El documento analiza los efectos de la liberalización del mercado de servicios postales en las notificaciones de procedimientos administrativos. Argumenta que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tiene la presunción de fehaciencia en las notificaciones debido a su condición de operador designado para prestar el servicio postal universal. Sin embargo, una sentencia europea cuestiona un convenio entre el Ministerio de Educación y Correos sin licitación previa, lo que llevó a una nueva ley que regula el servicio postal universal y los derech

1. 1840 Rev. 19/2013 © EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
OPINIÓN
Colaboraciones
La «privatización» de las notificaciones
en los procedimientos administrativos: liberalización
versus garantías del procedimiento
César HERRERO POMBO
Secretario del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna
Se analiza la incidencia de la liberalización del mercado de los servicios postales en la acredi-
tación en la práctica de las notificaciones de aspectos trascendentales en los procedimientos
administrativos, teniendo en cuenta la presunción de fehaciencia que se atribuye en exclusiva a
la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
I. LAS NOTIFICACIONES EN LOS PROCEDI-
MIENTOS ADMINISTRATIVOS
La regulación de la práctica las notificacio-
nes en los procedimientos administrativos se
contiene, fundamentalmente, en el art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, cuyo
contenido damos por conocido. Aquí interesa
anotar algunos aspectos de dicha regulación,
como son la necesidad de tener constancia
de la recepción por el interesado o su repre-
sentante, así como de la fecha, la identidad
y el contenido del acto notificado, debiendo
incorporarse al expediente la acreditación de
dicha notificación. El precepto contempla dos
supuestos específicos que pueden resultar
conflictivos:
— Cuando la notificación se practique en
el domicilio del interesado, de no hallarse
presente éste en el momento de entregarse la
notificación podrá hacerse cargo de la misma
SUMARIO
I. Las notificaciones en los
procedimientos administrativos
II. La presunción de fehaciencia de
la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos
III. Las condiciones de prestación del
Servicio Postal Universal
IV. El encaje de las notificaciones
administrativas en los servicios
postales
V. La Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de la Unión Europea
de 18 de diciembre de 2007
VI. ¿Qué servicios quedan reservados
a la Sociedad Estatal de Correos
y Telégrafos?
VII. Conclusiones
Colaboraciones
© EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Rev. 19/2013 1841
OPINIÓN
cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera
hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el
día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora
distinta dentro de los tres días siguientes.
— Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administra-
tiva, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación
y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.
Como puede apreciarse, los efectos que se derivan de esta forma de actuar son trascendenta-
les no solo de cara a la tramitación del procedimiento en general sino, especialmente, en cuanto
al ejercicio de sus derechos por los ciudadanos, de manera que no resulta desproporcionado, en
principio, exigir que tales circunstancias o vicisitudes de la práctica de la notificación se acrediten
«fehacientemente» en el expediente administrativo.
II. LA PRESUNCIÓN DE FEHACIENCIA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea,
Sala Primera, de 18 de diciembre de 2007, proc. C-220/2006, que enjuicia la firma por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y Correos de un convenio de colaboración para la prestación de
servicios postales y telegráficos, sin haberse convocado licitación pública previa, se ha promulgado
la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y
del mercado postal, operándose cambios sustanciales en relación con la situación anterior, derivada
de la ley 24/1998.
La disposición adicional primera de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal uni-
versal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, se refiere al operador designado por
el Estado para prestar el servicio postal universal, disponiendo que «la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, Sociedad Anónima tiene la condición de operador designado por el Estado para prestar
el servicio postal universal por un período de 15 años a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, y en su virtud queda sujeto a las obligaciones de servicio público consistentes en la prestación
de los servicios que se recogen en el título III, que deberá cumplir conforme a los principios, requi-
sitos y condiciones que se establecen en esta Ley y en el plan a que se refiere el art. 22.»
El mencionado título III regula el Servicio Postal Universal (SPU), definido en el art. 20 de la Ley
43/2010 como «el conjunto de servicios postales de calidad determinada en la Ley y sus reglamentos
de desarrollo, prestados en régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a precio
asequible para todos los usuarios.»
El art. 21 define el ámbito del SPU en los siguientes términos:
1. Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida, admisión, clasificación,
transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos en régimen ordinario de:
a) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de soporte de
hasta dos kilogramos de peso.
b) Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso.
