El papel de las ONG de Derechos Humanos en el Perú
Mg. Dante Bobadilla Ramírez
Universidad de San Martín de Porres
Introducción
La paradoja y la anécdota son quizá los componentes más recurrentes de la
realidad humana. Una mirada a la historia nos revela que a pesar de todos
nuestros esfuerzos por diseñar un mundo mejor -y a despecho incluso de los
grandes conocimientos acumulados por la humanidad en el último siglo y medio-
las sociedades humanas siguen en una marcha incontenible hacia las crisis. Nada
de lo hecho parece servir sino para cambiar el escenario de la crisis y otorgarle un
nuevo sentido a la experiencia del fracaso. Peor aún, a menudo las instituciones
creadas para protegernos de los males acaban siendo nuevos males. Algo de esto
es lo que ha ocurrido con las organizaciones internacionales como la ONU y sus
satélites, decididas a impartir directivas de buen gobierno a todos los países. Pero
también ha ocurrido esto con las entidades creadas para defender los Derechos
Humanos, diseñadas para actuar en determinada coyuntura y que hoy se
enfrentan a escenarios muy distintos. Aunque el mundo ha cambiado radicalmente
en los últimos 20 años, estas instituciones permanecen ancladas en el pasado,
pues su estructura e ideología jurídica obedecen a un mundo que ya no existe.
Lo mismo ocurre con las ONGs creadas para defender los derechos humanos,
que no en pocas ocasiones han servido para defender a quienes atentaron contra
los DDHH en la época de las guerrillas y el terrorismo de izquierda. De hecho,
algunas de estas ONGs responden a las necesidades de defensa de
determinados grupos de izquierda, y están hoy manejadas por activistas de
izquierda, interesados más en proteger a sus miembros, reivindicar sus acciones y
abrirle el paso a su doctrina con un nuevo barniz de defensa de los derechos y del
ambiente. En el Perú estas organizaciones se agrupan en la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH, encargada de llevar diligentemente
los casos contra el Estado peruano ante la Corte IDH y juzgar a militares en
procesos sin fin. Es fácil advertir que existe un extraño apasionamiento en la forma
en que estas ONGs viven enfocadas en la persecución de militares y en la
búsqueda de reparaciones para terroristas y sus familias.
Una perversa circunstancia que se deriva de la historia hace que la Corte IDH esté
focalizada únicamente en el juzgamiento a los Estados y que toda sentencia
conlleve una reparación económica a la víctima. Este último hecho alienta una
abierta búsqueda de recompensas en las ONGs de DDHH, las que han pasado
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así a convertirse prácticamente en agencias de cazarrecompensas. Pero además,
la circunstancia citada las limita a ocuparse solo de cierto tipo de casos,
descuidando una inmensa cantidad de situaciones en que los derechos de las
personas se vulneran de diferentes modos y por distintos agentes. Hay pues en
todo este escenario de justicia internacional muchos aspectos que trasgreden una
real justicia de DDHH, en especial tratándose de eventos que corresponden a
vivencias históricas excepcionales como las que atravesó el Perú en la década de
los 80 y parte de los 90. A continuación revisamos la situación de los DDHH y sus
ONGs.
Perspectiva histórica
El interés por los DDHH surge en la posguerra, luego de haber sido testigos de las
masacres humanas más atroces de la historia, no solo de parte de los nazis sino
también por el comunismo. Los procesos de Núremberg sentaron las bases para
una nueva forma de percibir las acciones de guerra. De ellos nacieron las ideas
para formar más tarde las bases de una jurisprudencia internacional, entre ellas la
Declaración de los Derechos Humanos establecidas como norma internacional.
Debemos recordar que en el siglo XX se asesinaron más seres humanos que en
toda la historia anterior de la humanidad. La mayoría de estas masacres se
produjeron extrañamente en búsqueda de una quimera llamada "justicia social", en
manos del comunismo. Estos homicidios estuvieron a cargo de gobiernos
totalitarios inspirados en doctrinas utópicas y encarnadas por líderes que apelaban
a las masas para sustentarse, instándolas a defenderse de un supuesto peligro
que amenazaba su integridad como nación, clase o religión; promoviendo al
mismo tiempo un cierto tipo de ideología del odio dirigido a los que consideraban
enemigos. Estos podían ser igualmente una raza, una religión, un pueblo, país o
una clase social. Como producto de esas doctrinas fundadas básicamente en una
ideología del odio sectario se desataron dos guerras mundiales y posteriormente
diversas otras masacres de exterminio brutal por cuenta de estados totalitarios
comunistas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no alcanzó la paz sino un
nuevo estilo de violencia política de dimensiones internacionales. Por un lado el
antagonismo político y militar establecido entre las dos nuevas superpotencias
mundiales, los EEUU y la URSS, fue trasladado por este último al plano
ideológico. Ya no se trataba de cuidar la paz del mundo sino de ganar la
hegemonía mundial a través del adoctrinamiento de las personas enseñándoles a
odiar al enemigo de clase: el imperialismo norteamericano. Rápidamente los
países latinoamericanos fueron invadidos por toneladas de material literario
procedente de países comunistas, el cual era distribuido gratuitamente en las
universidades a los jóvenes, quienes sintieron recibir un llamado divino para luchar
por la tierra prometida de la justicia social.
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Durante los años 60 y 70 Latinoamérica se vio inflamada por el marxismo. El
triunfo de la revolución cubana atizó los entusiasmos de una generación de
jóvenes que soñaban con el paraíso del socialismo, donde todo sería justicia e
igualdad pues no habrían ni ricos ni pobres. Para empeorar el escenario ya
efervescente, China surgió como una nueva potencia mundial que proponía un
nuevo estilo de comunismo. La mayoría de países dominados por el comunismo
trataban de exportar su propio modelo con literatura de propaganda. Incluso
Albania exportaba en lujosas revistas su modelo de socialismo agrario. En todas
estas publicaciones se exhibía un culto delirante a la persona del líder. El
marxismo repentinamente se puso de moda en nuestra cultura y fue asumida
ingenuamente como la gran solución a todos los males de la humanidad, en
especial de la pobreza. Por desgracia se trataba de una ideología del odio. Un
odio dirigido a los enemigos de clase.
La propaganda marxista penetraba Latinoamérica culpando al capitalismo y al
imperialismo norteamericano por todas las desagracias del mundo, incluso las que
existían desde siempre. Varias generaciones de jóvenes creyeron incautamente la
propaganda comunista de la justicia social y emprendieron el activismo político de
izquierda alentados por el ejemplo cubano. Toda una generación se convenció de
que había que alcanzar el poder por las armas e imponer la justicia a la fuerza.
