En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron violaciones a los derechos humanos causadas por la industria minera en las Américas y responsabilizaron a los estados de origen de las empresas mineras. Se presentaron ejemplos del apoyo político de Canadá a empresas mineras canadienses en casos donde hubo oposición social u otros abusos. Finalmente, se hicieron seis peticiones a la Comisión, incluyendo que incorpore la responsabilidad de

1. NOTA DE PRENSA
AUDIENCIA PÚBLICA ANTE LA CIDH
Estados de origen de empresas mineras son responsables de
la vulneración de Derechos Humanos en las Américas
Este viernes 1 de noviembre de 2013 se realizó la Audiencia Pública
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
donde representantes de organizaciones de la sociedad civil hicieron
público la situación de derechos humanos de las personas afectadas
por la minería en las Américas y la responsabilidad de los estados de
origen de las empresas de industria extractiva.
Nilton Velazco, de la Pastoral Social de Dignidad Humana (Perú),
señaló que “existen preocupantes tendencias referidas a afectaciones
ambientales, amenazas, muerte de personas, desplazamientos
forzados involuntarios de personas y poblaciones, afectaciones a la
propiedad, territorios comunales, afectaciones económicas, sociales y
culturales”.
La tendencia que amenaza la vida en América Latina se constata en
la impunidad de los “más de 20 asesinatos de comuneros dirigentes y
defensores de derechos humanos, además de los más 20 heridos
gravemente (…) La detención de 48 comuneros que se oponían al
proyecto Pascua Lamas en Chile, así como las muertes de Bety Cariño
y Jyri Antero producidas en Oaaxaca México”, denunció.
Pedro Landa, del Centro de Promoción y Desarrollo de Honduras,
CEPRODEH (Honduras) explicó cómo las poblaciones afectadas por la
industria extractiva se encuentran en una situación de indefensión
donde sus propios Estados “les niegan el acceso a la justicia, los
criminalizan y les cierran las posibilidades para el disfrute de sus
derechos fundamentales”.

2. La abogada, Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, CAJAR, (Colombia); indicó que pese a que Canadá está
sujeto a obligaciones internacionales de derechos humanos y pese a
que tiene conocimiento del impacto que su industria extractiva
genera en las Américas, su gobierno promociona y apoya a su
industria minera.
Arias aludió a privilegios especiales desde el poder ejecutivo
canadiense como acuerdos comerciales, apoyos económicos y
políticos. Asimismo, afirmó que ese respaldo se concreta con la
reciente creación del Instituto Internacional Canadiense para las
Industrias Extractivas y el Desarrollo, “cuyo mandato es apoyar a los
países en desarrollo en el diseño de mejores políticas mineras”.
En representación de Justicia Global y de la Red Internacional de los
Afectados por la Vale (Brasil), Alexandra Montgomery, informó que
en el caso del Estado brasilero existe un fuerte apoyo a las empresas
mineras que actúan fuera de su territorio mediante financiación,
regulación pública y política externa.
“Brasil no cuenta con una jurisdicción extraterritorial de derechos
humanos que permita a las víctimas de violaciones presentar un
recurso judicial efectivo ante su aparato de justicia”, reveló.
María Clara Galvis, asesora jurídica de la Fundación para el Debido
Proceso (DPLF), instó a la comisión a “avanzar en la elaboración de
un marco jurídico interamericano de obligaciones, que permita
establecer la responsabilidad de los Estados de origen de las
empresas por las violaciones de derechos humanos en que incurren
éstas en territorios de otros estados”.
Finalmente, Sebastián Cruz, integrante de la Comunidad Indígena
Patai Co, valle del Huasco (Chile), realizó seis peticiones a los
comisionados, relacionadas al reconocimiento de la responsabilidad
internacional extraterritorial de los estados de origen. Una de ellas,
que la Comisión al analizar los impactos de las industrias extractivas
en derechos humanos incorpore la responsabilidad de los estados de
origen.
Debemos recordar que la audiencia se realizó en la Sala Padilha Vidal
del edificio GSB de la OEA, 1889 F St., N.W., en Washington, D.C.
20006.
Participaron en la audiencia: Dora Lucy Arias, del Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR, (Colombia); Pedro Landa,
del Centro de Promoción y Desarrollo de Honduras -CEPRODEH,
(Honduras); Nilton Velazco, de la Pastoral Social de Dignidad Humana

