Saquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto. Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos. La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y la piel sufre de hiperqueratosis. La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur América, los gobiernos ajustan las leyes para evitar que protesten e impidan el acceso de la maquinaria en su territorio: se les criminaliza, agrede y detiene.

1. Los demonios de la minería en América Latina
Por Gilberto Lastra
Saquean empresas mineras a países de la América Latina con el
consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de
contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico,
cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales,
por el método de extractivo a cielo abierto.
Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que
al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de
la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de
explosivos.
La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados
que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los
tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los
aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la
retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.
La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur
América, los gobiernos ajustan las leyes para evitar que
protesten e impidan el acceso de la maquinaria en su
territorio: se les criminaliza, agrede y detiene.

2. Según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de este país
juega un papel preponderante en esta depredación porque el 60 por
ciento las corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de
Toronto con pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y
el 75 por ciento del total se registra en territorio canadiense.
En los países donde instalan sus proyectos, los negocios
pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por
los metales que extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo
hacen por un valor inferior su precio comercial, detallan activistas de
América Latina.
El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en
las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre
y litio para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular,
como en la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.
El paraíso de las mineras
Una empresa minera en Canadá puede cotizar en la Bolsa de
Valores de Toronto con más facilidades que en otros centros
financieros en el mundo, porque se les exigen menos requisitos
como lo son las pautas voluntarias, reportar recursos minerales y
menos informes.
Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining
Watch Canada, asegura que también existen ventajas
tributarias: no pagan impuestos sobre inversiones fuera del país;
existen relaciones exteriores armonizadas para servir la industria
minera, que incluye la promoción diplomática, la cooperación
internacional; impunidad en casos de abuso; fuerte dependencia
sobre mecanismos voluntarios; poca implementación de la ley anti-
corrupción, respuestas lentas a solicitudes bajo la ley de acceso a la
información, y obstáculos para demandar a empresas en Canadá por
violaciones fuera del país.
Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren
brecha o interfieren con gobiernos o activistas, uno de ellos en
España, en Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma
una vez; en Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la
creación o reformas de una ley minera; en Filipinas y Costa Rica
también participan al promover o mediar en conflictos de empresas.
En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios
canadienses fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el
primer caso, por medio de solicitud de acceso a la información al

3. gobierno canadiense, se dio a conocer que la embajada apoyó a la
empresa Blackfire Exploration que se le involucra en el conflicto
por actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano
Abarca. Y en los documentos se detalla que sabían de existencia de
activista antes de su asesinato.
En Morelos, habla Moore sobre la intervención de la embajadora
Sara Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources,
mina que causó protestas de los pobladores, junto con el Gobernador
Graco Ramírez.
Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por
la Minera (REMA), asegunda a Moore en el tema las facilidades
ofrecidas por el gobierno canadiense, al afirmar que este 60 por
ciento de empresas, emiten acciones en Bolsa se inscribe en el
Toronto Stock Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se
destinaron 220 mil millones de dólares canadienses al
financiamiento minero, más de un tercio del total mundial.
La Bolsa de Toronto se ubica muy por delante de su competidor
directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90 por ciento
de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron
administradas por el TSX.
Relatoría de la ONU y sus asegunes
En el documento “Informe del Relator Especial sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indíge-
nas, James Anaya”, (A/HRC/18/35) para el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año
del 2011, hay un reconocimiento explícito del daño en las
comunidades nativas de los territorio del globo terráqueo por
la industria extractiva.
Da la razón que: “los proyectos de extracción de recursos naturales y
otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios
indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes
más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas
en todo el mundo”.
En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear
legislación para regular el modelo extractivista, por ser la única
manera viable de garantizar que no habrá abusos por las empresas
trasnacionales ni en su territorio ni en sus recursos naturales.

