Inician procedimiento legal contra CEA por obra suspendida en Mixteca

Por obra suspendida en la Mixteca inician procedimiento
legal contra la CEA
La administración saliente dejará todo lo necesario para que el próximo gobierno le dé seguimiento
al caso porque es lo más delicado que deja como pendiente.
Por Nathalie Gómez
El ayuntamiento de esta ciudad inició un procedimiento legal para que se finquen responsabilidades a quien o quienes resulten
responsables por la obra que fue suspendida en la agencia San Francisco Yosocuta, perteneciente a esta ciudad, en cuya presa se
iba a instalar una planta de floculación.

Así lo anunció el presidente municipal Manuel Martín Aguirre Ramírez, quien especificó que en este caso se podrían fincar
responsabilidades a la Comisión Estatal del Agua (CEA), que fue la que estaba ejecutando el proyecto y lo dejó detenido.
“Estamos empujando para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública tome cartas
en el asunto, debemos hacerlo porque además fue una aportación importante que el ayuntamiento destinó para esa obra en una
inversión tripartita con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y gobierno del estado”, apuntó.
El edil manifestó que han solicitado información a la CEA y no ha respondido, por lo cual también pidieron la intervención de
la diputada federal para que el caso no quede impune.
Aguirre Ramírez recordó que la obra, que es del año 2017, se debía terminar desde mayo y a dos semanas de que concluya el
gobierno municipal, sigue estancada.
Asimismo, manifestó que no permitirá que el gobierno estatal evada su responsabilidad en la obra de la planta de floculación,
donde se invirtieron 30 millones de pesos, lo cual traería consigo el mejoramiento de la calidad del agua a favor de Huajuapan,
dado que de dicha presa se abastece de agua a un aproximado del 60 por ciento de la población.
La administración saliente dejará todo lo necesario para que el próximo gobierno le dé seguimiento al caso porque es lo más
delicado que deja como pendiente.
Plantean preservar las lenguas originarias de
Oaxaca al tiempo de impulsar las matemáticas
Mónica Mateos-Vega
Marcelino Ramírez, delegado de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Oaxaca, explica los logros de los
jóvenes de esa entidad en competencias nacionales. Foto Fundación DAMZ-Camaroni
Ciudad de México. La preservación de las lenguas originarias de Oaxaca, por conducto de las matemáticas, es
uno de los proyectos más importantes que espera realizar en 2019 la delegación de la Olimpiada Mexicana de
Matemáticas (OMM) en ese estado.
El objetivo, señalan los profesores involucrados, es llevar educación de calidad a las comunidades más remotas
de la entidad y revertir el rezago educativo en matemáticas, mediante la elaboración de videos “claros y
amenos” que expliquen diversos temas de esa materia y que, en una primera etapa, se realizarán en español,
chinanteco, mixteco, mixe y zapoteco.
El estado de Oaxaca obtuvo este año uno de sus mejores resultados en la 32 Olimpiada Mexicana de
Matemáticas que se realizó en Campeche en noviembre: lograron el lugar 19, de 32 participantes.
En esa justa, la más importante del ramo en el país, el equipo oaxaqueño (conformado por seis estudiantes
preuniversitarios) logró una medalla de plata (David García Maldonado), dos de bronce (Carlos Emmanuel
Ramírez Vázquez y Saúl Villalobos Fajardo), y un par de alumnos (David y Saúl) fueron preseleccionados para
la Olimpiada de Matemáticas Centroamericana y del Caribe del próximo año.
Recorrer las escuelas

Lo anterior no ha sido fácil, señala en entrevista con La Jornada el doctor en matemáticas Marcelino Ramírez
Ibáñez, delegado de la OMM en ese estado, pues a la falta de apoyos económicos se suma la complejidad
geográfica de la entidad, dividida en ocho regiones (Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Cuenca del Papaloapan,
Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales).
Hace un lustro, Ramírez tomó el reto no sólo de la organización de los procesos para seleccionar y entrenar a
los competidores de olimpiadas, sino que ha conformado un grupo de colaboradores, entre ellos la doctora
Beatriz Carely Luna Olivera, que ha recorrido las escuelas de todas las regiones del estado para que alumnos y
profesores conozcan la práctica de las matemáticas de una forma creativa, en lugar de sólo memorizar.
Los buenos resultados que se están logrando ahora, añade, tienen detrás al menos tres años de trabajo, sobre
todo con los estudiantes más pequeños, lo cual demuestra también, dice, lo importante que es inculcar desde
temprana edad la afinidad por las matemáticas.
“Nuestra meta ahora es que las olimpiadas lleguen a cada rincón de Oaxaca; en eso estamos. Comenzamos con
las convocatorias a nivel bachillerato, nos llegaban a lo mucho 600 participantes, pero ahorita ya estamos
trabajando con niños de primaria y secundaria.
“En julio, por ejemplo, acudieron 4 mil estudiantes luego de conocerse que en la Olimpiada Nacional de
Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria 2017 quedamos en séptimo lugar, ¡fue sorprendente! A
partir de eso muchas escuelas se acercaron con nosotros para unir fuerzas”, reitera.
El proyecto de la realización de los videos en lenguas originarias incluye la elaboración de material de fácil y
libre distribución para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así como la formación de recursos
humanos, de origen indígena en su gran mayoría, “mejor preparados y con conocimientos en las nuevas
tecnologías”.
Además de cursos y talleres de razonamiento de las matemáticas que la delegación de la OMM en Oaxaca
ofrece todo el año, organiza cada verano el festival Guelaguetza Matemática, en espacios públicos de la capital
del estado, para que el público disfrute los números a través de juegos de probabilidad, retos con papel,
geometría con espejos, retos de habilidad mental, origami o suma de dados, entre otras actividades.
Para participar en las actividades de la OMM en Oaxaca o apoyar los proyectos educativos en torno a las
matemáticas, se puede contactar a los encargados en la siguiente página de Internet.
En Oaxaca, hay 6 municipios sin
autoridades electas
El secretario general de Gobierno, Héctor Mafud, explicó que no se han podido realizar las elecciones extraordinarias debido a que no
se han garantizado las condiciones de seguridad.

Sesión extraordinaria del IEEPCO (Óscar Rodríguez)
ÓSCAR RODRÍGUEZ
Oaxaca / 11.12.2018 22:16:14
En Oaxaca aún hay seis municipios donde no hay autoridades electas, debido a que no se han
podido celebrar las elecciones extraordinarias por falta de condiciones de seguridad a dos semanas
de que asuman los cargos los ayuntamientos que fueron elegidos en la contienda de julio pasado,
afirmó el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud.
Te recomendamos: Suspenden elección en Oaxaca por violencia
El último caso es el de San Dionisio del Mar, donde el domingo pasado un grupo opositor irrumpió
para evitar la instalación de las casillas, atacaron a la policía y retuvieron a un funcionario electoral.
Mafud dijo que se seguirá trabajando agotando el dialogo para llamar a los actores políticos a la
civilidad para construir acuerdos que permitan avanzar en la generación de condiciones para
celebrar comicios, que serán convocados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca (IEEyPCO).
Los municipios donde no hay autoridad municipal electa democráticamente son San Dionisio del
Mar, Guelache, Santa María Ecatepec, Santiago Choapam, Animas Trujano y Concepción Papalo.
Detallo que tanto se generan las condiciones de seguridad, en estos ayuntamientos se han nombrado
administradores provisionales.
Precisó que el próximo 1 de enero tendrán que asumir poderes y funciones 152 municipios regidos
bajo el sistema de partidos políticos y 412 más de usos y costumbres.
Mencionó que por el número de municipios que hay en Oaxaca, los problemas son los menos y
señaló que "la civilidad está dada".
Dijo que la administración estatal dialoga con las 500 diferentes organizaciones sociales que tienen
presencia en Oaxaca, a las que se les escucha y atiende sus exigencias en la medida de las
posibilidades y capacidad presupuestales que tiene el gobierno.
El funcionario explicó que hay conflictos que no son responsabilidad muchas veces del gobierno,
sino de otras instancias, tal es el caso de Pemex que causó la contaminación de una laguna en la
zona del Istmo de Tehuantepec y se niega a pagar indemnizaciones, lo que generó que pescadores
inconformes bloquearan una carretera.
“Ahí intervenimos como mediadores y logramos que le hicieran casa a la exigencia de los pescadores
para que se levantara el bloqueo en la zona que afecta a los transportistas", puntualizó.
Respecto a los conflictos agrarios, Héctor Anuar Mafud, afirmó que hay 500 líos agrarios, de los
cuales 30 son de alta conflictividad y de los cuales 16 se han logrado conciliar.
97% de las escuelas de educación básica tienen
carencias de infraestructura
17 millones de estudiantes y 750 mil maestros asisten a escuelas con carencias, de acuerdo con un informe del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Solo 3 % de las escuelas de educación básica no tienen carencia alguna. Cuartoscuro
Andrea Vega (@EAndreaVega)
diciembre 12 2018 07:04
FONDEA el periodismo independiente

El desarrollo de la infraestructura física educativa ha sido deficiente, insuficiente e inadecuado, situación que
vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, señala el documento Políticas
para fortalecer la infraestructura escolar en México, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), en el que se plantea el panorama en este sector y se emiten una serie de recomendaciones.
En uno de los 11 documentos que presentó este lunes el INEE sobre la política educativa, se informa que 29 %
de las escuelas de educación básica presenta problemas estructurales y otras carencias asociadas, en tanto que 2
% muestra daño estructural. Y aunque 66 % no tiene este tipo de daño, sí presentan al menos una carencia de
otro tipo; solo 3 % de las escuelas de educación básica no tienen carencia alguna.
Lo anterior refleja que 17 millones de estudiantes y 750 mil maestros asisten a escuelas con carencias. De un
total de 145, 704 escuelas de educación básica, 33 % funcionan con estructuras atípicas que no se apegan a la
normatividad establecida; 45 % no están conectadas al desagüe y 20 % no están integradas a una red de agua
potable. Además, 5 % continúa sin acceso a servicios de electricidad.
En los siguientes niveles de educación, las peores condiciones las tienen las telesecundarias y las escuelas
comunitarias, así como los telebachilleratos comunitarios, de los que 99.4 % carece de laboratorios de ciencias
y 84 % no tiene una biblioteca.
Actualmente, dice el documento del INEE, la acción pública prioriza el fortalecimiento de la calidad de la
infraestructura física educativa mediante 12 intervenciones (entre programas, estrategias y fondos) orientadas a
la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos. Esta información sugiere que la
política pública carece de un eje articulado, tal diversidad de dependencias se traduce en dispersión de
objetivos, unidades responsables y componentes de atención.
Ese contexto de desarticulación institucional, se lee en el documento, genera áreas críticas que dificultan
avanzar en la materia, entre ellas: ausencia de una estrategia de mantenimiento oportuna y equitativa, falta de un
sistema de información actualizado y continuo, desarticulación entre tendencias de desarrollo pedagógico y el
diseño de espacios educativos (hay escasa consideración de los intereses y necesidades de los integrantes de las
comunidades educativas) e insuficiencia de recursos económicos para mejorar la infraestructura, así como
escasa eficiencia y transparencia en su aplicación.
Frente a esto, el INEE, tomando en cuenta experiencias internacionales en contextos similares al de México,
plantea seis recomendaciones para la acción pública en materia de infraestructura educativa:
1. Promover un enfoque de política articulado e integral, con objetivos claros y responsabilidades bien
definidas, clarificando los ámbitos de competencia y funciones de los distintos órdenes de gobierno e
instituciones involucradas.
2. Crear un sistema de información nacional, actualizado, expedito y continuo que permita disponer de los datos
necesarios para la toma oportuna de decisiones.
3. Generar una estrategia precisa de focalización para proporcionar una atención prioritaria a las escuelas con
mayores carencias en zonas urbanas y rurales, considerando los niveles educativos, tipos de servicios y grupos
en situación de vulnerabilidad, así como las condiciones de pobreza de las localidades.
4. Desarrollar una estrategia de mantenimiento permanente y diferenciada y definir claramente las funciones
que, en este rubro, tendrán tanto las instituciones de los distintos órdenes de gobierno, como la comunidad
escolar (el mantenimiento de las escuelas no debe recaer en los padres de familia).
5. Establecer una estrategia que asegure fuentes de financiamiento apropiadas y equitativas en el corto, mediano
y largo plazo, además se debe promover una participación más equitativa entre los órdenes de gobierno y sus
instituciones.
6. Diseñar un plan de mediano y largo plazo para alinear los proyectos de actualización de inmuebles y de
construcción de nuevos espacios con las tendencias pedagógicas, pero, sobre todo, para poderlos adaptar a los
modelos y necesidades particulares de las distintas zonas del país.

