La autora argumenta en contra de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina. Señala que la delincuencia juvenil es el resultado de problemas sociales más profundos como la desigualdad y la pobreza, y no se resolverá con medidas punitivas. También critica que el sistema penal actual no protege adecuadamente los derechos de los menores y propone enfoques de prevención y rehabilitación en lugar de simplemente castigar.

1. Friday, 02 de August de 2013
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: Una deuda pendiente de la democracia
Argentina.
Hoy en día la inseguridad y la violencia, parecen haberse convertido en hábitos comunes, con
los que ya no resulta raro encontrarse y es aún más preocupante cuando se es consiente que,
gran parte de esta problemática, es generada por menores delincuentes.
En argentina, ser menor de edad significa tener licencia para matar. La participación de
menores de edad en delitos calificados es del 70% y sigue en ascenso. Asaltos a mano
armada con resultados fatales; homicidios por un par de zapatillas, por un celular o porque
simplemente no se sentía apatía con la victima; violaciones a plena luz del día; participación
en la venta y elaboración de estupefacientes y por consiguiente el consumo de los mismos;
también el acoso escolar o bullying, el cual no tiene justificaciones socio cultural, los agresores
los cometen por que si. Todos delitos que en su mayoría son cometidos sin el mínimo de
remordimiento.
No es correcto pensar que los adolescentes involucrados en delitos no comprenden la
criminalidad de sus actos, no es lo mismo hoy, un chico de 18, de 16, de 14 que hace 20
años, cuando se sancionó nuestro código original, Decreto Ley 22.278, sancionado durante la
dictadura militar en el año 1980 y que estableció el Régimen Penal de Minoridad aún vigente,
el cual considera que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad.
Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años de edad, respecto de delitos de acción
privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o
con inhabilitación.
Si existiere imputación contra menores de 14 a 16 años, la autoridad judicial lo dispondrá
provisionalmente, procederá a internarlos para su protección "moral y material" sin importar si
han sido juzgados por la comisión de un delito. Esto lleva a que en los institutos de menores
convivan delincuentes juveniles con chicos carenciados o en situación de conflicto familiar.
Como señale anteriormente no se puede comparar un adolecente de hoy con uno de hace 20
años atrás, existe una nueva realidad del delito y la derogación del Decreto Ley 22.278 es
una deuda de la democracia argentina.
La nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, ya recibió media sanción por parte del
senado, por lo que ahora se espera que llegue a la cámara de diputados para su respectivo
análisis. La misma remplazaría el régimen penal de minoridad existente.
El nuevo régimen pretende bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Esta ley se aplica a
toda persona que sea menor de 18 y mayor de 14 años al momento de atribuírsele un hecho
tipificado como delito de acción pública en el Código Penal y leyes especiales, las cuales
serán alojadas en instituciones especiales. También se aplica esta ley a toda persona mayor
de 18 años a quien se le impute la comisión de un delito, si el autor lo hubiese cometido
encontrándose en la franja etaria indicada en el párrafo anterior. Además, quedan
comprendidos para la declaración de responsabilidad, los delitos dolosos con resultado de
muerte, delitos contra la libertad y contra la integridad sexual, así como también los casos de
lesiones graves, gravísimas, el robo con armas y el secuestro extorsivo. Las personas
menores de 14 años a quienes se atribuya la comisión de un delito están exentas de
responsabilidad penal.
Autora: López, Bárbara Elizabeth

