El documento critica el reciente desastre policial en Chiclayo donde dos policías murieron a manos de francotiradores mientras desalojaban un área. Señala que la policía cometió fallas en inteligencia, operaciones, especialización y logística que llevaron a este resultado humillante. Concluye que este incidente refleja una mayor crisis de orden público en el Perú y la necesidad de una reforma y modernización profunda de la policía nacional para que sea fuerte, eficiente, digna y honesta.
Desastre policial en Chiclayo deja dos policías muertos
1. UNIVERSIDAD DE CHICLAYO
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Especialidad:
Periodismo.
Curso:
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Tema:
Editorial Policial.
Ciclo:
VIII.
Alumna:
GARNIQUE YAIPÉN, Maria E.
2009
2. DESASTRE POLICIAL EN CHICLAYO
Los dos policías muertos por
francotiradores en el desalojo de Chiclayo
se suman a la larga lista de policías que
mueren en el cumplimiento de su deber con
cada vez más frecuencia en el país.
Antes que cualquier discusión sobre
responsabilidades del Gobierno, Ministerio
o el comando policial, hay que señalar
tajantemente la culpa de los criminales que
ejecutaron los disparos y de quienes los
contrataron.
3. Se trata de un crimen abominable que tiene que
ser investigado y sancionado con toda severidad y
que no puede justificarse desde ningún punto de
vista, ni menos aún relativizarse por ningún
problema social.
Ahora bien, dicho esto, sí cabe un análisis de
cómo es posible que -una vez más- la Policía haya
tenido una derrota tan humillante en el ejercicio de
sus atribuciones legales y que ello haya venido
acompañado de pérdida de vidas humanas.
4. Si fuese cierta la información que se ha difundido - de que
fueron 1500 policías los que participaron en el operativo-
se puede decir con absoluta certeza de que era un
número más que suficiente para hacer una operación
policial exitosa y sin costo humano.
Claro, pero ello implica hacerlo bien. La primera falla
monumental fue de inteligencia. Se requería saber qué
tipo de respuestas se iban a encontrar y no actuar a
ciegas. Si había francotiradores, la Policía tenía el
derecho y la obligación de usar proporcionalmente sus
armas y su fuerza para acabar de raíz con la amenaza,
antes del desalojo propiamente dicho. La segunda falla
fue operativa.
5. Ya el general a cargo ha reconocido que hubo un
despliegue inadecuado de la fuerza y que en el terreno no
hubo un mando unificado.
La tercera es de especialización: cómo es posible que
policías recién salidos de las escuelas (uno de los muertos
tenía 22 años) sean destinados a este tipo de funciones y
no a la función policial básica en comisarías -como se
diseñó en la época de la reforma policial- para que luego
con especialización y experiencia asumieran otras
funciones. El cuarto de logística: los policías, según se ha
informado, no tenían que comer ni donde dormir, lo que es
inhumano.
Lo grave de este incidente es que para nada es un hecho
aislado.
6. Estamos viviendo una grave crisis de orden público que
tiene su inicio simbólico en los dos fiascos del Puente
Montalvo en Moquegua y que se grafica en muchos casos
de policías muertos en circunstancias como la de
Chiclayo, comisarías quemadas, vehículos
incendiados, efectivos secuestrados, etc. Los casos en los
últimos meses se agolpan.
El Estado, representado por la Policía, está perdiendo
capacidad de ejercer una de sus funciones primordiales: la
del monopolio de la fuerza para hacer cumplir la ley.
Retrocedemos, paso a paso, hacia la ley de la jungla. El
profundo desinterés que ha mostrado Alan García respecto
de los temas de seguridad y los pésimos nombramientos
que ha hecho -muy en particular la desastrosa gestión de
Alva Castro- están pasando factura.
7. No se trata de entrar a sangre y fuego en las intervenciones
policiales, como han salido a decir un grupo de políticos
irresponsables y trogloditas. Por supuesto que si ello
ocurriese, con los resultados previsibles, esos mismos
políticos saldrían a acusar a la Policía de asesinos y los
dejarían abandonados a su suerte.
De lo que se trata en este asunto específico es de recuperar
la capacidad profesional de la Policía para actuar en
circunstancias de orden público con eficiencia, haciendo
todo el uso de la fuerza que sea necesaria y como es
normal (por lo menos para gentes civilizadas) tratando de
que el costo social sea el mínimo posible. La Policía sabe
hacerlo bien y hay que poner a las personas adecuadas
para cada situación concreta.
8. Pero mucho más allá de estos hechos, lo de Chiclayo
ratifica que en el Perú sigue pendiente una profunda
reforma y modernización de la Policía Nacional, que la
haga fuerte, eficiente, digna y honesta. No se trata sólo o
principalmente de que la población le tema a la Policía; lo
más importante es que le inspire respeto, en el sentido
más amplio de la palabra.