Estadísticas del horror

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31 de octubre de 2010 • No. 1774
Índice
Panteón en Ciudad Juárez
Foto Portada: Eduardo Miranda
NARCOTRÁFICO
6 2006-2010: estadísticas del horror
/Rodrigo Vera
9 Las masacres, sello de la casa
/Gloria Leticia Díaz
14 “La Sedena sabe dónde está mi hermano”
/Patricia Dávila
17 La guerra antinarco, inútil si no ataca el lavado
de dinero /Jenaro Villamil
22 Los “narcos” pobres /Marcela Turati
25 California: la mariguana como industria
/Alejandro Maciel
ECONOMÍA Y FINANZAS
29 Las cifras alegres de Calderón
/Carlos Acosta Córdova
ESTADOS /JALISCO
32 Proyecto para “curar” la homosexualidad
/Víctor M. López Álvaro
INTERNACIONAL
36 ESTADOS UNIDOS: El solitario de la Casa
Blanca /Peter Baker
39 Los costos del desencanto /J. Jesús Esquivel
40 Los pronósticos, los riesgos… /Olga Pellicer
43 Los ultras /Alejandro Maciel
46 ARGENTINA: Herencia sin herederos
/Josefina Licitra
ANÁLISIS
48 Administración de la desgracia /Javier Sicilia
49 Inexplicable... /Hernández
25

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agencia de fotografía
50 Una vida por una tonelada de mariguana
/Sabina Berman
51 IFE: Resolución pusilánime y contradictoria
/Jesús Cantú
52 Interés Público /Miguel Ángel Granados Chapa
54 La UNAM contra sí misma /Ernesto Villanueva
CULTURA
56 Naranjo: Voy a dibujar hasta el final
/José Gil Olmos
61 In Memorian Antonio Alatorre /Alberto Paredes
62 Réquiem por Alí Chumacero /Miguel Ángel Flores
INVENTARIO
64 Sor Juana, Nervo, Chumacero, Alatorre. En la
noche del virreinato /José Emilio Pacheco
66 Páginas de crítica
Arte: La XIV Bienal de Fotografía
/Blanca González Rosas
Teatro: El rumor del incendio
/Estela Leñero Franco
Cine: Biutiful /Javier Betancourt
Televisión: Digitalización televisiva en suspenso
/Alma Rosa Alva de la Selva
Libros: La verdad con humor
/Jorge Munguía Espitia
DEPORTES
74 Juárez: lucro vergonzante /Beatriz Pereyra
77 Conade: Siete años perdidos /Raúl Ochoa
80 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens /Calaveras nupciales de una bola
de vivales /Helguera y Hernández
32 46 74

2006-2010:
estadísticas
del
horror
APphoto/RaymundoRuiz
6 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010

La guerra calderonista contra el narcotráfico ha cau-
sado decenas de miles de muertes (el gobierno federal
reconoce más de 28 mil y algunos conteos independien-
tes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las
habidas durante la Independencia o la invasión de Es-
tados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas
en estadística criminal; aseguran que no hay números
absolutamente confiables al respecto y señalan además
que lo que no se puede medir no se puede conocer ni
combatir efectivamente...
RODRIGO VERA
L
as decenas de miles de muer-
tos que ha dejado la guerra em-
prendida por Felipe Calderón
contra el narcotráfico superan
el número de bajas de algunos
conflictos bélicos de la historia
mexicana: la Independencia,
con 23 mil fallecidos; la guerra
contra Estados Unidos, con la misma can-
tidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8
mil, o la guerra sucia de los setenta que de-
jó 436 muertos, de acuerdo con cifras ge-
neralmente aceptadas.
Lo grave, afirman los analistas, es que
cada año duplica al anterior en número de
muertos de la guerra contra el narcotráfi-
co: en 2006 había dos bajas por cada 100
mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan
que de continuar la estrategia de Calde-
rón, al término de su sexenio serán ase-
sinadas 14 personas por cada 100 mil
habitantes. Una cifra muy alta para los es-
tándares internacionales.
El especialista en estadística criminal
Arturo Arango Durán comenta a este se-
manario: “La actual guerra contra el nar-
cotráfico ha resultado sumamente letal. Su
costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo
peor de todo es que es una guerra perdi-
da de antemano, pues fortalece a la delin-
cuencia organizada mientras más la ataca.
Al reducir la oferta de droga hace que los
precios suban y los cárteles obtengan ma-
yores ganancias.
“Así, queriéndolo o no, el Estado forta-
lece a la delincuencia organizada y se con-
vierte en el gran regulador del mercado de
la droga. Se metió en un círculo vicioso,
sin salida. Además la guerra está atizan-
do las disputas entre un cártel y otro por el
control de las plazas.
“Todo esto tiene un efecto multipli-
cador de la violencia y, por consiguiente,
de muertes. Esto es justamente lo que ha-
ce que el número de fallecidos se duplique
de un año a otro. En términos absolutos,
hablando estrictamente de pérdida de vi-
das humanas ya estamos por encima de las
provocadas por casi todas las otras guerras
civiles que ha padecido México desde su
Independencia.”
Analista en la misma materia, Juan Pa-
blo Arango aclara: “Debemos tomar en
cuenta que nuestras guerras civiles por
lo general fueron ocasionadas por dispu-
tas ideológicas entre amplios sectores de
la población; en cambio la actual es, sobre
todo, el resultado de una acción emprendi-
da por el gobierno federal para combatir a
los cárteles de la droga”.
A petición de Proceso ambos peri-
tos hacen un minucioso análisis estadísti-
co sobre el incremento de muertes que ha
provocado el actual conflicto armado, así
como su comparación con las guerras del
pasado en México.
Conteos diferentes
Señalan que a falta de una estadística con-
fiable del gobierno federal (que ha dado
cuenta oficialmente de más de 28 mil ba-
jas en esta guerra), varias organizaciones
ciudadanas y medios hacen sus propios
conteos; para elaborar el análisis los espe-
cialistas partieron de los datos del diario
Reforma: 25 mil 549 muertos de 2006 a
este mes, aunque advierten que la cifra po-
dría estar por debajo de la real.
En 2006 –cuando Calderón asumió la
Presidencia–, las muertes por narcotráfico
fueron 2 mil 119, cantidad que representa
dos muertos por cada 100 mil habitantes.
En 2007, el número subió poco: pasó a 2
mil 275, y la proporción fue de 2.1 muer-
tos por cada 100 mil habitantes.
Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El nú-
mero aumentó más del doble respecto del
año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos
por cada 100 mil habitantes. Un año des-
pués hubo otro incremento significativo: 6
mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por
cada 100 mil habitantes.
Este año, a mediados de octubre ya se
habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por
Además, el pasado martes 26, la Se-
cretaría de la Defensa informó que de
diciembre de 2006 a agosto de 2010 la
guerra contra los cárteles ha dejado 191
militares muertos.
Arturo Arango resume: “El incremento
fuerte empezó a darse a partir de 2007, por
NARCOTRÁFICO
1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 7

lo que realmente es el año base. De entonces
a la fecha el número se cuadruplicó. Por ca-
da 100 muertos que teníamos en 2007 ahora
tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”.
–¿Cuáles son sus proyecciones para el
último año del sexenio?
–Si las cosas siguen igual, las tenden-
cias estadísticas nos dicen que el próximo
año la cifra será de 11 muertos por cada
100 mil habitantes y para 2012 pasará a
14. El sexenio concluirá con 14 muertos
por cada 100 mil habitantes. Un incremen-
to grandísimo.
Juan Pablo Arango recalca: “Esto só-
lo ocurrirá si el gobierno sigue con su
misma estrategia de combate, si el Ejér-
cito y las corporaciones policiacas con-
tinúan bajo la misma tónica. La tasa de
muertes bajaría si se aplica, por ejemplo,
una estrategia de contención o una nego-
ciación con la delincuencia organizada”.
Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son
especialistas en políticas de seguridad pú-
blica. Desde hace una década han trabaja-
do en equipo y son coautores de varios li-
bros sobre la materia, como Estadística
policial, Cartografía delictiva e Inteligen-
cia policial.
Ahora colaboran con un grupo de tra-
bajo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP) que recopila información
y realiza evaluaciones estadísticas. Han
trabajado también con el Gobierno del
Distrito Federal en el mismo rubro y a úl-
timas fechas se han especializado en eva-
luar estadísticas sobre homicidios.
ArturoArango fue investigador del Ins-
tituto Ciudadano de Estudios Sobre la In-
seguridad, que dirige el exómbudsman ca-
pitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para
tener la justa dimensión del costo humano
que implica una guerra no basta contabili-
zar sólo a sus muertos, sino también a las
llamadas víctimas secundarias, como los
huérfanos, las viudas, los lesionados…”.
–¿Se puede tener una cifra aproximada
del número de víctimas secundarias de es-
ta guerra contra el narcotráfico?
–¡Claro que sí! El cálculo estadístico
es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De
manera que actualmente tendremos unos
32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor
de los escenarios habrá unos tres lesiona-
dos por muerto, aquí ya estamos hablando
de unos 75 mil lesionados que requieren
atención médica.
–¿Y viudas?
–Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas
de ellas son mujeres que ya no tienen in-
gresos y se integran al mercado laboral.
“La guerra está generando muchas pre-
siones en el sistema de salud, de educación,
laboral… su efecto multiplicador es impre-
sionante porque provoca un conflicto adi-
cional que el Estado es incapaz de atender.”
–¿Una guerra igual de cruenta y mortal
que nuestras anteriores guerras?
–Sí, pero sólo hablando en términos
absolutos en cuanto a número de muertes,
a pérdida de vidas.
En ese sentido, los peritos en estadísti-
ca señalan que las muertes de la lucha con-
tra el narcotráfico son más que las 23 mil
que dejó la guerra de Independencia, que
duró 11 años.
También están por encima de las 2 mil
200 de la guerra de Texas, de 1835 a 1836;
de las 23 mil de la invasión de Estados Uni-
dos, que duró dos años; de las 8 mil en cua-
tro años de la guerra de Reforma y de las
436 de la “guerra sucia”. Ni se diga del
conflicto armado en Chiapas, de 1994, que
arrojó poco más de 100 muertos.
Pero están por debajo de las 63 mil que
hubo en la intervención francesa en seis
años o de las 90 mil de la guerra Cristera,
de 1926 a 1929.
En números relativos
Sin embargo, los analistas advierten que
al hacer una comparación estadística en
términos relativos, la de Calderón es me-
nos letal que la mayoría de las anterio-
res guerras.
“Para no ser tendenciosos debemos
ajustar el número de muertes a dos varia-
bles importantes: a la población que tenía
México en cada una de esas guerras civi-
les y al periodo de tiempo en que ocurrió
cada una”, explican.
Con base en esto señalan que la guerra
de Independencia tuvo 370 muertos por
cada 100 mil habitantes, ya que en aquella
época la población nacional apenas reba-
saba los 6 millones.
La guerra de Texas provocó 28 muer-
tes por cada 100 mil habitantes. El con-
flicto contra Estados Unidos arrojó 328,
la guerra de Reforma 97, la intervención
francesa 768, la guerra Cristera 543, mien-
tras que la guerra sucia y el conflicto chia-
paneco no alcanzan un fallecimiento por
Aclaran que actualmente hay zonas y
entidades federativas –como Chihuahua–
cuyo número de muertes en términos rela-
tivos es muy similar al de algunos de estos
conflictos armados.
Indican que las matanzas más conoci-
das del pasado, como la del 2 de octubre
de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila
entre 150 y 350– o la del Jueves de Cor-
pus, en 1971 –se calculan 60– son “even-
tos aislados”, por lo que fueron desecha-
das de sus cálculos comparativos.
–Pero la guerra contra el narco tam-
bién está dejando matanzas, como la de
los 72 migrantes en Tamaulipas.
–Sí. Pero a estas alturas esas 72 muer-
tes ya no marcan ninguna diferencia en
términos estadísticos. Es un porcenta-
je mínimo. Y no es por menospreciar ese
acontecimiento– dice Arturo Arango.
Asegura que las matanzas del narco-
tráfico no pueden calificarse de genoci-
dio, pues esta figura implica el extermi-
nio del enemigo ideológico o étnico. Sin
embargo, algunas organizaciones de de-
rechos humanos, entre ellas el Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vi-
toria, aseguran que ya se da un genocidio
contra los jóvenes y niños de Ciudad Juá-
rez, por lo que piden la intervención de la
ONU y de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos.
Agrega que el gobierno no ha podido
contabilizar el saldo de muertos que va de-
jando la guerra contra el narco: “Hasta el
momento el gobierno no tiene un mecanis-
mo que le permita contar bien. Por ejemplo,
el SNSP informa que de 2006 a la fecha se
han cometido 63 mil homicidios dolosos.
Pero no dice cuántos corresponden a la lu-
cha contra el crimen organizado. Sus cifras
y las del Inegi tienen diferencias hasta de
30%. Es un desbarajuste total.
“El registro de muertes tiene que em-
pezar a levantarse desde que se llega a la
escena del crimen. Inmediatamente debe
resguardarse el área y levantar lo que no-
sotros llamamos el IPH (Informe Policial
Homologable). Las cosas deben hacerse
con método. Pero estos protocolos inter-
nacionales no se cumplen en México.
“Se ha llegado a casos extremos, como
sucedió en Tabasco durante el gobierno de
Roberto Madrazo. En ese tiempo el go-
bierno estatal registraba cero secuestros,
pero en sus cárceles tenían el número más
alto de secuestradores del país. ¿De dón-
de sacaban secuestradores si no tenían se-
cuestros? Este tipo de situaciones siguen
dándose.
“Por eso ante la falta de datos confia-
bles, organizaciones de la sociedad civil
y algunos medios, como los diarios Mile-
nio y Reforma, llevan sus propios conteos.
Hay programas radiales que tienen ‘ejecu-
tómetros’ mediante los que registran dia-
riamente el número de ejecutados.”
–¿Para qué sirve llevar un registro de
muertos?
–Un problema que no se puede me-
dir no se puede interpretar, mucho me-
nos combatir. Es como si un médico supo-
ne que tienes fiebre sólo con verte la cara.
No. Necesita un termómetro para determi-
nar la temperatura corporal y después del
diagnóstico te da la medicina. La contabi-
lidad de las víctimas sirve para hacer un
diagnóstico y tomar las medidas correctas.
Los datos falsos hacen tomar medidas in-
adecuadas –responde Arturo Arango.
–¿Eso le está ocurriendo al gobierno
en su lucha contra el narcotráfico?
–Sí. Es como si estuviera piloteando
un aeroplano que vuela entre una tempes-
tad sin instrumentos para controlarlo y sin
saber hacia dónde se dirige. Completamen-
te perdido.
8 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010