3. (Perú); Alexandra Montgomery, en representación de Justicia Global
y de la Red Internacional de los Afectados por la Vale (Brasil); Rubén
Cruz , Vocero de la comunidad indígena Diaguita Patay Co (Chile) y
Katya Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso –DPLF
(Washington D.C).
A DESTACAR 6 PETICIONES A LA CIDH:
Primera petición, que la Comisión al analizar los impactos de las
industrias
extractivas
en
derechos
humanos
incorpore
la
responsabilidad de los estados de origen.
Segunda petición, solicitamos a la Comisión que en sus informes
anuales, informes de país, visitas, comunicados y demás actividades
incorpore el análisis del impacto de la actividad minera en los
derechos humanos, así como la responsabilidad internacional de los
estados de origen.
Tercera petición, que la Comisión elabore un informe temático
regional sobre el impacto de la industria extractiva minera, sobre los
derechos humanos de las personas afectadas y de la responsabilidad
internacional de los estados de origen.
Cuarta petición, que la Comisión intensifique los esfuerzos dirigidos
a que los estados miembros de la OEA ratifiquen los instrumentos
interamericanos y se sometan a la competencia de la corte
interamericana.
Quinta petición, que la Comisión inste a los estados miembros de la
OEA, en su condición de estados de origen, que creen y pongan en
prácticas mecanismos efectivos de acceso a la justicia a favor de las
víctimas afectadas por las actividades extractivas.
Sexta petición, solicitamos a la Comisión que exija a los estados
según corresponda que la contaminación ambiental las amenazas y
muertes y demás afectaciones no queden impunes.
Con el ruego de su difusión.
Muqui "Red de Propuesta y Acción"
Página web: www.muqui.org
Email: prensa@muqui.org
La Diplomacia Minera Canadiense y
las empresas mineras

4. Recientemente, se recopilaron estos ejemplos del apoyo político
canadiense a las empresas mineras en casos de oposición social y de
otros abusos.
Las embajadas canadienses han protegido habitualmente los
intereses de las compañías mineras canadienses en aquellos casos en
los que las comunidades no las quieren y donde ha existido
constancia de abusos ambientales y contra los derechos humanos.
Sus intervenciones han sido diseñadas de acuerdo a cada proyecto
minero o a las decisiones políticas relacionadas con los intereses
comerciales, demostrando así el no reconocimiento de las
perspectivas e intereses de las comunidades afectadas.
1. Galicia, España: Edgewater Resources – Julio 2013
Cinco días después de que la Administración del Gobierno Autonómico
de Galicia (España), suspendiera el proyecto de Edgewater Resources
en Corcoesto (Cabana de Bergantiños) a la espera de pruebas de,
entre otras cosas, que la empresa pudiera demostrar la solvencia
financiera para cubrir al menos el 25% de la inversión prevista
necesaria para construir la mina, el embajador canadiense en España
Jon Allen realizó un viaje a Galicia para encontrarse con el Presidente
Alberto Núñez Feijóo. De acuerdo con la información publicada en el
Diario El País, fue la primera visita oficial de un embajador
canadiense a Galicia. Nada trascendió del contenido real de la
reunión, pero varios miembros del Ejecutivo, la Xunta de Galicia
también participaron y sin duda el proyecto de Corcoesto estuvo en la
agenda. La oposición social al proyecto minero, representada por la
Plataforma Salvemos Cabana, lamentó la actitud "puramente
mercantilista" del embajador en su visita a Galicia.
Fuentes:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/15/galicia/137391198
5_451516.html;
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1459270
2. Santa Rosa, Guatemala: Tahoe Resources – Abril 2013
El embajador canadiense Sr. Hughes Rousseau participa como
testigo de honor en la firma del acuerdo entre el gobierno
guatemalteco y Tahoe Resources para aumentar voluntariamente el
pago de regalías del 1 al 5% al poner en producción la mina de plata
Escobal. El pacto se considera como un intento más de legitimar un
proyecto no deseado. Hasta la fecha, se han llevado a cabo doce
plebiscitos a nivel comunitario y municipal en el sureste de
Guatemala, en el área del proyecto metalífero de Tahoe, en la que los

