La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa chica. El negocio de los boletos alcanzó hasta el palco “C” Grandes compañías y revendedores son los más beneficiados en cada Lunes del Cerro.

1. El negocio de los boletos alcanzó hasta el palco “C”
Grandes compañías y revendedores son los más beneficiados en cada
Lunes del Cerro.
Por Andrés Carrera Pineda
La Guelaguetza oficial poco a poco pierde su cercanía con el pueblo de Oaxaca para convertirse en un
evento totalmente comercial, en donde las grandes compañías y revendedores son los más beneficiados con
la venta de boletos.

2. Para los representantes de artesanos y otros prestadores de servicios turísticos, los eventos de la
Guelaguetza 2018 han sido los más desorganizados provocando manifestaciones y el descontento de los
visitantes.
“Como ocurre en la mayoría de los eventos, entre éstos la Feria del Mezcal, los conciertos de los Ángeles
Azules, Lila Downs, ferias y expoferias, solo tienen un lugar seguro y en las mejores butacas los que
cuentan con los suficientes recursos económicos para ingresar a los espectáculos”, señalaron oaxaqueños
que buscaban boletos.
En las ediciones del 2017, los palcos C y D con una capacidad para 6 mil 314 personas, se destinaban
especialmente para los oaxaqueños que acudían al auditorio para presenciar la Guelaguetza.
Desde las primeras horas de cada lunes del cerro, miles de ciudadanos se formaban para vivir las
festividades en todas las ediciones matutinas y vespertinas.
A partir de la Guelaguetza 2018, el Gobierno del Estado ordenó imprimir boletos para la Sección C, por lo
que únicamente se destinará para los oaxaqueños los espacios del palco D, con una capacidad aproximada
de 3 mil espacios.
Algunos boletos del palco C, fueron destinados para el sector hotelero donde se comercializaron hasta en
300 pesos, sin embargo, a través de las redes sociales, ciudadanos denunciaron que se ofrecieron hasta en
600 pesos.
Los que también aprovecharon la desorganización de las autoridades, fueron los revendedores con un
aumento de hasta el 100 por ciento del costo real en que se comercializaron los espacios en los palcos A y
B, mediante la empresa Ticket Master.
En los palcos A, el costo del boleto fue de 1,325 pesos, en tanto en los palcos B, en 1,030 pesos; para la
reventa aumentaron considerablemente, pues para la zona A alcanzó hasta los 2,500 pesos.
A partir de este fin de semana, los boletos en Ticket Master se agotaron en las dos ediciones, por lo que
algunos turistas se vieron obligados a desembolsar grandes cantidades de dinero.
En los grupos de compra-venta de las redes sociales, también se pueden adquirir boletos para los palcos A,
B y C, incluso la mayoría con la leyenda 0.0 pesos.
El Auditorio Guelaguetza cuenta con una capacidad para 12 mil 314 espectadores, de los cuales 6 mil se
comercializan a través de Ticket Master.
Una fiesta a costo de los oaxaqueños
En 2016, el Gobierno del Estado de Oaxaca invirtió más de 180 millones de pesos para llevar a cabo un
proyecto de remodelación del Auditorio Guelaguetza, en el cual se colocaron butacas, se edificó un
estacionamiento, un área deportiva y la rehabilitación de las escaleras recién bautizadas con el nombre de
Rubén Vasconcelos Beltrán, quien fuera el cronista de la ciudad de Oaxaca.
Exigen seguridad en zonas de líos agrarios en
Oaxaca
AMANDO OROZCO
Adelfo Regino Montes rechazó que la confrontación y la violencia sean el destino de las
comunidades indígenas de Oaxaca

3. Amando Orozco
PIDEN JUSTICIA PARA VÍCTIMAS
JUCHITÁN, Oaxaca.- El ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la pasada administración estatal,
Adelfo Regino Montes, recomendó al Gobierno Federal implementar una estrategia para distender la crisis que
se vive entre las comunidades de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec.
Entrevistado vía telefónica desde la capital del país, exhortó también al Gobierno del Estado, preservar la
seguridad de las viudas y garantizar el acceso a la educación y la salud de los huérfanos que perdieron a sus
padres en la masacre del pasado lunes.
“Creo que se requiere en este momento una estrategia
del Gobierno Federal […] yo haría un llamado al
presidente Enrique Peña Nieto, para que
personalmente atienda a la gravedad de la situación en
Oaxaca”.
Quien es propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ser el coordinador de asuntos indígenas en
sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la próxima
administración, lamentó que se sigan dando estos hechos que enlutan cada vez más hogares oaxaqueños.
Hizo “un llamado también al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que genere una mesa de distensión; en
estos momentos es muy importante que se averigüe con claridad quiénes son los responsables de los
homicidios”.
Sangre no debe regar agro oaxaqueño
Indicó que el campo de Oaxaca no puede seguir ensangrentándose con asesinatos como el de Abraham
Hernández González, coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) en Pochutla.
O como el ocurrido el sábado 14 de julio, donde revivió la violencia entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo
Yosoñama, municipios ubicados en la región de la Mixteca, donde hubo dos personas ejecutadas con armas de
fuego.
“Es un saldo muy doloroso de 16 personas muertas que nos consterna y nos duele a todos los oaxaqueños pero
más a quienes provenimos de alguna comunidad indígena”.
Reiteró que buscar una estrategia de distensión en este momento es muy necesario y un segundo momento, la
solución de fondo de los graves conflictos agrarios que se están viviendo.
Rechaza destino de violencia
Con suma preocupación, señaló que la confrontación y la violencia no pueden ser el destino de las comunidades
indígenas de Oaxaca; por ello se tiene que hacer un llamado enérgico al Gobierno del Estado y al Gobierno
Federal para que, con las atribuciones que tienen, puedan intervenir en este contexto que viven las
comunidades.
Regino Montes propuso crear un fideicomiso que
permita atender a los huérfanos y a las viudas, ya que
son ellos los que viven la tragedia.
“Es muy importante hablar de las personas fallecidas, pero a menudo nadie se acuerda de las víctimas de ese
conflicto.
Seguridad inmediata a zonas de conflicto
Señaló que es importante que haya una estrategia de paz y seguridad inmediata en todas las zonas que tienen
otros conflictos agrarios, entre ellas Los Chimalapas y actuar de manera preventiva para que no se siga
derramando la sangre de los indígenas.

4. Subrayó que para la solución de los conflictos agrarios se tiene que involucrar a todas las instancias,
tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado, los propios tribunales agrarios; incluso, dada
la gravedad de estos asuntos, pedir la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Condenó el asesinato del presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, José
Medel Jiménez Cruz, ocurrido este viernes, pues dijo que no es por la vía de la violencia y la muerte, como se
tienen que resolver los conflictos que hay en las comunidades de Oaxaca.
Dijo que se debe de investigar qué hay detrás de estos hechos que acabaron con la vida del dirigente campesino;
dar con las razones de este homicidio y se castigue a los responsables.
Impiden propietarios obras en parque eólico
Gerardo Valdivieso
Propietarios de terrenos detuvieron los trabajos de construcción del parque eólico Bii Niza
Gerardo Valdivieso Parada
DENUNCIAN DIVERSAS AFECTACIONES
EL ESPINAL, Oaxaca.- Propietarios de terrenos de la zona llamada Los Cocos, detuvieron los trabajos de
construcción del parque Bii Niza, a cargo de la empresa Eólica del Sur, por la falta de cumplimiento a sus
demandas.
Luego de que sus tierras fueran inundadas por las obras de construcción del parque, los propietarios
denunciaron que la empresa no ha querido pagar los daños.
Al "darles largas" y enviar a representantes sin poder
de decisión, los propietarios acordaron suspender las
obras hasta que cumplan con sus demandas.
La construcción de las bases de las torres del parque eólico ha causado que con las últimas lluvias, los terrenos
se vean afectados.
Además, la maquinaria y los vehículos pesados operan en terrenos que la empresa no está arrendando ni paga
las afectaciones.
Los propietarios pidieron que el representante legal de la empresa eólica, Eduardo Zenteno Garza, “dé la cara” y
pague las afectaciones a sus tierras. Hasta entonces, no permitirán que sigan las obras.
Habrá afectación a canales de riego
Por su parte, Raúl Toledo Dehesa que ha interpuesto un amparo contra la empresa Eólica del Sur, dijo que entre
las irregularidades en que ha incurrido la empresa se encuentra el daño que producirá al construir las torres a
sólo 10 metros del sistema de riego.

5. Dijo que las torres generan desperdicios de aceite y
podrían contaminar el agua de los canales.
Consideró que estas torres deberían estar a 30 metros de distancia, según la disposición oficial, por lo que
preparan un segundo amparo por los daños que puede ocasionar a los cultivos.
Dijo que se indagará quién autorizó que las torres sean ubicadas a sólo unos metros de los canales de riego, ya
que la empresa estaría construyendo en terrenos federales, pues son aguas nacionales y le corresponde a la
Comisión Nacional del Agua su regulación.
Agregó que la empresa tiene pendiente el pago de 20
millones de pesos al Ayuntamiento de El Espinal que
había prometido entregar y que hasta ahora no
pagado, además de que también está pendiente la
contribución del Gobierno del Estado y del Gobierno
Federal.
Para Toledo Dehesa, la empresa no ha pagado los impuestos que realmente debe pagar por la construcción del
parque, lo cual es la base del primer amparo que presentó.
Por despojo de territorios, rechazan proyectos mineros en
comunidades
23 JULIO, 2018 DESPERTAROAX
Francisco Vásquez
Con el objetivo de compartir y diseñar estrategias para enfrentar las afectaciones ambientales,
sociales y culturales producidas por las concesiones y proyectos mineros en los territorios de la
región de Valles Centrales, autoridades comunitarias y organizaciones en defensa del territorio
realizaron el encuentro de los Valles Centrales, Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería.
Señalaron que esta actividad es un acuerdo de comunidades que se encuentran defendiendo su
territorio frente a concesiones y proyectos mineros como parte de los acuerdos generados en el
Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Aquí Decimos Sí a la Vida,
No a la Minería, realizado en la comunidad de Magdalena Teitipac en febrero de este año.

