Un manifestante sostiene un cartel que dice en español "No a la minería" en una protesta contra el oro y plata las operaciones mineras de Canadá en el norte de El Salvador, frente a la oficina del Consulado de Canadá en San Salvador. (AP Photo / Luis Romero) Activistas desafían las normas que otorgan a las corporaciones el derecho a demandar a los gobiernos.

1. La lucha mundial contra ROCKS
Un manifestante sostiene un cartel que dice en español "No a la
minería" en una protesta contra el oro y plata las operaciones
mineras de Canadá en el norte de El Salvador, frente a la oficina del
Consulado de Canadá en San Salvador. (AP Photo / Luis Romero)
Activistas desafían las normas que otorgan a las
corporaciones el derecho a demandar a los gobiernos.
Robin Broad y John Cavanagh
14 de enero 2014 | Este artículo apareció en el 03 de febrero 2014
edición de The Nation.
Durante las últimas décadas, los Goliats corporativos multinacionales
han ayudado a escribir y volver a escribir cientos de reglas sesgando
de impuestos, el comercio, la inversión y otras políticas a su favor. El
daño extraordinario estas políticas han provocado cada vez más
evidente que las comunidades y los gobiernos más directamente
afectados por ellos. Esto, a su vez, ha reforzado el potencial de un
movimiento que está surgiendo para tratar de revertir el impulso.
Pero al igual que David con su honda, los líderes locales, ambientales
y de gobierno que tratan de revisar las normas para favorecer a las
comunidades y el planeta tienen que escoger sus batallas con
cuidado.

2. Uno de los más prometedores de estas batallas apunta a un conjunto
flagrante de los acuerdos que permiten a las corporaciones demandar
a los gobiernos nacionales. Hasta hace tres décadas, los gobiernos
podrían aprobar leyes para proteger a los consumidores, los
trabajadores, la salud, el medio ambiente y las empresas nacionales
con poca amenaza de acción legal fuera de las corporaciones. Todo
eso cambió cuando las empresas comenzaron a adquirir el "derecho"
a demandar a los gobiernos sobre las acciones, incluyendo las
regulaciones-que el interés público reducen el valor de sus
inversiones. Estos derechos aparecieron por primera vez en los
tratados bilaterales de inversión poco conocidos. Hace veinte años,
los abogados corporativos ellos integrados en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Hoy en día, más de 3.000
acuerdos de comercio e inversión e incluso algunas leyes nacionales
de inversión conceden a los inversores extranjeros estos poderes.
El gobierno de Obama está tratando de insertar protecciones a los
inversionistas antidemocrático similares en nuevos acuerdos
comerciales y de inversión con los países que bordean el Pacífico y
con la Unión Europea. Con la esperanza de acelerar la llamada
Asociación Trans-Pacífico (TPP) y el Comercio Transatlántico y
Investment Partnership (TTIP), los líderes del Congreso introdujo una
legislación de promoción del comercio por la vía rápida, el 9 de enero
que limitaría gravemente la capacidad del Congreso para modificar
dichos acuerdos. La medida ampliamente esperada desató una
tormenta de protestas de los sindicatos, ambientalistas, miembros
liberales del Congreso y otros, y probablemente seguirá siendo una
pelea de alto perfil en las próximas semanas.
Las fuerzas alineadas contra estos acuerdos propuestos no son los
únicos. Activistas de todo el mundo están desarrollando estrategias
creativas y cada vez más eficaces para hacer retroceder contra los
ataques de los inversores en sus comunidades, el medio ambiente y
la soberanía nacional. Un importante frente se ha abierto en El
Salvador, donde una empresa multinacional está utilizando potencias
de los inversores a demandar al gobierno por el "derecho" para
extraer oro. Este caso representa un asalto a la democracia extrema,

