1. http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/infectoweb289.htm<br />TITULO: Obstáculos para la Creación de Políticas de Prevención y Salud Pública en Argentina<br />AUTOR: Touzé <br />Introducción<br />La epidemia de infección por HIV/Sida asociada con el consumo de drogas inyectables en Argentina constituye una situación única en la región. La necesidad de crear políticas sanitarias eficientes para controlar la epidemia es evidente desde hace tiempo. Sin embargo, una serie de obstáculos dificultan la implementación de las respuestas necesarias. En la presente exposición la autora analiza algunos de estos obstáculos, teniendo en cuenta las condiciones del contexto general y las más específicas.<br />Argentina, un país empobrecido<br />En los últimos 20 años la Argentina experimentó una reestructuración económica importante. La función del sector público cambió radicalmente como consecuencia de la privatización del transporte, las telecomunicaciones y de infraestructuras básicas. Asimismo, el gobierno descentralizó funciones sociales importantes, como la educación y la salud. En la década de 1980, la economía se vio afectada por la crisis de la deuda externa y el elevado déficit fiscal, que desencadenaron un proceso inflacionario que alcanzó el 3000% en 1989. En ese período, el crecimiento fue negativo, con aumento gradual del desempleo y la pobreza. En la década de 1990, la inflación fue controlada mediante la restricción fiscal y se iniciaron políticas de desregulación. Al final de la década, el control de la inflación, los mercados desregulados y competitivos y la disciplina fiscal estaban asociados con un nivel elevado de desempleo.<br />La tasa de pobreza aumentó rápidamente en Buenos Aires, del 8% en 1980 al 41% en 1989. Durante el período de estabilidad comprendido entre 1990 y 1993 la tasa de pobreza no descendió al nivel mínimo previo. A nivel nacional 9 millones de personas viven en la pobreza y 2 millones en la pobreza extrema. Entre los niños las cifras son mayores, el 45% de ellos son pobres. En la década de 1990, la distribución de los ingresos empeoró y los sueldos de los más empobrecidos disminuyeron un 20% en términos reales. Al mismo tiempo, el 20% más rico aumentó su proporción de ingresos del 51% al 54%. Entre 1980 y 1997, los gastos del gobierno aumentaron y disminuyeron de acuerdo con el producto doméstico bruto (PDB). Una reducción del 5% en el PDB está asociada con una disminución del 9% en los gastos proyectados para el sector social. El efecto es mayor si se considera que el descenso del PDB está asociado con el aumento de la cantidad de personas bajo la línea de pobreza. Quiere decir que, cuando aumenta la pobreza, los programas diseñados para ayudar a los pobres tienden a disminuir.<br />Obstáculos a las políticas de prevención de infección por HIV/Sida en consumidores de drogas inyectables<br />La información expuesta permite afirmar que la epidemia de HIV/Sida en la Argentina coincide con la disminución de la asistencia social y la expansión de la pobreza. Entre las personas con Sida, los consumidores de drogas inyectables (CDI) constituyen el grupo más joven con el menor nivel de educación. Aunque lo anterior señala la necesidad urgente de crear políticas de prevención para disminuir los daños, las acciones implementadas hasta la fecha son escasas y limitadas.<br />Entre los obstáculos se encuentran aquellos relacionados con la investigación. Las dificultades que enfrentan los países en desarrollo comprenden la dificultad en el acceso a la información más reciente, la escasez crónica de recursos, el conocimiento insuficiente sobre tendencias de la epidemia de HIV, consumo de drogas inyectables, la dificultad para crear instrumentos de recolección de datos estandarizados y los obstáculos para convertir las investigaciones en intervenciones eficaces. La cooperación entre organizaciones nacionales e internacionales es un instrumento útil para la difusión de la información. Las agencias y los investigadores deberían fortalecer los estudios en los países en desarrollo. Aunque aproximadamente el 96% de los casos se centran en estas naciones, sólo una escasa fracción de los recursos globales están dirigidos en esa dirección.<br />También existen obstáculos relacionados con el marco legal. Argentina posee leyes específicas respecto del consumo de drogas. A pesar de que no está penalizado y de que existe una diferencia entre el consumo personal y el tráfico, el lenguaje ambiguo permite la posibilidad de interpretaciones arbitrarias que complican el acceso a los servicios de salud. Además, las infracciones contra las leyes son el resultado de la posesión. Por lo tanto, gran parte de la represión legal está dirigida contra los drogadictos. En este contexto es difícil realizar investigaciones en esta población. Además, las leyes penalizan a quienes alientan el consumo de drogas, lo que puede poner en riesgo a los equipos de salud que intervienen en programas de reducción de daños. En el año 2000, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) aprobó una resolución y la Cámara de Diputados ratificó dos proyectos que contribuyen al desarrollo de intervenciones sanitarias. La autora enfatiza la necesidad de asegurar un marco legal que respalde los programas de reducción de daños.<br />En otro orden, la disponibilidad de servicios terapéuticos en el sector público es limitada. Además, las instituciones involucradas en el tratamiento y rehabilitación de drogadictos no incluyen actividades para la prevención de la transmisión del HIV. Por lo tanto, es necesario diversificar la disponibilidad de servicios y mejorar la coordinación entre estos programas y los dedicados al tratamiento de la infección por HIV y Sida.<br />Entre los obstáculos en el sector de salud se encuentra la formación del personal, limitada o inadecuada con relación a la infección, y la falta de comprensión respecto del carácter convergente de las dos epidemias. Lo anterior dificulta la coordinación de los esfuerzos y la complementación de las respectivas áreas de interés, limita la coordinación entre los investigadores y los encargados de programas, que retrasan la aplicación de los resultados de las investigaciones. Por lo tanto, se requiere mejorar la capacidad y la calidad, así como el entrenamiento, de los equipos de salud en estrategias de reducción de daños y en métodos de evaluación y respuesta.<br />Por último, la distribución de los recursos no sólo determina la posibilidad de comenzar y mantener acciones preventivas, sino que sirve de indicador de las prioridades sanitarias. En Argentina, el presupuesto para HIV/Sida tiende a favorecer los programas de asistencia. Aunque los recursos para la provisión de fármacos y reactivos provienen del estado, los fondos para la prevención provienen del proyecto LUSIDA, financiado por el Banco Mundial y el gobierno argentino. El desequilibrio es notable al analizar la distribución de los recursos hacia los drogadictos. De los 30 millones de dólares provistos por LUSIDA entre 1998 y 2001, 5 203 132 fueron utilizados en la creación de 131 proyectos de prevención dirigidos a grupos vulnerables. De estos proyectos, sólo 16 estuvieron orientados a consumidores de drogas. Los datos revelan que aunque los CDI representan el 39% de los casos de Sida, el grupo recibió beneficios del 12.2% de los proyectos y del 7.7% de los recursos disponibles.<br />Cooperación internacional e intersectorial<br />Las agencias internacionales dictaminan la orientación de las políticas internas en Latinoamérica. En los últimos años, organizaciones no gubernamentales recibieron mayor atención por parte de agencias internacionales que instaron a la adopción de métodos más participativos en los programas y proyectos. Las organizaciones no gubernamentales permiten que se conozca la opinión de los beneficiarios de los proyectos y garantizan el empleo más eficiente de los recursos designados para políticas sociales. En el cono sur se está desarrollando un proyecto sobre drogadicción y Sida con un enfoque global, interdisciplinario e intersectorial. El proceso de planificación, combinado con la ejecución de acciones, constituye un esfuerzo entre agencias internacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como la cooperación horizontal a nivel subregional<br />