Más que ejemplo, Cuba se había convertido además en la plataforma
latinoamericana de adoctrinamiento y entrenamiento guerrillero marxista. Había un
plan muy concreto para desatar una ola de revoluciones marxistas en todo
Latinoamérica. Este plan provocó a lo largo de los 60 una penosa serie de
organizaciones y actividades orientadas a la acción subversiva en varios países, la
mayoría de las cuales acabaron en inútiles derramamientos de sangre. No solo
Cuba exportó guerrilleros sino también Chile y Argentina, cuyos montoneros
sirvieron de soporte a la guerrilla nicaragüense y hasta asesinaron al ex dictador
Anastasio Somoza en Paraguay.
La reacción natural de los países y gobiernos de Latinoamérica ante la ofensiva
comunista fue defenderse. Acción que estuvo a cargo básicamente de las FFAA
de cada país, contando en muchos casos con el apoyo de los EEUU. A principios
de los 80 la mayoría de estas acciones subversivas en Latinoamérica empezaron
a perder fuerza, siendo finalmente derrotadas, incluyendo el marxismo electoral
surgido en Chile, luego de que Salvador Allende lograra la presidencia de la
República gracias a ciertos acuerdos políticos en el Congreso. Allende había
recibido apenas el 36% de los votos en las elecciones de 1970, pero tras una serie
de acuerdos partidarios el Congreso lo nombró presidente. Una vez en la
presidencia, Salvador Allende no tuvo reparos para emprender una arriesgada y
apresurada política de transformaciones radicales trasgrediendo los límites de la
Constitución. El resultado obvio fue una crisis política, social y económica sin
precedentes. Allende había viajado a la URSS y a Cuba, estableciendo pactos
para convertir a Chile en la nueva plataforma sudamericana del comunismo
mundial. Como triste consecuencia de la aventura comunista en Chile se dio el
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cruento golpe de Estado del general Augusto Pinochet y el suicidio de Salvador
Allende. Al mismo tiempo se inició la diáspora de comunistas chilenos por todo el
mundo.
En el Perú la historia de la agresión comunista se prolongaría hasta finales de los
90. Las exiguas guerrillas de los 60 fueron fácilmente derrotadas por el ejército.
Luego los guerrilleros serían amnistiados y más tarde se incorporaron a la vida
política conservando un aura especial por un tiempo. Al cabo de un extenso
período de adoctrinamiento universitario en la década de los 70, la efervescencia
del marxismo cobró vida nuevamente en los 80 pero esta vez con ribetes de
genocidio salvaje. Ocurrió cuando el país había iniciado una nueva etapa de vida
democrática. La versión marxista que emprendió la última aventura comunista de
"guerra popular" se llamó Sendero Luminoso, inspirada en la revolución maoista.
Pese a que el maoismo ya había caído en desgracia en China, Sendero Luminoso
emprendió su propia versión andina de la revolución cultural rechazando el giro
político de China mediante perros colgados en los postes, con carteles que
llevaban el nombre de Deng Xiao Ping. Este gesto ya anunciaba el nivel de
desvarío y perversión mental que caracterizaría a estos nuevos revolucionarios de
la izquierda latinoamericana.
La carnicería desatada por Sendero Luminoso mediante el aniquilamiento
selectivo así como colectivo, junto a sus acciones de sabotaje, obligaron al
gobierno a incorporar a las FFAA a la lucha antisubversiva. Es necesario
reconocer que el escenario que enfrentaba el Perú en los 80 desbordaba los
cauces previstos en la Constitución. Toda Constitución se elabora pensando en
superar la experiencia directa reciente que ha vivido el país. La Constitución que
se redactó en 1978 se enfocó en proteger la democracia del acecho de los
militares. Sin embargo, lo que vino después fue algo completamente nuevo y
diferente. Hubo que llamar a las FFAA para defender la democracia atacada por
un grupo de civiles enajenados con una ideología que se descomponía en el
basurero de la historia. Había pues una abierta discrepancia entre el texto
constitucional y la nueva realidad peruana. Incluso las FFAA estaban frente a una
situación novedosa para la cual no estaban preparadas. Su doctrina de guerra se
fundaba en otros escenarios y supuestos. De este modo tanto las FFAA como la
clase política y el Estado en su conjunto se vieron sin sustento legal para enfrentar
el acoso de una banda de asesinos fanáticos. Hubo pues que improvisar en medio
del desconcierto. La realidad del Perú estaba fuera de las previsiones del marco
constitucional.
Una paradoja de la historia fue que la Constitución de 1978 tenía como premisa la
defensa de los DDHH. No empezaba definiendo a la República, como había sido
el formato de las constituciones previas y como se espera que debe ser la
constitución de un país, es decir, definiendo qué es lo que se constituye. En
cambio, su título primero estaba dedicado a la declaración de los DDHH. Declara a
la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Sin
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embargo, bajo el imperio de esta humanista Constitución el Perú vivió la época
más perversa de su historia, signada por el atropello a todos los derechos que la
persona humana puede tener empezando por la vida. La paradoja de nuestra
historia fue que bajo la Constitución más perfecta y lírica en cuanto a derechos
humanos el Perú acumuló su mayor cuota de sangre y muerte. Evidentemente las
constituciones no protegen a la sociedad solo por acumular más retórica sobre los
DDHH ni sobre la democracia. Además de exuberancia retórica alrededor de los
DDHH la Constitución del 78 incorporó medidas para evitar los gobiernos
inconstitucionales y de facto.
Detener el baño de sangre en el que se había sumergido el Perú en los 80 obligó
al presidente Alberto Fujimori a salir del marco constitucional. Perpetró así un
golpe de Estado el 5 de abril de 1992 cerrando el Congreso y adoptando medidas
extraordinarias destinadas básicamente a enfrentar el terrorismo mediante
acciones realistas y efectivas. Este golpe de Estado contó con la aprobación
mayoritaria de la sociedad que no simpatizaba con el ambiente conflictivo y
demagógico propio del Congreso, actitud que se mantiene hasta hoy como
disconformidad con la democracia formal y sus instituciones básicas. Fujimori
activó medidas efectivas contra el terrorismo como juicios sumarios en el fuero
militar y jueces sin rostro. Luego ordenó el ingreso de las FFAA en las
universidades. Solo así se pudo detener el adoctrinamiento y se impuso el orden
en los claustros, convertidos en centros de reclutamiento de la subversión.
También se impuso el orden en las prisiones, donde los terroristas actuaban
libremente al haber convertido las cárceles en talleres, imprentas y escenarios de
propaganda para la prensa internacional. Evidentemente Fujimori no podía
mantenerse con aprobación internacional gobernando sin una Constitución ni
instituciones democráticas. En consecuencia convocó de inmediato a elecciones
para conformar un Congreso Constituyente que redactaría una nueva
Constitución.