3. como las comunidades locales, la mayoría de la población
salvadoreña y el gobierno salvadoreño todos se oponen a la minería
de oro. Pero lo que está pasando en El Salvador no es una anomalía.
Hay batallas cruciales que elaboran cerveza en varios otros países,
incluyendo América Latina Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador-,
así como en otras partes del mundo en desarrollo.
Por lo menos, estas luchas deben dar la pausa administración Obama
que considere la siguiente ronda de los acuerdos comerciales. Pero,
¿qué los hace tan estratégica-y prometedor-es que los grupos de
ciudadanos poderosos están persuadiendo a los gobiernos a asumir el
reto. Mientras lo hacen, están construyendo el impulso en una amplia
lucha mundial contra los derechos de los inversores.
***
Tierra salvadoreña se sienta encima de un ancho cinturón de oro
corriendo por el medio de América Central, una vena que ha atraído a
los especuladores por más de un siglo. A principios de 1900, el
minero EE.UU. Charles Butters comenzó el saqueo de la región
mediante un proceso lucrativo que emplea cianuro para separar el
oro de la roca. Dentro de unos años, Butters fue haciendo millones.
Pero no es lo que parece que ha contemplado y lo que los agricultores
de estas partes saben bien es que la zona es vulnerable a los
terremotos y las tormentas tropicales, las cuales hacen que sea difícil
para contener los productos químicos tóxicos que se utilizan para
extraer oro. Y nadie parece haber sabido que los sulfuros fuertemente
concentrados que se encuentran en la roca que rodea a menudo se
convierten en oro ácido sulfúrico cuando están expuestos a los
elementos durante el proceso de extracción. El ácido se filtra otros
materiales tóxicos en el suelo y el agua. En julio de 2012, en el sitio
de San Sebastián de la mina que Butters se abrió hace más de un
siglo, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador encontró niveles
de cianuro y hierro que estaban por las nubes.
Las zonas afectadas por la minería del oro seguirán contaminados
durante siglos si no se mantienen las empresas y obligados a pagar
por costosos limpieza. Sin embargo, El Salvador no está demandando

4. a las empresas mineras de esos actos. En cambio, en 2009, en un
tribunal ubicado en un imponente edificio del Banco Mundial a sólo
unas manzanas de la Casa Blanca, las empresas demandaron al
gobierno salvadoreño por no dejar que ellos la mía. Una de ellas, la
canadiense Pacific Rim Mining Corporation, es exigente, ya sea que se
le permita a la mía en el norte de El Salvador o que el gobierno los
pagan más de $ 300 millones en daños y perjuicios, una cantidad
equivalente a más del 1 por ciento de la economía salvadoreña.
A lo largo de varios viajes que hemos tomado en los últimos años
para aprender sobre el movimiento local contra de la minería, de
maíz y frijol a los agricultores nos han llevado hacia arriba y abajo de
las colinas del norte de El Salvador, que nos guía a través de los
arroyos que alimentan el río Lempa. Este río, que fluye desde
Guatemala a través de El Salvador y luego a lo largo de la frontera
con Honduras antes de que se precipita hacia el sur en el Océano
Pacífico, provee de agua a más de la mitad de la población del país.
Uno de nuestros guías era Miguel Rivera, activista "pro-agua" local
cuyo hermano mayor de Marcelo, un educador popular, fue
brutalmente asesinado en 2009 después de organizar muchos en su
comunidad contra la minería de oro.
Miguel y sus colegas nos llevaron a través de diferentes partes de la
cuenca del Lempa para mostrarnos la contaminación proveniente de
la agroindustria, las fábricas, las granjas de cerdos y la minería de
oro. En el camino, Miguel, que se ha convertido en un experto en
agua entrenado, con frecuencia una pausa para comprobar su toxinas
y otras sustancias. Visitamos el sitio de la mina San Sebastián de
Butters, que ha estado cerrado durante años, pero continúa para
lixiviar las sustancias tóxicas en los arroyos. Algunos días, el agua era
de color naranja Kool-Aid, en otros, era de arándano Ocean Spray.
A medida que los precios del oro y otros metales se dispararon
después de 2000, las empresas multinacionales como Pacific Rim se
apresuraron a solicitar permisos para minas en las regiones ricas en
recursos como la provincia salvadoreño de Cabañas, donde vive
Miguel. Inicialmente, los agricultores de esta región pobre estaban
intrigados por la perspectiva de buenos puestos de trabajo, pero

