Sistema político y educativo de México

OEI - Sistemas Educativos Nacionales - México 1
Indice Capítulo 1
1. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD...................................... 2
1.1 PRINCIPALES ÓRGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS FEDERALES. ..... 2
1.1.1 El Poder Ejecutivo. .....................................................................................................2
1.1.2 El Poder Legislativo. ..................................................................................................3
1.1.3 El Poder Judicial.........................................................................................................3
1.1.4 Las Secretarías de Estado relacionadas con la educación.7 .................................4
1.1.5 Otros organismos federales relacionados con la educación. ................................8
1.2 LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ....................................................................... 8
1.2.1 Los poderes estatales ................................................................................................8
1.2.2 El municipio. ............................................................................................................... 9
1.3 LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO. ........................................................ 9
1.3.1 Partido Revolucionario Institucional (PRI). ..............................................................9
1.3.2 Partido Acción Nacional (PAN). ............................................................................... 11
1.3.3 Partido de la Revolución Democrática (PRD).........................................................12
1.3.4 Partido Popular Socialista (PPS). ............................................................................13
1.3.5 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). .........................................13
1.3.6 Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN). ................14
1.4 ESTADO, POBLACIÓN Y RELIGIÓN................................................................ 15
1.4.1 Estado y religión.......................................................................................................15
1.4.2 Población y religión. ................................................................................................15
1.5 LAS LENGUAS QUE SE HABLAN EN MÉXICO. ............................................. 16
1.6 POBLACIÓN Y EDUCACIÓN EN MÉXICO ....................................................... 16
1.6.1 Datos generales ........................................................................................................16
1.6.2 Población por grupos de edad. ...............................................................................17
1.6.3 Población y analfabetismo. .....................................................................................18
1.6.4 Población y escolaridad ..........................................................................................19
1.7 DATOS ECONÓMICOS. .................................................................................... 20
1.7.1 La economía mexicana en la década ochenta. ......................................................20
1.7.2 PIB, estructura del sector productivo, PIB por habitante e índice de precios al
consumidor.................................................................................................................... 21
1.8 EMPLEO. ........................................................................................................... 23
1.9 DESEMPLEO JUVENIL. .................................................................................... 25
1.10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN........................................................................ 25
1.10.1 Diarios. .................................................................................................................... 25
1.10.2 Radio ....................................................................................................................... 26
1.10.3 Televisión. ............................................................................................................... 26

1. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
1.1 PRINCIPALES ÓRGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS FEDERALES.
México es una república representativa, democrática y federal, constituida por 31 Estados libres
y soberanos en su régimen interior y por un Distrito Federal (arts. 40 y 42)1
.
El supremo poder de la Federación se divide en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder
Judicial. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, compuesto por dos cámaras, una de
Diputados y otra de Senadores (art. 49).
1.1.1 El Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien dura en su
encargo seis años y no puede volver a desempeñar ese puesto (arts.80 y 83). La elección del Presidente
es directa (art. 81). Para ocupar ese cargo se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno
goce de sus derechos, ser hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante
20 años (art. 82)2
.Las facultades y obligaciones del Presidente son: promulgar y ejecutar las leyes que
expida el Congreso de la Unión; nombrar y remover libremente a los Secretarios del despacho, al
Procurador General de la República, al Gobernador del D.F.; al Procurador General de la Justicia del
D.F.; a los agentes diplomáticos y empleados superiores de hacienda y a los demás empleados de la
Unión; nombrar a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del Senado;
nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del ejército, armada y
fuerza aérea nacionales; disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente y de la Guardia
Nacional; declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos; dirigir las negociaciones
diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del
Congreso Federal; convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión
Permanente de éste; facilitar al Poder Judicial los auxilios que requiera para el ejercicio de sus funciones;
habilitar puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación; conceder indultos
a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por
delitos del orden común en el Distrito Federal; conceder privilegios exclusivos a los descubridores,
inventores o perfeccionadores en algún ramo de la industria; nombrar magistrados del Tribunal Superior
de Justicia del D.F. y someter los nombramiento a la aprobación de la Cámara de Diputados; nombrar
ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter los nombramientos a la Cámara de Senadores; pedir
la destitución por mala conducta de las autoridades judiciales; y otras que le confiere expresamente la
Constitución (art. 89).
La administración pública federal es centralizada y paraestatal, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal expedida por el Congreso, la cual establece los asuntos
a cargo de las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos y define las bases de creación
de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación (art. 90). El
Presidente nombra y remueve libremente los secretarios de Estado y su número y atribuciones están
consignados en la Ley Orgánica.
Las Secretarías de Estado que actualmente existen son: Gobernación; Relaciones Exteriores;
Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Contraloría General de la Federación; Energía,
Minas e Industrias Paraestatales: Comercio y Fomento Industrial; Agricultura y Recursos Hidráulicos;
Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social;
Reforma Agraria; Turismo; Pesca; y Departamento del D.F..
Para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en
ejercicio de sus derecho y tener treinta años cumplidos (art. 91).
Las entidades de la administración pública paraestatal son los organismos descentralizados, las
empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares
nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas; y los fideicomisos3
.
1
Salvo indicación en contrario, los artículos que aparecen entre paréntesis corresponden a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
2
Esta formulación es resultado de una reforma constitucional aprobada por el Congreso en septiembre de 1993. La fecha en que
la reforma entrará en vigor de acuerdo con su transitorio será el 31 de diciembre de 1999.
3
Artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

1.1.2 El Poder Legislativo.
El Congreso General se divide en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores (art. 50).
La Cámara de Diputados se compone de representantes electos en su totalidad cada tres años. La
Cámara de Senadores se renovará en su totalidad, en elección directa, cada seis años. Los diputados
y senadores no pueden ser electos para el periodo inmediato, salvo los suplentes que podrán ser electos
con carácter de propietarios (arts. 51, 56, 57, 59).
La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 200 diputados
electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales,
votadas en circunscripciones plurinominales (art. 52)4
.
La Cámara de Senadores está integrada por cuatro representantes de cada Estado y del Distrito
Federal, de los cuales tres serán electos por votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera
minoría5
.
La organización de las elecciones federales es una función estatal que ejercen los Poderes
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los
ciudadanos. Esta función se realiza a través de un organismo público con personalidad jurídica, recursos
propios y autónomo en sus decisiones (en la actualidad denominado Instituto Federal Electoral), el cual
es la autoridad en la materia y cuenta con órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los
órganos de vigilancia están integrados mayoritariamente por los partidos. Los directivos son designados
por los Poderes Legislativo y Ejecutivo y por representantes de los partidos políticos. Este organismo
organiza, entre otras, las actividades relativas al padrón electoral, preparación de la jornada electoral,
cómputos y otorgamiento de constancias. Asimismo, atiende lo relativo a los derechos y prerrogativas
de los partidos políticos (art. 41).
Existe también el Tribunal Federal Electoral, órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional
electoral, que resuelve en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en materia
electoral. Sus integrantes serán propuestos por el Ejecutivo Federal y electos para cada proceso
electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados
(art. 41). Las impugnaciones a la declaración de validez de las elecciones, al otorgamiento de
constancias y a la asignación de diputados y senadores serán resueltas por las Salas del Tribunal Federal
Electoral; dichas resoluciones sólo podrán ser revisadas por la Sala de segunda instancia del propio
Tribunal, mediante los recursos que los partidos interpongan (art. 60)6
.
1.1.3 El Poder Judicial.
Las funciones medulares del Poder Judicial Federal son proteger los derechos del hombre;
interpretar y aplicar la ley en los casos sometidos a su consideración; y servir de fuerza de equilibrio entre
el Ejecutivo y el Legislativo, así como entre los poderes federales y los estatales (Rabasa y Caballero,
1982: 182).
El Poder Judicial reside en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados de Circuito,
Tribunales Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. Los ministros de la Suprema Corte son
nombrados por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores (art. 96). Los
magistrados de Circuito y los jueces de Distrito son nombrados por la Suprema Corte de Justicia y duran
cuatro años en su encargo (art. 97).
Los tribunales de la Federación resuelven todas las controversias que se susciten por leyes o actos
de autoridad que violen las garantías individuales, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados
o que invadan la esfera de la autoridad federal (art.103). Los tribunales federales deben conocer todas
las controversias de orden civil o criminal que ocurran en el cumplimiento y aplicación de leyes federales
y tratados internacionales celebrados por el Estado; y de las que versen sobre derecho marítimo, así
como de aquellas en que la Federación fuese parte, de las que se presenten entre dos o más Estados,
entre un Estado y la Federación, entre los tribunales del D.F. y los de la Federación o algún Estado (art.
104).
Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer las controversias que se susciten
entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos,
los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como aquéllas en las que la Federación sea
parte (art. 105). Al mismo tiempo corresponde a la Suprema Corte dirimir las competencias que ocurran

entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o entre los de un Estado y los de
otro (art.106).
El Ministerio Público Federal, cuyos funcionarios son nombrados y removidos por el Ejecutivo,
ejerce la acción persecutoria de todos los delitos de orden federal y los investiga, presenta pruebas y pide
órdenes de aprehensión al Poder Judicial. El Ministerio Público es presidido por el Procurador General
de la República (Rabasa y Caballero, 1982: 190).
1.1.4 Las Secretarías de Estado relacionadas con la educación.7
a) Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Secretaría de Educación Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada de
los asuntos educativos. De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley General de Educación promulgada en
julio de 1993, corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal:
1. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria,
la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto
se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales
involucrados en la educación.
2. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la
educación primaria, secundaria, normal y demás, para formación de maestros de educación
básica.
3. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que
permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.
4. Autorizar el uso de libros de texto para la educación primaria y secundaria.
5. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación primaria y la
secundaria.
6. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional
para maestros de educación básica.
7. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial y preescolar que,
en su caso, formulen los particulares.
8. Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el
tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro.
9. Llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional.
10. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución
y el funcionamiento de los consejos de participación social.
11. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste
y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales quieran
realizar.
12. Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las
relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de
cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de
educación física y deporte.
13. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás
para la formación de maestros de educación básica.
En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal existen disposiciones sobre las
atribuciones de la SEP. Entre otras, se pueden mencionar:8
1. Vigilar la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal impartida en las escuelas
oficiales, incorporadas o reconocidas; la enseñanza impartida por empresas situadas fuera de las
poblaciones; la enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación
de adultos; la enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos;
la enseñanza superior y profesional; la enseñanza deportiva y militar y la educación física en
general.

2. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar,
primaria, secundaria, técnica y normal, y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación
de las escuelas particulares al sistema educativo nacional.
3. Organizar y desarrollar la educación artística impartida en escuelas e institutos oficiales.
4. Organizar, administrar y enriquecer las bibliotecas que sostenga la Secretaría.
5. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de
laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera la educación primaria,
secundaria, técnica, normal y superior; y orientar el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica, en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal y con entidades
públicas y privadas.
6. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y
concursos de carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico.
7. Fomentar las relaciones culturales con otros países, con la colaboración de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
8. Organizar y controlar el registro de la propiedad literaria y artística.
9. Otorgar becas para que estudiantes mexicanos realicen investigaciones y estudios en el
extranjero.
10. Estimular el desarrollo del teatro y organizar concursos para autores, actores y escenógrafos.
11. Revalidar estudios y títulos, y conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que
acrediten.
12. Vigilar, con auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones.
13. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional, y formular y manejar el catálogo de los
monumentos nacionales.
14. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas
y galerías, para cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos
del patrimonio cultural; y proteger monumentos arqueológicos, objetos históricos y artísticos,
ruinas prehispánicas y coloniales y lugares históricos o de interés por su belleza natural.
15. Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representacio-
nes teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural.
16. Determinar y organizar la participación oficial del país en competencias deportivas internacio-
nales, organizar desfiles atléticos y todo género de eventos deportivos, cuando no corresponda
expresamente a otra dependencia del Gobierno Federal.
17. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación
con otras dependencias del Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados y de los Municipios,
las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito; organizar
sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios.
18. Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector
público federal.
19. Establecer los criterios educativos y culturales en la producción cinematográfica, de radio y
televisión y en la industria editorial.
20. Organizar y promover acciones para el pleno desarrollo de la juventud, estableciendo sistemas
de servicio social, centros de estudios, programas de recreación y de atención a los problemas de
los jóvenes y sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes.
b) Secretaría de Salud (SSA).
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Salud la facultad
de dirigir escuelas, institutos y servicios de higiene establecidos por la Federación en la República,
excluyendo los relacionados con sanidad animal (art. 39). La Secretaría cuenta con una Dirección
General de Enseñanza en Salud, cuyas atribuciones educativas son: promover la creación y desarrollo
de programas de educación para la salud, de educación sexual y planificación familiar; elaborar las
normas de estos programas; producir materiales educativos que coadyuven a elevar los niveles de salud

de la población; y participar en el establecimiento de normas de comunicación social con fines de
educación para la salud (Presidencia de la República, 1982).
Para el cumplimiento de dichos fines, la Secretaría de Salud desarrolló programas de educación
en salud y de contingencia ambiental, a través de los cuales se contribuye a elevar los niveles de salud
y fomentar una cultura en salud entre los niños, mediante la detección de diversas enfermedades, la
atención médica y la transmisión de normas para el cuidado de la salud.
c) Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que la Secretaría de la Defensa
Nacional dirija la educación profesional de los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea, y coordine,
en su caso, la instrucción militar de la población civil (art. 29). La Secretaría cuenta con una Dirección
General de Educación Militar, la cual elabora los planes y programas de estudio de las escuelas militares,
con la aprobación y acreditación oficial de la Secretaría de Educación Pública
Existen tres tipos de escuelas militares: de Clases, de Oficiales y Universitarias. Las escuelas de
clases otorgan a sus egresados certificado de estudios de nivel técnico y bachillerato9
. Las escuelas de
oficiales otorgan a sus egresados certificado de estudios y patente de subteniente; a los pilotos
aviadores, oficiales de sanidad y enfermeras se les expide título profesional10
. Las escuelas de nivel
universitario, integradas en la Universidad del Ejército y Fuerzas Aéreas, ofrecen títulos universitarios
de médico cirujano; cirujano dentista; ingeniero militar, constructor, químico, mecánico, electricista, de
transmisiones e industriales con especialidad en comunicaciones y electrónica11
.
d) Secretaría de la Marina (SM).
La Secretaría de Marina le corresponde dirigir la educación pública naval y programar y ejecutar,
directamente o en colaboración con otras dependencias e instituciones, los trabajos de investigación
oceanográfica en las aguas de jurisdicción nacional (art. 30). Esta Secretaría cuenta con una Dirección
General de Educación Naval. La Secretaría de la Marina tiene once escuelas:
1. Centro de Estudios Superiores Navales;
2. Heroica Escuela Naval Militar;
3. Escuela Médico Naval;
4. Centro de Capacitación de la Armada de México;
5. Centro de Entrenamiento y Capacitación de San Luis Carpizo, Campeche;
6. Escuela de Aviación Naval;
7. Escuela de Especialidades de Aviación Naval;
8. Centro de Instrucción de Destructores;
9. Centro de Paracaidismo;
10. Escuela de Comando Submarino;
11. Establecimientos y Unidades de Superficie.
El Centro de Estudios Superiores navales ofrece estudios de postgrado (diplomados, maestrías y
doctorados) en diversos campos. En la H. Escuela Naval Militar se cursa la carrera de Ingeniería en
Ciencias Navales en nivel de licenciatura. La Escuela Médico Naval cuenta con diversas especialidades
médicas y con la carrera de Médico Cirujano; además tiene un curso de Enfermería Naval en nivel
profesional medio. El Centro de Capacitación de la Armada ofrece diversos cursos en los niveles de
capacitación y profesional medio. En el Centro de Entrenamiento y Capacitación de San Luis Carpizo,
Campeche se ofrece el curso de Infantería de Marina en el nivel de capacitación. La Escuela de Aviación
Naval cuenta con cursos de piloto aviador en nivel de especialización. En la Escuela de Especialidades
de Aviación Naval existen cursos de capacitación para técnicos (en aeronaves y motores; en electrónica
aérea y en operaciones aéreas). El Centro de Instrucción en Buques tipo Destructor proporciona cursos
de capacitación y de especialidad. El Centro de Paracaidismo tiene cursos en los niveles de especialidad
y actualización. La Escuela de Comando Submarino ofrece un curso de buceo y trabajos submarinos en
nivel de especialización. Por último, los Establecimientos y Unidades de Superficie brindan diversos
cursos de navegación, comunicaciones navales y otros en nivel de capacitación.

e) Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social tiene entre sus funciones la de promover el desarrollo de la capacitación y el
adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e
impartir cursos de capacitación que requieran los sectores productivos del país para incrementar la
productividad, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (art. 40). Para cumplir con estas
tareas la Secretaría cuenta con una Dirección General de Capacitación y Productividad.
Para cumplir con éstas tareas, la Secretaría cuenta con una Dirección General de Capacitación y
Productividad la cual, en coordinación con el sector de educación tecnológica de la SEP, ofrece servicios
de capacitación tecnológica e industrial.
f) Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH).
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos tiene entre sus funciones la de coordinar y
dirigir, en su caso, actividades con los centros de educación agrícola superior y media; establecer y dirigir
escuelas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura; organizar y fomentar investiga-
ciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales,
laboratorios, estaciones de cría, reservas de flora y fauna terrestres, colecciones forestales, jardines
botánicos, parques zoológicos, cotos de caza, semilleros y viveros (art. 35).
g) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es la dependencia del Gobierno Federal encargada,
entre otras funciones, de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social, en particular
la de asentamientos humanos, desarrollo regional y urbano, vivienda y ecología (art. 32). En ese marco,
la SEDESOL coordina el Programa Nacional de Solidaridad, implantado en diciembre de 1988, cuyo
objetivo central es el combate a la pobreza.
El Programa de Solidaridad cuenta con una Comisión para coordinar y definir las políticas,
compuesta por representantes de diversas dependencias federales, incluida la Secretaría de Educación
Pública (SEDESOL, 1993).
Entre las acciones del Programa Nacional de Solidaridad directamente relacionadas con la
educación, se pueden mencionar las de Infraestructura Educativa y de Educación, que incluyen los
programas de «Escuela Digna», «Infraestructura Educativa», «Niños en Solidaridad», «Servicio Social»,
«Maestros Jubilados» (reincorporados al servicio) e «Instalaciones Deportivas». A través de estos
programas ha sido posible la construcción de nuevos espacios educativos que benefició a 2 millones de
niños; la rehabilitación de más de 70 mil escuelas, con la participación de maestros, alumnos y padres
de familia, que benefició a 10 millones de educandos; el otorgamiento a 500 mil escolares de una beca,
despensa alimentaria, atención médica y seguimiento de su desempeño escolar, con la finalidad de abatir
la deserción escolar ocasionada por el bajo nivel de los ingresos familiares (SEDESOL, 1993).
h) Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene entre sus funciones coordinar las acciones en
el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal (art. 28). Las unidades
administrativas de la SRE relacionadas con asuntos educativos son la Dirección General de Asuntos
Culturales, la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, el Instituto Matías Romero (órgano
desconcentrado). La Dirección General de Asuntos Culturales colabora con la Secretaría de Educación
Pública en la difusión de la cultura de México en el exterior y fomenta sus relaciones culturales y
educativas con otros países; coordina la participación de México en los organismos internacionales
culturales; promueve la celebración de convenios culturales; pone en práctica, en coordinación con las
instituciones nacionales competentes, los programas de intercambio binacional; dirige y administra los
institutos y centros mexicanos de cultura en el exterior y promueve la creación de otros en colaboración
con la Secretaría de Educación Pública; proyecta y coordina la aplicación de los programas de becas;
coordina la aplicación de programas de becas para extranjeros en México y para mexicanos en el
exterior; propone, prepara y coordina la publicación del material informativo sobre el desarrollo cultural
del país (SRE, 1983).
La Dirección General de Cooperación Técnica y Científica cumple, entre otras funciones, la de
coordinar la negociación y ejecución de convenios, acuerdos y programas bilaterales y multilaterales de
cooperación técnica y científica internacional, y evaluar su cumplimiento.

El Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) imparte cursos de capacitación y
actualización para los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, es un Centro de Estudios
Internacionales de alta especialización, de investigación y de divulgación en materia de política exterior
y de intercambio con organismos, asociaciones e instituciones afines, que imparte cursos de Formación
Diplomática, diplomados en Política Internacional y maestría en Estudios Diplomáticos. El Instituto
también está encargado de los acervos bibliográficos y documentales para la investigación, la docencia
y la divulgación.
i) Departamento del Distrito Federal (DDF).
El Departamento del Distrito Federal (DDF) tienen a su cargo la Escuela de Enfermería de los
Servicios de Salud del DDF. Esta Escuela ofrece la carrera básica de enfermería y un nivel posttécnico
en diversas especialidades. Los títulos de enfermera en nivel técnico y en las especialidades son
expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los planes y programas de estudio
son proporcionados por la UNAM.
1.1.5 Otros organismos federales relacionados con la educación.
a) Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Entre otras funciones, a través de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), el ISSSTE
atiende aspectos de la salud, la alimentación, la educación y la recreación de niños menores de seis años.
El servicio se presta a niños de 60 días de nacidos a seis años de edad, hijos de madres o padres
trabajadores al servicio de Estado. En la actualidad existen 124 EBDI en todo el país, los cuales atienden
alrededor de 21,500 niños.
b) Consejo Nacional de Población (CONAPO).
El Consejo Nacional de Población es un organismo público interinstitucional que tiene a su cargo
la planeación demográfica del país, con objeto de incorporar a la población en los programas de
desarrollo socioeconómico. El CONAPO está presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación,
dependencia del Gobierno Federal responsable de formular la política de población. El CONAPO está
integrado por las siguientes Secretarías de Estado: Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y
Crédito Público, Desarrollo Social, Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma
Agraria; Departamento del Distrito Federal; e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Población, entre otras funciones, el CONAPO
recopila, clasifica y jerarquiza información; promueve, apoya y coordina estudios e investigaciones con
fines de política poblacional; elabora y difunde programas de información y orientación pública; prepara,
elabora y distribuye material informativo y publica información sobre la materia; formula e imparte cursos
de capacitación en materia demográfica.
La Secretaría General del CONAPO cuenta entre sus unidades técnicas con una Dirección General
de Programas. Dicha Dirección General desarrolla programas de educación en población en las
modalidades escolar y extraescolar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
1.2 LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Los Estados de la Federación son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Distrito Federal. En
el Distrito Federal residen los Poderes Federales, y es la capital de los Estados Unidos Mexicanos.
1.2.1 Los poderes estatales
De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Estados adoptarán la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Los Poderes de la
Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior (art. 119)
El poder público de los Estados se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se organizan
conforme a la Constitución Política de cada uno de ellos. La elección de gobernadores y legislaturas
locales es directa. Los gobernadores no pueden durar en su encargo más de seis años y no pueden ser
reelectos. Los diputados de las legislaturas estatales no pueden ser reelectos para el periodo inmediato.

Las legislaciones electorales contienen el sistema de diputados de minoría. El Poder Judicial de los
Estados se ejerce por los tribunales establecidos en las constituciones respectivas. La independencia
de los magistrados y jueces está garantizada en las constituciones y leyes orgánicas estatales. Las
Constituciones de los Estados pueden instituir tribunales de lo contencioso administrativo, con
autonomía para dictar sus fallos (art. 116).
1.2.2 El municipio.
En México existen 2,386 municipios. Los Estados con más de cien municipios son Oaxaca (570),
Puebla (217), Veracruz (207), Jalisco (124), México (121), Michoacán (113), Chiapas (111) y Yucatán
(106). Con diez o menos municipios se encuentran Colima (10), Aguascalientes (9), Campeche (8),
Quintana Roo (7), Baja California (4) y Baja California Sur (4).
Los municipios son administrados por un ayuntamiento de elección popular directa y no hay
autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y
síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para
el periodo inmediato. Las leyes estatales contienen el principio de representación proporcional en la
elección de los ayuntamientos (art. 115).
Los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio de acuerdo a la
ley, y pueden expedir acuerdos con las bases normativas expedidas por las legislaturas estatales,
bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observan-
cia general dentro de sus jurisdicciones. Los municipios, con el concurso de los Estados cuando es
necesario y lo determinen las leyes, tienen a su cargo diversos servicios públicos (agua potable,
alcantarillado, alumbrado público, limpia, seguridad pública y tránsito, etcétera). Las legislaturas locales
pueden facultar a los municipios para que ofrezcan otros servicios públicos, según sus condiciones
territoriales y socio-económicas, así como su capacidad administrativa y financiera (art. 115).
Los municipios administran libremente su hacienda. Los ingresos del municipio provienen de las
contribuciones sobre propiedades inmobiliarias, de las participaciones federales con arreglo a las
disposiciones establecidas por las legislaturas locales, y por los ingresos derivados de la prestación de
los servicios públicos a su cargo. Las legislaturas de los Estados aprueban las leyes de ingresos de los
ayuntamientos y revisan sus cuentas públicas (art. 115).
Además, los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales respectivas, están
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano
municipal; controlar el uso del suelo; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
otorgar licencias y permisos para construcciones; y participar en la creación y administración de zonas
de reservas ecológicas (art. 115).
1.3 LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO.
El Artículo 41 de la Constitución Política de México define a los partidos políticos como entidades
de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a
la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
En la actualidad existen seis partidos políticos nacionales con registro definitivo y representación
en la Cámara de Diputados: Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción Nacional (PAN);
Partido de la Revolución Democrática (PRD); Partido Popular Socialista (PPS); Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana (PARM); Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).
Otros partidos participaron en las últimas elecciones federales con registro condicionado, pero no
alcanzaron su registro definitivo. Esos partidos son: Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT);
Partido del Trabajo (PT); y Partido Ecologista Mexicano (PEM).
1.3.1 Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En 1929, a iniciativa del presidente Plutarco Elías Calles, se fundó el Partido Nacional Revolucio-
nario (PNR), primer antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PNR constituyó una
alianza entre diversas fuerzas y jefes políticos y militares forjados durante la Revolución Mexicana (1910-
1917). Con el surgimiento de grandes agrupaciones de masas, como la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) en 1936, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en 1937, el PNR sufrió cambios en su organización

interna. Así, en 1938 se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y se organizó
sectorialmente (sectores obrero, campesino, militar y popular). Los sectores conservaron autonomía en
sus organizaciones, comenzaron a realizar actividades político electorales a través del partido; y tuvieron
representación en el Consejo Nacional y en el Comité Central del PRM y un cierto número de candidatos
a puestos de elección popular. En 1940 desapareció el sector militar del PRM y en 1943 se creó la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).
Frente a las elecciones presidenciales de 1946, los dirigentes del PRM consideraron necesario
realizar modificaciones estructurales y estatutarias. De este modo, el PRM cambió su nombre por el de
Partido Revolucionario Institucional. Las asociaciones gremiales (CTM, CNC y CNOP) perdieron la
capacidad de escoger por sí mismas a sus candidatos, función que asumieron los órganos directivos del
Partido (s.a., 1988).
El PRI se definió doctrinalmente en su asamblea constitutiva como una asociación nacional,
formada por la mayoría progresista del país, para el sostenimiento y desarrollo de las instituciones
democráticas y revolucionarias, mediante la función electoral de los ciudadanos y la orientación política,
social y económica del pueblo mexicano. En su primera asamblea nacional celebrada en 1950, el PRI
postuló la participación del Estado en la economía y se pronunció por una mayor libertad del municipio.
Los estatutos se modificaron para crear el sistema de asambleas municipales, distritales y estatales,
mediante el cual se seleccionaron los candidatos a cargos de elección popular. (FEMAT, 1985: 55-57)
En su propuesta política actual, el PRI se define como una organización que defiende los principios
libertarios de la Revolución Mexicana, comprometida con la construcción de una sociedad libre y justa,
con la permanencia del Estado de Derecho, con el ejercicio de las libertades y la ampliación de la vida
democrática y con la justicia social. El PRI orienta su acción política hacia la promoción de las libertades
de conciencia, de expresión, de prensa, de creencias, de cultos, de asociación, de reunión y de petición,
así como de votar, ser electo y organizarse libremente para la participación política. Asimismo, el PRI
defiende las libertades de tránsito, profesión, industria, comercio, trabajo y disfrute de posesiones. Por
otro lado, el PRI expresa la necesidad de mantener la separación entre las iglesias y el Estado, la
vocación laica de éste y su obligación de garantizar el pleno ejercicio de las libertades de educación y
creencia. (COLOSIO, 1991: 127)
En el plano económico, el PRI señala que ha dado a México más de 60 años de paz interna y
estabilidad política, lo cual permitió tener periodos sostenidos de crecimiento económico y desarrollo
social. El pacto social impulsado por el PRI facilitó la cooperación económica entre los distintos sectores
sociales y propició un mejor reparto de la riqueza producida. Este instituto político afirma que la estrategia
de concertación social ha sido sumamente exitosa, ya que logró abatir la inflación en un plazo
relativamente breve. Gracias a la disciplina fiscal y a la renegociación de la deuda externa, la economía
mexicana presenta signos de estabilidad y recuperación (COLOSIO, 1991: 143-144).
En cuanto a la educación y la cultura, el PRI sostiene que su compromiso es luchar por una
educación de calidad para todos y por la recuperación del salario magisterial. Su propuesta es apoyar
una reforma que conduzca a un modelo de educación básica integral. Pugna por aumentar las becas de
educación primaria y por la creación de mecanismos para la actualización permanente del magisterio.
El PRI se pronuncia por fortalecer la educación media y superior, defender la autonomía académica de
las universidades, apoyar la formación de un sistema permanente de autoevaluación de las instituciones
universitarias con fines presupuestales, apoyar una política educativa que considere las exigencias
tecnológicas, la creación de nuevas carreras, el intercambio de investigadores y el incremento de
programas de capacitación para los trabajadores. Asimismo, el PRI pugna por el establecimiento de una
política cultural que reconozca la pluralidad que define a la nación, apoye los esfuerzos de las
instituciones culturales y promueva en los medios masivos de comunicación más tiempo para la cultura
(COLOSIO, 1991: 166-168).
Desde su fundación, el PRI ha sido el partido mayoritario en el país. Todos los presidentes han sido
postulados por este partido y en todas las legislaturas ha sido mayoría. En 1982 el PRI obtuvo el 68.4%
del total de votos para la presidencia de la República, ganó la totalidad de las nominaciones para
senadores con el 65% de los sufragios y obtuvo el triunfo en 299 de los 300 distritos para la elección de
diputados de mayoría relativa con el 69.3% de la votación. En 1985 obtuvo el 64.9% de la votación para
diputados de mayoría, alcanzando 289 posiciones en la Cámara de Diputados, el 72.3% del total de
escaños. En 1988 el PRI obtuvo el 49.1% de la votación total para la presidencia de la República, el 51.1%
de la votación de diputados de mayoría y el 48.9% de la votación para senadores. En las elecciones para

