El documento expresa la solidaridad de los obispos con las demandas legítimas de justicia y mayor equidad en la distribución de recursos del pueblo. Critica la incapacidad de los poderes públicos para responder oportunamente a las reivindicaciones sociales, lo que provoca sentimientos de impotencia que desencadenan en violencia. Finalmente, exhorta a no abandonar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.