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1. NORMATIVA NACIONAL RELACIONADA CON
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 1.Planificar
el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial. 2.Planificar, construir y mantener la infraestructura
física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los
planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.
Capítulo cuarto Soberanía económica
Sección primera Sistema económico y política económica
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten
el buen vivir.
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública,
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores
cooperativistas, asociativos y comunitarios.
Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia,
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios
nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de
las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

2. Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público,
privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno
de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y
diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad,
transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las
entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus
decisiones.
Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de
ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las
micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento
diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo
de la economía popular y solidaria.
Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y
cuidado humano que se realza en los hogares El Estado promoverá un régimen laboral
que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite
servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial,
proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad
y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus
actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y
mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección de la
seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su
cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales
del sistema y la ley.
Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero Inclusión y equidad
Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y
coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema
se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de
planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad,
equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y
funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia,
responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la
educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte,

3. hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre,
ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no
discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión,
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de
discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados,
de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios
específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional
descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de
asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del
sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.
LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
Registro Oficial 444 de 10-may.-2011
Última modificación: 23-oct.-2018
Título V
Del Fomento, Promoción e Incentivos
Art. 128.- Mecanismos.- Sin perjuicio de los incentivos que la legislación en general
reconozca a favor de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, el Estado
fomentará, promoverá y otorgará incentivos a las personas y organizaciones amparadas
por esta Ley, con el objetivo de fomentar e impulsar su desarrollo y el cumplimiento de
sus objetivos en el marco del sistema económico social y solidario.
Las personas y organizaciones a las que se refiere esta Ley, se beneficiarán de los
incentivos y demás medidas de promoción, fomento y fortalecimiento, contempladas en
el Código de la Producción para todas las personas naturales y jurídicas y demás formas
asociativas que desarrollen una actividad productiva. Especial atención recibirán las
personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria que desarrollen su actividad
productiva en los cantones fronterizos.
En ningún caso, las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, gozarán de un régimen
de fomento o privilegio menor del que gocen otras organizaciones, sociedades o
asociaciones con fines u objetivos similares desde el punto de vista social o económico.
Para acceder a estos beneficios, las personas y organizaciones, deberán constar en el
Registro Público, al que se refiere el artículo 6 de esta Ley.

4. No podrán acceder a los beneficios que otorga esta Ley, las personas y organizaciones que
se encuentren en conflicto de interés con las instituciones del Estado responsables del
otorgamiento de tales beneficios y sus funcionarios. Las personas y organizaciones
amparadas por la presente Ley mantendrán todos los beneficios específicos existentes en
la normativa vigente.
Art. 129.- Medidas de acción afirmativa.- El Estado a través de los entes correspondientes
formulará medidas de acción afirmativa a favor de las personas y organizaciones a las que
se refieren el ámbito de esta Ley, tendientes a reducir las desigualdades económicas,
sociales, étnicas, generacionales y de género.
Art. 130.- Coordinación.- Las instituciones del Estado y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, para la promoción, fomento e incentivos a las organizaciones sujetas a
esta Ley deberán coordinar entre si el otorgamiento de estos beneficios a favor de las
personas y organizaciones con el propósito de evitar duplicidad.
Las instituciones del Estado, que desarrollen medidas de fomento, promoción e incentivos
a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley presentarán al Comité
Interinstitucional informes sobre tales medidas, recursos asignados o invertidos y
resultados obtenidos.
Art. 131.- Revocatoria o suspensión.- La Superintendencia podrá revocar, suspender o
restringir las medidas de fomento, incentivos y demás beneficios que esta Ley otorga a las
personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidario y del Sector Financiero
Popular y Solidario, al comprobarse que aquellas están haciendo uso indebido de ellas.
Capítulo I
Del Fomento
Art. 132.- Medidas de fomento.- El Estado establecerá las siguientes medidas de fomento
a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley:
1. Contratación Pública.- El ente rector del sistema nacional de contratación pública de
forma obligatoria implementará en los procedimientos de contratación pública
establecidos en la Ley de la materia, márgenes de preferencia a favor de las personas y
organizaciones regidas por esta Ley, en el siguiente orden: Organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria; y Unidades Económicas Populares.
La Feria Inclusiva será uno de los procedimientos de contratación que las entidades
contratantes utilizarán para priorizar la adquisición de obras, bienes o servicios
normalizados o no normalizados provenientes de las personas y organizaciones sujetas a
esta Ley.

