La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa chica. Cancela Alejandro Murat dos actos oficiales por “boicot” de los maestros de la Sección 22. La lucha por el agua en los valles centrales oaxaqueños.

1. Prepara Ranchu Gubiña consulta sobre eólicas
La autoridad municipal promueve una consulta para la instalación de un proyecto
eólico con inversión de un millón de dólares.
Amando Orozco
ESTIMAN INVERSIÓN DE MÁS DE MIL MDD
UNIÓN HIDALGO, Oaxaca.- Con miras a la realización de una consulta ciudadana que dé paso
a la instalación de nuevos parques eólicos en este municipio zapoteca, comités de propietarios de
tierras sostienen pláticas de información con empresas que buscan que haya consenso entre la
población.
La autoridad municipal -como principal impulsor del desarrollo de Ranchu Gubiña- ha procurado
el acercamiento y la interacción de los ciudadanos con los representantes de las empresas EDF,
Gamesa, Demex y Eólica Unión Hidalgo (EUH), con el propósito de disipar todas las dudas que
tengan en torno a la producción de energía eléctrica a través del viento.

2. El munícipe unidalguense, Wilson Sánchez Chévez, señaló que se estima una inversión superior a
los mil millones de dólares para la construcción de dos parques eólicos, que vendrían a detonar el
desarrollo de este municipio, ya que habría empleos y otros beneficios para la comunidad.
En ese sentido, dijo que es importante garantizar la tranquilidad y la paz social de los ciudadanos
de Unión Hidalgo para que los inversionistas vean que se trata de un municipio seguro; “pero
además, que cumplan con su responsabilidad social para apoyar a la población”.
Subrayó que en su municipio los ciudadanos pronto tendrán voz y voto para definir, a través de
una consulta ciudadana, el futuro de su comunidad que “merece subirse al tren del desarrollo”.
En la consulta se brindará toda la información posible para que en toda la comunidad se conozca
cómo será el proceso que se estará llevando a cabo.
El objetivo es que tanto la autoridad municipal y las instancias que tengan que ver con el tema
ambiental, definan las estrategias para evitar los posibles daños que pudieran presentarse contra
los recursos hídricos, ambientales y turísticos del municipio.
Mitlatongo: tras tragedia ecológica,
reubicados...pero en dudosas "ciudades
sustentables"
Inconformes los pobladores de Mitlatongo, ante las deficiencias de las ciudades
sustentables
Octavio Vélez
Las autoridades municipales y agrarias de Santiago y Santa Cruz Mitlatongo denunciaron que las
llamadas ciudades sustentables, donde fueron reubicadas las dos comunidades por el anterior
gobierno estatal, debido a las fallas geológicas sucedidas en sus anteriores asentamientos
presentan graves fallas en la infraestructura e incluso carecen de agua potable y energía eléctrica.
Y advirtieron que si la actual administración estatal no atiende sus reclamos para rehabilitar estos
conjuntos habitacionales, se verán obligados a protestar en esta ciudad.
Los agentes municipales de Santiago y Santa Cruz Mitlatongo, Odilón Antolín Benítez López y
Macedonio Inocencio Castro Cruz, dijeron que su inconformidad la hicieron saber a los titulares
de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi) y de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Luis
Alfonso Martínez Ruiz y David Mayrén Carrasco, durante una visita a las comunidades, para
verificar las condiciones de las ciudades sustentables entregadas a fines del 2016.
Explicaron que en el caso de Santiago Mitlatongo, las red de agua potable no funciona porque el
pozo perforado carece de líquido, mientras la clínica y las escuelas carecen de servicio eléctrico
al no estar conectadas con a la red.

3. Además, mencionaron que los andadores se han venido deslavando con las recientes lluvias por
carecer de pavimentación y en consecuencia, representan un riesgo los pobladores porque se han
convertido en verdaderos barrancos.
Habitantes de Mitlatongo se manifestaron ante la llegada de
funcionarios
Aparte de esto, detallaron que el relleno sanitario no existe y los puentes están fracturados y las
calles están inconclusas.
Subrayaron que en Santa Cruz Mitlatongo, los 18 kilómetros de tubería para el agua potable no
funcionan, las bombas están inservibles y en más de la mitad de las viviendas, cuando funcionó la
red de agua potable por unos días, no llegó el líquido.
En algunas casas se carece conexión a la red de drenaje, no hay calles pavimentadas y algunas
viviendas presentan filtración del agua de lluvia, además faltan las áreas verdes y de recreación.
Ante esto, exigieron analizar todas las acciones legales a fin de hacer valer las fianzas de las
empresas contratadas para la construcción de las ciudades sustentables y exigieron cárcel a
funcionarios de la anterior administración, quienes los engañaron y defraudaron.
De lo contrario, anticiparon que no tendrán otro recurso y saldrán hacia la ciudad de Oaxaca a
manifestarse.
La tragedia geológica
En septiembre de 2001, una falla geológica hundió más de 300 casas en Santiago Mitlatongo y
otras 200 en Santa Cruz Mitlatongo.
Pide Sección 22 a Murat mesa de
soluciones, no de diálogo
El mandatario oaxaqueño canceló gira en el Istmo, en la que se daría la
declaratoria de emergencia por la sequía que está pasando la región
por Diana Manzo el Viernes 7 de abril de 2017 - 05:00:01
Juchitán.- Integrantes de la Sección 22 de la CNTE en el Istmo de Tehuantepec realizaron una manifestación en
la explanada del palacio municipal de Jalapa del Marqués, en donde exigieron al gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat que el encuentro que tendrán este viernes sea una mesa de soluciones y no de diálogo.
Esta protesta del magisterio oaxaqueño se organizó en el marco de la visita del mandatario oaxaqueño que
finalmente se canceló a última hora y que tendría la finalidad de anunciar la declaratoria de emergencia por
sequía para el Istmo de Tehuantepec, además de la entrega de patrullas al municipio de Jalapa del Marqués.

4. Los profesores realizaron una marcha y después una protesta en donde solicitaron atención a sus demandas
educativas, entre las que se encuentran la contratación de maestros egresados de las escuelas normales del
estado, bono de jubilación de aproximadamente 10 mil profesores retirados del servicio educativo, entre otros
temas.
Wilbert Santiago Esteva, titular de prensa y propaganda de esta dirigencia magisterial explicó que la noche del
miércoles el mandatario oaxaqueño les comunicó que tendrían un encuentro este viernes, sin que hasta el
momento sepan el lugar.
“Nosotros como comisión política lo que pedimos al gobernador de Oaxaca es que nos den respuestas a las
peticiones, ya no queremos más mesas de diálogo y tampoco encuentros en los que sólo sean charlas y más
charlas, lo que pedimos es respuestas certeras y reales”, expresó.
El vocero de la Sección 22 anunció también que han realizado alianzas con organizaciones sociales para la
defensa de la tierra y el territorio y con ello luchar de forma organizada a favor de las clases sociales.
“Ya no más mesas de diálogo, sino soluciones, así deseamos el encuentro con el gobernador de Oaxaca,
nosotros hemos planeado nuestras necesidades y es urgente una respuesta”, concluyó.
En esta manifestación participaron únicamente el 20 por ciento de la membresía de la Sección 22 y no se
suspendieron labores.
Llama Murat a la CNTE a retomar el
diálogo mañana
El gobernador de Oaxaca también invitó a normalistas a la reunión abierta y pública. El líder
de la sección 22, Eloy Hernández insistió en el cese de los titulares de Gobierno y del
IEEPO.
Las protestas de la CNTE se han radicalizado hasta sabotear los actos oficiales del gobernador Alejandro
Murat. (Óscar Rodríguez)
ÓSCAR RODRÍGUEZ06/04/2017 10:09 PM
Oaxaca
El gobernador Alejandro Murat llamó a la sección 22 de la CNTE y a los estudiantes de las
11 normales regionales a retomar la mesa del diálogo para mañana, luego de que fuera
cancelada por falta de acuerdos.