El servicio postal universal incluirá, igualmente, la prestación de los servicios de certificado y valor de-
clarado, accesorios de los envíos contemplados en este apartado.
2. Los envíos nacionales y transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catálogos, de publicacio-
nes periódicas y los restantes cuya circulación no esté prohibida, serán admitidos para su remisión en régi-
men de servicio postal universal, siempre que éste se lleve a cabo con arreglo a alguna de las modalidades
previstas en el apartado anterior.

2. Nº 5 • Septiembre-Octubre de 2013
15
www.oge.net / www.feae.es ¿Se gestionan los centros a partir de evidencias científicas?
es la base de datos en la que figuran las
publicaciones de más rango científico en
cada una de las áreas temáticas, ordenadas
en función a su factor de impacto. Éste se
calcula teniendo en cuenta el número de
veces que los artículos han sido citados por
otros autores. Web of Knowledge dispone
de un ranking (Journal Citations Report-
JCR) en el cual figuran las publicaciones
ordenadas según la posición que ocupan
dentro de su categoría temática, atendien-
do a dicho factor de impacto.
En la actualidad, la sociedad de la in-
formación nos permite tener un acceso
inmediato y en muchos casos gratuito a
distintas bases de datos (la ya mencio-
nada Web of Knowledge, así como otras
más específicas de educación, como ERIC,
o de ciencias sociales, como Sociological
Abstracts). De hecho, en el ámbito de la
publicación de revistas científicas exis-
te una corriente creciente a favor de las
plataformas de acceso abierto al conoci-
miento (Open Access) (Willinsky, 2009).
Todas estas herramientas ponen a nuestro
alcance las contribuciones más relevantes
en investigación educativa, realizadas por
investigadores e investigadoras que se han
formado en las mejores universidades del
mundo, como la Universidad de Harvard, la
Universidad de Cambridge o la Universidad
de Wisconsin-Madison.
Estas vías de acceso al conocimiento
científico que posibilita la sociedad de la
información deberían de ir de la mano de
un compromiso ético con la aplicación de
aquellas prácticas científicas que funcio-
nan, que verdaderamente son efectivas
para la mejora del aprendizaje, de los re-
sultados académicos, y en definitiva para el
avance y la transformación social (Puigvert,
Oliver, Valls y Yeste, 2012).
Actuaciones Educativas de
Éxito: mejores resultados
para todos los niños y niñas
Ya disponemos de investigaciones
científicas reconocidas y avaladas por la
Comunidad Científica Internacional que
marcan la línea para la mejora educativa
en nuestro país. El Proyecto Includ-ed:
Strategies for Inclusion and Social Co-
hesion in Europe from Education (2006-
2011), desarrollado bajo el paraguas del
6º Programa Marco de investigación eu-
ropea, ha permitido identificar aquellas
acciones educativas que contribuyen a
superar las desigualdades y promover
la cohesión social y aquellas que por el
contrario generan exclusión social, aten-
diendo especialmente a aquellos grupos
en situación de mayor vulnerabilidad (in-
migrantes y minorías culturales, mujeres,
personas con discapacidad, etc). Una de
las mayores contribuciones de INCLUD-
ED ha sido la identificación y estudio
de Actuaciones Educativas de Éxito. Se
trata de actuaciones educativas que
conducen a todo el alumnado hacia el
éxito académico, mejorando los aprendi-
zajes instrumentales y el clima del centro
educativo. En el ámbito educativo es muy
frecuente oír hablar de buenas prácticas,
para referirnos al intercambio de ideas o
experiencias que han funcionado en unas
condiciones concretas y que pueden servir
de inspiración para otras. Sin embargo, las
buenas prácticas responden a caracterís-
ticas de un determinado contexto, por lo
que no son transferibles. Las Actuaciones
de Éxito van mucho más allá. Son univer-
sales y pueden ser recreadas en contextos
muy distintos, conduciendo siempre que
son implementadas a la mejora educativa.
Además, la aplicación de las Actuaciones
de Éxito no solamente comporta mejoras
de resultados en lo referente al aprendi-
zaje instrumental en todas las materias
escolares, sino que también generan una
mejora de la convivencia (lo cual supone
mejores resultados en términos de valores
y ética; así como en las emociones y los
sentimientos).