6. Autoridades municipales denunciaron la imposición de modelos extractivos de diferentes
megaproyectos mineros que, afirmaron, violentan los derechos de los pueblos y comunidades indí
genas de Oaxaca y por tanto pretenden fortalecer el proceso organizativo en las comunidades,
ejidos, bienes comunales y municipios, para exhibir y denunciar proyectos extractivos que a través
de la supuesta generación de empleos y desarrollo social están acabando con la vida de las
comunidades.
Los representantes de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco dieron a conocer que una de
las consecuencias de la implementación de proyectos mineros en Oaxaca ha sido el despojo del
territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, por ende el desplazamiento forzado de
miles de habitantes que pierden su vida saludable, su conexión con la tierra y sus procesos
identitarios y culturales que dan sentido de pertenencia a los pueblos indígenas.
Destacaron que las mineras han alterado la forma de vida de las comunidades y representan
escenarios de muerte, destrucción e injusticias para la gente de los pueblos, por lo que desde elmes de
febrero declararon a los territorios de Valles Centrales como prohibidos para toda
actividad minera.
Por su parte, autoridades del distrito de Ocotlán, denunciaron a la empresa canadiense Fortuna
Silver Mines de acaparar más de 80 mil hectáreas de territorios de pueblos y comunidades de los
distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, el cual, dijeron, equivale a 10 veces el tamaño de la ciudad
de Oaxaca.
Además mencionaron que Fortuna Silver Mines pretende ampliar su zona de explotación en el
territorio de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción
Ocotlán, ante el total rechazo de las comunidades del Valle de Ejutla, colindantes a San José del
Progreso, donde funciona la mina La Trinidad.
Refirieron que en el municipio de San José del Progreso se encuentra la empresa minera Cuzcatlán
S. A. de C. V., filial de Fortuna Silver Mines, que impuso el proyecto minero San José, el cual se
encuentra en funciones desde 2011 y en proceso de gestión de expansión desde 2014, obteniendo
ganancias por 2 mil 124 millones 252 mil pesos, de los que sólo pagó impuestos por 4 millones 252
mil pesos, lo que significa únicamente el 2.001 por ciento de sus ganancias, afirmaron.
Dicha empresa realizó estudios hidrogeológicos en el ejido de la comunidad y su anexo, sin
informar o dar parte a sus órganos de decisión interna, acusaron.
Las autoridades comunitarias responsabilizaron al gobierno federal de no respetar el derecho al
territorio, dado que no se convocó a una consulta libre, previa e informada en las comunidades de
los Valles de Ocotlán y de Ejutla de Crespo, para que mediante consenso se decidiera si se
otorgaba o rechazaba la concesión a la compañía canadiense.
Señalaron que las comunidades afectadas nunca fueron informadas sobre el proyecto en San José
del Progreso, quebrantando con ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas
para los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales suscritos por el Estado
mexicano.
Informaron que las actividades del proyecto minero San José, han registrado avances en el
desmonte, remoción de suelos, nivelación, compactación y creación de nuevos caminos, lo cual
genera impactos permanentes al ambiente como la alteración de la geoforma y de la profundidad
del suelo, erosión y pérdida del suelo natural.
Además, el ruido y las vibraciones en el suelo a causa de la detonación de explosivos para la
extracción de minerales en las minas se perciben a un aproximado de ocho kilómetros de distancia
en comunidades cercanas como Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matías y la Noria de
Ortiz, aunado al impacto negativo sobre la fauna local debido a la luminosidad por el trabajo
nocturno en las áreas de extracción y operación.
Dijeron que con este encuentro las comunidades de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo
Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán se encuentran organizadas y en resistencia ante otra
eventual ofensiva de Fortuna Silver Mines dado que con la posible expansión se afectaría parte su
territorio.

7. Externaron que estos proyectos mineros que se jactan de generar empleos y traer beneficios a las
comunidades sólo generan daños irreparables y tienden a desaparecer las prácticas tradicionales
de agricultura y ganadería en las regiones.
Exigieron la cancelación inmediata de proyectos mineros y concesiones mineras otorgadas en
comunidades como Magdalena Teitipac, Juan Guelavía, San José del Progreso, Ejutla de Crespo,
San Juan Tepeuxila, Cuicatlán, Ixtlán de Juárez, San Pedro Yaneri, Santa Catarina Lachatao, San
Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, entre otras, quienes fueron
otorgadas por el gobierno federal, sin previa consulta ni el consentimiento de sus habitantes.
Participaron en el encuentro autoridades de San Antonino Castillo Velasco, del distrito de Ocotlán,
la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, el Frente de Autoridades
Municipales y Agrarias, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, entre otros.
Exigen entregar recursos de reconstrucción de Pinotepa
Nacional, Oaxaca
Solicitan ver resultados de la inspección realizada por las autoridades del gobierno del estado de los
daños del sismo de febrero
Por Mario Méndez
Integrantes de la organización social Los Caracoles pidieron a los tres niveles de gobierno que los recursos
destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 16 de febrero lleguen a Pinotepa
Nacional.
Así lo dijo Juan López Mendoza, líder de esta organización de izquierda que ha luchado por los más
desprotegidos de este municipio costeño.
“Los ciudadanos afectados por los sismos en el municipio de Pinotepa Nacional Oaxaca, desde hace cinco
meses esperan resultados reales o concretos del gobierno del estado, de la inspección que hicieran a finales de
ese mes”, dijo.
“Hoy queremos ver el apoyo de los tres niveles de gobierno, que se vea o se refleje la inversión del recurso
destinado para esos casos de desastres naturales”, pidió López Mendoza.
“De antemano sabemos que el gobierno federal cuenta con el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden),
por ello en nombre de la organización Social Los Caracoles Ñuooko, le solicitamos respuesta inmediata, debido
a la situación grave de las familias que se quedaron sin techo y sin patrimonio”, exigió el líder Caracol.
“También, del peligro que representan muchas humildes moradas y de algunos otros que sufrieron daño regular
como le llamaron los inspectores y que eso representa un peligro latente que puede traducirse en pérdidas de
vida en cualquier momento, situación que no deseamos todo por la Negligencia de los responsable de brindar
apoyo a los damnificados del 19 septiembre 2017 y del 16 febrero 2018”, apuntó.
“Hasta hoy pareciera que ha quedado en el olvido, no hay señal de nada, hoy el pueblo de México nos ha dado
una lección que todos debemos de entender, justicia para los damnificados”, culminó.

8. Impacta mar de fondo en costas de Oaxaca
Autoridades informaron que el temporal podría afectar la entidad hasta el próximo martes 24 de
julio,
Por Andrés Carrera Pineda
Con olas de hasta 3.5 metros de altura, el fenómeno de mar de fondo impactó en la zona costera de Oaxaca,
principalmente en la franja de Zicatela y Puerto Ángel.
Autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), informaron que el temporal podría
afectar la entidad hasta el próximo martes 24 de julio, por lo que mantienen una alerta preventiva en los
principales destinos de playa.
De acuerdo con los avisos meteorológicos, este fenómeno estará incrementándose los días lunes y martes,
provocando olas de 2.5 a 3.5 metros de altura y en algunas zonas podría alcanzar una mayor altura.
La zona de vigilancia se mantiene en las regiones de la Costa e Istmo de Tehuantepec, donde se reforzaron los
anuncios preventivos para informar a los prestadores de servicios turísticos náuticos, hoteleros, restauranteros y
todos los involucrados en este tema, para que se tomen las medidas necesarias para mantener a salvo a la
población.
A la población en general se recomienda no caminar en zonas rocosas, acantilados y no dejar a niños o personas
adultas en zonas de bañistas, por riesgo a corrientes de retorno, así como no realizar actividades acuáticas en
zonas con bandera roja.

9. No son de alto impacto 85 % de denuncias: vicefiscal
general
Además informó que en 17 por ciento están resolviendo los casos con la justicia alternativa,
ubicándose en los primeros del país
Por Sayra Cruz
La Fiscalía General del Estado redujo de 4 horas a 5 minutos el tiempo de espera para que una persona interponga su denuncia,
asimismo, aspira a estar entre las primeras del país en resolver casos con la justicia alternativa.
Alejandro Magno González Antonio, vicefiscal general Zona Centro, adelantó que la instancia registra una efectividad del 60
por ciento, y tan solo en el 2017 atendieron a 45 mil víctimas relacionadas a diversos hechos.
Abundó que la evaluación a esta instancia con los datos proporcionados, aumentará su nivel considerablemente, frente a
organizaciones de la sociedad civil y de la instancia federal para el año siguiente.
Entre esos elementos, se redujeron de 2:15 y hasta 4 horas el tiempo de interponer una denuncia, a 5 minutos con 18 segundos.
Asimismo, con datos, informó que en un 17 por ciento están resolviendo los casos con la justicia alternativa, ubicándose en los
primeros del país. “En tres años, la Fiscalía General estará en los tres primeros lugares con datos comprobados y demostrados”,
señaló Magno González Antonio.
Bajo este contexto, indicó que el 85 por ciento de las denuncias que se inician en la Fiscalía no son asuntos de mayor interés; “si
comparamos el número de homicidios que se cometen en el estado con el número de robos, es en menor magnitud, pero
reconocemos que la percepción es otra”, indicó
En el 2017 se iniciaron 39 mil carpetas de investigación en el estado, donde delitos como homicidios, violación, extorsión y de
género, considerados de alto impacto, representaron el 10 por ciento y son los que nos dan los números negativos, expresó.
El plan de la Fiscalía es despresurizar aquellos hechos donde no hay delito y cerrar procesos por medio de la justicia alternativa,
para que la fuerza policial se concentre en los delitos de alto impacto.
El funcionario reconoció que hay rezago en números de averiguaciones previas, mismas que corresponden a pasadas gestiones a
la que encabeza Rubén Vasconcelos Méndez, quien tomó la Fiscalía con el nuevo sistema que establece las carpetas de
investigación.
El 17 de junio de 2016 fue la última averiguación previa que se inició y para combatir los pendientes formarán células y mesas
de trabajo para cubrir con los pendientes en 7 años, a partir de la llegada de esta gestión.
Asimismo, en el 2019 entrará el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía, que indica la creación de la Fiscalía de
Averiguaciones Previas y Procesos, con un nivel de subprocurador, encargada de cerrar con estos expedientes.
En tanto, el Centro de Atención Temprana, tomará el nombre de Centro de Orientación de Denuncia y Determinación Inmediata
(CODDI), área que será como puerta de entrada a la Fiscalía General.

