COMUNICADO DE PRENSA  CUATRO ONG DE BALEARES Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS     DEL ICAIB DENUNCIAN GRAVES LIMITACIONES...
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Difícil encaje constitucionalLas cinco organizaciones convocantes opinan que muchas de las medidas incluidas en el RD 16/2...
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Nota de premsa drets sanitaris

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Nota de premsa drets sanitaris

  1. 1. COMUNICADO DE PRENSA CUATRO ONG DE BALEARES Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ICAIB DENUNCIAN GRAVES LIMITACIONES EN EL ACCESO DE COLECTIVOS VULNERABLES A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA• Prosocial, Aministía Internacional, Médicos del Mundo de Baleares, Xarxa per a la InclusióSocial - EAPN y la sección de DD.HH alertan que el recorte de derechos asistenciales, que “seestán produciendo incluso antes de la entrada en vigor de determinados preceptos de la norma”,aun cuando se ceba sobre los colectivos más desfavorecidos, es un problema que afecta a toda laciudadanía y abre la puerta a la aparición de barreras de acceso a la salud• Consideran que algunas de las restricciones previstas en el RD 16/2012 tienen difícil encajeconstitucional y se alejan de los principios de igualdad y de universalidad que se vincula con elderecho fundamental a la protección de la salud• Advierten que la ausencia de unos criterios interpretativos homogéneos y claros puede facilitarque las posibilidades de atención médica varíen de una localidad a otra o, incluso, de un centrosanitario a otroPalma de Mallorca, 5 de julio de 2012.- Representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio deAbogados de Baleares y de las ONG Médicos del Mundo Baleares, Amnistía Internacional Mallorca- Eivissa,Xarxa per a la Inclusió Social – EAPN y Prosocial, han denunciado hoy en rueda de prensa, con casos ytestimonios documentados recogidos por estas entidades en los últimos meses, las graves limitaciones conque algunas personas se están encontrando actualmente en las islas para acceder a la asistencia sanitariapública, así como la existencia de numerosas barreras burocráticas que obstaculizan la obtención, por partede determinados ciudadanos, de la tarjeta sanitaria que ahora se exigirá a todo ciudadano para poderobtener la atención médica que precise.Estas cinco entidades aseguran que estas limitaciones, que afectan, principalmente, a personas sin recursos,españolas o extranjeras que no tienen o han perdido su empleo y/o su autorización de residencia, se estánllevando a cabo incluso antes de que entren en vigor algunos de los preceptos del Real Decreto 16/2012 demedidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.Es el caso, por ejemplo, de algunos casos constatados por las ONG de personas a las que se advirtió en elmismo centro sanitario al que acudieron que no se les proporcionaría asistencia sanitaria si no firmaban uncompromiso de pago o abonaban la factura por la atención requerida, o aquellas otras a las que también seobstaculizó el acceso por no disponer de la tarjeta sanitaria o tenerla caducada. En este sentido, recuerdanlas organizaciones, el propio RD 16/2012 prevé que hasta el 31 de agosto de 2012 todas las personas queantes de la entrada en vigor de la norma tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España podrán seguirteniendo acceso a la misma, al tiempo que garantiza, en todo caso y sin límite temporal, que los extranjerosque se encuentren en situación irregular tendrán garantizada la cobertura sanitaria de urgencia (porenfermedad grave o accidente) y la asistencia en el embarazo, el parto y el postparto. Los menoresextranjeros, además, recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
  2. 2. Entre los casos documentados por estas organizaciones figuran, de hecho, algunos relativos a menores a losque se puso barreas a la hora de acceder a la asistencia en urgencias y el de otro menor al que se le cobró elprecio de la atención médica recibida. La documentación de las ONG revela, asimismo, numerosostestimonios de personas adultas que reportan dificultades burocráticas de distinto signo para poderobtener la tarjeta sanitaria que les acredite como asegurados para poder acceder al sistema público desalud. Entre ellos, el de una mujer de un estado miembro de la UE, en situación regular comunitaria y condos hijos menores a su cargo, a la que exigen aportar documento de la embajada acreditativo de que nodispone de rentas en su