Esta situación puede ser definida como la necesidad de enfrentar situaciones
extraordinarias con medidas extraordinarias. La realidad peruana había
sobrepasado largamente todos los supuestos contenidos en la Constitución de
1978, elaborada pensando en defender la democracia de los golpes militares. La
enumeración extensiva de los derechos humanos desde el título primero iba
dirigida a imponerle al gobierno y al Estado el respeto de los individuos y de las
instituciones democráticas como premisa fundamental. Sin embargo, la realidad
fue exactamente al revés. En los años 80 los gobiernos fueron democráticos pero
el desprecio a la vida y a los derechos humanos se manifestaba en la sociedad
misma, se desarrollaba como una acción civil que desafiaba al Estado de Derecho
y al propio gobierno. Estábamos pues ante un escenario no solo imprevisto sino
completamente opuesto al que sirvió de base para diseñar la Constitución de
1978.
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La última actuación del terrorismo en el Perú estaría a cargo del MRTA en 1997,
cuando un comando liderado por Nestor Cerpa Cartolini capturó la residencia del
embajador japonés. Su objetivo era liberar a sus presos. La lista empezaba por
Nancy Gilvonio Conde, esposa de Néstor Cerpa, y los chilenos Jaime Francisco
Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado
Saavedra y Alejandro Astorga Valdés, todos ellos integrantes del MRTA. La
osadía del grupo terrorista acabó con una acción militar en la que murieron todos
sus integrantes. Tal vez podemos considerar este episodio como el último de los
acometidos por el marxismo en el continente. Desde los primeros combates en la
Sierra Maestra de Cuba, a cargo de la guerrilla castrista, hasta la muerte de los
integrantes de la también castrista MRTA en la residencia del embajador del
Japón en Lima, hay 41 años de historia en actividad subversiva a cargo del
comunismo. Actividad extendida por toda la región, desde Centro América hasta
Argentina, con resultados sangrientos y diferente suerte.
La adopción de la Corte IDH y las leyes antiterroristas
El Perú forma parte de la Convención Americana de DDHH desde el 28 de julio de
1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. El
Estado peruano suscribió la Convención el 27 de julio de 1977 cuando el Gobierno
Militar venía preparando el retorno al sistema democrático y había convocado a la
Asamblea Constituyente que sancionó la Constitución Política de 1979, en cuya
décima sexta disposición final ratificó la Convención y declaró su sometimiento a
la competencia de la Comisión y de la Corte. El depósito de la ratificación lo hizo el
Perú, oficialmente, el 28 de julio de 1978 y presentó el instrumento de
reconocimiento de la competencia de la Comisión y de la Corte, como obligatoria
de pleno derecho y sin reserva alguna, el 21 de enero de 1981, luego de instalado
el Gobierno y el Congreso elegidos en 1980.
Está claro pues que el Perú pasa a formar parte del Sistema Interamericano de
DDHH bajo un escenario muy diferente al que le tocaría enfrentar en la siguiente
década. Las intenciones política de formar parte del sistema era defender la
democracia y el abuso de poder por parte de las dictaduras militares que habían
sido una constante en toda la región, pero también dotar a la sociedad de un
instrumento de justicia supranacional que le garantice la protección de sus
derechos ante la ineficacia de un Poder Judicial a menudo sojuzgado y
comprometido con el poder político de turno. A continuación el Perú cambia de
régimen político y empieza una vida democrática con diferentes retos políticos que
exigieron la elaboración de nueva legislación, pero también enfrentó situaciones
extremas que plantearían decisiones también extremas de supervivencia.
La violencia terrorista desatada por dos grupos de izquierda -el Partido Comunista
del Perú-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru- afectó
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gravemente la vida de la sociedad peruana motivando la promulgación de leyes
especiales que tipificaron el delito de terrorismo y establecieron penas
paulatinamente más severas, dotando a las fuerzas policiales y militares de
recursos y facultades que les permitieran una mayor eficacia en la lucha
antiterrorista. Sometieron el enjuiciamiento de los terroristas a los jueces y
tribunales de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, los problemas típicos de la
justicia peruana tales como la dilación de los plazos, la sobrecarga procesal, la
falta de capacitación de los jueces ante un nuevo escenario que requería nuevos
criterios jurídicos, así como la descoordinación permanente con instituciones como
la policía y la fiscalía, hacían que el trabajo de enfrentar legalmente a la sedición
fuera imposible. A lo anterior hay que sumarle la corrupción y la constante
amenaza en que vivían los jueces por parte del terrorismo.
No había pues un escenario apropiado para enfrentar el fenómeno del terrorismo
con las armas de la ley. La burocracia jurídica así como los instrumentos legales
nunca estuvieron a la altura de las circunstancias tan graves que enfrentó el Perú
en la década de los 80. La clase política aun discutía sobre la naturaleza del
fenómeno y el Congreso se entrampaba constantemente en debates extensos y
estériles, concentrados más en investigar casos concretos, buscar responsables
políticos y castigar a los agentes militares y policiales que enfrentaban el terror.
Había una lucha desigual. Por un lado las fuerzas del orden se hallaban vigilados
y con la responsabilidad legal y política sobre su accionar, mientras que al frente
tenían enemigos que actuaban sin cuartel ni ley. Las FFAA además encaraban
una situación nueva y desconocida en su formación, pues habían sido capacitados
para pelear frente a un enemigo externo en escenarios muy diferentes. No tenían
pues ni una doctrina de guerra apropiada ni una capacitación adecuada para el
escenario que enfrentaban.
En 1990 el terrorismo había alcanzado un significativo avance y ramificaciones. No
sólo había asolado el campo sino que además se había introducido en las
ciudades y la ciudad de Lima se encontraba, realmente, en una situación de
emergencia. El Gobierno se vio, entonces, en la imperiosa necesidad de enfrentar
la violencia terrorista con una estrategia que jurídicamente se sustentara en una
normativa sumamente severa e intimidatoria que, aunque dirigida a la protección
ciudadana y a la cautela de las instituciones, podía colisionar con la Convención
de los DDHH al mermar garantías y derechos ya consagrados en ella.