10. Contratos de última hora para los consentidos de Peña Nieto
POR MATHIEU TOURLIERE , 21 JULIO, 2018LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018
Una administración a la que le restan seis meses de vida y que ya sabía que iba a tener que entregar el poder a
Morena, siguió dando obra para ciertos grupos empresariales que fueron los consentidos de todo el sexenio
peñanietista. Así, el domingo 1, mientras millones de ciudadanos votaban por López Obrador, entraron en vigor
contratos otorgados por la SCT por un monto de 24 mil 37 millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El domingo 1, mientras más de 30 millones de mexicanos elegían
presidente a Andrés Manuel López Obrador, entraron en vigor contratos para el mantenimiento de cuatro tramos
carreteros durante los próximos 10 años, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a
consorcios formados por algunas de las empresas más beneficiadas durante el sexenio de Peña Nieto.
Los contratos, que abarcan la “prestación de servicios” en tramos carreteros de Chiapas, Tamaulipas, San Luis
Potosí y la Península de Yucatán, representaron un costo de 24 mil 37 millones de pesos y beneficiaron, entre
otros, al empresario petrolero Ramiro Garza Cantú, también dueño del periódico La Razón, así como a
Alejandro Calzada Prats – hijo del priista tabasqueño Feliciano Calzada Padrón, otrora secretario particular de
Roberto Madrazo Pintado–, a Jorge Miguel Melgarejo Haddad y a Víctor Ortiz Ensástegui.
Antes de obtener el contrato para la conservación del tramo Matehuala-San Luis Potosí –por 5 mil 530 millones
de pesos–, la constructora Omega, de Melgarejo, ya había sido beneficiada con más de 22 mil millones de pesos
en la administración de Enrique Peña Nieto, mediante contratos de obra en megaproyectos como el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el desastroso proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, que
ya costó 50% más de lo planeado y aún no entra en operación.
Calzada Construcciones y Dragados del Sureste, de Calzada, también obtuvieron contratos para el NAIM y,
junto con el de 4 mil 389 millones de pesos para el mantenimiento del tramo carretero Mérida-Campeche,
ganaron más de 3 mil millones de pesos en obra pública durante el sexenio.
En los últimos meses Víctor Ortiz Ensástegui, dueño de Impulsora de Desarrollo Integral y Gami Ingeniería,
obtuvo dos jugosos contratos: el de la conservación de la carretera Arriaga-Tapachula, por 9 mil 639 millones
de pesos, y la construcción de un morro rompeolas en Campeche por 92 millones de pesos. Estos contratos se
suman a los más de 2 mil 255 millones de pesos que obtuvo el empresario durante el sexenio.
Para diseñar los “esquemas de licitación” y realizar el proceso de adjudicación de los contratos de
mantenimiento de los tramos carreteros, la SCT –a cargo de Gerardo Ruiz Esparza– tuvo la asesoría del
influyente bufete Kuri Breña, Sánchez y Aznar, S. C., cofundado en los noventa por Daniel Kuri Breña Romero
de Terreros, primo de José Antonio Meade Kuribreña, fracasado candidato del PRI a la Presidencia.
Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2177, ya en circulación.
La transición
Envía carta al mandatario estadunidense
AMLO: Trump y yo conseguimos “desplazar al establishment”
▲ Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Marcelo Ebrard, ofreció ayer una conferencia de prensa en la casa de transición.Foto
Víctor Camacho

11. ENRIQUE MÉNDEZ
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó al presidente estadunidense, Donald
Trump, reanudar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
porque prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazos, y le propuso un proyecto
para atender de manera integral y de fondo la migración, hacerla económicamente innecesaria y retener a los
mexicanos en el país.
Ayer al mediodía, y acompañado de Marcelo Ebrard –quien será el próximo canciller–, hizo pública la carta
que le envió a Trump el pasado 12 de este mes, donde sugirió que Estados Unidos, México y los países de
Centroamérica aporten fondos para proyectos de combate a la pobreza, control fronterizo y seguridad.
En el documento, que leyó Ebrard en conferencia de prensa, López Obrador consideró que tanto él como
Trump “conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen
dominante”, y que todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación bilateral, sobre la base de la
cooperación y la prosperidad. Hagámoslo, sostuvo.
López Obrador y Ebrard precisaron que decidieron difundir el contenido de la carta una vez de que hay la
certeza de que Trump la tiene en sus manos. Ahora, expresaron, hay que esperar que a partir de este lunes haya
una respuesta.
El ganador de las elecciones dijo a Trump que su proyecto busca iniciar una nueva etapa en la relación entre
los dos países, así como alcanzar un entendimiento amistoso y respeto mutuo.
En la misiva se detalla que para enfrentar el problema de la migración podría aplicarse un plan de desarrollo
que incluya a los países centroamericanos. Anunció que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019
propondrá al Congreso destinar recursos que busquen atender las causas de la migración.
Si en este plan aportamos cada uno de acuerdo con las dimensiones de su economía, podríamos reunir una
considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región, que se destinarían 75 por ciento a financiar
proyectos para crear empleos y combatir la pobreza, y 25 por ciento a control fronterizo y seguridad.
Propuso asimismo hacer un esfuerzo por avanzar integralmente en cuatro áreas sustantivas: comercio,
migración, desarrollo y seguridad, en el ánimo de que al encintar un camino común en éstas, se avanzará en
otros puntos de la relación bilateral.
Para López Obrador el nuevo entendimiento debe conducir a un trato digno y respetuoso de la comunidad
mexicana en Estados Unidos y la de ese país que reside en México.
La estrategia
En materia de comercio, definió que retrasar la negociación del TLCAN dificultará el crecimiento
económico en México y, por tanto, la estrategia de su gobierno, que busca generar empleos y mejores
condiciones de vida para los mexicanos.
Su planteamiento es reanudar las negociaciones entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá,
con la participación del equipo de transición, coordinados con los funcionarios del gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Ebrard expuso que la idea es una renegociación trilateral. La negociación incluye a Canadá, dijo a la
pregunta sobre la intención de Trump de tener un tratado con México por un lado y con Canadá por otro.
En el rubro de migración, López Obrador expuso que el propósito central de su próximo gobierno será
lograr que los mexicanos no migren por pobreza o violencia.
Procuraremos que la emigración sea optativa y no necesaria. Nos esforzaremos en lograr que las personas
encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y culturas.
Para lograr ese propósito fundamental, el gobierno entrante llevará a cabo el más grande esfuerzo que se haya
realizado nunca en México, anticipó.
López Obrador informó a Trump que a partir del primero de diciembre se emprenderán proyectos para
retener a los ciudadanos en sus pueblos, al ampliar oportunidades de trabajo y bienestar.
Anunció que se sembrará un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables; se creará un corredor
económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, con la participación del sector privado y social; se
constituirá una zona libre en toda la frontera con Estados Unidos, donde se promoverá la inversión, el desarrollo
productivo y tecnológico, y la creación de empleos.
Esta será la última cortina para retener trabajadores en nuestro territorio, ofreció.

12. También anticipó que enviará una iniciativa para reducir el impuesto sobre la renta a 20 por ciento y el IVA
a 8 por ciento en la frontera, para hacerlo equiparable con las tasas de California, Arizona, Nuevo México y
Texas, así como reducir el IEPS, con objeto de que los precios de las gasolinas, el diésel y la electricidad en esa
franja sean iguales a los de Estados Unidos.
Administración austera en 2019
AMLO: Morena no recibirá $1,400 millones del erario
Se eliminarán privilegios de funcionarios, insiste
ENRIQUE MÉNDEZ
Morena no recibirá el financiamiento público de mil 400 millones que le corresponden para 2019, porque se
echaría a perder, como los otros partidos, y se pedirá a los institutos políticos de oposición ayuden a liberar
fondos para el desarrollo del país, informó Andrés Manuel López Obrador.
Después de presentar el calendario de los foros para la pacificación, el virtual presidente electo cuestionó
que haya unadosis fuerte de egoísmo en la burocracia dorada. Incluso anticipó que, sin espantar ni amenazar, la
fase superior de la austeridad republicana es la pobreza franciscana y aun quienes ganen 100 mil pesos al mes se
van a rayar.
Sin abundar en el tema, dijo que ya se presentó el recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación contra la famosa multa, draconiana, por la venganza de mala fe de los consejeros del Instituto
Nacional Electoral a Morena, de 197 millones de pesos, por el manejo del fideicomiso Por los demás.
López Obrador anunció que en los foros se escuchará a los interesados, familiares de víctimas, defensores
de derechos humanos, productores de mariguana y amapola, especialistas en la materia, religiosos, académicos
y todos los que tienen algo que aportar para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia.
Los foros se dividirán en tres ejes y sus temas:
Delitos más graves: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de
personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzado,
delitos de odio por discriminación o ideología política, contra la defensa de los derechos humanos y la libertad
de expresión.
Marginalización: mujeres, niñas, niños y adolescentes, juventudes, adultos mayores, personas con
capacidades diferentes, personas de pueblos originarios y la comunidad lésbico gay.
Políticas públicas: consumo y tenencia de drogas, posesión y portación de armas, así como disminución de
temas.
López Obrador dijo que asistirá a algunos de los foros, que darán inicio el 7 de agosto en Ciudad Júarez,
Chihuahua.Pero se va a procurar que participen los especialistas, los directamente involucrados, para hacer algo
serio, profesional, no de manejo político, y al final contar con los insumos suficientes para elaborar el plan que
permitirá garantizar la paz y la tranquilidad en el país.
Al preguntarle cuál será su postura en los foros sobre la legalización de las drogas, indicó que es temprano
para definir por dónde van, y estimó que al final se decidirá qué tipo de políticas se aplicarán.
Durante la conferencia también insistió en su propuesta de recorte al gasto público.
El presupuesto es dinero del pueblo, es de todos, no se puede concentrar en una minoría; se debe distribuir,
tiene que haber equidad y justicia. Hay quienes plantean que no les va a alcanzar a los altos funcionarios
públicos, yo pienso que sí, afirmó.
Reiteró que se suprimirán los privilegios; el salario de los funcionarios será lo que por ley corresponde, nada
más.
Los trabajadores de base y sindicalizados, puntualizó, tienen su empleo garantizado, porque el ajuste es
arriba, en lo que se conoce como burocracia dorada; los de mero arriba, que se pasaron y se han servido con la
cuchara grande, pero hay muchísima gente que ni siquiera gana un salario mínimo.