5. Murat Hinojosa instó a los grupos a reunirse este viernes en una reunión abierta y pública
para desahogar sus exigencias.
Adelantó que su gobierno no cederá a chantajes, ni caprichos, y privilegiara el diálogo
constructivo, garantizando que en los diálogos no se negociara ni se romperá la ley.
Al respecto, el líder de la sección 22 de la CNTE, Eloy Hernández López, insistió en el cese
del director general del IEEPO, Germán Cervantes Ayala y del secretario de Gobierno,
Alejandro Avilés para reiniciar la diálogo con el gobernador Murat.
También pidió que se definan los tiempos en que se alcanzará la regularización y
recontratación de cinco mil trabajadores, se cese el hostigamiento contra maestros y se
acuerde la entrega de plazas automáticas para los normalistas.
Las protestas se han radicalizado hasta sabotear los actos oficiales del gobernador
Alejandro Murat.
La presencia de docentes en el municipio de Jalapa del Marqués en la región del Istmo de
Tehuantepec evitó la gira que realizaría Murat junto con el director general de la Comisión
nacional del Agua.
En tanto estudiantes normalistas detuvieron al personal de las delegaciones de prospera y
de Sedesol y sitiaron la sede general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO).
Los inconformes iniciaron este jueves la toma de oficinas federales en la entidad, como
parte de su plan de acción para exigir plazas docentes automáticas.
En las oficinas alternas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)
suspendieron el servicio al público, secuestraron autobuses del transporte público para
trasladarse a las diferentes oficinas.
Entre sus demandas, exigen que una representación de la CENEO se integre en la mesa
de diálogo con autoridades del gobierno de Oaxaca y la sección 22 de la CNTE, prevista
para este viernes.
Mientras tanto el secretario de seguridad pública estatal Raymundo Tuñón, aseguró que la
tolerancia se agota y advirtió que la policía estatal esta lista para actuar en el momento en
que los estudiantes cometan acciones que alteren el orden social.
A su vez el Fiscal General de Justicia Joaquín Carrillo, aseguró que hay 12 legajos de
investigación integrados por diversas empresas comerciales por la retención y saqueos de
camionetas de reparto y secuestro de autobuses del transporte público y turístico.
Cancela Alejandro Murat dos
actos oficiales por “boicot” de
los maestros de la Sección 22
Alejandro Murat afirma que no pactó con Gabino Cué. Foto: Agencia Estación Foto.

6. Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) lograron su objetivo de “boicotear” hoy
los eventos del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien canceló dos actividades
programadas para este jueves en Palacio de Gobierno y otro en Jalapa del Marqués, en
el Istmo de Tehuantepec.
Pese a que el gobierno del estado accedió a reiniciar las mesas de negociación para
este viernes a partir de las 10:00 horas luego que los maestros “sitiaron” a la capital
del estado, la Sección 22 realizó movilizaciones en el Istmo de Tehuantepec y en
Valles Centrales para impedir que el gobernador realizará su agenda de actividades.
El líder magisterial Eloy López Hernández y el secretario de Organización, Genaro
Martínez Morales convocaron a los maestros del Istmo a realizar una “concentración
representativa regional a partir de las 09:00 horas del horario de la resistencia en Santa
María Jalapa del Marqués donde se realizaría un importante anuncio sobre la sequía
que asola a la entidad.
Antes, el Palacio de Gobierno se blindó con equipo antimotines para el evento
programado a las 10:00 horas con el director de Liconsa Héctor Pablo Ramírez Leyva
donde se incorporarán 161 municipios de Oaxaca al programa de litro de leche con
costo de un peso, sin embargo, ante la concentración de maestros, el gobierno del
estado decidió cancelar esa reunión para evitar un enfrentamiento.
Con estas acciones, maestros de la Sección 22 han obligado al gobernador Murat
Hinojosa a cancelar cuatro sus actos oficiales en cumplimiento a los acuerdos de la
asamblea estatal del uno de abril.
La Sección 22 determinó boicotear todos los eventos del gobierno del estado “ante la
política de represión y detenciones arbitrarias que desencadenó Alejandro Murat el día
21 de marzo en contra del magisterio”.
El Comité Ejecutivo Seccional exigió “una verdadera mesa de negociación con
carácter resolutivo en el ámbito político, laboral, social, administrativo y de justicia
por la masacre de lesa humanidad ocurrida en Asunción Nochixtlán, de lo contrario,
no nos sentaremos solo a “dialogar” con este gobierno”.
Y advirtieron que “no permitiremos más dilaciones ni mesas simuladas que sólo sirven
para administrar los problemas que ha ocasionado el Instituto Estatal de Educación

7. Pública de Oaxaca (IEEPO) en las escuelas del Estado, así como los funcionarios de
papel y sin carácter resolutivo con los que cuenta este gobierno”.
Resaltó que con más de 36 años de lucha, el magisterio oaxaqueño no claudicará en las
jornadas de lucha que al lado de las bases organizadas, han realizado, al tiempo que se
declararon en alerta máxima ante esta agresión del Estado.
Ahora, maestros piden la renuncia del secretario general de Gobierno, Alejandro
Avilés Álvarez y del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca,
Germán Cervantes.
Inquieta a pobladores de Mitla la presencia de
militares en predios
7 ABRIL, 2017 DESPERTAROAX
Agencia JM
La tranquilidad de los habitantes de la colonia Guadalupe Victoria, ubicada en la Villa de Mitla, se vio
interrumpida ante la presencia de militares en los predios donde se supone que será establecido el cuartel de la
VIII Región Militar.
Según los vecinos, la mañana de este jueves, una camioneta de lujo, dos vehículos miliares con soldados
armados, así como un helicóptero militar que inspeccionó la zona para después aterrizar, arribaron a los predios
de la colonia Guadalupe Victoria, los ciudadanos indicaron que, al parecer, inspeccionaban el perímetro del
lugar, sin embargo cuando los habitantes se organizaron para averiguar el motivo de la presencia de los
militares, éstos abordaron sus vehículos y se fueron.
La presencia de los militares, además de haber intimidado a los habitantes, provocó la molestia de los
pobladores, quienes dijeron: “Si el presidente dice que no ha firmado ningún acuerdo, por qué los militares
llegaron repentinamente a recorrer los terrenos, como si ya fuera de ellos, cuando el munícipe sabe que no los
queremos aquí”.
El miércoles, alrededor de las 18:00 horas, Abelardo Ruiz Acevedo, presidente de este Pueblo Mágico, se
reunió con los colonos de la Guadalupe Victoria, con la finalidad de persuadirlos para que aceptaran el
establecimiento de la zona militar dentro de sus predios, sin embargo la respuesta de la ciudadanía fue negativa.

8. La lucha por el agua en los valles
centrales oaxaqueños
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
L
a Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) agrupa a 16
comunidades de los valles centrales de Oaxaca, de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, que desde
hace 10 años luchan por un acceso justo al vital recurso acuífero a partir de prácticas
comunitarias para su cuidado, aprovechamiento y regeneración sustentables. Las y los
sembradores del agua, así conocidos, son campesinos indígenas zapotecos que han asumido esta
responsabilidad, planeando y construyendo, colectivamente, sus obras de captación de agua de
lluvia, para asegurar la reproducción de su economía agrícola, visiblemente afectada por políticas
irresponsables, inconsultas y violatorias de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los
gobiernos federal y estatal.
Efectivamente, la escasez de agua en los valles centrales no proviene de un uso irracional por
parte de las comunidades indígenas. Fue el gobierno federal la instancia que desecó las ciénagas
de la región, con la justificación de ampliar la tierra disponible para campos de cultivo,
perdiéndose, de esta manera, la humedad del suelo, y produciéndose una baja considerable del
nivel de los pozos, de tal forma que para el año 2005 ya se enfrentaba una grave sequía en el
territorio. Asimismo, el gobierno federal, en este mismo año, hizo efectivo un decreto de veda de
agua subterránea para los valles centrales, expedido en 1967 por el entonces presidente Gustavo
Díaz Ordaz, mediante el cual se impide el libre aprovechamiento de los pozos agrícolas si no se
cuenta con un título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
requisito indispensable para, a su vez, contar con precios subsidiados por parte de la Comisión
Federal de Electricidad. Esta chicanera trama burocrática se aplica implacable en comunidades
campesinas de bajísimos ingresos, que por esta vía se les limita su acceso al agua necesaria para
sus cultivos, generando un grave círculo perverso en el que se ven afectados los requerimientos
básicos para contar con alimentación y recursos económicos. El decreto veda, las concesiones y
los criterios de renovación y los altos costos por la energía eléctrica que impactan de manera
directa a la agricultura, forzando el abandono de la misma, provocando la migración,
especialmente de los más jóvenes, y afectando con ello la vida y la reproducción de las
comunidades campesinas zapotecas. Es en este contexto desolador que las comunidades deciden
organizarse por medio de Copuda, contando con la asesoría jurídica, para el ámbito de la lucha
legal, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC. Paralelamente, las comunidades
zapotecas iniciaron la construcción de obras para la captación de agua de lluvia, como retenes,
ollas y pozos de absorción, trabajos de reforestación, separación de basura y cuidados del medio
ambiente, entre otras acciones comunitarias, logrando recuperar el nivel del agua subterránea en
tan sólo una década. Frente a las autoridades omisas como Conagua, que nunca se preocuparon
por solucionar los problemas ocasionados por el propio gobierno federal, las comunidades
zapotecas se organizaron en comités, asambleas, talleres y comisiones diversas, una de las cuales
visitó el Museo del Agua de Tehuacán, Puebla, aprendiendo y adaptando a las condiciones de su
entorno, las técnicas de captación y conservación acuífera mostradas en ese sitio. Para 2007, las
luchas por el agua permeaban la vida política de las comunidades, eligiéndose como autoridades
municipales a personas comprometidas con su cuidado y defensa. Con este proceso, y a pesar de
las condiciones tan adversas, la Copuda desarrolló y consolidó un innovador sistema comunitario
de uso y gestión del agua que ha mostrado ser altamente efectivo, incluso en tiempos de estiaje, y
un ejemplo a seguir en otros lugares del país y del mundo. Las propias comunidades están
haciendo sus reglamentos, a la vez que monitoreandoy autorregulándose para que se cumplan, en
un extraordinario ejercicio autonómico de responsabilidad compartida.
La lucha legal y política ha seguido todos los derroteros comunes de innumerables
comunidades indígenas. En diciembre del año 2009, en una mesa política con el director general