Por la gravedad de la situación política interna, el 5 de abril de 1992 el Presidente
de la República Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso y procedió a
convocar de inmediato a elecciones para que un Congreso Constituyente dotara al
Perú de una nueva Carta Política. De este modo, el Poder Ejecutivo asumió la
función de legislar mediante decretos-leyes. El 7 de mayo de 1992 se puso en
vigencia el Decreto-Ley No. 25475 que estableció una nueva tipificación del delito
de terrorismo y de figuras delictivas conexas; las penas aplicables, entre ellas la
de cadena perpetua; normas para la investigación de las actividades terroristas,
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que la puso a cargo de la Policía Nacional; normas para la instrucción y
juzgamiento de los terroristas bajo la competencia de la jurisdicción ordinaria,
aunque con reserva de la identidad de los magistrados y fiscales; normas para el
ejercicio de la defensa; normas para la ejecución de las penas; y, por último, para
el régimen de visitas.
Pocos días después, el 17 de mayo de 1992 se puso en vigencia el Decreto-Ley
No. 25499, denominado Ley de Arrepentimiento, que dispuso la reducción de las
penas, su exención y aún remisión en favor de quienes habiendo participado en la
comisión de delitos de terrorismo contribuyeran a combatirlo. Ya instalado el
Congreso, por Ley No. 26220 del 19 de agosto de 1993, se pusieron en vigencia
normas complementarias a las de la Ley de Arrepentimiento y, por Ley No. 26345,
puesta en vigencia el 31 de agosto de 1994, quedó fijado el plazo hasta el 1 de
noviembre de 1994 para que los terroristas se acogieran a la Ley de
Arrepentimiento. No obstante estas medidas el terrorismo continuó
intensificándose y tuvo su eclosión, en el mes de julio de 1992 en el atentado
perpetrado en la Calle Tarata del Distrito de Miraflores.
El 14 de agosto de 1992 se puso en vigencia el Decreto No. 25659 que, bajo en
nomen iuris de delito de traición a la patria, tipificó la figura del terrorismo
agravado, aplicándole la pena de cadena perpetua y disponiendo que su
juzgamiento, a partir de la antes indicada fecha, correspondía a la competencia de
la jurisdicción militar desde la etapa de instrucción. Dispuso, además, que en
ninguna de las etapas de la investigación y del proceso eran procedentes las
acciones de garantía. Es del caso indicar que por Ley No. 26248, vigente desde el
26 de noviembre de 1993, se repuso la acción de hábeas corpus en favor de
quienes estaban imputados de la comisión del delito de traición a la patria.
Mediante el Decreto-Ley No. 25148, vigente desde el 11 de septiembre de 1992,
se dispuso que el juzgamiento del delito tipificado por el Decreto-Ley No. 25659 se
tramitara por el procedimiento sumario establecido por el Código de Justicia
Militar, imponiéndole al juez instructor un término máximo de 10 días naturales
para expedir sentencia y precisando que era procedente el recurso de nulidad ante
el Consejo Supremo de Justicia Militar. A mediados del mes de septiembre de
1992 fue capturado el ideólogo y jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán
Reynoso, con lo que esta organización terrorista comenzó a declinar en sus
actividades criminales. Sin embargo, lo mismo no ocurrió con el MRTA que
intensificó sus acciones terroristas con atentados y secuestros, manteniéndose en
actividad pese a la detención y juzgamiento de varios de sus líderes. El MRTA fue
el autor de la toma de la residencia de la Embajada de Japón en Lima y del
secuestro de varios centenares de personas que habían asistido a la recepción
con motivo de su Fiesta Nacional, en diciembre de 1997.
Concluidas las labores del Congreso Constituyente y sometida a referéndum, la
Constitución Política de 1993 entró en vigencia el 30 de diciembre de ese año. Al
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igual que la Constitución de 1979, su cuarta disposición final reafirmó la adhesión
del Perú a las normas de la Convención de DDHH. La Constitución de 1993
diferencia, como delitos, la traición a la patria del de terrorismo, previendo para
ambos la pena de muerte (art. 140) pero cuidando de no apartarse de los tratados
de los que el Perú es parte y manteniendo para ellos la competencia de la
jurisdicción militar (art. 173). Esta diferencia permite calificar dentro del delito de
terrorismo, como figura genérica, la modalidad de terrorismo agravado que queda
comprendida dentro del delito de traición a la patria.
En agosto de 1996, mediante la Ley No. 26655, se dio creación a una Comisión
que tiene por encargo evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República la
concesión de indultos y la conmutación de penas, en favor de quienes se
encuentren condenados por delitos de traición a la patria, en base a elementos
probatorios insuficientes que permitan presumir, razonablemente, que no habrían
tenido ningún tipo de vinculación con actividades u organizaciones terroristas. Esta
Comisión funcionó hasta el 31 de diciembre de 1998 y en virtud de sus propuestas
se pudo reparar errores en los procesos que dieron lugar a condenas pero
también indemnizar a quienes sufrieron indebidamente las consecuencias de la
lucha antisubversiva.
Como se puede apreciar en esta narración sucinta, el Perú atravesó un período
muy especial y atípico de su historia, el cual tuvo que enfrentar con medidas
especiales. Pero queda también muy claro que, pese a las urgentes y enérgicas
medidas que se adoptaron, hubo en todo ese proceso un esfuerzo genuino por
generar un campo jurídico apropiado a la situación de emergencia, sin dejar de
incorporar mecanismos de revisión y reparación de excesos por parte de las
fuerzas del orden y de las drásticas leyes aplicadas. No se puede pues exigir
menos a un gobierno que asume la imperiosa obligación de defender a la
sociedad, del ataque de grupos terroristas que secuestran, amenazan y asesinan
empresarios, comunidades y a la sociedad en pleno. Es deber de todo Estado y
gobierno adoptar las medidas necesarias para cumplir el fin último de la defensa
de la nación. Nada hay de reprochable en la conducta del Estado peruano que al
final pudo restablecer el orden y devolverle al país la paz. Es obligación de todo
buen político saber tomar las decisiones necesarias y enfrentar el proceso de la
historia, antes que el de los políticos rivales.
El origen de las ONGs
Las ONGs hacen su aparición en el Perú en los años 60 bajo la influencia de las
políticas de apoyo promovidas por iniciativas de ayuda global como el Plan
Marshal y la Alianza para el Progreso. Sin embargo las principales ONGs serían
creadas a fines de los 70 y principios de los 80 por parte de la cúpula de asesores
marxistas que actuaron durante el gobierno militar, especialmente en el velascato.
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Al dejar el poder este selecto grupo de intelectuales de izquierda poseía el bagaje
necesario tanto en lo organizacional como en los vínculos que les facilitó pasar
cómodamente de la gestión burocrática estatal directa a la de sus ONGs, para
seguir por este medio cumpliendo labores de asesoría al gobierno, entre otras
funciones políticas y académicas.