país de origen para aceptación de la tarjeta F6 pues de no aportarlo, aseguran, enel plazo de un mes le será retirada la tarjeta.Más preocupantes son, quizá, el relato del caso de un niño, hijo de madre con virus VIH al que aún no se leha realizado prueba de detección del virus por no disponer el menor de tarjeta sanitaria, o el que se refierea un ciudadano comunitario diabético, sin papeles ni recursos, que fue ingresado por presentar tuberculosispulmonar, patologías, aseguran estas entidades, cuyo seguimiento puede resultar difícil una vez dado dealta o bien implicar un problema de salud pública.Otros de los testimonios recogidos por las organizaciones han permitido identificar la existencia de mujeresinmigrantes embarazadas y de menores que no son informados de su derecho a tener acceso al sistema desalud pública, independientemente de su situación administrativa, lo que, aseguran, “dificulta elseguimiento de las mujeres embarazadas o el cumplimiento adecuado de los calendarios de vacunación”.Las cinco organizaciones que han participado en la rueda de prensa han lamentado asimismo que lasautoridades sanitarias no hayan proporcionado al personal administrativo y/o de admisión ni al personalsanitario de los centros criterios claros, uniformes y homogéneos para interpretar la norma, lo que implicaque estos profesionales no puedan desarrollar su trabajo con la información necesaria y, lo que es peor,“podría llegar a quebrar el principio de igualdad” y hasta suponer que las posibilidades de acceder a laatención sanitaria requerida dependa del centro de salud al que se acuda, de la localidad en la que seencuentre el solicitante o, incluso, del criterio del trabajador o trabajadora que en ese momento reciba alpaciente.Unas restricciones que afectan a todosEn todo caso, Prosocial, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Xarxa per la inclusió social - EAPN y laComisión de Derechos Humanos del ICAB entienden que, si bien es cierto que las restricciones previstas enel RD 16/2012 “se ceban sobre los colectivos más vulnerables, pobres y/o en riesgo de exclusión social”,también lo es que algunas de las medidas de ajuste incluidas en dicha norma (el copago farmacéutico o lasupresión de algunas coberturas antes incluidas y por la que ahora se exigirá una aportación económica),nos afectan a todo y pueden llegar a suponer un serio deterioro del derecho a la protección de la salud quela Constitución reconoce a todo ciudadano.Una preocupación que ha sido compartida por el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas que en la recomendación número 19 de suanálisis sobre los informes presentados por los Estados, recomienda a España que asegure, de conformidadcon el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, que las reformas sanitarias no limiten elacceso a los servicios de salud de las personas que residen en el Estado, y que evalúe “el impacto de todapropuesta de recorte en cuanto al acceso al sistema de salud de las personas y colectivos desfavorecidos ymarginados”.
  3. 3. Difícil encaje constitucionalLas cinco organizaciones convocantes opinan que muchas de las medidas incluidas en el RD 16/2012 tienendifícil encaje constitucional y se alejan de los principios de universalidad y de igualdad que la propiaConstitución y diferentes tratados internacionales vinculan con el derecho fundamental a la protección de lasalud, así como de los criterios que establece la Ley General de Salud Pública en su artículo 6: «Todas laspersonas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sinque pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicciónu opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición ocircunstancia personal o social”, y 6.3.: «La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas delas que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que impongapara el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública» .Por último, las organizaciones alertan de algunos riesgos que las restricciones sanitarias pueden suponerpara la salud pública, dado que limitar la atención médica de determinados colectivos (por ejemploextranjeros adultos en situación irregular) únicamente a la atención en urgencias o el hecho de no llevar unbuen control del calendario de vacunación, podría aumentar la incidencia de ciertas patologías que sontransmisibles, aunque fácilmente controlables con una detección y tratamiento temprano en atenciónprimaria o con una adecuada cobertura vacunal.

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