5. vecinos han votado abrumadoramente contra la mina. Debido a la
insistencia en la presión a favor del proyecto por parte de la empresa,
las autoridades de Guatemala y Canadá están contribuyendo a una
situación cada vez más volátil. Dos días antes de que Rousseau
participara en el acto oficial, seis hombres fueron tiroteados por
guardas de seguridad privada de la mina Escobal mientras caminaban
en frente de la propiedad de la compañía. Dos fueron heridos de
gravedad y tuvieron que ser hospitalizados. El jefe de seguridad de
Tahoe fue arrestado por intento de asesinato al tratar de huir del
país. Un grupo armado ilegal también está operando en la zona, al
que le han sido atribuídos recientes ataques, razón por la que
diversas organizaciones de derechos humanos y otros grupos
internacionales están pidiendo que se abra una investigación
por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG). Tres días después de la firma del pacto de
regalías, el gobierno guatemalteco declaró el estado de sitio en la
zona del proyecto de minero de Tahoe, suspendiendo los derechos
civiles, incluído el derecho a la protesta o a la reunión pública, y
permitiendo a la policía llevar a cabo redadas y realizar detenciones
sin orden judicial.
Fuentes: http://upsidedownworld.org/main/guatemalaarchives-33/4270-state-of-siege-mining-conflict-escalates-inguatemala;http://nisgua.blogspot.ca/2013/05/guatemalangovt-declares-state-of-siege.html;
http://www.mimundo.org/2013/05/03/2013-05-02-tahoessan-rafael-mine-conflict-leads-to-state-of-siege/
3. Thrace, Greece: Eldorado Gold – Marzo 2013
El embajador canadiense Robert Peck se reunió con el alcalde de
Alexandroupolis, Vaggelis Lampakis para presionarle a aceptar el
proyecto de mina de oro a cielo abierto y subterránea propuesto por
Eldorado Gold que ha sido duramente contestado por la población
local debido a la amenaza que supone para los bosques locales y las
actividades tradicionales sostenibles. Peck dice que "el gobierno de
Canadá garantiza la seriedad, la responsabilidad y la sensibilidad
ambiental de la compañía Eldorado Gold Corporation" y afirma que
"hay 350 minas en operación próximas a nuestras ciudades que
operan sin problemas". No está claro dónde obtuvo Peck esta
estadística dado que hay menos de 100 minas operando en Canadá.
Peck también parece ignorar los problemas de algunas
comunidades canadienses que están molestas por los nuevos
proyectos mineros cerca de las ciudades. Lampakis pide a las
autoridades canadienses "que nos dejen en paz para que podamos
desarrollar nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca

6. nuestro turismo y nuestros bosques. Queremos desarrollar nuestro
municipio de la manera que deseamos, manteniéndolo libre de
contaminación".
Fuentes: http://www.youtube.com/watch?v=dhAT8f2TrkQ;
http://www.miningwatch.ca/blog/gold-and-democracy-dont-mix-eldorado-gold-faces-determined-opposition-greece
4. Morelos, México: Esperanza Resources – Febrero 2013
La embajadora Sara Hradecky intervino a favor de Esperanza
Resources cuyo proyecto de oro y plata a cielo abierto ha sido
fuertemente protestado por los residentes de los alrededores, grupos
de defensa ambiental, las autoridades estatales y federales y el
Gobernador del Estado de Morelos por estar situado a tan sólo un
kilómetro de la famosa zona arqueológica de Xochicalco. El
Gobernador de Morelos, que se reunió con la embajadora, dijo a la
prensa mexicana que le dio a la representante canadiense
información para explicarle las razones por las que el proyecto minero
es inviable y justificando su oposición al mismo. Jumil, la colina
donde se ubica el proyecto es conocida por su riqueza en flora y
fauna endémicas, y el río Tembembe también podría estar en peligro.
A finales de febrero, el Estado de Morelos estaba contemplando la
prohibición de la minería a cielo abierto.
Fuentes: http://www.proceso.com.mx/?p=334633,
http://www.proceso.com.mx/?p=334294,http://www.televis
aregional.com/cuernavaca/noticias/Propondran-AccionesContra-la-Mineria-a-Cielo-Abierto-193161461.html
5. Honduras: La reforma de la Ley Minera – 2010-2012
A raíz del golpe de Estado respaldado por los militares hondureños en
2009, que Canadá apoyó de manera tácita por ejemplo al negarse a
considerar sanciones contra el régimen de facto y presionar a otros
miembros de la OEA a hacer lo mismo, la Embajada Canadiense
comenzó a presionar a favor de una nueva ley minera. Varios años
antes, en 2006, trece artículos de la ley minera vigente fueron
declarados inconstitucionales y se instauró una moratoria para los
nuevos proyectos mineros a la espera de una nueva ley. La sociedad
civil hondureña ha estado luchando para prohibir la minería a cielo
abierto y conseguir una mayor fortaleza de la participación
comunitaria en la toma de decisiones sobre proyectos mineros, entre
otras reformas. Cuando en el año 2009 el entonces Presidente Mel
Zelaya fue derrocado, el proyecto de ley que incorporaba estas

