El pasado 19 de agosto organizaciones y movimientos sociales ligados al sector agrario iniciaron
un paro nacional que prontamente tomó el carácter de movilización popular gracias a la adhesión
de otros sectores. Trrabajadores de la salud y la educación, transportadores y también
organizaciones urbanas, de indígenas y afrodescendientes paulatinamente nutrieron las calles y
carreteras de distintas partes del país, lugares que se convirtieron en escenarios de disputa y en
los que se vivió una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y militares, caracterizadas
por el uso desmedido de la fuerza frente a las y los manifestantes.
Las demandas presentadas al gobierno nacional, y las movilizaciones que por momentos llegaron
a tener el carácter de un levantamiento popular demuestran que no se trata de un descontento
coyuntural, sino que, por el contrario, es el resultado de problemas estructurales relacionados con
el modelo productivo, el sistema político y la propiedad de la tierra, conflictos que se han
intensificado especialmente en los últimos años a partir de la entrada en vigencia en 2011 del
Tratado de Libre Comercio con Canadá y en 2012 con Estados Unidos.
Pascua Lama, la mina de oro de Barrick Gold, está congelada por decisión de la Corte Suprema de Chile. Monsanto debió paralizar la construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la población. Las grandes empresas extractivas empiezan a cosechar derrotas. En toda la región latinoamericana se suceden conflictos por la resistencia de los pueblos a un modelo que destruye el medio ambiente y limita la posibilidad de que las comunidades sigan cultivando la tierra y viviendo como ellas desean. Entre ellos, destacan los conflictos contra la minería y contra las fumigaciones y cultivos transgénicos
Especial sobre Modelo forestal “chileno”: Lucro y decadencia social ambientalCrónicas del despojo
En Chile, continúa promoviéndose aumentar la forestación en monocultivo de especies exóticas a nivel País por medio de la prórroga del decreto 701 que fue creado a inicios de la dictadura militar y que pretende en el presente, solapadamente, duplicar los monocultivos de plantaciones exóticas de pino y eucaliptus, lo que intensificaría los graves impactos que viene causando esta industria y que pretenden expandirlo en terrenos de comunidades y sectores campesinos.
Pascua Lama, la mina de oro de Barrick Gold, está congelada por decisión de la Corte Suprema de Chile. Monsanto debió paralizar la construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la población. Las grandes empresas extractivas empiezan a cosechar derrotas. En toda la región latinoamericana se suceden conflictos por la resistencia de los pueblos a un modelo que destruye el medio ambiente y limita la posibilidad de que las comunidades sigan cultivando la tierra y viviendo como ellas desean. Entre ellos, destacan los conflictos contra la minería y contra las fumigaciones y cultivos transgénicos
Especial sobre Modelo forestal “chileno”: Lucro y decadencia social ambientalCrónicas del despojo
En Chile, continúa promoviéndose aumentar la forestación en monocultivo de especies exóticas a nivel País por medio de la prórroga del decreto 701 que fue creado a inicios de la dictadura militar y que pretende en el presente, solapadamente, duplicar los monocultivos de plantaciones exóticas de pino y eucaliptus, lo que intensificaría los graves impactos que viene causando esta industria y que pretenden expandirlo en terrenos de comunidades y sectores campesinos.
Industrias extractivas, recursos naturales y derechos humanos en ColombiaCrónicas del despojo
Una síntesis de las múltiples relaciones entre las actividades de las industrias extractivas y la vulneración de los derechos humanos de la población colombiana que será descrita a continuación, refleja que las políticas de extracción minera no han generado disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de la población en las zonas de influencia, y por el contrario, las consecuencias ambientales y sociales de dichas intervenciones ponen en riesgo el goce efectivo de derechos de las generaciones presentes y futuras. Documento de Oidhaco
México: La reforma para el campo, la resistencia y la alternativaCrónicas del despojo
Lo que está en juego estos días, estos meses en México con referencia al campo no es sólo un proyecto sexenal más de reforma al medio rural; es la imposición de un modo civilizatorio que está calentando al planeta y a la sociedad global y el paciente surgimiento de una alternativa humanista, incluyente al mismo.
Impacto de políticas agrarias sobre el pequeño agricultorreynaldo19400000
El periodo entre los dos últimos censos agropecuarios —1994 y 2012— cubre la mayor parte del tramo de aplicación de políticas neoliberales, que se inician con el gobierno de Alberto Fujimori. El censo de 1994, en realidad, es una línea de base para conocer cuáles han sido los impactos de dichas políticas en la economía y la sociedad agrarias. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó recientemente los resultados finales del IV Censo Nacional Agropecuario, pero se está demorando en difundir toda la información y la base de datos. La información utilizada en este artículo proviene de algunos avances aún muy generales1.
¿Qué ocurría en 1994? El país recién iniciaba su salida de una larga crisis económica y social. La tierra, el principal recurso del campo, estaba distribuida principalmente entre pequeños y medianos agricultores, como consecuencia de la reforma agraria ejecutada entre 1969 y 1975. En esa década de 1990, el presidente Fujimori, consecuente con su opción neoliberal, desmontó varias de las instituciones públicas de apoyo a la agricultura, como el Banco Agrario y los servicios de extensión agrícola, y debilitó otras, como el INIA. Su apuesta era que la iniciativa privada sustituyese a esas entidades públicas, cosa que, como sabemos, no ocurrió.
Breve retrospectiva al conflicto minero - energético y las luchas por el agua...Crónicas del despojo
El modelo minero - energético, contrariamente a lo que pretende hoy mostrarse en la retórica del gobierno colombiano, tiene antecedentes que se remontan a más de medio siglo, en los años 50's, tiempos en los que el Banco Mundial (BM) -al que algunos consideran como el intelectual orgánico del capitalismo- con su falacia del desarrollo colonizaba los territorios latinoamericanos y definía a Colombia como un país subdesarrollado que encontraría su salvación con el extractivismo.