13. Advirtió que el gobierno no es para acumular riquezas, y sostuvo que algunos de quienes serán sus
colaboradores no van a cobrar; hay quienes pueden ganar tres, cuatro, cinco veces más que en el servicio
público, pero es un privilegio, una dicha enorme participar en un proceso de transformación.
Cuestionó que en el gobierno se crearon plazas “sin ton ni son", para funcionarios que trabajan de 9 de la
mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y que durante su horario no atienden a la ciudadanía.
Molesta mucho que la gente anda de oficina en oficina, y nadie los atiende. Hay un gran divorcio entre
gobierno y sociedad, añadió.
Dijo que aún revisa si presenta una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, con objeto de terminar con los cargos inamovibles, y anunció que una vez en la Presidencia enviará dos
propuestas de reforma: una para constituir la secretaría de seguridad pública y otra que elimine los fueros y
privilegios en el gobierno.
Caravana en Morelos
Demandan activistas cancelación de proyectos mineros en México
Integrante del próximo gobierno del estado participa en la manifestación
▲ Jorge Zapata (al micrófono), nieto del general Emiliano Zapata, activistas, académicos y habitantes de varios municipios de Morelos
realizaron ayer una caravana en el estado para exigir a las autoridades la cancelación de concesiones de yacimientos, en el Día Mundial
contra la Minería a Cielo Abierto.Foto Rubicela Morelos
RUBICELA MORELOS CRUZ
Corresponsal
Cuernavaca, Mor.
Integrantes del Movimiento Morelense en contra de las Concesiones de Minería a Tajo Abierto realizaron
ayer la segunda caravana Por la Vida y la Defensa del Territorio para exigir a las autoridades federales, estatales
y municipales en funciones y electas cancelar las concesiones y los permisos de minería en esta entidad y en
México.
La movilización se realizó en el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Empezó en el zócalo de
Cuernavaca a las nueve de la mañana y en 10 vehículos recorrió los municipios de Temixco, Xochitepec,
Mazatepec, Coatetelco, el poblado de Xochicalco, ubicado en Miacatlán, y concluyó en la comunidad de
Cuentepec a las seis de la tarde.
El contingente estuvo integrado por estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), decenas de pobladores de municipios donde existen seis concesiones mineras en etapa de
exploración, y líderes de organismos civiles.
Lilián González Chévez, profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAEM,
señaló que las seis concesiones otorgadas en Morelos abarcan unas 15 mil hectáreas de tierras ejidales y
comunales en Temixco, Cuernavaca, Miacatlán y Xochitepec.

14. Destacó que emprenderán una campaña informativa para bloquear la manifestación de impacto ambiental
(MIA) que pretende presentar la minera canadiense Álamos Gold (antes Esperanza Silver) para empezar
trabajos en Morelos, e impedir que ‘‘en la tierra del general Emiliano Zapata, caracterizada por la agricultura y
el turismo’’, se extraiga oro y plata.
Detalló que Álamos Gold pretende entregar el documento a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en enero de 2019, a pesar de que los pobladores de Xochicalco detuvieron ese recurso en 2013 porque
afectaba la zona arqueológica.
Al acto acudieron Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata; el dirigente de la Asamblea de Pueblos de
Morelos, Saúl Roque Morales; Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la UAEM; el líder de la Asociación Cívica
Morelense, Gabriel Rivas, y Margarita Saravia, integrante del equipo del gobernador electo, Cuauhtémoc
Blanco Bravo.
El maestro jubilado Antonio Camacho Romero leyó un pronunciamiento en el cual reprochó que desde hace
cinco años los afectados por estos proyectos nunca han sido consultados.
‘‘Hemos sido despojados y divididos por las empresas mineras que, en colusión con el gobierno, compran
conciencias de ejidatarios y comuneros para que se manifiesten en favor de sus proyectos, que sólo traen muerte
y destrucción del medio ambiente’’, expuso.
Destacó que hace cinco años se enteraron de la existencia de las seis concesiones mineras en Morelos, por lo
que solicitaron a los diferentes cabildos de los municipios afectados que se declararan territorios libres de
minería por las graves repercusiones ambientales, sociales y culturales de estos proyectos.
Una de las concesiones se encuentra a dos kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco, entre Temixco
y Miacatlán, territorio considerado patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Camacho Romero dijo que se oponen a la explotación de sus recursos naturales porque lo único que dejan
las mineras es escasez y contaminación de agua, daños a la salud y muerte por las sustancias usadas para la
explotación de yacimientos, entre ellas el cianuro.
Además, la minería no es compatible con las actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas, y dañarán cerros,
lagos y la zona arqueológica de Xochicalco, advirtieron.
La académica de la UAEM demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, actuales y electas,
‘‘que actúen con la razón, el derecho y la justicia para cancelar las concesiones mineras’’.
Abundó: ‘‘Nos declaramos en defensa de la vida y del territorio. No a los proyectos que perjudiquen la vida
humana y el medio ambiente’’.
Jorge Zapata insistió en que las comunidades deben ser consultadas antes de que se entreguen las
concesiones. ‘‘Simplemente las imponen, pero eso se acabó. Ya se demostró en estas elecciones (las del
primero de julio) que cuando el pueblo se une y se harta no hay quien lo detenga.
‘‘Ya se dio el primer paso al correr de Los Pinos a los tres partidos enquistados en el poder, y de aquí en
adelante la obligación de todos los que votamos por el cambio es participar activamente con el nuevo gobierno,
por nuestras futuras generaciones.’’
Juan Jiménez, ejidatario del municipio de Miacatlán, demandó al presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, que antes de analizar las concesiones mineras en México con autoridades canadienses, escuche a los
pueblos afectados.
‘‘Queremos que el nuevo gobierno cancele las 28 mil concesiones mineras en la nación y las que ya
otorgaron para Morelos, porque es un estado agrícola y turístico’’, añadió.
Alejandro Vera Jiménez manifestó por su parte que los pueblos morelenses ‘‘no están de acuerdo con estas
concesiones mineras porque ,son una nueva forma de colonizar. Por supuesto, no estamos dispuestos a ceder
nuestros territorios ni a permitir que se vulnere la autodeterminación de nuestras comunidades’’.

15. Se extrae material para el NAICM
Peligran 90 casas en Tezoyuca por sobrexplotación de mina
Denuncias de colonos no prosperan por ‘‘protección’’ a empresario
▲ Decenas de viviendas de las comunidades La Concepción y Resurrección, en Tezoyuca, han quedado junto a desfiladeros y taludes
formados por la sobrexplotación de la mina El Tezoyo o Ocupulco, que abarca 42 hectáreas, de donde se extraen materiales pétreos para la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.Foto Javier Salinas Cesáreo
JAVIER SALINAS CESÁREO
Corresponsal
Tezoyuca, Méx.
Unas 90 viviendas de las comunidades La Concepción y Resurrección, en el municipio de Tezoyuca,
presentan cuarteaduras en muros y losas y están en riesgo de desplomarse debido a que quedaron junto a
desfiladeros y taludes por la sobrexplotación de la mina El Tezoyo –también llamada Ocupulco–, de donde se
extraen materiales pétreos para la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM).
Los vecinos viven en la zozobra, pues la extracción de material se extendió a terrenos aledaños a sus
viviendas, la tierra se ha agrietado por el uso de dinamita y el dueño de la mina, René Martínez, se ha apropiado
de varias calles. Por ello exigieron a los gobiernos estatal y federal la clausura definitiva del yacimiento.
‘‘Calculamos que diariamente entran y salen unas 400 góndolas que se llevan el material. Trabajan 20 horas
al día y la explotación ya avanzó hacia zonas más cercanas’’, se quejaron colonos. Recordaron que llegaron
hace al menos 35 años. ‘‘Estamos pagando predial y todos los demás impuestos, agua y electricidad. Estamos
dentro de la legalidad; no estamos en asentamientos irregulares’’.
Al comenzar la construcción del NAICM se intensificó la explotación de la mina y a diario se extraen de
ella toneladas de tezontle. En menos de tres años decenas de casas quedaron a distancias de uno a cinco metros
de los taludes y desfiladeros, lo que pone en peligro a cientos de familias.
Según colonos, unas 90 viviendas han sufrido daños directos, y las que están en calles cercanas, entre ellas
Venustiano Carranza y Río Papalotla, suman cerca de 200.
‘‘Las grietas en nuestras casas son cada vez más evidentes y con las lluvias se filtra el agua. Hemos tenido
que hacer reparaciones para evitar un mayor deterioro.’’
Los colonos dieron a conocer que hace más de dos años presentaron denuncias penales por los daños, pero
no han avanzado porque, aseguraron, el empresario está protegido por autoridades estatales y federales.
Ante las protestas recientes, el dueño de la mina ordenó arrojar material en desfiladeros para ocultar el nivel
de explotación.
La mina de Tezoyuca es uno de los más de 150 yacimientos de tezontle y basalto explotados
indiscriminadamente, en la mayoría de los casos sin permisos, en 15 municipios de la región de donde se extrae
material pétreo para el NAICM. Además, en esa zona el paso de camiones ha afectado áreas verdes y viviendas,
y deteriorado calles y avenidas.