Entre los ejemplos de Actuaciones de
Éxito avaladas y reconocidas por la Comu-
nidad Científica Internacional, podemos
destacar el establecimiento de formas de
organización del aula de carácter inclusivo,
basadas en las agrupaciones heterogéneas
de alumnado en cuanto a nivel de apren-
dizaje, género, cultura de procedencia, etc.,
como es el caso de los grupos interactivos,
que acaban de ser destacados en el pres-
tigioso Cambridge Journal of Education
(Valls y Kyriakides, 2013).
“Entre los ejemplos de Actuaciones de Éxito podemos destacar las aulas inclusivas"
Nº 5 • Septiembre-Octubre de 2013
¿Se gestionan los centros a partir de evidencias científicas?
14
El reto de la mejora
de la educación en España
Uno de los objetivos principales de la
Estrategia Europa 2020, orientada a la su-
peración de la crisis europea y a promover
un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, es reducir a menos de un 10%
el porcentaje de abandono escolar tempra-
no para el año 2020. Sin embargo, España
ostenta en la actualidad una tasa muy su-
perior a la de otros países de nuestro entor-
no y con niveles similares de inversión en
educación, situándose en 2012 en un 24,9
% (Eurostat, 2013), frente a la media Euro-
pea de 12,8 %. La mejora de los resultados
educativos resulta una de las estrategias
clave para garantizar la inclusión social y
profesional de toda la población.
En cualquier esfera profesional, los
usuarios demandan y esperan recibir las
mejores actuaciones, aquellas que ofre-
cen los mejores resultados. Por ejemplo,
cualquier persona que acude a un servicio
sanitario da por sentado que el equipo de
profesionales que le va a atender está al
tanto de los últimos avances científicos en
su campo, y que basarán su intervención en
la aplicación de éstos. Sería una aberración
que se pusiese en juego su salud.
Sin embargo, lo que parece tan evidente
en cualquier otro campo científico o pro-
fesional, no lo es tanto en el ámbito de las
ciencias de la educación en nuestro país.
En España, durante mucho tiempo ha sido
frecuente que aquellas personas que osten-
tan posiciones de responsabilidad política,
así como los profesionales de la educación,
hayan aplicado o inducido a aplicar actua-
ciones educativas que no están basadas
en el acervo de conocimientos científicos
reconocidos internacionalmente, sino en
supersticiones, intereses personales o mo-
tivaciones ideológicas que no persiguen la
mejora de nuestro sistema educativo. En
muchas ocasiones, el criterio que ha guiado
la innovación educativa española han sido
las ocurrencias de “expertos” que hacían
su propio negocio de charlas, conferencias
y recomendaciones —aunque no puedan
referenciar ni un centro que haya mejora-
do los resultados gracias a la aplicación de
sus recomendaciones—. De esta forma, las
distintas reformas educativas que se han
desarrollado en las últimas décadas han ido
promoviendo cambios aleatorios, basados
muchos de ellos en concepciones teóricas
del aprendizaje que llevan décadas denos-
tadas en otros países de nuestro entorno.
Esta falta de rigurosidad explica algunas de
las principales carencias que hoy encontra-
mos en nuestro sistema educativo.
Superando las “ocurrencias”
en favor de las evidencias
Si queremos mejorar los niveles edu-
cativos de todos los niños y las niñas, co-
mo medio para garantizar la igualdad de
oportunidades y resultados de cara a una
futura inclusión social y laboral de toda la
ciudadanía, resulta imperativo dejar atrás
antiguos enfoques educativos basados en
ocurrencias, en favor de aquellas actuacio-
nes educativas que han sido reconocidas y
avaladas por la comunidad científica. Nos
referimos a aquellas teorías y prácticas edu-
cativas que han sido analizadas en inves-
tigaciones de primer nivel, y que aparecen
publicadas en las revistas de mayor impacto
científico.
Es importante destacar que no todos
los estudios que se realizan son investi-
gaciones científicas. Con frecuencia, se
publican informes de muy diversa índole
que son encargados por distintas adminis-
traciones, fundaciones u otras entidades.
En muchos casos, estos estudios no están
basados en criterios científicos, por lo que
sus resultados y conclusiones no deberían
ser utilizados como el camino a seguir. Sin
embargo, sí que existen programas de in-
vestigación de alto nivel, evaluados y con
garantías de estar dando respuesta a los
retos actuales de nuestras sociedades. En
Europa, las investigaciones de más alto ni-
vel y reconocimiento son los Proyectos del
Programa Marco, iniciativa de la Comisión
Europea de apoyo y financiación al I+D+i.