Firma AMLO iniciativa que cancela reforma
educativa
Alma Muñoz y Laura Poy
El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el encargado
de la Consejeria Jurídica de la Presidencia, Julio Sherer. Foto Cristina Rodríguez
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para la cancelación de la
reforma educativa, la cual se enviará a la Cámara de Diputados, y en la que se contempla garantizar la gratuidad
de la educación en todos los niveles educativos.
“Ingresa hoy a la Cámara de Diputados, compromiso cumplido, maestras y maestros”, señaló el titular del
Ejecutivo, tras firmar el documento.
En conferencia de prensa sostuvo que la reforma es para que haya un nuevo ordenamiento jurídico elaborado en
colaboración con padres de familia y los maestros, pues aseguró que “no podemos llevar adelante ningún plan
en educación” sin su apoyo.
López Obrador reiteró su compromiso para que todos los jóvenes puedan cursar el bachillerato e ingresar a la
universidad sin que se les diga “la mentira de que no ingresaban porque no pasaban el examen de admisión,
cuando lo que que no había era cupo por falta de recursos de instituciones de educación superior”.
Aseguró que “nunca más se van a ofender a los maestros”,.
López Obrador se retiró antes de concluir la conferencia de prensa en la que participó el secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, debido a que, dijo, “debo recibir una llamada muy importante”.
Afirmó que con la firma de la iniciativa hay un compromiso cumplido con los maestros. Y añadió que mañana
acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Anuncia Esteban Moctezuma cancelación del INEE
Alma Muñoz y Laura Poy | miércoles, 12 dic 2018 07:59
El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, después de la firma de cancelación de la reforma educativa.
Foto Cristina Rodríguez
Previous Next
Ciudad de México. Durante la presentación del nuevo acuerdo educativo, el secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma Barragán, anunció la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) y la creación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la
Educación.
Al nuevo organismo, dijo , se le dota de más amplias competencias dentro de las que se incluye la
determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación del desempeño de instituciones,
autoridades y actores de la educación; lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente y la
gestión profesional magisterial (para directores y supervisores), además de la realización de estudios,
mediciones e investigaciones especializadas.
El organismo contará, también, con un Consejo Consultivo de la mayor representatividad que, con visión de
futuro, realizará un programa indicativo del más largo aliento, como ocurre en la mayor parte de los países
desarrollados.
Agregó que toda acción en política pública para el sector se hará en colaboración con los maestros, los padres
de familia, alumnos y sociedad. Y enfatizó que hay disposición de los sindicatos para trabajar para la autoridad
educativa y de ésta para colaborar con los gremios, sin que ello signifique que el Estado “deje de ser rector de la
educación”, tras insistir que la relación con los docentes “será muy positiva”.
En la iniciativa de reforma, suscrita por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, agregó que por primera
vez, en el texto del artículo tercero constitucional aparece el concepto de las niñas, niños y jóvenes, a quienes se
les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado.
Indicó que a los principios tradicionales de la educación gratuita, laica y obligatoria se agregan los principios de
ser universal, con equidad y excelencia.
También se consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior; se reconoce por primera ocasión al
magisterio como agente primordial de la transformación social y se incluye el derecho de los maestros para
acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua.
La iniciativa también enfatiza la revaloración social de los maestros a través de un nuevo Servicio de Carrera
Profesional del Magisterio.
El funcionario federal indicó que la reforma consagra la atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas
normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente para actualizar sus
métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación.

Moctezuma Barragán destacó hasta que no se apruebe la iniciativa de reforma constitucional que hoy se enviará
a la Cámara de Diputados “todo continuará como está”, pues explicó que luego de la aprobación de los cambios
al artículo tercero constitucional vendrá la elaboración de las leyes secundarias en las que se convocará a
participar a todos los sectores que participan en educaicon, tanto a maestro, padres de familia, alumnos, e
incluso, dijo a los medios de comunicación.
En cuanto a la integración del consejo consultivo que encabezará el organismo con el cual se sustituirá al INEE,
indicó que se formará por “representantes de instituciones dedicadas a la educación de manera que serán las
propias instituciones quienes de manera interna los elegirán”.
Cuestionado sobre la posible participación de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, en el nuevo organismo afirmó que “no estamos pensando en
personas específicas”.
Liberan a presos políticos de la CNTE
En tanto, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, confirmó que hasta la fecha se han liberado a dos
presos políticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes “estaban
ligados a los problemas de la reforma educativa”. Sin dar más detalles el funcionario federal confirmó que uno
de los maestros liberados es del estado de México, otro de Oaxaca y mencionó que hay cinco profesores más
cuyos casos están analizando.
Mencionó que se formalizó una mesa en la Secretaría de Gobernación para analizar sus expedientes.
Insistió que con la iniciativa suscrita por el presidente López Obrador, “sólo se cambia el artículo tercero
constitucional, desparecemos al INEE, pero se crea otro organismo que será apoyo del sistema educativo”.
Detalló que los trabajadores del instituto “no pierden derecho, pasan a la SEP para reubicarlos o aprovecharlos”.
El gobierno federal mejora oferta para recomprar bonos del
NAIM
POR LA REDACCIÓN , 11 DICIEMBRE, 2018NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elevó su
oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), luego del
rechazo entre los grupos de bonistas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una oferta de recompra por mil 800 millones
de dólares de los 6 mil millones emitidos a través del fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México
(MexCat).
En su primera oferta ofrecía pagar entre 900 y mil dólares por cada mil de inversión. Y ahora ofrecerá a los
dueños de los instrumentos financieros pagar mil dólares por cada mil dólares que tengan invertidos.
La nueva oferta incluye además un cambio en los incentivos para los bonistas, pues recibirán 10 dólares por
cada mil que hayan invertido en caso de que decidan venderlos.
Asimismo, los tenedores que no quieran vender sus bonos, pero que acepten el cambio en las condiciones de los
contratos, también recibirán los mismos 10 dólares por cada mil que hayan invertido.
Según la SHCP, además de estos cambios a los términos económicos de la oferta, también modificará la
solicitud de consentimiento, para lo cual propone incluir nuevas disposiciones en los convenios de emisión, que
tienen la intención de atender las inquietudes por parte de los tenedores respecto de los términos y condiciones
de los bonos una vez completada la transacción.

De igual manera, la dependencia informó que hay dos cambios relacionados con el flujo de los fondos de la
Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito
Juárez. Y agrega un evento de incumplimiento que detonará si ocurre uno de los siguientes escenarios:
Si el flujo de la TUA se ve afectado por el comienzo de operaciones de un aeropuerto alterno en un radio de 70
kilómetros del aeropuerto Benito Juárez, si las operaciones comerciales del aeropuerto de Toluca se
incrementan a más de 5 millones de pasajeros al año o si el índice de cobertura de la deuda de Mexcat se
encuentra por debajo de ciertos niveles mínimos.
Y también se ajustan disposiciones en los convenios de emisión para incrementar la protección de los tenedores
ante una potencial reducción de la TUA cobrada en el AICM.
Crece la pugna entre Morena y oposición por la ley
de sueldos
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez y Roberto Garduño
Sesión en la Cámara de Diputados ayer. Foto José Antonio López
Miércoles 12 de diciembre de 2018. La confrontación entre Morena y los grupos parlamentarios de oposición, tanto en el
Senado como en la Cámara de Diputados por la decisión del Poder Judicial de frenar la Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos se agudizó este martes.
Mientras el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, instó a los ministros a rectificar esa
determinación, actuar con cordura y ajustarse al plan de austeridad republicana puesto en marcha por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, PRI y PAN en la Cámara de Diputados respaldaron en forma abierta
la postura de ministros, magistrados y jueces de conservar el monto de sus salarios y no someterse a la ley
reglamentaria del artículo 127 constitucional.
En el Senado, el coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó lo que a su juicio es
un clima de linchamiento contra el Poder Judicial propiciado por el gobierno y su partido, y condenó que se
aliente la destitución y las agresiones contra jueces y magistrados.
Afirmó que estos hechos vulneran la división de poderes en pro de un centralismo autoritario que no ayuda al
desarrollo y la paz del país.
En conferencia de prensa, el vocero de la bancada de Morena, senador Salomón Jara, reiteró que la acción de
inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que presentaron PAN,
PRI, MC y PRD fue redactada por el propio ministro ponente Alberto Pérez Dayán y su compañero Jorge Pardo