Industrias extractivas, recursos naturales y derechos humanos en ColombiaCrónicas del despojo
Una síntesis de las múltiples relaciones entre las actividades de las industrias extractivas y la vulneración de los derechos humanos de la población colombiana que será descrita a continuación, refleja que las políticas de extracción minera no han generado disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de la población en las zonas de influencia, y por el contrario, las consecuencias ambientales y sociales de dichas intervenciones ponen en riesgo el goce efectivo de derechos de las generaciones presentes y futuras. Documento de Oidhaco
México: La reforma para el campo, la resistencia y la alternativaCrónicas del despojo
Lo que está en juego estos días, estos meses en México con referencia al campo no es sólo un proyecto sexenal más de reforma al medio rural; es la imposición de un modo civilizatorio que está calentando al planeta y a la sociedad global y el paciente surgimiento de una alternativa humanista, incluyente al mismo.
Impacto de políticas agrarias sobre el pequeño agricultorreynaldo19400000
El periodo entre los dos últimos censos agropecuarios —1994 y 2012— cubre la mayor parte del tramo de aplicación de políticas neoliberales, que se inician con el gobierno de Alberto Fujimori. El censo de 1994, en realidad, es una línea de base para conocer cuáles han sido los impactos de dichas políticas en la economía y la sociedad agrarias. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó recientemente los resultados finales del IV Censo Nacional Agropecuario, pero se está demorando en difundir toda la información y la base de datos. La información utilizada en este artículo proviene de algunos avances aún muy generales1.
¿Qué ocurría en 1994? El país recién iniciaba su salida de una larga crisis económica y social. La tierra, el principal recurso del campo, estaba distribuida principalmente entre pequeños y medianos agricultores, como consecuencia de la reforma agraria ejecutada entre 1969 y 1975. En esa década de 1990, el presidente Fujimori, consecuente con su opción neoliberal, desmontó varias de las instituciones públicas de apoyo a la agricultura, como el Banco Agrario y los servicios de extensión agrícola, y debilitó otras, como el INIA. Su apuesta era que la iniciativa privada sustituyese a esas entidades públicas, cosa que, como sabemos, no ocurrió.
Breve retrospectiva al conflicto minero - energético y las luchas por el agua...Crónicas del despojo
El modelo minero - energético, contrariamente a lo que pretende hoy mostrarse en la retórica del gobierno colombiano, tiene antecedentes que se remontan a más de medio siglo, en los años 50's, tiempos en los que el Banco Mundial (BM) -al que algunos consideran como el intelectual orgánico del capitalismo- con su falacia del desarrollo colonizaba los territorios latinoamericanos y definía a Colombia como un país subdesarrollado que encontraría su salvación con el extractivismo.
ALAI AMLATINA, 23/10/2014.- La estrategia del caos, estructurada por el Estado mexicano para distraer la atención de la llamada opinión pública, léase sociedad, en lo referente a la entrega, al capital extranjero, de las riquezas naturales (petróleo, gas, electricidad y minería) que en conjunto representan más de 50% del producto interno bruto (PIB), hasta hoy día ha sido eficaz, aunque persiste la posibilidad de que se le salga de control. Pero, esto, es una variable que asumió el Gobierno con base en las experiencias vividas en la larga historia de represión y despojo registrada en el país.
Revista de análisis e información sobre políticas
públicas en recursos naturales, industrias
extractivas y medio ambiente.
Contenido:
Situación del extractivismo en Bolivia: Un futuro
insostenible.
Energía y clima. Las contradicciones en el escenario
Latinoaméricano.
Se profundiza la desnacionalización de la minería
La base del mercado internacional: El consumo,
cada vez menos y la destrucción, cada vez más
El Apunte: Bulo Bulo. Demasiado tarde y mal hecho
Minería: Breve retrospectiva al conflicto minero -
energético y las luchas por el agua en Colombia
Crónica de conflictos mineros en Bolivia
((Junio - Noviembre, 2013)
El Paro Nacional Agrario: un análisis de los actores agrarios y los procesos ...Crónicas del despojo
Este documento tiene la intención de hacer una lectura sobre las condiciones que estructuraron al Paro Nacional Agrario, cuales son las causas, los actores, los intereses y las tensiones, y los procesos de negociación que se llevaron a cabo. Partiremos de mencionar las condiciones políticas y económicas que llevaron al Paro; luego haremos una caracterización de los sujetos y actores, cuáles son sus intereses y necesidades, así como cuáles son sus métodos de movilización, sus agendas y sus programas sobre el agro en Colombia. Finalmente haremos un balance de los procesos de negociación que se llevaron a cabo y los posibles escenarios futuros en el debate público sobre qué hacer con el agro en Colombia
Movilización campesina en Colombia pone los reflectores sobre las semillasCrónicas del despojo
El 19 de agosto, las organizaciones campesinas colombianas iniciaron un paro nacional agrario. Bloquearon carreteras, regaron leche sobre los automóviles y básicamente dejaron de producir comida para las ciudades. ¿El problema? Que están siendo asfixiados por las políticas gubernamentales.
La extracción de materias primas para aumentar las exportaciones según la demanda a nivel mundial de los países netamente industrializados y de primer orden, afectan en gran medida las condiciones sociales y económicas de las poblaciones donde se realiza esta nefasta práctica, es decir, en los sectores subalternos de los países periféricos donde el neoliberalismo extremo, la economía transnacionalizada acompañada de la violencia para-institucional son protagonistas en la realidad nacional de dichos territorios.
El libro "Mujeres y agronegocios“analiza las estrategias de los actores del agronegocio hacia las mujeres, y el impacto que provoca en algunas comunidades campesinas que sobreviven al avance de los agronegocios en Paraguay, con especial énfasis en cómo afecta la vida de las mujeres.