7. propuestas estaba a punto de ser debatido. Pero el debate nunca
llegó a celebrarse. De enero de 2010 a enero de 2013, los
representantes canadienses trabajaron duro para allanar el camino a
una ley más favorable a los intereses de las empresas canadienses.
Por ejemplo, a principios de 2010 el entonces embajador canadiense
Neil Reeder viajó a Honduras y organizó reuniones entre ejecutivos
de mineras canadienses, el Presidente Lobo y los miembros de su
gabinete. Ellos también "discutieron con un ejecutivo de Breakwater
Resources las posibles estrategias para influenciar el diseño de una
nueva ley minera". Más tarde, a principios de 2012, cuando un comité
legislativo de Honduras anunció que una nueva ley de minería había
sido redactada provocando clamor en contra desde la sociedad civil
hondureña, el Embajador Cameron MacKay organizó una reunión de
funcionarios de gobierno, empresas y organizaciones no
gubernamentales bajo la bandera de la Responsabilidad Social
Corporativa en la que MacKay enfatizó la relación positiva entre
Canadá y Honduras. Este y otros apoyos canadienses lograron
finalmente una nueva ley minera aprobada en enero de 2013,
incluyendo un proyecto de asistencia técnica financiado por la
Agencia Canadiense de Cooperación Internacional contrario a los
intereses de la sociedad hondureña, que de acuerdo con una
encuesta llevada acabo en el otoño de 2011, se opone en un 90% a
la minería a cielo abierto.
Fuentes: http://www.cipamericas.org/es/archives/7597;
http://www.miningwatch.ca/article/canada-s-developmentaid-dollars-odds-communities;
http://www.miningwatch.ca/news/honduran-mining-lawpassed-and-ratified-fight-not-over
6. Filipinas: TVI Pacific – 2011-2012
En 2011, la Junta Provincial de Zamboanga del Norte aprobó una
ordenanza prohibiendo nuevas minas a cielo abierto en la provincia y
dando un año a los proyectos a cielo abierto existentes para finalizar
sus operaciones. En un esfuerzo para darle la vuelta a la prohibición,
TVI dijo que "conseguiría el apoyo de la Embajada y el Embajador
Canadiense". En un informe de prensa el entonces Embajador
Christopher Thornley señaló que "Estamos desanimados porque en
cierto frente, nuestras inversiones mineras están siendo frustradas
por acciones que no están en la jurisdicción de los partidos que las
toman", y confirmó que la embajada de Canadá había consultado con
el DENR (Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Filipinas), que supervisa y regula las operaciones mineras en el país.
"El Gobierno del PH es consciente de ello y estamos muy satisfechos
con la respuesta hasta ahora" -dijo- "Ahora depende de ellos el tomar