Rebolledo, quienes organizaron a la oposición para presentar ese recurso que les permite mantener sus
megasalarios y otros privilegios.
Monreal explicó que el Senado presentó un recurso de reclamación ante la decisión del ministro Pérez Dayán de
suspender la ley al dar entrada a la acción de inconstitucionalidad, ya que ello es ilegal.
Nosotros estamos recurriendo al pleno de la Corte para que los ministros rectifiquen el trámite de otorgar la
suspensión y planteamos que puedan caminar hacia la cordura, que recobren su ecuanimidad y se alejen de la
confrontación, dijo el coordinador morenista.
En entrevista aparte, Osorio Chong manifestó que no quieren que haya intromisión de un poder en otro.
Lamentó que el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, haya presentado un recurso contra el
ministro Pérez Dayán, ya que estando en sus facultades ni siquiera lo consultó con el resto de partidos, sólo con
la mayoría de Morena.
Las posturas fueron similares en el recinto de San Lázaro. Enrique Ochoa Reza, ex presidente nacional del PRI
e integrante de la bancada del tricolor, expuso que en materia de remuneraciones públicas los integrantes del
Poder Judicial tienen razón. Constitucionalmente el artículo 94 establece que las remuneraciones que perciban
por sus servicios no podrán ser disminuidas durante su encargo.
El ex dirigente priísta sostuvo que no se pueden cambiar las percepciones de los integrantes del Poder Judicial y
pidió definir puntualmente que la remuneración no es sólo el salario, sino también una serie de prestaciones sin
dinero que están enlistadas en la Constitución y que hacen que el ingreso remunerado del presidente de la
República sea mucho mayor a su salario.
Juan Carlos Romero Hicks (PAN) manifestó que el Ejecutivo federal está obligado a respetar el derecho de
todos los ciudadanos, incluidos ministros, magistrados y jueces. El guanajuatense, en tono de burla, dijo que
para él el ganso está cansado.
AMLO y gabinete no asistirán a comida
con ministros de la Corte
El Presidente acudirá al informe de labores que rendirá mañana el ministro Luis María Aguilar Morales, pero nadie de su gabinete irá
a la tradicional comida de cada año.
Es la primera vez que un Presidente no asiste a la comida que ofrecen los ministros. En foto, Luis María Aguilar
Morales.
RUBÉN MOSSO
Ciudad de México / 12.12.2018 11:44:24
El presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete cancelaron su asistencia a
la tradicional comida que se celebra cada año, al término del informe del ministro presidente en
turno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior fue revelado por funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Por el momento, López Obrador acudirá al informe de labores que rendirá mañana el ministro Luis
María Aguilar Morales, donde se espera un mensaje sobre la autonomía e independencia judicial y
la importancia de la división de poderes.
Ésta es la primera vez que un Presidente de la República no asiste a la comida tradicional que
ofrecen los ministros desde hace 18 años, y se da en medio del conflicto que tiene enfrentados al
Poder Judicial con López Obrador y el Senado por el tema de la Ley de Remuneraciones, que
prohibe que funcionarios públicos ganen más que el titular del Ejecutivo.
Guerra de poderes. Los tiempos del cambio
POR JOSÉ GIL OLMOS , 12 DICIEMBRE, 2018#MEMORIAPÚBLICA
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los primeros días del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador han sido de anuncios de transformación que han generado distintas reacciones entre los
actores involucrados, principalmente de desacuerdo y confrontación. Se trata de una lucha de
poderes o un choque de trenes que habrá de traer consecuencias.
Con un estilo de gobierno basado en su propia personalidad, acendrado ahora en su papel de presidente de la
República, López Obrador y su partido Morena que tiene mayoría en el poder legislativo, impulsan una serie de
iniciativas en el marco de la lucha contra la corrupción y la austeridad en los órganos, autoridades e
instituciones oficiales.
Con razones de sobra, lo que el presidente de la República lleva a cabo es responder a un clamor popular que se
reflejó en el voto mayoritario que recibió el pasado 1 de julio: terminar con los privilegios y la impunidad de los
funcionarios públicos, principalmente en las cúpulas, que viven con ingresos estratosféricos, lujos, prebendas,
escoltas, teléfonos, autos y gasolina gratis. Nada que ver con la realidad de millones de mexicanos.
La brecha entre este grupo de funcionarios públicos con el resto de la población se ha ensanchado con el paso
de las últimas administraciones. También se ha hecho evidente la falta de compromiso social de estos
funcionarios cuya tarea y responsabilidad es impartir justicia, transparentar el ejercicio de gobierno, mantener el
equilibrio en las finanzas públicas, manejar con responsabilidad los recursos financieros públicos y atender las
necesidades más apremiantes de la población como es la seguridad.
Este alejamiento entre funcionarios públicos y ciudadanía es tomado por la mayoría de la población como una
afrenta inmoral y, en algunos casos, como una traición a su quehacer y responsabilidad social, sobre todo
cuando hablamos de justicia.
El enojo social ha crecido conforme se han hecho públicas actuaciones y decisiones de ministerios públicos,
jueces, magistrados y ministros que afectan a la mayoría, como el nepotismo, compadrazgo, la aprobación de
sus elevados salarios, la protección a los bancos con el Fobaproa, la liberación y protección de políticos
corruptos y delincuentes, así como la indolencia y hasta el maltrato diario a los contribuyentes.
Todo esto y otros más han sido actos ofensivos para una sociedad que sufre, por un lado, la fragilidad
económica, y por el otro, la vulnerabilidad por la falta de justicia y seguridad.
Esta lucha de poderes entre el ejecutivo y el legislativo frente al poder judicial, llámese jueces, magistrados y
ministros, que son los que lo encabezan, puede llegar a terrenos peligrosos de desestabilización gubernamental.
El choque de trenes puede suscitar, un descarrilamiento o una crisis que ya está llegando a las calles donde
grupos sociales se están organizando para protestar por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de amparar a más de cuatro mil funcionarios públicos que rechazan el ajuste salarial por debajo de lo que ganará
el presidente de la República.

Los tiempos de cambio son tiempos de transformaciones y estas generan y habrán de generar diferencias,
confrontaciones y crisis. Este es el inicio de la llamada Cuarta Transformación, que viene con una sacudida en
todos los órdenes de gobierno y que también podrían alcanzar al propio poder presidencial.
Quizá esto es lo que nos hacía falta desde hace tiempo, una sacudida del tamaño del problema que se enfrenta y
que forma parte de una crisis estructural que no puede corregirse con acciones o decisiones superficiales o
cosméticas y no caer en lo que versa el dicho popular: cambiar para que todo siga igual.
Por cierto… Durante los últimos años, la burocracia se ha incrementado considerablemente. Según datos
consultados por el diario Reforma en agosto pasado el aumento en el número de trabajadores en distintas
secretarías gubernamentales es de casi 200 mil trabajadores en la última década. Esto es, el 30% más en los
gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La intención del gobierno de López Obrador es reducirlo en al menos ese 30% que integra el personal de
confianza, así como reducir salarios a funcionarios que rebasen los 40 mil pesos de ingreso mensual.
ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país
Emir Olivares Alonso
Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en imagen de archivo. Foto José Antonio López
Ciudad de México. El sistema de justicia está en deuda con México. Muchos jueces, magistrados y ministros no
cuentan con legitimidad para defender sus altos ingresos mensuales debido a sus ineficaces actuaciones, a la
falta de resultados en favor de la justicia y a las dificultades económicas que enfrenta el país, señalaron
defensores de derechos humanos.
En una nación con 99 por ciento de impunidad y donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional a Población
Privada de Libertad realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 30 por ciento de las
personas recluidas en las cárceles no ha sido sentenciada, se puede concluir que el sistema de justicia es
ineficiente, coincidieron en señalar Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Antonio Lara, director del Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
No son las altas percepciones las que garantizan autonomía, independencia e incorruptibilidad para el Poder
Judicial, sino sus actuaciones. Y muchas de éstas muestran que hay personas inocentes o presos políticos a
quienes se ha condenado sin pruebas suficientes; con declaraciones obtenidas bajo tortura u otras violaciones al
debido proceso; por presión de actores políticos, empresariales, particulares y hasta delincuenciales; por
prejuicios o actos de racismo y corrupción, entre otras, dijeron.
La polémica suscitada por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que
ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, la cual fue suspendida por un ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma, es un debate deseable que debe darse en el país

con la finalidad de transparentar los resultados del servicio público, en particular del Poder Judicial, y las graves
desigualdades que existen en el país, señaló Ríos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi, la mitad de los mexicanos,
61.3 millones de personas, tiene un ingreso por debajo del mínimo necesario para alcanzar la línea de bienestar
social fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es grave que en un país
con esas condiciones, un sector privilegiado del servicio público tenga sueldos millonarios.
En el informe sombra entregado por más de 200 organizaciones civiles en el contexto del Tercer Examen
Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se subraya que
mediante el acompañamiento legal que han dado a cientos de casos, se ha demostrado que el sistema de
procuración de justicia en México adolece de corrupción y colusión con grupos delincuenciales, además de ser
burocrático, revictimizante, carente de autonomía y profesionalismo, y sin mecanismos adecuados de rendición
de cuentas.
Poder Judicial: emblema de corrupción
Por Martín Moreno
Ser ministro de la Corte en México equivale a sacarse la lotería con el premio mayor. Foto: Cuartoscuro.
+ Salarios agraviantes, privilegios inaceptables
+ ¿AMLO disolverá, como Zedillo, a la Corte?
Más allá de los sueldos exorbitantes y privilegios de reyes que por décadas han gozado
dentro del Poder Judicial – uno de los tres poderes soporte del sistema político mexicano-
, la percepción que se tiene de la mayoría de jueces y magistrados, es una: corrupción.
Entre los sectores que mayor desconfianza provocan a los ciudadanos están los
impartidores de una justicia que, hoy por hoy, está lejos de ser garante de imparcialidad y
que se ha convertido en fuente inagotable de turbios manejos que favorecen a poderosos
y criminales.

Sí: por un lado, son los sueldos públicos agraviantes que gozan los ministros de la
Suprema Corte de Justicia (por cierto, la SCJN tiene una calificación muy baja, de apenas
6.1 de aceptación entre los mexicanos, de acuerdo a reciente encuesta de Consulta
Mitofsky en noviembre pasado), que los ubica en un nicho de privilegio insultante dentro
de un país empobrecido.
“No ganamos 600 mil pesos mensuales”, refutan los ministros de la SCJN al presidente
López Obrador. Cierto. Ganan 578 mil 186 pesos al mes. (Fuente: Anexo 24.5.1 del
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018). 22 mil pesos menos que lo dicho por
AMLO. 600 mil o 578 mil resulta, en la praxis, un salario ofensivo. A ello, habrá que
sumarle cuantiosos privilegios: boletos de avión, gastos médicos mayores, gasolina,
aguinaldos estratosféricos, bonos anuales, etc, a costa de los impuestos de millones de
mexicanos.
Ser ministro de la Corte en México equivale a sacarse la lotería con el premio mayor.
Pero hay más.
Por otro lado, está el nepotismo en abundancia.
Esposa(o)s, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, amigos, socios, parientes, todos caben en la
súper nómina del poder judicial sin ningún recato ni pudor, dentro de un espectro de
intocabilidad porque, al paso de los años, se ha convertido en una especie de cofradía que
condena a la hoguera a todo aquel que se atreva a desafiarla, ya que el resultado le será
adverso. ¿Por qué? Porque en tribunales, la casa gana. Siempre.
Corrupción, pues.
En mi columna: “De qué hablo cuando hablo de desmontar al sistema”, del 21 de marzo
pasado en SinEmbargoMX, señalé:
“La SCJN está integrada por alfiles del poder político-priista. La Corte es influenciada,
en muchos casos, desde Los Pinos, mediante conveniencias, premios o amenazas.
Ejemplos sobran. No la podemos considerar un órgano autónomo que beneficie a los
intereses de una nación. Mientras siga dominada por la nomenclatura priista, estará
supeditada a los mandatos del PRI”.
Ejemplo de carne y hueso: ¿quién podría dudar de que Eduardo Medina-Mora es uno de
los magistrados de la Corte menos confiables y más cercanos al tradicional poder político
en México, de cual es fiel guardian? Ligado siempre al PRI y a Felipe Calderón, de quien
fue procurador General de la República, es un personaje que provoca desconfianza y que
podrá ser todo, menos una garantía de imparcialidad. Su pasado le pesa como una cruz de
madera. Es uno de los símbolos de la nomenclatura del poder.
Cierto: las formas bajo las cuales AMLO y los puntales de la IV Transformación
pretenden terminar con los súper sueldos y los privilegios de los jeques de la justicia en
México, no han sido las más adecuadas. Adolecen de una práctica cada vez más frecuente
y preocupante del nuevo gobierno: la improvisación, ejercer facultades sobre las rodillas,
más influenciados por la ideología del cambio radical que preocupados por apegarse a
una ley que, efectivamente, está diseñada para proteger a las élites del país pero que,