9. de Conagua, José Luis Luegue Tamargo, esta institución se comprometió a realizar un estudio del
acuífero de los valles centrales de Oaxaca, con la colaboración de la Universidad de Baja
California. El acuerdo logrado en este diálogo fue que se entregaría copia del estudio a la
Coordinadora y al Centro de Derechos Indígenas, lo cual nunca sucedió, a pesar de solicitarlo por
las vías legales. Estas organizaciones demandaron formalmente a la Conagua, en el año 2011, que
realizara un proceso de revisión y posible modificación del decreto de veda de 1967, obteniendo
una respuesta negativa con el argumento de no tener competencias para hacerlo. A partir de
entonces, la solicitud de revisión y suspensión del decreto entró a los tribunales competentes,
sobre la base de que dicho decreto violenta el derecho a la consulta, libre, previa e informada, así
como el derecho preferente para el uso y aprovechamiento del agua, por encontrarse dentro de
territorio de pueblos originarios. Tanto la coordinadora (Copuda) como el Centro de Derechos
Indígenas han hecho de conocimiento público que su demanda se fundamenta en los derechos
colectivos de los pueblos indígenas amparados en la Constitución, en el Convenio 169 de
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración Universal de Derechos de los
Pueblos Originarios de la ONU. El 22 de abril del 2015, la primera sala regional metropolitana
resolvió favorable la sentencia y ordena: “…para efecto de la autoridad demandada, inicie un
procedimiento de la solicitud de los actores para proponer al titular del Ejecutivo federal, la
modificación del ‘Decreto de Veda del acuífero’ ‘Valles Centrales de Oaxaca’”…, consultando a
la comunidad y pueblos indígenas Zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de
Álvarez”. El proceso de consulta a estas comunidades empezó en agosto de 2015 y tiene cinco
fases. A partir del 8 de febrero de 2017, la consulta ha entrado en su tercera etapa, la cual es clave
porque involucra reuniones y asambleas en las que la Coordinadora presentará a la Conagua sus
propuestas. Es fundamental que la sociedad civil mexicana y el Congreso Nacional Indígena
presten atención y apoyen, solidariamente, a las y los sembradores zapotecos del agua y de la
vida.
En junio dirá Brasil qué ejecutivos de Pemex están involucrados
Odebrecht repartió sobornos en México por más de mil 100 mdd
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga por actos de corrupción a los
principales directivos de Odebrecht y a funcionarios mexicanos que participaron directa e
indirectamente en la asignación de cuatro contratos a la compañía brasileña.
Autoridades mexicanas no han conocido aún la identidad de los ejecutivos de Pemex que
aceptaron los sobornos, pues de acuerdo con la legislación brasileña, hasta el 3 de junio entregará
esos datos en respuesta a una solicitud de asistencia internacional.
De acuerdo con los datos obtenidos de funcionarios que participan en el gabinete de
seguridad nacional, Pemex presentó una denuncia por presuntos actos de corrupción en la
asignación de contratos asignados a Odebrecht, los cuales fueron adjudicados entre 2011 y 2014
por un monto superior a mil 100 millones de dólares.
La PGR abrió una carpeta de investigación y solicitó tanto a Estados Unidos –que destapó los
actos de corrupción que Odebrecht realizó en 20 países para obtener contratos de obra pública–
como a Brasil, nación en la cual se creó la empresa, para identificar a los funcionarios mexicanos
que habrían recibido 10.5 millones de dólares.
La indagatoria en el país incluirá en la toma de declaraciones al ex presidente de la compañía
sudamericana, Marcelo Odebrecht, quien se encuentra preso en Brasil, así como a Olivio
Rodrigues Junior y Luiz Eduardo da Rocha Soares, quienes fueron liberados en días pasados por
autoridades brasileñas.
Según las fuentes consultadas, también se citará a declarar a los representantes de la
compañía subsidiaria Brasken, Cleantho de Paiva Leite Filho, director de Relaciones
Institucionales, Desarrollo de Nuevos Negocios y Comunicación Externa de Braskem-Idesa,
empresa creada para implementar el Proyecto Etileno XXI ubicado en Nanchital, Veracruz, y
Roberto Bischoff, director general de Braskem-Idesa, responsable por la implementación del
complejo petroquímico Etileno XXI, con una inversión de 5 mil 200 millones de dólares. Al
mismo tiempo, ocupa la vicepresidencia de la Unidad de Negocios de América Latina de
Braskem.

10. Para detener cualquier cargo en México, los directivos de Odebrecht ofrecieron a las
autoridades mexicanas un acuerdo reparatorio que superaría 20 millones de dólares, pero el
Ministerio Público Federal rechazó el acuerdo y prefirieron integrar el expediente, señalaron los
funcionarios consultados.
Por otra parte, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo,
Gilberto Higuera Bernal, señaló que la reserva de información del caso por un plazo hasta de
cinco años se realizó con apego a las normas de la ley de transparencia.
Expuso que dicha reserva concluirá cuando el caso sea turnado a un juez y se dicte auto de
formal procesamiento contra quienes sean acusados de la comisión de algún delito.
La reserva termina cuando el caso se judicializa, cuando haya imputaciones, lo que ocurre a
partir de que empiece la vinculación a proceso.
Dinero
Nunca han querido a un presidente izquierdista
Gana SAT litigio a millonarios de Modelo
Plan Kalimán
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
¿C
uándo ha querido el gobierno de Estados Unidos a un presidente de izquierda en México? Nunca.
Sin embargo, guardaba la apariencia de no intervenir en el proceso electoral. Pero al equipo de
Trump le faltan tablas (también a Trump), así que no debiera sorprendernos que el jefe de la
Seguridad Nacional, John Kelly, expresara que un presidente de izquierda en México, no sería
bueno para Estados Unidos ni para México. Aun cuando Kelly no mencionó el nombre del
aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es obvio a quién se refería. (¿O tenía en
mente a los ‘‘izquierdosos’’ Margarita Zavala y Ricardo Anaya?) AMLO, desde Veracruz,
contestó con la cabeza fría: ‘‘El próximo presidente de México va a mantener una relación
respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, pero no va a ser una relación de subordinación’’.
Por otro lado, el gobierno de México, por medio del canciller Luis Videgaray, durante su visita a
Washington exhortó a Estados Unidos a respetar el proceso electoral mexicano que se llevará a
cabo en 2018. Muy bien.
Gana el SAT… pero el asunto irá la Corte
Una de las empresas más consentidas por los gobiernos tanto panistas como priístas a lo largo de
los años es Grupo Modelo. Sin embargo, los accionistas no titubearon para venderla por 20 mil
millones de dólares a su actual dueño, Anheuser Busch. Los consumidores, que hicieron crecer a