El estudio fue elaborado por las investigadoras Elizabeth Duré y Marielle Palau, y cuenta con ilustraciones de Cecilia Domínguez. En la introducción al material las autoras señalan que el análisis fue realizado tomando en cuenta la situación a nivel país, y en particular en los Departamentos de Alto Paraná y Concepción, dos de los Departamentos con mayor avance de los agronegocios, en los que el “territorio verde” de la soja se impone en infinitas hectáreas, también el ganado, arroz y otros rubros, expulsando a miles de familias campesinas e indígenas, destruyendo los montes, la biodiversidad, las chacras, y afectando directamente los modos de vida y las relaciones entre las personas y la naturaleza.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Mujeres-y-agronegocios-una-aproximacion-al-impacto-y-las-estrategias-utilizadas
Es una publicación de Rocío Silva-Santiesteban y el Grupo Internacional del Trabajo sobre Asuntos Indígenas, que aborda el tema sobre el papel fundamental de la mujer indígena para plantear un cambio radical en este momento crucial de la humanidad: el cambio climático.
Pues, no es novedad que sean las mujeres las más afectadas por este fenómeno, debido a que precisamente los derechos de las mujeres continuán siendo negados en diversas formas e intensidades en todo el mundo, pero sobre todo en el hemisferio sur.
En ese contexto de desigualdad de género, las mujeres indígenas, campesinas y comuneras soportan una carga aún mayor del cambio climático porque dependen más de los recursos naturales para su supervivencia. Ello plantea una serie de desafíos por los que atraviesan las mujeres para vivir, empoderarse ante estos nuevos retos y conservar así la biodiversidad.
GRAIN: "Tratados de libre comercio: Instrumentos de desvío de poder que sojuz...Crónicas del despojo
Este cuaderno de trabajo, de GRAIN, contiene fragmentos de textos, testimonios y entrevistas para repensar los tratados de libre comercio y señalar sus nocivos efectos sobre la soberanía política, social, económica y jurídica de las naciones.
Buscamos entrever el significado profundo de tales tratados, verdaderos “instrumentos de desvío de poder para otorgarle margen de maniobra a las corporaciones y cerrar las posibilidades de que la gente acceda a la justicia”.
Los tratados internacionales de “comercio, inversión y colaboración” en realidad son marcos “jurídicos” súper poderosos, paralelos a las legislaciones nacionales, que pueden determinar muchísimos aspectos de la vida, con efectos graves y perniciosos para el presente y futuro de las poblaciones afectadas.
Ante el surgimiento global del “libre comercio”, las voces de los pueblos originarios y campesinos fueron las primeras que se alzaron para cuestionar ese modelo: 25 años después sus luchas mantienen viva la esperanza de que otro mundo es posible.
Colombia: Informe sobre violaciones a los derechos humanos basados en el géne...Crónicas del despojo
UN INFORME PARA EL COMITÉ DE NACIONES UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
72da Sesión, Ginebra, Suiza febrero - marzo 2019
En respuesta al IINFORME PERIÓDICO NOVENO DE COLOMBIA
El objetivo de este informe es complementar el informe del Gobierno de Colombia al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (“el Comité”). Ofrece recomendaciones específicas para garantizar que el Estado colombiano cumpla adecuadamente con la Convención con respecto a la protección de los derechos humanos de género de los y las afrodescendientes.
La primera sección discute la falta de inclusión adecuada de mujeres afrocolombianas en la implementación de la paz. La siguiente sección detalla la grave situación que enfrentan las mujeres afrodescendientes defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. La tercera sección describe el alcance de la violencia sexual y de género contra los y las afrodescendientes y la necesidad de que el Gobierno consulte con las autoridades afrocolombianas y las organizaciones de mujeres afrodescendientes para desarrollar medidas de protección adecuadas. Las secciones cuatro y cinco cubren la falta de acceso a la justicia y a los servicios de salud para las afrocolombianas sobrevivientes de violencia sexual y de género, respectivamente. La sección final trata sobre las amenazas al acceso a la tierra de las mujeres afrodescendientes.
La información contenida en este informe fue preparada por las siguientes organizaciones locales colombianas e instituciones académicas: el Proceso de Comunidades Negras (PCN), MADRE, y la Clínica de Derechos Humanos y Justicia de Género (HRGJ) de la Universidad de La Ciudad de Nueva York (CUNY). Además de los informes de derechos humanos y las fuentes de noticias, la información en este informe se recopiló a través de entrevistas y documentación de testimonios personales realizados en Colombia.
APDHA denuncia más de mil muertes de personas migrantes en la Frontera Sur, cuatro veces más que el año anterior.
Andalucía, 7 de febrero de 2019.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy las políticas criminales del Estado español que han causado que las personas muertas o desaparecidas durante el año pasado se multipliquen por cuatro, respecto a 2017. Al menos 1.064 personas han perdido la vida intentando alcanzar territorio español, “una cifra horrible” solo superada en 30 años de migración en 2006, con la “crisis de los cayucos”.
Los datos se desprenden del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019 Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019, que se ha presentado esta mañana, con motivo de la celebración, ayer, del quinto aniversario de la muerte de quince personas, tras la acción de la Guardia Civil, en la playa El Tarajal de Ceuta.
Informe "Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los rec...Crónicas del despojo
El “Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, elaborado por la antropóloga maya K’ichee’, Doctora y Maestra en Antropología Social Irma A. Velásquez Nimatuj, ofrece una panorámica regional sobre la temática junto con casos de estudio y recomendaciones clave.
Su elaboración se enmarca en el trabajo de colaboración entre la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), para promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.
Informe sobre el caso Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (T...Crónicas del despojo
Informe de la comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza de 16 de enero 2019
La comisión que visitó el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en agosto pasado, con base en la amplía información recopilada durante su visita, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los derechos establecidos en la “Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra”, expedida en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, el año 2010, y a otros cuerpos jurídicos que le reconocen como sujeto de derechos.
El informe de 44 páginas de la comisión señala que se están afectando y se afectarán aun más los siguientes Derechos de la Madre Tierra: derecho a la vida y a existir; derecho a ser respetada; derecho al agua como fuente de vida; derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, así como el derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados.