Las
La semana del 22 al 28 de octubre horrorizó al país:
siete matanzas –la mayoría de adolescentes y jóve-
nes– sumaron más de 60 cadáveres y el fenómeno ya
ha llamado la atención incluso de las Naciones Unidas.
Pero el sexenio de Felipe Calderón ha dado mucha más
violencia y crímenes relacionados con el narcotráfico:
no se olvidan los 24 cuerpos abandonados en La Mar-
quesa, la masacre de Creel, los 12 policías decapitados
en Mérida… y tal vez la tragedia más espantosa, la de
los 72 indocumentados centro y sudamericanos fusila-
dos en Tamaulipas en agosto pasado.
GLORIA LETICIA DÍAZ
L
os primeros cuatro años del go-
bierno de Felipe Calderón están
marcados por la sangre de dece-
nas de niños, adolescentes, mu-
jeres y hombres asesinados por
el crimen organizado en varios
estados del país. La semana pa-
sada, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana,
Tepic, la Ciudad de México y Jilotlán, Ja-
lisco, fueron escenario de varias matanzas
que dejaron más de 60 cadáveres, de jóve-
nes la mayoría de ellos.
Mientras eso ocurría, Felipe Calderón
dio una entrevista a la BBC de Londres en
la que criticó a su antecesor Vicente Fox
por “no actuar a tiempo” para combatir al
sello de la casa
masacres,
APphoto/RaymudoRuiz
Juárez, 24 de octubre. Los funerales
NARCOTRÁFICO
1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 9

narcotráfico; más tarde, en el estado de Mo-
relos declaró que la guerra que emprendió
contra el crimen organizado “por desgra-
cia” costará más vidas, pero que la lleva-
rá adelante “con todos sus costos, con to-
dos sus riesgos”.
El recuento de hechos sangrientos se
inicia en Ciudad Juárez el viernes 22: un
grupo armado disparó con fusiles de asal-
to contra los asistentes a una fiesta fami-
liar en la colonia popular Horizontes del
Sur. Las víctimas fueron 12 jóvenes y dos
mujeres adultas.
La madrugada de ese mismo viernes
en la zona rural de Acapulco fueron halla-
dos los cuerpos de seis personas, atadas de
pies y manos, y con huellas de tortura.
En Tijuana 13 internos del centro de
rehabilitación El Camino literalmente
fueron fusilados el lunes 25. Un día des-
pués la ola de crímenes se movió a Te-
T
EPIC, NAY.- Desde la muerte de sus
padres pasaron 14 años para que
Juan Manuel Hernández Robledo
volviera a sentirse feliz. El pasado
abril sorprendió a sus familiares cuando,
por voluntad propia, se recluyó en una de
casa de rehabilitación de la iglesia cristia-
na Alcance Victoria y estaba orgulloso de
los seis meses que llevaba sin probar dro-
gas ni alcohol.
Pero la mañana del miércoles 27 todo
terminó para él: murió en el ataque perpe-
trado por más de una decena de sicarios
en el negocio de lavado de automóviles
Gamboa, donde prestaba sus servicios
como parte de su proceso de recupera-
ción. Junto con Juan Manuel murieron 14
personas más –la mayoría internos del al-
bergue– y tres quedaron heridas.
Esa matanza evidenció los niveles de
violencia del crimen organizado en Nayarit,
particularmente en la capital, desde princi-
pios de este año. De acuerdo con el ejecu-
tómetro del portal de noticias Nayarit en lí-
nea, en los primeros 10 meses de 2010 han
muerto 292 personas a consecuencia de la
guerra contra el narcotráfico.
Horas después del múltiple asesinato el
gobernador Ney González asistió a una “mi-
sa por la paz” en la iglesia de San Judas Ta-
deo, donde dijo que era un buen momento
para reflexionar, pues “una buena dosis de
oración no nos cae mal a todos”.
En una entrevista radiofónica el man-
datario aseguró que la violencia que azo-
ta al estado se deriva de factores externos.
“Ésta no es una guerra que tenga que ver
con problemas entre nayaritas, es un pro-
blema entre narcotraficantes y tienen que
librar su guerra allá en sus espacios, no en
nuestras calles, no en donde están nues-
tros jóvenes; ésta es una guerra que no es
de Nayarit”.
Asimismo, en su espacio de Facebook
Ney González calificó de “doloroso” el he-
cho de que hayan muerto jóvenes que “lu-
chaban por escapar de las drogas”, además
de que estimó que el suceso es “doloroso
para todos porque lastima también a quie-
nes radican en esa zona, a quienes tienen
sus empresas en esas calles; daña el nom-
bre del estado de Nayarit, su economía y
provoca la pérdida de empleo”.
Entre otras decisiones posteriores, Gon-
zález anunció el cese del director general de
la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de algu-
nos mandos de la Policía Estatal Investiga-
dora (PEI).
El presidente estatal del PRD, Rodrigo
González Barrios, cuestiona esas medidas
y advierte que a lo largo de su sexenio Ney
pic: 15 muchachos que trabajaban en un
lavado de automóviles fueron ametralla-
dos, en tanto que la noche del miércoles
27, en la colonia Morelos de la Ciudad
de México siete jóvenes fueron asesina-
dos en la calle.
El jueves 28, cinco patrullas de la po-
licía estatal que circulaban por un camino
vecinal en el municipio jalisciense de Ji-
lotlán fueron emboscadas por sicarios. El
saldo fue de nueve uniformados muertos,
10 heridos y un desaparecido.
La actual racha de violencia es conde-
nada por el representante en México de la
Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, Javier Hernández Valencia, quien en
un comunicado pidió al gobierno de Feli-
pe Calderón “redoblar esfuerzos y adoptar
medidas eficaces para garantizar la tran-
quilidad de la ciudadanía, así como para
investigar de manera pronta y diligente to-
dos los sucesos con el fin de capturar, juz-
gar y sancionar a los responsables”.
Desde el arranque
Pero los de la semana pasada, que cobra-
ron más de seis decenas de vidas, no son
los únicos hechos sangrientos de alto im-
pacto que han marcado al gobierno de Fe-
lipe Calderón.
En el primer año de la guerra contra el
narcotráfico se dieron casos como el ase-
sinato del exalcalde de Río Bravo, Tamau-
lipas, exdiputado federal y exsenador Juan
Antonio Guajardo Anzaldúa, el 30 de no-
viembre de 2007. Otras cinco personas
fueron ejecutadas con él: dos eran guar-
dias proporcionados por la Agencia Fede-
ral de Investigación (AFI). Como candi-
dato a la alcaldía de Río Bravo, Guajardo
Nayarit, en el mapa del luto
PEDRO ZAMORA BRISEÑO
AlejandroGarcía/“Nayaritenlínea”
Los lavacoches ametrallados
10 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010