empero, es la que tenemos y mientras tanto habrá qué respetarla. Habrá, sí, que cambiar
las leyes. Eso es un clamor cuasi generalizado.
El encontronazo ya se dio: poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial que se aferra
a las nocivas y viejas prácticas sobrevivientes del priismo más añejo y de un panismo con
olor a PRI, el que gobernó del 2000 al 2012 a México, cuando jueces y magistrados
permanecieron intocables y se erigieron, sin afán de exagerar, en poderosos caballeros
ligados a los poderes políticos y financieros, olvidando su misión principal: ser
guardianes de la justicia popular y estar al servicio de los ciudadanos.
Ahora, allí están las consecuencias: tantos años de burocracia dorada impune que ahora
se ve amenazada por un nuevo gobierno que, a trompicones y tropezones, pretende
volverlos mortales y regresarlos a la justa medianía que proclamaba Benito Juárez y que,
sin duda, es punta de lanza del gobierno lopezobradorista.
¿Quién ganará esta batalla?
*****
En diciembre de 1994, Ernesto Zedillo decidió reformar al Poder Judicial a fondo.
¿Cómo? Jubilando a todos los ministros de la Corte. ¿La razón oficial? Reducir la
influencia del Ejecutivo y de la política en la impartición de justicia. Así, 11 de 18
ministros propuestos, fueron aprobados por el Senado. Fue un episodio que Zedillo ganó
sin ningún conflicto ni rebelión alguna por parte del poder judicial.
Ahora, la historia se podría repetir: que otro Presidente (AMLO), decida disolver a la
Corte por la vía legal, ante las resistencias que presenta en la batalla por reducir los
sueldos y privilegios que hasta ahora goza. El Ejecutivo tiene esas facultades, ya
demostradas en 1994.
¿Ayer Zedillo, hoy AMLO?
En determinado momento, López Obrador deberá decidir qué hacer con la SCJN: diluirla,
jubilando a todos sus Ministros, o resignarse a solamente reducir un porcentaje de sus
sueldos y algunas prestaciones. Será su decisión histórica.
El siguiente conflicto, entonces, sería:
¿A quiénes propondría AMLO como nuevos ministros de la Corte? Porque por lo visto
hasta ahora, su reciente terna es otro ejemplo del sistema de cuotas y cuates que tanto ha
dañado la confiabilidad e imparcialidad de los órganos de justicia.
Pero esa será otra historia que abordaremos en esta columna.
TW @_martinmoreno
FB / Martin Moreno

Los cuatro suicidas de la Suprema Corte
Raúl Rodríguez Cortés
Cuatro ministros de la Corte operan para descarrilar el primer nombramiento de
AMLO de un ministro del máximo tribunal.
Al hacerlo violan la ley y pactan en lo oscurito con el PRI y el PAN.
Su objetivo es mantener el control del Poder Judicial y su régimen de privilegios e
imponer en la presidencia de la Judicatura a un ministro de carrera judicial, sin
percatarse que la dinamitan y ponen en riesgo de que desparezca tal y como hoy la
conocemos.
Por eso sus otros seis pares los llaman “los cuatro suicidas”.
Ese es el fondo del choque entre los tres poderes de la Unión que se dirime en el país y
del que la rebelión de jueces y magistrados contra la reducción de sus salarios, es tan
solo una parte.
La peligrosa trama empezó desde el primer encuentro que sostuvieron los ministros de
la Corte con AMLO el 10 de agosto pasado. La hoy secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero quiso monopolizar para sí la relación del nuevo gobierno con la Corte
por intereses personales (es notaria) y familiares (sus dos hijas son parte del Poder
Judicial). Pero Julio Scherer Ibarra se le ha opuesto.
Al interior de la Corte se formaron desde entonces dos bloques. De un lado Arturo
Zaldívar, Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Norma Lucía Piña, José
Fernando Franco y Javier Laynez, quienes vieron como interlocutor de AMLO a su
consejero jurídico; y del otro Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes vieron en Sánchez Cordero esa interlocución.
Estos últimos recibieron de la ministra en retiro la seguridad de que los sueldos del PJ
no serían tocados y que en la terna que se propondría para la vacante que dejó el
ministro José Ramón Cossío estaría la magistrada Janine Otálora, presidente del Tribunal
Electoral; pero aquellos supieron, por voz de Scherer, que ninguna de las dos cosas
sucedería. Y así fue: ninguno de los propuestos por Sánchez Cordero quedó en la
terna de AMLO y el plan de austeridad avanzó.
¿Qué siguió de aquel encuentro?
El ministro presidente Luis María Aguilar intensificó su cabildeo con Sánchez Cordero y,
apoyado por Pardo, Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena, tres de los cuatro formalmente
inscritos para presidir a la Corte (el otro es Arturo Zaldívar), trató de hacer pasar como
ahorro presupuestal para 2019 un subejercicio de cinco mil millones de pesos, como aquí
le informamos en su momento (https://bit.ly/2rtT7eD) y después promovió (según
grabaciones y mensajes de WhatsApp) amparos masivos de jueces y magistrados
contra la Ley de Remuneraciones que aprobó el nuevo Congreso.
Hoy están en marcha.
Aguilar y su grupo operaron después para alargar hasta el límite la entrega al Ejecutivo
de la notificación de la vacante que se abrió tras la salida de Cossío.
Se aguantaron hasta que AMLO quedó al frente del Ejecutivo con la intención de
restarle tiempo para procesar el nombramiento del décimo primer ministro del
pleno antes del 2 de enero próximo, fecha en que se renovará la presidencia del
máximo tribunal.
La oposición en el Senado juntaría después las 54 firmas necesarias para interponer un
juicio de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones, al que el ministro Pérez
Dayán dio entrada y suspendió provisionalmente su vigencia, lo que fue ilegal ya que el
artículo 64 de la Ley Orgánica del Artículo 105 Constitucional establece claramente: “La
admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma
cuestionada”.
Recientemente se supo de nuevos cabildeos (a título personal y sin el aval de su jefe) de
la secretaria de Gobernación con los llamados “cuatro suicidas” para que ellos mismos
redactaran la acción de inconstitucionalidad de marras, y convertirse así en jueces y
parte.
Se habrían reunido en la oficina que usa en Polanco la presidenta del PRI, Claudia Ruiz

Massieu junto con los senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, y del PAN,
Rafael
Moreno Valle, a quienes se les habría ofrecido impunidad ante las eventuales
resoluciones de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa y de la lucha
anticorrupción.
Así las cosas, la designación del décimo primer ministro del pleno no solo enfrentará las
referidas maniobras dilatorias, sino la imposibilidad de alcanzar la necesaria mayoría
calificada con el voto en contra de los 54 senadores que interpusieron la acción de
inconstitucionalidad.
Se sabe que Morena ya prepara iniciativas para sustituir a la Corte por un Tribunal
Constitucional que, se dice, absorberá al Tribunal Electoral, como parte del plan de
austeridad. En lo inmediato habrá que esperar qué dice AMLO mañana cuando asista
al último informe de Luis María Aguilar.
Ya advirtió que la gente exigirá que los ministros no ganen sueldos exagerados lo que
añade a esta escalada una veta de movilización social ganen sueldos exagerados, lo que
añade a esta escalada una veta de movilización social muy peligrosa.
rrodriguezangular@hotmail.com
raulrodriguezcortes.com.mx
@
El trasfondo del pleito entre la Corte y AMLO
GUARDAR
Mario Maldonado
El pleito entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Andrés Manuel
López Obrador se veía venir desde que, como candidato y luego como presidente
electo, prometió la reducción de los salarios de la alta burocracia. “No habrá
excepciones”, dijo al enterarse de que en el Poder Judicial afinaban una estrategia legal
para defender sus „privilegios‟.
Pero el trasfondo de este altercado es otro.
En esta columna adelantamos, el 1 de octubre pasado, lo que ya entonces venía
preparándose: una serie de amparos por parte de los ministros, magistrados y jueces
para evitar que el agua les llegara al cuello; es decir que la nueva Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos no tocara sus salarios y prestaciones. Todo,
bajo la tutela y el visto bueno del ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar
Morales.
De acuerdo con un escrito circulado en septiembre entre altos funcionarios del Poder
Judicial, se invitó a todos los titulares de dependencias a enviar “los conceptos de
violación que deseen proponer a más tardar el domingo 30 (de ese mes), para que
posteriormente un comité de seis titulares voluntarios se encargue de darle forma _nal a
la demanda de amparo y entregar el proyecto a más tardar el 7 de octubre”.
“El señor ministro presidente reitera que tanto él, los ministros y consejeros mantienen su
convicción a favor de la independencia y autonomía del PJF, así como de nuestros
intereses, como hasta ahora. Sólo en la unidad tendremos éxito”, concluía el mensaje.
La afrenta al presidente electo y a su propuesta de austeridad republicana estaba clara
desde entonces y había llegado a su equipo más cercano, particularmente a quien fue
designado su consejero Jurídico: Julio Scherer Ibarra. Fue entonces que éste se
encargó de proponer en la terna de candidatos para sustituir al ministro José Ramón
Cossío a un incondicional: Juan Luis González Alcántara, quien fuera presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX cuando AMLO fue jefe de Gobierno.
El viernes pasado, la terna que completan Celia Maya García y Loretta Ortiz llegó al
Senadopara su ratificación, pero se topó con la pared de los partidos de oposición,
particularmente del PRI y el PAN, los cuales, presuntamente asesorados por ministros
encabezados por Luis María Aguilar, podrían lograr que su ratificación se dé después
del próximo 2 de enero, cuando la Suprema Corte elige a su próximo presidente.
La pelea para relevar a Luis María Aguilar está prácticamente entre dos ministros:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien el actual presidente quiere de sucesor, y Arturo
Zaldívar, ambos con carrera judicial. El primero, empero, está emparentado con el ex
presidente Carlos Salinas y es muy cercano a Manlio Fabio Beltrones; es la apuesta de
la vieja guardia en el Poder Judicial, lo cual sería visto como otra afrenta para AMLO.