4. Fue en el reporte «Informe del Relator Especial sobre los derechos de
los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los
pueblos indígenas » (A/HRC/24/41), Consejo de Derechos Humanos,
de 2013.
“En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del
Estado de proteger los derechos humanos entraña
necesariamente la existencia de un marco regulatorio que reconozca
plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y
recursos naturales, así como los derechos que pueden verse
afectados por las operaciones de extracción; que exija el respeto de
esos derechos tanto en todas las decisiones administrativas
pertinentes del Estado como en el comportamiento de las empresas
extractivas; y que prevea sanciones y recursos efectivos cuando esos
derechos sean vulnerados por actores públicos o privados. Ese marco
regulatorio requiere leyes o reglamentos que incorporen las
normas internacionales de derechos indígenas y que las pongan
en práctica a través de los distintos componentes de la
administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la
minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos
naturales”.
Según Silvia Herrera, asesora de proyectos para la Red Internacional
de Derechos Humanos (RIDH), Anaya, para solicitar el respeto de los
pueblos indígenas, utiliza la herramienta legal, la debida
diligencia, para que aplicar las leyes internacionales en el momento
que la del Estado sea débil o nula.
Herrera refiere los estos fragmentos de los informes del Relator
Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel
internacional, en el momento de la instalación de una empresa
extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el
consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende
extraer minerales en América.
Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad afro-
descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los Guarani-
Kaiowá en Brasil.
“A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y
jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio
169 creado por la Organización Internacional del Trabajo),
el desarrollo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e
informado – y sus consecuencias en materia de violación de los
derechos de los pueblos indígenas- son aún una constante en
América Latina”.

5. Reconoce los puntos a favor de las comunidades al Relator Especial,
pero contrapone en el último informe, en el que habla Anaya de la
“extracción preferida”, para lograr una asociación entre los nativos y
las empresas, pues considera que en América Latina no existen las
condiciones, al menos en el corto plazo, para que se logre por el
sistemático abuso de las negociantes mineras.
Otro de los puntos que critica Herrera sobre los informes del Relator
Especial, es quién debe de hacer las consultas para aprobar la
instalación de un proyecto extractivo, porque en reiteradas
ocasiones, considera que el Estado o los gobiernos están obligados a
que se realicen informados para ejercer su derecho de libre
determinación; pero el último documento expuesto ante el Consejo
de Derechos Humanos toma otro rumbo, y da cuenta del apoyo a las
empresas mineras.
Del informe de Anaya se extrae el fragmento: “En virtud de su
derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres de
entablar negociaciones directamente con las empresas si así lo
desean. De hecho, las negociaciones directas entre las empresas y los
pueblos indígenas pueden ser la forma más eficiente y conveniente
de llegar a acuerdos para la extracción de los recursos naturales
existentes en los territorios indígenas que respeten plenamente los
derechos de los pueblos indígenas, y pueden proporcionar a estos
oportunidades de promover sus propias prioridades de desarrollo”.
Herrera habla que en el año del 2009, Anaya sostuvo una posición
contraria a la de su último informe, y en ese documento refiere
que es el Estado quien debe garantizar el proceso y respeto de
los resultados de la consulta.
Asegura que las empresas deben efectuarla, pero en un carril distinto
al de los gobiernos, porque el Estado debe garantizar la debida
diligencia. “Las consultas y el diálogoencaminado a definir el
modelo de desarrollo que va a afectar a estos pueblos no debe
transferirse a otros actores, puesto que esto puede poner en duda
la objetividad, la parcialidad y la efectividad de todo el proceso”.
Esta controversia, abre otra ruta informativa, porque miembros de la
ONGs en centro y sur América, atestiguaron que en sus respectivos
países, se informa a los pueblos sobre los daños de la minería,
porque tanto los gobiernos como las empresas efectúan
campañas para convencerlos que vendan sus tierras y
permitan la extracción de minerales, con prebendas o promesas
que no se cumplirán: se les miente a los habitantes de las
comunidades.