Al iniciarse el accionar de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA
en los 80, y con ello la respuesta policial y militar del Estado, surgieron ciertas
ONGs como una afloración natural cuyos intereses se centraban en la defensa de
los presos acusados de terrorismo. Algunas emergieron directamente desde los
propios abogados vinculados a grupos terroristas como la "Asociación de
Abogados Democráticos" dirigida por Martha Huatay. Sendero Luminoso y el
MRTA no descuidaron ningún flanco en su lucha armada y tenían, dentro de su
estructura orgánica, grupos orientados a tareas específicas como la cura de los
heridos, el manejo de las finanzas, las relaciones internacionales y, desde luego,
la defensa legal de sus militantes, incluyendo agrupaciones de apoyo a sus
presos, a quienes proveían de alimentación especial. En añadidura manejaban
sus propios órganos de expresión a nivel de la prensa escrita tales como Cambio y
El Diario de Marka. Es decir, estamos hablando de organizaciones complejas que
no descuidaron ningún aspecto de su estrategia de lucha. Existían diversas
organizaciones vinculadas de manera directa o soterrada con los grupos
terroristas. Así fue como aparecieron organizaciones paralelas como el
Movimiento Femenino Popular de Ayacucho y algunos de los famosos frentes de
defensa regional. La policía detectó y desarticuló varias organizaciones como
Socorro Popular y la academia César Vallejo.
Sin duda los grupos terroristas también formaron sus propias ONG usando el
camuflaje de la defensa de los Derechos Humanos. La vinculación estrecha de
algunas ONGs de DDHH a determinados grupos terroristas es hoy más que
evidente, pues existen expresiones públicas que lo demuestran. De manera
indirecta también han realizado gestiones interesados en mejorar las condiciones
carcelarias de los presos por terrorismo, investigar los casos más emblemáticos
en los que la policía o las FFAA debelaron de forma cruenta motines carcelarios
de los terroristas y, sobre todo, en conseguir nuevos juicios en instancias
internacionales con el logro de indemnizaciones de parte del Estado.
Adicionalmente se han movilizado para organizar a los familiares de las víctimas
del accionar anti subversivo de las FFAA, sirviendo de asesores en la constitución
de frentes muy activos que nunca dejan de estar presentes en cuanto acto público
se presente como ocasión.
Es necesario observar que la última ola de ONGs llegó al Perú a fines de los 80 y
principios de los 90, luego de la debacle mundial del comunismo. Tras la caída del
muro de Berlín y el colapso del comunismo, los diversos partidos políticos de
izquierda se quedaron en el limbo político y financiero, por lo que no tuvieron
mejor alternativa que asumir el formato de una ONG, con lo cual podían seguir
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actuando políticamente y recibiendo subvenciones. Mejor aún, se integraban a la
sociedad con la fachada de un organismo legal y con el perfil adecuado para
realizar prestaciones académicas y asesorías. La gran mayoría de estas
organizaciones se enfocó en los temas jurídicos, los DDHH y el ambientalismo.
Con este panorama queda claro que las ONGs en el Perú, desde sus inicios, han
estado directamente vinculadas a la izquierda, siendo además el refugio laboral de
la gran cantidad de sociólogos, antropólogos y abogados que egresan a raudales
desde la PUCP y la UNMSM, víctimas todavía de una moda cultural del Perú
desde los años 70. Todas estas ONGs han constituido en los últimos 30 años una
implacable maquinaria de publicaciones de izquierda, principalmente de estudios
que se ocupan del escenario político y social desde la visión típica de la sociología
marxista, tanto en la selección de los problemas como en el enfoque de sus
análisis. Una de las más reputadas maquinarias de publicación de esta clase de
libros es el Instituto de Estudio Peruanos (IEP).
En la actualidad la principal organización de ONGs es la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos que agrupa a más de 70 organizaciones vinculadas a la
defensa de los DDHH. Cabría preguntarse ¿por qué de pronto se ha extendido
tanto el espacio de los DDHH en el Perú? ¿Cómo es que la defensa de los DDHH
suscita tanto interés que ya podemos hablar del boom de ONGs de DDHH?
¿Cuáles son sus objetivos en medio de una democcracia renovada como la que
vive el Perú desde el 2001? En seguida comprenderemos cómo y por qué estas
organizaciones que viven aparentemente dedicadas a la defensa de los DDHH
han tenido semejante profusión en nuestro medio, cuál es el verdadero negocio
detrás de las apariencias y por qué tal actividad ha desatado una especie de fiebre
del oro.
La era de las ONGs de DDHH
Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori el Perú volvió a ingresar a un limbo
constitucional, es decir, a una situación en que la realidad trasciende lo normal y
termina fuera de cualquier supuesto o marco previsto en la Constitución. Entonces
la vida empieza a ser regida por decisiones arbitrarias que se sostienen apenas
sobre un frágil consenso temporal logrado a base de emociones colectivas
coincidentes. El presidente Fujimori prácticamente había fugado del país al asistir,
en plena crisis de gobierno, a una inocua reunión en el lejano oriente. Luego se
dirigió al Japón y envió su renuncia. Eso fue demasiado para un pueblo que
acababa de ver las evidencias de la corrupción del régimen. Incluso en las filas del
fujimorismo pudo verse el rostro de la consternación, la decepción y la vergüenza,
al punto que no ofrecieron ninguna resistencia ante la ola de indignación que los
barrió de la política por varios años. Pero esa ola vino con varias cosas más que
solo indignación. Muchos se treparon a la ola para recuperar el terreno perdido,
especialmente la izquierda.
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En aquellos días la realidad se tornó volátil, las noticias cambiaban tan rápido que
los diarios se hacían inservibles apenas comenzando la mañana. La clase política
y la sociedad habían llegado a los límites de la tolerancia frente a los escándalos
de corrupción y ante las evidencias de abuso de poder del régimen. La indignación
era tal que el orden constitucional de sucesión fue simplemente dejado de lado. En
buena cuenta se les obligó a renunciar a todos. Nadie tuvo la osadía de invocar la
Constitución. El primer vicepresidente Francisco Tudela ya había renunciado
mucho antes, pero tampoco le permitieron asumir la presidencia al segundo
vicepresidente Ricardo Márquez. Luego en el Congreso hubo una especie de
motín que exigió la renuncia inmediata de la mesa directiva presidida por la
fujimorista Martha Hildebrandt. Enseguida, con una rapidez inusitada se eligió
como Presidente del Congreso a un oscuro congresista de escasa votación y
miembro de un partido minoritario, quien finalmente fue ungido Presidente de la
República. En esos días el Perú transitó sin rumbo ni autoridad alguna hasta la
juramentación del nuevo e improvisado presidente designado por el Congreso:
Valentín Paniagua. Era el 22 de noviembre del 2000.