Si la estrategia de Luis María Aguilar y la oposición de Morena en el Senado funciona, es
probable que el ministro que propuso el nuevo gobierno no participe en la votación del
próximo 2 de enero, cuando se elige al nuevo presidente de la Corte; si esto sucede,
Gutiérrez Ortiz Mena sería muy probablemente el ungido.
Frente a este escenario, el desafío político para el gobierno de AMLO y su partido en el
Congreso sería tal que podrían terminar por desaparecer a la SCJN y en su lugar dar
paso a un tribunal superior constitucional.
Así que el trasfondo de la pelea por los salarios y las prestaciones del Poder Judicial es,
en realidad, el control de la Corte. Luis María Aguilar quiere mantener su hegemonía, aun
cuando en su camino está en juego la supervivencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
Twitter: @MarioMal
La rebelión de las togas
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
rivapa
El choque entre poderes del Estado mexicano que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve.
Hay una mezcla de intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de sus privilegios, como lo
afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por un desafío directo a su presidencia por parte del
sector conservador dentro del máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar. La cabeza de
la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien llegó a esa posición en enero de
2015, tras derrotar a Arturo Zaldívar en 32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro
Alberto Pérez Dayán.
El ministro Pérez Dayán detonó el conflicto el viernes pasado al ordenar la suspensión de la Ley de
Remuneraciones de Servidores Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de
oposición, quienes argumentaron que la ley violaba los artículos 75 y 127 constitucionales. La respuesta de
López Obrador y de los coordinadores parlamentarios de Morena, provocó que el desafío de los jueces contra el
presidente se expresara con protestas en 30 estados este lunes, afirmando que la decisión de recortar salarios
afectaba la autonomía del Poder Judicial y dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es que Pérez Dayán
mismo, violó la ley que dice defender. El artículo 64 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional
que aborda los actos de constitucionalidad, establece: “Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24 (que
habla de las libertades), si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor
prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan
dentro de un plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos
legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del

plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez
de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucional”.
Esto quiere decir que Pérez Dayán no tenía la facultad para suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores
Públicos. “En acciones de inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”, dijo un experto. “No
importa el fondo de la controversia; no procede la suspensión, que está expresamente prohibida por los artículos
64 (de procedimiento) y 14 (de suspensión) de la Ley Reglamentaria”. Su acción incorrecta no alcanza para
fincarle un juicio político, como dijo el abogado constitucionalista Gabriel Regino en una entrevista en W Radio
con Enrique Hernández, al no considerarse un delito. Lo que sí procedería, en opinión de los expertos, es una
sanción por responsabilidad administrativa, lo cual tendría que aplicar el órgano interno de la Suprema Corte de
Justicia, lo que significaría una medida histórica.
Difícilmente podría entenderse como un error del ministro el haber suspendido la ley que recorta salarios. Para
comprender la magnitud de lo que desató, hay que entender lo que está sucediendo dentro de la Corte en
función de cómo iban a quedar los equilibrios dentro del tribunal, tras el final de la gestión del ministro José
Ramón Cossío. Abogados que conocen los manejos internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la
comunicación al Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cossío con el propósito de que la votación para un
nuevo presidente, prevista para el próximo 2 de enero, se diera únicamente entre los 10 ministros que hay en
este momento, sin darle la oportunidad a López Obrador que colocara su primer ministro y eventualmente
modificar el resultado de la elección.
El viernes pasado, en un texto sobre la Corte titulado 'Conservadores contra Liberales', se publicó en este
espacio: “Si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy
alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto
por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar,
Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cossío. Dos ministros
pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita
Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones
liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el
lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez
Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la exministra y actual secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.
De la correlación de fuerzas dentro de la Corte se puede argumentar que el ministro Aguilar buscaría impedir
que Zaldívar fuera electo presidente, y garantizar a un conservador como su sucesor. También se puede apreciar
un choque de posiciones dentro del equipo de López Obrador, entre Sánchez Cordero, que estaría por la opción
conservadora, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que respalda a Zaldívar.
El estruendoso ruido por el choque entre poderes está ocultando las intrigas dentro de la Suprema Corte y el
intento del ala conservadora de cruzársele a López Obrador, para impedir que comience a construir un tribunal
acorde con su proyecto de nación. La confrontación no sólo es por la autonomía, sino ideológica y política,
confrontando a López Obrador

¿Quiénes quieren una catástrofe para AMLO?
Enrique Quintana
Coordenadas
E_Q_
Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es un personaje polémico, y que genera posiciones
encontradas.
Entre quienes son sus adversarios, hay el deseo de que pronto tengamos una crisis financiera que ponga en
jaque al gobierno.
“Si la crisis va a estallar en cualquier momento, más vale que sea pronto y que el gobierno de AMLO lo
resienta; que se caiga o que vea muy restringidos sus márgenes de maniobra”, algunos dicen.
Es una visión que circula cada vez más en algunos medios empresariales y financieros.
AMLO polariza. No es sorpresa.
Lo que me sorprende es que la visión de ciertos personajes normalmente racionales ahora sea el deseo de que
pronto surja una catástrofe que sacuda al gobierno de López Obrador. Mínimo como pasó con Zedillo.
Hace un par de días le comenté que si la oferta de recompra de los bonos emitidos por el Grupo Aeroportuario
de la CDMX no prosperaba, pues simplemente se hacía otra.
Y eso no iba a implicar ningún problema mayor. Algunos casi se suicidaban por el rechazo a la oferta inicial.
Trascendió ayer que la Secretaría de Hacienda modificó los términos de la recompra para hacerlos más
atractivos a los inversionistas.
A pesar de que hace un par de días se expresó el rechazo de un mayor grupo de inversionistas a la oferta inicial,
el precio del bono no cayó. Ese hecho ya estaba descontado.
Y ayer en la tarde, en cuanto se supo de que habría una nueva oferta, el precio de bono subió casi 3 por ciento.
Ni el tema del Nuevo Aeropuerto ni el Paquete Económico 2019 que habrá de presentarse a más tardar el
sábado crearán crisis.
Pero los que quieren que este gobierno reviente van a seguir buscando un día sí y otro también, los detonadores
de la nueva debacle.

Comenzaron diciendo que el resultado electoral pondría el dólar en las nubes; luego habrían de ser los
lineamientos de la política económica o el aeropuerto o el presupuesto… y súmele usted.
Si el deseo es que el gobierno de AMLO tenga una crisis, cualquier tema será bueno.
Algunos, más allá de las diferencias que tengamos con la estrategia económica de AMLO –muchas, por cierto–,
pensamos que lo mejor es que se mantenga la estabilidad financiera y que la estrategia tenga una oportunidad.
Quienes desean que este gobierno se hunda y que pronto entremos en crisis, suponen que es mejor que en unos
cuantos meses el país se debata en un desastre financiero.
Que pronto las calificadoras nos bajen la nota; que el dólar se dispare incontrolablemente; que las tasas se vayan
para arriba; que el empleo se desplome; que la inversión cese; que la inflación repunte. Que el descontento
llegue a las calles.
Total, todo lo que le pueda ir mal a AMLO –dicen– va a ser bueno para México.
Son aún pocos, en el sector privado y entre los inversionistas, que piensan de esta manera, pero los hay.
Habrá que enfrentarlos.
Algunos pensamos que, independientemente de que AMLO esté en el gobierno, lo mejor para el país es que no
tengamos crisis y que la economía crezca con estabilidad, independientemente de cuál sea la implicación de este
hecho para las fuerzas políticas.
Pero creo que la mínima cordura, si todavía queda alguna en el polarizado país que tenemos, es que las cosas
vayan mejor en lo económico.
¿O será que la cuarta transformación nos está transformado la racionalidad a todos?
POLÍTICA CERO
Magistrados de chalecos amarillos
JAIRO CALIXTO ALBARRÁN
Cuando vi a un bonito grupo de jueces de circuito manifestando sus inconformidades al ritmo del
lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por una jurisprudencia cara, bien vestida pero nada popular,
me gustó su actitud rebelde, arrebatada y revolucionaria. No está nada mal que la revuelta
encabezada por estos gentiles, morigerados y humildes impartidores de justicia, esté basada en la
gran idea de quitarle a la clase media baja para darle a la clase VIP.
Señores de la Corte y jueces que dan pasos de unidad en sus beligerantes campañas contra la
opresora cuarta transformación que, osada, busca la manera de sacarlos de su zona de confort y
obligarlos a vivir en una deshonrosa mediocridad salarial. Por dios, cómo le explicarán a sus
distinguidas amistades que ya no podrán hacer el enésimo viaje a Doha o a Dubái, o que ya no
podrán recibirlos en cualquiera de sus siete propiedades con vista al bar. No se vale.

Así como están las cosas y entre más crece la indignación de los constitucionalistas-guerrilleros que
lo han hecho tan bien y de manera tan admirable los últimos años (los niveles de impunidad hablan
por sí mismos), en cualquier momento veremos a estos comprometidos magistrados no convertidos
en émulos del Che Guevara porque está muy demodé, sino portando simbólicos chalecos amarillos
como los de esos animados luchadores franceses que no le tienen demasiado aprecio a las medidas
neoliberales de Macron (me pregunto si todavía hay gente en la sala que quiera ser el Macron
mexicano, además de Benito Nacif, ese prohombre del INE que ganó un amparo para que no le
rebajaran el sueldo, y mostrarse como lo que viene siendo, generoso y desprendido) que se supone
se basa en ponerle la pata en el cuello al proletariado sin cabeza.
Como quiera que sea, los magistrados hacen muy bien en defender la división de poderes e impedir
no solo que alguien se atreva a decir si deben o no vivir como pachás, sino siquiera atreverse a
checar sus actos justicieros y poner en duda la naturaleza divina de sus designios.
jairo.calixto@milenio.com
@jairocalixto
Morena propone quitar pensión a exgobernadores; PRI
amenaza con no dictaminar
POR VENERANDA MENDOZA , 11 DICIEMBRE, 2018ESTADOS
TOLUCA, Edomex. (apro).- El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense
promovió la abrogación del decreto 87 que dispone la entrega de pensiones “disfrazadas” para
los exgobernadores y la designación de personal de seguridad, chofer y secretaria con cargo al
erario.
La diputada Azucena Cisneros, promotora de la reforma turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales para su análisis y dictamen, recordó que el 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del
Gobierno el Decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se dispuso que, al término de su
gestión, el gobernador puede recibir premios y recompensas por servicios prestados al Estado.
“Los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el
gobernador de la entidad, se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo”,
plantea su artículo primero.
Años más tarde, indicó, el otrora gobernador Ignacio Pichardo expidió un Decreto publicado el 7 de mayo de
1993 en la Gaceta del Gobierno número 86, en el que se plantea que “como reconocimiento a su desempeño en
el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los
apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades
personales, una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del Estado”.
Además, dispone como “necesaria y conveniente la debida regulación de estos reconocimientos que en el
pasado el Gobierno del Estado ha otorgado a los ciudadanos exgobernadores en forma discrecional.”
Las modificaciones contemplan en el artículo primero que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador del
Estado de México tendrán derecho, al concluir su gestión, a tener a su adscripción: un jefe de ayudantes con
categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de gobierno.
Además, un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres
ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; una secretaria, con
categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9, del gobierno estatal.”