González se ha caracterizado por cambiar
con frecuencia a los funcionarios de las
corporaciones policiacas.
“El gobernador ha fallado en todas sus
estrategias; ha dicho que va a caer más
personal de los cuerpos de seguridad, pe-
ro la verdad es que la única cabeza que de-
bería caer en Nayarit es la del gobernador;
creo que este barco ya se hundió, hay una
total desconfianza de parte de los ciudada-
nos, hay un rechazo muy fuerte, porque no
ha hecho absolutamente nada en materia
de seguridad”, dice el dirigente perredista.
Añade que en Nayarit “no tenemos go-
bierno”, pues el gobernador “no vive en la
capital, sino en Nuevo Vallarta… quienes
ejercen el poder en Tepic son los grupos
delictivos y si no detenemos esto, pron-
to vamos a estar viviendo como en Ciudad
Juárez o en algunos municipios de Tamau-
lipas o Nuevo León. Debe hacerse algo
muy rápido”.
Rodrigo González dice entender que la
gente esté rezando en sus casas y encuen-
tre en sus oraciones un poco de calma,
“pero el gobernador es de un estado laico,
está obligado a darnos seguridad a todos
los nayaritas y no ha cumplido; desde fina-
les de enero de este año hace llamados a
rezar y nos quiere regañar porque dice que
no cuidamos a nuestros hijos”.
Desmiente también que todos los pis-
toleros sean gente de otros estados, co-
mo lo ha afirmado el gobierno estatal, pues
“hay muchos jóvenes nayaritas que se
han convertido en sicarios, que hoy están
muertos, que son de aquí, de familias que
todos conocemos; es gravísimo que estén
muriendo, y deberíamos estar buscando
maneras de evitar que se vayan al crimen
organizado”.
Y los tiros de gracia
El miércoles 27, poco antes de matar a 15
personas en el autolavado Gamboa los si-
carios pasaron dos veces frente a ese ne-
gocio, por la avenida Rey Nayar. La tercera
ocasión, minutos antes de las 10 de la ma-
ñana, los tres vehículos en los que iban de-
tuvieron totalmente la marcha, los asesinos
bajaron empuñando armas de alto poder y
dispararon.
Esto fue observado desde la acera de
enfrente por un taxista que comía una torta
en un estanquillo. “Cuando vi que traían ar-
mas largas, casi por instinto me tiré al piso,
traté de cubrirme y no supe más; en cuanto
terminó la balacera me fui de ahí”, cuenta.
Los vecinos de la zona temen hablar del
tema. Nadie acepta haber visto lo ocurrido.
El propietario de una llantera, el encargado
de una clínica veterinaria y una odontóloga
cuentan que estaban trabajando dentro de
sus establecimientos cuando escucharon
las ráfagas y se pusieron bajo resguardo.
Difieren en cuanto al tiempo que duró la
balacera, pues hablan de tres a 10 minutos.
Uno de ellos dijo haber escuchado al final
disparos aislados, que atribuyó a los tiros
de gracia.
Además de los internos del centro de
rehabilitación murieron otras personas que
estaban en el lugar por casualidad, como
Max Eduardo Hernández Dostler, de 38
años, quien acababa de llegar en su moto-
cicleta para entregar un pedido de tortas y
jugos.
También murieron los hermanos Fernan-
do y Roberto Velasco Delgado, albañiles de
25 y 28 años, quienes elaboraban el presu-
puesto para una adecuación al baño. El pri-
mero trabajaba para sostener a sus padres
y el segundo, casado, deja tres hijos peque-
ños. Falleció también Rafael Gamboa, cu-
ñado del dueño del negocio.
Los otros ejecutados son Emanuel Pe-
ña Martínez, de 17 años; Mauricio Cande-
lario Monroy Gutiérrez, de 20; Francisco
Rosalío Silva Osuna, de 46; Jesús Castillo
Martínez, de 52; Efraín González Guzmán,
de 28; Alfonso López Félix, Salvador Due-
ñas Quezada, Eduardo de Jesús Sosa Var-
gas, Armando Preciado y Manuel García
Estrada.
Entrevistado después de oficiar la mi-
sa de Juan Manuel Hernández Robledo, el
sacerdote Amadeo Cortés Velázquez, de
la parroquia de Nuestra Señora de Fátima,
advierte que la situación de violencia en
Nayarit ha generado mucha indignación e
impotencia entre la población.
“Es increíble el clima de violencia que
se vive, es algo que no podemos creer, a
todos nos sorprende… Pero el camino no
va a ser la justicia por propia mano; el go-
bierno tiene que luchar para que esto no
quede impune, pero como sociedad tene-
mos que cooperar con compromiso con la
no violencia y educar a nuestros hijos.
“No hay palabras para consolar a la
gente que está sufriendo el dolor de haber
perdido un hijo –dice–. Yo les hablo de la
fe, pero no es fácil, hay quienes le echan la
culpa a los delincuentes, al gobierno o in-
cluso desde el dolor hay quienes cuestio-
nan dónde está Dios.”
En esta parroquia, en el camino al pan-
teón Jardines de la Cruz, este año se han
incrementado las misas de cuerpo pre-
sente. Amadeo Cortés informa que en
promedio se realizan tres o cuatro por se-
mana, las más de las veces para personas
asesinadas.
había advertido de los vínculos de algunos
candidatos del PRI con el crimen organi-
zado. (Proceso 1623)
En Guerrero, los días 4 y 5 de mayo de
2008 dos hechos llamaron la atención so-
bre la movilidad de los grupos delincuen-
ciales que operan sin ser detenidos por po-
licías o militares.
En busca del exalcalde y cacique de
Petatlán Rogaciano Alba Álvarez unos 70
sicarios que viajaban en un convoy de ca-
mionetas acribillaron en la ciudad de Igua-
la a siete integrantes de la Unión Regio-
nal Ganadera, presidida entonces porAlba
Álvarez.
El exalcalde, que era su objetivo, no
estaba entre los muertos, por lo que los
pistoleros se enfilaron a la casa de Alba en
Petatlán; ahí asesinaron a nueve personas,
entre ellas dos hijos del cacique, y secues-
traron a su hija (Proceso 1645).
JorgeDueñes/Semanario“Zeta”
Tijuana. El albergue atacado
NARCOTRÁFICO
1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 11

Ese año, 2008, Guerrero padeció una
violencia tan grande que ni el Ejército se
salvó: el 21 de diciembre ocho militares y
un exjefe policiaco aparecieron decapita-
dos en Chilpancingo; un narcomensaje de-
jado junto a los cadáveres advertía que por
cada delincuente que las fuerzas federales
ejecutaran, los narcotraficantes matarían a
10 uniformados (Proceso 1678).
En Chihuahua, el 16 de agosto de 2008
ocurrió una de las más estremecedoras
matanzas de los últimos años. En la comu-
nidad de Creel, en la Sierra Tarahumara,
un comando asesinó a 13 personas –entre
ellas un bebé de un año– que se divertían
en una fiesta.
Después de cometer el multihomici-
dio, los sicarios presuntamente integran-
tes de La Línea salieron de la ciudad sin
ser molestados por las autoridades, pese a
que hacían alarde de las armas que porta-
ban. Durante varias horas el sacerdote je-
suita Javier Ávila fue la única persona que
asistió a los heridos (Proceso 1660).
Tijuana fue escenario de otra danza
macabra: el 30 de septiembre de ese año
en dos terrenos baldíos fueron hallados los
cadáveres de 15 hombres y una mujer, con
edades que iban de 18 a 25 años. En uno de
los lotes estaban los cuerpos de 12 de ellos
y junto, una bolsa de plástico con sus len-
guas. “Por bocones”, decía una cartulina.
Masivamente
Pero aún faltaban hechos de crueldad ex-
trema que horrorizaron al mundo: el 29 de
agosto de 2008, 12 cuerpos decapitados,
semidesnudos y amontonados fueron ha-
llados en las inmediaciones de Mérida.
El 12 de septiembre, cuando todavía
no se acababan de digerir las imágenes de
los cadáveres de Mérida, otros 24 fueron
tirados en un paraje cercano a La Marque-
sa, en el Estado de México. Todos estaban
atados y tenían el tiro de gracia.
Se trataba de 24 hombres, aparente-
APphoto/RaymundoRuiz
APphoto/BernardinoHernández
Morir en la línea fronteriza
Ejecutados en Acapulco
12 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010

mente albañiles, originarios de Puebla,
Guerrero, Veracruz y el Estado de Méxi-
co que vivían en Huixquilucan. Las inves-
tigaciones indicaron que el 10 de septiem-
bre fueron sacados de sus viviendas por
personas con uniformes negros y azules
con las siglas de la AFI (Proceso 1663).
Esta tragedia fue opacada por otra más
impactante. La noche del 15 de septiem-
bre de ese año una multitud reunida fren-
te al Palacio de Gobierno de Morelia fue
blanco de un ataque –calificado de “nar-
coterrorismo” por especialistas como Ed-
gardo Buscaglia–: presuntos integrantes
de La Familia Michoacana hicieron esta-
llar dos granadas de fragmentación entre
la gente que acudía a la festividad del Gri-
to de Independencia en la capital michoa-
cana, dejando un saldo de nueve muertos
y 132 heridos (Proceso 1664).
Durante todo 2009 tuvieron lugar nu-
merosos ataques de los grupos criminales
en bares y antros de ciudades de Jalisco,
Coahuila, Chihuahua y Durango. Actuan-
do en la impunidad los sicarios dejaron
una estela de cadáveres.
Presos y policías
Los reclusorios no han sido ajenos a la
guerra del narco. El 5 de marzo de 2009,
en el cereso de Ciudad Juárez reos de la
banda de sicarios llamada Los Aztecas, a
las órdenes del cártel de Juárez, mataron a
20 e hirieron a siete internos de las bandas
de Los Artistas Asesinos y Los Mexicles,
ligados al cártel de Sinaloa.
En la misma ciudad, ese año hubo por
lo menos cuatro matanzas en centros de re-
habilitación. En septiembre, testigos de dos
de ellas en las que murieron 28 personas
narraron que en el centro ElAliviane 18 in-
ternos fueron sacados de sus dormitorios
para ser fusilados, en tanto que en elAnexo
de Vida 15 hombres armados entraron por
la fuerza y mataron a 10 personas que se
cruzaron por su camino (Proceso 1716).
En julio de 2009, Michoacán se volvió
frente de guerra entre sicarios de La Fami-
lia Michoacana, Los Zetas y la Policía Fe-
deral. Sin duda el hecho más impactante
ocurrió en el municipio de La Huacana el
14 de ese mes donde los cuerpos de 12 po-
licías federales –11 hombres y una mujer–
fueron apilados en un paraje al lado de la
carretera a Morelia.
Con signos de tortura, los cuerpos de
los federales estaban atados y amorda-
zados, amontonados sobre leña y junto a
ellos había un mensaje: “Vengan por otro,
los estamos esperando” (Proceso 1707).
En octubre de ese año, en el municipio
guerrerense de Tlapehuala se encontraron
los restos de nueve hombres que habían si-
do desmembrados, decapitados y coloca-
dos en 18 bolsas de plástico en la caja de
un camión de carga abandonado.
Siete de las cabezas tenían el tiro de
gracia y, de acuerdo con los reportes pe-
riodísticos, los restos de los cuerpos esta-
ban acompañados de narcomensajes fir-
mados por El Jefe de Jefes Arturo Beltrán
Leyva.
El nuevo objetivo
El 30 de enero de 2010, jóvenes de Ciu-
dad Juárez que se divertían en una fiesta
en el fraccionamiento Villas de Salvárcar
fueron atacados por un comando: 17 mu-
chachos murieron.
A pesar de que la ciudad fronteriza es-
tá llena de fuerzas federales, los familiares
de los asesinados afirman que la ayuda so-
licitada nunca llegó para auxiliar a los heri-
dos y que los sicarios no fueron buscados.
Mientras, desde Tokio Felipe Calderón de-
claró que se trataba de “un ajuste de cuentas
entre pandillas” (Proceso 1736).
Exactamente la misma noche de la
matanza de Salvárcar 10 muchachos de
entre 19 y 25 años que departían en El
Ferri, un bar de Torreón, fueron asesina-
dos por cuatro hombres armados con ri-
fles de asalto.
El 28 de marzo de 2010, 10 personas
de entre ocho y 21 años murieron acribi-
lladas en Pueblo Nuevo, Durango: un gru-
po armado detuvo una camioneta en la que
viajaban 12 personas, del vehículo bajó a
dos mujeres y al resto de los pasajeros los
atacó a tiros y con granadas de fragmenta-
ción (Proceso 1744).
La tragedia migrante
Mientras la espiral de muerte sigue co-
brando cientos de víctimas en entidades
controladas por los cárteles del narcotráfi-
co, en agosto de este año un acontecimien-
to –con un móvil distinto, el secuestro de
indocumentados centro y sudamericanos,
pero con los mismos verdugos– horrorizó
al mundo.
En un paraje del municipio de San
Fernando, Tamaulipas, se descubrieron
los cuerpos de 72 migrantes asesinados.
Todos estaban secuestrados, a merced de
presuntos zetas que les exigían dinero pa-
ra ser liberados o, en su defecto, unirse a
la banda criminal, según narró uno de los
sobrevivientes.Ante la negativa a unirse al
cártel, los indocumentados fueron fusila-
dos (Proceso 1765).
Frente a los innumerables hechos san-
grientos que forman parte del día a día
de México, la última semana de octubre
la muerte violenta de muchos jóvenes in-
defensos volvió a conmover a una nación
que ha sido testigo de una guerra que su-
ma ya más de 28 mil víctimas, mil 200 de
ellas menores de edad sólo en Ciudad Juá-
rez, según informa el Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria.
NARCOTRÁFICO