6. En este juego de campañas y contracampañas, las ONGs en América
Latina se enfocan en socializar el daño de este mecanismo de
extracción y en afinar las consultas, la única arma legal para
impedir la instalación de un proyecto; la otra es la movilización
campesina e indígena en los lugares.
El trabajo en México
Eleuterio Rodríguez trabajó durante seis meses en una mina en la
sierra de Durango, estado norteño en México; su labor era auxiliar a
un minero abriendo brecha en el subsuelo, pero sin casco, guantes y
ropa adecuada. Tampoco le entregaron un tapabocas.
Fumaradas de polvo le tocó tragar mientras taladraba su compañero
las capas geológicas. De ocho horas en ocho, se le fue acumulando
roca fracturada en los pulmones.
Alega que los pobladores del lugar saben dónde hay mejores vetas
que las explotadas por las grandes mineras, pero prefieren burlarse
de los geólogos que llegan al lugar a buscar los mejores tiros.
Incluso lo hacen para evitar que sigan con la depredación de lo medio
ambiente.
Eleuterio vive en la ciudad de Durango y trabaja barriendo banquetas
y pintando casas o haciendo trabajos de jardinería porque perdió seis,
el argumento: se le dijo que le pagarían directamente a su esposa;
pero durante ese tiempo estuvo incomunicados de ella, y no supo que
no cobró una sola quincena hasta que lo despidieron.
Su complexión física era exacta para el trabajo, sostener al que hace
los boquetes, corpulento y alto, acostumbrado al trabajo duro y
constante; por todo lo demás era desechable, y lo fue hasta que
bajaron de la camioneta de la empresa en una de las calles de
Durango.
No cree que alguna autoridad haga algo en su defensa, y por eso no
interpuso denuncia alguna quiso que se le pagara lo que trabajó. Deja
en claro que es demasiado el poder de las empresas mineras y
su relación con los gobiernos, y perderá si comienza un juicio
laboral. Está esperanzado en encontrar algún empleo de custodio en
alguna cárcel. Siempre y cuando guarde el secreto de haber ido
explotado en una mina serrana sin goce de sueldo.
En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
(PROFEDET), existen solamente 52 juicios legales de
trabajadores a empresas mineras. Y Zacatecas registra 18 de

7. ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Baja California sur son 5;
Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis Potosí con 2; y con
uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de México.
Al respecto Miguel Mijangos, representante de Procesos Integrales
para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), habla de una disputa
entre los dos sindicatos mineros en México, uno liderado por
Napoleón Gómez Urrutia, y el blanco de Carlos Pavón, nacido para
adelgazar los derechos laborales y en los contratos durante la
administración federal panista: “no respetan antigüedad, pagos por
accidentes y otras prestaciones que históricamente están vinculadas
a los derechos laborales patronales”.
En el tema sindical, refiere la pugna generala creación de secciones
de ambos mandos en varias minas, y el ejemplo son en la Sierrita
de Galeana en el estado norteño de Durango y en Carrizalillo,
en Guerrero. “Ello genera un ambiente hostil en la contratación de
trabajadores, pues la empresa empuja a que sean por la vía del
sindicato de Carlos Pavón, pues para ellos significa menos pagos en
todo. Pero, por otra parte, el sindicato de Gómez Urrutia
normalmente le gana la partida en el tribunal a la empresa y también
establece su sección”.
Los acuerdos extralaborales se dan por el divisionismo de los
sindicatos, y al final, incide en pocas demandas o juicios contra
empresas mineras, dice.
El outsoursing viene a la alza en México, y considera Mijangos que
dejan en indefensión a los trabajadores más que si los
subcontrataran, porque ahora la empresas buscan a empleados que
no sean sindicalizados, y se genera competencia por los espacios
desvaneciendo las prestaciones laborales.
Esa falsa competencia laboral hace que tanto la empresa,
como los sindicatos y los administradores
del outsourcing abusen, y si algún trabajador reclama se le despide
o lo amenaza despidiendo a amigos o familiares, dice al ejemplificar
que así sucede en Carrizalillo, y por esto ya no realizan demandas.
Defender lo sagrado
En la zona wirrarica, se encuentran detenidas toda actividad
de extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son
administradas por First Majestic y Proyecto Universo trae las
restantes 40 por la empresa Revolution Resources. Y una filial de
Frisco, empresa de Carlos Slim Helú.