8. las medidas necesarias, pero claramente hemos planteado esta
cuestión en un nivel de gobierno a gobierno...". En noviembre de
2011 el Embajador Thornley hizo una visita de alto nivel a la mina
Canatuan y ayudó a poner en marcha un proyecto de
reasentamiento. En noviembre de 2012, el Primer Ministro Harper
visitó las Filipinas y se encontró con una manifestación en la
Embajada Canadiense contra los intereses mineros de TVI Pacific en
las Filipinas.
Fuentes: http://www.slideshare.net/tvipacific/tvi-pacificcorporate-presentation; http://www.tvipacific.com/socialprinciples/write-from-the-mine/Write-from-the-MineDetails/2011/Canada_Miners_Not_Expected_to_Pull_Out_Yet
/default.aspx;http://www.tvipacific.com/Investors/news/Ne
ws-ReleaseDetails/2011/Canadian_Ambassador_Thornley_Tours_Canatu
an_Mine-/default.aspx;
http://bulatlat.com/main/2012/11/11/canadian-pm-harpermet-by-protest-of-environmental-groups/
7. Costa Rica: Infinito Gold – Agosto 2010
En una entrevista con el Diario La Nación, el Embajador Neil Reeder
advirtió a Costa Rica sobre la imagen negativa que podría trascender
del país si no se respetaban las obligaciones contractuales con la
compañía minera canadiense Infinito Gold. Aunque Reeder reconoció
esto como esencialmente un "asunto privado", acotó: "Nuestro
Gobierno está exigiendo una buena conducta (empresarial) y creemos
que ellos (Infinito Gold), han respetado todas las reglas del juego". El
embajador hizo esta defensa de Infinito Gold mientras la Corte
Suprema de Costa Rica estaba considerando apelar al tribunal
anterior que había ordenado las medidas cautelares que detuvieron
las operaciones de la controvertido proyecto minero conocido como
Crucitas. Miles de costarricenses habían protestado en fechas
recientes contra la reanudación de la explotación minera a cielo
abierto y Reeder indicó que era consciente de la controvertida
naturaleza de las acciones de Infinito diciendo que podía entender la
preocupación de los costarricenses por los impactos negativos sobre
el medio ambiente. No obstante, destacó que si la Corte Suprema
cerraba definitivamente la mina Crucitas: "...podría enviar un
mensaje de incertidumbre a los inversores internacionales en un
momento en el que Costa Rica busca una mayor inversión
internacional". En noviembre de 2010, la Corte Suprema ordenó el
cierre definitivo de la mina Crucitas. Pero a pesar de estas y otras
actividades cuestionables relacionadas con la presencia de Infinito en
Costa Rica, la Embajada anunció en las celebraciones en San José del

9. Día de Canadá de 2011 a Infinito Gold como un patrocinador
corporativo.
Fuentes: http://www.nacion.com/2010-0809/ElPais/FotoVideoDestacado/ElPais2476329.aspx,http://w
ww.insidecostarica.com/dailynews/2011/june/20/costarica1
1062007.htm
8. Chiapas, México: Blackfire Exploration – 2007-2010
Documentos divulgados por el Departamento Canadiense de Asuntos
Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT) en una solicitud de
acceso a la información demuestran que a lo largo del conflicto que
involucra a las actividades mineras de Blackfire Exploration en el
municipio de Chicomuselo, Chiapas, durante el que un activista,
Mariano Abarca, fue tiroteado y en última instancia provocó una
investigación RCMP sobre corrupción, parece que la Embajada
proveyó de manera incuestionable de medios y soporte a la compañía
minera canadiense. En general, los documentos publicados sugieren
que en el caso Blackfire, la Embajada proporcionó apoyo casi
incondicional a pesar de la conducta de la empresa y el conocimiento
de las tensiones en torno al proyecto minero. Los documentos
también establecen que Mariano Abarca era conocido por la embajada
antes de ser asesinado. En julio de 2009, Mariano pronunció un
discurso frente a la Embajada en Ciudad de México y en agosto de
2009, la Embajada informó que había recibido 1.400 cartas acerca de
Abarca luego de su arresto y detención en base a la denuncia
presentada por un representante mexicano de Blackfire. Incluso tras
el asesinato de Abarca, cuando las acusaciones de corrupción se
habían hecho públicas, la Embajada siguió defendiendo a la empresa
frente a los oficiales mexicanos y le proporcionó información sobre la
forma de demandar al Estado de Chiapas en el marco del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el cierre de la
mina.
Fuente: http://www.miningwatch.ca/es/news/informe-revelarespaldo-de-diplomacia-canadiense-letal-proyecto-minero-deempresa-blackfire
9. Ecuador: La reforma de la Ley Minera – 2008-2009
El entonces Embajador canadiense en el Ecuador, Christian Lapointe,
ayudó a facilitar las reuniones de alto nivel para las empresas
mineras canadienses durante las polémicas negociaciones sobre la
nueva Ley de Minería. El grado de apoyo a la Embajada para