16. Canallada de EPN contra AMLO
RicardoRaphael
Debo poco más de 80 mil pesos, y también usted que está leyendo esta columna: Enrique Peña Nieto nos
está dejando a cada mexicano con una deuda pesada sobre nuestras espaldas.
De cada peso que usted adeuda, cuarenta centavos son responsabilidad del presidente que se va en
diciembre. Ya era ofensiva la cantidad, pero hace unos pocos días la SHCP pidió 200 mil millones de pesos más,
es decir que se agregaron a nuestra cuenta personal otros mil 600 pesos.
En estricto sentido Enrique Peña no tendría que haber consultado esta decisión con Andrés Manuel López
Obrador, y sin embargo la cortesía política se hubiese agradecido, sobre todo si será el segundo quien deba
enfrentar la hipoteca. Si Hacienda hubiera comentado el hecho, le habrían preguntado para qué va a utilizarse
el préstamo, y tal cosa es justo lo que el gobierno saliente no está dispuesto a hacer.
Los secretarios de Hacienda durante la administración Peña Nieto se volvieron expertos en eludir las
explicaciones.
Durante esta administración se contrató deuda por poco más de 4 billones de pesos y nadie ha sido capaz
de indicar, con claridad, dónde fue a parar todo ese dinero.
Si se invirtió en Pemex, ¿por qué el desempeño de la empresa paraestatal sufrió el peor descalabro de su
historia? Si se invirtió en educación, ¿por qué durante esta administración el gasto en tal sector disminuyó 0.4
puntos del PIB? Si se invirtió en salud, ¿por qué la inversión se desplomó 0.3 puntos del producto? Si se
invirtió en infraestructura, ¿por qué este indicador se contrajo 0.7 puntos del PIB?
Es práctica común en nuestro país que ningún banco financie a los gobernadores en el último año de su
gestión. Pero Peña Nieto eludió esta restricción porque pudo acudir a prestamistas del extranjero para cubrir
los hoyos de su administración.
¿Cuáles son esos agujeros? Esos 200 mil millones de pesos serán utilizados para pagar el jugoso bono de
marcha de los funcionarios federales que dejarán su cargo a Finales de año.
No parece justo que, por un lado, el gabinete de AMLO vaya a tener que arreglársela con un salario
reducido a la mitad y, por el otro, los amigos del presidente saliente partan con las alforjas a reventar.
Otro hoyo negro fue el que dejó el proceso electoral. La inversión que el PRI realizó en las elecciones
locales del año previo, y en toda la República, el pasado mes de julio, tuvo como probable apoyo a la hacienda
federal. Los casos documentados del Estado de México, Veracruz o Chihuahua son un pálido testimonio de lo
que todavía está por descubrirse.
Una tercera fuga la constituyen los adeudos que la administración sostiene con sus amigos proveedores y
contratistas.
Los socios del gobierno saliente saben que, lo que de aquí a noviembre no se cobre, será imposible
recuperarlo después.
Así que es muchísima la presión para que se resuelvan a tiempo los favores electorales y de negocios.
La cuarta sangría la imponen los gobernadores que le restan al PRI. Tienen todos miedo de que el futuro
presidente los vaya a castigar debido a su filiación partidista, o por sospechas de corrupción.
Este verano se les mira con mayor frecuencia en las oficinas del secretario José Antonio González: antes de
que les cierren la llave quieren agua para su milpa.
Los que debemos más de 80 mil pesos por cabeza, (de los cuales 32 mil son responsabilidad de la
administración Peña Nieto), nos preguntamos si es justa tan amable consideración.
Ellos transan, ellos roban, ellos se llevan formidables bonos de marcha, ellos favorecen a sus proveedores
y contratistas, ellos protegen a sus gobernadores, ellos pagan favores de todo tipo, ¿y los demás estamos
obligados a quedarnos callados?

17. ZOOM: La luna de miel entre AMLO y EPN no tiene lugar dónde llevarse a cabo.
No hay decencia que la consienta, ni estúpido que la soporte.
Fue gandalla pedir dinero sin avisar, pero más lo será gastarse lo prestado sin informar en qué.
www.ricardoraphael.com@ricardomraphael
Dinero
La venganza de los mafiosos // Auditar al INE: ha manejado inmensos recursos // Bimbo: violencia
impide repartir pan
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
▲ Bimbo, otra empresa que limita su distribución por la violencia en el país.Foto Cuartoscuro
T
odavía era sólo aspirante a la presidencia cuando Andrés Manuel López Obrador escribió este tuit el 30 de
marzo de 2017: Diputados del PRI-PAN-PRD se repartieron a los tres nuevos consejeros del INE, uno para cada
partido. Se enojan, pero la netason mafia.
Se refería a que la Cámara de Diputados, previo acuerdo de los tres partidos, había designado a Dania Paola
Ravel, Beatriz Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez. Reiteradamente AMLO ha aludido al control que la
partidocracia ejerce en el INE a través de los consejeros. Se vengaron. Armaron un expediente para multar a
Morena con 197 millones de pesos por la creación del fideicomiso Por los Demás. La multa ya fue recurrida
ante el Tribunal Electoral. Buscaron manchar el triunfo de AMLO avalado por 30 millones de votos. El único
de los 11 consejeros que votó en contra de la resolución, José Roberto Ruiz Saldaña, explica la trama: El
proyecto se queda sólo en la parte de sancionar, en la creación del fideicomiso, es decir, el esquema financiero
no importa, según el proyecto, ni a dónde se dirigieron esos recursos, si los dieron y cómo se los dieron a los
damnificados. Asegura que el INE no investigó a fondo, pero si filtró datos a algunos medios. Lorenzo
Córdova, el presidente del instituto, votó por la sanción. Sabido es que preside pero no gobierna, el poder lo
tiene Marco Antonio Baños, discípulo de Manlio Fabio Beltrones.
El Fideicomiso empresarial
Por cierto, una ruta parecida siguió el Consejo Coordinador Empresarial. Creó el fideicomiso Fuerza México
para administrar las contribuciones de los empresarios en favor de los damnificados del 19-S. Pertenecen a
diversos partidos, no los cuestionó el INE, aunque algunos de ellos participaron públicamente en la campaña,
porque es un fideicomiso privado. ¿Por qué lo crearon en vez de entregar los recursos al gobierno?

18. Por la desconfianza en el manejo de miles de millones de pesos y dólares para el fondo de reconstrucción; va a
cumplirse un año del sismo y todavía no se sabe en cuáles manos quedaron. Algunos de los personajes que los
manejaron buscaron y tienen fuero: Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero.
Auditar al INE
No deben desaprovecharse los ímpetus fiscalizadores del INE. De 2014 a la fecha, se le han confiado más de 67
mil millones de pesos. (Año 2014, $7 mil 789 millones; año 2015, $13 mil 216; año 2016, $11 mil 442; año
2017, $ 10 mil 932, y este año 24, mil 215 millones de pesos). Extrañamente ha cambiado tres veces de titular el
área de fiscalización: Alfredo Cristalinas, Eduardo Gurza Curiel y desde diciembre de 2017, Lizandro Núñez
Picazo. Este personaje es del equipo de José Antonio Meade. ¿Qué hace allí un hombre de confianza de uno de
los candidatos presidenciales? ¿Auditaría con imparcialidad a los amigos de su ex jefe? Entre los diputados de
la próxima Legislatura corre la iniciativa de practicar una auditoría especial al INE, con apoyo del SAT y la
Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo se han gastado más de 67 mil millones de pesos?
Bimbo
Grupo Bimbo anunció el sábado que suspendió temporalmente la distribución de sus productos en nueve rutas
de Acapulco, Guerrero, por razones de seguridad. La decisión de Grupo Bimbo se produce semanas después de
que las embotelladoras de Pepsi-Cola y Coca-Cola tomaron medidas similares en Guerrero y Michoacán.
Ombudsman social
Asunto: alerta sísmica
Otra vez la Alerta Sísmica. Fallaron varios subsistemas de la difusión que es vital, pero debes mencionar
que la Alerta Sísmica funcionó precisa y oportunamente. Debe ser un orgullo para México que una institución
mexicana mantenga una operación confiable de un sistema tan complejo.
Octavio Treviño
R: Así es, estimado Octavio. Según José Ramón Amieva, fallaron mil 320 altavoces. ¿Hay responsables?
Twiteratti
El gobierno de Peña Nieto está obligado a informar por qué y para qué quiere un préstamo de 10 mil millones
de dólares. No es poco cosa. De hecho, es muchísimo dinero.
Miguel Ángel Michel @michelin 56
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
Correo: galvanochoa@gmail.com
Astillero
Fideicomiso: la vía institucional // Al tribunal electoral (gulp) // Nombramientos de Sheinbaum //
Rosa Icela: S. de Gobierno
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
A
fin de cuentas, el controvertido caso del fideicomiso para damnificados recorrerá el sendero institucional:
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó ayer que su partido, Morena, ha impugnado la decisión del
Instituto Nacional Electoral (INE) ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