El nuevo régimen surgió de la nada y transitó sin rumbo teniendo un techo de
apenas 7 meses de gestión. Su misión fundamental fue convocar a elecciones
generales para volver al cauce de la normalidad constitucional. Sin embargo en
esos pocos meses cambiaría radicalmente la historia del país, teniendo como eje
de giro el campo jurídico. Paniagua convocó para formar gabinete a Javier Pérez
de Cuéllar, quien juró como Premier. El gabinete incluyó al jurista Diego García-
Sayán Larrabure al frente del Ministerio de Justicia, solapado genio y artífice del
cambio de rumbo del país. La clave fue colocar al Perú bajo la jurisdicción
absoluta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ninguna clase de
reservas. El segundo paso fue la conformación de una Comisión de la Verdad, una
especie de Inquisición que investigaría la violencia de los últimos 20 años para
señalar a los responsables, como si nadie lo supiera. Todo esto dio inicio a la era
de las ONGs de DDHH.
En el campo jurídico el Perú dio un viraje a la izquierda eliminando el paraguas
que protegía al Estado del accionar contencioso de los grupos de izquierda
organizados en ONGs de DDHH. Si bien el país era parte de la Comisión
Interamericana de DDHH, mantuvo en reserva con mucha cautela su política
antiterrorista por considerar que el escenario que enfrentaba estaba fuera del
esquema habitual que sirve de marco a la jurisprudencia sobre DDHH. No era
lógico aplicar al Estado peruano en su lucha contra el terrorismo, los criterios
establecidos para juzgar el accionar de los estados en tiempos regulares. La Corte
IDH sólo enjuicia estados. El Estado peruano, junto con la sociedad peruana, era
víctima de los grupos subversivos de izquierda cuyo accionar alcanzaba grados
superlativos de violencia, llegando al genocidio y al terrorismo. Todo el esquema
jurídico de la CIDH está diseñado y preparado para enjuiciar la actuación de
Estados y no para defenderlos. Hubiese sido contraproducente que el Perú tuviese
además a la Corte IDH como otro frente ante el cual defenderse de la izquierda.
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Pero esta posición coherente y digna del Estado peruano fue súbitamente
cambiada por el flamante Ministro de Justicia Diego García-Sayán, un burócrata
internacional formado en la PUCP, vinculado a la Corte IDH y miembro propietario
de la "Comisión Andina de Juristas", ONG vinculada a los Derechos Humanos. Es
decir, el ministro de Justicia García-Sayán era ya parte del sistema de ONGs que
lucran con los DDHH en la modalidad de asesorías, estudios y publicaciones de
carácter jurídico. La primera consecuencia del allanamiento total del Estado ante
la CIDH fue recibir la orden de volver a juzgar a toda la cúpula terrorista en pleno
siguiendo los estándares regulares de la justicia típica, rechazando la existencia
de "jueces sin rostro". Afortunadamente para entonces el terrorismo había sido ya
derrotado y en cierta forma se pudo repetir el juicio bajo los estándares de una
justicia regular sin mayores dificultades. Estos juicios no hicieron más que ratificar
las sentencias. No era pues necesario llegar a tal punto de inflexión. El Perú es -o
al menos era- un Estado soberano. Pero ese fue apenas el inicio de lo que luego
sería la gran marea de los juicios contenciosos por los DDHH organizada por la
colección de ONGs de DDHH que encontraron en la Corte IDH una puerta abierta
para fustigar al Estado peruano por su actuación contra la subversión. En los
hechos pudimos asistir a la defensa abierta de terroristas y a la persecución
implacable de militares que combatieron a los grupos subversivos. Como
recompensa, dos años más tarde Diego García-Sayán sería nombrado presidente
de la Corte IDH.
La actuación de las ONGs
El primer acontecimiento que motivó a las ONGs de DDHH a organizarse fue la
masacre de Uchuraccay ocurrida el 26 de enero de 1983, cuando los comuneros
de esa zona dieron muerte a seis periodistas y su guía al confundirlos con
terroristas. Casi como un acto reflejo, la izquierda culpó de la masacre a los
policías y militares. Fue por la necesidad de coordinar esfuerzos en este sentido
que nació la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH),
agrupando a las ONGs de izquierda en su tarea de combatir al Estado. Desde
entonces la CNDDHH tiene como una de sus principales misiones la persecución
judicial de militares, la defensa de terroristas, el seguimiento judicial de sus causas
y el logro de reparaciones para sus familiares. De hecho es la CNDDHH el
principal agente acusador del Estado peruano ante la Corte IDH. Además se
ocupan de buscar víctimas del Estado. Si estas no se sienten agraviadas son
convencidas de ser víctimas, se les ofrece asesoría gratuita con promesa de
beneficios futuros, luego son organizadas en asociaciones de víctimas diversas,
aleccionadas y paseadas en foros para que narren sus historias dramáticas, como
es el caso de Georgina Gamboa, campesina que es llevada a cuanto foro se
organiza y presentada para narrar con detalle cómo fue violada por siete "sinchis".
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La primera sentencia de la Corte IDH contra el Estado peruano se dictó el 20 de
enero de 1995, haciéndolo responsable de la desaparición de tres internos
terroristas durante la debelación de un motín en la isla penal de El Frontón. Un
motín que fue parte de las acciones concertadas por el grupo Sendero Luminoso,
dueños en la práctica de los principales penales de la capital, donde existían
centenares de reclusos por terrorismo. En junio de 1986 Sendero Luminoso
ejecutó una acción concertada de lucha contra el Estado, teniendo como uno de
sus frentes el amotinamiento de sus militantes en los penales de Lima: Santa
Bárbara, el Frontón y Lurigancho. En las acciones emprendidas por el gobierno de
Alan García para retomar el control de los penales murieron 300 terroristas
internos. La Marina de Guerra fue encargada de retomar la isla penal del Frontón,
lo que cumplieron mediante acciones de guerra, no sin antes conminarlos a
rendirse. Como consecuencia murieron 152 internos amotinados. Las ONGs de
DDHH nunca cejaron en su empeño por enjuiciar y lograr sanciones penales
contra los miembros de la Marina de Guerra y el presidente Alan García por tales
hechos, reabriendo el caso numerosas veces.