PATRICIA DÁVILA
C
iudad Juárez continúa convul-
sionada. La pugna entre los gru-
pos de la delincuencia organi-
zada dejó la semana pasada una
estela crítica en esa urbe consi-
derada la más violenta del mun-
do: el sábado 23 fueron ejecutados 13 ado-
lescentes en una fiesta y 15 más resultaron
heridos; el jueves 28 por la madrugada,
cuatro personas murieron y otras 14 queda-
ron heridas cuando un comando abrió fue-
go contra tres camiones de transporte de
personal de una empresa maquiladora.
Pero el caso más escandaloso es el de
Mario González Rodríguez, hermano de la
exprocuradora general de Justicia de Chi-
huahua, Patricia González Rodríguez, se-
cuestrado el jueves 21, poco antes de la
una de la tarde. La exfuncionaria aporta
dos elementos que para ella son clave so-
bre el plagio: que en la operación partici-
paron expolicías y uniformados estatales,
y que el video en que Mario la señala co-
mo protectora del cártel de Juárez y la res-
ponsabiliza de varios asesinatos fue graba-
do en un cubículo de la procuraduría que
ella dirigió.
Patricia González también asegura que
la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) posee información sobre la célu-
la del cártel de Sinaloa que presuntamen-
te plagió a su hermano. Ella insiste que la
Unidad de Inteligencia Táctica Operativa
(Unito), creada dentro del Operativo Con-
junto Chihuahua (OCCH), incluso realizó
una investigación sobre este grupo.
“La Sedena sabe
dónde está mi hermano”
“El secretario Guillermo Galván Gal-
ván, si quiere, me puede ayudar a encon-
trar a mi hermano”, dice. Por su parte el
gobernador de Chihuahua, César Duarte,
niega que en el secuestro estén involucra-
dos agentes de la policía estatal.
La historia puede seguirse a través de
un cronograma de hechos que se concate-
nan de manera inquietante:
En su edición 1771, correspondiente
al domingo 10 de octubre, Proceso publi-
có una entrevista con el expresidente mu-
nicipal de Ciudad Juárez, José Reyes Fe-
rriz, en la que acusó a Patricia González de
haber contribuido al fracaso del OCCH al
dejar en libertad a 9 mil 500 de los 10 mil
detenidos consignados por el ayuntamien-
to en los dos años y medio de operativo.
El viernes 15, a través de un interme-
diario, la exprocuradora solicitó la opor-
tunidad de responder, igualmente en una
entrevista, a las imputaciones de Reyes
Ferriz. La cita fue acordada para el lunes
18, a las 10 de la mañana, en las oficinas
de la revista, en la Ciudad de México.
En punto de la hora llegó a la redac-
ción. Unos cuantos minutos después em-
pezó la entrevista, que se prolongó duran-
te varias horas.
Tres días después, el jueves 21, su her-
El plagio. Trama inquietante
Patricia González y José Reyes Baeza. Infierno

La exprocuradora de Chihuahua Patricia González Ro-
dríguez se dice lastimada por el secuestro de su herma-
no Mario, ocurrido el jueves 21, tres días antes de que
Proceso diera a conocer la entrevista en la que ella
refuta las imputaciones que en esta misma revista, una
semana antes, le hizo José Reyes Ferriz, exalcalde de
Juárez, y cuestiona los operativos conjuntos contra el
crimen organizado. Dice que desconfía de las autorida-
des y lamenta que la Secretaría de la Defensa Nacional
se niegue a apoyarla, toda vez que, afirma, esta depen-
dencia sabe dónde está su hermano.
mano Mario fue plagiado en la capital del
estado, hecho que ocurrió tres días antes
de que este semanario difundiera la entre-
vista con Patricia, en la que la exprocu-
radora afirmó que el OCCH estaba “ago-
tado” y calificó de “error” el sustituir al
Ejército por la Policía Federal (PF) en
Ciudad Juárez; también habló de los 320
mil dólares que el cártel de Juárez pagó a
un “alto funcionario” de la PF en la Ciu-
dad de México y otro pago “local” por 140
mil dólares para que dejara trabajar a esa
organización (Proceso 1773).
Patricia González también detalló la
forma en que los cárteles de Sinaloa y de
Juárez, sobre todo este último, controlan
ejecuciones, secuestros y levantones con
el apoyo de las policías municipales y la
estatal. Incluso diseccionó las estructuras
de ambas organizaciones en los munici-
pios de Chihuahua, un estado donde Joa-
quín El Chapo Guzmán y sus sicarios van
imponiendo su ley.
El viernes 22 presentó una denuncia
ante la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) por la “desaparición forzada”
de su hermano. Ese mismo día hubo una
llamada a la esposa de Mario: le dijeron
que debía pagar 500 mil dólares para que
su marido recuperara la libertad. El fin de
semana, el silencio.
La madrugada del lunes 25 aparecie-
ron mantas en la ciudad. Una de ellas, co-
locada en el puente de la vialidad Nogales
y calle Alfonso Sosa, decía: “A las auto-
ridades y público en general, no se dejen
engañar, las causas de todos los desmanes
en esta ciudad son causados por los (ilegi-
ble) del cártel de Sinaloa…”; la otra, en el
puente de Periférico de la Juventud y ca-
lle Ignacio Rodríguez, rezaba: “Qué pa-
só, Noe Salgueiro, para qué secuestraste
al Lic. Mario González…”.
En ambas se mencionaba también que
el plagio se debió a que ni Mario ni Pa-
tricia González habían cumplido con los
acuerdos pactados con el cártel de Sina-
loa. En la entrevista del lunes 18 la expro-
curadora había comentado que El Flaco
Salgueiro es uno de los líderes del cártel
comandado por El Chapo.
Casi en forma simultánea a la coloca-
ción de las mantas –la edición de Proce-
so, con la entrevista a Patricia González,
aún no llegaba a manos de los lectores de
Juárez–, en la página electrónica youtube.
com, se difundió un video de 9.56 minutos
en el que se observa a cinco encapuchados
de pie. Visten uniforme tipo militar y por-
tan armas largas.
Delante de ellos aparece Mario Gon-
zález Rodríguez. Está sentado y tiene las
manos esposadas. Mira a la cámara mien-
tras responde al interrogatorio que le hace
una persona sobre varios de los asesinatos
cometidos en Chihuahua. En todos los ca-
sos él responde que la responsable fue su
hermana Patricia; incluso da los nombres
de otros presuntos involucrados.
Refiere también que tanto él como la
procuradora pertenecen a La Línea, grupo
armado del cártel de Juárez dirigido por
Vicente Carrillo Fuentes.
Videos y masacres
El lunes 25, Patricia González solicitó
que dentro de la Averiguación Previa en
torno al plagio de su hermano (AP/PGR/
CHI/1613/2010-II/B), llevada por la agen-
te del Ministerio Público federal de la PGR
Damaris Baglietto Hernández, se realice
un análisis criminalístico de las caracterís-
ticas estructurales y decorativas de los cu-
bículos de la procuraduría estatal.
El motivo: que el lugar donde fue gra-
bado el video tiene características “pecu-
liares” e “idénticas” al edificio donde se
ubican las oficinas del Ministerio Públi-
co estatal y la Agencia Estatal de Inves-
tigación”; también solicitó que peritos en
dactiloscopia detecten huellas de calzado,
manchas de sangre, saliva, sudor…
El miércoles 27, personal del MP fe-
deral realizó un recorrido por los centros
de Cuauhtémoc y Parral. A las 15:30 ho-
ras de ese día en youtube.com apareció la
segunda parte del video, en la que Mario
González menciona varios asesinatos y a
los presuntos ejecutores, entre ellos el del
líder campesino Armando Villarreal Mar-
ta, ordenado por Juan Pablo Ledesma, El
JL, operador de La Línea. Según el inte-
rrogado, Villarreal fue ultimado por opo-
nerse a que se sembraran estupefacientes
en el noroeste de Chihuahua. Además, re-
veló que El JL y otro sicario conocido co-
mo El Mónico murieron en dos enfrenta-
mientos, el primero de los cuales ocurrió
en Culiacán, Sinaloa.
DanielPeregrino/“ElDiario”deChihuahua
NARCOTRÁFICO
1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 15

En el video, Mario González involucra
también a Luis Corral Torresdey, de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal,
así como a los agentes Ricardo Vázquez,
Socorro Soto, Rafael Tarín, Ángel Palo-
mares y Mario Iracheta.
Expuso que Ariel Meixueiro Muñoz,
Ramón Humberto Oviedo Sáenz y Éd-
gar Artemio García Treviño, quienes se
desempeñaban como alcalde, director y
comandante de la policía municipal de
Namiquipa, respectivamente, fueron ase-
sinados por La Línea.
Ese miércoles 27, Patricia González
solicitó que se cite a comparecer a los ti-
tulares de las ocho dependencias que du-
rante dos años y medio participaron en el
OCCH: el coordinador, el general Felipe
de Jesús Espitia; el secretario de Seguri-
dad Pública estatal, Víctor Valencia de los
Santos; Conrado García y Eddie Robles,
ambos del Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen); el titular de la
Unito en Ciudad Juárez, Arnoldo Cris-
terna; el secretario de Seguridad Pública
Municipal, el general Julián David Rive-
ra Bretón; el comisario coordinador ope-
rativo de la PF, Vidal Díaz Leal Ochoa; el
subprocurador de Justicia de la Zona Nor-
te,Alejandro Pariente, así como a Gustavo
Zabre y a Javier Torres Cardona.
“Presenté una promoción para que en-
treguen la información que se tiene sobre
la célula (una de las 15 que integran el cár-
tel de Sinaloa en Chihuahua) que tiene re-
tenido a mi hermano, a la que pertenece
el link denominado elquitapuercosenchi-
huahua y la persona que subió el video
que se hace llamar elpumaorigina. Al pa-
recer, este individuo es el líder de la célula
y busca publicidad para posicionarse co-
mo delincuente en su organización crimi-
nal”, explica la exprocuradora en entrevis-
ta telefónica con esta reportera.
–¿El secuestro de su hermano es una
venganza en su contra? –se le pregunta.
–Sí. Este grupo criminal pretende
apropiarse no sólo del territorio chihu-
ahuense para continuar con sus activida-
des ilícitas (e intimidar) a los ciudadanos,
sino también quebrantar, a través del te-
rrorismo psicológico, las decisiones de los
operadores de los tres niveles de gobierno.
“Quieren tender una cortina de humo
para seguir operando en las estructuras
policiales que han participado con ellos
en las actividades ilícitas. Buscan inti-
midar y paralizar a la población para que
guarde silencio, tolere y consienta estos
actos de barbarie.”
Esta última entrevista se realizó el
jueves 28, mientras los medios informa-
ban de una nueva masacre en Ciudad Juá-
rez: un comando atacó a los empleados
de la planta maquiladora Tagle Ottawa,
con saldo de cuatro mujeres y un hombre
muertos y 14 personas más heridas; las
autoridades reportaron un desaparecido.
La semana previa, el sábado 24, se re-
gistró el multihomicidio de jóvenes en una
fiesta en Valle de Juárez. Murieron seis
mujeres y ocho jóvenes, cuatro de ellos
menores de edad; 15 resultaron heridos.
Reproche a los militares
PatriciaGonzálezafirmaquetieneapoyodela
PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública
federal (SSP), pero lamenta que la Sedena se
lo regateé: “El personal de la Unito, ubicada
en el interior de la V Guarnición Militar en
Ciudad Juárez, sabe perfectamente quién tie-
ne a mi hermano y cómo ubicar al grupo para
rescatar a mi hermano”.
Dice que solicitó ayuda al capitán Es-
pitia para que, con su grupo de agentes
del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Es-
peciales (GAFE), localice a su hermano:
“Me dijo: ‘Señora, yo estoy en México,
necesito una autorización para propor-
cionarle la información que tenemos’.
Por eso insisto, si el secretario de la De-
fensa quiere, puede ayudarme a encontrar
a Mario, como solidario de las personas
que trabajamos en el OCCH.
“Ellos (el Ejército) detuvieron a per-
sonas relacionadas con ésta célula, saben
dónde viven y cómo se llaman quienes
usan los seudónimos de elquitapuercosen-
chihuahua y elpumaoriginal”.
E insiste: “Ayer (miércoles 27) presen-
té una promoción. Pedí que se cite a de-
clarar a los integrantes del OCCH para ver
si proporcionan información sobre esa cé-
lula. Fui su compañera casi tres años, tra-
bajamos entre la vida y la muerte.Yo creo
que la mínima cortesía es que declaren y
digan en dónde podemos localizarlos (a
los plagiarios). Además, algunos trabajan
en la actual administración”.
La exprocuradora, quien recibe apoyo
de peritos franceses y de Nuevo México
especializados en rastreo de videos como
el que fue subido a youtube.com, señala:
“Ya recordé nombres; ya recordé investi-
gaciones de detenciones que hizo princi-
palmente el Ejército, casos de homicidios
relacionados con esa célula criminal”.
La entrevistada envió a Proceso un do-
cumento con una lista de casos que con-
sidera más “relevantes”: los homicidios
múltiples como el de los jóvenes de Villas
de Salvárcar y los de los centros de rehabi-
litación El Aliviane y Anexo de Vida. Ahí
se indica que de los 173 individuos rela-
cionados con la delincuencia organizada y
los 211 detenidos por secuestro, 96% es-
taban relacionados con el cártel de Juárez.
Detalla también varios homicidios:
el de Ernesto Rascón Mayers, el 8 de di-
ciembre de 2008; el del poblado de Cre-
el, Chihuahua; el del líder mormón Benja-
mín Lebarón; el del Director de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de
Justicia en el estado, Pedro Aragonez; el
del periodista de El Diario de Juárez Ar-
mando Rodríguez y el de Miguel Etzel
Maldonado. También menciona el homi-
cidio en grado tentativa de Julio Porras
Chávez y el de Enrique Perea Quintanilla,
así como el del detenido Crispín Borunda.
En lo relativo a los feminicidios, Patri-
cia González señala que está plenamente
demostrado en las averiguaciones previas
que hay 222 sentenciados, 46 detenidos a
los que se les dictó ya auto de formal pri-
sión, 17 sentenciados en el tribunal de me-
nores y 24 casos de homicidio/suicidio.
Dice que 93% de esos homicidios fue-
ron producto de la violencia doméstica o
de género. Por lo tanto, señala, las expre-
siones del video que apareció en youtu-
be.com en torno a los feminicidios refle-
ja un “desconocimiento” total del tema y
una “falacia”.
Además, comenta que demandará al
exalcalde juarense José Reyes Ferriz por
daño moral y adelanta que expondría su
caso ante organismos internacionales co-
mo la Organización Mundial contra la Tor-
tura, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos y Amnistía Internacional.
Patricia González afirma que, aun
cuando cuenta con el apoyo del goberna-
dor César Duarte, desconfía de la mayor
parte de los empleados de la procuradu-
ría estatal. “Sé que cualquier solicitud de
información que haga la van a filtrar a los
cárteles”, comenta a la reportera.
Proceso solicitó entrevistas a Duarte,
a Reyes Ferriz y a Reyes Baeza. Los tres
se negaron a concederlas. El miércoles 27,
durante la entrevista con Joaquín López
Dóriga en su noticiario de Radio Fórmu-
la, la exprocuradora afirmó:
“Tengo 31 años de experiencia en el tra-
bajo de procuración y administración de la
justicia y en estos seis años me tocó lidiar con
policías que di de baja. Me tocó enfrentarlos
y confrontarlos. Si el gobernador (Duarte) no
está de acuerdo, lo siento, pero es una hipóte-
sis que tendrá que investigarse.”
Al día siguiente, Proceso volvió a con-
sultar a la exfuncionaria y ella envió un do-
cumento en el que reflexiona sobre su que-
hacer público: “Cuando fui procuradora
promoví reformas que trastocaron los inte-
reses económicos tanto del crimen organiza-
do como de los funcionarios públicos que se
habían asociado con éste. La forma en que
las reformas afectaron a policías y otros fun-
cionarios fueron muchas. Por ejemplo, per-
dieron su trabajo cerca de 350 funcionarios
que considerábamos cuestionables en térmi-
nos de capacidad y honestidad…
“Me duele en el alma que delincuen-
tes usen a mi hermano para castigarme
por mi desempeño como servidora pú-
blica. Asumo los costos. Lo lamento,
me duele, me duele muchísimo pero no me
arrepiento…”
16 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010