19. La reiteración de ese apego a la institucionalidad debería sosegar a las voces críticas, que se han desbordado
ante la postura de respuesta y desafío que ha asumido AMLO, al tomar la defensa del caso como virtual
dirigente partidista y no como virtual presidente electo, en un pejiano romper de moldes políticos que ha
generado una cascada de opiniones y comentarios adversos de buena parte de una clase mediática relativamente
silenciosa y silenciada (en lo profundo, en lo trascendente) ante casos graves y evidentes de fraude electoral,
corrupción e impunidad a lo largo del sexenio en curso y la mayoría de los anteriores.
A diferencia de otros de esos casos, el expediente del fideicomiso Por los Demás ha significado ya un
notable avance en cuanto a la voluntad mediática y política de escrutinio de los procesos electorales. Un gran
paso sería que esa misma enjundia se manifestara en temas como Odebrecht y el financiamiento con capital
extranjero de parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, o las múltiples evidencias de compra del
voto y fraude electoral en comicios recientes, como los de Coahuila y el estado de México.
Pero los sucesos del fideicomiso de la discordia están siendo utilizados para una estrategia que va más allá
de una multa o de la natural descalificación política grave que derivaría de la confirmación judicial de ese
castigo. En un escalamiento que parecería descabellado, el tema está siendo utilizado en una tentativa de
desconocimiento de los resultados electorales ampliamente favorables a Morena y en particular a López
Obrador. Ya hay voces que están abonando el terreno en el sentido de que el fideicomiso Por los Demás
constituiría una de las causales para anular la elección del primer día del mes en curso, en cuanto demostraría
que hubo financiamiento paralelo y oscuro en el actuar del joven partido y sus aliados.
Ese intento de golpismo legaloide va más allá del discutible terreno de lo jurídico, pues trata de revocar la
inusitada expresión cívica a favor de un proyecto partidista de claroscuros que, sin embargo, constituyó a los
ojos de los votantes la única oportunidad viable de mejorar pacíficamente a México. El tribunal electoral (gulp),
la institucionalidad (dos veces gulp), tiene ahora la palabra.
Es positiva la primera impresión del gabinete parcial que ayer anunció Claudia Sheinbaum. Hay una notable
participación de mujeres que, según las historias personales que se compartieron ayer oficialmente, tienen
conocimiento y experiencia para asumir sus responsabilidades en el equipo chilango de trabajo. De entrada, se
apunta que predominaron criterios académicos y de eficacia, conforme a la propia visión predominante de la
licenciada en física y doctora en ingeniería energética que ahora gobernará la muy difícil Ciudad de México.
En el conjunto de nuevos funcionarios destaca el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ex
reportera de asuntos políticos de La Jornada que durante más de dos décadas ha cumplido con discreción y
honestidad diversos cargos en el aparato político capitalino. Fue coordinadora de comunicación social de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con Martí Batres como coordinador de este órgano; directora de
participación ciudadana y concertación política con López Obrador como jefe de Gobierno; secretaria de
desarrollo social con Miguel Ángel Mancera (como gesto original de buena voluntad de éste a AMLO), luego
enviada a la secretaría de desarrollo rural, que dejó a principios de este año.
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
El INE, esa anomalía
Por Sanjuana Martínez

20. Foto: Especial
En este país de contrastes, a veces surrealistas, ya casi nada nos sorprende, pero debo
confesar que algunos se esmeran en hacerlo, como quienes con ánimo golpista exigen la
anulación de la elección argumentando que el artículo 41 constitucional señala que deben
anularse cuando “se reciben o utilicen recursos de procedencia ilícita en las campañas”.
De haberse aplicado este argumento en las últimas 10 elecciones federales, las mismas, se
habrían anulado. Algo que nuestras honorables instituciones electorales no hicieron a
pesar de que velan celosamente las leyes con notable imparcialidad, según ellos.
En esta ocasión, es evidente que con el contundente triunfo de Andrés Manuel López
Obrador y la verdad recién publicada sobre el fideicomiso en cuestión, es muy difícil
hacer realidad los sueños guajiros golpistas de algunos actores de la sociedad que, para su
desgracia, resultaron perdedores el pasado 1 de julio.
Supongo que a muchos aún no les cae el veinte de su derrota. Es normal, la condición
humana no permite con facilidad asumir los golpes de la vida. Pero ya va siendo hora que
analicen, con la frialdad de los números, el estrepitoso rechazo que la sociedad mexicana
expresó en las urnas, contra los partidos de su preferencia.
Es lógico que les duela, pero deben aceptar que antes que saber ganar, hay que saber
perder. Y perdieron. Lo digo no solamente para los enemigos y simpatizantes prianistas,
sino también para los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE) que no pueden
disimular su malestar por el triunfo de AMLO y siguen aceptando órdenes y cumpliendo
deseos de sus superiores para entorpecer el sano desarrollo democrático de México.
Analicemos las últimas acciones del INE. Ha sancionado al partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) con 197 millones de pesos, por el fideicomiso “Por los
Demás”, constituido para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre de
2017. Pero lo ha sancionado sin realizar investigación ni siquiera preguntándole a los
damnificados por el sismo si han recibido el dinero donado. Tampoco reparó en
considerar que el fideicomiso es de los morenistas, no de Morena. Fue creado con
aportaciones de ciudadanos, simpatizantes y militantes.
Sorprende la sanción del INE porque llega días después que se anunciara la baja en los
espectaculares sueldos millonarios de sus honorables consejeros y en especial del
presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quien gana anualmente 4 millones 354 mil 208
pesos, sin contar los extras que recibe. Pero Córdova afirme que la institución que dirige
es “austera”. Revisemos pues. El INE es una de las instituciones electorales más caras del
mundo. Ahí laboran 10 mil 353 personas y su prespuesto anual es por mil 263 millones
746 mil 692 pesos.
Como los excelentísimos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
que reciben casi un millón de pesos mensuales, los consejeros del INE tampoco están
conformes con que les bajen el sueldo. Todos argumentan que su alto y obsceno salario
en un país con 70 millones de pobres, es justo porque de lo contrario se corromperían. El
problema es que recibir esos sueldazos ya es corrupción.

21. La sanción del INE a Morena huele a venganza. Es una sanción sin pies ni cabeza, sin
argumentos, solo hecha con el hígado lastimado de los consejeros que, a partir del 1 de
diciembre recibirán un salario más acorde a su función.
El INE se excede en sus funciones. Solo hay que recordar que cuando el 23 de septiembre
del año pasado, fue creado el fideicomiso, el consejero presidente Córdova Vianello
celebró tal decisión y nada dijo de una violación a las leyes electorales. Pero ahora
sanciona, sin importar el esquema financieron del fideicomiso, sin investigar, ni
considerar a los damnisificados que han recibido el dinero.
Los datos duros no mienten: hasta el 17 de julio de 2018 el fideicomiso había recaudado
85 millones 359 mil 66.17 pesos. Desde el 2 de octubre del año pasado, se han entregado
27 mil 288 ayudas individuales de 2 mil 400 pesos cada una a damnificados de 261
municipios de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de
México. Ahí están cada uno de los comprobantes para que los señores consejeros
verifiquen.
Pero el INE de Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama y Marco Antonio Baños no
quiere investigar ni verificar, quiere sancionar con efecto propagandístico. Fueron ellos
los que filtraron la sanción a la prensa cercana al actual poder político. Fueron ellos los
que se encargaron de reafirmar en los medios que la sanción filtrada esta muy bien
sustentada bajo el amparo de la ley.
Lo que no han dicho, Córdova, Murayama y Baños, es la omisión que el INE que
representan no ha multado a otros partidos que claramente utilizaron dinero de
procedencia ilegal para comprar votos como en el caso reciente del Estado de México
donde legitimaron el fraude de Del Mazo, o cuando los gobernadores han utilizado dinero
público en sus campañas como el caso de César y Javier Duarte, Borge, los Moreira, o
cuando Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco” no fueron capaces de
comprobar la legalidad de sus firmas y sus recursos.
La imparcialidad del INE ha quedado en entredicho. Han sido omisos a un montón de
anomalías electorales, fraudes, excesos, tranzas y corruptelas. Han protegido la mano que
les da de comer, sin pensar que el dinero que reciben no es del Gobierno, es de los
mexicanos y a los mexicanos deben lealtad.
Los consejeros del INE no son imparciales, ni congruentes. No utilizan el mismo racero
para aplicar “la ley” a su conveniencia. Tampoco conocen la ética o la moral. Su
comportamiento está regido por sus intereses personales y los intereses del Gobierno en
turno, en este caso del PRI.
Si AMLO quiere cambiar este país, deberá empezar por reformar estas instituciones
caducas, sometidas al arbitrio del amo en turno. Estos consejeros que han demostrado
claramente ir contra la democracia, no deben seguir en sus puestos. A partir del 1 de
diciembre serán rémoras sin patrón. Y pronto quedarán en ridículo ante otras instancias
que demostrarán sus errores garrafales e intencionales. Habrá que darles las gracias por
su contribución al imperio de la parcialidad. México necesita instituciones electorales
limpias.
Por Sanjuana Martínez