5. El ente rector de las compras públicas en coordinación con el Instituto establecerá las
obras, bienes y servicios normalizados y no normalizados que deberán ser adquiridos a
través de Feria Inclusiva y otros procedimientos.
2. Formas de Integración Económica.- Todas las formas de Integración Económica, se
beneficiarán de servicios financieros especializados; y, servicios de apoyo en:
profesionalización de los asociados, asesoría de procesos económicos y organizativos,
acreditaciones y registros, y acceso a medios de producción.
3. Financiamiento.- La Corporación y la banca pública diseñarán e implementarán
productos y servicios financieros especializados y diferenciados, con líneas de crédito a
largo plazo destinadas a actividades productivas de las organizaciones amparadas por
esta ley.
Las instituciones del sector público podrán cofinanciar planes, programas y proyectos de
inversión para impulsar y desarrollar actividades productivas, sobre la base de la
corresponsabilidad de los beneficiarios y la suscripción de convenios de cooperación. Los
recursos serán canalizados a través de las organizaciones del Sector Financiero Popular y
Solidario.
4. Educación y Capacitación.- En todos los niveles del sistema educativo del país, se
establecerán programas de formación, asignaturas, carreras y programas de
capacitación en temas relacionados con los objetivos de la presente Ley,
particularmente en áreas de la producción y/o comercialización de bienes o servicios.
5. Propiedad Intelectual.- La entidad pública responsable de la propiedad intelectual,
apoyará y brindará asesoría técnica, para la obtención de marcas colectivas, y otros
instrumentos de orden legal que incentiven la protección de los conocimientos
colectivos, saberes ancestrales, obtenciones vegetales y otras creaciones intelectuales.
6. Medios de pago complementarios.- Las organizaciones que conforman la Economía
Popular y Solidaria podrán utilizar medios de pago complementarios, sea a través de
medios físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio y la prestación de bienes y
servicios, dentro de las prescripciones establecidas en la Ley, su Reglamento y las
regulaciones que para el efecto emita el órgano regulador competente.
7. Difusión.- El Instituto gestionará espacios en los medios de comunicación públicos y
privados a nivel local y nacional que permitan incentivar el consumo de bienes y
servicios ofertados por las personas y organizaciones de la economía popular y
solidaria.
8. Seguridad Social.- Se garantiza el acceso de las personas naturales, amparadas por
esta Ley, al derecho a la seguridad social a través de distintos regímenes que serán
establecidos en la ley de la materia considerando la naturaleza de su actividad.
9. Equidad.- Se establecerán las medidas apropiadas para promover la equidad y
transparencia en los intercambios comerciales entre el sector de la economía popular
y solidaria y los demás sectores, principalmente de los productos vinculados a la
seguridad alimentaria, evitando la persistencia de prácticas de abuso del poder
económico.

6. 10. Delegación a la economía popular y solidaria.- El Estado podrá delegar de manera
excepcional a la economía popular y solidaria la gestión de los sectores estratégicos y
servicios públicos.
Art. 133.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos
descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la economía
popular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y
presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como
apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por
esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del comerciante minorista
a través de la creación, ampliación, mejoramiento y administración de centros de acopio
de productos, centros de distribución, comercialización, pasajes comerciales, recintos
feriales y mercados u otros.
Los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios
públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y las
organizaciones amparadas por esta Ley.
Art. 134.- Las Municipalidades conformando regímenes de administración en condominio,
con comerciantes minoristas, podrán construir mercados, centros de acopio, silos y otros
equipamientos de apoyo a la producción y comercialización de productos y servicios. El
régimen de administración en condominio entre las Municipalidades y de los
comerciantes minoristas se regulan mediante Ordenanza.
Art. 135.- Las Municipalidades podrán mediante Ordenanza regular la organización y
participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o de
servicios que permitan la incorporación y participación de estos sectores en la
dinamización de la economía local, para lo cual, propiciarán la creación de organizaciones
comunitarias para la prestación de servicios o para la producción de bienes, la ejecución
de pequeñas obras públicas, el mantenimiento de áreas verdes urbanas, entre otras
actividades.
Art. 136.- Para la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, las
empresas públicas municipales podrán propiciar la conformación de organizaciones
comunitarias para la gestión delegada de dichos servicios. La delegación de estos servicios
públicos se regulará mediante Ordenanzas. En las áreas rurales sus directorios tendrán
entre sus miembros a un delegado técnico de las Juntas Parroquiales de cada jurisdicción
o de la mancomunidad de las Juntas Parroquiales en las que preste el servicio.
Capítulo II
De la Promoción
Art. 137.- Medidas de promoción.- El Estado establecerá las siguientes medidas de
promoción a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley:
a) Promoverá la asociación a través de planes y programas públicos;