Cisneros Coss advirtió que ambos decretos son contrarios a derecho, pues no se justifica que una vez que los
exgobernadores han concluido su gestión, se les destine personal con cargo al erario público, pues han dejado
de ejercer las funciones que la ley les confiere de manera temporal.
“Es un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión público;
representa el establecimiento de una remuneración más allá de la pensión, liquidación o retiro”, dijo, tras
advertir la posibilidad de que el jefe de ayudantes con categoría de subdirector sea en realidad una pensión
económica encubierta destinada a los exgobernadores.
Exfuncionarios, sin utilidad pública
Para Morena, este decreto además implica un tratamiento desigual y discriminatorio frente a los requerimientos
de seguridad de la ciudadanía, y no representa utilidad pública, pues los exgobernadores ni siquiera son
exservidores encargados de la procuración de justicia o de seguridad pública, y aún en estos casos es necesaria
una justificación.
El pasado 3 de diciembre, rememoró, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) actualizó
los lineamientos para la protección y seguridad a través de la asignación del servicio de escolta a servidores y
exservidores públicos, con límites de temporalidad y modalidades de análisis de riesgo, y “sólo bajo esos
parámetros es aceptable”.
Los gastos en los apoyos a los exgobernadores, prosiguió, tampoco se justifican si se toma en cuenta que el
Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país, con un incremento en la
deuda pública de 17.41% de 2013 al 2017, y la falta de dinero para atender problemáticas más apremiantes.
Es necesario, dijo, contraponer a la vieja cultura política “nuevas formas del ejercicio del servicio público
apegadas a los principios de igualdad, transparencia y austeridad que permitan acercar la distancia creada entre
la clase política y la ciudadanía. Poner freno a la opulencia, la desigualdad, los privilegios y el derroche de los
recursos públicos.”
“Ninguna pensión, bono o remuneración destinada a favorecer indebidamente a quienes ostentan el privilegio
de fungir como servidores públicos, resulta compatible con el ferviente deseo transformador de dotar de plena
vigencia a los principios de la República”, añadió.
La propuesta fue turnada a las Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior
dictamen. No obstante, la priista María Mercedes Colín Guadarrama, titular de ese órgano parlamentario,
anticipó que no convocará a los trabajos de Comisión que no sean acordados por la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), y justificó que por ahora lo más importante deben ser los trabajos del Paquete Fiscal 2019.
Adrián Galicia, diputado por Morena, acusó que a la fecha la presidenta no ha convocado una sola vez a sesión
de Gobernación, y Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, advirtió que los trabajos en comisiones son una
obligación de los diputados y no requieren una instrucción de la Junta para celebrarse.

Los manifestantes expresaron su rechazo a los supuestos privilegios de los ministros, magistrados y
jueces del Poder Judicial. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
Ciudadanos rechazan salarios del Poder Judicial
con protesta en SCJN y petición en Change.org
Por Redacción / Sin Embargo
Un grupo de personas protestó afuera de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en contra de los salarios y supuestos privilegios que tienen ministros,
magistrados y jueces del Poder Judicial. La indignación de una parte de a
sociedad también se expresó en la plataforma Change.org a través de una
petición que solicita que “los jueces y magistrados sean removidos de su cargo
por no acatar el mandato del pueblo”.

VER MÁS
El CJF investiga a #LordMinistro por sus rolex y sus puros; se quejaba de la reducción
salarial
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Los salarios en el Poder Judicial
de la Federación han indignado a una gran parte de la sociedad, la cual ha manifestado
su inconformidad a través deprotestas y peticiones en plataformas como Change.org,
en donde exigen poner fin a sus privilegios.
Este miércoles un grupo de personas protestó afuera de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) en contra de los supuestos privilegios que tienen ministros,
magistrados y jueces del Poder Judicial.
Los manifestantes colocaron pancartas afuera del recinto con leyendas como “Fin de la
era de los virreyes” y “Señores ministros no más dispendios ni derroche, que se aplique el
artículo 127”.
En la protesta, que fue convocada por la organización Por la Transformación de la
Reconciliación A.C., se gritaron consignas en contra de los funcionarios del Poder
Judicial que se ampararon contra la Ley Federal de Remuneraciones por considerarla una
intromisión a su autonomía.
Esta es la segunda protesta que se realiza en una semana en contra de los salarios de los
ministros y magistrados. El pasado domingo, alrededor de 30 personas se manifestaron en
el Ángel de la Independencia Inicialmente, planeaban dirigirse a la SCJN, pero ante la
baja afluencia de personas, optaron por manifestarse en dicha glorieta de Reforma.
Los manifestantes expresaron su rechazo a los supuestos privilegios de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial.
Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

Un grupo de personas protestaron en contra de los supuestos privilegios de los ministros, magistrados y jueces del Poder
Judicial. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
De acuerdo con las remuneraciones vigentes de los servidores públicos del Poder
Judicial de la Federación establecidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los
salarios mensuales netos que reciben los empleados de la Suprema Corte de Justicia y del
Consejo de la Judicatura Federal van desde los 13 mil 369 hasta los 269 mil 215 pesos.
Un Ministro de la Suprema Corte y un Consejero del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), los puestos más altos dentro del Poder Judicial en México, reciben un salario de
269 mil 215 pesos mensuales, además de otras percepciones anuales como un pago por
riesgo (554 mil 595 pesos), aguinaldo (444 mil 380 pesos), prima vacacional, seguro de
gastos médicos mayores, ayuda de gastos funerales, ayuda de anteojos, estímulo por
antigüedad, estímulo por jubilación, entre otros.
Tomando en cuenta solamente el salario neto, el pago por riesgo y el aguinaldo, un
Ministro de la Corte y un Consejero del CJF reciben cada uno al año 4 millones 229 mil
555 pesos.
MÁS DE 40 MIL PIDEN REMOCIÓN DE JUECES
Desde el pasado 9 de diciembre, una petición subida a la Change.org solicita que “los
jueces y magistrados sean removidos de su cargo por no acatar el mandato del pueblo”.
La petición, subida por la ciudadana Leito Alcantar, suma hasta este miércoles 40 mil 511
firmas y va dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de
Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
En la petición manifiestan:
“Por medio del presente oficio manifestamos nuestro rechazo a las recientes decisiones
tomadas por el Ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán referentes a la suspensión de la
Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos para el ejercicio 2019.
“Consideramos que la Acción de Inconstitucionalidad contra dicha ley promovida por
diputados y senadores del PRI, PAN y PRD es en sí misma inconstitucional y afecta de
manera considerable al presupuesto del año 2019 destinado para programas sociales y
proyectos de desarrollo nacional. Por esta razón rechazamos la reciente medida emitida
por la Suprema Corte por considerarse dolosa, arbitraria y por no contribuir al modelo de

Austeridad Republicana del nuevo gobierno federal que busca erradicar la corrupción en
los tres poderes de gobierno”.
VER MÁS
¿Quién gana 444 mil de aguinaldo, 428 mil por asignaciones, 554 mil por riesgo? En el
Poder Judicial…
Los firmantes exigieron que, con la autoridad soberana que les confiere el artículo 39
Constitucional, sean removidos los ministros Luis María Aguilar Morales, presidente de
la Suprema Corte, y Alberto Pérez Dayán.
También exigieron que se inicie un proceso de investigación a dichos ministros por
presunta corrupción y que sean inhabilitados para tomar algún cargo en el periodo que
dure la misma.
“Damos de plazo hasta el día 30 de diciembre del presente año para que los ministros
previamente señalados renuncien a su cargo y abandonen el edificio de la SCJN”,
solicitaron.
Licitaciones petroleras: cancelación histórica
E
n respuesta a solicitudes de la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
canceló ayer dos rondas de licitaciones para asignar a empresas privadas diversas áreas terrestres de Veracruz,
Tabasco y Chiapas, equivalentes a 4 mil 681 kilómetros cuadrados. Asimismo, el órgano regulador acordó
diferir hasta agosto una convocatoria a corporaciones particulares para asociaciones estratégicas con Petróleos
Mexicanos (Pemex) en áreas terrestres de 300 kilómetros cuadrados en Tamaulipas y 37 áreas terrestres de
dimensiones no especificadas en Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y cuencas del sureste.
Luego de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales del primero de julio, la
CNH reiteró que las licitaciones programadas en la administración anterior se llevarían a cabo a pesar del
cambio de gobierno. Sin embargo, tras el exhorto de la Sener, hecho el lunes anterior para que revisara los
alcances del proceso de licitaciones y evaluara los resultados y avances de los contratos vigentes de exploración
y extracción de hidrocarburos, el órgano regulador terminó por dar marcha atrás.
Los hechos comentados representan un viraje histórico en la política petrolera implantada tras la aprobación de
la reforma energética, en 2014, que consistió en entregar a manos llenas concesiones a corporaciones privadas
extranjeras y nacionales, en condiciones de mínimo control y verificación del cumplimiento de los términos
contractuales, y en restringir al máximo posible las actividades de Pemex.

En consecuencia, la producción nacional de hidrocarburos se desplomó, los concesionarios se quedaron muy
por debajo de los volúmenes de extracción que el gobierno de Enrique Peña Nieto había prometido alcanzar y,
lo peor, la renta petrolera del país, que llegó a representar 40 centavos de cada peso del presupuesto público, se
redujo en 50 por ciento, lo que explica la concatenación de la reforma energética con una reforma fiscal que
habría de compensar por la vía impositiva los recursos que el Estado iba a dejar de percibir por ventas de
petróleo.
Si bien el actual mandatario no prometió abrogar la reforma energética, sí se refirió a la necesidad de reorientar,
incluso con el marco legal aún vigente, las políticas energéticas, a fin de recuperar los niveles de producción de
hidrocarburos y de reconstruir Pemex a partir del ruinoso estado en que los gobiernos neoliberales dejaron a la
antigua paraestatal. Una condición fundamental para conseguir esos objetivos era lograr que la CNH colaborara
con los nuevos lineamientos gubernamentales, algo que parecía difícil, habida cuenta que tanto ese organismo
como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros del mismo corte fueron establecidos justo para
asegurar la persistencia de las orientaciones neoliberales, entreguistas y antinacionales que caracterizaron a la
reforma energética. Pero, pese a todo, a la vista de las decisiones referidas, parece que el nuevo gobierno está
logrando alinear a tales instancias.
No es un asunto menor. A la rotunda falta de resultados de la política energética privatizadora y de su fracaso en
términos económicos, debe agregarse el hecho de que la concesión de grandes extensiones a las corporaciones
energéticas transnacionales y nacionales debilita objetivamente la soberanía nacional y reduce las posibilidades
del Estado mexicano de ejercer el pleno control en el territorio nacional. Por ello, la cancelación de las
licitaciones por parte de la CNH es un hecho histórico positivo que produce alivio y optimismo.
Dinero
Primera semana de AMLO: suben reservas internacionales // Paran en seco la privatización del petróleo //
Infonavit: deudas eternas
Enrique Galván Ochoa
A
nuncia
a 174 mil 118 millones de dólares, dice. ¿Y los chamanes que predecían una fuga de capitales de tales
dimensiones que iban a vaciar las arcas de banco central? Sin embargo, antes de su derrota electoral, el
prianismo asestó un golpe duro a las reservas, con las subastas de dólares para detener la devaluación del peso.
No consiguieron el objetivo, pero salieron del banco central alrededor de 100 mil millones de dólares que
fueron subastados a precios blandos exclusivamente a bancos comerciales; los revendieron con ganancias. La
meta futura debe ser aumentar las reservas a 200 mil millones de dólares.
Paran privatización del petróleo
El nuevo gobierno paró en seco el saqueo de la riqueza petrolera del país. La Comisión Nacional de
Hidrocarburos comunicó que “canceló la segunda y tercera licitaciónes de la Ronda Tres, como resutado de la
exclusión del total de las áreas contractuales por parte de la Secretaría de Energía”. Asimismo, la comisión
modificó, a solicitud de la titular de la misma secretaría, Rocío Nahle, el calendario del proceso licitatorio
relacionado con las asociaciones de Pemex con empresas privadas.Se trata del semáforo rojo que decretó López
Obrador para darse tiempo y revisar los resultados y avances de los contratos de exploración y extracción
vigentes. El ex secretario Pedro Joaquín Coldwell metió el acelerador los últimos meses del sexenio para
privatizar lo más que pudo. Si el prianismo hubiera ganado las elecciones, en este sexenio habría consumado
entregar a intereses extranjeros y nacionales privados lo que es patrimonio del pueblo mexicano.
Comiendo pichón
Hace una semana el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México lanzó una oferta de recompra
por mil 800 millones de dólares de los bonos emitidos para financiar su construcción, lo que inicialmente causó
alivio entre los inversores, aunque algunos se mostraron reticentes; no pegó la oferta.
Ayer, la secretaría de Hacienda mejoró sustancialmente la oferta al grupo conocido como MexCat: está
dispuesto a pagar 100 dólares más: mil dólares por cada mil dólares de bonos emitidos… más intereses. La
propuesta incluye un cambio en los incentivos para los bonistas, pues recibirán 10 dólares por cada mil que
hayan invertido en caso de que decidan venderlos. Y de pilón, los tenedores que no quieran vender, pero que
acepten el cambio en las condiciones de los contratos, también recibirán los mismos 10 dólares por cada mil que
hayan invertido.En otras palabras, están comiendo pichón. Tienen agarrado del pescuezo al fideicomiso con la

