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FundaRedes a través de su
red de activistas, defensores y el
observatorio de derechos
humanos en la zona fronteriza del
país, ha monitoreado
constantemente las vulneraciones
de derechos humanos en los
estados Amazonas, Apure, Bolívar,
Falcón, Táchira y Zulia. A partir del
registro diario realizado por los
voluntarios y activistas, se
obtuvieron datos relevantes para
la elaboración de este informe en
su primera edición.
Resulta alarmante la
situación de deterioro del sistema
de servicios públicos a nivel
nacional, FundaRedes pudo
documentar alrededor de 50
protestas y denuncias en el último
mes por parte de los ciudadanos
venezolanos en cuanto a la
deficiencia para acceder a bienes
y servicios. Cabe resaltar el caso
del servicio precario de agua
potable, situación que se repite en
los 6 estados fronterizos. En medio
de la pandemia a causa de la
Covid-19 que amerita unas
estrictas medidas de higiene, la
población se ve desprotegida por
un Estado que implementa
políticas públicas erradas para
garantizar el acceso a los servicios
públicos, obligación que les
compete a las empresas estatales.
Además, numerosas protestas por
gas doméstico se llevaron a cabo
en este mes, la falta del mismo y las
constantes fallas del servicio
eléctrico ocasionan que diversas
comunidades de los estados
fronterizos exigieran estos servicios,
pues son vitales para cubrir
necesidades básicas como la
alimentación. Fogones de leña,
han sido los medios improvisados
para la preparación de alimentos,
pero estos no son la solución, ya
que el humo emitido por los
mismos, afecta la salud de los
ciudadanos.
Estas carencias no son las
únicas que padecen los
venezolanos, a ello se le suma
también la dificultad para
acceder al suministro de
combustible. La falta de inversión
por parte del Estado a la industria
petrolera ha desencadenado el
deterioro de la misma, y a su vez, la
escasez de gasolina en todo el país
ocasionando la necesidad de
importarla.
Los fuertes racionamientos
eléctricos debido a la poca o nula
atención del sistema eléctrico
nacional tienen en crisis a los 6
estados fronterizos, los cuales se
ven en penumbras por los
prolongados cortes de los que son
víctimas que producen el daño de
equipos e imposibilitan el goce
pleno de derechos fundamentales
como la alimentación, la
educación y el trabajo, siendo
estos últimos afectados
directamente como
consecuencia de las medidas de
distanciamiento y prevención
frente a la Covid-19.
En este contexto, se
presentaron protestas por parte de
los trabajadores de la educación,
quienes manifestaron sus quejas
respecto a las condiciones de sus
actividades, por ello, denunciaron
la falta de herramientas para llevar
a cabo las actividades
académicas que, por la situación
actual, desarrollan de manera
virtual. También, manifestaron la
precaria condición que atraviesan
debido a sus bajos salarios que no
son suficientes para cubrir sus
necesidades básicas de
supervivencia como la
alimentación.
Lo mencionado
anteriormente, se muestra como
una agudización de la
emergencia humanitaria compleja
que afecta a los ciudadanos
venezolanos y la cual
desencadena un fenómeno
migratorio significativo en la
región.
En condiciones inhumanas
atraviesan el territorio nacional
aquellas personas que huyen de la
crisis económica, política y social
que protagonizan el panorama
venezolano, se desplazan
caminando hasta los estados
fronterizos para trasladarse hacia
los países vecinos, principalmente
a través de las fronteras del estado
Táchira con el departamento del
Norte de Santander en Colombia,
estos territorios son testigos de los
cientos de venezolanos que
diariamente pasan por caminos
ilegales (llamados trochas) donde
son víctimas de la actuación
indiscriminada de los grupos
armados irregulares que operan
abiertamente en este territorio.
Familias separadas, niños
abandonados y en condiciones de
vulnerabilidad, son el resultado de
la migración forzada a la que se
enfrentan los venezolanos que
luchan por sobrevivir a la
emergencia humanitaria que se
agudiza debido a la ineficiencia
de un Estado que ha
implementado políticas erróneas y
que terminan de debilitar el
sistema público nacional. Esto ha
repercutido no solo en el acceso a
bienes y servicios, de la misma
forma, el ecosistema venezolano
se ha degradado por la falta de
medidas para preservar el medio
ambiente en distintos ámbitos, los
derrames petroleros y la minería
ilegal son parte de los hechos que
inciden en la alteración de la flora
y fauna venezolana;
adicionalmente, representan una
violación de derechos humanos
por el abandono en la
preservación del ecosistema
venezolano.