Con el inicio del gobierno de Alejandro Toledo en julio del 2001, Diego García-
Sayán siguió en el gabinete como ministro de Relaciones Exteriores y consiguió
que el nuevo gobierno ratifique la Comisión de la Verdad, el que fue ampliado para
disminuir las voces discordantes y acabó llamándose Comisión de la Verdad y
Reconciliación, conocida como CVR. Su conformación fue muy discutida pues fue
arbitraria y sin coordinación política alguna. Se cuestionó también su real sentido,
pues en el Perú no existía ninguna verdad por descubrir; pero las objeciones
iniciales se centraron en sus miembros, pues casi todos eran reconocidos
integrantes de izquierda, incluyendo compañeros y amigos de Abimael Guzmán y
ex militantes de grupos radicales como Carlos Tapia, integrante del MIR en los 60.
Además no podía faltar la representante de la CNDDHH, la Sra. Sofía Macher. En
los hechos la CVR fue una comisión de izquierda. Fue la comisión más costosa
del mundo, ya que alcanzó a gastar US$ 19 millones de dólares, también fue la
más numerosa con 12 comisionados y 500 empleados. El trabajo de la CVR fue
realmente un gran negociado para las ONGs y para un selecto grupo académico
relacionado con la PUCP.
Luego de publicado el informe final de la CVR, que no tenía carácter vinculante
con el Estado, las ONGs de DDHH lo usaron como sustento para materializar
acusaciones contra militares ante el Poder Judicial y la Corte IDH. Sin embargo,
en el transcurso de los juicios muchos testimonios fueron desmentidos y
cambiados, descubriéndose que los integrantes de la CVR indujeron a los testigos
a acusar a las FFAA. El interés principal de la CVR estuvo orientado a descubrir y
revelar las estrategias antisubversivas de las FFAA y conocer la identidad real de
sus integrantes en la lucha contra el terrorismo. Su informe final dio inicio a la
cacería implacable de militares y policías que tomaron parte de las operaciones
contrasubversivas. Solo años después, cuando el prestigio y credibilidad de la
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CVR cayó a sus niveles más bajos, la Sra. Sofía Macher reconocería que fue un
error no convocar también a los militares.
Entre las últimas acciones emprendidas por la CNDDHH está la acusación a los
integrantes del comando Chavín de Huántar, responsables de la liberación de los
rehenes cautivos en la residencia del embajador del Japón por parte del grupo
terrorista MRTA en Abril de 1997. Otro capítulo negro de las ONGs de DDHH ha
sido el montaje del psicosocial llamado "esterilizaciones forzadas" que busca
culpar al régimen de Alberto Fujimori de 300,000 supuestas esterilizaciones
forzadas. Toda la batería de izquierda se orientó a generar el gran psicosocial
según el cual Alberto Fujimori habría diseñado una política de Estado, de estilo
nazi, destinado al exterminio de campesinas mediante su esterilización forzada.
En realidad se trató de una política de población emprendida en coordinación con
la ONU y el auspicio de agencias internacionales, incluyendo algunas ONGs
feministas. El objetivo era brindar apoyo a las mujeres más pobres -y
especialmente indígenas- en estrategias de control de natalidad. El programa
brindaba información sobre todo tipo de métodos, entre ellos la "Esterilización
Quirúrgica Voluntaria". Según la información oficial, el MINSA implementó el
Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996-2000
ofreciendo métodos anticonceptivos a 850,000 familias al año, siendo la EQV
(ligaduras) el 13% del total de métodos usados. De acuerdo a la encuesta ENDES
2000, el 81% de las mujeres que se sometieron a una EQV estaban satisfechas
con su decisión. El 94.4% de la población rural declaró saber que era un método
permanente.
Evidentemente el programa tuvo fallas en casos muy contados, propios de
cualquier sistema de salud de gran alcance. La Defensoría del Pueblo investigó el
programa emitiendo 4 informes, donde encontró algunas irregularidades como
fallas en métodos anticonceptivos, consentimientos firmados en formato distinto al
establecido por la norma, ausencia del periodo de reflexión en EQV, maltrato del
personal médico, fallecimiento y EQV sin consentimiento. El Informe 69 (2002)
analizó 773 quejas, 35 por esterilizaciones sin consentimiento entre 1996-2000 (10
declaradas infundadas). Ocurrieron 18 muertes y cerca de 150 casos donde, en
efecto, médicos irresponsables realizaron EQV sin consentimiento. Estos
representan el 0.05% del total de las EQV realizadas. El Congreso realizó su
propia investigación durante el gobierno de Toledo, en plena fiebre anti fujimorista
-y sin existencia de congresistas fujimoristas- concluyendo en archivar el caso. Lo
mismo hizo la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las ONGs de
DDHH no han dejado de repetir la mentira de las "esterilizaciones forzadas",
utilizándola como uno de sus psicosociales favoritos. Fue uno los infundios más
repetidos en la campaña presidencial del 2011 para dañar la imagen de Keiko
Fujimori, a quien le cargaron todo el peso de los errores de su padre. Un conocido
periodista de izquierda, César Hildebrandt, llegó a publicar un infame artículo
titulado "La hija del ladrón".
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Otro caso que pinta de cuerpo entero la forma de proceder y las verdaderas
intenciones de las ONGs de DDHH agrupadas en la CNDDHH, es el del asesinato
del dirigente sindical Pedro Huilca, ocurrido el 18 de diciembre de 1992 a manos
de Sendero Luminoso, tal como ellos mismos lo reivindicaron en su momento y lo
estableció la policía. Sin embargo, en los meses posteriores surgieron supuestos
testigos responsabilizando al Grupo Colina, un cuerpo de militares que actuaba
clandestinamente contra focos subversivos específicos. Las contradicciones se
hicieron más patentes cuando los propios senderistas asumieron como estrategia
culpar al Grupo Colina. La CVR en su informe final expresa que no pudo hallar la
verdad sobre este caso. Pese a ello, la CNDDHH ha asumido culpar a los militares
convenciendo a las hijas de Pedro Huilca, ya mayores, para declararse víctimas
del Estado. La actual dirigencia de la CNDDHH a cargo de Rocío Silva
Santisteban no tiene reparo alguno en manipular a las jóvenes huérfanas
llevándolas a eventos donde las insta a reclamar por justicia y "reparaciones" al
Estado.