10. fomentar una política favorable a la industria canadiense, llevó a Ian
Harris, en aquel momento Vicepresidente Senior de EcuaCorriente,
una filial de la empresa de Vancouver Corriente Resources, a escribir
que: "La Embajada canadiense en Ecuador ha trabajado de manera
incansable para conseguir el cambio en la política minera -incluyendo
reuniones de alto nivel entre las compañías mineras canadienses y el
Presidente Rafael Correa". La Ley Minera del Ecuador fue puesta en el
limbo en abril de 2008 por un decreto emitido por la Asamblea
Nacional Constituyente, que entonces reescribió la constitución
política del país. El decreto suspendió toda la actividad minera a gran
escala en todo el país, dominada por las empresas mineras
canadienses, como Corriente Resources. La oposición de la
comunidad a proyectos como el defendido por Corriente fructificó en
un movimiento nacional contra la minería a gran escala en Ecuador.
El decreto minero ordenaba que la mayoría de las concesiones
mineras debían de ser revocadas, basándose en criterios tales como
la interferencia con el suministro de agua y las zonas protegidas, la
falta de consulta previa con las comunidades afectadas, o por haber
sido obtenida a través de información privilegiada. Sin embargo,
aunque esto debería haber anulado las concesiones pertenecientes a
la mayoría de compañías canadienses, incluso antes de que fuera
emitido el decreto, la prensa económica publicó que los proyectos
clave canadienses no se verían afectados. Cuando el proceso de
reforma de la legislación minera se puso en marcha, los esfuerzos del
Embajador ayudaron a garantizar un lugar privilegiado en la mesa de
diálogo a los representantes canadienses, marginando a los
miembros de las comunidades afectadas, representantes de grupos
ecologistas y de derechos humanos que vieron el proceso como una
farsa.
Fuentes: http://www.dominionpaper.ca/articles/2054; Moore,
J. and Velásquez, V., “Sovereignty negotiated: anti-mining
movements, the state and multinational mining companies under
Correa’s ‘21st Century Socialism’”, In: Social Conflict, Economic
Development and Extractive Industry: Evidence from South America,
Ed. Anthony Bebbington (2012), London and New York: Routledge.
10. Guatemala: Skye Resources – Febrero 2007
El ex-embajador canadiense en Guatemala, Kenneth Cook,
compareció ante un tribunal de Ontario por haber calumniado al
estudiante y camarógrafo Steven Schnoor cuando en febrero de 2007
Cook hizo declaraciones falsas sobre un documental filmado por
Schnoor crítico con las prácticas de una compañía minera canadiense
que operaba en la zona oriental de Guatemala. En enero de 2007,
Schnoor hizo un corto documental mostrando el violento desalojo de

11. agricultores de subsistencia mayas de sus hogares en las zonas
rurales de Guatemala a instancias de Skye Resources. Este
documental incluía imágenes de una mujer protestando en voz alta
sobre los desalojos. En una reunión realizada en la Embajada de
Canadá en la Ciudad de Guatemala en febrero de 2007, el Embajador
Cook dijo que la mujer del documental se le pagó para actuar en el
vídeo y que la fotografía de la desesperación de un hombre durante el
suceso (realizada por el reconocido fotoperiodista James
Rodríguez), no se tomó durante los desalojos sino que era una
imagen de stock que había sido publicada con anterioridad. En junio
de 2010, la Juez Pamela Thomson dirimió que las declaraciones del
embajador habían sido difamatorias y que no eran ciertas. Sostuvo,
además, que "el embajador fue imprudente" y que "debería haberlo
sabido". Schnoor señaló la importancia del caso, afirmando que: "No
se trata sólo de mí y un vídeo en particular. Me preocupa que este
sea un ejemplo de cómo el Gobierno de Canadá se apresura a dejar
de lado las voces de las personas que se ven perjudicadas por las
empresas mineras canadienses". Hudbay Minerals, que compró el
proyecto de níquel Fénix y luego se fusionó con Skye Resources en
2008, es ahora objeto de tres demandas civiles por la violación de
once mujeres durante un desalojo forzoso en enero de 2007, así
como el asesinato de un activista en lucha por los derechos de la
tierra y el disparo y la parálisis causada a otro hombre en septiembre
de 2009.
Recogido de: http://www.schnoorversuscanada.ca/ y
http://www.chocversushudbay.com/
11. Filipinas: TVI Pacific – 2004-2007
Con sede en Calgary TVI Pacific Inc., a través de su filial filipina, TVI
Resources Development (Phils.), opera una mina de cobre y zinc en
Canatuan, Zamboanga del Norte, en tierras indígenas en la isla de
Mindanao, donde desde hace décadas se vive una violenta
insurgencia civil. TVI ha sido el foco de una oposición pública y
sostenida por parte de los indígenas locales, los Subanon (que son los
titulares del dominio ancestral de la zona), así como por mineros
locales a pequeña escala, agricultores cristianizados río abajo y
comunidades costeras musulmanas. La oposición a la mina se ha
planteado en varias ocasiones a nivel de las Naciones Unidas por
representantes indígenas y ha sido destacada por el relator especial
de la ONU Rudolfo Stavenhagen. Ha habido conflictos violentos que
involucran a TVI y a las fuerzas de seguridad. Todos estos asuntos
son bien conocidos por la Embajada canadiense en Manila, al igual
que las pruebas de desalojos forzosos en el área. Sin embargo, el
entonces Embajador Peter Sutherland mantuvo un perfil alto de