1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 17
“L
os efectos de la lucha poli-
ciaca contra el narcotráfico,
cuerpo a cuerpo, son muy
limitados. Por más que se
aprehenda a los jefes de los
cárteles la pregunta obliga-
da es: ‘¿Y su dinero? ¿Dónde están esas
ganancias?’ No tenemos un instrumento
jurídico que nos permita dar esa lucha”,
advierte el senador panista Santiago Cre-
el, quien subraya que ni siquiera 1% de
las ganancias anuales derivadas del cri-
men organizado –alrededor de 25 mil mi-
llones de dólares– ha sido confiscado por
las autoridades.
JENARO VILLAMIL
NARCOTRÁFICO
La guerra antinarco,
Hasta ahora las acciones para acabar con el narcotrá-
fico han sido infructuosas pues no se enfrenta el pro-
blema desde su raíz y se aborda sólo la lucha armada
contra los sicarios, lo que ha derivado en los 28 mil
muertos por esa la guerra de este sexenio. Así lo consi-
dera el senador Santiago Creel, quien está convencido
de que al crimen organizado sólo podrá derrotársele si
se ataca su dinero. En entrevista con Proceso habla de
su iniciativa de ley que, afirma, es “más completa y co-
ordinada” que la presentada por Calderón en agosto…
inútilsi no ataca el lavado de dinero
JuanCarlosCruz

18 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010
En entrevista con Proceso el exsecreta-
rio de Gobernación abunda sobre los deta-
lles de su iniciativa de Ley Federal para la
Prevención de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Financiamiento
B
RUSELAS.- Tan sólo por el trasiego de
cocaína en México y Centroamérica,
los beneficios de los cárteles mexi-
canos de las drogas ascendieron a 6
mil millones de dólares en 2008, afirma un
amplio reporte de la Oficina de Naciones
Unidas contra las Drogas y el Crimen Orga-
nizado (UNODC, por sus siglas en inglés).
Dicho estudio sirvió como referencia
a las discusiones de la Conferencia de los
Estados miembros de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Trasnacional, que tuvo lu-
gar en Viena, Austria, del 18 al 22 de octu-
bre de este año. México forma parte de esa
Convención.
De acuerdo con el reporte de la UNODC,
de 314 páginas y publicado el pasado 17
de junio, los cárteles mexicanos de la droga
constituyen la “principal amenaza” del “cri-
men organizado trasnacional” en la región, y
han alcanzado tal poderío que ya disponen
del armamento, los recursos económicos y
los elementos necesarios para “desafiar” la
estabilidad del Estado mexicano.
Peor aún, la amenaza tiende a “incre-
mentarse”, advierte el documento titulado La
globalización del crimen: una evaluación so-
bre la amenaza del crimen organizado trasna-
cional, elaborado por la Sección de Estudios
y Análisis de Amenazas de la UNODC, a peti-
ción de sus Estados miembros.
Los análisis contenidos en ese repor-
te se basan sobre todo en las informacio-
nes que proporcionaron los gobiernos, pero
también colaboraron agencias internaciona-
les como Interpol o el Instituto Internacional
de Estudios para la Paz (SIPRI, por sus si-
glas en inglés), con sede en Estocolmo.
En su apartado Regiones bajo tensión:
MARCO APPEL
Riesgode desestabilización
cuando el crimen organizado trasnacional
amenaza la gobernabilidad y la estabilidad,
el reporte señala que la extrema violencia
generada en México por el narcotráfico ha
atraído la atención internacional, ya que,
refiere, el país podría estar siendo “severa-
mente desestabilizado”.
Como el principal negocio de los cárteles
mexicanos, ubica el tráfico de cocaína, cuyo
origen, explica, son los países andinos y cuyo
destino es principalmente Estados Unidos.
No obstante, enfatiza que desde los
años 80 del siglo pasado la demanda de co-
caína ha bajado en Estados Unidos, y que
en los últimos años esa disminución ha sido
notable mientras que, en la última década,
su consumo se ha disparado en Europa.
La cocaína –recuerda el documen-
to– es transportada desde Colombia a
México o a Centroamérica por vía marí-
tima, de lo que se ocupan narcotrafican-
tes colombianos; los mexicanos se encar-
gan después de llevar la droga por tierra
hacia Estados Unidos y Canadá.
Asegura que el 90% de la cocaína que
consume Estados Unidos ingresa por su
frontera terrestre con México. Mientras que
el 70% de esa droga es trasladada desde
Colombia a través del océano Pacífico, el
20% pasa por el Atlántico y el restante 10%
llega de Venezuela y de países del Caribe.
Y expone: “Se necesitan 196 toneladas
de cocaína para satisfacer la demanda de
Estados Unidos, un flujo valuado en 38 mil
millones de dólares en 2008, aunque esta
al Terrorismo presentada el martes 26 en el
Senado y que “complementa” la propuesta
de Felipe Calderón, en el mismo sentido,
enviada al Congreso a finales de agosto.
Creel considera que el combate actual
al narcotráfico, que privilegia la acción
policiaca y militar, debe continuar pero
advierte que “si no se ataca el motor, el
corazón del crimen organizado que son las
utilidades, el dinero, la lucha tendrá irre-
mediablemente efectos limitados”.
–La violencia en todo el país se incre-
menta. ¿Esta escalada se relaciona con el
mayor volumen de ganancias? –se le plantea.
–La violencia es directamente propor-
cional a las utilidades del negocio. A ma-
yores utilidades, mayor violencia. Entre
más rentable sea el negocio, más riesgos
está decidido a asumir el criminal. Eso ya
lo estamos viendo en la lucha por el con-
trol de territorios que observamos en el
país. Tiene que ver con el dinero. Por tan-
to, ¿qué estamos haciendo para disminuir
las ganancias y capturar el dinero? Abso-
lutamente nada o muy poco.
–¿Su iniciativa lleva implícito un replan-
teamiento de la lucha contra el narcotráfico?
–Sí porque se abre una nueva avenida
que no hemos explorado. Si a un cártel
se le ataca por donde más le duele y no
cuenta con dinero para comprar armas y
precursores químicos, ya no puede des-
plegar su fuerza por carecer de recursos.
Se ve imposibilitado para cooptar a las
autoridades, a los policías, a los partidos
políticos. Con esta ley la lucha en la calle
será muy distinta.
La iniciativa advierte que de 2000 a la
fecha el gobierno mexicano ha incumpli-
do 40 recomendaciones emitidas por el
Grupo de Acción Financiera Internacio-
nal (GAFI), organismo creado por el G-8
–el de las naciones más desarrolladas–
para combatir el lavado de dinero. Entre
esas recomendaciones el GAFI ha criti-
cado la dispersión de las leyes mexicanas
en la materia, ya que existen 11 que han
sido inoperantes.
“Las leyes (mexicanas) que pe-
nalizan el lavado de dinero y el finan-
ciamiento al terrorismo no responden
plenamente a las normas internacionales
y no hay margen para mejorar significa-
tivamente su aplicación”, advierte una
de las recomendaciones.
En otra recomendación el GAFI ad-
vierte que el gobierno mexicano no ha
realizado “ninguna revisión a las entida-
GermánCanseco
Creel. Iniciativa “complementaria”

