Las pensiones vitalicias que reciben los ex presidentes de México representan un alto costo para el país sin tener un sustento legal claro. Se calcula que el pago de estas pensiones equivale al 104% del PIB mexicano, lo que implica quitar recursos importantes de áreas como salud, educación y seguridad. Mientras los ex presidentes reciben estos beneficios, el pueblo de México enfrenta problemas como escuelas sin servicios básicos y bajo desempeño en indicadores de competitividad e innovación.