diputados de 1991, el PRI obtuvo el 61.5% de los votos, logrando 320 diputaciones, el 64% del total de
curules (cuadro 1.3.1).
1.3.2 Partido Acción Nacional (PAN).
Los antecedentes del Partido Acción Nacional, fundado en 1939, se encuentran en grupos de
filiación católica opuestos a los gobiernos postrevolucionarios. Tras el conflicto armado de carácter
político y religioso conocido como la guerra cristera, se fundó en 1929 la Acción Católica Mexicana y en
1931-32 la Legión. En sustitución de la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, organismo que
dirigió la oposición católica, surgió en 1934 una organización llamada la Base que más tarde habría de
dividirse en dos tendencias. Una de ellas dio lugar al Partido de Acción Nacional. El PAN reunió
personalidades católicas ligadas a la Universidad Nacional, a algunos empresarios y a sectores medios
de la población (Jarquín y Romero, 1985; Rodríguez, 1984).
A partir de su creación, el PAN constituyó el principal partido de oposición. Sin embargo, su
presencia electoral sólo se consolidó en 1964, año en el que con el 11.5% de la votación alcanzó dos
diputados de mayoría y 18 de partido. Estos resultados se deben en buena medida a la reforma electoral
que instituyó el sistema de diputados de partido. En elecciones anteriores el PAN no había logrado
obtener más de cinco diputados y sólo hasta 1967 pudo presentar candidatos en todos los distritos
electorales. El PAN, con algunas leves oscilaciones, ha incrementado su porcentaje de votos y su
participación legislativa.
La propuesta del Partido de Acción Nacional es intervenir orgánicamente en todos los aspectos de
la vida pública de México, tener acceso al ejercicio democrático del poder, lograr la realización de la
dignidad de la persona, el respeto de los derechos fundamentales del hombre, el aseguramiento de las
condiciones sociales requeridas para esa dignidad y la instauración de la democracia como forma de
gobierno y como sistema de vida. El PAN reconoce la preeminencia del interés nacional sobre los
intereses parciales y la subordinación en lo político de la actividad individual, social y estatal a la
realización del bien común (RODRÍGUEZ, 1984).
El PAN basa sus propuestas económicas en el humanismo solidario, es decir, el desarrollo del país
debe permitir la plena realización de sus habitantes. Para formar la voluntad política, el humanismo
solidario requiere de la amplia participación de los ciudadanos y de sus organismos representativos. En
una democracia, señala el PAN, el desarrollo económico tiene que ser, al mismo tiempo, progreso social.
Los frutos del desarrollo deben distribuirse equitativamente entre la población. Como el progreso social
no es resultado automático del aumento de la riqueza, es necesario promover un sentido de justicia y
solidaridad nacional. El PAN estima necesario y urgente dar facilidades y estímulos regionales de
carácter económico o local. En la medida que la distribución de la riqueza permita el acceso de la
sociedad a los bienes de consumo y de producción, los centros de concentración del poder se
desintegrarán y se difundirá el poder de decisión entre la sociedad (ÁLVAREZ, 1991: 57-63).
El PAN cree que la educación está en el centro del problema del desarrollo económico, de la
distribución de la riqueza y de la democracia. Por lo tanto, lucha por dar a padres y maestros la
oportunidad de volverse actores de la educación. La educación es un camino y una oportunidad de
socialización y comunicación solidaria entre las personas. En ese sentido, la educación es formación de
personas y apertura a la realidad que requiere una atmósfera de libertad. Es necesario devolver la
educación a la sociedad y que el Estado, en tanto servidor de la sociedad, tenga una función subsidiaria.
(ÁLVAREZ, 1991: 104-105)
Como la educación trasciende la escuela, se requiere formar solidariamente en nuestros propios
valores, insistir en la transmisión de nuestras tradiciones y costumbres, para que México continúe siendo
un pueblo con identidad propia, especialmente en la actual era de interdependencia y globalización
mundial. (ÁLVAREZ, 1991: 104-105)
Para el PAN la descentralización educativa es devolver a estados y municipios la capacidad
económica y técnica de diseñar y evaluar su propia educación, dentro del pacto federal (Rodríguez, 1984;
Femat, 1985).
En la última década, el PAN ha aumentado su votación. En 1982 obtuvo el 15.7% de los votos para
la presidencia y el 17.5% de los votos para diputados de mayoría y el 16.4% para senadores. En 1988
ganó el 16.3% de los votos para la presidencia, el 18% para las diputaciones de mayoría y el 17.4% para
el senado. En 1991, en las elecciones para diputados federales, obtuvo el 17.7%, porcentaje similar al

obtenido en 1988 (cuadro 1.3.1). En la actualidad cuenta con 89 diputados, lo que representa el 17.8%
del total de escaños.
1.3.3 Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En 1986 surgió dentro del PRI la Corriente Democrática (CD) con el objetivo de hacer vigentes los
principios de la Revolución Mexicana, fortalecer, transformar y democratizar al Partido mediante la
participación de las bases en las decisiones políticas, la consulta directa en la selección de candidatos,
la supresión de prácticas viciadas en la selección del candidato presidencial y la recuperación de su
autonomía frente al Estado. Esta corriente postuló a uno de sus dirigentes como precandidato del PRI
a la presidencia de la República (s.a. 1985: 6235). La Comisión Nacional de Coordinación Política del
PRI declaró que las acciones de la CD eran contrarias a los principios y organización del partido. Poco
tiempo después, al no obtener la candidatura priísta, el precandidato de la Corriente Democrática se
postuló como candidato presidencial del PARM. A esta nominación se sumaron otros partidos, como el
PPS, el PMS y el PFCRN, los cuales se agruparon en un Frente Democrático Nacional (FDN). El FDN
obtuvo el 29.63% de la votación presidencial de 1988.
De la experiencia el FDN surgió el PRD. Básicamente lo formaron los miembros de la Corriente
Democrática y el Partido Mexicano Socialista (PMS). El PMS fue un partido de corta duración, fundado
en 1987 mediante la fusión del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) con el Partido Mexicano
de los Trabajadores (PMT) y otras agrupaciones menores.
El PSUM, a su vez, creado en 1981, fue resultado de la unificación de diversas organizaciones
socialistas, entre las cuales se encontraban el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido del Pueblo
Mexicano (PPM), el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el Movimiento de Acción y Unidad
Socialista (MAUS) y el Movimiento de Acción Política (MAP). El PSUM conservó el registro del PCM, el
único de los partidos fusionantes que contaba con registro oficial definitivo, gracias a la reforma electoral
de 197812
. El PSUM adoptó al socialismo científico como sustento teórico y al centralismo democrático
como forma de dirección interna (Martínez Verdugo, 1982), pero hacia 1987 desechó estos principios
junto con el emblema de la hoz y el martillo (s.a. 1988, 6226).
Fundado en 1974, el PMT fue promovido por un Comité Nacional de Auscultación y Coordinación
que agrupaba a algunos líderes políticos e intelectuales de izquierda. En 1981 llenó plenamente los
requisitos establecidos por la ley y la Comisión Federal Electoral dictaminó la aprobación de su registro,
condicionado a las elecciones de julio de 1985. Sólo participó en esas elecciones para diputados,
logrando seis diputaciones de representación proporcional con el 1.55% de la votación (Femat, 1985)
El PRD se define como partido en cuanto se propone la reorganización de la sociedad, y como
alianza en cuanto convergen en él diversas corrientes de ideas, no excluyentes entre sí, sobre la base
de principios comunes (Maldonado, 1989).
El PRD propone construir una economía mixta y desarrollar un vigoroso sector social y la capacidad
y creatividad del sector privado. La economía mixta implica la redistribución del ingreso en favor de los
trabajadores del campo y de la ciudad. La transformación estructural del Estado y los objetivos e
instrumentos de su rectoría sobre el desarrollo darán una nueva forma y dimensión al mercado interno,
orientando sus fuerzas hacia la satisfacción de las necesidades fundamentales del pueblo. El PRD
considera necesario un debate nacional entre el Estado y sus órganos, los partidos políticos y las
organizaciones sociales para definir las áreas en que la sociedad reclama la intervención estatal y las
formas de gestión y control que aseguren su eficiencia económica y social.
La propuesta educativa del PRD es abatir el analfabetismo y aumentar la escolarización en todos
los niveles educativos, asegurando la permanencia de los alumnos. Para ello es necesario iniciar un
movimiento nacional que elimine el analfabetismo; garantice la educación a niños y jóvenes hasta los 18
años; haga extensivos los libros de texto gratuito a todos los niveles; responsabilice principalmente al
Estado de la educación e investigación científica; reconstruya y equipe escuelas en todo el país con los
anexos fundamentales (bibliotecas, talleres, laboratorios); establezca una amplia red de apoyos para
garantizar el éxito de los alumnos en sus estudios (becas, alimentación, transporte, etc.), especialmente
en la educación básica (PRD, 1990).
En las elecciones para diputados federales de 1991, el PRD alcanzó el 8.25% de los votos y obtuvo
41 diputados, el 8.2% del total de curules (cuadro 1.3.1).