7. b) Propenderá a la remoción de los obstáculos administrativos que impidan el ejercicio de
sus actividades;
c) Facilitará el acceso a la innovación tecnológica y organizativa;
d) Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable;
e) Implementará planes y programas, destinados a promover, capacitar, brindar asistencia
técnica y asesoría en producción exportable y en todo los relacionado en comercio
exterior e inversiones;
f) Impulsará la conformación y fortalecimiento de las formas de integración económica
tales como cadenas y circuitos;
g) Implementará planes y programas que promuevan el consumo de bienes y servicios de
calidad, provenientes de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley;
h) Incorporará progresivamente al Sector Financiero Popular y Solidario al Sistema
Nacional de Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador; y,
i) Las demás previstas en la ley.
Capítulo III
De los Incentivos
Art. 138.- Políticas.- El Estado diseñará políticas de fomento tendientes a promover la
producción de bienes y servicios y conductas sociales y económicas responsables de las
personas y organizaciones amparadas por esta Ley y podrá otorgar tratamientos
diferenciados, en calidad de incentivos, a favor de las actividades productivas, los que
serán otorgados en función de sectores, ubicación geográfica u otros parámetros, de
acuerdo a lo que establezca el Reglamento.
Art. 139.- Hecho Generador de Tributos.- Los actos solidarios que efectúen con sus
miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, como parte del ejercicio de las
actividades propias de su objeto social, no constituyen hechos generadores de tributos; en
cambio, los actos y demás operaciones que efectúen con terceros, están sujetos al
régimen tributario común.
Las utilidades que pudieran provenir de operaciones con terceros y que no sean
reinvertidos en la organización, gravarán Impuesto a la Renta, tanto para el caso de la
organización, cuanto para los integrantes cuando éstos los perciban.
Art. 140.- Homologación de créditos.- Los préstamos que otorguen las cooperativas de
ahorro y crédito en beneficio de sus socios, que tengan como finalidad la adquisición,
reparación o conservación de vivienda, tendrán el mismo tratamiento tributario
contemplado para los préstamos que otorguen las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y
Crédito para la Vivienda.
Art. 141.- Incentivos por responsabilidad ambiental.- El Estado incentivará a las personas
y organizaciones sujetas a esta Ley, para que sus actividades se realicen conforme a los
postulados del desarrollo sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a la
conservación y manejo del patrimonio natural.

8. REGLAMENTO LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
Registro Oficial Suplemento 648 de 27-feb.-2012
Última modificación: 12-feb.-2019
Título V
Del Fomento, Promoción e Incentivos
Capítulo I
De los beneficios
Art. 128.- Medidas de acción afirmativa.- Los ministerios, secretarías de Estado,
instituciones financieras públicas, institutos públicos de investigación, capacitación,
fomento y promoción y las demás entidades que conforman la Administración Central así
como las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de sus
competencias, diseñarán e implementarán, en favor de las personas y organizaciones
parte de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,
medidas de acción afirmativa, tales como, márgenes de preferencia, flexibilización de
requisitos y entrega de garantías, simplificación de trámites, mejores condiciones de pago
y otros que permitan el acceso en condiciones favorables a:
1. Líneas de crédito otorgadas por las instituciones financieras públicas;
2. Fondos concursables;
3. Financiamiento y cofinanciamiento de proyectos productivos y de capacitación;
4. Seguro agrícola, ganadero, pesquero artesanal y acuícola, subsidiado por el
Estado;
5. Sistemas simplificados de tributación establecidos por ley o por el ente estatal
competente; y,
6. Planes, programas y proyectos habitacionales y de infraestructura productiva.
Art. 129.- Factores que deben considerar las medidas de acción afirmativa.- Las medidas
de acción afirmativa que adopten las entidades de la Función Ejecutiva y los gobiernos
autónomos descentralizados, al amparo de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y este reglamento deberán observar
en su formulación, direccionamiento e implementación factores étnicos,
socioeconómicos, y de pertenencia a grupos de atención prioritaria.
Art. 130.- Compras públicas.- El Instituto Nacional de Contratación Pública, sobre la base
del estudio y análisis que realice el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria,
establecerá periódicamente las obras, bienes y servicios, normalizados o no, provenientes
de las personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, que serán adquiridos
mediante feria inclusiva y otros procedimientos de contratación pública constantes en la
normativa pertinente.
Art. 131.- Apoyo financiero.- El Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera
Nacional, anualmente, presupuestarán los recursos financieros que en calidad de
préstamos, serán canalizados, en condiciones preferenciales y prioritariamente a los

9. organismos de integración amparados por la ley, previa presentación de los
correspondientes proyectos cumpliendo los requerimientos de la entidad financiera.
Art. 132.- Cofinanciamiento.- El Instituto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
el Ministerio de Industrias y Productividad y otras entidades del Ejecutivo que, en el marco
de sus competencias, concedan apoyo financiero con fines productivos, incorporarán
anualmente en sus presupuestos, recursos destinados para el cofinanciamiento de
proyectos productivos y desarrollo e implementación del subsidio al seguro agrícola,
ganadero, pesquero y acuícola de las organizaciones de la economía solidaria, en el
ámbito de las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional y enmarcados en el Plan
Nacional de Desarrollo.
El cofinanciamiento efectuado por entidades del sector público se lo ejecutará cumpliendo
con lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y se lo
canalizará a través de organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.
Art. 133.- Criterios.- Las entidades del sector público que concedan financiamiento y
cofinanciamiento, a las organizaciones amparadas por la ley, priorizarán en su
otorgamiento los programas y proyectos que promuevan la inclusión social y se articulen
con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo que corresponda a la economía
popular y solidaria, de conformidad con las normas dictadas por cada entidad en las que
se privilegiará la generación de empleo, la participación de migrantes, la participación de
mujeres jefes de familia; incorporación de valor agregado en los bienes y servicios objeto
del proyecto, entre otros.
Art. 134.- Programas de capacitación.- La Secretaria Técnica de Capacitación y Formación
Profesional, en coordinación con el Instituto, en su Plan Anual de Capacitación y
Formación Profesional para Grupos de Atención Prioritaria y Actores de la Economía
Popular y Solidaria, incluirá programas de capacitación especializados en procesos
económicos, organizativos, acreditación, registros, promoción e inteligencia de mercados
y trámites de importación y exportación, entre otros temas, en el marco de las políticas
dictadas por el Comité Interinstitucional.
Art. 135.- Medios de pago complementarios.- La utilización de medios de pago
complementarios, se efectuará, exclusivamente al interior de las organizaciones no
pertenecientes al Sector Financiero Popular y Solidario.
Los medios de pago complementarios, no tienen poder liberatorio, por consiguiente, no
podrán generar rendimiento financiero, ni ser utilizados para operaciones de crédito,
garantías, ni ser sujetos de depósitos en entidades financieras, ya que no constituyen
moneda de curso legal, pues ésta, se encuentra restringida al ámbito geográfico del
domicilio de la organización comunitaria.