22. México SA
AMLO: plan antimigración // Remesas: 140 mil millones
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
Sexenio tras sexenio –así sea como mera retórica– el gobierno mexicano ha pugnado por firmar un acuerdo
migratorio con Estados Unidos, con el fin de legalizar la estancia de millones de paisanos en aquella nación y
garantizar el respeto de sus derechos.
Pero el supuesto intento no trascendió el discurso, sin dejar a un lado la permanente negativa estadunidense,
aderezada con muros y leyes punitivas contra los migrantes mexicanos y –de unos años para acá–
centroamericanos.
De cualquier forma, millones de mexicanos no sólo cruzaron la frontera norte, sino que se instalaron en
territorio gringo y allí han echado raíces, mientras el gobierno de México se mantiene en la retórica y el
estadunidense en la brutal cacería de inmigrantes.
Fox, por ejemplo, aseguró que lograría la enchilada completa (y sólo le dieron el picante) con el gobierno
gringo, al tiempo que presumía que México exporta jardineros de muy buena calidad. En los hechos, más de 3
millones de paisanos emigraron (alrededor de uno por minuto en la estancia foxista en Los Pinos) sin protección
alguna y con la única garantía de que sus derechos serían pisoteados.
Lo anterior viene a colación porque Andrés Manuel López Obrador divulgó su plan integral de
migración(propuesto ya al salvaje de la Casa Blanca desde el pasado 12 de julio), con el fin de que ésta
sea económicamente innecesaria, es decir, un concepto contrario al que manejaron de forma aparente los
gobiernos previos.
Así lo explicó López Obrador: “Se trata de que México, Estados Unidos y los países de Centroamérica
aporten recursos, cada uno en la dimensión de su economía, para financiar –con 75 por ciento de lo que se
recaude– el desarrollo de la región, con proyectos para combatir la pobreza y el 25 por ciento restante destinarlo
a control fronterizo y seguridad.
Mi gobierno está dispuesto a presentar al Congreso de la Unión una iniciativa de presupuesto para contribuir
con recursos económicos y experiencia propia en este esfuerzo conjunto; si en este plan participamos Estados
Unidos, México e incluimos a los países centroamericanos, podemos reunir una considerable cantidad de dinero
para el desarrollo de la región; de esta manera estaríamos atendiendo las causas que originan el fenómeno
migratorio (La Jornada, Enrique Méndez).
La intención de AMLO es generar suficientes oportunidades para que los mexicanos se mantengan en su
país, y aquellos que deseen emigrar lo hagan por gusto y no por necesidad. Y de pasadita se invertirá en zonas
marginadas –donde la emigración es el pan de todos los días– para que el crecimiento económico y el desarrollo
social dejen de ser parte del discurso y se conviertan en realidad.
No pinta mal la intención del plan integral, pero lo primero que debe atender y resolver, a la velocidad de la
luz, es la espeluznante diferencia salarial entre Estados Unidos, México y las naciones centroamericanas,
porque de nada sirve ponerle flores al jardín si de todas maneras no hay qué comer.
Para el caso mexicano tal diferencia es de entre 10 y 15 tantos, de tal forma que los paisanos ya instalados
en el vecino del norte difícilmente retornarían a su patria para recibir un ingreso muchísimo menor al que
obtienen en Estados Unidos, con todo y los enormes riesgos que corren por su permanencia ilegal en territorio
enemigo.
De cualquier suerte, es de suponer que el plan integral prevé la eventual reducción en el monto enviado por
los paisanos, un ingreso que sólo en el sexenio de EPN acumula (hasta mayo de 2018) cerca de 140 mil
millones de dólares, una cifra apenas inferior a la obtenida por exportación petrolera en el mismo periodo (143
mil millones).
Las rebanadas del pastel
Por cierto, AMLO también apremia el reinicio de las negociaciones del TLCAN, porque la incertidumbre
podría frenar inversiones, lo cual dificulta el crecimiento de México.
Twitter: @cafevega
fvmexico_sa@hotmail.com

23. Los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
Cómo suprimir las pensiones de los expresidentes
POR ERNESTO VILLANUEVA , 22 JULIO, 2018ANÁLISIS, LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ni duda cabe que eliminar las pensiones de los expresidentes
de la República se ha vuelto un clamor ante lo alevoso de este beneficio que la doctora Hilda
Nucci y yo analizamos y desglosamos en Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos
mantener los privilegios de los expresidentes (Ediciones Proceso, 2016).
En nuestra investigación encontramos que las pensiones de este tipo en México son las más caras del mundo
tanto en números absolutos como porcentuales. Bienvenida por lo anterior la propuesta del virtual presidente
electo Andrés Manuel López Obrador de suprimirlas.
Es necesario, sin embargo, precisar que para llevar a cabo esa necesaria e importante medida no basta con
“eliminar la partida para las pensiones de los expresidentes” de la ley anual del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), como ha sido publicado en los medios de comunicación. Eso, por supuesto, es un punto de
partida. El asunto es mucho más complejo.
En la partida de referencia sólo viene lo relativo a la “pensión” en estricto sentido; es decir, el equivalente al
ingreso del secretario de Hacienda, y aunque el monto es muy alto si se compara con las pensiones del ISSSTE,
representa muy poco dentro del universo de recursos que destina la sociedad a quienes en nuestro libro hemos
llamado “los parásitos del poder”.
En efecto, la mencionada partida sólo cubre aproximadamente el 5% de los aproximadamente 5 millones de
pesos mensuales que se destinan a cada uno de los exmandatarios para mantener su lujosísimo tren de vida. El
próximo gobierno debe hacer las cosas bien para evitar que la eliminación de estas “pensiones” se convierta en
una ilusión óptica para efectos de satisfacción psicológica del pueblo.
El régimen priista nunca concentró en una sola partida esos recursos. Lo que hizo fue dividirla en varios rubros;
de ahí los dispares resultados que se obtienen cuando se investiga el tema, sobre todo desde la perspectiva
periodística, cuyo común denominador es tener el tiempo en contra. Se entiende que, en una sociedad
democrática, el total de los recursos erogados deberían estar concentrados, pero México no ha sido
históricamente un Estado de derecho. De esta suerte, si mediante la Ley de Transparencia alguien busca conocer
cuánto dinero se destina a los expresidentes, la respuesta va a ser parcial y se va a limitar más o menos al 5%
del total que he señalado.

24. Por fortuna, el “acuerdo” que “justifica” esas “pensiones”, además de caracterizarse por su desaseo jurídico,
nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual nunca tuvo vida jurídica; es decir,
nunca ha sido legal. Por ello mismo no podrían prosperar ante la justicia federal los eventuales recursos legales
que algunos de los expresidentes pudieran iniciar argumentando derechos adquiridos.
Pero además de la partida del PEF a la que se ha hecho referencia, se debe abrogar el Reglamento del Estado
Mayor Presidencial y dejar establecido de manera muy clara en sus artículos transitorios que sus elementos se
integrarán a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como que se elimina toda ayuda, comisión o apoyo a los
expresidentes ahora por parte de la Sedena, de la Secretaría de Marina o de alguna corporación policiaca.
Cabe recordar que, en el último día de su mandato, Felipe Calderón se auto-otorgó un apoyo ilimitado cuando
reformó el citado Reglamento al despacharse con la cuchara grande en lo que ha sido un atraco a la nación
revestido de legalidad, pues no sólo se benefició él mismo sino que hizo lo mismo con su propia familia al
disponer que reciba atención especial en el Hospital Central Militar y no en los del ISSSTE o en los excelentes
institutos nacionales de salud con los que cuenta el país y que dependen de la secretaría del ramo.
De igual forma, debe emitirse un acuerdo, muy bien sustentado y explicitado jurídicamente, para que se ordene
a la Secretaría de Hacienda retirar todos los apoyos en recursos humanos y materiales de los que gozan los
exmandatarios, como exponemos con detalle en Los parásitos del poder. Estos actos jurídicos los puede llevar a
cabo el presidente de la República sin necesidad de pasar por el Congreso de la Unión, en virtud de que se
encuentran en su ámbito de atribuciones, previsto en el artículo 89, fracción I de la Constitución.
Los mexicanos hemos padecido décadas de abuso por parte de los poderes en turno, tanto priistas como
panistas, y en el caso del poder Ejecutivo la discrecionalidad, el dispendio y la corrupción han representado
bofetadas humillantes contra los ciudadanos, que malviven con sueldos de hambre y que conocen la justicia
sólo de oídas por los discursos de los gobernantes.
México no ha tenido presidentes. Ha tenido cínicos reyezuelos que, como en el caso del panista Vicente Fox, se
aferran a los recursos del pueblo como si fueran realmente de ellos, como si en verdad los merecieran.
Por fin, parece que ahora sí va a concretarse una de cal por las que van de arena en materia de inequidad,
dispendio y corrupción.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
Este análisis se publicó el 15 de julio de 2018 en la edición 2176 de la revista Proceso.
De 500 millones para la Cruzada contra el Hambre
de Peña, 386 se fueron en presumir “sus logros”
Por Linaloe R. Flores
NdeR:
[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los
portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta
años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia
nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos:

25. Los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la
Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo
llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la
pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los
fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos.
#DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo
que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]
#DatosCerrados | Fue diseñada para reducir la miseria en algunos municipios
de México, pero no logró aminorar ese tristísimo panorama. En cambio, de
2013 a 2015, generó un flujo de dinero con 92 contratos de casi 500 millones
de pesos; del cual, el 80 por ciento se concentró en difusión en medios
informativos y parafernalia. Es parte de la historia del peñanietismo. Se trata
del programa estelar del Gobierno que está por concluir para enfrentar la
crisis alimentaria y fue gestionada por la Secretaría de Desarrollo Social cuya
titular –en esa época– era Rosario Robles Berlanga.
En la paradoja, la más beneficiada fue Televisa –el consorcio a cuya dirección
renunció Emilio Azcárraga Jean en octubre pasado– con dos convenios de
poco más de 142 millones de pesos. Mientras se difundían testimonios que
daban cuenta de la bondad de la cruzada, otros conceptos esenciales del
programa, como adquisición de sistemas potabilizadores de agua o
arrendamiento de vehículos, tuvieron menos dinero, apenas 93 millones.
ADEMÁS
Los 10 municipios con más pobres suman 9.1 millones de votos, y 44% de sus alcaldes
han sido del PRI
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Diseñada para abatir la miseria en
algunos municipios de México, la Cruzada Nacional contra el Hambre generó un gasto de
casi 500 millones de pesos entre 2013 y 2015. Pero el 80 por ciento de ese dinero se
concentró en la difusión de los supuestos logros del programa, mientras que la apremiante
hambruna en las comunidades de México no mostró descensos importantes.

