Los opositores políticos y miembros de la sociedad civil rechazaron las nuevas leyes de defensa, seguridad y fronteras aprobadas por la Asamblea Nacional, considerando que fue irresponsable su aprobación. Los diputados que votaron a favor recibieron fuertes críticas y amenazas de organizaciones civiles y ex miembros del ejército. Los manifestantes continuaron protestando contra la represión y las turbas orteguistas, exigiendo democracia, paz y libertad para Nicaragua.