1.3.4 Partido Popular Socialista (PPS).
El PPS se fundó en 1948 bajo el nombre de Partido Popular, con el objetivo de realizar un nuevo
programa del sector revolucionario de México. En 1960 se aprobó la filiación socialista del partido y se
declaró como una organización política de la clase obrera, inspirada en la filosofía marxista.
De 1958 a 1982 el PPS apoyó los candidatos del PRI a la presidencia de la República. Sólo en 1952
tuvo candidato propio y en 1988 apoyó la candidatura del Frente Democrático Nacional. En las elecciones
federales para diputados el PPS ha presentado candidatos propios.
El PPS aspira a la transformación del régimen social para sustituirlo por el sistema socialista. Pero
antes de lograrlo, considera necesario desarrollar las fuerzas productivas; fortalecer la economía en
manos del Estado, liberar al país de la dependencia con Estados Unidos de Norteamérica y de la
influencia de sus círculos imperialistas en el interior de México; mejorar las condiciones de vida y los
recursos de las masas populares; liquidar el analfabetismo; incrementar los servicios sociales y de
salubridad; fomentar los cuadros medios y superiores para el progreso económico e industrial; ampliar
con sentido revolucionario los principios de la Constitución de la República; incrementar el comercio de
México con todos los mercados del mundo; ampliar las relaciones del pueblo de México con los demás
pueblos de América Latina y mejorar sus vínculos con todos los países en vías de desarrollo; ocupar un
sitio de importancia en el escenario internacional; defender las causas de la paz, del desarme y de la
coexistencia pacífica de los distintos regímenes sociales y el principio de no intervención y autodeter-
minación. La vía mexicana al socialismo propuesta por el PPS implica objetivos intermedios como la
ampliación del régimen democrático y el establecimiento de una democracia del pueblo dirigida por la
clase obrera (Rodríguez, 1984).
El PPS propone formular un acuerdo nacional para el desarrollo de las fuerzas productivas, con el
objetivo de reorganizar y elevar a nivel internacional la eficacia y la calidad competitiva de las empresas
y organizaciones del sector estatal de la economía, así como de aquellos de capital privado verdadera-
mente nacional. El elemento principal del acuerdo debe ser el desarrollo tecnológico, a fin de que el país
pueda generar tecnología propia y adaptar, transformar y mejorar la que se puede adquirir de los países
desarrollados que acepten venderla a México sin menoscabo de la soberanía nacional. La estrategia
debe ser la conjunción de esfuerzos y recursos de las empresas y organismos estatales, de las
pequeñas, medianas y grandes industrias de capital nacional, de los centros de educación superior y de
los centros de investigación científica.
La modernización de las empresas estatales y privadas nacionales debe contar con la actualización
y preparación de los trabajadores en las técnicas, lo cual puede lograrse a través de un sistema especial,
no permanente, con la cooperación de las empresas, las instituciones de educación técnica del Estado
y los sindicatos. El PPS se pronuncia por establecer un presupuesto educativo equivalente al 8% del PIB;
otorgar un salario digno y decoroso a los maestros; ofrecer estímulos especiales para apoyar la
profesionalización del magisterio; aumentar el presupuesto de los centros de desarrollo infantil; instaurar
un sistema nacional de becas para los hijos de obreros y campesinos; ampliar y mejorar la infraestructura
educativa en los niveles de educación media superior y superior; nacionalizar la radio y la televisión para
convertirlos en instrumentos de formación de la conciencia nacionalista en la niñez y en la juventud;
derogar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra; impedir la participación del clero y de la
iniciativa privada en la formación de maestros; e impulsar la educación técnica, la investigación científica
y el desarrollo tecnológico para coadyuvar a alcanzar la independencia económica del país (SÁYAGO,
1991: 237-256).
En 1982 alcanzó el 1.87% de los votos para diputados y en 1985 el 1.96%. En las elecciones de
1988, al participar en el Frente Democrático Nacional, su porcentaje de votos para diputados aumentó
a 9.21, pero en 1991 alcanzó un porcentaje similar al de las elecciones de 1982 y 1985 (cuadro 1.3.1).
Actualmente el PPS tiene 12 representantes en la Cámara de Diputados.
1.3.5 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).
El PARM se constituyó en 1954. Lo formaron excombatientes de la Revolución Mexicana para
manifestar las inquietudes políticas de los militares, después de haber sido desplazados como sector en
el Partido Revolucionario Institucional en 1951.
El PARM se define como defensor de los postulados de la Revolución Mexicana y como instrumento
de lucha por medios pacíficos dentro del orden constitucional. El PARM fue creado para corregir las
desviaciones y denunciar las traiciones al proceso revolucionario mexicano; vigilar que la Revolución sea

reflejo fiel de las aspiraciones populares; defender y dar a conocer los postulados humanistas de la
Revolución; instaurar un sistema económico al servicio del pueblo; crear una sociedad, una educación
y una cultura revolucionarias; incorporar a los jóvenes y a las mujeres a las luchas de la Revolución;
defender los derechos de México en las relaciones internacionales y pugnar por un orden político y
económico más justo para todos los pueblos; y luchar por la democracia en México.
El PARM se propone como gran objetivo transformar a la nación para que en el lapso de una
generación todos los mexicanos gocen de niveles de consumo y bienestar comparables a los que
tuvieron en sus mejores momentos las naciones industrializadas de occidente y para que México se sitúe
en el Primer Mundo.
El PARM propone una educación actualizada para luego elevarla a la modernidad. El reto de la
modernidad sólo puede enfrentarse con educación, pues el mexicano del siglo XXI vivirá en el mundo
de la ciencia y la cultura, valiéndose del conocimiento de la tecnología. Se deben asignar mayores
recursos a los programas de educación indígena. El PARM propone un proyecto educativo vertebrado
por el nacionalismo y que cada estado elabore su propio proyecto educativo regional (CANTÚ, 1991: 423-
426)
En toda su existencia, salvo en 1987-88, el PARM ha apoyado a los candidatos presidenciales del
PRI. En las elecciones para diputados y senadores presentó candidatos propios. En 1982 alcanzó el
1.3% de la votación para diputados; en 1985 el 1.6%; en 1988 el 6.1% y en 1991 el 2.2%. En la actualidad
cuenta con 15 representantes en la Cámara de Diputados (cuadro 1.3.1).
1.3.6 Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).
El PFCRN surgió en 1987 como producto de una división que sufrió el PST, partido que había sido
fundado en 1975, bajo los principios del socialismo, para la transformación de la sociedad en un orden
Partidos
1982 1985 1988 1991
Presidente Diputados(5) Senadores Diputados Presidente Diputados Senadores Diputados
PRI 68,43 69,26 65 64,9 49,14 51,11 48,98 61,45
PAN 15,68 17,52 16,4 17,97 16,28 17,97 17,41 17,72
PRD(1) - - - - - - - 8,25
PSUM(2) 3,48 4,39 3,86 3,22 - - - -
PMS - - - - 3,38 4,45 4,07 -
PPS 1,53 1,87 1,67 1,96 9,99 9,21 9 1,8
PARM 1,03 1,34 0,69 1,65 6,1 6,09 6,11 2,15
PDM 1,84 2,29 1,96 2,72 0,97 1,31 1,18 1,08
PST(3) 1,45 1,78 1,43 2,47 - - - -
PFCRN - - - - 10,16 9,35 9,13 4,36
PRT 1,76 1,26 0,99 1,26 0,38 0,52 0,4 0,59
PSD 0,2 0,19 0,01 - - - - -
PMT(4) - - - 1,55 - - - -
PT - - - - - - - 1,16
PEM - - - - - - - 1,44
CUADRO 1.3.1
Porcentaje de votos por partido en las Elecciones Federales. 1982, 1985, 1988 y 1991.

sin opresión y explotación. Expulsada en 1987, una fracción del PST se integró al Partido Mexicano
Socialista (PMS). La otra decidió adoptar el nombre de PFCRN (s.a., 1988).
El PFCRN cuenta en la actualidad con 23 diputados federales, lo cual equivale al 4.6% del total de
diputados. En 1988, al participar junto con otros partidos en el Frente Democrático Nacional, obtuvo el
9.35% de los votos para diputados de mayoría. En 1991 alcanzó el 4.36% de los votos en la elección para
diputados de mayoría relativa.
1
El PRD se fundó en 1989 con la participación de exmiembros del PRI y con la fusión del PMS y otras agrupaciones políticas.
2
El PSUM se fundó en 1982 y, con la fusión de otros partidos como el PMT, se convirtió en PMS en 1988.
3
El PST se fundó en 1975 y en 1987 se transformó en PFCRN
4
El PMT se fusionó en 1988 con otros partidos para formar el PMS
5
El porcentaje de votos para diputados corresponde a las diputaciones demayoría relativa.
FUENTES: Gómez Tagle (1988); Cadena R. y González C. (1988); CFE (1988); IFE (1988).
1.4 ESTADO, POBLACIÓN Y RELIGIÓN.
1.4.1 Estado y religión.
Desde mediados del siglo pasado, existe en México una separación entre la iglesia y el Estado. El
poder público garantiza la libertad de todo ciudadano para practicar cualquier creencia religiosa siempre
y cuando no se violente la legalidad (art. 24 Constitucional), y establece las normas a las que se deben
sujetar las iglesias y las asociaciones religiosas (art. 130 Constitucional). Este último artículo confiere
poder al Congreso de la Unión para legislar en materia de culto público y de iglesias. Por otra parte se
establecen los criterios generales que deben ser desarrollados y concretados en la ley reglamentaria
respectiva.
El artículo 130 Constitucional determina que: a) el Estado otorga personalidad jurídica a las iglesias
y a las asociaciones religiosas, para lo cual deberán contar con registro oficial, de acuerdo con las
condiciones y requisitos establecidos en la ley reglamentaria; b) las autoridades no pueden intervenir en
la vida interna de las asociaciones religiosas; c) los mexicanos tienen el derecho de ejercer el ministerio
de cualquier culto; d) los ministros de los cultos tienen derecho a votar pero no a ser votados. Además
están imposibilitados de ejercer cargos públicos, salvo que renuncien a su ministerio conforme a las
disposiciones de tiempo y forma que marca la ley reglamentaria; e) se prohibe la asociación de los
ministros religiosos con fines políticos, y la realización de actividades de proselitismo político.
Asimismo la Constitución Política establece en su artículo 27 que las iglesias y asociaciones
religiosas tendrán la capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean
indispensables para su objeto. La Constitución, sin embargo, aclara en su artículo 17º transitorio que los
templos y demás bienes religiosos que son propiedad de la nación mantendrán ese carácter.
La Constitución prohibe la formación de toda clase de agrupación política cuyo título tenga alguna
palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. Asimismo, los ministros
del culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas
a las que aquellos pertenezcan, no pueden heredar por testamento de las personas a las que los ministros
hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.
La separación de la iglesia y del Estado se expresa también en la orientación de la educación pública
del país. De esta manera, la primera fracción del artículo tercero Constitucional establece el carácter laico
de la educación pública, carácter que es ratificado en la Ley General de Educación (ley reglamentaria),
en su artículo quinto.
1.4.2 Población y religión.
La población mexicana es mayoritariamente católica. El 89.7% de las personas de cinco años y más
declaró en el XI Censo General de Población y Vivienda 1990, profesar esa religión. En segundo lugar
se encuentra la protestante o evangélica, con 4.9%. El 1.5% tiene otras religiones, incluyendo la judaica,
y el 3.2% declaró no tener religión.
Los estados que tienen mayores porcentajes de población católica son Aguascalientes (97.2%),
Guanajuato (96.7%), Jalisco (96.5%), Querétaro (96.5%) y Zacatecas (95.7%). Los que tienen
porcentajes menores son Chiapas (67.6%), Tabasco (72.2%), Campeche (76.3%) y Quintana Roo
(77.8%). Los que tienen mayor porcentaje de población con religión protestante o evangélica son
Chiapas (16.3%), Tabasco 15%), Campeche (13.5%) y Quintana Roo (12.2%) (INEGI, 1992 a).