12. relaciones públicas con la compañía y mantuvo su apoyo público al
proyecto minero. En 2004, TVI Pacific recibió fondos de la Embajada
Canadiense en Manila para un proyecto de desarrollo que beneficiaba
a mujeres cuyos familiares directos eran empleados de TVI. Aunque
la Embajada de Canadá era consciente de la violencia y los abusos
contra los derechos humanos relacionados con el proyecto minero, y
la polémica suscitada por el proyecto de cooperación para el
desarrollo dirigido por TVI, hasta en dos ocasiones concedió apoyo
financiero para el proyecto de generación de ingresos. Siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Permanente de
Asuntos Exteriores y Comercio Internacional que el Gobierno de
Canadá investigue las actividades de TVI en Filipinas y no promueva
a la empresa hasta que se complete la investigación, mientras el
embajador Sutherland fue citado en los medios filipinos diciendo:
"nosotros apoyaremos a TVI en todos los sentidos (sic) podemos
considerar este asunto (la oposición local a TVI) como una iniciativa a
resolver solamente por el sector privado".
Recogido de: Canadian Network on Corporate Accountability, “Dirty
Business, Dirty Practices: How the Federal Government Supports
Canadian Mining, Oil and Gas Companies Abroad,” May 2007; en
línea:http://www.halifaxinitiative.org/sites/halifaxinitiative.o
rg/files/DirtyPractices.pdf
12. Guatemala: Glamis Gold – Noviembre 2004
En 2002, Glamis Gold Ltd. (adquirida por Goldcorp Inc. en 2006),
comenzó el desarrollo de la mina de oro Marlin en Guatemala. Marlin
fue la primera inversión minera importante en Guatemala desde que
se introdujeron las reformas neoliberales para atraer al capital minero
mundial y fue un importante test para la industria minera. El 4 de
noviembre de 2004, un diario nacional publicó una encuesta que
indicaba que el 95,5% de la gente que vivía cerca de la mina Marlin,
en su mayor parte indígenas, se opusieron al proyecto. El mismo día,
en el mismo diario, el entonces embajador canadiense en Guatemala,
James Lambert, publicó un artículo haciendo referencia a los
beneficios de la minería sobre unas 200 comunidades indígenas en
Canadá. Al mes siguiente, la embajada canadiense copatrocinó un
Foro Nacional de Minería como escaparate de la industria minera.
Estos eventos asentaron la percepción entre la sociedad civil
guatemalteca de que la embajada estaba más interesada en
promover los intereses mineros canadienses que los derechos
humanos. El 11 de enero de 2005, después de 40 días de bloqueo,
cientos de residentes que se oponían a la mina Marlin estuvieron
involucrados en un enfrentamiento con 700 militares y 300 policías.
Un ciudadano resultó asesinado y otras diez (incluídos policías)

13. resultaron heridos. En junio del mismo año, las comunidades
indígenas de Sipacapa, una zona afectada por el proyecto, celebraron
un referéndum sobre el proyecto minero. Una abrumadora mayoría
votó contra la explotación. En artículos de prensa, el Embajador
Lambert defendió su controvertido artículo, argumentando que la
embajada tiene la obligación de promover tanto los intereses de
Canadá y los valores canadienses como el desarrollo sostenible, y que
"las dos cosas no son mutuamente contradictorias...Lejos de ser
perjudicial, el hecho de tener intereses en juego en Guatemala
aumenta nuestra credibilidad a nivel local".
Recogido de: Canadian Network on Corporate Accountability, “Dirty
Business, Dirty Practices: How the Federal Government Supports
Canadian Mining, Oil and Gas Companies Abroad,” May 2007; en
línea:http://www.halifaxinitiative.org/sites/halifaxinitiative.o
rg/files/DirtyPractices.pdf
Fuente: http://www.miningwatch.ca/es/article/antecedentes-unadocena-de-ejemplos-de-la-diplomacia-minera-canadiense
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