1. El documento expresa preocupación por proyectos legislativos como el Marco Legal para la Paz y la Reforma a la Justicia que pretenden establecer mecanismos de impunidad para militares, policías y políticos involucrados en violaciones de derechos humanos. 2. Llama a construir un nuevo pacto político inclusivo basado en la verdad plena sobre las estructuras criminales vinculadas al paramilitarismo y sectores empresariales que se beneficiaron de la violencia. 3. Pide cese al fuego bilateral, detener la milit

1. Exigimos verdad plena y justicia en un nuevo pacto incluyente hacia
la paz
Martes 26 de junio de 2012
Las comunidades y organizaciones de la Red de Alternativas a la
Impunidad y Globalización del Mercado de Colombia y otras
organizaciones constatamos como sectores que se han beneficiado
del paramilitarismo, y de otros mecanismos de violencia encubierta
o abierta por parte de las fuerzas militares y policiales, pretenden a
través del poder legislativo de la Unidad Nacional del Presidente
Santos, construir nuevas formas de impunidad del establecimiento y
de legitimación social de la exclusión y de fórmulas de excepción.
El proyecto de Acto Legislativo 14 de 2011 y 094 de 2011 por medio del cual se
establecen instrumentos de justicia transicional y otras disposiciones sobre el
artículo 22 de la Constitución del Derecho a la Paz, llamado Marco Legal para la
Paz y la llamada Reforma a la Justicia, RJ, a punto de ser firmada, son
caparazones judiciales que protegen a estructuras de poder criminal del Estado,
de agentes estatales, de políticos y de técnicos que han participado en
operaciones de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad
para hacerse al poder político y legislar a favor de ocupantes y despojadores de
tierras, empresas privadas que para sus intereses han definido operaciones
sobre nuestro suelo, el subsuelo y que recientemente aprobaron una ley para
patentar las semillas que en lo rural hemos protegido con tanto empeño y
beneficiar multinacionales de alimentos.

2. Nosotros no nos oponemos al derecho a la paz, comprendida como solución
política al conflicto social y armado que vive de una forma particular desde hace
50 años, ni a una Reforma a la Justicia que posibilite la verdad y la justicia, si
esta hace parte de una propuesta de paz con la participación de todas y de todos
los colombianos
Nos oponemos a la construcción de un Marco Legal para la Paz, MLP, que está
desconociendo nuestro derecho fundamental a ser parte de propuestas que no
pueden hacerse de espaldas a nosotros que vivimos en regiones del conflicto
armado.
Nosotros los habitantes de estos territorios, como de muchos otros, hemos
puesto las víctimas, hemos sido las víctimas de crímenes de Estado y de
infracciones al derecho humanitario. Nuestra voz deber ser escuchada y no está
representada ni asumida en el congreso de la República por ningún
parlamentario, mucho menos, por los de la Unidad Nacional.
El MLP no ha sido la construcción de un consenso nacional y de un pacto con
los más amplios sectores de la sociedad, este se ha ido definiendo en los
estrechos espacios del poder dominante, desnaturalizando nuevamente las
razones del conflicto armado interno, como ocurrió con la mal llamada ley 975,
para la justicia, la paz y la reconciliación.
Hemos conocido que el MLP tiene la pretensión de incluir a militares y policías
incursos en violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad,
responsabilidades penales y públicas, que son diferentes a los delitos políticos.
Si la pretensión es un Pacto por la Paz con cesación de responsabilidades
penales o de alternativas no punitivas, las víctimas tenemos que opinar, que
decidir, y plantear que consideramos fundamental e irrenunciable, e insistimos,
esa voz no la tiene nadie, ni la expresa nadie en el congreso de la República.
El MLP no nace en un espacio de distensión militar ni de treguas, sus objetivos
pretenden ser un cese definitivo de la guerra militar, pero no de causas
estructurales, y estas pretensiones limitadas a lo militar y una favorabilidad
política y jurídica, se realiza al parecer con acercamientos secretos y discretos
con los movimientos armados disidentes.