1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 19
NARCOTRÁFICO
des y organizaciones sin fines de lucro, así
como para apoyar la adopción de medidas
para impedir el uso ilegal de las personas
morales en relación con el lavado de dine-
ro y el financiamiento al terrorismo”.
El legislador reconoce que una de las
fuentes que inspiraron su iniciativa contra
el lavado de dinero son las recomendacio-
nes del GAFI, pero también las experien-
cias de España y Colombia, así como la
situación prevaleciente en México.
Y aporta un dato: la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda, creada el 7 de mayo de 2004
para combatir el blanqueo de capitales,
tiene un presupuesto anual de apenas 48
millones de pesos y muy poco personal.
Desde hace dos años la mayoría de las ins-
tituciones financieras no recibe la emisión
de criterios para combatir el lavado.
En contraste, Creel calcula que la ren-
tabilidad del negocio de la droga es de 15
mil a 35 mil millones de dólares anuales.
“Pongamos una media de 25 mil millo-
nes de dólares. Si lo que se captura al año
son 400 millones de dólares, no estamos
ni al 1%”, resume.
–¿Qué resistencias ha encontrado al
presentar una iniciativa de este tipo?
–Todavía no las observo porque aca-
bo de presentarla. Estoy consciente de
que habrá resistencias. Pero si queremos
seguir igual, bueno, dejemos las cosas co-
mo están, no nombremos a los legislado-
res como personas políticas expuestas al
narcotráfico, dejemos a un lado el sistema
financiero del país.
“El ai se va mexicano en todo es-
to sería veneno puro. Vamos a tener que
combatir una enfermedad imposible de
curar. Además ya vamos muy retrasados
en la materia. Llevamos mucho tiempo sin
cumplir las recomendaciones del GAFI”.
Partidos, iglesias, sindicatos
La iniciativa de Creel, integrada por más
de 100 artículos, no se limita sólo al sis-
tema financiero y económico tradicional.
El senador argumenta que incluyó el lla-
mado “sistema de negocio ampliado”, que
abarca casas de juegos y apuestas, sorteos,
casas de empeño, instituciones altruistas,
partidos políticos, asociaciones religio-
sas, agrupaciones gremiales y sindicales,
organismos campesinos, arrendadoras,
compañías inmobiliarias, constructoras y
empresas de autotransporte.
cifra no se distribuye de forma pareja.
“Los cultivadores de coca de tres paí-
ses andinos ganaron unos mil 100 millones
de dólares ese año. Las sumas generadas
en los países andinos mediante las activida-
des de procesamiento y tráfico de cocaína
destinada a los países de América del Norte
ascendieron a 400 millones de dólares.”
Prosigue el informe:
“Los ingresos brutos totales obtenidos
por las personas que importaron cocaína a
México se estiman en unos 2 mil 400 millo-
nes de dólares (excluyendo los gastos de en-
vío), en tanto que los cárteles mexicanos ob-
tuvieron 2 mil 900 millones de dólares ese
año únicamente por el transporte de cocaína
a través de la fronteras con Estados Unidos.”
La UNODC plantea asimismo que,
“no obstante, los mayores beneficios fue-
ron los generados dentro de Estados Uni-
dos, que ascendieron a 29 mil 500 millo-
nes de dólares entre el nivel mayorista y
los consumidores estadunidenses”.
La diversiﬁcación
La UNODC advierte que los traficantes
de cocaína mexicanos se están configu-
rando como “grupos multi-crímenes”, los
cuales han desarrollado tal grado de
complejidad financiera que son capaces
de desplazar sus “inversiones” de las zo-
nas donde decae el comercio de cocaína
hacia otras que mantienen la rentabilidad.
Indica el reporte: “Desde hace mucho
tiempo, el territorio de México ha servido
a los narcotraficantes como conducto pa-
ra la cocaína destinada a Estados Unidos,
pero los cárteles mexicanos le han progre-
sivamente arrancado el control de este flu-
jo a los abastecedores colombianos. Ac-
tualmente, unas 180 toneladas de cocaína
–que generan alrededor de 6 mil millones
de dólares en la región– transitan por Cen-
troamérica y México cada año”.
A partir de 2006, expone el estudio,
tuvo lugar una repentina caída del consu-
mo en Estados Unidos debido a una baja
del aprovisionamiento. Ello derivó en una
reducción de los mercados de esa droga
y en una intensificación de la competen-
cia entre bandas del narcotráfico, que las
obligó a diversificar sus operaciones.
El informe de la UNODC asevera que
“la riqueza asociada al tráfico de cocaína ha
creado amplios y poderosos grupos del cri-
men organizado” en México, y subraya que
los cárteles mexicanos “controlan elementos
y armas suficientes para desafiar al Estado:
cuentan incluso con acceso a armamento
militar y explosivos. Además poseen los fon-
dos necesarios para sembrar la corrupción
de modo generalizado y al más alto nivel”.
Debido a una considerable baja en el
comercio de cocaína, tales organizacio-
nes comenzaron a diversificar sus ope-
raciones con el tráfico de migrantes, el
secuestro y la extorsión, aunque estos
crímenes, recuerda, “ya existían en Méxi-
co previamente”.

20 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010
Sólo en la enumeración de los sujetos
obligados del sistema financiero, la ini-
ciativa prevé los siguientes: instituciones
de banca múltiple, instituciones de ban-
ca de desarrollo, asesores de inversión,
almacenes generales de depósito, arren-
dadoras financieras, casas de cambio,
fondos de aseguramiento, empresas de
factoraje, uniones de crédito, transmiso-
res de dinero, administradores de tarjetas
de crédito o servicios, centros cambiarios,
casas de bolsa, cooperativas y sociedades
financieras, entre otras.
En el caso de los “nuevos sujetos obli-
gados” la iniciativa incluye a “las personas
que se dediquen a las actividades de pro-
moción, agencia, desarrollo, construcción,
compraventa, comodato, arrendamiento,
inversión, comisión, administración, in-
termediación o cesión de derechos en el
sector inmobiliario; a los prestadores de
servicios profesionales independientes; a
los fedatarios y notarios públicos; a quie-
nes se dediquen a la fabricación o venta de
metales, piedras preciosas, joyas, obras de
arte o antigüedades y a las personas dedi-
cadas a la transportación aérea, marítima
o terrestre de bienes y personas”.
Creel admite que desatará polémica
la inclusión de partidos políticos, agrupa-
ciones religiosas y organismos sindicales
como nuevos “sujetos obligados” a rendir
cuentas frente a las sospechas de “lavado
de dinero”.
“Hay altísimas sospechas de que exis-
ten templos que se han financiado con re-
cursos de procedencia ilícita”, advierte el
excoordinador de la bancada del PAN en
el Senado y puntualiza: “De varias deno-
minaciones religiosas, no sólo de una”.
Por lo que toca a las campañas electo-
rales y los partidos políticos, argumenta:
“Si estamos viendo que partidos, candida-
tos y campañas están teniendo problemas
por los altos riesgos de que sean interve-
nidos por narcodinero, hay que incluirlos.
Lo mismo ocurre con los organismos gre-
miales del país. Una cosa es su autonomía;
y otra, de dónde vienen sus recursos y a
dónde van a parar. Igual sucede con las
centrales campesinas”.
El tercer bloque de sujetos a investigar
tiene que ver con la economía informal,
que constituye 50% de las actividades
económicas del país a través del pago en
efectivo, sin comprobante.
La iniciativa propone que todas aque-
llas operaciones de más de 2 mil 500
salarios mínimos (150 mil pesos, en pro-
medio) deberán realizarse mediante ope-
raciones bancarias.
Creel ejemplifica: “No se van a poder
comprar coches o casas en efectivo. Que-
da claro que ningún vehículo nuevo o bien
inmobiliario vale menos de 150 mil pesos.
Hay cierto tipo de operaciones que irre-
mediablemente se van a ‘bancarizar’. No
se trata de poner un manto de sospecha a
toda la economía, a todos los agentes de
negocios, pero sí de que todos cumplan las
mismas reglas”.
–¿En términos de costo-beneficio
se ha hecho un cálculo de lo que costará
vigilar todas estas actividades, en com-
paración con movilizar al Ejército y a las
policías? –se le pregunta.
–La Unión de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda gasta al año
48 millones de pesos. Por supuesto, esta
cantidad tiene que multiplicarse. Si ha-
blamos de un negocio que gana miles de
millones de dólares, vale la pena que el
Estado invierta un poco más.
“Mi idea no queda ahí. Consiste en
utilizar los recursos capturados para in-
vertirlos en inteligencia, en equipamiento.
Claro que van a sobrar porque estamos ha-
blando de mucho dinero. Los 35 mil mi-
llones de dólares de ganancias anuales del
lavado son para armar a un ejército que no
necesitamos.
“Por ejemplo, hoy en día les pagamos
a las policías municipales 4 mil pesos
mensuales y a otros superiores, 10 mil
pesos. ¿No podríamos establecer un sis-
tema de bonos de desempeño para que a
quien capture un patrimonio importante o
haga una aprehensión estratégica se le re-
conozca en su propio salario, para buenas
prestaciones sociales, para invertir en su
capacitación en el país y en el extranjero?”
–¿Disminuiría la violencia con una ley
de este tipo?
–Estoy convencido de que en el media-
no plazo, cuando los mecanismos empie-
cen a entrar en vigor, tendrá que disminuir
el poder del crimen organizado.
–¿Cuál sería la ruta legislativa?
–Ya podemos empezar el proceso
de dictaminación con las dos iniciativas
presentadas por el presidente y los sena-
dores perredistas René Arce y Minerva
Hernández. La iniciativa que planteo es
complementaria de las precedentes. Creo
que vamos a poder trabajar muy bien.
Considero que la mía cubre algunos as-
pectos como la regulación del sistema
financiero, que no está en ninguna de las
otras dos.
Los riesgos, los muertos
A diferencia de las otras dos iniciativas,
en esta nueva propuesta se crea el Comi-
té Técnico Interinstitucional, nuevo orga-
nismo colegiado en el que participará el
titular de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda más re-
presentantes del Centro de Investigación
y Seguridad Nacional, la Procuraduría
General de la República, la Secretaría de
Seguridad Pública y el Banco de México.
Creel admite que la falta de coordina-
ción institucional es un gran problema.
Debe establecerse en qué momento inter-
vendrá el Ministerio Público ya que “la
Secretaría de Hacienda no tiene facultades
para detener, no es una policía; por eso ha-
ce falta un mecanismo de coordinación e
inteligencia”.
–¿Se incorporará a elementos de inte-
ligencia de las Fuerzas Armadas?
JuanCarlosCruz
Decomiso en Culiacán

1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 21
NARCOTRÁFICO
–Los pueden invitar. Se puede con-
vocar a cualquiera. Este comité ya le da
un carácter distinto porque va a recibir
toda la información y reportes del siste-
ma financiero.
“Va a existir un registro único que va
a ser personal para cada actor económico
relevante en el país. Contendrá su decla-
ración patrimonial, sus declaraciones fis-
cales, todo el flujo de información de los
registros públicos de propiedad y de co-
mercio y también va a capturar informa-
ción que aparezca en medios.”
Y ejemplifica: “Si a un servidor públi-
co se le ve en un Ferrari en una fotografía
de prensa, el sistema debe detectar que el
Ferrari no corresponde con su declaración
patrimonial. Se prenden los focos rojos.
“Sé que esto va a molestar, va a pisar ca-
llos, pero tenemos que hablar con el ejem-
plo. Por cierto, prevenir el lavado de dinero
también es un mecanismo de combate a la
corrupción. No todo el lavado de dinero ocu-
rre por la vía del crimen organizado, una
parte muy importante se da por corrupción.
Esta ley, sin querer queriendo, o más bien
queriendo, va a ser un instrumento para
combatir la corrupción porque pone una lu-
pa sobre todos los servidores públicos”.
–¿Qué tal si el poder de corrupción llega
a este Comité Técnico Interdisciplinario?
–Hay una cláusula para que, al azar, se
les hagan exámenes de confianza a todos
los integrantes. Además el comité sirve
para entregar toda la información jurídica
disponible.
–¿Esta figura existe en otros países o
es una propuesta de acuerdo con lo que ha
observado en el gobierno?
–Es un mecanismo muy hecho a la
medida del sistema mexicano, pero en
España y en Colombia hay una disposi-
ción de la comisión. Esto también forma
parte de mi experiencia: las instituciones
no se coordinan. La Secretaría de Ha-
cienda no tiene una función policiaca,
tampoco las aduanas. Tenemos que refor-
zar a la Secretaría de Hacienda para que
pueda cumplir con su responsabilidad.
–¿El PRI apoyará la iniciativa?
–Todavía no me lo han dicho.
–¿No existe el riesgo de que la iniciati-
va se negocie y quede en parches?
–Sí, hay muchos riesgos. Pero yo
digo: tenemos muchos municipios con
altísima presencia del crimen organiza-
do, casi 400; hay 28 mil muertos y una
situación que se viene deteriorando. O
acompañamos esta estrategia con accio-
nes para combatir el dinero sucio o no
lograremos nada.
“Por cierto, tenemos que hacer el
acompañamiento internacional. Si Es-
tados Unidos no reconoce su responsa-
bilidad y lo mismo los países andinos,
creo que el problema va a ser más
complejo y difícil. El mercado ameri-
cano sigue creciendo y la producción
en los países andinos viene aumentan-
do año con año. En la medida que la
producción de coca no se disminuya y
el consumo no baje vamos a estar en
una situación muy difícil. Estamos en
medio de un problema por el altísimo
nivel de ganancia de la hoja de coca.”
Y otro de los datos con que se ilustra
en la iniciativa el nivel de ganancias es
bastante revelador: un kilo de pasta de co-
ca en Colombia vale 950 dólares; al con-
vertirse en cocaína su valor asciende a 2
mil 340 dólares. Al llegar a alguna ciudad
mexicana de la frontera, ese mismo kilo
vale 12 mil 500 dólares. En cuanto cruza
la frontera vale 26 mil 500 dólares. Una
vez que se divide en gramos o líneas, en
las calles de Estados Unidos un kilo as-
ciende a 180 mil dólares.