10. CODIGO ORGANICO ORGANIZACION TERRITORIALAUTONOMIA
DESCENTRALIZACION
Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes:
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción,
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno;
Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural:
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía
popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo,
entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados;
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión
de bienes y servicios públicos
Art. 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano:
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno
Art. 129.- Ejercicio de la competencia de vialidad.-El ejercicio de la competencia de
vialidad atribuida en la Constitución a los distintos niveles de gobierno, se cumplirá de la
siguiente manera:
Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades
de planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado
provincial la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios
entre ambos niveles de gobierno, donde se prevean las responsabilidades
correspondientes de cada uno de ellos. Las tareas y obras de mantenimiento se
ejecutarán mediante gestión directa, a través de empresas públicas, o la delegación
a empresas de la economía popular y solidaria y la cogestión comunitaria.
Art. 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad alimentaria.- El
fomento, de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos
autónomos descentralizados regionales se gestionará aplicando las disposiciones
constitucionales y legales para garantizar la soberanía alimentaria, la política pública
de esta materia bajo el principio de integralidad y comprende:
a) Promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales, en el marco de la economía social y solidaria, la

11. asociación de los microempresarios, pequeños y medianos productores y
brindar la asistencia técnica para su participación en mejores condiciones en los
procesos de producción, almacenamiento, transformación, conservación y
comercialización de alimentos
Gestión delegada
Art. 283.- Delegación a la economía social y solidaria y a la iniciativa privada.- La
delegación a la economía social y solidaria se realizará para promover la naturaleza
social y solidaria del sistema económico nacional. Se requerirá que se justifique que
la organización o el emprendimiento económico corresponde a este sector de la
economía y que se establezcan con claridad los mecanismos de solidaridad o
redistribución correspondientes. Sólo de manera excepcional los gobiernos autónomos
descentralizados regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, podrán delegar
la prestación de servicios públicos de su competencia a la iniciativa privada. Esta
delegación se realizará mediante acto normativo del órgano competente económica de
gestionar directamente un servicio público o en caso de calamidad pública o desastre
natural.
La falta de capacidad técnica o económica para la gestión directa de un servicio público
deberá ser debidamente justificada ante el respectivo órgano legislativo local y la
ciudadanía por la autoridad ejecutiva, en las condiciones establecidas en la
Constitución y la ley. La selección correspondiente deberá realizarse mediante
concurso público con excepción de la delegación de las competencias de riego, agua
potable y alcantarillado a organizaciones comunitarias.
Art. 294.- Participación pública y social.- Se propiciará la participación de actores
públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y solidaria, de
conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la
ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial, rural
previstos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, especialmente en
aquellos donde se requiera la reserva del uso del suelo.
Art. 520.- Predios y bienes exentos.- Están exentas del pago de impuesto predial rural las
siguientes propiedades:
h) Las propiedades que sean explotadas en forma colectiva y pertenezcan al sector
de la economía solidaria y las que utilicen tecnologías agroecológicas
LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION
PÚBLICA
Registro Oficial Suplemento 395 de 04-ago.-2008
Última modificación: 21-ago.-2018