amenaza de que si no paga lo que piden, las consecuencias serían muy negativas para el buen crédito
internacional de México. La verdad es que, aun cuando se quejan, están haciendo uno de los mejores negocios
de su vida.
Ombudsman social
Asunto: los intereses en Infonavit
Ojalá el presidente haga algo pronto por los préstamos del Infonavit. Me prestaron hace 16 años 250 mil pesos,
y ahora debo más de 500 mil y cada día más; no le veo el fin a esta deuda. Gracias por el espacio, mínimo para
desahogarme.
Ana Hernández
R: El Instituto perdió el sentido social con el que fue creado, y se convirtió en un foco de corrupción. Atar los
intereses a los aumentos del salario mínimo fue una disposición equivocada. En toda la República hay
enjambres de pichonavits abandonados, cuyos dueños ya no pudieron pagarlos.
Twiteratti
Ni los mercados están ligados a la eficiencia ni los altos sueldos a la incorruptibilidad. Es hora de asumir que la
meritocracia es el verdadero atole que le dieron a los mexicanos con el duro dedo del neoliberalismo.
@BandaDelAzufre
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
Correo: galvanochoa@gmail.com
Astillero
AMLO y su necesidad de fiscal propio // Batallas judiciales // Presidente que no se cuida // Remuneraciones y
bonos
Julio Hernández López
▲ A LA RECONSTRUCCIÓN, $10 MIL MILLONES. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó
ayer el Programa Nacional de Reconstrucción, al que destinará el próximo año 10 mil millones de pesos en
apoyo de los damnificados por el sismo del 19 septiembre de 2017.Foto Cristina Rodríguez
A

la tentación original se ha sumado el desenvolvimiento de una cantada reyerta con el Poder Judicial. No es
solamente un asunto de criterios judiciales en conflicto o de esquemas administrativos que quisieran contar con
un propio en la Fiscalía General de la Nación: el obradorismo considera necesario, indispensable, conjurar las
posibilidades de golpes judiciales similares a los que han sido armados (el ejemplo inmediato, en Sudamérica)
para entrampar o deponer a políticos de izquierda o progresistas llegados a la presidencia de su país.
Bajo esas consideraciones de proteccionismo imprescindible, puede decirse que el obradorismo jamás pensó en
ceder la plaza de la nueva fiscalía a un personaje eventual, azaroso, emergido, propuesto o avalado por la
discutible textura de las agrupaciones de siglas y activistas que suelen asumirse como representantes de la
sociedad civil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador requiere a un personaje de su cercanía política y afectiva en el
máximo cargo de procuración nacional de justicia, lo cual es una expresión de premodernidad y aumenta la
concentración de poder en una persona, pero las primeras batallas, y la previsión de una guerra mayor, en
términos políticos y judiciales, lleva al tabasqueño a atrincherarse y a acentuar el factor de la lealtad entre sus
filas.
De por sí, López Obrador vive cotidianamente expuesto a un riesgo inaceptable para quien valorase no sólo su
vida personal, sino la importancia de preservarla para cumplir con un proyecto superior, el de gobernar a un país
en crisis y tratar de conducirlo a mejorías sustanciales. De manera irresponsable, casi con fanfarronería
adolescente, López Obrador presume diariamente la carencia de un equipo de seguridad profesional a su
alrededor y crea escenarios de riesgo en los lugares públicos a los que acude y, en especial, en los vuelos
comerciales que aborda.
Con aire místico dijo en días pasados que él ya no se pertenece, pero esa vida, que se supone está consagrada a
magnos propósitos, no es cuidada conforme a la importancia de la misión autodefinida en términos de
desposeimiento de decisiones individuales. La propia Beatriz Gutiérrez Müller, en un proceso que hace suponer
que tendrá respuesta conyugal, ha abogado en favor de que su esposo cuente con vigilancia de primer orden.
El acecho de lo judicial y lo económico está a la vista. Jueces, magistrados y ministros, además de personal de
niveles burocráticos medios del Poder Judicial Federal, han encabezado una rebelión jurídica a la que se están
sumando miembros de otros organismos autónomos y, de manera menos abierta, las directivas de los partidos
que se oponen al imperio de Morena.
El tema de la remuneración de esos servidores públicos será el primero de una serie de litigios que podrán
entablarse respecto de puntos clave del proyecto general obradorista. Juzgados extranjeros podrían terminar,
incluso, resolviendo los diferendos con los tenedores de bonos del proyecto de construcción en Texcoco de un
nuevo aeropuerto, inversionistas que están rechazando en primera instancia la propuesta de recompra del nuevo
gobierno federal, seguramente con un propósito especulativo que termine por darles mayores ganancias (y
mayores pérdidas al erario mexicano) e incluso con un objetivo que va más allá de los dólares en juego:
confirmar a López Obrador el poder de los mercados al encarecer y obstruir la continuidad del proyecto de
Santa Lucía y los aeropuertos ya existentes. En ese contexto, López Obrador impulsa que la Fiscalía General de
la Nación no se convierta en un instrumento de desestabilización de su gobierno.
Por otra parte, se informa que esta columna se declarará en modo vacacional a partir del próximo lunes 17,
cuando suspenderá su publicación para ser reanudada el lunes 7 de enero del siguiente año, en una necesaria
tregua de tecleo que permitirá recargar baterías para un 2019 de intenso trabajo periodístico.
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
México SA
Impuestos y corporativos: ¡al abordaje! // Privilegios fiscales a grandes consorcios
Carlos Fernández-Vega
D
e lo bien que ha funcionado la reforma fiscal presentada por la dupla Peña Nieto-Videgaray, y lo mejor que
resultó el apotegma que le dio sustento: pagarán más quienes ganen más, da cuenta la siguiente información,
publicada el lunes anterior en La Jornada (Israel Rodríguez):

Sólo nueve grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concentraron el año
pasado 81 mil 70 millones 700 mil pesos en impuestos diferidos, facilidad que otorga la ley para postergar el
pago de contribuciones, pese a que en conjunto reportaron ventas por 2 billones 958 mil millones de pesos, cifra
equivalente a 52 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que se estima alcanzará 5.6
billones de pesos. El monto de contribuciones diferidas el año pasado es ligeramente inferior a los recursos
destinados a salud hasta el tercer trimestre de este año, cuando alcanzaron 89 mil 471. 5 millones de pesos.
Queda claro que quienes ganan más cada vez pagan menos impuestos, amparados en los compadrazgos
políticos, el intercambio de favores y las aportaciones empresariales a las campañas políticas, círculo que no
sólo ha dañado en particular al erario y a la economía mexicana en su conjunto, sino al sano desarrollo de la
democracia en México. ¿Qué grupos empresariales se beneficiaron con la generosa política de impuestos
diferidos? No hay que rascar mucho: son los mismos de siempre, que han gozado de todos los apoyos y
canonjías otorgadas por, cuando menos, los seis gobiernos neoliberales (cuatro priístas, dos panistas).
En la relación de consorcios están Grupo México, propiedad del tóxico empresario Germán Larrea; América
Móvil y Grupo Carso, propiedad del hombre más rico de México, Carlos Slim; Fomento Económico Mexicano
(Femsa), que preside José Antonio Fernández, El Diablo; Walmart, subsidiaria de la trasnacional estadunidense
del mismo nombre, que acapara el mercado de las tiendas de autoservicio; Bimbo, de la siempre pía familia
Servitge, defensora a ultranza del pederasta Marcial Maciel, así como Kimberly Clark, con el chile de todos los
moles empresariales a la cabeza, es decir, el cínico Claudio X. González. En el reporte referido no aparece la
banca, pero durante largos años la que opera en el país gozó del privilegio de los impuestos diferidos, a pesar de
las voluminosas cuan crecientes utilidades netas que obtiene en el mercado mexicano, mientras el gobierno y
los barones del dinero tuvieron la cortesía de cargar a los mexicanos la factura del rescate bancario de 1995
(Fobaproa), el cual, dicho sea de paso, desde entonces no han dejado de pagar y de todas formas a estas alturas
registra un saldo cercano a un billón de pesos.
Espeluznante información de lo que sucede en el ámbito tributario, aunque no es la excepción sino la regla. Por
ejemplo, en noviembre de 2009 (año de anorexia fiscal, según calificativo del entonces secretario de Hacienda,
Agustín Carstens) en este espacio se denunció que al cierre del tercer trimestre 60 corporativos que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores reportaron impuestos diferidos (causados, pero no enterados) por 232 mil millones
de pesos.En aquel entonces los nombres de empresas y empresarios beneficiados con dichas prácticas fiscales
resultaron ser los mismos que hoy se denuncian, todos ellos pertenecientes al selecto grupo que a lo largo de 36
años hicieron de México su negocio particular. Y, sí, antes como ahora el cínico de Claudio X. González
Laporte dice: ¡presente!
Las rebanadas del pastel:
De la lectoría y el siempre eficiente Poder Judicial del país: estoy involucrada en un juicio que lleva más de
nueve años y ha costado sólo en abogados más de un millón de pesos. Los jueces no revisan los expedientes,
siempre tienen permisos por diversas causas y en ocasiones se venden a quien paga por una resolución
favorable. Para acabar pronto: en México no hay justicia (María Elena Castro, marielcastro2000@yahoo.com)
Twitter: @cafevega
cfvmexico_sa@hotmail.com
Luz verde para la elección del primer Fiscal General
del país: aquí los pasos del proceso
El Senado será el responsable de elaborar una lista inicial de 10 candidatos. Quien resulte electo deberá preparar
un plan de transición y de posibles modificaciones y reformas que fueron pospuestas.
Cuartoscuro
Arturo Angel (@arturoangel20)
#@arturoangel20 diciembre 12 2018 08:05
FONDEA el periodismo independiente
Con la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, quedó libre el terreno para que el Poder Legislativo y el Ejecutivo lleven a cabo el procedimiento de