8. Es una zona protegida, la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta
desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros,
abarcando aproximadamente 98 mil hectáreas de las más de 140
mil que forman la reserva, el 70 por ciento.
La movilización es pacífica y es importante de la unidad de los
pueblos y con las ONGs que luchan contra la minería, dice Santos de
la Cruz, integrante del Frente en Defensa de Wirikuta. Y el primer
logro que menciona es la no extracción mientras se valora en los
tribunales la razón jurídica.
No hay respuesta efectiva del Gobierno mexicano, y es por eso que
las movilizaciones y los recursos legales han servido, asienta.
Y habla sobre uno de los problemas que vive el movimiento de
defensa, porque las empresas mineras y los funcionarios de los
municipios cercanos, y principalmente de Real de Catorce siembran
la noticia falsa en la zona, “porque nos ponen como los malos, que
nos queremos adueñar de su patrimonio. Lo hacen para causar
problemas y dividirnos. Nosotros nos hemos acercado a ellos con
éxito y se generó el movimiento”.
El apoyo institucional al extrativismo
Existe una Ley en la que se prohíbe a los propios nacidos en el
territorio argentino el trabajar el modelo de extracción a cielo
abierto. “Todas las concesiones tiene que ser entregadas a
empresas extranjeras”, dice Carla Díaz Moreno activista de
provincia de La Rioja.
También el Estado gaucho, otorga 30 años de estabilidad fiscal, -dice-
, lo que se traduce en el no pago de impuestos ni de insumos
para la extracción de minerales. “Y encima son subsidiados por el
Gobierno nacional”.
Del total de impuestos declarados, a estas empresas se les reintegra
entre un 8 y un 10 por ciento de lo tributado, asegura Díaz Moreno.
Recuerda que en Famatina, el saqueo viene desde la presencia de
los españoles y luego por los ingleses, y ahora las trasnacionales
buscan comenzar con la minería a cielo abierto. “La lucha en
Argentina es en toda la cordillera de Los Andes. Nuestro pueblo ha
logrado unirse y sacarse a la minera de encima. Se ha logrado frena
a las empresas. Tenemos las desventaja que el gobierno nacional
impulsa y avala la imposición de la minería en los pueblos”.

9. El conflicto andino
El Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca
Tupayachi, relata que en Perú la resistencia civil es alta, y en los
últimos años lograron la destitución de dos funcionarios del
gabinete nacional, y alude a los casos de Minas Conga y Tía María,
en la gente se opone a la actividad minera.
Existen más conflictos, y uno es porque la gente solicita a las
empresas mineras beneficios para los habitantes, ganancias por la
extracción o fuentes en empleo; otros para evitar la depredación
de los recursos naturales de la zona, asienta.
Con el auge de los metales en la última década por el aumento de los
precios se generan importantes ingresos que van a dar al gobierno,
que es ineficaz para administrarlos y mejorar el servicios de
educación, salud, o ser competitivos, alega.
Resume que la Defensoría del pueblo registra en Perú 220 conflictos
y el 55 por ciento están vinculados a la actividad minera.
El coordinador Regional en América Latina del Revenue Watch
Institute, Carlos Monge, habla de los principales problemas generados
en el país andino son de resistencia y convivencia, los últimos con
una complejidad importante, porque las comunidades se
enfrentan al ambiental y social generado por la instalación de
megaproyectos mineros.
Monge reconoce que la resistencia logró poner a su favor el espacio
político en cada región, y se vinculan. “En el caso de Tía María, la
municipalidad jugó un rol importante para detener la actividad minera
por el proceso de consulta con los instrumentos legales”.
En Conga hubo muertos y heridos por el conflicto de resistencia. “Se
reprime a las personas que están en contra de la actividad
minera”. Habla de la estrategia de los campesinos peruanos, pues
rotan su presencia en el lugar para impedir el paso de maquinaria, y
les permite la vigilancia de hasta 500 personas de permanentemente
y evitar que se vacíen por las empresas mineras las lagunas ubicadas
a 3,000 metros de altura.
En Perú existe la figura del Gobernador regional, y es otro pilar en el
que sostiene la resistencia pues es un campesino o un maestro del
lugar el que ocupa el cargo, afirma.

