es un camino largo y tortuoso, pero cada paso adelante es una
señal de esperanza y a pesar de los retrocesos que vengan, esta
lucha no cesará hasta la construcción del otro mundo posible, uno
donde la relación entre la raza humana y el resto de la naturaleza no
se halle mediada por la irracionalidad egoísta del mercado, sino por la
inteligencia y el espíritu constructivo del ser humano.
[1] PORRAS, Alejandra y DÍAZ, Freddy. Pago por Servicios
Ambientales PSA: otra falacia extractivista. CEDINS.
(http://cedins.org/index.php/proyectos-mainmenu-50/tierras-y-
territorios-mainmenu-69/566-pago-por-servicios-ambientales-psa-
otra-falacia-extractivista)