Los “narcos”
pobres
MARCELA TURATI
C
HILPANCINGO, GRO.- Flo-
rencia Morales Dircio no se
parece a La Reina del Pacífi-
co. A ella no la detuvieron en
una residencia ni le confisca-
ron relojes finos, aunque tam-
bién se encuentra en la cárcel acusada
por presuntos delitos relacionados con
el narcotráfico. A esta joven indígena
que mira al piso cuando habla, unos ju-
diciales federales la sacaron del jacal de
su suegro, le quitaron al hijo que llevaba
en brazos, la acusaron de estar “cerca”
de semillas de amapola y greñas de ma-
riguana, y por tal delito un juez la con-
denó a cinco años y tres meses de cárcel.
Su caso engrosa la publicitada ci-
fra de 82 mil detenidos en lo que va del
sexenio por delitos relacionados con el
narcotráfico, pero el delito de Floren-
cia, si acaso, es ser indígena, analfabeta,
mascar mal el español y carecer de dine-
ro para contratar un abogado.
Aunque al ser encarcelada era me-
nor de edad, tenía un hijo lactante, es-
taba embarazada y no hubo pruebas en
su contra, le fijaron la pena máxima pa-
ra los campesinos “de escasa instrucción
y extrema necesidad económica” dedi-
cados a la siembra, cultivo o cosecha de
mariguana, amapola, hongos alucinó-
genos, peyote “o cualquier otro vegetal
que produzca efectos similares”.
Marcela Turatti
Plantío de amapola

En el país existen 477 indígenas ence-
rrados bajo la acusación de haber come-
tido uno o varios delitos contra la salud.
Sólo en la cárcel de Chilpancingo hay 27,
cuatro son mujeres.
La descripción del operativo de captu-
ra de Florencia, plasmada en el expediente
06/2008, ilustra su estilo de vida:
“Teniendo acceso por la puerta de ma-
dera sin pintar, se observó un altar con
imágenes religiosas y, a un costado, elo-
tes amontonados en el suelo, así como tres
botes metálicos. Se encontró sobre el sue-
lo una yerba verde y seca en greña, así co-
mo envolturas color azul con un atado con
las características propias al parecer de la
mariguana y un pañuelo color rosa conte-
niendo al parecer semillas de amapola (…)
se observó una cocina donde se observan
un molino, una mesa de madera, una ha-
maca y un comal donde no se localizó de-
lito alguno (…) es una casa de construc-
ción de adobe con techo de teja y lámina y
mide aproximadamente 10 metros de lar-
go y seis de ancho.”
En el legajo se indica que en enero de
2008, cuando fue aprehendida en la co-
munidad de Oxtotitlán, municipio de Jo-
sé Joaquín de Herrera, Florencia tenía 16
años. El comandante al mando de la mi-
sión era Benjamín Catalán Nava, de la
Agencia Federal de Investigación, quien
señala que acudieron al jacal por una de-
nuncia anónima y al llegar descubrieron a
Faustino García, esposo de Florencia, y al
padre de éste, Vicente Hermenegildo Gar-
cía, regando el jardín de la casa.
“Ante ello, el personal se traslada al
patio y, a tres o cuatro metros, observan
diversas plantas conformadas por tallos y
bulbas con características de amapola en
una superficie de 100 metros cuadrados,
con 10 plantas por metro cuadrado”, de-
clara Catalán en su reporte.
De la culpabilidad de los varones, o de
su paradero, nada dice el expediente por-
que ellos nunca pisaron la cárcel. Floren-
cia afirma que eso se debe a que ni su ma-
rido ni su suegro estaban en el lugar.
“Ese día iba yo a visitar a mi suegro
y vi que cerquita iban como tipos arma-
dos, así como civiles; nomás estaba la ca-
sa sola y ellos empezaron a entrar, pues,
a revisar, y me pregunta: ‘¿Aquí vive tu
suegro?, venimos este orden de cateo’. Le
digo: ‘yo no sé nada’. Quieren traerme, no
quería venirme, tenía yo cargando mi ni-
ño, me lo quitaron y se lo dieron a una se-
ñora; una mujer judicial hasta me arrem-
pujaba. ‘Aquí vas a caminar, así te va a
ir en Chilpo’. Le digo: ‘¿Qué delito, ten-
go problemas? Enséñeme mi nombre si de
veras viene’.Y me trajeron”, explica la jo-
ven nahua a Proceso.
El magistrado del Primer Tribunal
Unitario, José Luis Arroyo, quien firmó el
expediente, sólo dio validez a la palabra de
los agentes de la AFI. Desechó las decla-
raciones de Florencia y de los dos testigos
que juraron que ni siquiera era suya la ca-
sa donde supuestamente encontraron los
estupefacientes. Tampoco le valió el tes-
timonio del agente de Bienes Ejidales de
su verdadera comunidad, Ajacayan Orien-
te, a media hora de Oxtotitlán, que la des-
cribió como persona intachable; ni el de la
vecina presente en la detención que decla-
ró que en el operativo no encontraron dro-
ga. A Florencia también le sorprendieron
los cargos. El magistrado Arroyo, sin em-
bargo, consideró que los testigos fueron
aleccionados para beneficiarla.
“Tales probanzas no son suficientes,
ya que aun cuando refieren que Florencia
no vivía en el lugar, no justificaron su pre-
sencia en el mismo (…), y la testigo Ma-
riana Felipe, que señala que vio todo por-
que estaba llenando su tanque y andaba un
señor repartiendo agua, es una manera va-
ga y superficial de intentar beneficiar al
procesado”, argumentó.
Bajo la premisa de que los ciudadanos
son inocentes hasta que se demuestre lo
contrario, el mismo juez señaló que Flo-
rencia no presentó pruebas para sustentar
su inocencia y que, aunque la casa denun-
ciada no es suya, estuvo cerca de la droga:
430 gramos de mariguana y dos kilos de
semillas de amapola.
“A pesar de que admitió que tuvo den-
tro de su radio de acción y ámbito de dispo-
nibilidad los estupefacientes y precisó que
son de sus suegros –asentó el juez–; sin em-
bargo esa manifestación por sí sola no tie-
ne alcance de invalidar el conocimiento de
elementos; se trata de una simple negati-
va de su participación en los hechos, pero
no corroborada con prueba alguna. Admi-
tir como válida tal manifestación sería tanto
como destruir todo el mecanismo de prue-
ba presuncional y facilitar la impunidad de
cualquier inculpado, ya que toda una cade-
na de presunciones se volvería ineficaz por
la sola manifestación de los procesados, si-
tuación que es jurídicamente inadmisible.”
El día de la visita de esta reporte-
ra al penal, Florencia dejó al hijo, que la
acompaña, a cargo de otra interna que es
madre, con la que comparte un cuarto de
madera en el patio. Llegó a la Dirección
con su cara de niña asustada, se instaló
retorciéndose como lombriz en la silla,
penosa, intentando zafarse de la entrevis-
ta con el argumento de que no entiende
español, aunque con dos años y medio de
encierro lo ha aprendido bien.
Cuando entró en confianza, lamentó
que su esposo no tiene dinero para visitar-
la y que de tanto tiempo de separación su
hijo mayor, el chiquillo que tenía un año y
que cargaba el día que la detuvieron, ya no
la reconoce.
“Tenía mi hijo que lo cuida mi suegra;
me lo trajeron a los ocho meses después;
orita ya no me conoce como mamá; sí me
dice ‘mamá’, pero casi no. No hay mane-
ra que vengan a verme. Para donde yo vi-
vo está lejos y el pasaje sale mucho di-
nero. Mi otro hijo ya nació aquí, aquí lo
tengo, tiene un año con seis meses. Cuan-
do vienen les digo: ‘Yo estoy aquí, ustedes
allá, pero algún día voy a juntar mis hiji-
tos que no se conoce como hermanos’. A
veces me dicen que viene licenciado, pero
yo les digo: ‘Ustedes son licenciado, sáca-
me y ahí afuera voy a conseguir prestado,
los voy a pagar’, pero me dicen: ‘Ya te fal-
ta poquito ahí, aguanta’.”
Los presuntos culpables
Datos del Colectivo por una Política In-
tegral Hacia las Drogas (Cupihd) señalan
que México ocupa el quinto lugar entre
los países con más gente encarcelada, con
En su desesperación por allegarse cifras que de-
muestren que su guerra contra el narcotráfico tie-
ne sentido, Felipe Calderón presume que su go-
bierno ha detenido a 82 mil presuntos narcos. Lo
que no dice es que un alto número de ellos son
campesinos o indígenas azotados por la miseria,
semianalfabetos que fueron injustificada y arbi-
trariamente involucrados, por ejemplo, en el culti-
vo de enervantes.
NARCOTRÁFICO
1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 23