1.5 LAS LENGUAS QUE SE HABLAN EN MÉXICO.
El español es la lengua predominante en México. Existen, sin embargo, una gran variedad de
lenguas y dialectos indígenas hablados, según el XI Censo General, por 5,282,347 mexicanos, cifra que
representa el 7.5% del total de personas de cinco años y más. El 80.2% de la población de habla indígena
también habla el español.
En México hay 56 grupos étnicos, los cuales, de acuerdo con el XI Censo, hablan 92 tipos de
lenguas. Algunos de estos tipos de lenguas son variantes dialectales, pero otras conforman grupos y
subgrupos lingüísticos que, como el zapoteco, el mixteco y el chinanteco, engloban idiomas tan
diferentes entre sí como el español del italiano o del francés (Romero, 1993, 14-15)
Algunos estados tienen una importante población indígena, en especial en el centro y en el sur de
la República. Con respecto al total de hablantes de lenguas autóctonas en México, la mayor concentra-
ción se observa en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla, Hidalgo, estado de
México y Guerrero. En Yucatán el 44.2% de su población mayor de cinco años habla lenguas indígenas,
en Oaxaca el 39.1%, en Quintana Roo el 32.2%, en Chiapas el 26.4%, en Hidalgo el 19.5% y en
Campeche el 19% (INEGI, 1992 a). En algunos estados existen diversos grupos étnicos; sobresale
Oaxaca con 14 grupos diferentes13
.
La lengua indígena predominante es el náhuatl, con el 22.7% del total de la población mayor de
cinco años que hablan alguna lengua indígena en México. Le siguen el maya con el 13.5%, el mixteco
con el 7.3%, el zapoteco con el 7.2% y el otomí con el 5.3%. El resto de lenguas tienen proporciones de
hablantes menores al 5% (INEGI, 1992 a).
Frente a este diverso panorama, el artículo cuarto de la Constitución reconoce de forma expresa
la composición pluricultural del país, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y establece el
compromiso de la Ley para proteger y promover sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y
formas específicas de organización social.
La Ley General de Educación señala en su artículo séptimo que se fomentará la enseñanza de la
lengua española como lengua nacional, pero, retomando el espíritu del Artículo 4º Constitucional,
establece que ello se hará sin menoscabo de la promoción y protección del desarrollo de las lenguas
indígenas.
1.6 POBLACIÓN Y EDUCACIÓN EN MÉXICO
1.6.1 Datos generales
Con una población total de 81,249,645, de los cuales el 50.9% son mujeres, México ha disminuido
en las últimas dos décadas sus tasas de crecimiento demográfico y sus índices de mortalidad. La
población urbana, situada en localidades con más de 2500 habitantes, representa el 71.3% de la
población total. En promedio México tiene una densidad poblacional de 41 habitantes por kilómetro
cuadrado y ocupa el decimoprimer lugar entre las naciones más pobladas del mundo y el tercero en
América.
La población disminuyó sus tasas medias anuales de crecimiento de 3.32% entre 1970 y 1980 a
1.97% entre 1980 y 1990. De 1970 a 1990, la fecundidad en el conjunto de mujeres jóvenes (15 a 29 años)
se redujo; en el inicio de la década setenta el promedio de hijos nacidos vivos por cada mujer joven era
de 1.6, mientras que en 1990 fue de 0.9 (INEGI, 1993b: 39). En estas dos décadas la mortalidad continuó
descendiendo y la esperanza de vida se incrementó de 61 a 71 años. En ese proceso las mujeres fueron
más beneficiadas pues su esperanza de vida es de 74.15 años, mientras que la de los hombres es de
68.04 años. La mortalidad infantil se redujo a casi la mitad: de 77 defunciones de menores de un año por
cada mil nacidos vivos en 1970 se pasó a 41 en 1990 (González y Monterrubio, 1993: 165-166).
El 71.3% de la población se concentra en 2,586 localidades de 2,500 habitantes y más, las cuales
representan el 1.7% del total. La población rural representa el 28.7% del total nacional y se encuentra
en 154,016 localidades menores de 2,500 habitantes, el 98.3% del total de localidades (INEGI, 1992 a:
13
Los grupos indígenas de Oaxaca son: amuzgos, chatinos, chinantecos, chochos, chontales, cuicatecos, huaves, mazatecos,
mixes, mixtecos, nahuas, triquis, zapotecos y zoques. Hasta hace poco tiempo era común hablar de 16 grupos étnicos, tomando
en cuenta a los ixcatecos y los popolocas. Del primero ya no existe ningún hablante y del segundo existen muy pocas familias de
migrantes (Romero, 1993: 15).

10). Las tasas de crecimiento poblacional disminuyeron más en las ciudades que en las zonas rurales,
aunque el flujo migratorio rural-urbano se incrementó en valores absolutos (González y Monterrubio,
1993: 168). En México se han generado cambios en la dinámica de las ciudades, como resultado de flujos
migratorios de ciudades grandes a otras menos saturadas. En 1990 se multiplicaron los lugares de origen
y de destino en todo el país, favoreciendo el crecimiento de las ciudades medias. Hacia 1990 había
aumentado el número de personas que residía en una entidad distinta a la de su nacimiento y, por otra
parte, se había estabilizado la concentración poblacional en las cuatro zonas más importantes del país.
De 1970 a 1990, la participación en la población nacional de las ciudades de México, Guadalajara,
Monterrey y Puebla pasó del 25% al 27%3
(González y Monterrubio, 1993: 172-173).
En términos generales, los movimientos de la población obedecen a razones económicas. En gran
parte, la mano de obra migrante procede de los estados más atrasados del país y se dirige principalmente
a las entidades con más alto nivel de desarrollo. Entre 1965 y 1990, los estados de México, Nuevo León,
Baja California, Morelos y Quintana Roo atrajeron población, en tanto que Zacatecas, Oaxaca y Guerrero
las expulsaron. El Distrito Federal pasó de ser la entidad que más atraía a la que más expulsó en el
periodo 1985-1990 (González y Monterrubio, 1993: 173).
El 11% de la población se localiza en México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, ciudades con más
de un millón de habitantes, pero si se consideran también sus zonas metropolitanas, en ellas se
concentra el 27% de la población (González y Monterrubio, 1993: 171). Tan sólo el D.F. y su zona
metropolitana, con mas de 15 millones de habitantes, reúnen al 18.5% de la población nacional. De los
81.2 millones de mexicanos, 46.8 viven en ciudades de más de 15 mil habitantes y 31.4 en localidades
menores de 15 mil habitantes. El número de localidades mayores de 15 mil habitantes creció de manera
notable: en 1970 existían 260 y en 1990 cerca de 400. Las ciudades de 500 mil a un millón crecieron a
una tasa de 10.2%, mientras que las localidades de 50 mil a 100 mil habitantes crecieron a una tasa de
2.4%. Como se ve, las ciudades de tamaño intermedio crecieron sustancialmente (González y
Monterrubio, 1993: 171).
La mayor densidad poblacional en México se observa en el Distrito Federal, con 5,494 hab/km2
,
seguido con valores significativamente inferiores por el estado de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato
y Aguascalientes. En el extremo opuesto se encuentra Baja California Sur con cuatro hab/km2
; le siguen
Quintana Roo, Sonora, Chihuahua y Campeche con 10 hab/km2
(INEGI, 1992 a: 6). En 1970 sólo cuatro
entidades federativas en el centro del país rebasaban los 100 hab/km2
(Estado de México, Morelos,
Tlaxcala y D.F.). Veinte años después, los estados de Puebla, Guanajuato y Aguascalientes se
incorporaron a este rango estatal de ocupación alta. Hidalgo, Puebla, Veracruz, estados situados en la
franja central del país, ya se encontraban desde 1970 dentro de un rango medio de ocupación (50 y 100
hab/km2
). En 1990 pasaron al rango medio cinco estados más: Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro
y Tabasco, ocupando, junto con los estados de rango alto, toda una franja en el centro del país, desde
el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. La ocupación del territorio nacional se expande a partir de
la capital (González y Monterrubio, 1993: 177).
En contraposición, el norte-centro, el noroeste y la Península de Yucatán constituyen territorios con
densidades de población menores a los 25 hab/km2.
1.6.2 Población por grupos de edad.
El descenso en las tasas de fecundidad y la disminución de la mortalidad a partir de la década
setenta impactaron la proporción de niños dentro del conjunto de la población, que pasó del 46.2% en
1970 al 38.3% en 1990. La población joven (de 15 a 29 años de edad), en cambio, tuvo en 1990 una
proporción de 29.4%, superior a la de 1970 (25.6%). Esto se explica por la disminución del peso relativo
de los menores de 15 años y por el cambio de edades del grupo de niños nacidos en un periodo previo
de alta natalidad (INEGI, 1993 a, c). Por su parte, la población de 30 a 59 años de edad representó en
1990 el 26.1% de la población nacional, en tanto que en 1970 representaba 22.6%. (Cuadro 1.6.1)
La proporción de la población de 60 y más años, aumentó considerablemente en 1990. En 1970
representaba el 5.6% de la población total y en 1990 pasó a constituir el 6.1%. Este comportamiento en
parte obedece a la disminución de la mortalidad en este grupo de edad y al cambio de edades de una
porción del grupo de 30 a 59 años (INEGI, 1993 b)
14
Con excepción de Puebla, el incremento fue principalmente por crecimiento natural y no por el de tipo social (González y
Monterrubio,1993:173)

CUADRO 1.6.1
Población por grupos de edad. 1950, 1970, 1990
CUADRO 1.6.2
Población por grupos de edad. Tasas medias de crecimiento anual y crecimiento acumulado.
1950, 1970, 1990
FUENTE: INEGI (1990; 1993 b,c,d)
1.6.3 Población y analfabetismo.
Según datos del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, el 12.7% de la población de 6
años y más no sabe leer y escribir. En los hombres la proporción es del 10.8% y en las mujeres del 14.5%.
Sin embargo, el analfabetismo tiende a disminuir. Si se considera sólo a la población de 15 años y más,
en 1980 el 17% no sabían leer y escribir, mientras que en 1990 la proporción se redujo al 12.42% (SPP,
1984; INEGI, 1992 b). En este grupo el 9.8% de los hombres y el 15.2% de las mujeres son analfabetas.
En 1990, el 87.1% de la población de 6 a 14 años de edad sabía leer y escribir, valor superior en
20.6 puntos porcentuales al de 1970 (cuadro 1.6). Si se excluyen los niños de 6 años, el porcentaje se
eleva al 93%. En el subgrupo de niños de 10 a 14 años el 95.6% son alfabetas, 11 puntos arriba del
porcentaje registrado en 1970. No obstante el avance logrado por el sistema educativo, en 1990 aún
había poco más de 450 mil niños de 10 a 14 años sin saber leer y escribir d) (INEGI, 1993d: 9).
Edad 1950 1970 1990
0 a 14 10754468 22286680 31146504
% 41,7 46,2 38,3
15 a 29 6951131 12347150 23898078
% 26,95 25,6 29,4
30 a 59 6665733 10882170 21216905
% 25,8 22,6 26,1
60 y más 1419685 2709238 4988158
% 5,5 5,6 6,1
Total 25791017 48225238 81249645
Edad
1970/1950 1990/1970
Anual Acumulado Anual Acumulado
0 a 14 3,7 107,2 1,7 39,8
15 a 29 3 77,6 3,3 93,6
30 a 59 3,9 63,3 2 95
60 y más 3,1 90,8 3,1 84,1
Total 3,2 87 2,6 68,5