5. algunos de ellos visitaron las minas en la vecina Honduras y
regresaron con historias de horror de la enfermedad, los ríos
contaminados y unos puestos de trabajo reales. Un activista de la
comunidad nos dijo: "Nos enteramos de la cantidad de agua a las
empresas mineras utilizarían a la mía, y el agua se convirtió en un
gran problema. Minería utiliza una gran cantidad de la misma, y
tuvimos poco. "Algunos nos han visitado el sitio antiguo Butters en
San Sebastián, donde las aguas de naranja y arándano sellaron su
oposición.
Activismo local sobre el proyecto de la obra cultural de minas,
incluyendo la Cuenca del Pacífico dirigido por Marcelo Rivera y una
estación de radio dirigida por la juventud local de margen en Cabañas
y en todo El Salvador. Los agricultores, los estudiantes, las personas
de fe, abogados y activistas de derechos humanos formaron la Mesa
Nacional frente a la Minería Metálica, y ganaron a los políticos e
incluso la corriente principal de la iglesia católica. En 2007, una
encuesta nacional mostró que más del 62 por ciento de los
salvadoreños se opuso a la minería de metales. Como Miguel Rivera y
otros hicieron hincapié continuamente a nosotros, el lema de la Mesa
Redonda era "Podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua."
Cuando el partido FMLN progresiva ganó la presidencia en 2009, el
nuevo presidente electo, Mauricio Funes, se comprometió a no emitir
permisos de explotación minera durante su mandato de cinco años,
una promesa que se ha mantenido. En otras palabras, El Salvador se
ha convertido discretamente en la primera nación en la tierra para
detener la minería de oro destructivo.
Pero la victoria ha tenido un costo. Las fuerzas pro-mineras,
incluyendo a los políticos locales conservadores de Cabañas, se han
defendido. Al menos cuatro activistas contra la minería han sido
asesinados desde 2009. Cuerpo destrozado de Marcelo Rivera fue
encontrado en el fondo de un pozo, sino que había sido torturado.
Pacific Rim actuó con rapidez una vez que quedó claro que no se le
concedería una licencia de explotación minera "explotación". La
empresa presentó una demanda en el Centro Internacional con sede

6. en el Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones, alegando que el gobierno salvadoreño había violado las
disposiciones de los inversores de los derechos de su legislación la
inversión nacional y un acuerdo comercial regional, tanto en el
modelo de NAFTA. (De acuerdo con un estudio realizado por Sarah
Anderson y Manuel Pérez-Rocha del Instituto de Estudios Políticos, los
casos relacionados con el petróleo, la minería y el gas representan
más de un tercio de la lista de casos en el CIADI, el tribunal de uso
más frecuente para este tipo de demandas de inversionistas . Más de
la mitad de ellas están dirigidas a países de América Latina, una
región en la que varios gobiernos han afirmado los intereses
nacionales sobre los de sus entrometidos corporativos.)
El gobierno de El Salvador y la Mesa Redonda han tenido que poner
mucho tiempo y recursos en la lucha contra el traje. Junto a ellos, ha
sido internacional Aliados Contra la Minería Metálica en El Salvador,
una coalición de grupos de EE.UU. y Canadá que mantenían protestas
semanales fuera del Banco Mundial en 2012 y coordinados con las
protestas de la Mesa Redonda en San Salvador. Muchos expertos
legales están horrorizados por el traje, pero el CIADI ha permitido
que el caso proceda. La decisión no es probable que antes de 2015.
***
A finales de 2012, Pacific Rim parecía quedarse sin dinero para su
traje del CIADI. Para su rescate fue una empresa minera canadienseaustraliana, OceanaGold. Infusión de la firma de dinero en efectivo le
otorgó un un quinto juego en la Cuenca del Pacífico, y en noviembre
de 2013 los accionistas aprobaron una compra directa de la empresa.
Como resultado, la Cuenca del Pacífico se ha convertido en una
subsidiaria de propiedad total de OceanaGold, con más dinero para
proseguir con el caso en el tribunal.
Al igual que Pacific Rim, OceanaGold reclama a la mía "de manera
responsable", utilizando las últimas técnicas ambientalmente
sostenibles. Para ver si el registro de OceanaGold igualó sus
pretensiones, viajamos con el oro y el cobre de Filipinas mina de la
firma, el pasado mes de agosto. Durante el período de doce horas de