11. la compañía, no vieron con buenos ojos que marcas de cerveza nacional –Corona, Coronita–
pasaran a manos extranjeras. La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
resolvió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no está obligado a devolver 12 mil
573 millones de pesos que accionistas de Grupo Modelo pagaron por impuesto sobre la renta.Los
accionistas Ana María González Cimadevilla y Miguel Roberto Álvarez Yates cubrieron 634
millones de pesos al vender sus acciones, pero están pendientes otras 23 demandas de otros
accionistas por 11 mil 939 millones. Lo más probable es que el asunto llegue a la Suprema Corte
de Justicia. Tres de los ex accionistas principales se abstuvieron de impugnar la decisión del
SAT. Se trata de María Asunción y Lucrecia Aramburuzabala Larregui y Valentín Diez Morodo,
quienes pagaron al fisco 12 mil 126 millones de pesos.
Infonavit, la tasa de interés
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció
recientemente que ampliará su línea de financiamiento para la adquisición de vivienda hasta un
millón 604 mil pesos, a partir del próximo mes. Es un incremento de alrededor de 70 por ciento al
límite actual, dice. Es sin duda una buena noticia, debido a que una familia podrá adquirir una
casa o un departamento tipo medio. Sin embargo, la tasa de interés que anuncia el director del
instituto, David Penchyna, es muy alta: 12 por ciento. Es igual, incluso mayor, a la de algunos
bancos comerciales. La creación del instituto no tuvo como finalidad lucrar con los créditos de
vivienda. Comenzó con tasas no mayores a 4 por ciento anual, y de ahí han ido aumentando
progresivamente. Penchyna Grub asegura que hay la posibilidad de reducirla si el trabajador tiene
un ingreso mayor a 15 mil pesos mensuales, aproximadamente. Eso deja fuera al sector que gana
hasta 10 mil pesos y es el mayoritario.
Ombudsman Social
Asunto: Plan Kalimán
Hola, estimado Enrique: La ratificación de los senadores a Paloma Merodio como vicepresidenta
del Inegi, a pesar de todas las objeciones que su currículo y su comparecencia desataron, sitúa a
Los Pinos como la mejor agencia de colocaciones; ya imagino las cifras amañadas que el Inegi va
a presentar gracias al polémico nombramiento.
Profesor Benjamín Cortés Valadez
R: Es parte del Plan Kalimán. La crisis es mental y las cifras de Inegi lo confirmarán.
Twiteratti
Lanza la PGR citatorios a directivos de #Pemex…
¿Será para alertarlos o para felicitarlos?
Arturo @vebuart_
– Papi, ¿qué es un hombre?
– Es alguien que siempre te cuida y te protege incondicionalmente.
– Cuando sea mayor quiero ser un hombre, como mamá.
Flange Doozer @FlangeDoozer
Miguel Ángel Mancera: ‘‘la CdMx es la #CiudadDeLaSalud.
Controla la contaminación primero, por favor.
Alfredo Treviño @alfredotrevinio
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Foro: elforomexico.com/encuestas/
galvanochoa@gmail.com

12. Astillero
De Nochixtlán a Arantepacua
Silvano y la herencia de Castillo
Videgaray dice no ser aspirante
Inegi: Los Pinos impone a Merodio
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
EFECTOS DE LA POLÍTICA DE TRUMP. El mexicano Roberto Beristáin, en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez,
Chihuahua. Viajó a Estados Unidos sin documentos hace 20 años; su esposa votó en favor de Donald Trump en la pasada
elección presidencial; fue arrestado hace dos meses y en días recientes lo deportaron de IndianaFoto Afp
E
l 19 de junio de 2016, en el contexto de la lucha de profesores y ciudadanos contra la
denominada reforma educativa, centenares de policías federales y estatales liberaron de
obstáculos un tramo de la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, y luego arremetieron contra habitantes
de Asunción Nochixtlán, un municipio de la región mixteca. Hubo seis muertos, según versiones
oficiales.
La primera postura de los gobiernos federal y estatal pretendió adjudicar los hechos
sangrientos a una provocación de los pobladores (Enrique Galindo, comisario general de la
Policía Federal, llegó a hablar de una emboscadacontra los agentes, en la que habrían participado
unas 2 mil personas) y a escudarse en la especie de que los policías habían participado en la
refriega sin armas y, por tanto, nunca podrían haber disparado.
Videos y fotografías, sobre todo una imagen, la de un policía rodilla a tierra disparando desde
la vulcanizadora Reyes, derrumbaron la coartada gubernamental y el propio Galindo aceptó que
siempre sí había ido una parte de los policías con armas y ciertamente habrían disparado. Galindo
fue botado de su cargo y se anunció una investigación en su contra, con ánimo justiciero, de cuyo
curso y resultados no se sabe absolutamente nada. Muertos, heridos, perseguidos, ataque a una
clínica y violación generalizada de derechos y garantías, con el saldo clásico de impunidad para
las fuerzas policiacas y sus jefes.
Este miércoles 5, en el contexto de añejos conflictos agrarios y de la lucha de pobladores de
zonas rurales e indígenas contra proyectos económicosestratégicos derivados de la reforma
energética, centenares de agentes estatales y municipales arremetieron contra habitantes de

13. Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en Michoacán. Hubo tres muertos, según voceros de la
comunidad, aunque el gobierno estatal sostenía que sólo tenía datos de uno.
Como en el Nochixtlán de Oaxaca, en el Arantepacua de Michoacán hay narrativas oficiales
parecidas (la visión de la similitud fue retomada por esta columna de un tuit de Pedro
Miguel,@navegaciones). Según eso, la gente habría atacado a los policías que, inermes, tuvieron
que reaccionar en defensa propia. En realidad, a la comunidad michoacana llegaron policías y
personas sin uniforme que realizaron destrozos a vehículos particulares, allanaron domicilios y
causaron daños materiales, además de realizar detenciones, agresiones y, en esas circunstancias,
las muertes ya referidas (también se presentó un contingente militar para evitar que escalara la
violencia).
En Michoacán está formalmente al frente del gobierno Silvano Aureoles, colocado por Los
Pinos para tener disfraz de pluralidad, pues formalmente el mandatario es perredista e incluso
está en precampaña en busca de ser candidato presidencial en 2018 en nombre del sol azteca. En
realidad, el dominio de la entidad lo tiene el peñanietismo mediante el rediseño político, social y
económico que pergeñó Alfredo Castillo, enviado en su momento como comisionado federal. La
estructura policiaca y judicial de Michoacán sigue al servicio de ese colectivo de intereses
insuficientemente claros que promovió y heredó el jefeCastillo, ahora encargado del deporte
nacional.
En todo caso, es de Aureoles la responsabilidad política de lo sucedido en Arantepacua. En
medio de tensas negociaciones en Morelia, luego que habían impedido que una manifestación
masiva saliera de la comunidad mencionada rumbo a la capital del estado, una comisión que
había llegado a ciertos acuerdos, en una mesa de diálogo, fue detenida bajo el cargo de que se
transportaba a bordo de un vehículo en el que había armas de fuego (la versión de los
pobladoreshttps://goo.gl/oNpDgf) y un video realizado por Acueducto on
linehttps://goo.gl/nBELGm). Traición y agresión.
Luis Videgaray Caso dijo ayer, en Washington, que no tiene interés en ser candidato del PRI
a la Presidencia de la República, lo cual no es una postura de rechazo irrevocable, sino una salida
circunstancial que puede cambiar más adelante, si el pueblo solicita al virtual vicepresidente de la
República que sesacrifique. Videgaray, en cuya baraja alternativa está José Antonio Meade,
también dijo que hizo ver al general Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos,
que esta potencia debe abstenerse de intervenir en los comicios presidenciales de 2018. Mmm.
Otro organismo autónomo ha sido abiertamente tomado por las tendencias maniobristas del
actual gobierno federal. Quedó Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), a pesar de que con insistencia se argumentó en contra de ese
nombramiento, mencionando defectos formales y de fondo en la postulación. Se acusó a la
aspirante de falsear información y presentar datos incompletos, además de no contar con la
antigüedad requerida ni suficientes lauros académicos y profesionales.
A pesar de todo, Merodio obtuvo los votos definitorios del PRI, el Verde y una parte del PAN
(María Luisa Calderón, cuñada de la precandidata presidencial, Margarita Zavala, apoyó la
designación que otra parte de los blanquiazulestachaba de imposición peñista). 64 sufragios en
favor, 26 en contra y una abstención. La nueva vicepresidenta del Inegi fue promovida
vigorosamente por José Antonio Meade, secretario de Hacienda, como carta de Los Pinos
paramodernizar ese instituto que ahora queda más abiertamente bajo mando político,
específicamente del peñismo, que en 2018, antes de los comicios cruciales, podría toparse con la
sorpresa de que el Inegi le regale cifras alegres en cuanto a disminución de la pobreza y una
bonanza nacional aunque sólo sea en términos estadísticos, en el nuevo acomodo de los números.
Y, en espera de que Josefina Vázquez Mota responda a las pruebas documentales de que se
benefició en términos personales cuando menos de una parte de los más de mil millones de pesos
de dinero público que recibió una fundación para apoyo de paisanos que ella presidió de manera
honoraria, ¡hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx

14. México SA
EPN impone a Merodio
Pierden Inegi y México
Videgaray: buena nueva
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
T
odo apunta a que el inquilino de Los Pinos decretará lareducción de los tétricos indicadores de
pobreza en el país (de forma artificial, desde luego) para demostrar que su política socialrinde
frutos por doquier y que el sostenido desplome del bienestar de los mexicanos sólo está en la
mente de algunos.
Bajo el apotegma de aquí sólo mis chicharrones truenan, Enrique Peña Nieto y sus
borregos tricolores en el Congreso impusieron a Paloma Merodio como vicepresidenta del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no obstante que la susodicha no cumple –
académica y profesionalmente– con los requisitos de ley, amén del ostentoso conflicto de
intereses por la actividad empresarial de su cónyuge (Juan Carlos Pueblita, socio de la empresa
Provera Lab, dedicada a la venta de información y que opera con grandes bases de datos).
Y la señora Merodio (egresada del ITAM, como Dios manda) no sólo incumple tales
requisitos (cinco años de experiencia en cargos de alto nivel en el sector público o privado y ser
una académica distinguida), sino que, curricularmente, mintió a los legisladores (cuyo pastor es
Emilio Gamboa Patrón), a quienes finalmente les importó un pito el doble engaño, porque la
línea aprobatoria venía de la residencia oficial, y los tricolores y sus rémoras verdes son muy
cumplidores, amén de agachados, aunque nunca de a gratis.
De nada sirvió que en comisiones y más adelante en el pleno algunos senadores
documentaran su rechazo a lacandidatura de Paloma Merodio (no se le ven criterios de
independencia ni consolidación en la parte de la autonomía), porque los borregostricolores y sus
rémoras acataron la orden de implantar una pieza presidencial más dentro de la estructura de
toma de decisiones del Inegi, que todavía presume autonomía.
La votación quedó así: 64 en favor, 26 en contra y una abstención. Gana el inquilino de Los
Pinos, su corral de borregos y la señora Merodio; pierde el Inegi y México.
La crónica parlamentaria de la sesión (La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas) detalla
que “a última hora los opositores pretendieron romper el quórum, pero sin éxito y poco después,
Merodio rindió protesta, entre aplausos de los priístas, verdes y del independiente Manuel
Cárdenas, uno de los más entusiastas. La nueva funcionaria fue sacada del salón de plenos por
una puerta lateral, para evitar a la prensa.
“La única priísta que defendió el nombramiento fue Cristina Díaz, pero lo hizo al presentar el
dictamen, como presidenta de la Comisión de Gobernación y nadie más del tricolorsubió a
tribuna, donde sólo se escucharon los cuestionamientos de la oposición y la solitaria intervención
en favor de Luisa María Calderón”, hermana del tal Jelipe.
La autonomía del Inegi, el riguroso respeto a la ley del gobierno federal y laindependencia del
Poder Legislativo quedaron nítidamente comprobados con la imposición de la nueva
vicepresidenta del Inegi.
De la citada crónica tomo los siguientes pasajes: “el panista Juan Carlos Romero Hicks, las
perredistas Dolores Padierna y Angélica de la Peña y el independiente Alejandro Encinas,
denunciaron el fuerte cabildeo que llevaron a cabo funcionarios federales, para lograr la

15. ratificación de Merodio y coincidieron en señalar que se atenta contra la autonomía del Inegi, que
de nuevo vuelve a depender de las autoridades hacendarias.
“El presidente Enrique Peña Nieto, puso a andar a su secretario de Hacienda, José Antonio
Meade, y este presionó a los gobernadores, para que ellos, a su vez, presionaran a los legisladores
a avalar el nombramiento, denunció en tribuna el panista Ernesto Ruffo. El gobierno federal, dijo,
quiere a Merodio en el Inegi porque no quiere ser evaluado, quiere continuar en la opacidad.
“Romero Hicks habló también del desmedido cabildeo del titular de la Secretaría de Hacienda
y denunció el albazo que se dio, en medio de un desaseado proceso legislativo, iniciado horas
antes, al citar a una sesión extraordinaria en comisiones para aprobar un dictamen. Habló del
cinismo y la intención de dar un golpe a una institución como el Inegi.
La senadora Luisa María Calderón, a contracorriente de la mayoría de su bancada, subió a
tribuna para defender a Merodio, sostener que cumple con los requisitos y en forma alguna
pondrá en riesgo la autonomía, mientras que otro panista, Héctor Larios, dejó en claro que la
candidata del Ejecutivo federal y del titular de Hacienda no tiene la experiencia necesaria para
llegar a la vicepresidencia del Inegi.
Paloma Merodio, pues, se sube al carro de la actualización del inventario de pobres en el país
y el acomodo de cifras económicas y sociales (unas a la baja, otras al alza, según convenga al
gobierno peñanietista), una estrategia armada en Los Pinos que comenzó en julio de 2016,
cuando unilateralmente el Inegi, con su presidente (Julio Santaella Castell) al frente del timón,
modificó la metodología de medición de la pobreza, con el absoluto rechazo del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que estructura
su informe temático con base en los datos del citado organismo de estadística y geografía.
Sería en el próximo mes de julio, originalmente, cuando el instituto divulgaría los resultados
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la misma que utiliza el Coneval
para su informe bianual sobre la pobreza en el país (en este caso el correspondiente a 2015-2016).
Sin embargo, tal reporte fuerecalendarizado por el propio Inegi, tal vez por estar en espera de la
señora Merodio.
El hecho es que todo apunta a que tal encuesta contendría cifras cómodamente maquilladas
para que el inquilino de Los Pinos presuma, en tiempos electorales, que su política social, como
le llama, es más que resultona, así sea falso, porque nadie deja de ser pobre por decreto
presidencial.
Las rebanadas del pastel
Por fin Luis Videgaray da una buena noticia: no aspira a convertirse en el candidato tricolor a la
Presidencia de la República en los comicios de 2018. No y no quiero, dijo el ex ministro del (d)
año. Qué bueno, pero falta que cumpla, porque si lo hace como con su promesa de un futuro
promisorio para los mexicanos, entonces estamos jodidos. Por cierto, alguien debería explicarle la
diferencia entre respeto e injerencia, porque el aprendiz asegura que al secretario estadunidense
de Seguridad Interna, John Kelly, le pidió respetar el proceso electoral de nuestro país, cuando en
realidad debió rechazar tajantemente la descarada injerencia de los vecinos norteños en la política
nacional. No es lo mismo que lo mesmo.
Twitter: @cafevega
D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com

16. Paloma Merodio y el voto del PAN
provocan agruras: “le dieron las
medidas del gallinero al zorro”
Por Redacción / Sin Embargo abril 6, 2017 - 6:00 pm • 23 Comentarios
Alumnos y egresados de la Universidad de Harvard rechazaron la
postulación de Paloma Merodio como vicepresidencia del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por considerar que
no cumple con los requisitos legales para aspirar al puesto. La
candidata de Los Pinos fue cuestionada por alrededor de 30
organizaciones sociales y especialistas que exigieron que se
revisara su perfil laboral al encontrar inconsistencias que no la
hacían apta para el puesto directivo. Este día, alumnos de
Harvard se unieron a la oposición.
ADEMÁS
Senadores cuestionan a Paloma Merodio su currículum
“inflado”, con el que quiere quedarse en Inegi
Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Pese a la oposición de
organizaciones sociales y legisladores, Paloma Merodio Gómez fue ratificada