3. Entre tanto, las operaciones militares, policiales, paramilitares continúan
arreciando aparentemente contra las guerrillas de las FARC y el ELN, sus
cúpulas y mandos medios, y la búsqueda de deserciones de sus bases, pero en
realidad con la continuidad de un alto costo humanitario y de violaciones de
derechos humanos a nuestras comunidades.
Así nuestros territorios son militarizados, con la construcción de bases militares
en ellos o mecanismos de control social territorial con nuevos batallones, desde
ellos amenazan de muerte, difaman, montan procesos judiciales contra nuestros
líderes y lideresas y la gente, mujeres y hombres que tienen un papel activo y
social en nuestras comunidades y van abriendo campo a la inversión nacional y
extranjera que llaman “seguridad inversionista” con operaciones exploratorias,
extractivas, agronegocios y obras de infraestructura, sin consentimiento, con
violaciones de derechos humanos, crímenes ambientales, y por supuesto, sin
discusión sobre los proyectos mismos.
El MLP debe ser un factor, uno más, para una real transición democrática. No
puede pensarse que un pacto legislativo de la Unidad Nacional es la paz, sin que
las víctimas como sujetos activos participemos, sin que la sociedad discuta y
nuestras demandas de profundización democrática estén contempladas. La
justicia transicional debe ser parte de una decisión política de transición a la
democracia política, social, económica, ambiental. La justicia transicional no es
solamente una participación o no política de actores políticos militares, sin
tener en cuenta una transformación del sistema electoral que posibilite amplia
participación de otros actores civiles como nuestras comunidades. El sistema
electoral es no solo corrupto sino excluyente, solo el que posees dinero es el que
puede participar y ser elegido.
Un MLP debe ser parte de un Pacto Socio Ambiental y Político con el que se dé
inició a cambios en problemas estructurales de exclusión, de miseria con
redistribución del PIB y redefinición de las reglas para la inversión extranjera y
el cese de costos ambientales irreparables en millones de hectáreas del territorio
nacional.
El MLP desconoce las propuestas de Comisión de la Verdad que hemos
construido con la participacion de la Comisión Etica Internacional.

4. En este mismo, sentido la llamada Reforma a la Justicia, RJ, tal como está
contemplada hasta el día de hoy, cesa las actividades penales que venía
adelantando la Corte Suprema de Justicia, en que muchos de los políticos
actuales, los que están siendo investigados se salvarían de ser plenamente
identificados y responsabilizados por su participación en el paramilitarismo.
Políticos de la costa Caribe, de Antioquia, del Meta, estarían salvaguardados con
la RJ con dilaciones y eventuales prescripciones, mientras que las víctimas de
Estado y el país nacional requerimos con diligencia que por lo menos los
nombres de quienes se han beneficiado electoralmente de violaciones de
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y que hoy están legislando o
están en otros poderes del Estado, sean conocidos para nunca más ser elegidos y
sean sancionados éticamente.
Al mismo tiempo, la intervención sobre la Corte Suprema de Justicia afecta
procesos de gran importancia para el país como el de las operaciones ofensivas
del DAS sobre nuestras organizaciones y comunidades, ONG, periodistas y
miembros de las Cortes; el caso de Agro Ingreso Seguro; los falsos positivos de
las desmovilizaciones, de los pocos casos avanzados en investigación,
protegiendo las actuaciones arbitrarias, ilegales del gobierno de Uribe durante 8
años de gobierno, sus círculos cercanos en el poder legislativo y ejecutivo.
Pero también altos funcionarios del gobierno de Santos se beneficiarán al no ser
investigados diligentemente, entre ellos ministros actuales, generales, y
exgenerales y altos mandos militares a los que él ha pedido perdón, politicos de
la Unidad Nacional y magistrados de algunas Cortes. Entre tanto, muchos de
todos estos sectores, que están siendo investigados, van a recobrar la libertad.
Estamos ante una gran operación de impunidad en el esperpento de la RJ, y en
el debilitamiento de lo que se había logrado en materia de esclarecimiento sobre
la parapolítica y altos mandos responsables de graves violaciones de derechos
humanos, de todo no puede excusarse el gobierno de Santos y su Unidad
Nacional.
El gobierno de Santos es responsable política y éticamente por promover una
RJ, que estaría posibilitado el encubrimiento del paramilitarismo en sus
expresiones políticas, salvaguardando el contubernio de criminalidad del
anterior gobierno, imposibilitando la verdad histórica y la acción penal.