A su vez, hay una serie de organizacio-
nes y asociaciones científicas de carácter
internacional específicas para el ámbito de
la investigación educativa, como la Ameri-
can Educational Research Association (AE-
RA), o la European Educational Research
Association (EERA). Aparte de constituir
foros de promoción de la investigación
científica mundial en nuestro ámbito de
conocimiento, éstas u otras asociaciones
organizan encuentros anuales donde se
dan cita investigadores de muy distinta
procedencia, para presentar y discutir las
últimas contribuciones científicas en nues-
tro campo.
Además, existen una serie de revistas
científicas de impacto científico, cuya pu-
blicación ha pasado por distintos procesos
de evaluación de calidad, como la revisión
por pares (peer review), como medio para
garantizar que todo lo que se publica sea
riguroso y relevante. Tenemos a nuestro al-
cance distintas herramientas que permiten
identificar cuáles son las publicaciones más
reconocidas y referenciadas internacional-
mente. Por ejemplo, Web of Knowledge
Si queremos mejorar los niveles
educativos de todos los niños y niñas, es
imperativo tener en cuenta las actuaciones
educativas que han sido analizadas en
investigaciones, reconocidas y avaladas
por la comunidad científica

3. LALEYDERECHODELOSNEGOCIOS.RevistaPrácticaparaelAsesoramientoEmpresarialNÚMERO271•SEPTIEMBRE-OCTUBREDE2013
Consulte en: http://derechonegocios.laley.es
la revista en su formato electrónico
R E V I S TA PR Á C T I C A P A R A E L A S E S O R A M I E N T O EM P R E S A R I A L
D E R E C H O D E L O S
NegocioS
3652K228953652K22895
El cumplimiento
informatizado de los
deberes contables
del empresario
La mediación como instrumento de
resolución de conflictos en la empresa
familiar
La liquidación de compañías
mercantiles pobres de masa: de
la Resolución DGRN de 2 de julio
de 2012 al Auto del Juzgado de lo
Mercantil núm. 1 de Almería
de 28 de enero de 2013
Doctrina registral sobre sociedades
(Sociedades)
Modificación de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres (Contratación
mercantil)
La legislación laboral y social en el verano
de 2013: del plan de empleo juvenil a los
ajustes en la reforma laboral (Relaciones
Laborales)
NÚMERO 271 AÑO 24 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2013
La profunda crisis económica actual ha puesto de relieve la necesidad de incentivar
medidas de gestión preventiva de la insolvencia, en aras a evitar su judicialización en
la medida en que sea posible. En este sentido, la presente obra examina diversas figu-
ras jurídicas alternativas al concurso de acreedores, los denominados Institutos pre-
concursales, con vistas a lograr una gestión más eficaz de la insolvencia.Así, mediante
un enfoque eminentemente práctico, se lleva a cabo un estudio doctrinal y jurispru-
dencial de losAcuerdos de refinanciación, del riesgo de rescisión concursal de los acuer-
dos que no se ajusten a su contenido y de los efectos inherentes a su homologación
judicial, en vigor desde el 1 de enero de 2012.
Adicionalmente, se examinan las figuras del preconcurso y del privilegio otorgado por
la reforma al dinero nuevo o fresh Money como mecanismos incentivadores de la uti-
lización de las figuras alternativas al concurso por parte de los deudores con dificulta-
des económicas.
ESTUDIO DOCTRINAL INTRODUCTORIO
PROBLEMÁTICA JURISPRUDENCIAL ORDENADA Y SIS-
TEMATIZADA
ESQUEMAS PROCESALES, FORMULARIOS GENERALES,
CASOS PRÁCTICOS Y NORMATIVA REGULADORA
AUTOR:
Carlos Pavón Neira
Páginas:228 / Encuadernación:Cartoné / ISBN:978-84-9790-575-6
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NÚMERO271•SEPTIEMBRE-OCTUBREDE2013
52 Número 271 - Septiembre-Octubre 2013© LA LEY
Sociedades
MARÍA JESÚS GUERRERO LEBRÓN
Acreditada al cuerpo de catedráticos de Universidad
Profesora Titular de Derecho mercantil
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
— Contradicción entre dos artículos estatutarios.