17. por el Senado como vicepresidenta de la junta del Gobierno del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con 64 votos a favor de los partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), 26 en contra
de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) e independientes, y
una abstención de la panista Adriana Dávila, la nominada por Los Pinos logró
ser confirmada.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, le
tomó protesta. El hecho causó de inmediato reacciones de indignación.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), una de las organizaciones
opositoras al nombramiento, se manifestó en contra de la resolución del
Senado.
A través de su Twitter señaló que “hoy es uno de los días más tristes para
nuestro país por un nombramiento ilegal perpetrado por el Senado”.
Y agregó: “Con el letrero de ‘LA PATRIA ES PRIMERO’ a sus espaldas, el
senado mexicano le acaba de entregar las medidas del gallinero al zorro”.
A su vez, el investigador José Merino señaló: “Nada que decir, no
esperábamos más de nuestra clase política”. Y en otro mensaje agregó: “Lo
sabe ella Lo saben quienes la promueven Lo saben quienes la aprobarán (Y
eso dice TODO sobre ellos)”.
La politóloga Denise Dresser cuestionó el apoyo del PAN a la candidata de
Los Pinos: “Pregunta para senadores del @PartidoAccionN: ¿que les
ofrecieron a cambio para que votarán x #PalomaMerodio? ¿O les gusta el
hara kiri político?”.
El economista Gerardo Esquivel también rechazó la votación y dijo que “es
increíble que Merodio y Meade estén dispuestos a poner en entredicho la
credibilidad de una institución como el INEGI”.
Previamente, las comisiones unidas de Gobernación y de Población y
Desarrollo del Senado remitieron a la Presidencia de la Mesa Directiva la
votación al Pleno de esta Cámara para que determinará el nombramiento al no
lograr un acuerdo.
Lo anterior debido a que la Comisión de Población y Desarrollo, presidida
por el Senador independiente Armando Ríos Piter, empató el dictamen de la
postulación con un voto a favor y uno en contra, mientras que en la de
Gobernación se aprobó con nueve sufragios en sentido positivo y otro
opositor.

18. La toma de protestas de Merodio. Foto: Cuartoscuro
En la primera sesión, el panista Carlos Romero Hicks cuestionó la trayectoria
de Paloma Merodio en su historia laboral que presentó al Congreso de la
Unión como aspirante del Inegi.
Romero Hicks entregó una serie de documentos para ser integrados en el
expediente antes de que se emita un dictamen.
“No desempeño cargos de gerencia, está más que acreditado y esto es muy
claro en el artículos once de la Ley General del Trabajo, para ejercer
representaciones de eso, se requieren tener cargos de administracion o de
dirección.
“La maestra Merodio no realizó cargos de administración o de dirección, ni
de representación legal. No ha exigido ni un sólo contrato firmado a su
nombre”, expresó el Senador.
El panista explicó que hay contradicciones en parte de su historia laboral que
entregó la postulante al Congreso de la Unión en el caso de datos que se
refieren al Banco Mundial.
“Me comuniqué directamente a Yakarta al Banco Mundial, estoy en espera, y
en paralelo, hice contacto con la escuela Kennedy de Harvard, y entregó la
documental, me dicen que fue pasante”, señaló el legislador.
ADEMÁS
Los Pinos dio información falsa, a medias e inexacta para
imponer a una inexperta en Inegi, acusan
ALUMNOS DE HARVARD LE DICEN “NO” A MERODIO

19. Alumnos y ex alumnos mexicanos de la Universidad de Harvard se sumaron
hoy al pronunciamiento de varias organizaciones que han rechazado la
postulación de Paloma Merodio Gómez como vicepresidencia del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por considerar que no cumple
con los requisitos legales para aspirar al puesto.
“Los firmantes nos unimos al llamado para proteger la solidez e
independencia del Inegi con un nombramiento que surja de un proceso
transparente, técnico y apegado a la ley. Ésta es una oportunidad de mostrar el
compromiso que tenemos de no incurrir en los mismos vicios políticos que ha
arrastrado México por décadas”, señalaron los estudiantes y egresados de la
institución en una carta publicada en internet.
En la misiva destacaron que el debate de la discusión para la postulación de
Merodio debió centrarse “no sólo en el cumplimiento de lo mínimo requerido
para el puesto, sino en identificar a la persona con más habilidades, solidez
técnica, integridad e independencia política para medir confiablemente la vida
de los mexicanos”.
Los egresados aclararon que el cuestionamiento no es acerca de la capacidad
de la Maestra Merodio, “quien hasta hoy goza de una carrera profesional
exitosa. Es una defensa a la fortaleza de nuestras instituciones”.
“Quienes firmamos estamos comprometidos con el desarrollo y la
prosperidad de México, y creemos firmemente que esto no podrá lograrse sin
instituciones sólidas y confiables”, puntualizaron.
Paloma Merodio con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Foto: @Pichona_
Desde su postulación como vicepresidenta del Inegi, alrededor de 30
organizaciones sociales y especialistas han exigido que se revise el perfil
laboral de Paloma Merodio por considerar que no cumple con lo que la Ley
exige.

20. En diversas posturas han destacado que de ninguna forma se oponen a la
modernización del Instituto, y mucho menos a que una mujer ocupe ese
cargo, pero consideran que hay muchas mujeres en México que tienen todas
las credenciales y trayectoria para hacerlo.
De acuerdo con un análisis del CEEY a la información curricular presentada
por la Presidencia ante el Senado, la joven de 31 años solamente cuenta con
un año 5 meses de experiencia laboral de alto nivel jerárquico, cuando se
piden al menos cinco; tampoco cumple con el requisito alternativo de ser
académica de reconocido prestigio, y detalló diversos problemas de “falsedad,
ambigüedad o inexactitud de la información”.

21. El organismo sostiene que 2016 fue el año más violento para la prensa en México
La millonaria publicidad oficial limita la información
independiente: Artículo 19
Esa ‘‘caja chica’’ de los gobiernos funciona como instrumento de presión para fijar
líneas editoriales
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
El uso de ‘‘montos millonarios’’ de publicidad oficial ejercidos de manera arbitraria e
indiscriminada, se ha convertido en el ‘‘mecanismo perfecto para limitar los flujos de
información independiente y plural’’, documentó la organización Artículo 19 en su informe
2016, Libertades en Resistencia, donde califica ese año como el más violento para la prensa en
México.
Así, ‘‘la publicidad oficial funge como caja chica de los gobiernos y como instrumento de
presión para fijar las líneas editoriales de los medios para promover a las figuras públicas en
turno’’, señala.
El reporte da cuenta de que en ese periodo se registraron 426 agresiones contra la prensa,
ataques que continúan en aumento pues crecieron 7 por ciento más respecto de 2015, cuando se
documentaron 397. En 2016 fueron asesinados 11 periodistas; en 2006, 2008 y 2010 hubo 10
homicidios en cada año. En lo que va de la administración federal de Enrique Peña Nieto, ya son
30 los comunicadores que han sido ultimados.
La organización de derechos humanos que trabaja a escala global para proteger y promover
las garantías a la libertad de expresión, advierte que para quienes ejercen este derecho en México
tienen que enfrentarse en un terreno quede facto los pone en desventaja frente a su adversario.
Quien decide expresarse conoce de entrada las reglas: en la mayoría de los casos los ingresos
de los medios de comunicación dependen directamente del dinero público, y por tanto el gobierno
incide en las líneas editoriales y trunca los alcances de esa libertad; además, es el país más
peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, donde la violencia contra la prensa tiene
garantizada la impunidad, y si se está fuera del sistema de información que prevén las tecnologías
los comunicadores son invisibles, y tienen que luchar para encontrar información para difundir.
El informe de 226 cuartillas de Artículo 19 documenta que el regreso del PRI al poder ha
significado la estructuración paulatina de una política que busca inhibir, limitar y restringir los
flujos de información.
‘‘En esos cuatro años de gobierno se ha articulado la ejecución de múltiples medidas desde
diferentes ángulos y niveles de gobiernos que han llevado a que en 2016 la libertad de expresión
e información se consolide como un verdadero campo de batalla, donde la violencia –no
solamente física– es cada vez más latente.
Además, señala con información oficial, que tan sólo en 2016, según datos preliminares, el
gobierno federal reportó un ejercicio de más de 9 mil millones de pesos en ‘‘comunicación
social’’, para un gasto acumulado de 34 mil 109 millones de pesos en los primeros cuatro años de
la administración de Peña Nieto.
Presentado por Ana Cristina Ruelas, directora regional para México y Centroamérica, el
informe del organismo da cuenta que que el periodismo en México se ejerce en medio de
amenazas como ‘‘plata o plomo’’, donde la publicidad oficial se utiliza como un instrumento de
censura indirecta o sutil y las agresiones como factor de censura directa.
De esta forma, se documenta en ocho capítulos que la prensa está sometida a presiones, ya
sea de la publicad o de la violencia. Reconoce que en este proceso de resistencia, aun cuando esta
publicidad es también una forma de violencia, algunos medios de comunicación logran evadirla e
informar. ‘‘Pero enfrentan una violencia más vil y cruenta’’.