Así mismo la comisión constata que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las defensoras y los defensores de la Naturaleza. Violaciones que se ven agravadas por el irrespeto al marco jurídico e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Fuente: https://tipnisbolivia.org/?p=4388
Hacia un cambio transformador: las mujeres y la implementación del Acuerdo de...Crónicas del despojo
"La paz implica más que la mera ausencia de conflicto armado. Requiere la promoción e implementación de un modelo de reconstrucción que acabe con la injusticia y la inequidad, y que promueva como resultado la transformación social y la inclusión. Para las mujeres colombianas esto implica afrontar la violencia de género y la violencia sexual, como asimismo las desigualdades sociales, económicas, culturales y políticas".
Este informe, escrito con ocasión del segundo aniversario del Acuerdo Final de Paz (AFP) en noviembre de 2018, se basa en eventos celebrados por ABColombia en Londres durante el primer aniversario en noviembre de 2017, que incluyeron una conferencia y una mesa redonda de alto nivel. La mesa redonda reunió a representantes de los gobiernos, los parlamentos y la sociedad civil de varios países que han desempeñado un papel clave en el proceso de paz, entre ellos Colombia, el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega y la Unión Europea. Las discusiones y recomendaciones de estos dos eventos llevaron a la redacción de este informe que analiza los acuerdos clave que benefician a las mujeres, su nivel actual de implementación y el papel que ellas desempeñan; incorpora los problemas y análisis surgidos de la mencionada conferencia, junto a los avances en la implementación realizados hasta noviembre de 2018, y hace recomendaciones para el nuevo gobierno colombiano, los gobiernos del Reino Unido, Suecia, Noruega e Irlanda y para la Unión Europea.
Fuente: https://www.abcolombia.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Hacia-un-Cambio-Transformador-f-web.pdf
Mujeresendefensadeterritorios reflexionesfeministasfrentealextractivismoCrónicas del despojo
En este compilatorio misceláneo, voces de mujeres diversas entre las que se encuentran feministas, mapuches, lesbianas, activistas, investigadoras, abogadas, todas activas participantes de la sociedad civil, plantean reflexiones sobre el impacto diferenciado del extractivismo y generan propuestas desde el feminismo para el cambio civilizatorio que ve al patriarcado y al capitalismo como una unión pactada que se construye a espaldas y sobre las espaldas de las mujeres.
"Agroecología y feminismos" Revista Soberanía Alimentaria, Sustento y Cultura...Crónicas del despojo
Abrimos el número desde el campo, llevando a la tierra una palabra que a veces se identifica con lo urbano. De los testimonios campesinos que nos cuentan cómo sienten la palabra feminismo pasamos a pensar cómo pueden dialogar el feminismo y la agroecología. ¿Cómo es un proyecto feminista? ¿Qué aspectos son los que más cuesta transformar?
La resistencia: informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-...Crónicas del despojo
Documento de El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
Las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones, son derechos cuya expresión está siendo criminalizada cada vez con mayor intensidad. En México, a lo largo del sexenio 2012-2018, se presentaron o aprobaron leyes y reglamentaciones que pretenden, tanto a nivel federal como estatal, regular el espacio público y las expresiones de inconformidad social.
Con preocupación, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado y denunciado la
forma en la que estas leyes y reglamentaciones buscan de manera reiterada limitar, inhibir y castigar el libre ejercicio
de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la protesta, la reunión y la asociación pacífica.
Asimismo, se han documentado actos de represión y agresiones contra quienes se organizan y ocupan el espacio
público para defender sus derechos; y muchos de los casos en los que se han cometido violaciones a derechos quedan en total impunidad.
América Latina en Movimiento, No. 538, diciembre 2018
Tras el triunfo electoral del candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, en Brasil, sin haber presentado un programa definido, muchas son las interrogantes que se han puesto en la palestra, como: ¿Qué significará la presidencia de Bolsonaro, en alianza con militares y evangélicos? ¿Cuáles son las implicaciones para América Latina? Esta edición de la revista de ALAI aborda estas y otras preguntas desde diversas perspectivas y puntos de vista.
CONTENIDO
Brasil en la escena mundial
Monica Bruckmann
El estado de excepción
Ana Esther Ceceña
La política exterior y la posición de Brasil en el mundo
Samuel Pinheiro Guimarães
Tiempos de resistencia activa
João Pedro Stedile
El montaje del “mito” Bolsonaro
Osvaldo León
Una sombra sobre Brasil
J. Carlos de Asís
Los evangélicos y el poder
Joaquin Pinhiero
Neocolonialismo en Brasil: impactos económicos y socio-ambientales
Maria Luisa Mendonça
El impacto de la nueva realidad brasileña en el desarrollo científico
Alberto Santoro
En la siguiente página se puede descargar la edición digital y acceder a la página para adquirir la edición impresa:
https://www.alainet.org/es/revistas/538
Informe Grain: El acaparamiento de tierras perpetrado por los fondos de pensi...Crónicas del despojo
Desde hace una década el dinero de los fondos de pensión se invierte en la compra de tierras agrícolas. Está aumentando tanto la cantidad de fondos de pensión que invierten en tierras agrícolas como la cantidad de dinero, pero se hace discretamente. La magnitud de este fenómeno de apropiación de tierras agrícolas por parte de las financieras tiene importantes consecuencias tanto para las comunidades rurales como para los sistemas alimentarios. Dejar que las empresas se autodisciplinen con sus propias directrices voluntarias es una catástrofe segura.
Informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre ColombiaCrónicas del despojo
Informe sobre las actividades de examen preliminar
2018. Corte Penal Internacional
fuente: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Colombia.pdf
"Con la Soja al Cuello 2018". Informe sobre agronegocios en ParaguayCrónicas del despojo
El informe aporta una mirada completa de las diferentes aristas del modelo de agronegocios y sus efectos en la sociedad, la economía y el ambiente, y revela datos importantes y actualizados respecto a al modelo productivo hegemónico en Paraguay.