5. El hecho de que la RJ sea una reforma constitucional no salva al presidente
Santos de su responsabilidad, así argumente que él objeto, tal vez para enfrentar
la propuesta de referendo ciudadano que esta construyéndose y para evitar un
alto costo en su interes de ser reelegido.
De no firmarse por el actual presidente del Congreso la RJ, lo haría otro del
seno de la Unidad Nacional, mientras logran los acuerdos, como siempre
excluyentes del país nacional, salvo que seria la decisión más sensata que
archiven la RJ y la postergen.
Hoy estamos ante una situación en que existen serios cuestionamientos a la
intervención de Corte Constitucional ante eventuales demanda, deberá por
ética, declararse impedida, pues algunos sus magistrados se benefician con la
RJ por la prórroga de su período.
Ante este panorama llamamos a los más amplios sectores de la sociedad,
distantes de los altos niveles de corrupción, lejanos de estar vinculados con
operaciones paramilitares y de acuerdos excluyentes a:
1. Exigir unas dinámicas institucionales transparentes en la que podamos
participar como sociedad, en la construcción de un espacio político y social para
la paz con el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC y del ELN, en un
proyecto de país incluyente con mínimos de derechos sociales y políticos
alcanzables en una década.
2. Invitar al cese bilateral del fuego como mensaje de distensión urgente y
necesaria para detener la continuidad de la crisis humanitaria y el cese de la
militarización de nuestros territorios con la fuerza pública o la
paramilitarización y el cese de actividades empresariales que están
acompañadas del desconocimiento de nuestros derechos y de abusos de
autoridad y violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho
humanitario
3. Construir un Nuevo Pacto Político para la profundización democrática en
Colombia sobre la base de la VERDAD PLENA de las estructuras criminales, los
planificadores y los sectores empresariales que se han beneficiado y orquestaron
el paramilitarismo de Estado.

6. 4. Construir ese Nuevo Pacto Político con una convergencia social de
movimientos, de organizaciones de base, movimientos sociales y de paz,
movimientos ambientalistas y de mujeres, iglesias y de Colombianas y
Colombianos por la Paz, MOVICE, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos,
COMOSOC y de sectores políticos que se han negado a ser parte de la Unidad
Nacional y todos los sectores ciudadanos que compartimos los intereses de la
verdad y de la justicia. Creemos que todo MLP y RJ debe ser parte de un nuevo
proyecto de país, en que no subrepticiamente, si no que transparente y
abiertamente definamos que es lo irrenunciable en materia de JUSTICIA
PENAL, que es lo irrenunciable en JUSTICIA SOCIAL y JUSTICIA
AMBIENTAL, en una apuesta por la PAZ
5. Analizaremos y participaremos en las propuesta que enfrenten esos pactos
por la injusticia y todas las iniciativas que impulsen la paz en democracia
profunda, en la humanización del conflicto armado, en los derechos de las
víctimas y la convergencia como las que adelanta Colombianas y Colombianos
por la Paz.
Por la Red de Alternativas a la Impunidad y Globalización del
Mercado Suscriben:
Consejos Comunitarios que integran la Asociación de Zonas Humanitarias y de
Biodiversidad del Jiguamiandó y Curvaradó- Consejo Comunitario Santa Rosa
de El limón –Vigía de Curbaradó. - Comunidad Nueva Unión –Pedeguita y
MancillaConsejos comunitarios del Cacarica asociados en las Comunidades de
Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica –Cavida- Resguardo Ullucos
San Francisco,Toribio –Cauca.- Asociación de Víctimas de San Antonio Inzá –
Sembradores de Paz. - Asociación de Familias Desplazadas de Argelia –Cauca.-
Asociación campesina Bien Andantes-Sucre.-Asociación campesina Huerto
Renacer-Sucre. - Comunidad de Vida y Trabajo la Balsita –Dabeiba Antioquia. -
Resguardo Humanitario Ambiental SO BIA DRUA –Alto Guayabal Coredocito -
Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo "KWE’SX
KSXA’W"-Asociación de Desarrollo Intergral Sostenible Perla Mazónica -
ADISPA-Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica- Zona de Biodiversidad
"El Triunfo"- Zona de Biodiversidad "Buena Vista"- Zona de Biodiversidad "La
Gurrera"- Grupo Porvenir - Comunidad Civil de Vida y Paz CIVIPAZ - Zona
Humanitaria- El Castillo - Meta- Consejo Comunitario de la Comunidad Negra

7. del Rio Naya- Aociación Agroecológica Esther Cayapú - ASOAESCA -Asociación
Agroecológica KOINONIA -ASOKOINONIA - Asociación Agroecológica de
Familiares de víctima de Playa Rica - ASAVIP -Resguardo Humanitario y
Biodiverso Santa Rosa de Guayacán- Comité veredal Km.9.
ATCARI Asociacion de trabajadores y trabajadoras del Alto Ariari- Mesa Politica
Ambiental de Participacion Comunitaria de El Castillo - Meta-Misión Claretiana
Medellin del Ariari - El Castillo - Meta- Corporación Claretiana Norman Pérez
Bello.
Colombianas y Colombianos por la Paz
Junio 25 de 2012
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