Este documento es una carta al director de un periódico chileno en respuesta a las críticas de un director ejecutivo sobre la capacidad del Senado para controlar el cumplimiento de políticas de seguridad ciudadana. El senador que escribe la carta defiende al Senado y a la Oficina de Fiscalización contra el Delito que dirige, argumentando que el Gobierno no ha entregado la información requerida y que los estudios de la Oficina se basan en datos oficiales provistos por instituciones policiales.