12. Art. 25.2.- Preferencia a bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano, y a los
actores de la Economía Popular y Solidaria y Micro, pequeñas y medianas
empresas.- En todos los procedimientos previstos en la presente ley, se preferirá al
oferente de bienes, obras o servicios que incorpore mayor componente de origen
ecuatoriano o a los actores de la Economía Popular y Solidaria y Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, mediante la aplicación de mecanismos tales como: márgenes de
preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva de
mercado, entrega de anticipos, subcontratación preferente, entre otros.
Para la adquisición de bienes, obras o servicios no considerados de origen ecuatoriano de
acuerdo a la regulación correspondiente se requerirá previamente la verificación de
inexistencia en la oferta de origen ecuatoriano, mediante mecanismos ágiles que no
demoren la contratación.
La entidad encargada de la contratación pública mediante la regulación
correspondiente incluirá la obligación de transferencia de tecnología y de
conocimiento en toda contratación de origen no ecuatoriano.
Art. 52.- Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que se
adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios de
consultoría, se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas, artesanos o
profesionales, y sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o
asociativa, preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que se
ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de
conformidad con la normativa que los regulen. Para la contratación de obra que se
selecciona por procedimientos de cotización y menor cuantía, se privilegiará la
contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas, o sectores de la
economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estén habilitados en
el RUP para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en la
circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato. Solamente en caso de que no
existiera en la circunscripción territorial del correspondiente gobierno, oferta de
proveedores que acrediten las condiciones indicadas en los incisos anteriores, la
máxima autoridad de la entidad contratante, mediante acto debidamente motivado,
podrá contratar con proveedores de otra circunscripción territorial o del país en el
mismo procedimiento, de lo cual se informará a través del portal correspondiente.
CAPITULO VI
Feria Inclusiva
Art. 59.1.- Feria Inclusiva.- La Feria Inclusiva es un procedimiento que se utilizará
preferentemente por toda entidad contratante, con el objeto de adquirir obras,
bienes y servicios de producción nacional, catalogados o normalizados, no
catalogados o no normalizados. En este procedimiento únicamente podrán
participar, en calidad de proveedores los productores individuales, las

13. organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, las unidades económicas
populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas.
DISPOSICION GENERAL. En los procesos de contratación pública para la provisión de
bienes y servicios para proyectos sociales públicos, las entidades contratantes
deberán privilegiar las ofertas que utilicen insumos y suministros de origen local,
mayoritariamente del sector de la economía popular y solidaria, de medianas y
pequeñas empresas, y el empleo de mano de obra de origen nacional
CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES
Del Objetivo y Ámbito de Aplicación
Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y
jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en
cualquier parte del territorio nacional. El ámbito de esta normativa abarcará en su
aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los
factores de producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio
comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas
que desincentiven las externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad
productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la
economía popular y solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por
las diversas formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la
Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los principios que
permitan una articulación internacional estratégica, a través de la política comercial,
incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a
través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente
Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines
b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y
solidaria
q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la
inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo,
de conformidad con la Constitución y la ley
Art. 5.- Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación
de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e
implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de
especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado. Para la
transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión productiva, a
través del fomento de: a. La competitividad sistémica de la economía a través de la
provisión de bienes públicos como la educación, salud, infraestructura y asegurando la

14. provisión de los servicios básicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas
de los territorios y el talento humano de las ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado
establecerá como objetivo nacional el alcance de una productividad adecuada de
todos los actores de la economía, empresas, emprendimientos y gestores de la
economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la
eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes instituciones que tengan
relación con la producción;
d. La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad
mediante la articulación y coordinación de las iniciativas públicas, privadas y populares y
solidarias de innovación y transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de
investigación a la actividad productiva.
e. La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo de todos
los actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía
popular y solidaria y de la micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar
la soberanía alimentaria y energética, las economías de escala y el comercio justo, así
como su inserción estratégica en el mundo
Art. 7.- Participación Intersectorial.- La participación intersectorial en el desarrollo de
estas políticas, se garantiza a través del Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo
y Comercio Exterior; órgano de estricto carácter consultivo y obligatoria convocatoria
institucional por parte de quien preside el consejo sectorial de la producción, en la
forma que determine el reglamento. Este Consejo Consultivo estará conformado entre
otros, por representantes del sector productivo privado, mixto, popular y solidario,
trabajadores y gobiernos autónomos descentralizados. El Consejo Consultivo tendrá una
representación amplia y plural que refleje los distintos sectores, territorios y
tamaños de producción. El Consejo Consultivo no contará con recursos
públicos para su funcionamiento, pero la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial
de la Producción brindará apoyo logístico a su operación y para la participación de sus
integrantes.
El Consejo Consultivo podrá proponer o sugerir lineamientos técnicos para la
elaboración de políticas a ser adoptadas por las entidades responsables de las
políticas de desarrollo productivo, inversiones, asociaciones público privadas y comercio
exterior. La integración y el funcionamiento de este Consejo Consultivo se normará en el
reglamento a este Código, el cual considerará la creación de Subconsejos en los ámbitos
antes señalados, en los que participarán los actores involucrados; en lo no previsto en
dicho Reglamento, mediante resolución del Consejo Sectorial de la Producción.
Art. 17.- Trato no discriminatorio.- Los inversionistas nacionales y extranjeros, las
sociedades, empresas o entidades de los sectores cooperativistas, y de la economía
popular y solidaria, en las que éstos participan, al igual que sus inversiones
legalmente establecidas en el Ecuador, con las limitaciones previstas en la