26. En ese periodo, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –gestora del
programa– estuvo a cargo de Rosario Robles Berlanga, se firmaron 92 contratos por 386
millones 701 mil 401 pesos con 31 centavos para difundir “la nueva política social”
impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en televisión, radio, periódicos,
uniformes y playeras. De este conjunto de convenios, 89 se entablaron con medios
informativos. Otros dos fueron para adquirir uniformes con “la nueva imagen
institucional” de la cruzada. Uno más fue para comprar playeras con la insignia del
programa.
Para los medios informativos fueron 272 millones 466 mil 628 pesos. A través de spots se
difundieron testimonios que daban cuenta de una supuesta bondad de la Cruzada. Por
ejemplo, doña Josefina Medina Torres, de Morelos, habló así ante una cámara de
televisión, en 2015: “Muy agradecida estoy porque seguimos adelante. Estoy con el señor
Presidente Peña Nieto a través de mi pueblo, mando todo mi agradecimiento porque nos
está beneficiando con las obras de nuestra ayuda, de nuestro apoyo a la tercera edad, y a
las obras de la comunidad, así es que le mando mis más felicitaciones al Presidente de la
República”.
El Presidente Enrique Peña Nieto, bastón de mando en mano, dijo que los niños y jóvenes que recibirían apoyos de la Cruzada
sentirían en carne propia los beneficios, porque tendrían una mejor alimentación y vivienda, y sus padres acceso a proyectos
productivos para mejorar su calidad de vida. Foto: Presidencia de la República
El gasto en publicidad oficial que generó la Cruzada Nacional contra el Hambre benefició
sobre todo a Televisa. El consorcio, a cuya Dirección General renunció Emilio Azcárraga
Jean el 25 de octubre de 2017, obtuvo por dos contratos, 142 millones 691 mil 247 pesos.
De mayor a menor, el segundo con más dinero fue Estudios Azteca, subsidiaria de TV
Azteca, con 35 millones 988 mil 952 pesos.
Lo anterior resultó de la revisión de los contratos publicados en el Portal de Obligaciones
y Transparencia por la Sedesol en cuanto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, el
programa estelar del Gobierno de Enrique Peña Nieto para paliar la pobreza extrema,
anunciada en Las Margaritas, Chiapas, el 21 de enero de 2013. La búsqueda arrojó 98
contratos, un universo en el que predomina el concepto de “difusión”.
Hubo otros conceptos en los que se gastó; pero fueron los menos. Apenas nueve
convenios por 93 millones de pesos en adquisición de cinco mil sistemas potabilizadores
de agua, 14 mil bebidas para congelar (bolis), aplicación en campo de cuestionarios

27. dirigidos a presidentes municipales, servicio de alimentos para 400 personas, revisión e
identificación de beneficiarios con pobreza extrema, servicio de impresión de material
informativo y arrendamiento de vehículos.
De ese grupo de contratos, el mayor fue para la Universidad Tecnológica de Tulancingo
para la revisión e identificación de beneficiarios con pobreza extrema por 12 millones
528 mil pesos.
***
Anunciado en enero de 2013, en Las Margaritas, Chiapas [un bastión zapatista y uno de
los sitios más pobres de México], el programa fue destinado a siete millones de
mexicanos, un universo que era parte de los más de 11 millones de individuos en pobreza
extrema que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconocía ese año.
Dos años después ya se difundían anuncios con los supuestos logros de la cruzada. Pero
el informe del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval), dado a
conocer el 23 de julio de 2015, arrojaba resultados diferentes: la población con carencia
de acceso a la alimentación se había incrementado al pasar de 27.4 millones a 28 millones
de mexicanos.
En abril de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto se puso un collar de flores y un
jorongo. Además tomó el bastón de mando de la comunidad Mazahua de San José del
Rincón, Estado de México, y anunció que mayo sería el mes de la Cruzada Nacional
contra el Hambre.
En paralelo, los datos cerrados permeaban en la erradicación de la hambruna en México.
En los informes de Cuenta Pública de 2013, 2014 y 2015, la Auditoría Superior de la
Federación realizó varias observaciones a la Sedesol como “áreas de riesgo” en
contrataciones con deficiencias, aplicación de programas sin planeación ni seguimiento y
fallas en padrones. La dependencia desdeñó despejar las dudas sobre esos puntos. En sus
documentos, la ASF advirtió: “Sin una política de padrones adecuada y unificada, los
recursos públicos se otorgan de manera inequitativa, repetida, con opacidad y con el
riesgo de que no se alcancen los objetivos de los programas gubernamentales de combatir
la pobreza”.
Casi seis años después de haber sido lanzada, amanece igual o peor. Los alcances de la
cruzada no están claros. La Auditoría Superior de la Federación determinó que al
programa le faltó rendición de cuentas. Por ejemplo, la Sedesol no sustentó que los
beneficiarios fueran pobres extremos en crisis alimentaria. Tampoco se acreditó el
presupuesto que se destinó y no se comprobó en qué medida se atendieron las carencias
de las personas en pobreza extrema alimentaria. Es la hora en que no se sabe qué se hizo
para que casi siete millones de mexicanos abandonaran la condición del hambre.
Por Linaloe R. Flores

28. La megaminería depredadora frente a
la cuarta República
JUAN CARLOS RUIZ GUADALAJARA
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó en 2014 su libroNeoporfirismo. Hoy como ayer, se trata de una
revisión histórica del régimen político y económico que en México ejerció Porfirio Díaz entre 1876 y 1910,
pero también de una interpretación del actual régimen neoliberal mexicano visto en el espejo de aquella época.
En su visión histórica, AMLO concluyó que la enseñanza mayor del modelo económico porfirista es que la
apuesta al progreso material, sin justicia, nunca será una opción política viable y siempre estará condenada al
fracaso. Para el autor, el porfiriato se caracterizó por la entrega de los recursos naturales y humanos del país al
vandalismo y explotación que ejercieron inversionistas, predominantemente extranjeros y sus aliados
mexicanos, a los que se sumaron grupos de intermediarios políticos y traficantes de influencias, quienes
alabaron el poder dictatorial de Porfirio por su capacidad para garantizar el saqueo y enriquecimiento de unos
pocos.
Ese fue el caso de la minería metalífera. Entre 1884 y 1892 Díaz impulsó reformas al código minero para
centralizar en manos del gobierno federal las decisiones sobre explotación de minerales, revocar las facultades
de los estados para legislar en la materia, reducir impuestos a las mineras, simplificar la obtención de
concesiones y ampliar la superficie territorial amparada por las mismas. La reforma final, nos dice AMLO, se
dictó en 1892, cuando Díaz aprobó una nueva Ley Minera que otorgaba la propiedad segura, perpetua e
irrevocable del subsuelo a particulares, y de paso quitó límites a la extensión territorial explotable. Cien años
después, y sin considerar los sacrificios que hicieron generaciones de mexicanos en el siglo XX para detener la
entrega y destrucción del país, los neoliberales encabezados por Carlos Salinas de Gortari impulsaron reformas
legales que trajeron de regreso el despojo y el saqueo de nuestra nación.
Así sucedió con la nueva Ley Minera de 1992, cuyo artículo sexto definió como causa de utilidad pública la
exploración, explotación y beneficio de minerales, actividades que además fueron de manera demencial
declaradas comopreferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. La entrega de los minerales
al gran capital financiero fue complementada con la nueva Ley de Inversión Extranjera y con la reforma al
artículo 27 constitucional. La primera autorizó empresas mineras en México con ciento por ciento de capital
foráneo, y la segunda vulneró las formas de propiedad social de la tierra, haciendo posible su conversión en
propiedad privada sujeta a todo tipo de actos mercantiles, incluida su venta. Las consecuencias de esto han sido
devastadoras para la biodiversidad y la viabilidad ambiental del territorio mexicano. AMLO lo expresó en su
libro con estas palabras: en los últimos 30 años, también con reformas a la Constitución y a las leyes, y con la
misma política entreguista, se han concesionado a particulares, principalmente a compañías extranjeras, sobre
todo canadienses, 62 millones de hectáreas para la explotación minera, 30 por ciento del territorio nacional.
En su mayoría, dichas concesiones se han otorgado para proyectos de megaminería de tajo a cielo abierto
para la obtención de oro y plata, metales cuyas últimas reservas se encuentran dispersas a manera de nubes de
partículas contenidas en grandes volúmenes de subsuelo, y que sólo se pueden extraer mediante la destrucción y
contaminación irreversible de miles de hectáreas de territorio. Ha sido tal la estela de violencia y destrucción
generada por estos proyectos de muerte, que cientos de poblaciones han respondido con organización y
resistencia activa para impedir que en sus territorios se implanten. Sin embargo, la resistencia a la megaminería
depredadora en México ha tenido que luchar no sólo contra las trasnacionales mineras, sino también contra el
régimen político neoliberal que las ha servido, al solaparles incluso delitos y violaciones a los derechos
humanos.
¿Cuál será el futuro de la megaminería depredadora en el contexto del cambio político que impulsamos
millones de mexicanos para lograr justicia, soberanía y erradicación de los proyectos de muerte? El mensaje
sobre el advenimiento de la cuarta República no responde por el momento a la pregunta, si bien permite
mantener la convicción de que la verdadera transformación dependerá de la sociedad civil. Por ejemplo,
el Proyecto de Nación 2018-2024 reconoce como depredador el actual modelo extractivo minero, así como la
necesidad urgente de una nueva Ley Minera hecha desde los pueblos.

29. En otro documento se establece que la Cuarta República garantizará la justicia ambiental y tendrá como
prioridad la conservación del territorio para el sustento y beneficio colectivo de la nación, además de que
protegerá y defenderá a las comunidades afectadas por acciones que vulneren sus territorios.
En contraste, los mismos documentos plantean la necesidad de desarrollar la minería pero cuidando el
medio ambiente (sic). Tal vez a eso responda el mensaje que, en representación de las principales mineras que
operan en México, envió la Cámara Minera a AMLO ya como candidato ganador, al manifestarle su
compromiso de trabajar en el diseño de una política minera de Estado para garantizar y estimular el desarrollo
de la industria. Lo cierto es que para millones de ciudadanos, en la Cuarta República no existe espacio alguno
para la megaminería depredadora. Es fundamental reiterarlo con firmeza en este Día mundial contra la
megaminería de tajo a cielo abierto.
Investigador de El Colegio de San Luis, AC.