Esta serie de vulneraciones y
las ilusorias expectativas de resarcir
estas situaciones, producen un
panorama de desesperanza para
los ciudadanos venezolanos que,
abrumados por la crítica situación,
se ven en la necesidad de tomar
medidas, en muchas ocasiones,
riesgosas para sobrevivir. No es
absurdo imaginar el aumento de
una nueva oleada de migrantes
que abandonen el territorio
nacional y que se van a perseguir
un futuro, en muchos casos
incierto, pero con la esperanza de
tener acceso a oportunidades y
calidad de vida que no les
garantiza el Estado Venezolano.
FundaRedes a partir del
monitoreo diario, registra,
documenta y difunde la
transgresión de los derechos
humanos que preocupantemente
se propaga. En este sentido, resulta
imperante que quienes se
encuentran en el poder tomen las
acciones pertinentes al respecto,
pues de no darse una restitución
de las situaciones infringidas
puede acarrear una
profundización de la emergencia
humanitaria compleja que atenta
contra la vida los ciudadanos.
En este sentido, de darse
dicha profundización se
incrementarían las brechas de la
sociedad, ocasionando fricciones
por las ansias de sobrevivir en un
entorno con condiciones indignas,
en medio de unas restricciones
para acceder a bienes y servicios
que permitan satisfacer las
necesidades mínimas de vida. Este
panorama lamentablemente no
tiene miras a una pronta solución,
la deficiencia ha ocurrido por un
deterioro de más de 20 años de
falta de inversión y mantenimiento
por parte del Estado al sistema de
servicios públicos nacional, que
amerita ahora, una gran inversión
de tiempo, dinero y recurso
humano para enmendarlo y las
autoridades aún no toman las
medidas necesarias para iniciar la
recuperación del mismo.
Esto consecuentemente,
generaría un acrecentamiento del
desplazamiento interno y un
aumento de la migración forzada,
que pese al cierre de fronteras y las
restricciones de movilidad en el
territorio nacional, hoy
protagonizan el escenario político
y social de Venezuela, que surge
como parte de un instinto natural
humano de supervivencia frente a
unas condiciones deplorables de
vida y que probablemente
acarreará un aumento en las cifras
de migrantes en el 2021, en
comparación a los cientos de
venezolanos que a pesar de las
condiciones a causa de la
cuarentena por la pandemia
Covid-19 y su mayoría a través de
pasos ilegales (que son dominados
por grupos armados irregulares)
abandonaron el territorio nacional.
Monitor de frontera octubre 2020
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  • 2. FundaRedes a través de su red de activistas, defensores y el observatorio de derechos humanos en la zona fronteriza del país, ha monitoreado constantemente las vulneraciones de derechos humanos en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. A partir del registro diario realizado por los voluntarios y activistas, se obtuvieron datos relevantes para la elaboración de este informe en su primera edición. Resulta alarmante la situación de deterioro del sistema de servicios públicos a nivel nacional, FundaRedes pudo documentar alrededor de 50 protestas y denuncias en el último mes por parte de los ciudadanos venezolanos en cuanto a la deficiencia para acceder a bienes y servicios. Cabe resaltar el caso del servicio precario de agua potable, situación que se repite en los 6 estados fronterizos. En medio de la pandemia a causa de la Covid-19 que amerita unas estrictas medidas de higiene, la población se ve desprotegida por un Estado que implementa políticas públicas erradas para garantizar el acceso a los servicios públicos, obligación que les compete a las empresas estatales. Además, numerosas protestas por gas doméstico se llevaron a cabo en este mes, la falta del mismo y las constantes fallas del servicio eléctrico ocasionan que diversas comunidades de los estados fronterizos exigieran estos servicios, pues son vitales para cubrir necesidades básicas como la alimentación. Fogones de leña, han sido los medios improvisados para la preparación de alimentos, pero estos no son la solución, ya que el humo emitido por los mismos, afecta la salud de los ciudadanos. Estas carencias no son las únicas que padecen los venezolanos, a ello se le suma también la dificultad para acceder al suministro de combustible. La falta de inversión por parte del Estado a la industria petrolera ha desencadenado el deterioro de la misma, y a su vez, la escasez de gasolina en todo el país ocasionando la necesidad de importarla. Los fuertes racionamientos eléctricos debido a la poca o nula atención del sistema eléctrico nacional tienen en crisis a los 6 estados fronterizos, los cuales se