15. Constitución de la República, gozarán de igualdad de condiciones respecto a la
administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán
objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias. Las inversiones y los inversionistas
extranjeros gozarán de protección y seguridades plenas, de tal manera que tendrán
la misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio nacional.
TITULO II
Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y Comunitaria
Art. 22.- Medidas específicas.- El Consejo Sectorial de la Producción establecerá
políticas de fomento para la economía popular, solidaria y comunitaria, así como de
acceso democrático a los factores de producción, sin perjuicio de las
competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la
institucionalidad específica que se cree para el desarrollo integral de este sector, de
acuerdo a lo que regule la Ley de esta materia. Adicionalmente, para fomentar y
fortalecer la economía popular, solidaria y comunitaria, el Consejo Sectorial de la
Producción ejecutará las siguientes acciones:
a) Elaborar programas y proyectos para el desarrollo y avance de la producción
nacional, regional, provincial y local, en el marco del Estado Intercultural y
Plurinacional, garantizando los derechos delas personas, colectividades y la
naturaleza;
b) b) Apoyar y consolidar el modelo socio productivo comunitario para lo cual
elaborará programas y proyectos con financiamiento público para:
recuperación, apoyo y transferencia tecnológica ,investigación, capacitación y
mecanismos comercialización y de compras públicas, entre otros;
c) Promover la igualdad de oportunidades a través de la concesión de
beneficios, incentivos y medios de producción;
d) Promover la seguridad alimentaria a través de mecanismos preferenciales de
financiamiento delas micro, pequeña, mediana y gran empresa de las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias;
e) Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, afroecuatorianas y montubias que impulsen la producción agrícola,
pecuaria, artesanal, pesquera, minera, industrial, turística y otras del sector.
Los ministerios del ramo o secretarías nacionales que tengan como competencia el
fomento de la economía popular, solidaria y comunitaria, presentarán al término del
ejercicio económico anual, al ministerio que presida el Consejo Sectorial de la
Producción, reportes sobre los recursos invertidos en programas de generación de
capacidades, innovación, emprendimientos, tecnología, mejora de productividad,
asociatividad, fomento y promoción de oferta exportable, comercialización, entre otros,
con el objeto de potenciar este sector de la economía
Art. 55.- Compras públicas.- Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el
principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el

16. Instituto Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las
entidades contratantes cumplan lo siguiente:
a. Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los
procedimientos y proporciones establecidos por el Sistema Nacional de
Contratación Pública;
b. Otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una
adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de
manera oportuna;
c. Procurar la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del
Estado; y
d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del
sector público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y
ejecutados por las MIPYMES. El Instituto Nacional de Compras Públicas
mantendrá un registro actualizado de las compras realizadas a la economía
popular y solidaria y a las MIPYMES y divulgará estos beneficios a la
ciudadanía, así como los planes futuros de compras públicas a efectuarse por
el Estado y sus instituciones. Las mismas obligaciones y parámetros técnicos
para las compras inclusivas se deberán aplicar para beneficiar a los actores de la
economía popular y solidaria.
Art. 96.- Inversión en sectores estratégicos.- El Estado podrá delegar
excepcionalmente, a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, las
inversiones en los sectores estratégicos en los casos que se establezcan en las leyes de
cada sector y, subsidiariamente, en el presente Código. Sin perjuicio de lo dispuesto en las
leyes sectoriales correspondientes, los inversionistas nacionales y extranjeros que
desarrollen proyectos en los sectores estratégicos definidos en la Constitución y en las
demás disposiciones del ordenamiento jurídico aplicable, podrán acogerse
adicionalmente a lo previsto en este capítulo.
Art. 100.- Excepcionalidad.- En forma excepcional debidamente decretada por el
Presidente de la República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el
interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o
económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas
públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada
o a la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la
provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras
portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros.
Se garantizará lo dispuesto en la Constitución y se precautelará que los precios y
tarifas por los servicios sean equitativos y que su control y regulación sean
establecidos por la institucionalidad estatal. La modalidad de delegación podrá ser la
de concesión, asociación, alianza estratégica, u otras formas contractuales de
acuerdo a la ley, observando, para la selección del delegatario, los procedimientos
de concurso público que determine el reglamento, salvo cuando se trate de

17. empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de la comunidad
internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse de forma directa.
LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Capítulo III EXENCIONES
Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la
renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: (…)
19.- Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de
Economía Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean
reinvertidas en la propia organización.
Para el efecto, se considerará:
a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de
deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales,
conforme lo dispuesto en esta Ley.
b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas
realizadas con sus miembros, una vez deducidos los correspondientes costos,
gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley. Cuando
una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo,
utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente
cuando su contabilidad permita diferenciar inequívocamente los ingresos y los
costos y gastos relacionados con las utilidades y con los excedentes.
Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes
deberán liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria
vigente para sociedades.
20.- Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones
previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones
del numeral anterior.
Art. 9.5.- Exoneración de Impuesto a la Renta en la fusión de entidades del sector
financiero popular y solidario.- Las entidades del sector financiero popular y solidario
resultantes de procesos de fusión de cooperativas de los dos últimos segmentos que
formen parte del referido sector y que cumplan con los requisitos y condiciones
establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, gozarán de
una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados
desde el primer año en el que se produzca la fusión.
Las entidades del sector financiero popular y solidario de los segmentos distintos a los
mencionados en este artículo podrán participar en los procesos de fusión y
beneficiarse de la exención antes referida. Para el efecto, deberán cumplir con los
requisitos y condiciones que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y