7. viaje a las montañas de oro atada a distancia al noreste de Manila,
los líderes del Movimiento Filipino de Reconstrucción Rural nos
hablaron de la larga lucha de la comunidad contra la persecución de
OceanaGold de un filón de oro y cobre que se encuentra debajo de
una montaña, donde cientos de familias campesinas vivían. Nos
mostraron fotos antes y después en la que la ladera de la montaña
verde se convirtió en una mina a cielo abierto.
Pero nada nos preparó para la destrucción y el ruido y la angustia. En
la comunidad de Didipio, pasamos tiempo con los agricultores que
habían formado una organización para oponerse OceanaGold al
moverse pulg Con gran emoción, que describieron las barricadas que
se fijaron en 2008 y 2009 después de que la compañía derribó las
casas de los que se negaron a vender. Pero la mina Didipio entró en
funcionamiento en diciembre de 2012. Nuestros anfitriones nos
dijeron de "agua sucia" aguas abajo de la mina, el lavado de peces
muertos en las costas y otros problemas ambientales de la mina
había causado.
Nos reunimos con Carmen Ananayo, líder de los esfuerzos para cerrar
la mina. Su voz quebrada y los ojos lagrimeo, en voz baja
compartieron la historia del asesinato 2012 de su hija, Cheryl.
Asesinado junto a otro miembro de la comunidad, Cheryl era la
madre de dos niños muy pequeños. Se trata de un misterioso
paralelo a El Salvador, donde uno de los asesinados era una mujer
embarazada que había sido la celebración de su niño en sus brazos.
Nadie sugirió que la empresa minera disparó Cheryl. Pero, como en El
Salvador, la variable clave es la presencia de la empresa minera, que
trajo el conflicto y la muerte a este municipio con anterioridad
pacífica.
Carmen también nos dijo que muchos de los trabajadores de la mina,
a menudo contratados como los irregulares para evitar darles el
salario y los beneficios-put mínimo en un agotador turno de doce
horas, mientras que ganan menos de $ 1.20 por hora. Tomaría estos
trabajadores muchas vidas para abordar el paquete de compensación
$ 1,300,000 que el CEO OceanaGold Michael Wilkes recibió en 2012.

8. Lo que presenciamos en esta remota comunidad en las Filipinas es el
saqueo, puro y simple. Rescate de OceanaGold de Pacific Rim nos
recuerda que la hermandad mundial de las empresas mineras puede
asegurar que las demandas corporativas contra los gobiernos
recalcitrantes serán bien financiados para los años venideros. Los
agricultores de Didipio nos dijeron que quieren poner fin a la minería,
a tener su comunidad y ríos limpios de nuevo, para poder cultivar en
paz y construir un futuro mejor para sus hijos. Ellos están orgullosos
de ser productores en el norte de Filipinas '"tazón de frutas y
verduras", y quieren que siga siendo así. La comunidad cuenta con el
apoyo de la Comisión Filipina de Derechos Humanos, que presentó
una moción en el 2011 contra OceanaGold de esta mina. La moción
recomienda la revocación de la licencia de minería de la compañía,
citando demoliciones forzadas e ilegales, el acoso a los residentes, y
el derecho de la comunidad indígena para preservar su propia
cultura. En agosto, el jefe de la comisión nos dijo inequívocamente
que sigue preocupado acerca de estas violaciónes en la mina de
OceanaGold.
***
A medida que las estrategias para hacer valer los derechos del
inversor proliferan en todo el mundo, nuevas alternativas están
surgiendo, como comunidades, activistas y gobiernos se enfrentan al
reto cada vez con mayor urgencia.
En la década de 1990, un gobierno conservador boliviano que estaba
privatizando sus sistemas municipales de agua otorgó la concesión
para el sistema de agua de su cuarta ciudad más grande de la
corporación Bechtel EE.UU.. Cuando Bechtel elevó las tarifas para los
consumidores, decenas de miles de personas se levantaron en lo que
se conoció como la "guerra del agua". Después de Bechtel abandonó
el contrato como consecuencia de la oposición, que demandó a
Bolivia en virtud de un acuerdo de inversión bilateral. Después de una
campaña global creativa que incluyó protestas frente a la sede de
San Francisco de la empresa y una estrategia de vergüenza, Bechtel
finalmente cedió, la resolución del caso por tan sólo $ 1.