  • 3. ven en penumbras por los prolongados cortes de los que son víctimas que producen el daño de equipos e imposibilitan el goce pleno de derechos fundamentales como la alimentación, la educación y el trabajo, siendo estos últimos afectados directamente como consecuencia de las medidas de distanciamiento y prevención frente a la Covid-19. En este contexto, se presentaron protestas por parte de los trabajadores de la educación, quienes manifestaron sus quejas respecto a las condiciones de sus actividades, por ello, denunciaron la falta de herramientas para llevar a cabo las actividades académicas que, por la situación actual, desarrollan de manera virtual. También, manifestaron la precaria condición que atraviesan debido a sus bajos salarios que no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas de supervivencia como la alimentación. Lo mencionado anteriormente, se muestra como una agudización de la emergencia humanitaria compleja que afecta a los ciudadanos venezolanos y la cual desencadena un fenómeno migratorio significativo en la región. En condiciones inhumanas atraviesan el territorio nacional aquellas personas que huyen de la crisis económica, política y social que protagonizan el panorama venezolano, se desplazan caminando hasta los estados fronterizos para trasladarse hacia los países vecinos, principalmente a través de las fronteras del estado Táchira con el departamento del Norte de Santander en Colombia, estos territorios son testigos de los cientos de venezolanos que diariamente pasan por caminos ilegales (llamados trochas) donde son víctimas de la actuación indiscriminada de los grupos armados irregulares que operan abiertamente en este territorio. Familias separadas, niños abandonados y en condiciones de vulnerabilidad, son el resultado de la migración forzada a la que se enfrentan los venezolanos que luchan por sobrevivir a la emergencia humanitaria que se agudiza debido a la ineficiencia de un Estado que ha implementado políticas erróneas y que terminan de debilitar el sistema público nacional. Esto ha repercutido no solo en el acceso a bienes y servicios, de la misma forma, el ecosistema venezolano se ha degradado por la falta de medidas para preservar el medio ambiente en distintos ámbitos, los derrames petroleros y la minería ilegal son parte de los hechos que
  • 4. inciden en la alteración de la flora y fauna venezolana; adicionalmente, representan una violación de derechos humanos por el abandono en la preservación del ecosistema venezolano. Esta serie de vulneraciones y las ilusorias expectativas de resarcir estas situaciones, producen un panorama de desesperanza para los ciudadanos venezolanos que, abrumados por la crítica situación, se ven en la necesidad de tomar medidas, en muchas ocasiones, riesgosas para sobrevivir. No es absurdo imaginar el aumento de una nueva oleada de migrantes que abandonen el territorio nacional y que se van a perseguir un futuro, en muchos casos incierto, pero con la esperanza de tener acceso a oportunidades y calidad de vida que no les garantiza el Estado Venezolano. FundaRedes a partir del monitoreo diario, registra, documenta y difunde la transgresión de los derechos humanos que preocupantemente se propaga. En este sentido, resulta imperante que quienes se encuentran en el poder tomen las acciones pertinentes al respecto, pues de no darse una restitución de las situaciones infringidas puede acarrear una profundización de la emergencia humanitaria compleja que atenta contra la vida los ciudadanos. En este sentido, de darse dicha profundización se incrementarían las brechas de la sociedad, ocasionando fricciones por las ansias de sobrevivir en un entorno con condiciones indignas, en medio de unas restricciones para acceder a bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades mínimas de vida. Este panorama lamentablemente no tiene miras a una pronta solución, la deficiencia ha ocurrido por un deterioro de más de 20 años de falta de inversión y mantenimiento por parte del Estado al sistema de servicios públicos nacional, que amerita ahora, una gran inversión de tiempo, dinero y recurso humano para enmendarlo y las autoridades aún no toman las medidas necesarias para iniciar la recuperación del mismo. Esto consecuentemente, generaría un acrecentamiento del desplazamiento interno y un aumento de la migración forzada, que pese al cierre de fronteras y las restricciones de movilidad en el territorio nacional, hoy protagonizan el escenario político y social de Venezuela, que surge como parte de un instinto natural humano de supervivencia frente a unas condiciones deplorables de vida y que probablemente acarreará un aumento en las cifras
  • 5. de migrantes en el 2021, en comparación a los cientos de venezolanos que a pesar de las condiciones a causa de la cuarentena por la pandemia Covid-19 y su mayoría a través de pasos ilegales (que son dominados por grupos armados irregulares) abandonaron el territorio nacional.