INFORME TODOS LOS NOMBRES, TODOS LOS ROSTROS – SEPARATA 19/11/2018Crónicas del despojo
La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo –INDEPAZ presentamos el Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos Todos los nombres, todos los rostros, sobre las situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares en los territorios.
El agua como espejo de las luchas
Una breve historia de la agricultura
Harvard y su acaparamiento de tierras
“El agua es un espejo donde puede verse cómo los campesinos del hemisferio sur del planeta padecen una guerra cotidiana que fractura sus prácticas agrícolas y les lleva a la expulsión de sus propias tierras. Cuando ni los mecanismos comerciales y políticos del ‘libre mercado’ le sirven al capital para expulsar a millones de campesinos de sus tierras, llega el momento de emplear el agua misma como arma en el proceso de despojo”, dicen varias investigaciones.
En este número Biodiversidad sustento y culturas busca sistematizar las luchas en torno al agua y las visiones que de ellas podemos invocar para entender la complejidad y la urgencia de defenderla.
Además, una infaltable historia de los orígenes de la agricultura y el fiasco de que la Universidad de Harvard sea acaparadora de tierra completan esta entrega.
América Latina en Movimiento, No. 537, noviembre 2018
Últimamente meses varios países de la región han iniciado proyectos de reformas fiscales de carácter regresivo en un marco de retroceso de indicadores sociales y económicos; algunas de éstas han recibido el rechazo mayoritario de la población. En esta edición, se plantea que las reformas deben apuntar a un mayor desarrollo social y económico de carácter inclusivo en la región, vinculado con la progresividad de los impuestos: que se grave la riqueza, la renta, la herencia y no el trabajo. Co-edición con la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.
Informe 35 del Centre Delàs: Levantando Muros. Políticas del miedo y securiti...Crónicas del despojo
Nuevo informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel.
En el aniversario de la caída del muro de Berlín, este nuevo informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, copublicado por el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel, identifica los muros físicos, marítimos, virtuales y los muros del miedo construidos por los estados en una Europa que vive un auge de la extrema derecha y que se fortifica cada vez más ante las migraciones y los desplazamientos forzados. El informe constata que "estados miembros de la Unión Europea y el Espacio Schengen han construido cerca de 1.000 km de muros, el equivalente a seis Muros de Berlín, desde los años 90, para frenar la llegada de personas desplazadas por la fuerza en Europa".
Adriana Fuentes, Alejandro Angulo S.J, Ana María Restrepo, Andrea Mayorga, Camila Carvajal Oquendo, Consuelo Corredor Martínez, Javier Lautaro Medina, Luz Elena Patarroyo López, Paula Kamila Guerrero, Rosío González Sandoval
Este número de la revista Cien Días vistos por Cinep circula cuando presenciamos el cambio de gobierno nacional. Los anteriores ocho años estuvimos, como nunca antes y como país, debatiendo el significado de la paz: completa, positiva, territorial, sustentada en los derechos de las personas víctimas, más allá de la (importante) dejación de las armas, entre otras adjetivaciones. Y así fuimos pasando de una narrativa de la necesidad de la paz a otra sobre el (in)cumplimiento y la materialización de acuerdos y sobre el papel del Estado y la sociedad civil en anular las causas objetivas del conflicto armado y en resarcir las consecuencias provocadas por la injusticia de la guerra, que le será difícil evadir al nuevo presidente.
Artículos
Editorial| Lo rural, más allá de las narrativas de paz
Acuerdos de Paz| Persistir en la implementación del Acuerdo Final: una oportunidad para cambiar la narrativa de dolor y desesperanza
Acuerdos de Paz| Erradicar la coca no arranca el problema de raíz
Acuerdos de Paz| Un nuevo enfoque para las áreas protegidas a partir de la Reforma Rural Integral
Acuerdos de Paz| Para dónde vamos con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
Educación| Plan Especial de Educación Rural (PEER), desafíos y posibilidades
Movimientos sociales| Movilización campesina en el posacuerdo
Derechos humanos| El asesinato político prefiere matar campesinos
Ciudadanías| Las juventudes rurales: una decisión crucial en la construcción de paz
"Cien Días vistos por Cinep n.° 93: el campo de la paz"
Colombia y TLC: entre la movilización y el conflicto
1. Colombia y TLC: entre la
movilización y el conflicto
Por: Lyda Forero / Danilo Urrea
Transnational Institute / CENSAT agua Viva – FoE Colombia
2. El pasado 19 de agosto organizaciones y movimientos sociales ligados al sector agrario iniciaron
un paro nacional que prontamente tomó el carácter de movilización popular gracias a la adhesión
de otros sectores. Trrabajadores de la salud y la educación, transportadores y también
organizaciones urbanas, de indígenas y afrodescendientes paulatinamente nutrieron las calles y
carreteras de distintas partes del país, lugares que se convirtieron en escenarios de disputa y en
los que se vivió una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y militares, caracterizadas
por el uso desmedido de la fuerza frente a las y los manifestantes.
Las demandas presentadas al gobierno nacional, y las movilizaciones que por momentos llegaron
a tener el carácter de un levantamiento popular demuestran que no se trata de un descontento
coyuntural, sino que, por el contrario, es el resultado de problemas estructurales relacionados con
el modelo productivo, el sistema político y la propiedad de la tierra, conflictos que se han
intensificado especialmente en los últimos años a partir de la entrada en vigencia en 2011 del
Tratado de Libre Comercio con Canadá y en 2012 con Estados Unidos.