análisis y selección de la persona que encabezará la nueva institución. No obstante, la norma aprobada dejó
fuera modificaciones y propuestas que la sociedad civil buscaba para dotarla de mayor autonomía.
Quien resulte electo como primer Fiscal General del país no solo tendrá a su cargo dirigir la institución sino
diseñar, en un periodo de un año, un “Plan Estratégico de Transición” a partir de un diagnóstico de los recursos
humanos, materiales y financieros que hoy tiene la Procuraduría General de la República – que desaparece – así
como de los casos que deja pendientes.
Pero además el fiscal deberá preparar una convocatoria pública para estudiar todas las reformas constitucionales
y modificaciones legales que la sociedad civil y los especialistas propusieron y que, por ahora, quedaron fuera
de la norma aprobada por los senadores y los diputados.
A continuación Animal Político te presenta cual es el procedimiento que se seguirá para la elección del fiscal de
acuerdo con la Constitución (que a su vez contempla la posibilidad de que hay un fiscal interino), y cuáles son
los puntos pendientes que el colectivo ciudadano #FiscalíaQueSirva impulsará para que sean parte de una
eventual reforma.
Lo que sigue: elegir al fiscal
Los diputados aprobaron sin ningún cambio el dictamen que les había enviado el Senado para expedir la Ley de
la Fiscalía General de la República. Se prevé que esta misma semana se envíe al Poder Ejecutivo para que, a su
vez, lo publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.
Ello permitirá al Congreso hacer una declaración protocolaria con la cual queda extinta la actual PGR y nace la
nueva fiscalía de carácter autónomo.
Cumplido lo anterior arrancará formalmente el procedimiento para la elección del titular de la Fiscalía General
el cual consta de tres pasos.
Primero: El Senado contara con un plazo de veinte días para elaborar una lista de diez candidatos al cargo de
fiscal la cual deberá ser aprobada con, por lo menos, el voto de dos terceras partes de los senadores. Dicha lista
la enviará al Presidente.
(Si este lapso llegara a transcurrir sin que el Senado elabore la relación de diez candidatos, la Presidencia podría
elaborar una terna para enviarla a los senadores y designar, mientras tanto, un fiscal provisional).
Segundo: Una vez que la Presidencia cuente formalmente con la lista de diez candidatos, el Senado tendrá diez
días hábiles para elegir a tres de ellos y los enviará para su consideración a la Cámara Alta.
(Si se diera el caso extraordinario de que el Ejecutivo no enviara la terna en el referido plazo, los senadores
podrán elegir al fiscal a partir de la lista de diez candidatos)
Tercero: Una vez recibida la terna de Presidencia, el Senado citará a los candidatos a comparecer y presentar su
postulación para el cargo, y elegirá entre ellos al Fiscal General. Todo ello en un plazo de diez días como
máximo.
(En el caso extraordinario de que el Senado no eligiera al fiscal en el plazo que marca la Constitución, la
Presidencia elegirá al fiscal entre los candidatos de la terna final).
Cabe señalar que actualmente la PGR se encuentra a cargo del subprocurador Alejandro Gertz Manero quien no
puede convertirse en automático en nuevo Fiscal General.
No obstante, en un comunicado emitido ayer, el colectivo #FiscalíaQueSirva expresó su preocupación respecto
a que Gertz sea nombrado como coordinador general de la nueva fiscalía, segundo cargo de mayor peso en la
estructura de la institución y el cual no requiere un procedimiento de selección público.
Lo que quedó pendiente: reforma constitucional y cambios a la ley para mayor autonomía
Ni la Cámara de Senadores ni la de los Diputados aceptaron incluir – por ahora – una serie de cambios y
propuestas que el colectivo #FiscalíaQueSirva había propuesto para dotar de mayor autonomía a la Fiscalía
General.
En el artículo trece transitorio de la Ley Orgánica aprobada quedó establecido que dentro de un año se
convocara a un proceso para analizar y en su caso ejecutar estos cambios. No obstante, los especialistas de la
sociedad civil indicaron que buscaran que los cambios puedan materializarse desde la primera mitad de 2019.

La petición primaria impulsada por el colectivo, y que quedó pendiente, es una reforma constitucional al
artículo 89 y 102 de la Constitución que regula el procedimiento de selección el fiscal general. La propuesta de
la sociedad civil es que se excluya la participación del presidente en el nombramiento y remoción del fiscal y
que, en cambio, se cree un comité ciudadano de designaciones que trabaje con el Senado los nombramientos.
Otra modificación propuesta por el colectivo y que fu pospuesta es la modificación de diversos artículos
transitorios de la Ley Orgánica aprobada que plantean que, en automático, los recursos humanos de la PGR
formarán parte de la nueva fiscalía.
De acuerdo con los expertos esto pone en riesgo una transición real de la PGR a una fiscalía autónoma y podría
favorecer solo un cambio de nombre o la simulación. La propuesta que hacen, en cambio, es que el personal de
PGR quede sometido a un proceso de selección y evaluación conforme al Plan Estratégico de Transición que
diseñe el Fiscal General.
Además las organizaciones de la sociedad civil también proponen cambios para acotar las funciones del
denominado Coordinador General, servidor público de mayor jerarquía en la nueva institución, solo después del
Fiscal General. Entre ellas se busca que su nombramiento pueda ser revisado y, en su caso, revocado por el
Senado.
Lo que argumentan los expertos para este cambio es que la figura del coordinador quedó demasiado
empoderada en la nueva ley, pues se le atribuyen facultades como elaborar las normas y políticas de las
unidades de investigación, verificar el servicio profesional de carrera, resolver conflictos de competencias,
suplir de forma permanente al fiscal, entre otros.
La propuesta es que se acoten las funciones señaladas anteriormente y que se modifique el proceso de
designación del mismo. Ello para evitar que, a la postre, la Fiscalía General que debería ser autónoma tenga de
facto un “segundo fiscal” en la figura del coordinador, pero selecciondo sin contrapesos.
El colectivo #FiscalíaQueSirva también subrayó que es importante que se hagan modificaciones a la ley para
que el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses que nace con la Fiscalía sea reconocido como una
parte de la misma pero que no cuente (como quedó plasmado en la Ley aprobada) con un consejo integrado por
los fiscales, ya que ello podría limitar su autonomía técnica.
Por el contrario, se propone que se añada un nuevo artículo que detalle las funciones del Instituto de Servicios
Periciales. Entre esas funciones estaría, por ejemplo, crear una Base Nacional de Información Genética que
agrupe la información de ADN de familiares de personas desaparecidas.
Entre otros cambios propuestos que quedaron pendientes está la inclusión de una lista de hechos graves por los
cuales puede ser removido el Fiscal General, y especificar el nombramiento de funcionarios acorde con el
Servicio Profesional de Carrera.
La nueva Fiscalía General
En septiembre pasado Animal Político dio a conocer el borrador del dictamen en el cual se especificaban las
nuevas funciones de la Fiscalía General. Posteriormente se hicieron algunas modificaciones en el Senado, pero
la estructura general propuesta se mantuvo.
La nueva Fiscalía General, al igual que la PGR, será la responsable de investigar los delitos del orden federal.
Pero la diferencia central es que será un órgano autónomo pues ya no se tratará de una dependencia federal más,
ni su titular estará bajo la jefatura jerárquica del Presidente de la República.
Como ya se explicó el Fiscal General será nombrado y removido en un procedimiento que involucra tanto al
Poder Legislativo como al Ejecutivo. Habrá además cuatro fiscalías especiales: delitos electorales,
anticorrupción, derechos humanos y asuntos internos, cuyos titulares serán nombrados por el fiscal general, en
un procedimiento que podrá ser revisado y objetado por el Senado.
Una de las partes más innovadores de la nueva institución es que su actuación será regida por el denominado
“plan de persecución penal”, que es la estrategia que deberá definir el Fiscal general para orientar los recursos
humanos y materiales de la institución de acuerdo con la incidencia delictiva que se busque atacar. Este plan
deberá contar con indicadores y metas claras para evaluar si la estrategia se cumple o no.

Foto: Twiter @SEGOB_mx
La Secretaria de Gobernación renuncia a su salario en
el Gabinete de AMLO; se queda la pensión
Por Sugeyry Gándara
La Ministra en retiro también informó que realizó una visita sorpresa a la
estación migratoria de Iztapalapa donde no le gustaron las condiciones en las
que se tienen a las personas que ahí esperan.
“En general las condiciones no me agradaron nada. Vamos a cambiar la
política, vamos a tener a los migrantes como una persona con derechos
plenos”, dijo.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Corderoanunció que ha decidido no gozar de dos ingresos provenientes
del Gobierno federal, por lo que conservará la pensión de la que goza por sus 21 años en
la Suprema Corte, pero donará el sueldo que a partir del próximo 15 de diciembre
recibirá por estar en el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
“Yo estoy aquí por el proyecto de Andrés Manuel, yo estoy convencida del proyecto de
Nación del Presidente López Obrador”, dijo. “He decido no tener dos sueldos o dos
prestaciones, porque una es una pensión, y a partir del día 15 que recibo mi primer sueldo
será donado a una casa hogar para niños con discapacidad en Querétaro”, anunció.
Detalló que su salario será de poco más de 107 mil pesos. Para términos legales y
financieros, el sueldo se verá reflejado en su cuentas, pues explicó que este salario
primero va a tener que entrar a su patrimonio, y en un segundo momento, de inmediato,
hará la transferencia a la casa hogar.
En rueda de prensa, la funcionaria enfatizó que la única percepción que tiene es de su
pensión. “Es inexacto que reciba otra prestación, simplemente es mi pensión lisa y llana.
Mi esposo cuando salí de la Suprema Corte me dijo `te voy a regalar un automóvil”,
comentó, al precisar que el vehículo Jeep Cherokee fue un obsequio de su pareja.

Inician procedimiento legal contra CEA por obra suspendida en Mixteca

Inician procedimiento legal contra CEA por obra suspendida en Mixteca

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Inician procedimiento legal contra CEA por obra suspendida en Mixteca

Similar a Inician procedimiento legal contra CEA por obra suspendida en Mixteca (20)

Más de megaradioexpress

Más de megaradioexpress (20)

Último

Último (15)

Inician procedimiento legal contra CEA por obra suspendida en Mixteca