22. Respecto de estas agresiones, Artículo 19 considera que el gobierno mexicano no ha
encontrado la solución a la violencia contra la prensa, al contrario, ha permitido que las
condiciones para ejercer el periodismo se vulneren cada vez más.
Su inacción deja que la impunidad prevalezca en 99.7 por ciento de los casos. ‘‘El mensaje es
claro: sin verdad ni justicia, la prensa es blanco fácil de sus agresores’’. Esta situación es todavía
más preocupante cuando 53 por ciento de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron
cometidas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, incluyendo ejecuciones
extrajudiciales de periodistas.
De nueva cuenta, Ciudad de México es la entidad con más agresiones registradas, con 71. Le
siguen Oaxaca, con 60; Veracruz, 58; Puebla, 28, y el estado de Guerrero, 26.
Por tipo de agresión, los ataques físicos o materiales fueron mayoría, con 81. Le siguen las
intimidaciones, con 79; las amenazas, 76; privaciones ilegales de la libertad, 58, y los actos de
hostigamiento o acoso, 58.
Destaca el aumento de agresiones contra mujeres periodistas, que de 2015 a 2016 aumentó 15
por ciento, con 96 casos (14 de ellos con componente de género), concluye.
La represión en la protesta social es una
constante con Peña Nieto: Article 19
El uso de la fuerza para reprimir la protesta social se ha intensificado con el gobierno
actual. El objetivo, dice la organización civil, obstaculizar la libertad de expresión.
Archivo.Cuartoscuro
Tania L. Montalvo (@tanlmont)
abril 7 2017 06:00
FONDEA el periodismo independiente
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha intensificado el uso de la fuerza para reprimir
la protesta social, coartar el derecho a la asociación y a la libertad de expresión, denuncia la
organización Article 19 en su informe anualLibertades en resistencia.
La organización civil indica que además de que se hace común que se agreda a la prensa para
limitar el acceso a la información durante una protesta, las autoridades buscan “legitimar la
arbitrariedad” a través de leyes que les permitan atentar contra periodistas y ciudadanos que se
manifiestan.

23. Sólo el año pasado, en el contexto de una protesta social siete manifestantes y pobladores
fueron asesinados; se detuvo a 27 personas y se registró a más de 200 civiles heridos.
A lo que se suman al menos 59 agresiones contra la prensa que cubría una protesta social y
otras 22 que ocurrieron en este 2017.
El abuso de autoridades contra manifestantes y periodistas durante una protesta pone en
riesgo y viola derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad, a la
seguridad, a la libertad, a no sufrir tortura, a la salud, al debido proceso y a la seguridad jurídica,
indica Article 19.
El uso de la fuerza debería regirse por los principios de legalidad, excepcionalidad,
necesidad y proporcionalidad, lo que según la organización civil no ha ocurrido durante el
gobierno de Peña Nieto y en particular el año pasado en distintas protestas sociales en el estado
de Oaxaca.
Uno de los casos más notorios sobre cómo se hace uso de la fuerza y de la represión con el
gobierno actual es el de Nochixtlán. Article 19 dice quecuando las autoridades federales
negaron el uso de armas de fuego tras reportes de la prensa y esto resultó falso, “violaron el
derecho de acceso a la información de la sociedad, criminalizaron a los manifestantes y
desprestigiaron la labor de la prensa que se encontraba en ese momento en riesgo”.
Pero además de las violaciones que ocurrieron en Nochixtlán al reprimir la protesta, Article 19
indica que la responsabilidad de las autoridades por lo sucedido incluye también las omisiones
acumuladas hasta la fecha, pues no se ha dado seguimiento a las exigencias de justicia, de
atención médica y de garantías de seguridad.
Para ejemplificar cómo la protesta social se criminaliza y se viola el derecho a la libertad de
expresión, Article 19 detalla que durante la represión en Nochixtlán, Oaxaca hubo varios intentos
de las autoridades por impedir que la información se documentara y difundiera.
Espionaje y vigilancia
Otro tipo de violencia que señala Article 19 en su informe Libertades en resistencia es la de
espionaje y vigilancia. “Una forma sofisticada y casi invisible para inhibir y limitar el libre flujo
de información”.
Según la organización, el Estado mexicano ha aumentado sus capacidades para mejorar la
vigilancia sobre periodistas y ciudadanos sobre dispositivos móviles y actividad digital.
En 2016, dice Article 19, se registraron 72 agresiones en entornos digitales; siendo la mayoría
amenazas a periodistas y comunicadores vía redes sociales: 37 del total de entre las que nueve se
trató de amenazas de muerte.
Pero el año pasado también hubo 16 ataques digitales a medios de comunicación y el registro de
ocho intervenciones en comunicaciones de periodistas: la mitad a correos electrónicos.
Del total de agresiones, se identificó que en 22 participaron funcionarios públicos, cuatro partidos
políticos, once particulares y de 35 se desconoce el origen.
El informe completo puedes verlo aquí.

24. La corrupción en la prensa
1 ABRIL, 2017
Ma. Amparo Casar • Javier Márquez215
La naturaleza elusiva de los actos y redes de corrupción nos obliga a innovar en los
métodos de observación y medición. Hasta ahora tenemos básicamente estudios sobre
la percepción de la corrupción, acompañados de paneles de expertos, entrevistas al
sector privado, encuestas sobre cultura de la legalidad y casos de estudio. Ni los
registros de faltas administrativas en la Secretaría de la Función Pública ni los de la
PGR sobre averiguaciones previas iniciadas por delitos de corrupción son de gran
utilidad pues la mayoría de ellos nunca se denuncian, los pocos que se denuncian
nunca llegan a convertirse en averiguaciones previas y los que se convierten en
averiguaciones previas raramente transitan hasta el estadio de la consignación ante un
juez.
Mientras se avanza en nuevos métodos, la cobertura de prensa puede servir
como proxy para darnos una idea más precisa de qué tan extendido está el fenómeno
de la corrupción en nuestro país.
Ilustración: Víctor Solís

25. El periódico Reforma, que se ha destacado por su atención al tema de la corrupción,
puso a nuestra disposición su base de datos madre que incluye todas las notas
publicadas desde que fue creado en diciembre de 1993 y hasta diciembre de 2014. A
partir de su codificación y análisis pudimos elaborar un interesante y revelador estudio
sobre las denuncias de corrupción, los actores más frecuentemente señalados y los
delitos más recurrentes. No se trata de una medición de incidencia, pero sí es un
termómetro de cómo la corrupción está presente como conducta cotidiana en nuestro
país.
Esta base de datos nos permite presentar, a lo largo de un periodo de 21 años, un
panorama general no sólo de la extensión de los presuntos actos de corrupción sino
también de su concentración por sectores, por órdenes y ramas de gobierno, cargo
público, filiación política y tipo de delito.
A lo largo de estos 21 años encontramos un universo de 25 mil 987 notas que
mencionaban la palabra corrupción o alguno de los delitos que tanto la antigua Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como el Código Penal
Federal califican como actos de corrupción. De este conjunto mantuvimos las notas que
cumplían dos condiciones: que se refirieran a un acto concreto de corrupción y que
señalaran a un actor o institución responsables. Las notas referidas a la corrupción en
general, que no contuvieran delito o falta administrativa, así como a un sujeto
reconocible, fueron eliminadas. Esta depuración nos dejó un conjunto de 12 mil
165 notas que involucran a 15 mil 292 actores y 20 mil 747 delitos de corrupción. Son
más los actores y los delitos de corrupción que las notas en atención a que una nota
puede referirse a más de un actor y a uno o más delitos.
Durante el periodo analizado el promedio de delitos por año alcanza la cifra de 988, el
de actores mencionados 728 y el de notas 580. Fue 2004 el año en que más notas y
delitos sobre corrupción fueron publicados (mil 86 notas y mil 667 delitos), y 1994 el año
en el que menos (220 notas y 368 delitos). Del total de notas, mil 254 aparecieron en
primera plana.
La corrupción denunciada en la prensa se concentra en el sector público. De las notas
de corrupción analizadas, nueve mil 763 (80.3%) corresponden al sector público —
incluyendo partidos políticos— y mil 856 (15.3%) al sector privado: ciudadanos,
empresarios y sindicatos. El 4.5% (545) restante involucra a ambos sectores (ver tabla
1).
Al mirar sólo el universo de los delitos de las tres ramas de gobierno, la corrupción
denunciada en la prensa se encuentra mayoritariamente en el nivel local, que concentra
57% de los señalamientos versus el 43% a nivel federal. De haber tomado en cuenta la