La combinación de factores estructurales detrás de las
resistencias
Históricamente ha existido una profunda concentración de la tierra en Colombia, que se exacerbó
durante los últimos años por una contra-reforma agraria que a través de la acción paramilitar,
agenciada con mayor rigor entre los años 2002 y 2010, desplazó a 4 millones de personas de sus
territorios, y despojó a sangre y fuego 8 millones de hectáreas en las que ahora se imponen los
principales megaproyectos de empresas trasnacionales y privadas nacionales. De acuerdo con
datos oficiales1
, en los años 50 cerca del 55% de los propietarios tenían menos de 10 hectáreas y
ocupaban alrededor de 7% de la superficiedel país; en 2010 la situación es aún peor, el 77.6% de
los propietarios posee el 13,7% de la tierra.
El gobierno Santos ha presentado la implementación de la ley 1448 de 2011 como una respuesta
al problema de la tenencia de la tierra. La ley es presentada en el concierto internacional para
mostrar supuestos avances en la búsqueda de la paz, pues aparece como una respuesta a la
situación de las y los campesinos desplazados de sus territorios, pero en realidad proyecta la
creación y consolidación de un mercado de títulos de propiedad. La aplicación de la ley además ha
sido ensombrecida por el asesinato de líderes campesinos que han sido objeto de restitución de
tierras, sobretodo en la costa caribe colombiana (según datos del MOVICE, tras 5 meses de
implementación de la ley, habían sido asesinados 28 líderes2
).
Las propuestas de manejo de tierras a través de la creación de Zonas de Reserva Campesina
-ZRC-, figura reconocida por la Constitución y reglamentada en la ley 160 de 1994, han sido
rechazadas por el gobierno, como ocurrió recientemente en la región de El Catatumbo, donde las
comunidades locales se declararon en paro durante más de un mes, ante el incumplimiento de los
compromisos asumidos por el gobierno en la implementación de la ZRC para esa región. El caso
del Catatumbo es emblemático, pues luego de llegar a acuerdos con la institución gubernamental
que regula este tipo de polítcas, el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), y de
gastar inmensas sumas de dinero para la creación de la ZRC, el gobierno echo atrás la decisión,
probablemente ante la presión de las corporaciones trasnacionales y empresas interesadas en
explotar el patrimonio ambiental, el carbón y las reservas de metales en la zona.
Bajo la misma lógica, la política agraria ha privilegiado la producción agroindustrial frente a la
campesina, a través de subsidios/promoción a los grandes industriales del agro, lo que a su vez ha
favorecido el acaparamiento de tierras por parte de capitales transnacionales. La producción
agrícola se enfrenta a una de las mayores crisis en los últimos años, ante el incremento de las
importaciones a bajos precios con los que no puede competir la producción nacional. En
consecuencia, las y los productores campesinos han solicitado al gobierno políticas de protección a
1
IGAC
2
MOVICE
3. la producción interna, subsidios y control de precios tanto de los insumos como de los productos
finales.
De la misma manera, y en directa relación con las complejidades antes presentadas, la política
minero – energética del gobierno Santos que promueve proyectos extractivos a través de
incentivos y medidas de protección a la inversión extranjera, y que se garantizó con el despojo
legal y violento de los años anteriores a su mandato y cuando él ejercía como ministro de defensa,
ha tenido una férrea oposición por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos
territoriales.
Aunque el gobierno ha pretendido presentar esta política como una de las locomotoras del
desarrollo y la gran innovación económica para el país, en realidad responde al Programa de
Petróleo Minería y Gas del Banco Mundial impulsado en Colombia desde los años 50s, que se ha
expresado en la explotación de minas del tamaño de El Cerrejón en La Guajira (segunda mina de
carbón a cielo abierto más grande del mundo), o La Loma en el César, las cuales no han generado
beneficios para la mayoría de los colombianos y colombianas después de 30 años de actividades.
En lugar de ello, el empobrecimiento de las zonas mineras, los conflictos ambientales y los
desplazamientos forzados enfrentados por las poblaciones aledañas a las zonas de influencia de
estos emprendimientos hablan por sí mismos.
La política minero – energética actual en Colombia desconoce la vocación productiva del país,
ejerce presión sobre los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hidrológico y atenta contra los
principios constitucionales que instan a la garantía de un ambiente sano.
Las transformaciones estatales y las garantías jurídicas que se han entregado en las últimas dos
décadas a las corporaciones trasnacionales para la explotación del patrimonio natural colombiano
renunciando a la responsabilidad de regularlas y hacerlas responsables, sumadas al accionar
criminal de algunas de las empresas, que han reconocido su relación con el paramilitarismo y los
crímenes por los que han sido llevados a tribunales internacionales, contrastan con el discurso de
la minería como motor del desarrollo, que conlleva a la idea equívoca de convertir al país en un
enclave de extracción minera, con la consecuente reprimarización de la economía que esto
implica, la pérdida de las zonas más productivas y la desagrarización de un campo que se
vislumbra sin campesinos.
En este contexto, la combinación de las políticas minero-energética, de restitución de tierras y
agraria han ocasionado una crisis en el sector rural que se expresa también en diferentes sectores
de la estructura social y económica colombiana, que se convierte en elemento de agudización del
conflicto social, político y económico y se suma a la ya precaria situación del agro y la tenencia de
la tierra en Colombia. Las resistencias a estas políticas, las han convertido en escenarios de
disputa por parte de quienes reclaman sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales,
frente a los beneficios corporativos.
Los Tratados de Libre Comercio y la agudización del conflicto
social
La estructura productiva de Colombia se ha basado históricamente en la producción de bienes
primarios, principalmente para la exportación. En ese sentido, los productos que tradicionalmente
impulsaron la economía colombiana eran el café y sus derivados, mayor producto de exportación
hasta los años 90. Igualmente, la producción para la exportación de petróleo, carbón y banano
ocuparon un lugar central en la matriz productiva del país.
Si bien se presentó un desarrollo de industria manufacturera y de industria liviana entre los años
50 y 80, ligado a las élites productoras de café, el crecimiento de la producción industrial se
detuvo a partir de los años 90, con la implantación de políticas de liberalización comercial, que
ocasionaron un proceso de desindustrialización, con el consecuente deterioro de las condiciones
de trabajo e incremento del desempleo y la mayor dependencia del mercado interno frente a las
importaciones tanto de bienes de capital como de consumo.