CUADRO 1.6.3
Población alfabeta. 1990.
FUENTE: INEGI (1992b)
1.6.4 Población y escolaridad
Los datos de 1990 muestran que el 85.8% de la población de 6 a 14 años asiste a algún centro
educativo. El porcentaje de asistencia a los seis años es de 79.5% y tiende a incrementarse conforme
avanza la edad hasta un máximo de 93.1% a los nueve años. Después desciende hasta 69.5% a los 14
años. Entre los seis y los siete años el porcentaje de asistencia de las mujeres es ligeramente mayor que
el de los hombres: entre los ocho y los nueve se igualan y, posteriormente, las diferencias se amplían
en favor de los hombres. (INEGI, 1992a: 35).
CUADRO 1.6.4
Población 6-14 Años que asiste a la escuela(%)
FUENTE: INEGI (1992a)
Los estados con valores de asistencia más altos son el Distrito Federal y Nuevo León, con 95.1%
y 92.7% respectivamente. Las proporciones más bajas corresponden a Chiapas con 71.3%, Michoacán
con 78%, Guerrero con 80% y Oaxaca con 81.1% (INEGI, 1992a: 36)
Total Hombres Mujeres
6 a 14 años 18835378 9494321 9341057
Alfabetas 16405382 8246147 8159235
% 87,1 86,9 87,3
15 años y
más
49610876 23924966 25685910
Alfabetas 43354067 21575645 21778422
% 87,4 90,2 84,8
6 años y
más
68446254 33419287 35026967
Alfabetas 59759449 29821792 29937657
% 87,3 89,2 85,5
Edad
Ambos
sexos
Hombres Mujeres
6 a 14 85,8 86,5 85,1
6 79,5 79,1 79,8
7 88,8 88,7 89
8 91,5 91,5 91,5
9 93,1 93,1 93,1
10 92,1 92,2 92,1
11 91,8 92,1 91,6
12 86,6 87,8 85,2
13 79,4 81,9 76,9
14 69,5 72 67,1

La escolaridad promedio de la población en 1990 fue de seis años cursados y en 1991 de siete. En
el límite superior hay entidades federativas cuya población de 15 años y más tienen ocho o nueve años
de escolaridad promedio. El D.F., por ejemplo, tiene nueve años y Baja California Sur y Nuevo León ocho
años. En el extremo opuesto el promedio de escolaridad en Chiapas es de cuatro años y en Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas de cinco (SEP, 1992: 418).
En general el nivel de instrucción ha mejorado en el país. En 1970 el 31.6% de la población de 15
años o más carecía de instrucción. Pero en 1990 el porcentaje se redujo a 13.4%. Lo mismo ocurrió con
quienes no tienen la primaria completa, que en 1970 representaron el 38.9% y en 1990 el 22.8%. Por
lo tanto, se registró un incremento de los que terminaron la primaria y de los que tienen otros estudios
de 12.7% en 1970 a 42.5% en 1990. (INEGI, 1992a: 38)
CUADRO 1.6.5
Población de 15 años y más por nivel de instrucción. 1990
Del total de la población desempleada abierta en 1990, el 1.6% no tenía instrucción, el 7.3% tenía
la primaria incompleta, el 18.6% la primaria completa, el 43.9% la secundaria completa o incompleta y
el 28.6% estudios medios superiores o superiores (INEGI, 1993a: 60).
1.7 DATOS ECONÓMICOS.
1.7.1 La economía mexicana en la década ochenta.
Gracias al descubrimiento y explotación de nuevos yacimientos petroleros y al incremento de los
precios internacionales de los hidrocarburos, en 1978 la economía mexicana registró una notable
recuperación y un moderado abatimiento de la inflación. En ese año el PBI aumentó 7%, tasa superior
a la del 3.3% ocurrida en 1977. La tendencia de crecimiento del PIB se mantuvo hasta 1981. La evolución
de la economía durante 1980 mostraba una alta tasa de expansión del ingreso y de la inversión y también
un elevado ritmo inflacionario. Este proceso se apoyó en la ampliación de la capacidad para importar y
en el aumento de las exportaciones petroleras (INEGI, 1990: 311-313).
Sin embargo, en 1982 el país enfrentó la más grave crisis desde la gran depresión mundial. México
no había experimentado una caída del producto desde 1932 y nunca antes había tenido inflación con
esas proporciones, pero en ese año el PIB registró un decremento absoluto y la inflación llegó al 98.8%.
Al agotarse las reservas del banco central del país, las relaciones comerciales y financieras con el
exterior se deterioraron progresivamente. El aumento excesivo de la inversión pública, del gasto
corriente y de las transferencias y subsidios al sector privado provocó un alto grado de ineficiencia y
desperdicio en la planta productiva. El margen de maniobra de la política económica se redujo y las
finanzas del país sufrieron un deterioro estructural sin precedentes (INEGI, 1990: 311-313).
Con la caída de los ingresos por exportaciones petroleras en 1981, el sector público percibió
ingresos por abajo de los programados. El resultado fue un gran crecimiento del déficit público y de la
deuda pública externa. La deuda pública había aumentado a un ritmo anual de 18% durante la década
sesenta, pero de 1971 a 1982 se incrementó a una tasa media anual de 26.3%, llegando a tener un saldo
de 58,874 millones de dólares. La deuda del sector privado también creció en grandes proporciones.
Las finanzas gubernamentales y muchas empresas se vieron afectadas por la depreciación
cambiaría. El servicio de la deuda en moneda nacional aumentó en la proporción en que lo hizo el ajuste
cambiario, lo mismo que el valor del componente importado del gasto público y las erogaciones
Nivel de
instrucción
1970
%
1990
%
Sin instrucción 31,6 13,4
Primaria incompleta 38,9 22,8
Primaria completa 16,8 19,3
Instruc. Postprimaria 12,7 42,5
No especificado 0 2

adicionales que ello trajo consigo. Al mismo tiempo, el gobierno absorbió cuantiosas pérdidas cambiarias
de la banca comercial y de desarrollo (INEGI, 1990: 311-313).
En 1983, por segundo año consecutivo, el PIB registró una disminución. En 1984 se registró una
recuperación del 3.6% y en 1985 la tasa de crecimiento se redujo. La trayectoria ascendente de 1984
se prolongó sólo durante el primer semestre de 1985. Se redujo la disponibilidad de crédito y aumentó
el costo de insumos y bienes de capital importados. El crédito al sector público proveniente del exterior
se contrajo, la inflación volvió a manifestar una tendencia ascendente, el mercado cambiario se mostró
inestable y el saneamiento de las finanzas públicas enfrentó dificultades. Al mismo tiempo, se redujeron
la exportación de petróleo y los precios internacionales del crudo (INEGI, 1990: 311-313).
La crisis de 1982 impactó el nivel de empleo. Cerca de un millón de empleos fueron cerrados y,
según algunas estimaciones, el desempleo y el subempleo afectaron a más de la mitad de la PEA. Los
salarios disminuyeron en términos reales en un 40% entre 1982 y 1984, con un marcado descenso en
los niveles de vida de la población (González y Monterrubio, 1993: 157).
El gobierno mexicano recurrió a la ayuda del Fondo Monetario Internacional y convino la aplicación
de un estricto programa de ajuste. Dentro de las políticas aplicadas, se impulsó la privatización de
empresas públicas y se impuso la disciplina fiscal. Estos factores, entre otros, contribuyeron a la recesión
económica que se mantuvo hasta 1988 (González y Monterrubio, 1993: 157). En 1986, el PIB volvió a
registrar una reducción absoluta: en comparación con el de 1985, el PIB decreció 3.75%. En 1988 el PIB
por habitante retrocedió a valores de 1976 (González y Monterrubio, 1993: 157).
La mayor parte del ajuste económico entre 1982 y 1988 recayó en el gasto. En materia financiera
y cambiaria se mantuvo una política flexible de las tasas de interés y del tipo de cambio, ofreciendo
rendimientos reales a los ahorradores. Para controlar la liquidez de la economía los recursos captados
por la banca se canalizaron al financiamiento del sector público y se controló el financiamiento. El margen
de la devaluación del peso se convirtió en instrumento de fomento a la exportación y a la sustitución de
importaciones (Gutiérrez, 1988: 14-18).
A fines de 1987 el gobierno federal impulsó la firma del Pacto de Solidaridad Económica (PSE). En
este Pacto las agrupaciones sectoriales más importantes de obreros, campesinos y empresarios15
se
comprometieron, junto con el gobierno, a combatir la inflación. Los obreros aceptaron un reducido
incremento salarial; los campesinos admitieron precios de garantía iguales en términos reales a los de
1987; y los empresarios aceptaron la moderación de precios y utilidades y la apertura comercial. El
gobierno federal se comprometió a restringir su actividad y el nivel de gasto público, a racionalizar el
tamaño del sector y a deshacerse de empresas estatales no estratégicas ni prioritarias, a eliminar
subsidios, transferencias y gastos superfluos e incrementar precios y tarifas públicas. Se redujeron más
las barreras a la importación, el tipo de cambio siguió «flotando» y los salarios pasaron a ajustarse
mensualmente con base en los incrementos esperados en el índice de precios y de una canasta básica
definida por los participantes en el Pacto (Gutiérrez, 1988: 14-18)
El cambio en las finanzas públicas implicó redimensionar al sector público y redefinir las áreas
estratégicas de participación exclusiva del Estado y las actividades de participación económica directa
a través de las entidades paraestatales. En materia comercial se racionalizó la política de comercio
exterior; se sustituyeron los permisos previos de importación por aranceles, se eliminaron precios
oficiales de importación y se reestructuró la tarifa arancelaria (Gutiérrez, 1988: 14-18).
La renegociación de la deuda externa, la repatriación de capitales, el estímulo a la inversión
nacional y extranjera y la puesta en marcha del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico
(PECE) permitieron el control de la inflación que en 1991 fue de 19% (González y Monterrubio, 1993:
157).
1.7.2 PIB, estructura del sector productivo, PIB por habitante e índice de precios al
consumidor.
El PIB por habitante en 1990 ascendió a 8,448.1 nuevos pesos (US$ 2,870.43). En pesos
constantes de 1980, el PIB por habitante creció 4.04% entre 1980 y 1990.
En 1991 el PIB fue de 1,033,224.3 millones de pesos, lo cual equivale a 336.01 millones de dólares.
La economía creció 3.63% respecto al año anterior.
15
Congreso del Trabajo, Confederación Nacional Campesina y Consejo Coordinador Empresarial.