18. Financiera. Sin perjuicio de lo señalado, el Comité de Política Tributaria autorizará
esta exoneración y su duración, la cual no podrá exceder al tiempo señalado en el inciso
anterior. Esta exoneración se aplicará de manera proporcional a los activos de la entidad
de menor tamaño.
Art. 9.6.- Exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas
microempresas.- Las nuevas microempresas que inicien su actividad económica a partir
de la vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento
de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, gozarán de la
exoneración del impuesto a la renta durante tres (3) años contados a partir del primer
ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales, siempre que generen empleo
neto e incorporen valor agregado nacional en sus procesos productivos, de
conformidad con los límites y condiciones que para el efecto establezca el reglamento a
esta Ley.
En aquellos casos en los que un mismo sujeto pasivo pueda acceder a más de una
exención, por su condición de microempresa y de organización de la economía popular y
solidaria, se podrá acoger a aquella que le resulte más favorable.
Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base
imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos e inversiones que se
efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente
ecuatoriana que no estén exentos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones:
(…)
24. Los sujetos pasivos que adquieran bienes o servicios a organizaciones de la
economía popular y solidaria -incluidos los artesanos que sean parte de dicha
forma de organización económica- que se encuentren dentro de los rangos para
ser consideradas como microempresas, podrán aplicar una deducción adicional
de hasta 10% respecto del valor de tales bienes o servicios. Las condiciones
para la aplicación de este beneficio se establecerán en el Reglamento a esta Ley.
Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- (..)
Para efectos tributarios, las organizaciones de la economía popular y solidaria, con
excepción de las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y asociaciones,
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, podrán llevar registros contables de
conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el Reglamento.
Art. 44.- Retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros.- Las instituciones,
entidades bancarias, financieras, de intermediación financiera y, en general las
sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo de
rendimientos financieros, actuarán como agentes de retención del impuesto a la renta
sobre los mismos. Cuando se trate de intereses de cualquier tipo de
rendimientos financieros, generados por operaciones de mutuo y, en general, toda

19. clase de colocaciones de dinero, realizadas por personas que no sean bancos u otros
intermediarios financieros, sujetos al control de la Superintendencia de Bancos, la
entidad pagadora efectuará la retención sobre el valor pagado o acreditado en
cuenta. Los intereses y rendimientos financieros pagados a bancos y otras entidades
sometidas a la vigilancia de las Superintendencias de Bancos y de la Economía Popular y
Solidaria, estarán sujetos a retención en la fuente, en los porcentajes y a través de los
mecanismos que establezca el Servicio de Rentas Internas mediante resolución.
Art. 82.- Están gravados con el impuesto a los consumos especiales los siguientes
bienes y servicios:
GRUPO V TARIFA ESPECÍFICA
TARIFA AD VALOREM
En el caso de bebidas alcohólicas producidas con alcoholes o aguardientes,
provenientes de la destilación de la caña de azúcar adquiridos a productores que sean
artesanos u organizaciones de la economía popular y solidaria que cumplan con
los rangos para ser consideradas como microempresas, la tarifa específica tendrá
una rebaja de hasta el 50% conforme los requisitos, condiciones y límites que
establezca el Reglamento a esta Ley. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable respecto
de cervezas.
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
Art. 4.- Lineamientos para la regulación y principios para la aplicación.- En
concordancia con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente,
los siguientes lineamientos se aplicarán para la regulación y formulación de política
pública en la materia de esta Ley:
1. El reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico.
2. La defensa del interés general de la sociedad, que prevalece sobre el interés particular.
3. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana y de las
diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones populares y
solidarias.
4. El fomento de la desconcentración económica, a efecto de evitar prácticas
monopólicas y oligopólicas privadas contrarias al interés general, buscando la eficiencia
en los mercados.
5. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los
operadores económicos al mercado.
6. El establecimiento de un marco normativo que permita el ejercicio del derecho a
desarrollar actividades económicas, en un sistema de libre concurrencia.
7. El impulso y fortalecimiento del comercio justo para reducir las distorsiones de la
intermediación.