Para resolverla se aplican las reglas de interpretación
de los contratos y las reglas hermenéuticas de las le-
yes. [DGRN de 4 de junio de 2013 (BOE nº 160, de 5 de
julio de 2013)].
En el supuesto planteado el registrador se niega a ins-
cribir una escritura de aumento de capital por considerar
que no se respetan las reglas sobre mayorías recogidas en
los estatutos. Lo cierto es que, ante la postura registral,
la cuestión se centra en discernir cómo hay que interpre-
tarlos, ya que existe una contradicción entre dos artículos
de los estatutos sociales relativos a las mayorías exigidas
para la adopción de los acuerdos de aumento de capital.
En los estatutos inscritos de dicha sociedad, el art. 11
dispone que « a) El aumento o la reducción del capital
y cualquier otra modi cación de los estatutos sociales
para la que no se exija mayoría cuali cada requerirán
el voto favorable de, al menos el 80 % de los votos co-
rrespondientes a las participaciones en que se divida el
capital social”, mientras que el art. 10 de los mismos
estatutos establece que “el aumento o la reducción del
capital y cualquier otra modi cación estatutaria de los
Estatutos sociales para la que no se exija mayoría cua-
li cada, requerirán el voto favorable de más de la mitad
de los votos correspondientes a las participaciones en
que se divida el capital social».
Existe, pues, una contradicción pues los estatutos
contemplan una regla general en el art. 10, que es idén-
tica al régimen regulado y establecido legalmente, y una
norma especial en el art. 11, en el que se refuerza el ré-
gimen de mayorías, aun cuando aparentemente ambas
son aplicables a los mismos supuestos. No obstante, la
DGRN considera que atendiendo al doble carácter de los
estatutos, contractual y normativo, su interpretación debe
hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpreta-
ción de los contratos, pero sin excluir absolutamente las
reglas hermenéuticas de las leyes.
Así, conforme a lo que dispone el art. 1281 Cc, cuan-
do las palabras utilizadas en el contrato parecieren con-
trarias a la intención de los contratantes prevalecerá ésta
sobre aquellas. En este sentido, parece evidente la volun-
tad de los fundadores de reforzar el régimen de mayorías
para la adopción de acuerdos, pues si su voluntad hubiera
sido acogerse a la regulación legal supletoria no hubieran
establecido ninguna norma en los estatutos, sino que se
hubieran limitado bien a guardar silencio sobre la mate-
ria, o bien a reproducir el precepto legal correspondiente.
En cuanto a las reglas de interpretación de las leyes,
la que resulta aplicable al caso es el principio «lex specia-
lis derogat legi generali», lo que supone que el régimen
general (el del art. 10 de los estatutos, que coincide con el
régimen legal supletorio) decae ante el régimen de mayo-
ría reforzada que se consagra en el art. 11 de los estatutos.
Designaciónderepresentantepersonafísicadelaso-
ciedad administradora
— Designación de representante persona física de
la sociedad administradora. Se admite la designación
por la junta general [DGRN de 10 de julio de 2013
(BOE nº 189, de 8 de agosto de 2013)].
En el caso que aquí se plantea la DGRN estima el
recurso planteado contra la cali cación registral que sus-
pende la inscripción de la designación de representante
persona física de sociedad administradora por considerar
que no es competente a estos efectos la junta general.
A estos efectos, en su nota de cali cación el regis-
trador cita los arts. 143 RRM y 212 bis.1 LSC, a pesar
DOCTRINA REGISTRAL
DGRN
Contradicción entre dos artículos estatutarios

4. http://practicaurbanistica.laley.esNÚM. 124 • AÑO 12 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2013
Consulte en
htpp://practicaurbanistica.laley.es
la revista en su formato
electrónico
3652K228273652K22827
La ponderación
de expectativas
urbanísticas en la
valoración del suelo
en situación rural
La recaudación de las
cuotas de urbanización
¿Son constitucionales
las leyes autonómicas
que afectan al régimen
de ejecución de
sentencias, invocando
como respaldo la
incidencia de alguna
competencia exclusiva
autonómica sectorial?