4. Este proceso se acompañó de un incremento de los flujos de capital financiero, que absorbieron
recursos de los otros sectores de la economía, principalmente aquellos destinados a la provisión
de derechos sociales (por ejemplo programas de protección social), incrementando la volatilidad y
vulnerabilidad económica y, al mismo tiempo, generando una financiarización de la economía en
general y en particular de la política pública, a través de la implementación de políticas
encaminadas a garantizar la estabilidad financiera y de procesos de privatización de los sectores
de salud, pensiones y educación, que dependen cada vez más de actores financieros (como los
fondos de pensiones) para su administración. En este proceso, resultaron beneficiados grandes
grupos económicos nacionales y actores transnacionales que incrementaron su participación en la
economía colombiana.
Así, la década del 2000 culminó con una economía reprimarizada, lo que intensificaba los
problemas sociales y la desigualdad históricos. En este período, la explotación del patrimonio
natural se convirtió en el principal motor de la economía nacional, tal y como se presentó en este
escrito, y a lo que se sumó la creación de políticas encaminadas a ofrecer seguridad jurídica y
física a las inversiones extranjeras, a través de lo que se denominó búsqueda de la confianza
inversionista mediante la seguridad democrática, que en última instancia representó garantía para
la territorialización del capital trasnacional en Colombia3
.
En este contexto, el gobierno de Alvaro Uribe, y posteriormente de Juan Manuel Santos, negoció
TLCs con diferentes bloques de países, en los que la regla general fue la asimetría entre las
economías de los países. Negoció, por ejemplo con Estados Unidos, Canadá, EFTA y la Unión
Europea, y actualmente está negociando, entre otros, con la Alianza del Pacífico, Corea del Sur e
Israel.
La aprobación e implementación de estos tratados se detuvo durante varios años debido
principalmente a cuestionamientos existentes sobre la situación de derechos humanos en
Colombia. A partir de 2010, el gobierno acordó algunos parámetros de respeto a los derechos
laborales, que debían ser cumplidos en un tiempo límite (Plan de Acción-Estados Unidos, Acuerdo
de Protección Ambiental y Laboral con Canadá y Hoja de Ruta con la UE).
Sin embargo, como lo ejemplifica el caso del plan de acción con Estados Unidos, dos años después
de su firma no se han generado mejorías sustanciales en la situación laboral de las y los
trabajadores colombianos. Como se presenta en el informe elaborado por la Escuela Nacional
Sindical, aun se mantienen las contrataciones indirectas y no existen garantías para el derecho de
asociación colectiva para la mayoría de la población, solo el 30% de la población trabajadora tiene
condiciones de trabajo decente, las inspecciones laborales no han sido efectivas y se mantiene la
impunidad en un 93.4% en casos de asesinatos de sindicalistas y 99.9% en casos de amenazas;
además, durante este período se han presentado 47 asesinatos, 18 atentados de muerte, seis
desapariciones forzadas y alrededor de 760 amenazas de muerte4
.
Tampoco ha mejorado la situación de derechos humanos en el país5
y menos aun con la operación
de las empresas trasnacionales, muchas denunciadas por su accionar en los territorios (como
Anglo Gold Ashanti, Drummond, Pacific Rubiales, El Cerrejón, entre muchas otras) y por ocasionar
pérdida de soberanía territorial para las comunidades producto de la suplantación ficticia del
Estado en su responsabilidad de garantizar y efectivizar los derechos, lo que promueven a través
el lavado de imagen que les permite la aplicación de la cuestionada Responsabilidad Social
Empresarial.
Ante las críticas de diversos sectores que planteaban los efectos negativos que tendría para el
3
Ver: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Colombia: Bannacol. A company implicated in
paramilitarism and landgrabbing in Curvaradó and Jiguamiandó. FDCL – Hands off the land Alliance.
August 2012.
4
Escuela Nacional Sindical
5
Ver: OIDHACO et al y Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
5. país la firma de los TLCs, en el momento de la negociación se argumentó que habría sectores
“ganadores” y “perdedores” pero se presentaba como un acuerdo que generaría impactos
positivos para el conjunto de la economía colombiana. Para compensar las posibles pérdidas
previstas, se crearían algunos subsidios y fondos adicionales. Uno de esos fondos, Agro Ingreso
Seguro -AIS-, fue empleado para retribuir económicamente a quienes apoyaron la reelección de
Alvaro Uribe, el mismo de la seguridad democrática y la confianza inversionista, en lo que se
convirtió en uno de los casos de corrupción más sonados de las últimas décadas, pues se
demostró que los subsidios no fueron usados para apoyar proyectos productivos de economías
campesinas sino que se adjudicaron a terratenientes y sus familias, a partir de documentación
falsa. El ministro de agricultura durante el gobierno de Uribe, estuvo en la carcel por más de dos
años por su responsabilidad en este escándalo6
.
Un año después de la implementación del TLC con Estados Unidos y dos años después de la del
acuerdo con Canadá, es posible identificar algunos de los perdedores del modelo que se impulsa a
través de estos acuerdos. Son precisamente quienes han iniciado una de las más grandes
protestas en las dos últimas décadas en Colombia.
A pesar de que se presentaba el TLC como la oportunidad para incrementar las exportaciones de
bienes agrícolas que tradicionalmente se habían producido en el país, el sector rural se enfrenta a
una de las mayores crisis en los últimos años, ante el incremento de las importaciones de
productos agrícolas a bajos precios, generando una situación de desigualdad y desequilibrio en la
cual no puede competir la producción nacional. Como se puede ver en el gráfico, entre 2012 y
2011, el volumen de importaciones de bienes primarios aumentó en 45,6%, mientras que el de
exportaciones se redujo en un 1%7
.
Variación del volumen de importaciones y exportaciones de productos primarios.
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.