20. 8. El desarrollo de mecanismos que garanticen que las personas, pueblos y nacionalidades
alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos a través de la redistribución de los recursos
como la tierra y elagua.9. La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo,
incentivar la producción, la productividad, la competitividad, desarrollar el conocimiento
científico y tecnológico; y,10. La necesidad de contar con mercados transparentes y
eficientes.
Para la aplicación de la presente Ley se observarán los principios de no
discriminación, transparencia, proporcionalidad y debido proceso.
Art. 10.- Abuso de Poder de Mercado en Situación de Dependencia Económica.-
Se prohíbe la explotación, por uno o varios operadores económicos, de la situación de
dependencia económica en la que puedan encontrarse sus clientes o proveedores, que no
dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación
se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos habituales, debe
conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se
conceden a compradores similares. El abuso consistirá, en particular, en:
1.- La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida
sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 30
días, salvo que se deba a incumplimientos graves, por parte del proveedor o
comprador, de las condiciones pactadas o en caso de fuerza mayor.
2.- Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales o
cualquier otro tipo de amenaza, precios, condiciones de pago, modalidades de
venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no
recogidas en las condiciones generales de venta que se tengan pactadas.
3.- La utilización del poder de mercado para generar o mantener la posición de
dependencia económica, de uno o varios operadores, tendiente a obtener ventajas
adicionales que no se conceden o concederían a compradores o proveedores similares.
4.- La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones
comerciales o deservicios no equitativos.
Las entidades públicas encargadas de la regulación de la producción en cada uno
de los sectores productivos vigilarán la estricta observancia de esta prohibición,
especialmente en los intercambios de los pequeños y medianos productores
agroalimentarios y de la economía popular y solidaria con las redes de intermediación del
sector privado, y, en caso de identificar incumplimientos, tomarán las medidas
correspondientes en el ámbito de su competencia, además de informar obligatoriamente
a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para la investigación y sanción
respectivas.
CAPITULO III
ACCION DEL ESTADO Y AYUDAS PÚBLICAS

21. Sección 1
Acción del Estado
Art. 28.- Aplicación de restricciones.- Será admisible el establecimiento de
restricciones a la competencia mediante resolución motivada de la Junta de
Regulación, por razones de interés público, en cualquier sector de la economía nacional,
en los siguientes casos:
1. Para el desarrollo de un monopolio estatal en favor del interés público;
2. Para el desarrollo de sectores estratégicos de conformidad con la Constitución de la
República;
3. Para la prestación de servicios públicos de conformidad con la Constitución de la
República;
4. Para el desarrollo tecnológico e industrial de la economía nacional; y,
5. Para la implementación de iniciativas de acción afirmativa a favor de la
economía popular y solidaria.
Procederá el establecimiento de restricciones a la competencia cuando se generen
beneficios específicos, concretos y significativos para la satisfacción del interés general, en
el ámbito o industria en la que se establezcan, se incremente la eficiencia y se
generen beneficios a favor de los consumidores o usuarios, que justifiquen la aplicación
de las mismas.
Art. 29.- Ayudas Públicas.- Se podrán otorgar ayudas por el Estado o mediante la
utilización de recursos públicos, por el tiempo que fuere necesario, por razones de
interés social o público, o en beneficio de los consumidores. Procederá el
otorgamiento de ayudas públicas en los siguientes casos: (…)
h) Las ayudas orientadas a impulsar la producción y transformación de
alimentos, destinadas a garantizar la soberanía alimentaria y que se otorguen
a pequeñas y medianas unidades de producción comunitaria y de la economía
popular y solidaria; (…)
Art. 32.- Autorización excepcional reservada al Ejecutivo.- Corresponde a la Función
Ejecutiva, de modo excepcional y temporal, mediante Decreto Ejecutivo, la definición
de políticas de precios necesarias para beneficio del consumo popular, así como
para la protección de la producción nacional y la sostenibilidad de la misma.
En el sector agroalimentario se podrá establecer mecanismos para la determinación
de precios referenciales.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado examinará permanentemente
los efectos delas políticas de precios autorizada bajo este artículo. De determinar
que se ha aplicado de manera abusiva o que el efecto es pernicioso en términos

22. agregados, procederá inmediatamente de conformidad con el inciso segundo del
artículo 31 de esta Ley.
Art. 52.- Supervisión de las restricciones a la competencia.- La Superintendencia de
Control del Poder de Mercado examinará permanentemente las restricciones a la
competencia conferidas en virtud de las disposiciones de esta Ley, y evaluará que
cumplan con los fines que motivaron su implementación. Salvo en los casos en que
no se trate de actividades o sectores económicos reservados exclusivamente al
Estado, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado propondrá las medidas
apropiadas para el desarrollo progresivo del régimen de competencia en las actividades o
los sectores beneficiarios.
Si la Superintendencia comprobare que una restricción a la competencia otorgada por el
Estado no cumple con el fin para el cual se otorgó, o se aplica de manera abusiva
o es contraria al objeto de esta Ley, mediante informe motivado, instará y
promoverá su supresión o modificación dentro del plazo que determine.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá suspender o dejar sin
efecto las restricciones al régimen de competencia previstas en el artículo 28, de
conformidad con lo previsto en esta Ley, previo el trámite del respectivo expediente en
el que se tomará en cuenta a las partes involucradas.
Sin embargo, en ningún caso pondrá en riesgo o afectará las condiciones productivas que
garantizan la soberanía alimentaria basada en las pequeñas y medianas unidades
productivas y de la economía popular y solidaria, ni tampoco la soberanía energética.
Además de suspender o dejar sin efecto las referidas exenciones o
restricciones, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado aplicará las
medidas correctivas y, de ser el caso, las sanciones previstas por esta Ley.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá solicitar la revisión de
los casos de ayudas públicas y de políticas de precios, en los términos de los artículos 29
y 32 de esta Ley.