10. Pero, también existen los mineros populares, pues son habitantes de
las mismas comunidades dedicadas a la extracción de minerales, y es
el espacio, en el centro-sur del territorio peruano el lugar
donde más se practica esta actividad sin el control adecuado
de sustancias tóxicas, “es una minería sucia y se usa el arsénico
con las manos, y en las casas, lo que hace más daño que incluso la
gran minería”, advierte.
Lo promueven como país minero
En el caso colombiano, se promueve la extracción de minerales
como la vocación colombiana, con eco en las empresas de este tipo,
pues en 2004 el registro es de mil 200 licencias y en el 2013 se
contabilizan 9 mil 400 para hacer exploración, dijo Fabio
Velázquez Carrillo, director de la Unidad de Proyectos de la Fundación
Nacional por Colombia.
Dentro del programa de desarrollo de este país, la minería tiene un
papel preponderante como un ingreso financiero, admite. Y en
los lugares donde se han solicitado licencias y las aceptadas, se
ubican en lugares habitados incluso.
Uno de los mecanismos para lograr esta cifra de concesiones, es
que el gobierno nacional de Colombia contrapone principios
constitucionales –asegura-, sobre el respeto al medio ambiente y
las poblaciones que son minorías, y el movimiento social es constante
para evitar que la minería a cielo abierto se efectúe.
Advierte otra amenaza: la minería artesanal, y explica que en
Colombia existe una tradición ancestral para la extracción
minera de metales como el oro, y genera también daño
ambiental y se comenzó ya con el debate sobre los mecanismos de
control ecológico y su regulación.
La violencia no queda fuera de esta vorágine colombiana de
explotación mineral, porque afirma que pequeñas mafias de

11. narcotraficantes lavan dinero al hacerse pasar por mineros.
Incluso, se forman grupos paramilitares que obtienen ingresos por
medio del comercio de metales.
Ejemplifica, Velázquez Carrillo, con el municipio de Piedras por la
resonancia lograda en la opinión pública y en a clase política de
Colombia, porque el alcalde del lugar llamó a una consulta popular
para saber si estaban a favor o en contra que la minera asentada en
este sitio arrojara los desechos de los procesos de exploración en
predios cercanos, y el resultado fue claro, porque el 99 por
ciento se opuso.
Y comenzó el debate legal en todo el país, porque se habló que este
mecanismo de no contaba con la validez jurídica. “Lo que repercutió
es lo simbólico de la posibilidad de reaccionar la soberanía popular
para negarse a una empresa”. Y anuncia una secuencia de
consultas para saber si las comunidades desean o no la instalación
de las mineras en su territorio, y comenzar con una nueva forma de
resistencia.
Se quedan sin agua
En el caso de El Salvador, su principal problema es la depredación
del agua por la actividad minera en su propio territorio, como
en la frontera con Guatemala y Honduras, advierte Edgardo Mira
activista.
Entonces, para los salvadoreños la única forma de conservar el vital
líquido para las comunidades es prohibir la minería metálica,
porque en la frontera guatemalteca hay 90 proyectos y en los
linderos con Honduras, son 40 más, lo que acabaría con el
agua circulante en El Salvador, y se coordinan con organizaciones
de los dos países para detener las concesiones colindantes.
Asegura que se socializa con las comunidades para lanzar la Ley
Especial de Prohibición de Minería Mecánica y erradicar esta actividad.
Frenar por fisuras en la Ley
El caso guatemalteco fue explicado por Jorge Grijalva, integrante del
Colectivo Selva Madre, y no solamente aplica en la minería, sino
también en la agricultura. En el caso del modelo extractivo,
asegura que se han detenido proyectos porque se logra la defensa
legal validando lagunas legales y permite frenan el comienzo de la