FUENTES: Salinas De Gortari (1993b); NAFINSA (1990)
La principal aportación al PIB la realizaron el comercio, los restaurantes y la hotelería (25.88%). Les
siguieron la industria manufacturera (22.92%) y los servicios comunales, sociales y personales (10.81%)
(cuadro 1.7.2)
CUADRO 1.7.1
Evolución del Producto Interno Bruto
(Millones de nuevos pesos y de dólares a
precios de 1980)
Nuevos
Pesos
Dólares
Increm.%
anual
1980 4470,1 189,41 0
1981 4862,2 206,03 8,77
1982 4831,7 204,73 -0,63
1983 4628,9 196,14 -4,2
1984 4796,1 203,22 3,61
1985 4920,4 208,49 2,59
1986 4735,7 200,67 -3,75
1987 4823,6 204,39 1,86
1988 4883,7 206,94 1,25
1989 5047,2 213,86 3,35
1990 5271,5 223,37 4,44
1991 5462,7 231,47 3,63
FUENTES: Salinas De Gortari (1993b).
Actividad Económica Nuevos Pesos % Dólares
Agropecuario 412,7 7,55 17,74
Minería 189,5 3,47 8,15
Industria Manufacturera 1252,2 22,92 53,83
Construcción 274,3 5,02 11,79
Elecricidad, Gas y Agua 80,8 1,48 3,47
Comercio, Restaurantes y Hoteles 1413,6 25,88 60,77
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 366,9 6,72 15,77
Servicios Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles 590,4 10,81 25,38
Servicios Comunales, Sociales y Personales 962 17,61 41,36
Servicios Bancarios Imputados -79,9 -1,46 -3,44
Total 5462,7 100 234,85
CUADRO 1.7.2
Producto Interno Bruto por Actividad Económica. 1991.
(Millones de nuevos pesos y dólares a precios de 1980)

En diciembre de 1992 se registró una variación de la inflación de 11.9% con respecto al mismo mes
del año anterior (cuadro 1.7.3). En agosto de 1993, la inflación anual, medida con el índice nacional de
precios al consumidor, registró un crecimiento inferior al 10%, al situarse en 9.6% respecto al mismo mes
de 1992, y en el mes de septiembre se ubicó en 9.5%, acentuando su tendencia descendente (Salinas,
1993b: 17).
CUADRO 1.7.3
Inflación acumulada de diciembre en relación
con el mismo mes del año anterior
(Porcentajes)
Diciembre Variación en 12 meses
1980 29,8
1981 28,7
1982 98,8
1983 80,8
1984 59,2
1985 63,7
1986 105,8
1987 159,2
1988 51,7
1989 19,7
1990 29,9
1991 18,8
1992 11,9
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos.
1.8 EMPLEO.
El 29.6% de la población en México está considerada como población económicamente activa
(PEA). La PEA representa el 43% de la población de 12 años y más. Entre 1970 y 1990 la PEA se
incrementó en 11,153,743, destacando un ligero aumento en la proporción de mujeres económicamente
activas, en combinación con un descenso similar en la proporción de hombres activos. Según datos
censales, en 1970 se registró una tasa de ocupación de 96.2% y en 1990 de 97.3% (INEGI, 1992a).
La participación económica según el sexo presenta diferencias considerables en 1990. En las
mujeres, la mayor participación se da en el grupo de 20 a 24 años con el 29.1%, mientras que en los
hombres el mayor porcentaje se da entre los 35 y 39 años con el 92.2%. En la población económicamente
inactiva, destacan los que se dedican a las labores del hogar y los estudiantes. En el primer caso la
mayoría son mujeres con el 75.9%; en el segundo predominan los hombres, con 58.6%.
Los trabajadores agropecuarios destacan entre el conjunto de ocupaciones de la población, con el
22% del total de ocupados. Le siguen los artesanos y obreros con el 15.9%, los comerciantes y
dependientes con el 9.4% y los oficinistas con el 9.3%. Las mujeres integran la gran mayoría en los
trabajos domésticos y, en menor proporción, en el grupo de trabajadores de la educación y de oficinistas.
Por su situación en el trabajo, los empleados y obreros representan al 57.3% de población ocupada
de 12 años y más, seguidos por los que trabajan por cuenta propia con el 23.4% y los jornaleros o peones
con el 10.7%. Los patrones o empresarios representan al 2.3% y los trabajadores en negocios familiares
sin remuneración constituyen el 2.5%. El 77.2% de las mujeres ocupadas se ubica en el grupo de
empleado y obreros. En el grupo de jornaleros o peones participa el 13.3% de los hombres y el 2.4% de
las mujeres.

CUADRO 1.8.1
Distribución porcentual de la población por ocupación principal, según sexo. 1990.
Situación en el Trabajo Hombres Mujeres
Empleado u Obrero 57,3 77,2
Jornalero o Peón 10,7 2,4
Trabajador por su
cuenta
23,4 13,3
Patrón o Empresario 2,3 1,6
Trab. en neg. fam. sin
remuneración
2,5 1,2
No Especificado 3,8 4,3
Total 100 100
CUADRO 1.8.2
Distribución porcentual de la población ocu-
pada por sexo según situación en el trabajo.
1990
1
Respecto al total de ocupados.
2
Respecto a los ocupados en cada tipo de ocupación.
Ocupación principal Total1 Hombres2 Mujeres2
Profesionales 2,7 74,1 25,9
Técnicos 3,3 55,5 44,5
Trab. Educación 3,7 39,7 60,3
Trab. Arte 0,9 81,9 18,1
Funcionarios y Directivos 2,4 80,6 19,4
Trab. Agropecuarios 22 96,4 3,6
Inspectores y Supervisores 1,7 84,4 15,6
Artesanos y Obreros 15,9 89,5 10,5
Operadores de Máq. Fija 5,1 69,8 30,2
Ayudantes y siimilares 4,5 88,5 11,5
Operadores de Transporte 5 99 1
Oficinistas 9,3 46,4 53,6
Comerciantes y Dependientes 9,4 66,5 33,5
Trabajadores Ambulantes 2,2 74,3 25,7
Trab. en Servicios Públicos 4,9 66,5 33,5
Trab. Domésticos 2,8 3,4 96,6
Protección y Vigilancia 2 96,8 3,2
No Especificado 2,2 69,1 30,9
Total 100 76,4 23,6
CUADRO 1.8.3
Distribución de la población ocupada por
sexo según sector de Actividad. 1990.
Sector de
Actividad
Hombres Mujeres
Primario 28,6 3,4
Secundario 30 20,8
Terciario 38,6 70,3
No Especificado 2,8 5,5
Total 100 100
FUENTE: INEGI (1992a).

Entre 1970 y 1990 ocurrieron cambios significativos en la distribución sectorial de la población
ocupada de 12 años y más. Las actividades del sector terciario se incrementaron significativamente,
pasando del 31.9% al 46.1%. Destaca también la disminución del sector primario que pasa del 39.3%
en 1970 al 22.6% en 1990. El sector secundario aumentó del 23% al 27.9%.
El 70.3% de las mujeres ocupadas se ubica en el sector terciario y sólo el 3.4% en el primario. El
sector terciario absorbe al 38.6% de los hombres, mientras que el primario ocupa al 28.6%.
1.9 DESEMPLEO JUVENIL.
La Encuesta Nacional de Empleo Urbano realizada por el INEGI mostró que en 1990 hubo una tasa
de desempleo abierto (tradicional) de 2.8%, en 1991 de 2.6% y en 1992 de 2.9% (INEGI, 1993a: 58).
Entre las mujeres el desempleo es ligeramente superior que entre los hombres: en 1991 el 2.9% de las
mujeres estaba en esa condición ocupacional mientras que entre los hombres sólo lo estaba el 2.5%.
La mayor desocupación se localiza en el grupo de edad de 12 a 19 años de edad; en las mujeres se
presenta una tasa de desempleo abierto de 6.7% y en los hombres de 6.3%.
1.10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
1.10.1 Diarios.
El Anuario Estadístico de la UNESCO registró 286 diarios en México, con una circulación de
10,539,000 de ejemplares, lo cual significó un tiraje de 95 ejemplares por cada mil habitantes. Asimismo,
registró la existencia de 30 periódicos no diarios con una circulación estimada de 11 ejemplares por cada
CUADRO 1.9.1
Tasa de desempleo abierto por sexo y grupos
de edad. 1990-1992.
(16 áreas urbanas)
Edad y Sexo 1990 1991 1992 *2
12 a 19 (H) 6,7 6,3 6,7
(M) 8 6,7 7,7
20 a 24 (H) 4,1 3,9 3,9
(M) 4,9 4,9 5,2
25 a 34 (H) 1,6 1,8 2,2
(M) 2,1 2,3 2,4
35 a 44 (H) 1,2 1,4 1,4
(M) 1,3 1,4 1,1
45 y más (H) 1,7 1,2 1,5
(M) 0,7 0,6 1,1
Total
general *1
Tot 2,8 2,6 2,9
(H) 2,6 2,5 2,7
(M) 3,1 2,9 3,2
1
Personas de 12 años y más que en la semana de referencia no
trabajaron, se encontraban disponibles para desempeñar alguna
actividad económica y buscaron incorporarse a alguna actividad
en los dos meses previos, realizando algún trámite para conse-
guirlo, sin lograr su objetivo.
2
A partir de enero de 1992 las cifras corresponden al agregado de
32 áreas urbanas y a partir de julio a 34.

mil habitantes. También se consignó la edición de 203 revistas con una circulación de 320 ejemplares
por cada mil habitantes (UNESCO, 1991).
1.10.2 Radio
En 1991 había en México 1,072 estaciones radiodifusoras concesionadas y permisionadas. De
ellas 746 realizan transmisiones en amplitud modulada, 308 en frecuencia modulada y 18 en onda corta
(INEGI, 1993a). En 1989 existían 21 millones de radioreceptores, es decir, 242 por cada mil habitantes
(UNESCO, 1991).
El sector educativo federal, a través de la Radio Educación (SEP), la Radio del Instituto Nacional
Indigenista y la Dirección General de Educación Indígena (SEP), produjo 17,379 programas educativos
y transmitió 18,075 con un tiempo de 74,964 horas anuales (SEP, 1992a)
1.10.3 Televisión.
En 1991 existían en México 690 estaciones televisoras. En el mismo año había 133 concesionarios
para realizar transmisiones de televisión por cable y un total de 1,133,049 suscriptores de dichos
servicios (INEGI, 1993a).
En 1989 la UNESCO registró que en México existían 11 millones de receptores de televisión, que
correspondían a 126.8 aparatos por cada mil habitantes (UNESCO, 1991).
La SEP, a través de la Unidad de Televisión Educativa y del Canal 11 del Instituto Politécnico
Nacional, produjo 5,011 programas educativos de televisión, y transmitió 13,668 en 7,994 horas anuales.

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