9. Grupos tan diversos como el Consejo de Canadienses, Alerta Minera
Canadá, EE.UU. y los sindicatos australianos, Oxfam y el Instituto de
Estudios Políticos están tratando de hacer con la Cuenca del Pacífico
lo que esos activistas hicieron con Bechtel. Han comenzado una
campaña de petición para presionar a la Cuenca del Pacífico y su
empresa matriz, OceanaGold, a "retirar la demanda", y han
organizado varios cientos de mano de obra y otros grupos de
ciudadanos para impulsar el Banco Mundial para cortar sus lazos con
el tribunal del CIADI .
Por su parte, Miguel Rivera y sus colegas están tratando de construir
una economía alternativa arraigada en las empresas locales y la
agricultura sostenible, al igual que otros grupos a través de El
Salvador. Una ciudad que visitamos en la provincia de Chalatenango
había establecido un sistema de provisión de agua potable a los
hogares y también había establecido una cooperativa para procesar la
caña de azúcar, gestionar un criadero de peces y mantener colmenas
para miel. Las mujeres de esta ciudad se han organizado para
sembrar maíz y frijoles orgánicos en conjunto, y están produciendo
champú, jabón y medicinas alternativas-son incluso corriendo un
pequeño negocio de masajes.
Varios gobiernos latinoamericanos están cuestionando los derechos
de las corporaciones a demandar en los tribunales internacionales.
Brasil nunca ha aceptado tales derechos en cualquier acuerdo
internacional. Bolivia, Venezuela y Ecuador se han retirado del
tribunal del CIADI y están replanteando sus acuerdos de inversión
bilaterales y multilaterales. En un desarrollo importante, Ecuador
acogió estos gobiernos y varios otros en abril pasado para discutir
una alternativa a este tipo de acuerdos. Doce gobiernos están ahora
en acta el apoyo a la creación de un mecanismo regional "para
garantizar unas normas justas y equilibradas, cuando la solución de
conflictos entre las empresas y los Estados", al tiempo que
establecían un marco para continuar las negociaciones y lo que en
otros gobiernos.
Sudáfrica está finalizando sus acuerdos bilaterales de inversión y el
establecimiento de una nueva ley de inversiones que permite a las

10. empresas extranjeras para que tales afirmaciones sólo a los
tribunales nacionales en lugar de los tribunales internacionales. India
está llevando a cabo una revisión de los tratados en la cara de varias
demandas corporativas. Australia se negó a incluir estos derechos
corporativos en el Australia-Estados Unidos del Tratado de Libre
Comercio de 2005, y hasta ahora no ha accedido a someterse a ellos
en las negociaciones secretas que rodean el acuerdo de Asociación
Trans-Pacífico. Documentos recientemente filtrados sugieren que
varios de estos gobiernos están intentando, al menos, escalar detrás
derechos de los inversores en el acuerdo comercial TPP.
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El conjunto diverso de grupos que lucharon TLCAN hace dos décadas
se han mantenido unidos a través de la Campaña de Comercio de
Ciudadanos, que está tratando de detener la legislación de vía rápida
para el TPP y el TTIP. Los opositores han ganado fuerza significativa
que plantea dudas sobre los intereses de las corporaciones detrás de
los acuerdos propuestos. Así también en la cuestión del secreto:
en The Washington Post y en otros lugares, Public Citizen, Amigos de
la Tierra y otros han subrayado que 600 consejeros de las empresas
han tenido acceso al texto del acuerdo TPP, mientras que el público y
los miembros del Congreso no lo hacen .
Estas peleas son críticos. Si el impulso de las normas de inversión de
las empresas puede ser más lenta o se detiene, el poder de las
corporaciones globales se redujo significativamente. Nadie debe
esperar que los cientos de reglas corporativas escritas y fortalecido a
lo largo de décadas se pueden desmontar toda la noche. Pero las
normas que protegen los derechos de los inversores son un frente
estratégico clave en la que es posible el progreso. Una victoria en la
batalla de David contra Goliat, entre El Salvador y Costa del Pacífico
sería enorme-tanto simbólica como materialmente. Sería ayudar a
cambiar el ritmo de vuelta hacia los derechos de las personas y el
medio ambiente en que habitan. También, esperamos, levantar algo
de la tristeza que aparece todos los días en los ojos de la gente como
Miguel Rivera y Carmen Ananayo.

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Robin Broad y John Cavanagh
14 de enero 2014 | Este artículo apareció en el 03 de febrero 2014
edición de The Nation.
Manuel Pérez-Rocha
Miembro Asociado
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