ExtraWEB
Comunidad de Aragón
Miguel Ángel García Valderrey
http://practicaurbanistica.laley.es
Número 124 I Septiembre-Octubre 2013 LA LEY Práctica Urbanística©
I 25
De conformidad con el artículo 110 del texto refun-
dido, los programas de actuación urbanizadora conten-
drán los siguientes documentos:
1. Contenido del programa de actuación urba-
nizadora
1.1. Una alternativa técnica conformada por:
a) Documento expresivo de la asunción de la orde-
nación detallada establecida en el Plan de Ordenación
Municipal o que contenga propuesta de ordenación que
complete detalladamente la del sector, o unidad de ac-
tuación, o modifique la determinada en el planeamiento.
Si la modificación propuesta afectara al área de reparto
definida en el Plan de Ordenación Municipal, el aprove-
chamiento tipo resultante deberá cumplir las condicio-
nes señaladas en los números 1 y 2 del artículo 70, sin
perjuicio de la aplicación posterior en el proyecto de re-
parcelación de los coeficientes de ponderación previstos
en el número 3 del artículo 72.
b) Anteproyecto de urbanización con los siguientes
contenidos mínimos:
1) Definición y esquema de las obras de urbaniza-
ción, describiendo, como mínimo, los elementos
significativos y relevantes que permitan determi-
nar su coste total.
2) Memoria de calidades, relativa, al menos, a las
principales obras y elementos de urbanización a
ejecutar.
3) Definición de los recursos disponibles para los
abastecimientos básicos, modo de obtención y
financiación.
4) Características básicas de la red de evacuación
de aguas que se prevé diseñar, indicando su ca-
rácter separativo o no; su capacidad de drenaje,
dimensionándola con el potencial aproximado
de efluentes a soportar, tanto pluviales como
residuales, ya tengan su origen en el ámbito del
Programa o bien en posibles aportes exteriores;
punto o puntos de vertido y calidad de éste, en
relación con su depuración e impacto ambiental.
5) Capacidad portante de la red viaria y las directri-
ces para la implantación de los demás servicios
de urbanización.
1.2. En el caso de gestión indirecta, se formulará
una propuesta de convenio urbanístico a suscribir entre
el adjudicatario, la Administración actuante y los propie-
tarios afectados que voluntariamente quieran ser parte
en él, donde se harán constar los compromisos, plazos,
garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación.
En caso de gestión directa, el convenio se sustituirá por
una relación precisa de los compromisos asumidos.
1.3. Una proposición jurídico-económica com-
prensiva de los siguientes aspectos:
a) Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador
y los propietarios justificando en su caso la dispo-
nibilidad de aquél sobre los terrenos de éstos, los
acuerdos ya alcanzados y las disposiciones relati-
vas al modo de retribución del urbanizador.
b) Estimación de la totalidad de los gastos de ur-
banización, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 115. No obstante, la estimación de las
indemnizaciones a que se refiere la letra g) del
número 1 del artículo 115 no se tendrá en con-
sideración como criterio de adjudicación del co-
rrespondiente Programa de Actuación Urbaniza-
dora.
c) Proporción o parte de los solares resultantes de
la actuación constitutiva de la retribución del ur-
banizador o definición de las cuotas cuando se
prevea el pago en metálico, expresándose si le
corresponde recibir algún recargo sobre la esti-
mación de gastos de urbanización en concepto
de beneficio o retribución de la gestión.
A los efectos de determinar la proporción o
parte de los solares resultantes de la actuación
constitutiva de la retribución del urbanizador se
considerará lo dispuesto en la normativa estatal
respecto de la valoración del suelo en régimen
de equidistribución de beneficios y cargas.
d) Incidencia económica, estimada tanto en térmi-
nos de valoración de los terrenos que hayan de
adjudicársele como en su cuantificación y modo
de adquisición, de los compromisos que interese
adquirir el urbanizador, ya sea con la finalidad de
efectuar aportaciones al patrimonio municipal de
suelo, de realizar obras adicionales a las mínimas
establecidas legalmente o de afectar dichos te-
Autor: Miguel Ángel García Valderrey.
Título: Procedimiento para la redefinición de unidades de
actuación a través de los programas de actuación urbaniza-
dora de iniciativa particular (Castilla-La Mancha).
Resumen: En el presente artículo se analiza el procedimien-
to para la definición de las unidades de actuación a través
de los programas de actuación urbanística, en el ámbito
autonómico castellanomanchego, desarrollando el conteni-
do del documento que se aprueba, así como las diferentes
fases que se desarrollan durante el procedimiento adminis-
trativo para la aprobación definitiva de la redefinición de la
unidad de actuación.
FICHA RESUMEN