26. prensa local este porcentaje habría subido sensiblemente. Un estudio de Piero Stanig
(2014) de la cobertura mediática de actos de corrupción a nivel subnacional muestra
que durante un solo año (2001) la prensa local reportó 467 artículos sobre corrupción
en estados y municipios. En contraste, la base de datos de Reforma reporta un
promedio de 285 notas por año en esos órdenes de gobierno.
A estos datos habría que agregar las denuncias en contra de los partidos, que suman
mil 924; las de los integrantes de los Órganos de Autonomía Constitucional (OCAs) con
214 menciones, y las universidades autónomas que recibieron 66 señalamientos a lo
largo de estos 21 años.
Si nos centramos en la corrupción a nivel federal encontramos que del total de 15 mil
292 señalamientos la mayoría corresponden al Poder Ejecutivo. Este poder recaba tres
mil 683 vis a vis el Legislativo federal que cuenta con sólo 340 o el Judicial con
303.1 De estos números no puede concluirse que los integrantes del Ejecutivo sean
más corruptos que los de los otros dos poderes. Aun ponderando por el número de
integrantes de cada poder, la hipótesis es que el Ejecutivo federal es el poder más
observado y vigilado por la prensa, que en el caso del Poder Legislativo opera la
máxima de que en casa del herrero azadón de palo —o sea que el vigilante no se deja
vigilar— y que el Poder Judicial es el más opaco y resguardado a pesar de ser el último
eslabón de la cadena de la (in)justicia que priva en México.
Dentro del Ejecutivo federal son los funcionarios de Pemex quienes lideran la lista de
presuntos actos de corrupción (609), seguidos muy de cerca por la PGR con 597
menciones y Sedesol con 313. Estas tres dependencias juntas dan cuenta de 41% del
total de servidores públicos exhibidos por el periódico Reforma. Por su parte, la Segob
alcanza 291 menciones (8%), Presidencia 244 (7%), la SSP 232 (6%) y la SHCP 220
(6%).
Como era de suponerse, los altos mandos suelen estar protegidos y son sus
subordinados los que reciben los señalamientos de corrupción. De las tres mil 683
menciones al Ejecutivo federal sólo 299 (8%) corresponde a los mandos superiores
(secretario, subsecretario u oficial mayor). Cabe resaltar que la Segob es la secretaría
que concentra mayores denuncias contra su titular: 54. ¿De verdad podemos creer que
los titulares y sus subordinados inmediatos están casi al margen de la corrupción?
Por su parte, el análisis de los OCAs permite detectar que 82% de las 214 menciones
corresponde a los institutos electorales tanto federales como locales.
Finalmente, dentro del Poder Legislativo federal los diputados concentran 63% de las
denuncias contra 34% de los senadores y 3% de la Auditoría Superior de la Federación.
La distribución de menciones en el ámbito local es distinta a la del federal. En la base
de datos se recabaron cinco mil 778 señalamientos a los ejecutivos locales, de los
cuales cuatro mil 442 fueron para los estatales y mil 336 para los municipales. Los
congresos locales solamente merecieron 196 registros. Dentro de los ejecutivos
estatales, mil 624 o el 37% de las menciones fueron para los gobernadores

27. directamente. En el ámbito municipal los alcaldes fueron señalados en 745 ocasiones,
equivalentes a 56% de las denuncias en este orden de gobierno.
Es interesante resaltar que, dentro de las 32 entidades federativas, el Ejecutivo local
más mencionado es el Distrito Federal con mil 317 señalamientos, seguido por el
Estado de México con 388, Nuevo León 325, Morelos con 313 y Guerrero con 302. Los
que reciben menos menciones son Sonora con 34, Baja California Sur y Durango con
33, Sinaloa 32 y Nayarit con nueve (ver tabla 2).
Otra clasificación interesante es la que corresponde a los partidos políticos. Del
universo total de señalamientos de corrupción (15 mil 292), en 13% de los casos (mil
924) se denuncia a un partido político o a uno de sus miembros. La distribución dentro
de esta categoría se comporta de la siguiente manera: PRI: 932 señalamientos, PAN:
504, PRD: 219, PVEM: 96 y el resto 269 (ver tabla 3).
Dentro del sector privado, ciudadanos, empresarios y sindicatos aparecen en dos mil
401 notas con dos mil 798 señalamientos. Los primeros dos reúnen 80% de las
menciones y los sindicatos el 20% restante.
Si pasamos al ámbito de los delitos cometidos, la base de datos revela que
prácticamente todos los contemplados en la legislación (Código Penal Federal, Ley de
Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y leyes electorales) están presentes en
las denuncias periodísticas: irregularidades en adjudicaciones, enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencia, malversación, cohecho, ocultamiento de información financiera,
fraude, lavado de dinero, extorsión, intimidación y abuso de funciones. El número de
delitos mencionados es mayor que el número de señalamientos de corrupción pues un
mismo sujeto puede ser imputado simultáneamente por uno o más delitos. Éstos
alcanzan 20 mil 747, pero lo que resulta revelador es que sólo dos de ellos concentran
44% de los delitos: abuso de autoridad (que recibe cuatro mil 823 menciones) y
malversación de fondos (cuatro mil 232). A ellos le siguen los delitos electorales
(incluye, entre otros, la compra de votos y el financiamiento ilegal de campañas) que
suman dos mil 909 o 14% de las denuncias, los relacionados con el crimen organizado
con mil 621 y el fraude con mil 358.

28. Las características, funciones y atribuciones propias de los diferentes actores suelen
estar asociadas a los delitos presuntamente cometidos. Por ejemplo, 19% de las
acusaciones contra particulares (ciudadanos o empresas) son por fraude, 49% de las
menciones a partidos tienen que ver con delitos electorales y 31% de los señalamientos
a sindicatos son por malversación de fondos. En el caso del Poder Legislativo los dos
delitos más frecuentes son malversación de fondos y abuso de autoridad mientras que
en Poder Judicial es el abuso de autoridad. Finalmente, 79% de las acusaciones por
irregularidades en adjudicaciones son hechas en contra del Ejecutivo.
Desgraciadamente, la base de datos no permite determinar cuántos de estos delitos
fueron investigados y sancionados por la autoridad correspondiente. Tan sólo se sabe
que, del total de notas de corrupción, en tres mil 232 casos (27%) se menciona algún
tipo de consecuencia que pudo haber ido desde la multa o la renuncia hasta el
encarcelamiento.
La investigación de la corrupción apenas comienza, pero el panorama no parece
demasiado alentador. La prensa, en este caso un periódico de circulación nacional,
pinta un panorama desolador tanto en materia de corrupción como de impunidad
evidenciando que éstas son sistémicas y están presentes en todas las ramas del poder,
en todos los órdenes de gobierno y en todos los partidos. El problema mayor es que la
exhibición de los delitos y sus presuntos perpetradores no parece tener mayores
consecuencias.
Ma. Amparo Casar
Investigadora del CIDE, analista político y presidente ejecutivo de Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad.
Javier Márquez
Socio y director de Investigación, Buendía & Laredo. Politólogo del CIDE y maestro en
métodos cuantitativos por la Universidad de Columbia.
Agradecemos a Pilar Ardines, Ana Fernanda Ávila, Roberto Candiani, Daniela Escobar,
Mariana Róo, Harumi Shimizu y Valeria Ordóñez por su valioso trabajo en la depuración
y codificación de la base de datos, bajo la coordinación y metodología establecida por
Georgina Flores Ivich. Janet de Luna y Raúl Mejía realizaron la codificación de los
poderes, órdenes e instituciones de los actores señalados en las notas de corrupción.
1 Para el Poder Judicial la base de datos no permite diferenciar entre el ámbito local y el
federal. El único dato relevante es que, de las 303 menciones, 9 corresponden a los
integrantes de la SCJN