2. Friday, 02 de August de 2013
Cabe destacar que, el propósito de este proyecto de ley, es efectuar posibles mejoras en
cuanto a las sanciones aplicables, el funcionamiento de las instituciones y centros
especializados para el cumplimiento de las penas y es una forma de llevar un control o
registro de jóvenes que delinquen, ya que, por ejemplo, no se tiene un perfil de jóvenes
violadores o que hayan cometido un robo, homicidio o incluso delitos menores como daño de
la propiedad privada, esto los hace sentir intocables y reinciden en el delito, lo que proyecta
una posible carrera delictiva.
Muchos pueden pensar que el único fin de esta ley es promover el castigo, no es así, piensen
en sus familias, en sus seres queridos, ¿Qué pasaría?, si en este momento les avisan que
asesinaron a su hijo en un asalto, o que secuestraron y violaron su hija o que robaron su casa,
sus pertenecías, los ahorros y el trabajo de toda una vida ¿Qué sentirían?, si luego del trágico
hecho, les informan que el culpable de la muerte de su hijo, o de la violación de su hija, de la
perdida de todo aquello que consiguió con su esfuerzo, tiene 15 años, que no puede ser
juzgado y condenado por sus actos, que estará libre, que no hay más que uno pueda hacer,
da impotencia, ¿no?.
Vemos a diario estas escenarios en las noticias, y simplemente es injusto pensar que el resto
de las personas deban vivir en situación de pánico continuo, porque no hay nada que
resguarde su integridad física y material, en estos casos, que sean ellas las que deban vivir
tras las rejas para asegurar sus vidas, sus posesiones y no aquellos que en realidad lo
merecen y logran librarse de responder por sus actos, debido a que aún nos rige un decreto
de 20 años atrás. Es hora de un cambio
Esta ley, pretende dar a aquellos ciudadanos dignos, la sensación de seguridad y justicia que
merecen, y la oportunidad a aquellos menores que cometen el ilícito, mediante la
correspondiente sanción de sus actos, el desarrollo de políticas de rehabilitación, de darse
cuenta que delinquir no es una opción de vida digna y así lograr la pronta y favorable inserción
en la sociedad.
Autora: López, Bárbara Elizabeth

3. Friday, 02 de August de 2013
Otra medida precipitada
La idea de “bajar la edad de imputabilidad” aparece periódicamente, activada por el
oportunismo político de dirigentes sin propuestas serias para la seguridad y por un periodismo
que día a día estigmatiza a los jóvenes pobres.
Debo decir que la inseguridad no es un problema penal, sino social, sería ingenuo pensar que
la punibilidad a menores de 16 años acabará con el delito de manera automática, porque la
criminalización de nuestros jóvenes no es la solución de la inseguridad. Sería apreciar solo
una pequeña parte de un problema mucho mayor, que afecta el tejido social de un país que no
ha parado de ampliar la brecha económica entre los que más y menos poseen.
Una vez mas el estado esta observando las consecuencias y no las causas de dicha
problemática, la desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la
escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes. Ese dato es
revelador, ya que se ha demostrado que, el crecimiento del delito es inversamente
proporcional a la disminución de la desigualdad social ya que, el 60% de los niños y
adolescentes de nuestro país se encuentra viviendo bajo la línea de pobreza, carecen de
condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación
y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades,
actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo
esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
El proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, establece que toda persona mayor de 14 y
menor de 18 años, luego de comprobar su culpabilidad y analizar el entorno del menor,
quedara a disposición de una autoridad judicial competente, y será ingresado a una institución
especial o centros de detención, pensemos, si el Estado no es capaz de controlar las
instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá controlar las que piensa crear, si
no se implementan los mecanismos de visita y control a los lugares de detención para prevenir
los abusos, los malos tratos, la tortura y las condiciones sanitarias deplorables con las que
cuentan, las cuales no ayudan a los chicos a progresar, sino todo lo contrario. También cabe
destacar que el sistema penal es discriminatorio, los separa del resto de la sociedad, los
marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el
cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se
provocan en niños y adolescentes.
Por otra parte, este debate, es espasmódico, cada vez que un chico menor a 16 años comete
un delito, inmediatamente se habla de la baja de imputabilidad, hay crímenes cometidos por
niños de 13 o 12 años, que vamos hacer, vamos a bajar la edad de imputabilidad a 12 años.
No podemos olvidar que detrás de cada delito juvenil hay un adulto o un Estado ausente, que
no asumió su responsabilidad en la provisión de derechos que a ese niño le hubiera
correspondido ejercer. Podemos imputar a un chico, pero no podemos asegurar el ejercido,
debidamente, de sus derechos a la educación, a la salud, al juego y hasta a la alimentación. .
Autora: López, Bárbara Elizabeth

4. Friday, 02 de August de 2013
Entonces, ¿Esa es la solución?, la persecución implacable sin contención previa del Estado.
De esa manera, se demuestra que la mera baja de la imputabilidad no sirve como medida de
fondo, sino como un manotazo de ahogado que no resuelve el problema en sí mismo.
Como sociedad, como Estado y como sujetos adultos tenemos la obligación de ayudar a
crecer a las nuevas generaciones. Simplificar el tema en la imputabilidad muestra el fracaso
de ese objetivo. Para no pasar los pecados de los padres a los hijos y a sus nietos tenemos
hoy un desafío por enfrentar, objetivos por lograr y responsabilidades que asumir.
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Autora: López, Bárbara Elizabeth