12. extracción, pero igual la resistencia civil; hace ya dos años no se les
permite la entrada.
Luego del Golpe de Estado, campo libre
En Honduras, tras el golpe de Estado por Porfirio Lobo en 2009, se
generó la posibilidad de 860 proyectos mineros, y el 60 por
ciento ya son concesiones, además que la Ley garantiza las
ganancias de las empresas.
Pedro Landa, coordinador en la Coalición Nacional de Redes
Ambientales, explica que para evitar protestas o eliminar a los
hondureños que se nieguen a permitir el libre paso de las compañías
mineras, se tipificó como delito el bloquear carreteras, estrategia
recurrente para evitar el paso de maquinaria para la extracción de
minerales. Incluso, es causa de cárcel el atentar contra la libre
empresa.
El hondureño asegura durante el proceso de gestación de la Ley
Minera, tuvo injerencia de asesores de Canadá y Chile. Lo que se
tradujo en un 60 por ciento de territorio permitido para la extracción
de oro y plata principalmente.
Los consorcios mineros, pagan al Estado el 6 por ciento de sus
ganancias, y el gobierno, 2 por ciento lo invierte en la policía y el
ejército, fuerzas armadas que persiguen a los opositores de los
megaproyecto para extraer metales.
Y recuerda, como en el caso colombiano, narcotraficantes solicitan las
concesiones, pero no las usan, solamente lavan dinero por medio de
la Ley de Transparencia de la Industria Extractiva del país
centroamericano.
Juan Armendares, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, refiere que esta actividad implica el militarismo
contra el pueblo por la petición de las empresas mineras al
criminalizarse la estrategia para detener el saqueo del
subsuelo.
Plantea el daño a todo lo viviente en los puntos geográficos de los
proyectos, incluso a nivel celular, porque en el momento que se
liberan los metales pesados atrapados en las presión de la
corteza terrestre, son inhalados y van directo a los tejidos,
incluso de los órganos reproductivos, y ahí las malformaciones en
fetos.

13. Habla sobre dos casos en específico: Carrizalillo en México y Valle
de Siria en Honduras los daños a la salud de los habitante del
lugar, son irreversibles, pues hay personas con úlceras en la
córnea e iris irritados en los ojos; procesos de envejecimiento
prematuro en la piel, también hiperpigmentación y la hiperqueratosis;
alopecia, la sindactalia, que son dedos unidos.
Refiere el término coloquial de la “rasquiña” como otros de los daños
colaterales de la explotación minera: un deseo irrefrenable de
rascarse durante todo el día y en la noche también, los que
adquirieron, no duermen.
Cooperativismo disfrazado
En Bolivia, durante los años 80 se hicieron cambios en las leyes para
fomentar la minería artesanal, y una forma de trabajar de manera
corporativista en los pueblos, pero 20 años después, con los precios
de los metales a la alza, esta forma de subsistencia se convirtió en un
problema porque abarca el 60 por ciento de la actividad minera
nacional, y el gobierno, solamente un 11 por ciento. El resto son
empresas canadienses, japonesas, suizas y belgas.
El miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA), Javier Gómez, refiere el crecimiento desmedido del
gremio minero que sigue sin pagar impuestos peroaumentó su
producción por la demanda de metales existente en el
mundo y son 200 mil personas trabajando.
Habla también de la voracidad de los extractores locales afectan al
sector agrícola. “Son empresas tapadas por lo que ellos llaman
corporativo de trabajadores, pero en realidad son empresarios, en
buena parte, que sobreexplotan la actividad de los empleados”.
En Bolivia la fuerza política más importante es la de los mineros,
porque controlan más del 60 por ciento de las concesiones. “Están
exentos de todo pago, de toda norma ambiental. Y desplazan a
otro tipo de economías agropecuarias”.
Fuente: SDPnoticias
--
M4 - Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo
Minero

14. http://www.movimientom4.org/
En Redes Sociales: Facebook - Twitter - Flickr
Skype: MovimientoM4