225 mil reos. Una cuarta parte de ellos
fueron condenados por delitos federales,
principalmente tráfico de drogas.
“No consideramos válida la varia-
ble de número de detenidos como mues-
tra del buen resultado de la estrategia (gu-
bernamental antidrogas); la consideramos
detestable y deleznable porque a muchos
de éstos ni siquiera se les inicia averigua-
ción previa debido a que hay mal trabajo
de integración judicial, y los que llegan a la
cárcel son los eslabones más débiles, que
no pueden contratar abogados para defen-
derse o que a veces se quedan inocentes.
Porque también pasa que primero agarran
a gente y luego averiguan quiénes sí esta-
ban involucrados y quiénes no”, dice Car-
los Zamudio, investigador de Cupihd.
La exdiputada Elsa Conde, activista
por la legalización de la mariguana e in-
tegrante del colectivo, señala que del total
de los detenidos en la “guerra contra las
drogas” sólo el 0.5% son capos; el resto,
infantería, y la mayoría, pobres.
Por su parte,Abel Barrera, director del
Centro de Derechos Humanos Tlachino-
llan de La Montaña, ubicado en la región
más pobre del país y primera en cultivo de
amapola, critica la estrategia gubernamen-
tal antidrogas porque se basa en castigar a
los campesinos y no se ocupa de las cau-
sas que obligan a los pobres a cambiar su
milpa por cultivo de “maíz-bola” (como se
conoce a la amapola).
“Acá mandan al Ejército como si hu-
biera grandes delincuentes, en vez de en-
viar proyectos para que la gente siembre
maíz, estudie, tenga comida. Esa política
ve a los pobres como delincuentes, pero la
gente se ve obligada a sembrar, no porque
quiera, sino porque tiene hambre. De esos
llenan las cárceles”, manifiesta el antropó-
logo Barrera.
Según el titular de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas, Xavier Abreu, en México unos 50
mil indígenas de 60 comunidades se de-
dican a la siembra de drogas; sin embar-
go, nunca ha querido aclarar en qué repor-
te funda su cálculo ni en qué lugares viven
dichos indígenas.
En la cárcel de Chilpancingo hay otro
joven nahua, Gumersindo Primitivo, quien
dice que a él y a seis vecinos los acusa-
ron de tráfico de drogas porque un cacique
quería quedarse con sus tierras.
“Nosdetuvieron,nospusierongomaque
no era de nosotros, nos dieron sentencia de
cinco años y 100 días sin tener ni una cul-
pa. Hemos presentado las pruebas, presen-
tamos testigos, trajimos constancia de buena
conducta, pero no pasó nada. El terreno que
estábamos defendiendo se lo quedó el señor
que nos acusó”, explica a Proceso.
Asimismo, Alfonsa Juárez Barrera,
una indígena jornalera de 29 años, fue en-
carcelada a su regreso de las pizcas de Si-
naloa. Había conseguido trabajo de lim-
pieza en una casa donde la enviaron a
llevar un encargo. En el camino la detu-
vieron los soldados, y cuando la revisaron
se enteró de que el paquete contenía ‘go-
ma’, el líquido cristalizado de la amapola.
La sentenciaron a 10 años de cárcel.
Explica: “La señora de Tlapa me di-
ce: ‘Te voy a dar mi encargo, no lo abras’.
Me mandó a dejar unas cosas en Chilapa.
Pasé donde los guachos, y cuando dicen
los guachos que me pare, lo abrieron, y así
pues dicen: ‘tú vas a ir a la cárcel’”.
Ella también es madre. Sus hijos tie-
nen siete y 11 años.
“Nadie me cuida a mis hijos; se van a
meter a otra casa ajena. Están tristes. Yo
también, porque me están dejando la cul-
pa; a la señora que me mandó ya la mata-
ron”, dice.
Según el visitador adjunto de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, Juan
Silva Santana, en los juicios de los indí-
genas acusados por delitos contra la salud
las declaraciones de los acusados se con-
traponen a las que hacen las autoridades.
“Ellos niegan siempre esos delitos.
Comúnmente dicen que la droga se la
sembraron, pero las autoridades afirman
que sí los detuvieron con esa droga. Sólo
algunos internos aceptan que los detuvie-
ron en el sembradío, pero argumentan que
lo hicieron por las necesidades económi-
cas”, expresa el funcionario.
Otro indígena encarcelado en Chilpan-
cingo, el tlapaneco Victórico Castro Con-
cepción, refiere que unos encapuchados
armados le salieron al paso y le dijeron
que llevara un paquete a otro paraje, pero
en el camino miembros del Ejército revi-
saron su automóvil y lo detuvieron. Su ex-
pediente es el 102/2007.
“Llevé a mi primo, que iba a traer a su
esposa del hospital. Estuve sentado espe-
rando, y que me fijo, y ahí están dos perso-
nas en mi camioneta. Le abrieron el cofre,
bajé, me estuvieron amenazando, querían
la llave, sacaron un arma: ‘Tú vas a llevar
un recado a Zapotitlán.Van a salir tres per-
sonas vestidas de negro en el camino. Si
no quieres, matamos a tu familia, tus hi-
jos’. Me arranqué, bajé, estaban los solda-
dos revisando los carros. Ahí me dijeron
que llevaba goma.”
Él era el sostén de ocho hijos que se vie-
ron obligados a dejar la escuela y a quie-
nes su esposa mantiene lavando ropa ajena.
Victórico luce pelón, está enfermo, tiene un
tumor en la cabeza cuyos dolores mitiga a
base de aspirinas que a veces le dan en la
enfermería. Está resignado a morir, pues no
tiene dinero para pagar una operación. (En
cuanto lo escucha, el visitador de derechos
humanos le toma sus datos.)
El tlapaneco lamenta: “Yo veo que so-
mo indígena y la gente se aprovechan de
uno, que nos viene a engañar.Aquí hay mu-
cha gente mala. Estoy sentenciado. No es-
toy de acuerdo. Veo que las personas que
hacen los hechos no están aquí, y tú, la gen-
te que no hizo nada, está pagando”.
Marcela Turatti
Florencia. Culpabilidad fabricada
24 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010

En California las autoridades están haciendo cuentas de
fantasía. Confían en que el próximo martes 2 la droga
se legalizará en esa entidad estadunidense, lo que per-
mitirá fumarla de manera recreativa y no sólo con fines
terapéuticos. La administración californiana se frota las
manos al calcular lo que recaudará vía impositiva. Pero
ya hay algunos obstáculos a la vista: primero habrá un
choque frontal con las leyes federales y, segundo, es
probable que el mercado negro reduzca a cero la capta-
ción de gravámenes por el comercio de la yerba.
la mariguana como
industriaALEJANDRO MACIEL
S
AN DIEGO.- En California mu-
chos aspiran a que la marigua-
na sea legalizada el martes 2
de noviembre: los adictos, por-
que podrán traer consigo hasta
una onza (28 gramos) de la dro-
ga sin ser molestados; la policía, porque
ya no tendrá que arrestar a consumidores
por un delito menor –lo es la posesión pa-
ra disfrute personal; el uso medicinal de la
planta está permitido– y los políticos por-
que avizoran la solución a los problemas
financieros del estado.
California:
Jesús Esquivel
NARCOTRÁFICO
1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010 25

El Acta de Regulación, Control e Im-
puestos de la Mariguana (conocida como
Propuesta 19) se abrió camino hasta las ur-
nas luego de que sus impulsores reunieron
más de 1 millón de firmas para que se co-
locara en la boleta de las elecciones inter-
medias que se efectuarán este martes 2.
Entre otras medidas, el acta propone
que el estado regule la venta de marigua-
na y aplique un impuesto de 50 dólares por
onza, lo que podría significar unos mil 400
millones de dólares anuales, según cálcu-
los de los promotores de la iniciativa; sin
embargo, un reporte elaborado en 2007
por el Departamento de Salud de Califor-
nia dice que 1 millón 950 mil california-
nos consumen al año 16 millones de onzas
(unas 450 toneladas) de mariguana, lo que
no podría generar esa cantidad de dinero.
“La propuesta busca crear una estruc-
tura regulatoria similar a la que se usa pa-
ra la venta del alcohol”, dice a Proceso
Eugene Davidovich, de la organización
Americans for Safe Access (que pretende
que la mariguana sea legal en todo el país)
“La iniciativa establecería un impuesto a
los adultos y prohibiría la venta a meno-
res de 21 años”.
Algunas ciudades ya han empezado
a cobrar ese impuesto. En julio de 2009
Oakland aplicó un gravamen a la llama-
da mariguana medicinal (la que se usa pa-
ra fines terapéuticos) luego de que los vo-
tantes aprobaran el impuesto a la venta de
cannabis en los dispensarios, que pagan
18 dólares por cada mil de venta.
Cultura verde
A pesar del entusiasmo generado por la
Propuesta 19, hace unas semanas el apoyo
a la medida empezó a caer. Una encuesta
del Instituto de Políticas Públicas realiza-
da el pasado 3 de octubre reveló que 52%
de los votantes favorecían la legalización,
mientras 41% la rechazaba. Pero la en-
cuesta del 20 de octubre –del mismo insti-
tuto– arrojó que 49% de los californianos
se oponía a la propuesta y sólo 44% la
apoyaba.
El mayor rechazo se manifestó en la
comunidad latina: en septiembre pasado,
63% de los electores hispanos apoyaba la
propuesta y ahora sólo 51% está a favor.
Al margen de las encuestas la Propues-
ta 19 ya genera más interés que la compe-
tencia política entre la senadora Barbara
Boxer y su oponente, la republicana Carly
Fiorina. Incluso tiene más seguidores que
las elecciones por la gubernatura estatal
entre el demócrata Jerry Brown y la repu-
blicana Meg Whitman.
La cultura de la mariguana está muy
extendida en California, donde hay dece-
nas de revistas y hasta manuales electró-
nicos con las más avanzadas técnicas de
cultivo. La revista electrónica High Times,
por ejemplo, puso a la venta el disco com-
pacto Mariguana hidropónica para inte-
riores y mariguana orgánica para cultivo
exterior, de Jorge Cervantes, un reconoci-
do experto en la materia.
En San Francisco, los pasados 25 y 26
de septiembre tuvo lugar la Exposición In-
ternacional de Cannabis de California. En
la publicidad de esta feria semestral los
organizadores destacaban que había más
de 30 mil metros cuadrados para exhibi-
ciones de todo lo relacionado con la ma-
riguana: plantas, semillas, herramientas,
recetas, pipas, y hasta un área especial
destinada al consumo médico de la plan-
ta. Los organizadores calculan que hubo
más de 25 mil asistentes en los dos días
de muestra.
Tan abierto es todo lo relacionado con
la mariguana que hasta los empresarios han
empezado a organizarse para sacar prove-
cho. En el condado de Humboldt la empre-
sa llamadaAsociación de California está en
busca de una licencia para convertirse en el
primer comercializador industrial, con una
red de más de mil agricultores, empacado-
res y distribuidores de la planta.
Los sindicatos no se quedan atrás.
En marzo pasado, la agrupación sindical
Unión de Trabajadores de Alimentos y
Comercios (UFCW, por sus siglas en in-
glés) empezó a representar a las 80 perso-
nas que trabajan en Medi-Cone forjando
cigarros de mariguana para uso medicinal.
La fábrica, ubicada en el área de la bahía
de San Francisco, es parte de una indus-
tria, la de la mariguana medicinal, que sir-
ve a más de 200 mil californianos –quie-
nes tienen una tarjeta que los identifica
como usuarios de la planta con fines te-
rapéuticos– y que actualmente ya genera
ventas por más de mil 300 millones de dó-
lares anuales.
Dan Rush, director de Operaciones Es-
peciales de la Sección 5 del UFCW –que
tiene 32 mil miembros en California y se
especializa en la representación de traba-
jadores de la industria del empaque y pro-
cesamiento de alimentos–, afirma que ya
han empezado a organizar a los trabajado-
res, incluyendo a sembradores, recolecto-
res, empleados de invernaderos, empaca-
dores y técnicos de laboratorio.
En entrevista con el periódico Sacra-
mento Bee Rush indicó que su sindica-
to está negociando los contratos para los
trabajadores de esta industria. “Desde los
sembradores hasta los científicos con una
escala salarial de entre 25 y 50 dólares por
hora y seguro médico. Ahora sólo repre-
sentamos a unos cientos de trabajadores,
pero es una industria que está creciendo”.
También los Teamsters (el sindicato de
transportistas) firmaron en septiembre un
contrato para representar a los 40 trabaja-
dores agrícolas de invernaderos de Marjyn
Investments, empresa de Oakland que su-
pervisa el cultivo y distribución de mari-
guana para los dispensarios.
Por su lado la Unión Internacional de
Trabajadores de Servicios, con más de 700
mil afiliados, aunque no ha expresado su
intención de representar a los trabajadores
de este sector sí ha respaldado la Propues-
ta 19 debido a “su enorme potencial de ge-
nerar recursos a través de impuestos”, di-
jo Mary Gutiérrez, su vocera en California
en un comunicado de prensa del pasado 15
de agosto.
Jeff Jones, uno de los promotores de la
Propuesta 19 y fundador de la Cooperativa
de Compradores de Cannabis de Oakland,
dice a Proceso que la industria de la mari-
guana con fines medicinales actualmente
emplea a 10 mil personas en todo el esta-
do. “De legalizarse el uso recreativo de la
Juan Manuel Robledo
Oro verde. Nueva industria
26 1774 / 31 DE OCTUBRE DE 2010

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