Los productores de café, papa, frutas, leche, arroz y hortalizas han sido los más afectados. Se trata
de productos esenciales en la canasta colombiana, lo que implica que hay cada vez una mayor
dependencia del comercio exterior para garantizar la provisión de comida en el país. Para los
últimos gobiernos, la atención se centra en la seguridad alimentaria, que bien puede consistir en
la importación de alimentos y con ello supuestamente garantizar el acceso a la comida por parte
6
Ver: http://www.cambio.com.co/paiscambio/847/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-
6185730.html
7
Ministerio de Comercio Exterior Colombiano
6. de la población, mientras que las organizaciones y movimientos sociales del campo defienden la
idea de una soberanía alimentaria, para la cual el control territorial es condición necesaria,
también así la protección especial de los ecosistemas esenciales para el ciclo hidrológico integral,
pues sin agua, la misma atacada por el modelo de desarrollo vigente, no hay posibilidad alguna de
pensar en la comida.
Los productores nacionales no sólo no cuentan con subsidios a la producción, sino que se
enfrentan a problemas estructurales como la falta de cobertura de acuedudcto y alcantarillado,
ausencia de provisión de salud o educación, deficiencia de las vías y medios de transporte para
sus productos, y altos costos de los insumos que, sumados a la ausencia del Estado como garante
de derechos sociales, han convertido la producción campesina en una actividad insostenible
económicamente. Con ello, el deterioro de las condiciones en el campo y el incremento de la
desigualdad se intensifican (la pobreza rural alcanza el 65% y la indigencia el 33%8
),
reproduciendo las razones históricas del conflicto armado.
Uno de los temas más polémicos en la negociación de los TLCs en Colombia está relacionado con
las llamadas medidas sanitarias y fitosanitarias, que reglamentan las condiciones de salubridad
para la producción y exportación de bienes agrícolas. En seguimiento a los acuerdos en esta
materia, el gobierno nacional promovió el decreto 9.70 que reglamenta el uso de semillas y
prohíbe la reutilización de las provenientes de cosechas anteriores por parte de las y los
agricultores, y los obliga a comprar semillas certificadas (normalmente producidas por
corporaciones agroindustriales), con sanciones que pueden llegar a la privación de la libertad para
quienes incumplan dicha ley. Si bien ante la presión social, el gobierno suspendió la medida, es
probable que su objetivo se implemente a través de otros mecanismos, con el objeto de cumplir
con los compromisos incluidos en los TLCs. Ello implica una pérdida total de la soberanía
alimentaria, pues la producción nacional pasa a depender de la provisión de semillas, muchas de
ellas transgénicas, al tiempo que se amenaza profundamente la riqueza cultural asociada a las
semillas tradicionales, al manejo comunitario de los bosques y de las aguas, y desaparece la
biodiversidad de la producción nacional.
Ante la situación descrita, las y los campesinos han solicitado al gobierno políticas de protección a
la producción nacional, subsidios y control de precios tanto de los insumos como de los productos
finales y garantías legales y democráticas para el acceso a la propiedad y uso de la tierra.
Conclusiones y proyecciones
Así, luego de este breve repaso a algunas de las condiciones históricas que han dado origen a la
situación actual en Colombia y que se agudizan con la entrada en rigor de los Tratados de Libre
Comercio, consideramos que el actual modelo económico ha fracasado producto de la
combinación de varios factores.
En primer lugar, la política de desagrarización del campo para permitir la entrada de productos
extranjeros y la territorialización del capital trasnacional ha generado conflictos e impactos
contundentes para la población campesina. Esto, combinado con la política minero – energética y
los conflictos que genera con el despojo territorial que le es correlativa, lleva a un escenario de
malestar social, de presión en los territorios, violación sistemática de los derechos y precarización
8
DNP
Variación Volumen Importaciones y Exportaciones de Café
2011 2012
Importaciones 43,3% 52,5%
Exportaciones 79,0% -32,8%
Fuente: Ministerio Comercio Exterior
7. de las condiciones de vida de la población étnica.
Aunque las políticas de liberalización comercial y de atracción de inversiones extranjeras
reforzadas a través de los TLC se presentaron como herramientas para desarrollar la economía
colombiana, los resultados de los primeros años de su implementación demuestran una
reprimarización del aparato productivo y una mayor dependencia del mercado exterior, que
profundiza los problemas estructurales y deteriora aún más las condiciones de vida de la población
tanto en el campo como en la ciudad, intensificando con ello los conflictos socioambientales. Sigue
siendo urgente y necesaria una política agraria que resuelva los problemas históricos y
estructurales de la concentración de la tierra y promueva la producción campesina.
Es importante tener en cuenta que no se han presentado cambios sustanciales y sostenibles en la
situación de derechos humanos y laborales en el país, lo que implica un incumplimiento de los
acuerdos firmados como condición para la aprobación de los TLCs . Aún queda abierta la pregunta
por la aplicación de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control que se establecieron en
el marco de dichos acuerdos.
Aunque los TLC se han presentado como innegociables, el despertar social en Colombia impulsa a
re negociar o suspender los Tratados ya ratificados e implementados, pero sobretodo a una
oposición argumentada, y con peso en la evidencia histórica, frente a los tratados que hoy se
pretenden firmar con Corea del Sur, Israel y la Alianza del Pacífico, Costa Rica, entre otros.
También vale la pena señalar que, las movilizaciones agrarias y populares dan cuenta de un doble
movimiento que se registra en la sociedad colombiana. Por una parte, la visibilización del
campesinado para sectores urbanos y para capas de la sociedad que nuevamente comprenden la
importancia del sector respecto a la garantía de la vida en el país. Al mismo tiempo y como la otra
cara de la misma moneda, la comprensión por parte del campesinado de ser sujeto político con el
derecho a defender la soberanía alimentaria, los controles territoriales que la garantizan y la
capacidad de desplegar poder en relaciones que históricamente han sido controladas por los
terratenientes y las élites nacionales.
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