Sería largo enumerar las muchas campañas mediáticas emprendidas por estas
ONGs de DDDHH que en más de una ocasión han hecho causa común con sus
pares ambientalistas, las cuales no son más que nuevas versiones de partidos
comunistas revestidos de ONGs ambientalistas. Sus campañas han estado
orientadas a crear psicosociales referidos al peligro ambiental de los nuevos
proyectos mineros, como la escasez del agua (en un país donde este recurso
sobra) y otras formas alarmistas, con la finalidad de impedir las inversiones
extranjeras, como siempre ha sido la consigna histórica de la izquierda. Dentro de
tales campañas no han dudado en atribuirle a la actividad minera los males
eternos y propios de la burocracia del Estado peruano. Tampoco han dudado para
instigar a las comunidades a la violencia, al paro, a las marchas, las tomas de
carretera y el vandalismo en todas sus formas. Las ONGs de DDHH han servido
como escudo protector de los activistas y vándalos antimineros, y acusadores, una
vez más, de las fuerzas del orden. Por último no debemos perder de vista que la
vieja alianza internacional del comunismo sigue vigente, pero hoy en la forma de
asociaciones ambientalistas y de DDHH que actúan a nivel de Latinoamérica y el
mundo, prestándose los argumentos y los predicadores. En esta tarea son
apoyados por inocentes y no tan inocentes instituciones internacionales dedicadas
a preservar el movimiento socialista mundial en todas sus formas.
Este es pues el escenario general en cuanto al papel que juegan hoy las ONGs de
DDHH en el Perú. A diferencia de las que actúan en otros países como en
Venezuela, donde defieden al ciudadano común de las acciones del Estado, en el
Perú se hallan enfocadas en el pasado, y particularmente en el período del
gobierno de Alberto Fujimori. Se trata en los hechos de agrupaciones de izquierda
bien organizadas con el fin de perseguir al régimen de Fujimori, a los militares que
actuaron contra la subversión terrorista de izquierda, acosar al Estado con juicios
ante la Corte IDH en búsqueda de reparaciones económicas, buscar y organizar a
las "víctimas" del Estado para montar psicosociales políticos en sus medios y, por
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fin, exigir las reparaciones prometidas por la CVR. Adicionalmente se han
constituido en los hechos como un frente político de izquierda, con una maquinaria
implacable, bien organizada y mejor financiada, de desprestigio del fujimorismo y
oposición tenaz a la política económica liberal.
Conclusiones
La defensa de los derechos humanos surge en un mundo amenazado por
totalitarismos de Estado. Por un lado el nazismo y por otro el socialismo fueron
dos expresiones política nefastas que provocaron la mayor cuota de muertes de la
historia de la humanidad. Si bien el nazismo fue derrotado durante la Segunda
Guerra Mundial, el socialismo continuó su expansión durante la Guerra Fría
dominando la Europa del Este y llegando hasta Latinoamérica, donde se
generaron diversos focos guerrilleros y terroristas que buscaban asaltar el poder
por las armas con el objetivo de constituir una dictadura de Estado, es decir, un
Estado comunista. En esta tarea gozaban del apoyo de superpotencias como la
URSS y China, entre otros, utilizando como plataforma a Cuba, donde ya se había
instalado una dictadura comunista.
La elaboración del esquema jurídico de defensa de los derechos humanos tuvo
como escenario político el enjuiciamiento de los nazis derrotados, junto a un
desinterés total respecto del accionar comunista. Esto fue una completa falta de
visión de la amenaza que significaba para la humanidad la prepotencia de los
estados comunistas en el mismo instante en que se discutía sobre DDHH.
Mientras que en Latinoamérica los grupos de izquierda asumían diversos formatos
como guerrillas, secuestradores, extorsionadores y terroristas, el esquema jurídico
de los DDHH se encuadraba tan solo en el enjuiciamiento de Estados. Para
entonces, los Estados totalitarios en Latinoamérica asumían la forma de gobiernos
militares temporales que asaltaban el poder llevados por el liderazgo mesiánico de
personajes propios del foclore y cultura de la región. Varios de ellos retratados por
la literatura en obras famosas como "El otoño del patriarca" de García Márquez,
"Yo el Supremo", de Augusto Roa Bastos, "La fiesta del Chivo" de Mario Vargas
Llosa, entre otros.
Preocupados apenas por el abuso del Estado dictatorial, el esquema jurídico de
defensa de los DDHH se elaboró sin atender el accionar indirecto de estados
comunistas lejanos que tenían el poder para intervenir más allá de sus fronteras,
financiando la actividad de grupos civiles armados, que emprendían campañas de
violencia letal con el objetivo de instaurar estados totalitarios de opresión, como
ocurrió en Cuba. Paulatinamente Latinoamérica recuperó la democracia pero fue
víctima de grupos armados de izquierda que eran representantes de estados
totalitarios y actuaban bajo su amparo e inspiración. Estos grupos civiles (armados
y desarmados) quedaron como los únicos o principales perpetradores de
atentados contra los DDHH cuando el Perú recuperó la democracia en 1980.
Luego resultó que el accionar legítimo del estado democrático en defensa de su
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sociedad, la democracia y del Estado de Derecho, acabó siendo condenado por
esta ciega estructura jurídica. De este modo el Estado y la sociedad peruana
sufrían por un lado las agresiones brutales de grupos de izquierda como el Partido
Comunista del Perú - Sendero Luminoso y el MRTA, pero por otro se hallaba
atada de manos por el accionar de la Corte IDH, que actuaba en los hechos en
favor de estos grupos subersivos. Si bien esto ocurrió en el Perú en la etapa final
del comunismo mundial, en otros países sucedió más temprano y la vinculación de
estos grupos de izquierda con los estados totalitarios comunistas era más
evidente. Sin embargo nunca se los juzgó como agentes reales de estados
totalitarios lejanos. Tan solo el Estado víctima de sus acciones estaba bajo la mira
de la Corte.
Por su parte los grupos de izquierda, al perder la subvención de los estados
comunistas luego de la debacle mundial del comunismo, sufrieron una mutación
asumiendo el formato de ONGs de DDHH, así como también ambientalistas y de
otros tipos. A partir de esta metamorfosis de los grupos extremistas, las ONGs de
DDHH emprendieron -como antes- la guerra contra el Estado peruano pero desde
el plano jurídico, procurando maniatarlo frente al accionar subversivo y
cobrándose la revancha por las derrotas sufridas. También asumieron la defensa
de subversivos y sus familiares reclamando reparaciones al Estado. Por último,
utilizan los casos más emblemáticos como propaganda política. Además forman
parte de una maquinaria implacable que defiende las causas de izquierda
atacando a sus enemigos sin dejar de lado ninguna herramienta de lucha,
incluyendo el montaje de psicosociales plagados de mentiras, para lo cual cuentan
con una amplia red de medios de difusión. Han convertido la memoria en
emblema, el rencor en insignia y la vendetta, en programa. En la última década,
las ONGs de DDHH han tenido a la Corte IDH como un aliado muy eficaz en sus
acciones contra el Estado peruano, lo que ha generado las sospechas de varios
sectores de la sociedad peruana al punto de exigir el retiro del Perú de dicha
Corte.
Lima, 4 de diciembre del 2012
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