La muerte de 6 jóvenes (un hombre y 5 mujeres) en la localidad Rafael Uribe ocurrida el pasado 15 de septiembre de 2013, como consecuencia de un operativo policial, no es sólo una muestra del desproporcionado uso de la fuerza que llevan implícitas la mayoría de las intervenciones policiales frente a la sociedad civil, también nos advierte sobre la falta de profesionalismo con la que muchos de sus integrantes asumen sus tareas constitucionales; rayando en varias ocasiones en una profunda intolerancia y total falta de sentido común.

1. De la confusión entre el abuso de la fuerza y la fuerza del
abuso: ¿Una nueva estrategia de represión policial?
Colectivo Rebvelando
La muerte de 6 jóvenes (un hombre y 5 mujeres) en la localidad
Rafael Uribe ocurrida el pasado 15 de septiembre de 2013, como
consecuencia de un operativo policial, no es sólo una muestra del
desproporcionado uso de la fuerza que llevan implícitas la mayoría de
las intervenciones policiales frente a la sociedad civil, también nos
advierte sobre la falta de profesionalismo con la que muchos de sus
integrantes asumen sus tareas constitucionales; rayando en varias
ocasiones en una profunda intolerancia y total falta de sentido
común.
Los hechos ocurrieron cuando unidades de policía del CAI del barrio
Centenario, hicieron presencia en “Night Club” con el objeto de
atender una riña. Luego, hacia las 4 de la mañana un vecino del
establecimiento llamó al número de emergencias 123 para reportar
que ese establecimiento estaba infestado por una columna de gases
que ponía en peligro la vida de sus ocupantes, al punto que algunos
intentaban escapar por las ventanas.
Los gases habían sido lanzados por los uniformados que hacían
presencia en el establecimiento y que al no poder ingresar (ya que
funcionaba fuera del horario permitido por la ley), decidieron que la
mejor manera de cumplir las disposiciones contenidas en el manual
para el comando de atención inmediata CAI, sobre promover la
armonía y el respeto por la ley, era arrojando gases lacrimógenos al
interior de un local cerrado y lleno de personas.
¿Cómo es que un procedimiento, que en condiciones normales debía
arrojar un saldo de algunos detenidos y un local sellado, termina
resultado en la lamentable muerte de 6 personas y más de 10

2. heridas? ¿Cómo unos policías terminan confundiendo un operativo
normal de disuasión, con otro que implica el uso de armas
antidisturbios para generar más daño del que iba a prevenir? La
novedad de los hechos no nos permite hacer ningún juicio
concluyente, pero quizá el observar las actuaciones recientes del
Ministro de la Defensa nos hacen pensar que la defensa nacional
parece vivir en una gran “confusión”.
Entre finales de agosto y principios de septiembre de 2013 vivimos en
Colombia uno de los periodos más álgidos de movilizaciones que la
gran mayoría de la sociedad civil adelantó en el marco del paro
agrario y popular. Sin embargo, estas movilizaciones de la ciudadanía
colombiana también estuvieron acompañadas por una de las
escaladas más violentas y masivas de la fuerza pública contra la
población civil. Gracias a las redes sociales y a algunos medios de
comunicación, estos abusos fueron puestos en evidencia ante toda la
opinión pública y pese a las declaraciones paliativas de las
autoridades, se reveló la ilegalidad con que muchos cuerpos de la
defensa pública como el ESMAD operan diariamente.
Pero al igual que los policías que operaron esa trágica noche en el
Night club, el Ministro de Defensa también “confundió” los hechos.
En medio del debate sobre el irrespeto mostrado por la Fuerza Pública
hacia el estamento civil, donde muchos sectores reclamaban
investigación, desmonte o reducción sobre los cuerpos de seguridad
involucrados, y del que se esperaba un pronunciamiento del ministro
anunciando investigaciones internas o reordenamientos
administrativos, resultó radicada en la Cámara de Representantes
una ley que propone penas de tres a cinco años de prisión para
quienes participaran de manifestaciones públicas, bloquearan vías o
vistieran capuchas, así como declaraciones públicas en las que
anuncia la duplicación del ESMAD
Ante esta desproporción entre los estamentos militares y el poder
civil no podemos más que sospechar de estas “confusiones”. Por
ejemplo, en el caso del Nigth Club en Rafael Uribe las grandes
cadenas de noticias de Colombia no tardaron en asumir el problema,
no como un caso de abuso de fuerza por las autoridades, sino como
un caso de mala adecuación e ilegalidad de los sitios de rumba.
Nosotros como colectivo rebvelamos la clara intención del régimen
político encabezado por Juan Manuel Santos por criminalizar todas las
manifestaciones populares, como actos contra el Orden Público. Es

3. una mentalidad con la que se adoctrina a las fuerzas militares para
defender un establecimiento que se siente amenazado por el
despertar popular. Los hechos de Rafael Uribe no son sino una
muestra de la combinación de las formas de lucha que el
establecimiento está librando en contra de la manifestación popular y
que involucra estrategias jurídicas como el endurecimiento de las
penas contra los manifestantes y otras coercitivas como la
militarización de los barrios populares donde soldados se pasean
campantes por las calles con armas automáticas de calibres solo
aptos para la guerra, nos preguntamos qué pasará con estos
soldados en el caso que se presente una nueva riña u acto similar
¿dispararan a todos los que se encuentres alrededor? Deberíamos
preguntarnos si el mantenimiento de algo tan abstracto como el
Orden Público justifica el aplastamiento de nuestras garantías
constitucionales como la vida, la integridad o la libertad.
Es momento de entender que la policía es un arma de guerra en
manos del Ministerio de Defensa, que no ejerce control disciplinario
sobre sus efectivos y se señorea en el campo y la ciudad, como si
nosotros, la ciudadanía, les debiéramos obediencia y silencio ante sus
crímenes. Rebvelando invita a las personas que han sido sujeto de
abusos por parte de las Fuerzas Públicas a que se comuniquen con el
colectivo y tejamos una red de veeduría ciudadana para que no haya
más impunidad por parte de estos funcionarios, de otro modo “¿quién
vigila a los vigilantes?”